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Etiqueta: agua potable

Pronunciamiento por la recuperación del Refugio Gandoca Manzanillo. Unidas/os por Costa Rica

Por la Asociación de Desarrollo Integral del Territorio Indígena de Kéköldi (ADITIK), Movimiento Cahuita Unida, COVIRENAS Caribe Sur, Asociación Talamanqueña de Ecoturismo y Conservación (ATEC), Talamanca Siempre Verde: Colectivo comunitario en de defensa del Caribe Sur:

Ante la emergencia climática, el inminente colapso de la biodiversidad, la pérdida de espacios públicos para el desarrollo sano de la sociedad, y los retos socio-ambientales que enfrentamos hoy en día, los abajo firmantes nos unimos bajo este pronunciamiento por la recuperación del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo y la protección de los bosques costeros y los humedales del litoral costarricense. Del mismo modo, de cara a generaciones presentes y futuras, declaramos nuestra intención de sostener una lucha activa por el respeto del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, al agua limpia y potable, y al más adecuado reparto de la riqueza consagrado en el artículo 50 de la Constitución Política de Costa Rica.

Por tanto, EXIGIMOS AL ESTADO COSTARRICENSE (Poder Ejecutivo, Judicial, Legislativo y Municipalidad):

1. Que nos devuelvan las áreas del Refugio Gandoca-Manzanillo que se han usurpado y violentado con la ley 9223 y la propuesta del Plan Regulador Costero de Talamanca; y que se delimiten y reincorporen las 188 hectáreas de Patrimonio Natural del Estado en cumplimiento de lo ordenado por la Sala Constitucional el 10 de julio del 2019 a raíz de la parcial inconstitucionalidad de la anteriormente citada ley.

2. Que los territorios de Patrimonio Natural recuperados a lo largo del litoral del Caribe Sur sean intervenidos con prontitud y eficiencia para regenerar los humedales, bosques y otros ecosistemas destruidos.

3. Que se establezca una moratoria al otorgamiento de permisos de tala, extracción, aprovechamiento, y construcción, o que autoricen cualquier tipo de destrucción o cambio de uso de suelo de los humedales, bosques y otros ecosistemas hasta que se delimiten, zonifiquen y ordenen correctamente estos espacios.

4. Que los funcionarios corruptos y cómplices sean identificados y acusados con todo el peso de la ley y no puedan seguir trabajando en asuntos relacionados al Refugio ni con un cargo de injerencia pública, en el ámbito de la conservación o aprovechamiento sostenible de los recursos naturales.

5. Que se investigue e intervenga el Área de Conservación La Amistad Caribe del SINAC por delitos de corrupción y contra la Hacienda Pública.

6. Que la Fiscalía y la Procuraduría gestionen de manera inmediata las medidas cautelares necesarias ante los órganos judiciales correspondientes con el fin de detener de manera inmediata el robo de los espacios públicos y del Patrimonio Natural de los costarricenses.

7. Que se detenga inmediatamente la violencia contra la naturaleza y las poblaciones originarias que habitan en la costa Caribe Sur.

8. Que se cumpla la Ley de Zona Marítimo Terrestre, la legislación ambiental y los Convenios Internacionales ratificados por Costa Rica.

Finalmente, invitamos a personas, entidades, y asociaciones a formar parte de este pronunciamiento por la Recuperación del Refugio Gandoca-Manzanillo; y a comprometerse con un cambio verdadero en aras de asegurar un ambiente sano y una vida digna para todas las especies que cohabitamos en este territorio.

NOTA: Este pronunciamiento con la copia de las firmas será remitido a las siguientes instituciones: Defensoría de los Habitantes, Presidencia de la República, Asamblea Legislativa, Fiscalía, Procuraduría General, Ministerio de Ambiente y Energía, Sistema Nacional de Áreas de Conservación, y la Sala Constitucional. También se compartirá a distintos medios de prensa nacional e internacional

Para firmar siga este enlace:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf7zdVj2LpduAdDohWU1EGyjYBra7St5RNkOfSa_m–niVQig/viewform

¿Cuándo fue que se jodió este país?

Adriano Corrales Arias

Adriano Corrales Arias

Hasta hace muy pocos años jamás pensé que en este, “mi país”, escaseara el agua o se tuviese precaución a la hora de tomarla directamente del tubo, porque podría estar contaminada. O que no se pudiera salir por la noche con la seguridad de la que siempre gozamos en nuestra loca juventud cuando, chicas y chicos, deambulábamos a pie, hasta la madrugada, sin preocupación ni zozobra; o en nuestra niñez, cuando jugábamos en potreros, terrenos baldíos, parques, calles, callejones, alamedas, hasta altas horas de la noche. Mucho menos que hubiese apagones ni asaltos o crímenes en la vía pública y a plena luz del día.

Y hubiese jurado que la seguridad social –seguro universal y gratuito– crecería y gozaríamos de ella para siempre, cada vez con mayor eficiencia y más oportuna; que, por ejemplo, las ciudades capitales de cada región contaran con un hospital como el México o el Calderón Guardia, asunto para nada inalcanzable si no se hubiese desfinanciado a la Caja (CCSS). Lo mismo con la educación pública, gratuita y costeada por el estado, con estándares de calidad semejantes a cuando cursaba mis estudios secundarios en el otrora prestigioso Liceo San Carlos, el cual, para entonces, por la calidad de sus docentes, no tenía nada que envidiar a cualquier colegio privado de San José. O que las telecomunicaciones y la electricidad podrían exportarse a toda Centroamérica y más allá, contando con una institución como del ICE, por mucho tiempo la mejor empresa en su línea en América Latina y con las tarifas más baratas. (Recuerdo, en mis épocas de hippie, cuando un profesor francés que me hizo raid hasta Sámara, Nicoya –se daba el lujo de vacacionar en Costa Rica y alquilar un auto con su salario– me asegurara que estábamos mejor que en París puesto que, con unas cuantas monedas y sin la mediación de una operadora, podía llamar desde una cabina en la playa directamente a su casa en Lyon). Tampoco podía imaginar un banco privado, o decenas de universidades privadas atacando a las públicas en pos del presupuesto estatal que se les asigna(ba), aunque el estado no cumpla a cabalidad con el mandato constitucional. A pesar de ello, continúan siendo las más prestigiosas, solventes y eficientes; las únicas que aún pueden llamarse “universidades”.

En fin, presumía, con amigos y conocidos latinoamericanos, usamericanos y europeos, porque generalmente ocupábamos los primeros lugares del continente en cuanto a salud –atención médica, erradicación de enfermedades, campañas de vacunación, prevención–, educación –eliminación del analfabetismo, nutrición escolar, infraestructura escolar, cobertura nacional–, vivienda popular, agua potable, telecomunicaciones y electricidad –cobertura nacional–, distribución del ingreso, producción agrícola –con el orgullo de los estancos del CNP–, eliminación de la pobreza, etc. Casi siempre al lado de los también buenos índices de Cuba. (Hoy, vergonzantemente, somos el país más desigual del mundo).

Trato de decir que el Estado Social de Derecho erigido a finales de la década del cuarenta del siglo pasado, luego de una cruenta guerra civil (1948) y de un pacto social inédito (oligarquía, clase media y trabajadores, representados por socialcristianos, socialdemócratas, iglesia católica y comunistas), parecía alzar vuelo y funcionar al margen de la guerra fría, de las dictaduras y de las guerras civiles que asolaban a Centroamérica y al resto del subcontinente. Un estado que, a pesar de errores y corruptelas, se presentaba como el proyecto político más logrado y solvente de la región prometiendo mayor estabilidad social en un marco geopolítico sumamente violento y de agudas contradicciones sociales. ¡Pero llegó la contrareforma!

Luego de la lúcida defensa de dicho estado y de la soberanía nacional por parte de Rodrigo Carazo Odio (1978-1982), misma que le fuera cobrada sin indulgencia por parte del FMI y el BM, hincándonos con la devaluación de la moneda, lo que provocó ira en el pueblo costarricense (pero no contra el FMI o el BM, desafortunadamente, sino contra el gobierno defensor de la soberanía, ¡habrase visto!), sobrevino el gobierno de Luis Alberto Monge Álvarez (1982-1986) que implementa los primeros planes de ajuste estructural (PAEs), iniciando así la contrareforma neoliberal y la ruptura de un estado que, hasta entonces, operaba –mal que bien– con un rostro humano y sin tanta sangría social, ofreciendo oportunidades para los sectores sociales más desprotegidos.

Más tarde los neoliberales, con Óscar Arias a la cabeza, asaltan el Partido Liberación. Nacional (PLN), trastocando lo que aún le quedaba de socialdemócrata. Con un “bazoocazo constitucional” –paradoja: así lo bautizó Luis Alberto Monge Álvarez– y sin oposición, logran reelegir al susodicho. Igual sucede con el partido Social Cristiano (PUSC) con la llegada del junior –Calderón Fournier–, quien, junto al otro junior –Figueres Olsen– firmarán un pacto para repartirse el pastel tratando de cerrar y privatizar instituciones. El segundo logra quebrar y eliminar el Banco Anglo Costarricense, entre otros desmanes concertados. Dicho de otra manera, el bipartidismo se alía y conforma un sólo partido –que, cual máscara de Jano, intercambiará el mangoneo del gobierno: el PLUSC. Cuando el jueguito se les agota, entonces deciden crear el Partido Acción Ciudadana (PAC) dilapidando muy pronto su caudal electoral, ya que los dos gobiernos que logran posicionar –atizando la hoguera del fundamentalismo y embobando a izquierdistas parlamentarios y progresistas pro derechos humanos– aceleran la contrareforma de manera agresiva, ganándose la animadversión de una masa ya confundida e intoxicada con el discurso único de esa entente y de la globalización bajo esquema neoliberal administrada por USA. Entonces, ya casi desesperados, inventan una nueva candidatura y envían por un desconocido ávido de poder y de riquezas. Solo que, al parecer, les salió un poco careto aliándose con nuevos ricos y fuerzas espurias. Lo demás lo estamos padeciendo.

Es este un recuento, grosso modo –quizás de manera harto gruesa– para comprender el galopante proceso de desmontaje del Estado Social de Derecho y el avance de la contrareforma neoliberal dirigido por la plutocracia nacional –con sus contradicciones interclase (grupos de poder que reclaman su tajada), claro está– agenciada por franquicias políticas cada vez más de derecha rayanas en un alarmante y criollo proto fascismo. Es lo que hay. Lo que se lamenta es que el período de desmontaje y deterioro del estado y de la república en general, haya sido tan vertiginoso y virulento; tanto que todavía nos preguntamos cuándo fue, exactamente, que empezó a joderse este paisito. Lo peor: con el apoyo de miles de fanáticos que aplauden dicho desmontaje desconociendo la gravedad del asunto, toda vez que serán ellos los más castigados cuando esta ínsula se privatice en absoluto y pase a ocupar la vanguardia en términos de concentración de capital en pocas manos, bancarrota social y violencia criminal. Lo que se avizora es más que patético. A no ser que demos un golpe de timón y enderecemos la barca en busca de los principios que hicieran de este país un ejemplo mundial en la segunda mitad del siglo XX; algo así como el trapito de dominguear de las democracias capitalistas, una rareza en una Centroamérica convulsa y desangrada. ¿Tendremos los arrestos espirituales, políticos y socioculturales para ello todavía? ¿Será posible la conformación de un verdadero frente político y social que enfrente la, hasta ahora, imparable contrareforma?

Reunión informativa para comunidades afectadas por problemas de agua

El 18 de abril a las 2 p.m. se reunieron algunos representantes de distintas comunidades afectadas por problemáticas con el agua. David Contreras de Hatillo, Álvaro Espinoza de Tibás y Doña Laura de la comunidad de Goicochea se hicieron presentes ante la convocatoria de la Coordinadora Intercantonal por el Agua.

En esta reunión se trataron temas importantes con respecto a las problemáticas de estas comunidades y las acciones a tomar en relación con los desabastecimientos de agua potable.

Les compartimos el enlace con el video enviado a SURCOS por Álvaro Madrigal. https://www.facebook.com/stellachinchilla/videos/652902380313578

Costa Rica retrocede en la gestión del agua

Alberto Salom Echeverría

Datos Espeluznantes

Los mejores estudiosos que en Costa Rica han sometido a análisis el tema del agua han llegado a un consenso preocupante: se ha producido un importante retroceso tanto en la calidad del agua que recibimos, como en la cobertura. Aunque todavía estamos en capacidad de recuperar el terreno cedido, el esfuerzo que hay que hacer para lograrlo, requiere de un drástico cambio de dirección en la manera como las principales instituciones responsables encargadas del manejo del recurso hídrico lo vienen haciendo. El gobierno de la República, lógicamente, queda determinantemente incluido en este aserto, por ser la cúpula que debería aupar a todos los demás entes y a la población en general.

En el sesudo documento del Estado de La Nación número XXIX, del 2022, se constata que del total del agua extraída en nuestro país por Acueductos y Alcantarillados un altísimo porcentaje del 57% se perdió por fugas, rebalses en los tanques, errores de micro medición y por la contaminación del recurso hídrico. En este mismo año, la población que recibió agua de calidad, potable y segura, descendió a un 91.2%.

El informe también destaca como uno de los principales hallazgos del estudio que, se hubiese producido una caída en un indicador siempre asociado con la salud de la población y el desarrollo humano, como es la cobertura de agua potable a nivel nacional, el cual mostró una caída de un 95.7% a un 89.9% en solo un año (más de cinco puntos porcentuales, como puede observarse).

De la lectura realizada por Delfino al XXIX informe del “Estado de la Nación”, elaboró sus propias gráficas que demuestran que la caída en la cobertura de agua potable descendió en todos los operadores: a nivel nacional lo ya descrito; en cuanto al agua suministrada por A y A también se produjo un descenso de la cobertura que registró un 96.7%; en el agua suministrada por las municipalidades el indicador evidenció una cobertura también descendente y reflejó un 91.6%; la cobertura de la ASADA/CAAR experimentó un descenso aún mayor en el mismo período para colocarse en un 75%.

En el mismo sentido se muestra un descenso en cuanto al saneamiento de las aguas residuales, volviéndose a estancar en el 2022, tal como ya venía ocurriendo. Destaca además Delfino que, de acuerdo siempre con el XXIX informe del Estado de La Nación, la mayoría de la población sigue careciendo de alcantarillado sanitario y que las tres cuartas partes dependen de un tratamiento apenas básico con tanques sépticos. (Cfr. https://delfino.cr/2023/11/pen-poblacion-con-acceso-a-agua-potable-se-redujo-en-2022).

Costa Rica padece, como en tantas otras iniciativas recientes relativas al progreso social, de una supina negligencia gubernamental. En efecto, las inversiones en el Plan Nacional de Saneamiento 2017-2045 se han ralentizado en forma considerable. Puesto que, de los seis proyectos de saneamiento establecidos como prioritarios en el plan para las zonas rurales, cinco de ellos se encuentran apenas en sus primeras etapas de desarrollo (Cfr, Ibidem).

La desigualdad social no la evidencia únicamente la enorme disparidad en los salarios

He venido insistiendo en este punto de vista en algunos otros de mis estudios y escritos anteriores. La desigualdad social, cada día más abrupta en Costa Rica, es mucho más grave que lo evidenciado por el coeficiente de Gini que, se basa en un rastreo de los salarios de la población ocupada. Ella -me refiero a la desigualdad- es palpable en la forma como está distribuida la riqueza; así como en las oportunidades para acceder a educación, salud, vivienda, hasta recreación y, desde luego, a los empleos de calidad. Ahora insisto, es bueno subrayarlo, en que las disparidades en la sociedad están presentes en el acceso al agua potable por parte de la población más vulnerable, tanto de la GAM como de las zonas rurales.

Ciertamente, el cambio climático que nos azota está contribuyendo decisivamente a disminuir el agua de los ríos y quebradas, así como el nivel de los pozos, como lo señala la expresidenta de “Acueductos y Alcantarillados”, Yamileth Astorga Espeleta. (Cfr. Astorga E.Y. “Ojalá ahora sí se resuelva el problema del agua en la GAM”. Foro de La Nación. 05.04.24 Pp.26). Sin embargo, desde mi óptica, un problema clave que, Yamileth Astorga lo menciona en su escrito, radica en “la ausencia o desacertada planificación territorial sin considerar los cuerpos de agua superficiales, falta de regulación del uso del suelo en zonas de recarga, irrespeto a las áreas de protección establecidas en la Ley de Aguas (1942) y la Ley Forestal (1996), y balances hídricos desactualizados por cuerpo de agua y aprovechamiento ilegal”. (Ibidem). Es decir, un problema que se deriva de una muy deficiente gestión del recurso hídrico, que tiene su origen en la falta de educación en la población desde la primera infancia, ya que se nos ha enseñado a creer que el agua es un recurso inagotable, y todavía actuamos como si en verdad lo fuera.

El académico de la UCR, Bernal Herrera, en la última miscelánea, da en el clavo, según mi opinión al afirmar: “Las fuentes de agua son abundantes en Costa Rica. Al mismo tiempo, miles de personas carecen de agua potable en sus casas, sea de forma permanente o cíclica, durante los racionamientos. Y la situación -agrega Bernal Herrera-, lejos de mejorar, va empeorando”. (Cfr. Herrera, Bernal. “El agua en Costa Rica: abundancia y escasez-2. Miscelánea en La Revista CR. Abril, 2024.).

No obstante, como también insiste Bernal Herrera, la explicación del problema del agua hoy, tanto en Costa Rica como en el resto de Centroamérica, no estriba en la falta de agua, porque si así fuera, en la vertiente Atlántica -o Caribe, mejor dicho- mucho más abundante en el recurso hídrico que la Pacífica, y no solo en Costa Rica, sino en todo el Istmo centroamericano, no escasearía el invaluable recurso para la población, y, como sabemos, esto no es así. Es un problema, insiste Bernal Herrera, de una deficiente gestión, protección, conservación e inversión en infraestructura adecuada.

De no ser así, la población limonense, por ejemplo, no tendría por qué estarse abasteciendo de agua por medio de camiones cisterna, igual que ocurre en los barrios pobres de tantas comunidades de la GAM como en los Hatillos, Alajuelita, Moravia, Goicoechea, o también en Orosi, Palomo, Navarro de Muñeco y Paraíso, solo para mencionar algunos de ellos, contenidos en el Escrito de Yamileth Astorga. Otro tanto acaece en comunidades rurales de la vertiente del pacífico, donde se han brindado en el pasado reciente, soluciones parciales. Para constatar la negligencia que ha habido para consolidar los proyectos en particular en esta administración, pueden consultar el artículo antes mencionado de Yamileth Astorga. En el documento queda en evidencia que la administración Chaves Robles, hasta muy recientemente, no había logrado coronar con éxito proyectos, como el de Orosi II, o Proyecto de Ampliación del Acueducto Metropolitano (PAAM), el cual requería finiquitar un contrato con el ICE, cuyos diseños habían progresado en un 80% para el 2021; no obstante que contaban hasta con una ley que había quedado aprobada desde el 2018, el A y A no formalizó los créditos correspondientes con diversas instancias del gobierno, por lo que el proyecto se perdió.

Conclusión

Un verdadero retroceso se ha producido en el acceso de miles de familias costarricenses al agua potable. Los datos evidencian, que los sectores sociales más afectados son las comunidades pobres de la GAM y de las zonas rurales.

Mientras que para los habitantes pobres el agua escasea, y en muchos casos sufren debido a la contaminación del valioso líquido, por el uso inadecuado de pesticidas en zonas como las cercanas a las fuentes de agua y zonas de recarga, hay otros sectores para los que el uso se extiende en abundancia a actividades como la práctica del Golf o como el riego de los sembradíos contaminados tales como la piña y otros.

Obviamente, no estoy opuesto a esas actividades, pues en el caso del Golf atrae población de nacionales y extranjeros que le dejan divisas al país. En el caso de los cultivos, el agua es un factor indispensable en su producción. El tema es otro, con frecuencia se autorizan estas actividades deportivas que requieren del uso abundante del agua, en zonas que desabastecen directamente a las poblaciones que requieren del líquido, pero se ven privados del mismo por la ausencia de políticas públicas adecuadas para construir infraestructura para su acarreo hasta las regiones pobladas donde hay viviendas, inclusive, en condiciones de precario, que requieren del agua para subsistir. Otro tanto podemos apuntar con relación a los sembradíos de piña u otros, en poder de grandes empresas a las que se les ha autorizado la actividad productiva, sin que existan previamente ni los estudios ambientales, ni mucho menos los planes reguladores que identifiquen las potencialidades apropiadas del uso del suelo. Existen numerosos ejemplos que dan muestran de la anarquía que persiste al respecto, en muchas regiones y territorios del país.

Por último, señalo junto con el tema de la educación a toda la población, desde edades tempranas, como lo consigné antes, la importancia de la gobernabilidad que, implica además, la incorporación de las comunidades debidamente informadas, en el proceso de planificación de los programas y proyectos relativos al desarrollo integral, en punto a asegurar el acceso de la población, sin discriminación de ningún tipo, al recurso hídrico, tal como lo manda la Constitución de La República.

 

Compartido con SURCOS por el autor.

Defensoría: Cúmulo de desaciertos del AyA agravó crisis del agua

El país actualmente enfrenta una situación crítica en relación con el suministro de agua potable, tal como se refleja en los extensos racionamientos programados y no programados en comunidades como Hatillo, Mata Redonda, Coronado, Desamparados, Alajuelita, entre otros. Esta situación se debe a causas multifactoriales que incluyen desorden territorial, falta de protección en las zonas de recarga acuífera, inadecuada planificación, falta de ejecución de proyectos y descoordinación a lo interno del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA). Estos factores, aunados al cambio climático y las modificaciones en el comportamiento de las lluvias, han contribuido a crear la severa problemática de abastecimiento que actualmente impide satisfacer la demanda de este servicio a nivel nacional.

El AyA ha informado de las acciones implementadas para abordar los problemas relacionados con el suministro de agua, particularmente en el Gran Área Metropolitana, entre las que se incluyen horarios de racionamiento, suministro con camiones cisterna, la incorporación de nuevos pozos al sistema del acueducto metropolitano, la instalación de tanques en las zonas de alta vulnerabilidad para acceso de los vecinos y otras medidas paliativas para atender la situación en el corto plazo.

No obstante, la Defensoría considera que los esfuerzos realizados no han sido suficientes y que una adecuada o más eficiente planificación y ejecución de proyectos de infraestructura a mediano y largo plazo para el mejoramiento de la capacidad hídrica e hidráulica de los sistemas de acueductos habrían podido contribuir a satisfacer la demanda del servicio de agua potable, aún en la época seca.

Al respecto, la Intendencia de Agua de la Autoridad Reguladora de los Servicios Público (ARESEP) elaboró en 2022 un diagnóstico de estudio tarifario del AyA, en el cual se concluyó: que la institución presenta un 57% de pérdidas de agua potable, que la ejecución de proyectos u obras de inversión no es completa y toma de 10 a 15 años, y que el 80% de los medidores presenta un subregistro del consumo. Además, advirtió sobre la ausencia de registros de grandes consumidores y de niveles de consumo, así como de planificación institucional orientada a la sustitución de activos, junto con el rechazo en las disponibilidades de servicios, y que un 70% de los sistemas de acueductos presentan estrés hídrico. También se concluyó que hay incumplimientos en la verificación de la calidad del agua en todos los prestadores de servicio del país, y la ausencia de una estrategia para mantener actualizada de forma anual la información de calidad del agua, por parte del Laboratorio Nacional de Aguas. Finalmente, el diagnóstico resalta la necesidad de un refinanciamiento de las obligaciones crediticias asociadas a proyectos u obras de inversión.

De hecho, desde años anteriores, la Defensoría ha llamado la atención del AyA por la falta de previsión e implementación de medidas para la satisfacción de las necesidades de abastecimiento de la población, de modo que se garantice el suministro de agua a las comunidades que, año tras año, sufren de racionamientos por períodos extensos y otras afectaciones del servicio, con el consecuente impacto negativo que esto implica para el pleno disfrute del derecho humano al acceso al agua potable, al derecho a la salud y a la educación y al desarrollo, entre otros.

Aunado a lo anterior, los habitantes han denunciado reiteradamente el incumplimiento de los horarios de abastecimiento y la falta de comunicación clara y asertiva de parte del AyA, en detrimento del derecho a la información de todas las personas que habitan en las comunidades afectadas, especialmente aquellas en condiciones de vulnerabilidad, tales como niños, niñas, adultos mayores, personas con discapacidad, mujeres embarazadas, enfermos encamados y otras.

La Defensoría sigue con su labor de exigir cuentas, y elaborará un informe específico sobre cada una de las comunidades que han denunciado la afectación del suministro de agua potable, con el fin de que el AyA tome las medidas e implemente las acciones requeridas para realizar una planificación integral de las necesidades de inversión y mejora de la prestación del servicio y una ejecución eficiente de los proyectos y obras de infraestructura necesarias para satisfacer la demanda actual y futura del servicio a nivel nacional, en aras de que se garantice efectivamente el derecho humano al acceso al agua potable.

Oficina de Comunicación Institucional
Defensoría de los Habitantes

Reunión informativa para comunidades afectadas por problemas de agua

Personas vecinas de Alajuelita, Goicoechea, Hatillo, Moravia y Tibás se reunirán convocadas por la Coordinadora Intercantonal por el Agua, compuesta por personas vecinas, líderes y lideresas comunales de los cantones afectados, quienes, en vista de la adversidad y la afectación vivida, han concertado un frente común para defender el derecho al agua y hacer valer el derecho constitucional de acceso al líquido vital en calidad y cantidad.

Tema: acciones a tomar en relación con los desabastecimientos de agua potable.

La actividad se realizará en el Centro de Amigos por la Paz este 18 de abril. 

SURCOS informará lo que se avance en este proceso.

Comunidades afectadas por desabastecimiento del agua impulsan creación de Coordinadora Intercantonal por el Recurso Hídrico

Vecinos afectados por la reciente problemática de desabastecimiento del agua y el Movimiento Asambleas Populares están liderando un esfuerzo organizativo para unificar la lucha de diversas comunidades en busca del acceso al recurso hídrico. Tras desarrollar reuniones conjuntas con vecinos de Tibás, Moravia, Alajuelita, Hatillo y Goicoechea, se ha acordado establecer la Coordinadora Intercantonal de Defensa del Recurso Hídrico.

El objetivo primordial de esta coordinadora es abordar la que afirman que es la verdadera raíz del problema del desabastecimiento urbano, el cual resulta siendo consecuencia de una situación política. Por lo tanto, señalan la carencia de políticas oficiales que garanticen una distribución justa del agua, así como la falta de interés estatal en la modernización de la infraestructura hídrica.

En este sentido, la Coordinadora Intercantonal se ha comprometido a:

  1. Exigir la adopción de decisiones políticas, técnicas y financieras para abordar definitivamente el problema de fondo.
  2. Demandar una atención inmediata y de emergencia para resolver la escasez de agua en las comunidades afectadas.
  3. Solicitar la suspensión de los cargos y procesos judiciales contra los vecinos de Hatillo que han sido judicializados por defender el derecho humano al agua.

El pasado viernes 5 de abril, los vecinos de San Josecito de Alajuelita celebraron una asamblea popular bajo la coordinación de la vecina Loana Calderón, donde se tomaron importantes decisiones para fortalecer la lucha por el acceso al recurso hídrico. Durante la reunión, se distribuyó un instrumento digital para registrar las fechas y horas en las que no tienen acceso al agua, y se acordó presentarse ante las autoridades para exigir su entrega.

La participación ciudadana ha sido fundamental y los acuerdos tomados en esta asamblea fueron respaldados de manera unánime por aclamación de todos los asistentes.

Le invitamos a ver el video que se encuentra en esta nota:

Imagen ilustrativa, UCR.

COCIGA: Contaminación de agua potable, recortes de suministro, infraestructura deficiente y la deficiente planificación en el recurso hídrico. Asuntos que no debemos de olvidar

El Comité Costarricense de Ingeniería Geológica y del Ambiente (COCIGA), adscrito al Colegio de Geólogos de Costa Rica, ante la contaminación del agua potable en los cantones de San José, Goicoechea, Moravia, Tibás, Coronado, y recientemente también en el cantón de Turrialba, considera que el manejo de los incidentes, por parte de las instituciones gubernamentales, fue deficiente y generó circunstancias de riesgo innecesarias. 

A lo anterior deben agregarse los cada vez más frecuentes recortes en el suministro de agua, racionamientos del servicio, problemas de distribución y abastecimiento en época seca, el caso de la ruptura de la tubería en el Bajo de los Ledezma, y la problemática general por las evidentes insuficiencia y deficiencia en la planificación de mediano y largo plazo del recurso hídrico. 

Por lo tanto y a continuación, COCIGA expresa su posición al respecto: 

1. Costa Rica posee una legislación funcional, pero antigua y dispersa, que hace difícil el manejo institucional y, sobre todo, dificulta la gestión integral del recurso hídrico. La Ley de Aguas, No. 276 de 1942, debe ser actualizada, con urgencia. Tómese en cuanta el expediente 23511, que se tramita en la Asamblea Legislativa, denominado Ley Marco para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico, ha sido objetado por sus errores conceptuales graves, y continúa en trámite. 

2. El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), cuya Ley Constitutiva data de 1961 (Ley No. 2726), indica que es la institución rectora técnica en servicios de agua potable y saneamiento, y que puede convenir con organismos locales para su administración a través de juntas administradoras. Pero ante las dificultades de operación, ejecución y financiamiento del AyA, y la nueva legislación reciente, como el nuevo Reglamento de ASADAS (DE No. 42.582-S-MINAE), cuya mayoría donde si las ASADAS no incumplen con los requisitos y objetivos, subrayan pasan a ser administradas por el AyA, surge también la necesidad de modernizar y/o reorganizar al AyA, con el fin de optimizar y evitar saturarlo en sus funciones de prestación de servicios, ocupación de personal, asignación de presupuestos y elaboración de proyectos científicos, técnicos, administrativos, sociales y ambientales. 

3. La gestión actual del recurso hídrico, que orbita desarticuladamente entre distintas instituciones (AyA, Ministerio de Salud, Dirección de Aguas, SENARA, ASADAS y las Municipalidades) necesita organizarse de manera sistémica, descentralizada y no sectorial, coordinada por una entidad líder que asuma el enlace de labores y establezca las pautas para la planificación de mediano y largo plazo y que establezca, adecuadamente, los objetivos, responsabilidades, indicadores de desempeño y resultados que deben realizar las instituciones e involucrados del Sistema. 

4. Sin embargo, es absolutamente factible realizar, desde ya, las labores preventivas mientras se realiza la actualización jurídica, y sobre todo, para evitar que se produzcan otras situaciones peligrosas. No es aceptable aducir argumentos cuestionables para no cumplir con las funciones y responsabilidades del monitoreo periódico y constante de las fuentes de agua, tanto subterráneas como superficiales, sobre todo cuando están expuestas a contaminación antrópica y biológica. 

5. La legislación vigente, en Costa Rica, como por ejemplo el Reglamento para la Calidad del Agua Potable, No. 32327-S y el Reglamento sobre los valores guía, en suelos, para la descontaminación de sitios afectados por emergencias ambientales y derrames, No. 37757-S, pueden y deben aplicarse como herramientas para la prevención, monitoreo y remediación. 

6. Las crisis, como las recientes, indican la necesidad urgente de modernizar el Laboratorio Nacional de Aguas, para que tenga la capacidad de realizar ensayos, la detección anticipada y las advertencias en los casos de emergencia, en el menor tiempo posible. Es la única manera de lograr la ubicación rápida de la fuente de contaminación, reducir el impacto sobre el servicio de abastecimiento y lo más importante, contener o evitar los daños a la salud pública. 

7. Es necesario retomar la valoración del recurso hídrico, desde los estudios hidrológicos e hidrogeológicos básicos, hasta las evaluaciones cuantitativas precisas mediante los modelos hidrodinámicos predictivos, con el objeto de delimitar las áreas de recarga, proteger las más vulnerables y expuestas a las amenazas antropogénicas. 

8. Costa Rica cuenta con profesionales suficientemente capacitados para realizar estas tareas y están facultados por la Ley No. 5230, del Colegio de Geólogos de Costa Rica, su Reglamento, y el Reglamento para la perforación de pozos y aprovechamiento de aguas subterráneas (N° 43053-MINAE). 

9. La conjugación de la gestión del Recurso Hídrico, junto con la Gestión Ambiental, la Gestión del Riesgo y el Ordenamiento Territorial, son las bases para la planificación de mediano y largo plazo y la Hidrogeología es la herramienta común para ello. 

10. No es necesario, ni conveniente, orientar estas tareas con el objetivo de concebir medidas restrictivas absolutistas, pues el aprovechamiento racional del recurso hídrico no las necesita más allá de la racionalidad de los preceptos de su gestión realista. 

Por COCIGA,

Día Mundial del Agua: Solidaridad con comunidades que luchan por el agua

Paso Ancho, San José, 22 de marzo 2024

Estimadas amigas y amigos de comunidades que luchan por agua potable en diversas comunidades del país, entre ellas:

  • Hatillo
  • Cipreses de Oreamuno
  • Moravia
  • Alajuelita
  • Coronado
  • Goicoechea
  • Tibás
  • Desamparados
  • Pasoancho

En Pasoancho entendemos la problemática, hemos escuchado mil mentiras y excusas de autoridades que no terminan por resolver la situación, agravada en los últimos tiempos por la Crisis Climática.

Y esta semana, las autoridades (Gobierno Central, Ministerio de Seguridad y AyA) en lugar de resolver el problema, han enviado agentes represores con la misión de detener a los que llaman “cabecillas del movimiento”, que son los compañeros que dirigen estas luchas comunitarias. 

Nuestra solidaridad con ellos y con las comunidades afectadas.

Fraternalmente,

Buen Vivir Naranjo                                     Carlos Muñoz
Buen Vivir Desamparadeño                      Edgar Mora Guerrero
Buen Vivir Mora                                          Ronulfo Morera Vargas
Costa Rica Buen Vivi                                   Hernán Fernández (Puriscal)
Pasoancho Buen Vivir                                Mayela Pérez, Jimena, Marcos, Mariana Zúñiga
Agua Pasoancho                                         Priscilla Díaz, Alexander Castillo, Edison Valverde