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Etiqueta: Alberto Salom Echeverría

Un pacto de honor por la vida y la paz, en conjunto con todos los países centroamericanos

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo.

Alberto Salom Echeverría

Con humildad, como simple ciudadano presento una propuesta a la totalidad de las candidatas y candidatos a la presidencia de la República.

Se trata de una propuesta para actuar mancomunadamente frente al cambio climático y por la paz regional.

En tiempos electorales, los discursos suelen concentrarse en lo urgente: la seguridad, la economía, los servicios públicos. Pero también es el momento para pensar en lo trascendental. Y pocas causas hoy son tan universales, inaplazables y críticas como el combate al cambio climático.

Centroamérica es una de las regiones más vulnerables del planeta ante esta amenaza. Los desastres naturales, cada vez más intensos y frecuentes, afectan nuestra agricultura, desplazan comunidades, deterioran nuestra infraestructura y empujan a miles a migrar. No es una amenaza futura: ya es una realidad.

Por eso, propongo que quien gane la presidencia en las próximas elecciones de febrero 2026, asuma desde el primer día un compromiso visionario: convocar a una conferencia de presidentes centroamericanos para firmar un Pacto de Honor entre nuestros conciudadanos y el mundo.

Un liderazgo que convoque

La propuesta es clara. Que Costa Rica, al asumir el nuevo gobierno, convoque inmediatamente a los mandatarios de la región para construir un bloque centroamericano unido frente al cambio climático y por la paz. No se trata de una alianza política ni económica. Se trata de una declaración conjunta de responsabilidad y visión de futuro.

Primer compromiso: Carbono neutralidad para el 2036

Propongo que este pacto incluya como meta común alcanzar la carbono neutralidad en el año 2036; diez años trabajando como región más allá de las diferencia ideológicas o nacionales. Es tiempo suficiente. Algunos países ya han dado pasos firmes, pero necesitamos cooperación regional, financiamiento conjunto, intercambio tecnológico y una sola voz en la escena internacional.

Que Centroamérica pase de ser una víctima del cambio climático, a convertirse en un bloque líder y propositivo.

Segundo compromiso: ¡Nunca más aceptar la guerra entre hermanos!

El segundo eje de este pacto debe ser una declaración firme y permanente: la guerra no será nunca más un camino aceptable para resolver conflictos entre nuestras naciones. Lucharemos además porque en el mundo tampoco lo sea. Se trata de decir un “no a la primera bala”.

En Centroamérica ya lo hicimos una vez, cuando firmamos los acuerdos de paz en los años 80. Hoy podemos renovar ese compromiso histórico y reafirmar a Centroamérica como una región que defiende el diálogo, la diplomacia y la solución pacífica de los conflictos entre pueblos y naciones.

Una región con propósito compartido

En futuras entregas propondré otros compromisos concretos que podrían fortalecer este pacto regional: una red centroamericana de energía limpia, educación ambiental común, protección compartida de la biodiversidad y cooperación en prevención de desastres naturales.

Pero lo fundamental hoy es esto: necesitamos una visión de futuro común.

Centroamérica puede hablar con una sola voz. Costa Rica puede liderar, como lo hizo una vez en el pasado, no desde la arrogancia, sino desde el sentido de responsabilidad ante nuestros retos comunes. No con discursos solamente, sino con acciones; no en solitario, sino en alianza, donde somos más fuertes y todos ganamos.

¡Un Pacto de Honor Centroamericano no es una utopía: es una necesidad…y podría convertirse en el mayor legado de nuestra generación en este tercer decenio del siglo XXI!

«Gaza: una tregua frágil entre la esperanza y el colapso»

Escrito en . Publicado en Análisis.

Alberto Salom Echeverría

En la Franja de Gaza se ha producido una tregua del conflicto. No más, hasta el momento. Sin embargo, ha sido recibida por la comunidad internacional como un respiro largamente esperado tras meses de violencia, destrucción y desesperanza. No obstante, el aparente alivio humanitario oculta una realidad más compleja: el alto al fuego, aunque necesario y urgente, no es sinónimo de paz duradera. Los análisis de organismos internacionales, expertos en relaciones internacionales y organizaciones humanitarias coinciden en una advertencia común: la tregua es frágil, sujeta a tensiones internas, ambigüedades políticas y una devastación estructural que no se resuelve con silencio de armas.

La tregua es frágil, en primer lugar, porque el actual gobierno de Israel encabezado por Netanyahu representa a una ultraderecha fundamentalista que ha tenido como propósito el exterminio del pueblo palestino. Si ahora se ha comprometido con una pausa en los combates, es solo debido a que su tradicional aliado y soporte en su histórico y constante asedio a los palestinos, los Estados Unidos es el que ha promovido, junto a Egipto, Qatar y Turquía, un cese al fuego.

Pero, es frágil también debido a que el grupo Hamás, dominante en la parte palestina de la Franja de Gaza, facilitó esta vez la criminal y desproporcionada intervención de Israel con su ejército homicida durante casi dos años. Hamás facilitó la incursión asesina del ejército israelí en Gaza, porque arremetió a su vez, inesperadamente en la zona fronteriza de Israel, el 7 de octubre del 2023. Los milicianos de Hamás la emprendieron primero contra una población civil joven que se encontraban en un festival de música Nova; dicho ataque se extendió contra bases militares ubicados en la frontera de Israel, ocasionando muertes y llevándose rehenes a la Franja de Gaza. Todo esto proporcionó un formidable pretexto al ejército de Israel, para desencadenar el genocidio que ha perpetrado contra los palestinos en Gaza, durante casi dos años. Bajo las órdenes del jefe del Estado Netanyahu, se desató un bombardeo indiscriminado contra la población civil, incluyendo niños, adultos mayores, mujeres, de manera inmisericorde y en clara violación de los derechos humanos, desoyendo a la inmensa mayoría de los gobiernos del mundo en Naciones Unidas.

Ambigüedades peligrosas y condiciones precarias

Uno de los principales problemas señalados por analistas como Diana Buttu (ex asesora de negociaciones por la parte palestina) es la ambigüedad de los términos del alto el fuego. ¿Qué significa exactamente una “retirada parcial”? ¿Qué zonas deben considerarse desmilitarizadas? La falta de precisión bien pudo haber sido intencionada, para favorecer a Israel, mediante interpretaciones unilaterales, abrir la puerta a violaciones del acuerdo como las que ya comenzaron a darse desde el martes 16 de octubre. En efecto, Israel fue acusado de violar el cese al fuego con Hamás tras nuevos ataques en Gaza, acometidos en la región de Netzarim.

Al mismo tiempo, la continuidad del alivio humanitario depende casi exclusivamente del apoyo externo. La ONU ha solicitado con urgencia mayores fondos para sostener la ayuda, alertando que, sin un flujo constante de recursos, combustible, medicinas y alimentos, el colapso será inevitable. Además, la reconstrucción apenas ha comenzado: se estima que la guerra ha hecho retroceder el desarrollo económico de Gaza en casi 70 años, según un informe del PNUD.

El valor del cese del fuego: entre lo urgente y lo insuficiente

Desde la implementación reciente del cese del fuego, el acuerdo ha permitido ciertos avances concretos. Se ha reanudado parcialmente la entrega de ayuda humanitaria, han regresado desplazados palestinos a zonas seguras, y se han liberado prisioneros por ambas partes. Naciones Unidas ha descrito la situación como “una esperanza frágil”, y el secretario general António Guterres subrayó que, “la pausa en los combates permite salvar vidas, pero no soluciona las causas del conflicto”.

Organismos humanitarios como OCHA y la OMS habían reportado hasta el día martes de esta semana, progresos modestos pero significativos: puesto que se reabrieron algunos corredores humanitarios, también se volvió a brindar acceso limitado a hospitales y se aligeró la distribución de alimentos, sobre todo a la población palestina más vulnerable. Sin embargo, las cifras siguen siendo desalentadoras: más del 60% de la infraestructura hospitalaria en Gaza está fuera de servicio; las escuelas están severamente dañadas o funcionando como refugios; la falta de agua potable y electricidad mantiene en grave riesgo a millones de personas que permanecen bajo amenaza de que se desate una crisis epidémica de enormes proporciones.

Riesgos latentes: entre la política interna y el terreno en ruinas

La tregua también enfrenta amenazas internas. En Gaza, la gobernabilidad se ha debilitado. Aunque Hamás ha desplegado fuerzas para mantener el orden, los informes indican que aún persiste la actividad de milicias armadas no oficiales, lo que podría generar enfrentamientos internos. En Israel, la presión política interna sigue siendo intensa, y cualquier incidente menor puede escalar en una respuesta militar desproporcionada.

Además, la experiencia previa muestra que muchos altos al fuego se han roto por la acumulación de pequeños incumplimientos, falta de confianza y ausencia de verificación neutral. Sin mecanismos sólidos de supervisión y sin una mediación política seria, el riesgo de una recaída violenta es alto.

Escenarios posibles: de la consolidación a la ruptura

Los expertos coinciden en tres escenarios plausibles:

  1. Consolidación gradual: el más optimista, implica cumplimiento de los acuerdos, reconstrucción parcial y mejoras humanitarias sostenidas. Requiere financiamiento estable, voluntad política y supervisión internacional.
  2. Estancamiento con tensión: parece ser el escenario más probable, según organismos como la ONU y “think tanks” como “International Crisis Group”. El alto al fuego se mantiene, pero bajo condiciones precarias, con frustración social creciente y avances mínimos.
  3. Ruptura parcial o total: si se incumplen los compromisos, se restringe la ayuda o surgen provocaciones armadas, el conflicto podría reanudarse incluso con más intensidad, repitiendo el ciclo de destrucción y genocidio contra los palestinos.

¿Paz o pausa?

La pregunta no es si la tregua es bienvenida, sino si es suficiente. La respuesta, por ahora, es no. Sin un proceso político serio que aborde las raíces del conflicto —ocupación, derechos territoriales, acceso a recursos, autodeterminación, justicia para las víctimas—, la paz seguirá siendo una palabra lejana. El alto al fuego en Gaza no es un fin, sino una oportunidad. Si se aprovecha con inteligencia, humanidad y compromiso real, puede ser el primer paso hacia algo más sólido. Pero si se gestiona con indiferencia o cinismo, principalmente por las potencias occidentales que siempre han apoyado al Estado de Israel, será solo una pausa antes del próximo estallido.

Gaza: Una tregua que no alcanza

Después de meses de horror en Gaza, el alto al fuego recientemente alcanzado ha sido recibido con un alivio evidente por millones de personas en todo el orbe. No es para menos: cualquier pausa en la violencia representa, aunque sea por un momento, la posibilidad de sobrevivir. Sin embargo, por muy necesario que sea este cese de hostilidades, conviene no engañarse. La tregua no es paz. Es, con suerte, una oportunidad. Pero, deseo reiterarlo ahora, también puede convertirse en una peligrosa ilusión.

Los organismos internacionales no han tardado en describir este momento con un término revelador: “esperanza frágil”. El alivio humanitario que se ha logrado —más ayuda entrando, algunos desplazados retornando, liberaciones cruzadas de prisioneros— es real. Pero es también absolutamente precario. Gaza sigue siendo un terreno arrasado: hospitales colapsados, escuelas convertidas en refugios o ruinas, servicios básicos como agua y electricidad prácticamente inexistentes.

Más aún, la tregua se sostiene sobre bases inestables. Los términos del acuerdo son vagos. Aparte de las preguntas ya planteadas, ¿Quién decide cuándo y cuánto se ha cumplido? ¿Qué sucede si una de las partes interpreta que el otro ha fallado? Este tipo de ambigüedades no son meros detalles técnicos. Son combustible para futuras rupturas.

Por lo consiguiente, el riesgo de ruptura lamentablemente es muy real. La historia reciente lo demuestra: “altos al fuego” similares en ocasiones anteriores, han terminado en más violencia porque nunca se resolvieron los conflictos de fondo. El más importante de los cuales es el de la creación del Estado de Palestina en igualdad de condiciones y derechos con Israel y los demás Estados reconocidos por Naciones Unidas. Mientras tanto, en Gaza, se vive bajo una presión insoportable. No hay seguridad real, ni oportunidades, ni verdadera reconstrucción a la vista. La población depende por completo de la voluntad —y los fondos— de la comunidad internacional. Una comunidad que muchas veces se cansa rápido.

Desde Israel, la situación es extremadamente tensa. Las presiones internas sobre su gobierno son intensas, y cualquier paso percibido como débil puede desencadenar respuestas duras. Por otro lado, en Gaza, ya lo expresé, el poder político no es homogéneo. Aunque Hamás intenta controlar el territorio, existen otros actores armados, intereses cruzados, y una población extenuada que ya no cree en promesas.

Entonces, ¿qué sigue?

Es urgente abandonar la idea de que la tregua es un fin en sí mismo. No lo es. Sin un proceso político serio, sin afrontar las raíces del conflicto la ocupación, el bloqueo, los derechos fundamentales, la autodeterminación de los pueblos, no habrá paz verdadera. Solo pausas entre catástrofes. Representantes políticos de la población palestina, deben ser admitidos en las subsiguientes negociaciones, en condiciones de igualdad con los de la parte israelí.

Por tanto, este alto al fuego no debe hacernos bajar la guardia. Debe ser una llamada a actuar con más decisión, más humanidad, más honestidad. Porque si la comunidad internacional, los gobiernos implicados y las organizaciones mediadoras no hacen ahora lo que deben, el precio lo volverán a pagar como siempre los civiles, la parte más débil del conflicto que, evidentemente es la población de Palestina, especialmente la de Gaza. Entonces, el ciclo de destrucción y muerte continuará.

Es necesario que se realice una valoración de las recientes negociaciones para conseguir un alto al fuego en la franja de Gaza que dure lo suficiente para alcanzar una paz verdadera. Para que ello sea posible, es necesario consolidar al menos lo siguiente:

  1. Alto el fuego: Se ha aprobado un alto el fuego entre Israel y Hamás, con mediación internacional. Pero esto, como lo hemos señalado es todavía frágil. Por ahora, existe el reconocimiento de que esa tregua consiste en una fase inicial, con liberaciones de rehenes/prisioneros, entrada de ayuda humanitaria, retirada parcial de tropas y un compromiso formal de actores mediadores.
  2. Expectativas de alivio humanitario: Las agencias de la ONU y organizaciones humanitarias han reaccionado con optimismo moderado. Se espera que haya más provisión de servicios básicos como salud, educación y ayuda para poblaciones afectadas, siempre que se respete lo pactado.
  3. Condición de fragilidad: Ya hay advertencias de que la tregua es frágil. Un alto el fuego no es lo mismo que un tratado de paz, ni garantiza estabilidad a largo plazo.

Asimismo, la ONU considera la situación en Gaza “insostenible” ante las privaciones, los altos niveles de destrucción, hambruna emergente, desplazamientos forzados y gran cantidad de obstáculos, especialmente por parte del ejército de Israel.

Factores que limitan cuán sólida puede ser esta valoración de “paz”

  1. Falta de garantía de cumplimiento: Las partes (Israel, Hamás) tienen diversos intereses estratégicos, militares, políticos, y desafíos internos que pueden hacer que comprometerse a un alto al fuego sea más fácil que mantenerlo. Verificar y hacer cumplir los acuerdos en zonas de conflicto es muy difícil. Debe tenerse presente que, por ahora, este no es un tratado de paz completo, ya que no se ha resuelto lo fundamental: ocupación, derechos territoriales, estatus político, seguridad, justicia para víctimas, control de fronteras, etc.
  2. Dependencia de los actores externos: Señales de mediación o presión internacional son importantes, pero la sostenibilidad del alto al fuego depende de factores externos como apoyo humanitario constante, la presión diplomática, fondos, supervisión internacional. Si alguno de estos flaquea, podría romperse la tregua.
  3. Daño estructural profundo: Gaza sufre destrucción masiva de infraestructura, crisis humanitaria severa, crisis económica. Reconstruir tomará mucho tiempo, recursos y cooperación política. Hasta que esto no se atienda, el “estado de paz” será muy precario.
  4. Riesgo de reactivación del conflicto: Las interrupciones previas, violaciones de treguas o pausas, contraataques, provocaciones, etc., muestran que hay un alto riesgo de que el conflicto se reactive si no hay un marco político más profundo para evitarlo.

Factores que coadyuvan con el cese del fuego alcanzado hasta ahora

  1. Mantener la tregua hasta que sobrevenga una nueva fase de negociación. En términos de reducción inmediata de violencia, la tregua es un avance importante. Evita muertes adicionales, al menos por un tiempo, permite acceso humanitario, alivio para la población más afectada, como son los palestinos.
  2. Fortalecer en esta fase de “cese del fuego” la valoración de lo alcanzado. En cuanto a estabilidad a mediano y largo plazo, la valoración es un tema crítico y álgido. Para superar esta coyuntura hay muchas condiciones previas que deben cumplirse: reconstrucción, acuerdos políticos, garantías mutuas, verificación, protección de civiles.
  3. Aprovechar bien la tregua: Si bien por ahora se trata de una paz temporal y frágil, la situación posee un potencial importante, si se aprovecha bien; pero debe quedar claro, por las razones antes esgrimidas, no es fiable aún para decir que “la paz está garantizada”. Podría romperse si ciertos actores no cumplen, si la comunidad internacional no se compromete de manera sostenida, o si nuevos hechos reavivan la tensión.
  4. Se deben incorporar actores directos de las partes en conflicto en las negociaciones pendientes. Con ello, más el aporte de nuevos recursos de países que se han pronunciado por la paz, para invertir en la reconstrucción, lograr accesibilidad en todos los territorios, para que la población desplazada pueda regresar y rehabilitarse, se puede ayudar a evitar la reanudación de las hostilidades.

Conclusión

  1. Naciones Unidas y su secretario general han definido el cese del fuego como una “esperanza frágil” (“fragile hope”) tras un periodo de enorme destrucción. Algunos datos revelan que en ciertas zonas de la franja de Gaza la destrucción de Infraestructura alcanza hasta el 70%. Por lo que hay servicios básicos insuficientes, entre ellos los más importantes son sin duda, hospitales, redes de agua, saneamiento, electricidad y escuelas. La reconstrucción tomará tiempo, recursos enormes y coordinación efectiva. Si la población sigue viviendo en condiciones muy adversas, crece la presión social por la frustración
  2. Dependencia de ayuda internacional y financiación constante. Que entre ayuda es necesario, pero no suficiente. Se necesita que la ayuda siga fluyendo sin interrupciones, que haya combustible, medicinas y alimentos. Si hay bloqueos, limitaciones políticas o logísticas, los avances se revertirán.
  3. Es urgente definir con precisión las “Fases subsiguientes del acuerdo”, así como el cumplimiento de compromisos. Muchos acuerdos de cese del fuego tienen etapas: liberación de prisioneros, retirada de tropas, verificación de zonas o restauración de la gobernanza. Si una de las partes no cumple con lo acordado (por ejemplo, retirada militar, control efectivo, regulaciones de seguridad, desarme parcial, etc.), se puede romper la confianza que se haya logrado alcanzar en un momento determinado.
  4. En situaciones de conflicto, cuando las estructuras se colapsan, surgen grupos armados, disputas locales, saqueos, etc. La restauración de la ley, la autoridad civil o de gobierno es un reto. Si no se mantiene el orden interno, la inseguridad puede desencadenar nuevas tensiones.
  5. Presión política interna (en Israel, en grupos palestinos, en actores regionales). Las decisiones de las partes involucradas dependen también de lo que pase internamente: opinión pública, régimen político, fuerzas miliares, presiones de coaliciones. Si hay cambios de gobierno, protestas, u otros eventos que modifiquen las prioridades, los acuerdos pueden perder vigencia.
  6. Es preciso tener previstos mecanismos de supervisión, verificación y mediación. En otras palabras se trata de establecer un monitoreo independiente, permanente y transparente por parte de actores internacionales que puedan verificar que los términos se cumplan, esto se torna crucial. Sin verificación confiable, es fácil que se alegue incumplimientos y se dispare el conflicto.

En suma, el alto al fuego ofrece un respiro real, con mejoras humanitarias importantes que eran casi imposibles de mantener durante el conflicto activo.
Sin embargo, la paz es frágil: depende de muchos detalles logísticos, políticos y del comportamiento de las partes, y hay muchos riesgos de que se degrade rápido si no se gestiona adecuadamente cada uno de los acuerdos con sus metas comprobables.

Lo más probable es que veamos una mezcla entre los siguientes factores: algunas etapas exitosas (ayuda, retornos, reconstrucción pequeña), junto con desafíos persistentes, demoras e incidentes. Que el alto al fuego dure “bien” requerirá un compromiso fuerte y continuo, tanto interno como de la comunidad internacional.

Sostenibilidad y sustentabilidad como conceptos complementarios en el desarrollo contemporáneo: Una propuesta (Énfasis en la participación ciudadana)

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo.

Alberto Salom Echeverría

Marco Conceptual

1. Introducción

En el debate contemporáneo sobre desarrollo, los conceptos de sostenibilidad y sustentabilidad ocupan un lugar central. Aunque a menudo son utilizados como sinónimos, existen matices semánticos y enfoques teóricos que permiten establecer distinciones relevantes entre ambos términos. Esta propuesta parte de la premisa de que, si bien dichos conceptos pueden ser diferenciados en su énfasis y alcance, deben ser entendidos como complementarios y no excluyentes, especialmente al momento de formular estrategias de desarrollo inclusivas, duraderas y contextualizadas. A esta distinción se suma una tercera dimensión esencial: la participación ciudadana como eje transversal y articulador del desarrollo.

2. Valor semántico de los conceptos

Las palabras no son neutras: encierran significados que orientan las políticas, definen prioridades y reflejan visiones del mundo. En este sentido, es útil revisar el valor semántico de sostenibilidad y sustentabilidad como parte de un análisis crítico del discurso sobre el desarrollo.

• El término sostenibilidad proviene del verbo sostener, asociado con la capacidad de mantener un equilibrio en el tiempo. En el contexto del desarrollo, se refiere comúnmente a la capacidad de una sociedad para crecer y evolucionar sin comprometer los recursos y derechos de futuras generaciones.

• Por otro lado, sustentabilidad, derivado de sustentar, connota apoyo, base o fundamento. Su uso en América Latina ha adquirido una connotación particular que enfatiza no solo la continuidad temporal del desarrollo, sino también la equidad social, la inclusión de los sectores históricamente marginados y la preservación del entorno local.

3. Marco teórico de la sostenibilidad

El concepto de desarrollo sostenible fue popularizado por el Informe Brundtland (ONU, 1987), que lo definió como “el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las suyas”. Desde entonces, ha sido adoptado por organismos internacionales como la ONU, la Unión Europea y el Banco Mundial.

Este enfoque se articula en torno a tres pilares fundamentales:

1. Crecimiento económico: generación de riqueza y empleo.

2. Equidad social: mejora de la calidad de vida y reducción de desigualdades.

3. Protección ambiental: uso racional de los recursos naturales.

La sostenibilidad, desde esta óptica, es una estrategia de equilibrio estructural, que busca garantizar la estabilidad sistémica a largo plazo.

4. Enfoque crítico de la sustentabilidad

En América Latina y otros contextos del Sur Global, ha emergido una lectura crítica del desarrollo, que ha resignificado el término sustentabilidad.

Autores como Arturo Escobar, Enrique Leff y Boaventura de Sousa Santos han planteado que la sustentabilidad no puede limitarse a mantener un modelo económico viable, sino que debe implicar una transformación estructural basada en:

• Justicia ecológica y social.

• Respeto a la diversidad cultural y territorial.

• Participación ciudadana de comunidades locales.

• Autonomía en la gestión de recursos.

La sustentabilidad incorpora una ética del cuidado y un compromiso con la equidad intergeneracional e intrageneracional, particularmente en contextos históricamente afectados por la desigualdad, el extractivismo y la marginalización.

4 bis. La participación ciudadana como eje articulador del desarrollo sostenible y sustentable

Tanto la sostenibilidad como la sustentabilidad, en sus distintas aproximaciones, requieren de un componente esencial para su realización práctica: la participación de la ciudadanía en forma activa. Sin esta, cualquier modelo de desarrollo corre el riesgo de volverse tecnocrático, excluyente o desconectado de las realidades territoriales.

Participación y sostenibilidad

Desde el enfoque institucional, la sostenibilidad requiere mecanismos de gobernanza participativa para que las decisiones de largo plazo respondan a las necesidades reales de la población. La Agenda 2030, por ejemplo, destaca que los ODS deben ser alcanzados con la implicación de todos los actores: gobiernos, sector privado, academia y, fundamentalmente, la ciudadanía enfatizando en este caso en los sectores populares tradicionalmente excluidos. Han de buscarse con denuedo mecanismos de organización y capacitación para involucrarlos en las tareas del desarrollo.

Participación y sustentabilidad

En el enfoque más crítico y transformador de la sustentabilidad, la participación adquiere un carácter aún más central. Se entiende no solo como consulta o validación, sino como cogestión, empoderamiento y ejercicio de poder colectivo. La sustentabilidad implica que las comunidades tengan capacidad real para decidir sobre el uso de sus recursos, sus territorios y su futuro.

Tipos y niveles de participación

Es importante distinguir entre participación simbólica o consultiva y participación sustantiva, en la cual los actores sociales inciden efectivamente en el diseño, implementación y evaluación de políticas. Esta última requiere:

• Transparencia en la gestión pública.

• Acceso equitativo a la información.

• Espacios institucionalizados de diálogo y deliberación.

• Mecanismos de control ciudadano y rendición de cuentas.

Implicaciones en el contexto latinoamericano

En América Latina, la participación ciudadana ha sido clave para impulsar agendas ambientales y sociales alternativas, desde asambleas territoriales hasta presupuestos participativos. En países como Costa Rica, donde existe un cierto grado de organización civil y ambientalismo activo, profundizar la participación es esencial para garantizar que las estrategias de desarrollo no solo sean técnicamente viables, sino también socialmente legítimas y ecológicamente justas.

5. Implicaciones prácticas en América Latina

En la región latinoamericana, los términos se han aplicado de forma diferenciada según contextos institucionales y culturales:

• Sostenible es más usado en el ámbito internacional y tecnocrático, en planes nacionales y en la adopción de los ODS.

• Sustentable aparece con mayor frecuencia en el discurso académico, comunitario y ambientalista, con un enfoque más crítico y territorial.

Lejos de ser términos contrapuestos, pueden entenderse como dos niveles complementarios:

• Lo sostenible como estructura de largo plazo que garantiza viabilidad.

• Lo sustentable como proceso transformador que garantiza equidad y arraigo social/ecológico.

• Y la participación ciudadana como el vínculo que articula ambos enfoques y permite su legitimidad democrática.

6. Aplicación sugerida al caso costarricense

Costa Rica había conseguido importantes avances en la incorporación de ambos enfoques:

• A nivel institucional, había adoptado formalmente los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y había empezado a establecer mecanismos de gobernanza para su implementación. Sin embargo, en estos últimos tres años y medio, merced al populismo y autoritarismo del gobierno, tales iniciativas se detuvieron y se vieron reemplazadas por decretos verticales, mediante los que se buscó manipular a sectores populares con poses demagógicas y gritos estentóreos.

• A nivel local y comunitario, diversas iniciativas se habían impulsado por medio de prácticas sustentables, como la agroecología, la conservación comunitaria, el turismo rural y la gestión participativa de los recursos naturales.

• A través de programas como la Red Cantones Promotores de los ODS y el Pacto Nacional por los ODS, el país ha de generar experiencias de gobernanza compartida, que, a partir de lo que se había logrado, deben ser ampliadas y profundizadas mediante el fortalecimiento de la participación ciudadana.

Esta dualidad puede ser aprovechada para diseñar nuevas políticas públicas que integren lo estructural con lo local, lo económico con lo ecológico, y lo técnico con lo ético.

7. Conclusión

Distinguir entre sostenibilidad y sustentabilidad no implica contraponer modelos, sino enriquecer el análisis del desarrollo desde múltiples dimensiones. Mientras la sostenibilidad se enfoca en la viabilidad estructural y temporal de los sistemas sociales y ecológicos, la sustentabilidad aporta una mirada ética, inclusiva y transformadora, orientada por la justicia ambiental y social.

La participación ciudadana, en este marco, constituye el puente necesario para que ambos enfoques se traduzcan en procesos reales, democráticos y enraizados en los territorios, garantizando legitimidad, corresponsabilidad y capacidad de transformación.

¿Había que desaforar necesariamente al presidente?

Escrito en . Publicado en Análisis.

Alberto Salom Echeverría

Costa Rica contempla en su artículo 148 Constitucional, el aforo o inmunidad en favor del presidente de la República. Esto significa que en caso de que, a juicio del fiscal general se le deba procesar ante la presunta comisión de un delito, solamente el Ministerio Público por medio de este fiscal general, que es bajo cuya responsabilidad se acopia la información, puede solicitar ante la Asamblea Legislativa el desafuero (o sea, quitarle la inmunidad al presidente), con el fin de que el primer poder de la República conozca del asunto. Cuando así ocurra, el Congreso integrará una comisión para recomendar al plenario lo que considere pertinente. Una vez que la comisión llegue a un veredicto concluyente, lo remitirá para ante el presidente legislativo, con el objeto de que éste, a su vez, lo someta a la consideración del pleno de los diputados, compuesto por los 57 legisladores.

El pleno solamente podrá resolver desaforar al presidente, cuando el informe de la comisión haya sido aprobado por la mayoría de sus miembros y luego sea remitido al plenario legislativo, donde deberá ser aprobado por dos terceras partes del total de los diputados de la Asamblea. El presidente de la República, si lo desea podrá comparecer ante los diputados en su defensa, mas no está obligado a ello. En el caso de que no se reúna la mayoría calificada de 38 votos, el asunto se tendrá por rechazado y el proceso se detendrá hasta que el titular de la presidencia de la República haya concluido el período para el cual fue electo.

¿Está obligado el fiscal general a someter la solicitud de desafuero a la Asamblea Legislativa, si posee indicios claros de que ha habido la comisión de un delito por parte del presidente de la República?

En general la jurisprudencia considera que hay tres planos para analizar la cuestión y resolver si merece o no que el Ministerio Público por medio de la fiscalía someta el desafuero a la consideración de la Asamblea Legislativa:

Lo legal. No existe ni en la Constitución de la República, ni en el Código Procesal Penal, una ley o consideración que exprese que el fiscal general posee la obligación de someter para ante la Asamblea Legislativa el levantamiento del fuero presidencial (para la formación de causa), tras haber detectado indicios de un delito. Por otra parte, el presidente no podrá ser procesado penalmente mientras esté en el ejercicio de sus funciones, excepto que, el pleno de la Asamblea mediante mayoría calificada declare que hay lugar a formación de causa, de acuerdo con el artículo 148 constitucional.

Lo jurídico-práctico. ¿Qué pasa si el fiscal decide no someter el desafuero al presidente de la República, a la consideración del Poder Legislativo, a pesar de haber acumulado indicios de que éste hubiere cometido algún delito?

Si no hay tal solicitud de parte del fiscal, significa que ningún tribunal penal podrá investigar, ni juzgar al presidente mientras esté en funciones. Pero debe quedar claro que, tanto cuando el fiscal se abstenga de someter el asunto a consideración de la Asamblea, como cuando este primer poder de la República, habiéndose sometido a su consideración el desafuero, no obtenga la mayoría calificada de 38 votos necesaria para iniciar la formación de la causa, en ninguno de estos dos casos implica que el presidente haya quedado absuelto del delito o los delitos que se le imputan. El proceso causal se detiene por un tiempo, y se reiniciará en los tribunales comunes, cuando legalmente el funcionario concluya su mandato. Por otra parte, el ciudadano común puede solicitar también el desafuero contra el presidente. Sin embargo, por la naturaleza o importancia de la persona que se intenta acusar, se requiere de un respaldo jurídico serio, de modo que, sin el aval del Ministerio Público, se considera muy difícil que la iniciativa ciudadana prospere.

El plano ético y funcional. Aquí la jurisprudencia considera que, dada la responsabilidad institucional que tiene ante sí y ante la ciudadanía el fiscal general, siempre que tenga indicios sólidos o fundados contra la figura del presidente, en el sentido de que ha incurrido en algún delito, tiene el deber de someter el caso ante la Asamblea Legislativa; esto implica al menos lo siguiente:

-Debe abrir el Ministerio público bajo la dirección del fiscal, una investigación preliminar, sin violar los límites del aforo.

-Lo anterior lo conduce necesariamente al imperativo de recabar toda la evidencia que le sea posible, como para justificar la solicitud de la formación de causa.

-Por lo general, las dos premisas anteriores son base firma para que el fiscal proceda a presentar la solicitud a la Asamblea Legislativa, o sea con base en la evidencia acumulada. Solo razones excepcionales inhibirían al fiscal de proceder conforme lo dicho, por cuanto el fiscal está sometido también a control, en primer término, por parte del Poder Judicial al que se debe. Si tiene evidencia seria y no procede a elevar el asunto a la Asamblea, podría considerarse que el fiscal ha incurrido en una falta grave por omisión de deberes o encubrimiento.

En resumen, podemos decir que el fiscal general no está obligado legalmente a pedir el levantamiento del aforo; prácticamente, es el único actor que posee legitimidad para hacerlo con eficacia, desde el punto de vista ético, si tiene indicios suficientes acumulados, contra el presidente, por el bien del estado de derecho y por transparencia, debe proceder, so pena de hacerse cómplice del delito de encubrimiento o complicidad.

Celebremos el día de la niñez, pero antes miremos su pobreza

Escrito en . Publicado en Derechos.

Alberto Salom Echeverría

Introducción

Me niego a pensar que exista solo un día dedicado a la niñez; ese día, no es solo uno, son todos los días, o deberían serlo. Si se ha decretado uno, celebrémoslo. Pero puesto que los niños y las niñas en todo el mundo son el futuro de la humanidad, mientras haya hambre y ellos la sufran; mientras existan las guerras y el genocidio, como hoy en Gaza, donde se ocasiona la muerte de tantos pequeños inocentes a los que no se les puede culpabilizar de nada; en tanto no exista atención oportuna en salud para atender a un niño enfermo, para darle amparo a los que han sido abandonados, habrá más de un millón de razones para que, con preferencia, nuestra atención esté puesta en la niñez.

Sí, es justo que les rindamos homenaje a nuestros hijos pequeños, a nuestros nietos, dotándolos, eso sí, desde temprano en una consciencia solidaria; lo que implica no descuidar jamás el sufrimiento de los hijos de las familias más vulnerables, que necesitan de nuestro apoyo para salir adelante. Todo niño o niña tienen el derecho a estudiar, pues que se les dé el estudio, no convirtamos los preceptos constitucionales en letra muerta. Todos los niños poseen el derecho a la salud, que la reciban; tienen el imperativo de recibir una buena alimentación, que se les proporcione con abundancia; tienen que jugar, que se les abran los espacios; tienen que recibir amor, propiciémoselos, démoselos; tienen que reír y sonreír, es decir tiene el derecho a la felicidad, igual que los nuestros, ayudemos a crear las mejores condiciones para que todos tengan el derecho al goce. Para ellos, cada día, cada semana, cada mes, cada año tiene que ser mejor que el anterior. Entonces, y solo entonces podremos celebrar con honradez el día de la niñez.

1.Pobreza infantil

Sin embargo, ¿cuál es la realidad que nos circunda? Según el último informe del Estado de la Nación, en 2023 aproximadamente el 38 % de los menores de edad vivían en pobreza; constituyó un aumento de más de cuatro puntos porcentuales en diez años, dado que, en el 2013, se registró un porcentaje del 34 % de infantes sumidos en la pobreza. Estos datos sitúan a Costa Rica como el país con la incidencia más alta de pobreza infantil dentro de la OCDE.

La UNICEF por su parte indica que un tercio de los menores de 18 años, es decir, cerca de 448. 000 niños, crecen en hogares pobres, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO).

2. Pobreza infantil extrema

Datos del INEC reportan que alrededor del 13,5 % de los niños viven en pobreza extrema, siendo Limón una de las provincias más afectadas (más de 18 000 menores se encuentran padeciendo esta situación extrema).

3. Índices de instituciones internacionales

Según la plataforma Zip Atlas, la incidencia de pobreza infantil en Costa Rica (menores de 16 años) osciló en un porcentaje mayor al 17% en 2024. No son datos comparables con los anteriores porque las edades que se toman como límite son diferentes. En un caso se trata de los menores de 18 años y en el otro se refiere a los menores de 16 años.

A su vez, para los menores de 5 años, la tasa está un poco por debajo del 16,9 %.

Un estudio de la OCDE cifra en 37 % el porcentaje de niños que no disponen de recursos suficientes para cubrir sus necesidades básicas, lo que coloca a nuestro país -como ya se dijo- en el último lugar de la OCDE.

Datos de pobreza en el Contexto nacional.

Mientras que, en términos generales, la pobreza total en el país alcanzó su nivel más bajo desde 2010, reduciéndose al 18 % en 2024 y la pobreza extrema bajó al 4,8 %; sin embargo, estas mejoras no se reflejan proporcionalmente entre los menores, quienes enfrentan una situación más crítica que el total de los hogares en general.

1. Pobreza infantil y desigualdad territorial

• Según datos de UNICEF e INEC (del año 2022), 455 508 niñas, niños y adolescentes vivían en condición de pobreza, siendo los más afectados quienes tienen entre 0 y 5 años.

• En ese año, de acuerdo con la UNICEF la pobreza infantil rondaba el 39 %, -un dato muy similar al proporcionado por el informe del Estado de la Nación para el 2024- afectando a un alto porcentaje de la población menor de cinco años.

• Además, la pobreza extrema también incide, especialmente en hogares con jefatura femenina, llegando a alcanzar cerca del 13 % de la niñez.

• Las zonas con mayor vulnerabilidad incluyen cantones costeros y fronterizos como Coto Brus, Matina, Pococí, Talamanca, Buenos Aires, Golfito, Guatuso, La Cruz, Los Chiles y Osa.

2. Educación: retrocesos profundos

• El 33,5 % de niñas, niños y adolescentes (entre los 6 y los 17 años), no están en educación formal o enfrentan un rezago escolar significativo.

• El Informe Estado de la Educación 2025 alerta de una crisis educativa muy grave, con:

• 96 % de estudiantes en instituciones públicas que fueron reportados con un desempeño insuficiente en matemáticas (De acuerdo con la evaluación PISA 2022).

• Solo 57 % alcanza el nivel esperado en comprensión lectora en quinto grado, y apenas 25 % en secundaria.

3. Otros datos relevantes.

• Se observa además una caída muy fuerte en la inversión educativa, que ha tenido “la peor caída de las últimas cuatro décadas”. Las becas para estudiantes en condición de pobreza se han reducido un 35 %.

• En zonas rurales, las desigualdades se agravan: solo 8 % de escuelas primarias públicas ofrecen el currículo completo.

• La llamada “pobreza de aprendizajes” está muy extendida: el 62 % de docentes de cuarto grado reportan que la mayoría de sus estudiantes no comprenden textos simples; el 70 % señala deficiencias graves en escritura.

• Según el Dashboard de UNICEF para indicadores relacionados con la niñez (SDGs):

Solo 54 % de los niños al final de primaria alcanzan la competencia mínima en lectura.

• Apenas 21 % alcanza la competencia mínima en matemáticas.

4. Salud infantil y bienestar general

Indicadores incluyen:

Retraso en crecimiento (standing) en niños menores de 5 años: 10 % (según datos del 2022).

Desnutrición aguda (wasting): 2 % (de acuerdo con datos del 2018).

Sobrepeso infantil: 8 % (con datos del 2022).

Cobertura en vacunación DTP3: 95 %; MCV1: 90 % (2022).

Mortalidad por debajo de cinco años: 8 por cada 1 000 nacidos vivos (2021).

Mortalidad neonatal: 5 por cada 1 000.

En materia de protección:

Cerca del 49 % de niños entre 5 y 17 años han experimentado castigos físicos o agresiones psicológicas por parte de sus cuidadores.

En el primer semestre tras el inicio de la pandemia, crecieron las denuncias en PANI:

Negligencia educativa +73 %

Explotación sexual +44 %

También aumentaron la negligencia para atender casos en salud, abuso sexual e ideación suicida en torno a +28 %.

4. Protección social e institucionalidad

Las instituciones de protección social para atender las demandas de la niñez en condiciones de desamparo, o de las mujeres embarazadas en situación de pobreza, han devenido insuficientes en nuestro país. Las demandas de atención van creciendo mientras los presupuestos de esas instituciones no alcanzan.

El Patronato Nacional de la Infancia (PANI), creado en 1930, es la principal institución de protección de la niñez en el país, complementada por el Código de la Niñez y Adolescencia (1998).

El programa integral de atención de los CEN-CINAI atiende a niñas, niños y mujeres embarazadas, ofreciendo nutrición y estimulación temprana. Dispone de 625 centros y más de 171 890 beneficiarios.

Conclusión

No pretendo haber sido exhaustivo en el examen de la situación de la niñez en Costa Rica. Sin embargo, con la información proporcionada, considero que ha sido suficiente para mostrar un enorme rezago en el bienestar y la atención de la niñez en Costa Rica. En la mayoría de los casos, los problemas en casi todos los órdenes han recrudecido, y el Estado se muestra incapaz de hacer frente con eficiencia a las necesidades reportadas. En otras palabras, las políticas públicas van a la zaga de los problemas que han ido creciendo.

Nada ganamos enfrascándonos en una suerte de sentimiento colectivo de culpabilidad, porque así no resolvemos los problemas. He actualizado la información para ayudar a que la ciudadanía conozca los problemas actuales y pueda atender mejor las necesidades de nuestra niñez desde el mismo momento en que nacen o, quizás desde antes. De ahí que cada 9 de setiembre debe ser un momento propicio para que las instituciones que tiene incumbencia en la atención de nuestros párvulos rindan cuentas ante la sociedad y, los responsables de crear las leyes y ejecutar las políticas, hagan lo propio en esta materia. A su vez cada uno de nosotros, cada familia debe esforzarse por tomar consciencia y apoyar todas aquellas políticas que haga falta enfrentar y apoyar una transformación de la sociedad en estos campos con una perspectiva integral.

Relato de yerros y aciertos del gobierno de Rodrigo Chaves Robles

Escrito en . Publicado en Análisis.

Alberto Salom Echeverría 

Introducción: Entre la expectativa y la decepción

El ascenso de Rodrigo Chaves Robles a la presidencia de la República se dio en un contexto marcado por el desencanto hacia los partidos tradicionales y el deseo de ruptura con las élites políticas que, durante décadas, ejercieron el poder en Costa Rica. Para muchos ciudadanos, su elección representó una oportunidad para “sacudir el tablero”, para oxigenar la política y enderezar rumbos torcidos por la corrupción y la ineficiencia estatal. Sin embargo, a más de la mitad del mandato, la evaluación de su gobierno arroja un balance mixto en donde, aunque hay algunos logros formales, prevalecen las señales de alarma en lo político, económico, institucional y social.

Aciertos

  1. Cierta estabilidad macroeconómica

Uno de los argumentos que esgrime el gobierno como su mayor logro es la estabilidad de algunos indicadores macroeconómicos. El crecimiento proyectado del 4% del PIB para 2025 y una inflación relativamente controlada se destacan como señales de buena salud económica. Para sectores empresariales y organismos internacionales, esto representa una señal positiva.

No obstante, este crecimiento está concentrado en sectores altamente privilegiados como las zonas francas, que operan al margen de las cargas tributarias nacionales y no generan encadenamientos significativos con la economía interna. Por tanto, aunque hay una “ilusión de bonanza”, esta no se traduce en una mejora real para la mayoría de los ciudadanos.

  1. Comunicación directa con sectores populares

Chaves ha sabido conectarse con ciertos segmentos sociales, particularmente con sectores de bajo nivel educativo y con un fuerte resentimiento hacia la clase política tradicional. Su estilo confrontativo y su discurso “antipolítico” han tenido impacto, construyendo una base de apoyo que, aunque menguante, sigue vigente.

Yerros

  1. Precarización del empleo

Aunque el gobierno celebra una reducción histórica en las cifras de desempleo, el detalle fino de los datos revela una realidad más sombría: la mayoría de los nuevos empleos se ubican en el sector informal (138.000 de ellos en 2024), mientras que solo 12.000 se generaron en el sector formal, según datos de la CCSS. Esto implica que muchos trabajadores no tienen acceso a seguridad social, crédito ni estabilidad laboral.

El gobierno ha optado por presentar estas cifras sin el necesario análisis cualitativo, desfigurando la realidad y promoviendo una narrativa de éxito sustentada en datos mal interpretados o manipulados.

  1. Deriva autoritaria y desprecio por la institucionalidad

Una de las acusaciones más graves contra el gobierno de Chaves es su permanente tensión con los otros poderes del Estado y organismos autónomos: Poder Legislativo, Poder Judicial, Contraloría General de la República, Fiscalía General, e incluso la prensa libre.

El irrespeto por la división de poderes y los reiterados intentos de concentrar funciones en el Ejecutivo, han sembrado dudas sobre su apego a los principios democráticos. Muchos advierten señales de autoritarismo en su gestión, lo que genera un ambiente político polarizado y beligerante.

  1. Crisis de seguridad e impacto del narcotráfico

En un contexto de creciente desigualdad y abandono social, el narcotráfico ha logrado penetrar comunidades vulnerables, particularmente en zonas rurales y urbanas marginadas. Jóvenes fuera del sistema educativo se convierten en presa fácil del crimen organizado, generando un aumento sostenido de la violencia y el debilitamiento del tejido social.

A pesar de la gravedad del fenómeno, el gobierno ha fallado en presentar estrategias eficaces, integrales y sostenidas para enfrentar esta amenaza estructural.

  1. Intento de regresión ambiental

El intento del gobierno de autorizar la exploración y eventual explotación petrolera y gasífera representa un retroceso peligroso para un país que ha construido su imagen internacional sobre una marca verde. Costa Rica ha sido un referente mundial en sostenibilidad, y alejarse de ese camino por intereses de corto plazo y dudosa rentabilidad económica, podría significar un daño irreparable a su reputación y ecosistemas.

  1. Asfixia presupuestaria a la educación y la cultura

El debilitamiento del sistema educativo público se presenta como uno de los más graves síntomas del deterioro institucional. El gobierno ha incumplido con la asignación constitucional del 8% del PIB a la educación y ha promovido recortes presupuestarios a la cultura, reduciendo su asignación del 0.86% al 0.3%.

Esto no solo limita el acceso y la calidad de la educación, sino que erosiona las capacidades del país para formar ciudadanos críticos, informados y creativos. La subejecución presupuestaria, además, parece ser consecuencia de una gestión ineficiente dentro del propio Ejecutivo.

  1. Desinformación desde el poder

El estilo comunicacional del presidente, centrado en conferencias de prensa semanales de corte farandulero y en mensajes populistas, ha creado un clima enrarecido donde la desinformación y la manipulación de datos se convierten en política de Estado. Esto mina la confianza ciudadana en las estadísticas oficiales y atenta contra la transparencia democrática.

Epílogo: ¿Hacia dónde vamos?

Rodrigo Chaves llegó al poder enarbolando una bandera de cambio, pero sus acciones han estado marcadas más por la confrontación que por la construcción. La falta de visión estratégica, el uso electoralista de los datos, el debilitamiento institucional y el desinterés por el impacto social de sus políticas dibujan un cuadro preocupante.

Si bien aún conserva algún respaldo, su capital político se desgasta aceleradamente. Costa Rica, país de larga tradición democrática, enfrenta hoy el desafío de preservar sus instituciones frente a los impulsos autoritarios, y de reconstruir un pacto social basado en la equidad, el conocimiento, la transparencia y el respeto al Estado de Derecho.

Costa Rica ante el Tratado de Libre Comercio con los EE.UU. Un balance entre oportunidades y límites

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Alberto Salom Echeverría

La firma del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (en adelante TLC CAFTA-DR), ratificado por Costa Rica en 2009, se nos dijo que marcaría un punto de inflexión en la política comercial del país. Hasta entonces, la relación con el principal socio comercial —Estados Unidos— se sustentaba en otros instrumentos jurídicos como el de la Iniciativa para la Cuenca del Caribe (ICC), un régimen unilateral creado por EE. UU. para otorgar acceso preferencial a productos provenientes de economías en desarrollo. Sin embargo, la transición hacia un tratado vinculante y bilateral no estuvo exenta de tensiones. En este contexto, resulta clave analizar las ventajas y desventajas que trajo consigo el TLC para Costa Rica, considerando, además, la evolución de su balanza comercial con Estados Unidos antes y después del tratado.

Ventajas ¿reales o aparentes?: estabilidad, inversión y diversificación exportadora

Como creo haberlo dejado claro en el artículo anterior, los principales líderes del “Movimiento del sí al TLC”, siempre aseguraron que, con este Tratado Comercial, se daba un paso seguro para movernos de un marco comercial revocable a un régimen que sería supuestamente estable y legalmente protegido. La ICC, aunque beneficiosa en su momento, dependía enteramente de decisiones unilaterales del Congreso o del Ejecutivo estadounidense. En contraste, -se nos dijo- que, el TLC CAFTA-DR había establecido reglas claras, derechos recíprocos y procedimientos jurídicos vinculantes, lo cual ofrecía seguridad jurídica a los inversionistas y previsibilidad a los exportadores costarricenses. Los gobiernos costarricenses a partir del 2009 promovieron entonces políticas públicas mediante las que, se produjo un notable crecimiento de la inversión extranjera directa, especialmente en sectores como tecnología, manufactura avanzada y servicios. Pero hemos de tener en cuenta, asimismo, los problemas que el Tratado trajo consigo, en especial ahora, que las imposiciones unilaterales de aranceles del señor Trump a todos sus socios comerciales, colocan a los demás países que comercian con los EE. UU, pero muy especialmente a socios mucho más débiles como los centroamericanos y del Caribe, en una situación verdaderamente calamitosa. Veamos primero las recompensas que derivamos del TLC.

El tratado facilitó en estas últimas dos décadas, la diversificación del aparato exportador costarricense. Recordemos que, antes del TLC, las exportaciones hacia EE. UU. se concentraban en productos agrícolas tradicionales como café, banano y azúcar. Tras su entrada en vigor, Costa Rica amplió su portafolio exportador hacia bienes de mayor valor agregado, como dispositivos médicos, servicios empresariales, tecnología y componentes electrónicos. Según datos del Ministerio de Comercio Exterior (COMEX), en 2006 (años previos a la entrada en vigor del TLC CAFTA), las exportaciones costarricenses a EE. UU. alcanzaban los $3.500 millones; en 2023, esta cifra superó los $6.500 millones, con un cambio significativo en la composición de los productos exportados.

La balanza comercial: ¿ganancia estructural o dependencia creciente?

Si bien las exportaciones crecieron, también lo hicieron las importaciones desde Estados Unidos, lo que plantea interrogantes sobre los beneficios netos del tratado. En los años previos al TLC, Costa Rica solía registrar superávit comercial con EE. UU. (es decir, exportaba más de lo que importaba). Sin embargo, tras la implementación del tratado, la balanza comercial se tornó más volátil, y en ciertos años se registraron déficits comerciales.

Por ejemplo, en 2005, Costa Rica tuvo un superávit de aproximadamente $300 millones con EE. UU. Pero para 2015, ya con el TLC plenamente implementado, el país registraba un déficit cercano a los $1.000 millones, en parte debido al aumento de importaciones de productos manufacturados, bienes de consumo y maquinaria. Aunque en años recientes la balanza ha tendido a estabilizarse, esto revela que el tratado no garantizó un saldo comercial positivo sostenido, -y que- el país pasó a depender aún más de EE. UU. como proveedor clave. Un problema de significativa importancia que ha limitado siempre un verdadero desarrollo con autonomía y equidad para países como Costa Rica y sus vecinos, los cuales corren la misma suerte -o quizás peor- que nosotros.

Desventajas: pérdida de autonomía y presión sobre sectores vulnerables

Uno de los principales costos del TLC ha sido la pérdida de margen de maniobra en la formulación de políticas públicas, especialmente en áreas como compras gubernamentales, regulación de servicios, propiedad intelectual y protección ambiental. Al asumir compromisos de no discriminación y trato justo para inversionistas extranjeros, el Estado costarricense se ha visto limitado en su capacidad de aplicar ciertas políticas redistributivas o de protección social.

Además, el TLC ha expuesto a sectores productivos sensibles, como el agrícola, a una competencia desigual frente a productos subsidiados estadounidenses. Pese a que se negociaron plazos de desgravación gradual, rubros como el arroz, los lácteos o el maíz han enfrentado presiones importantes, y el Estado ha debido implementar medidas compensatorias para mitigar los impactos.

En contraste, bajo la Iniciativa para la Cuenca del Caribe (en adelante ICC), Costa Rica tenía acceso preferencial a EE. UU. sin necesidad de abrir completamente su mercado, ni de someterse a compromisos jurídicos complejos. Esa flexibilidad permitió proteger sectores estratégicos, aunque -hemos de admitir- con el riesgo constante de perder acceso al mercado del norte, si EE. UU decidía modificar unilateralmente el esquema. Pero hoy, bajo el esquema del tratado de libre comercio (TLC), merced a una circunstancia de naturaleza sobre todo política -la actuación arbitraria del gobernante de una potencia, probablemente la más grande e injusta del orbe- nos toca enfrentar un problema similar al descrito bajo la ICC, “la modificación unilateral del esquema, por parte del socio, por mucho más poderoso del negocio”; esto ha sido así, sin que desde la perspectiva del 2009, cuando por fin Costa Rica estuvo lista para poner a caminar el TLC CAFTA-DR, ni el más suspicaz de los que apoyaron dicho “Tratado”, se imaginó que podríamos vernos en una circunstancia tan adversa para el comercio de toda la región, como esta por la que estamos atravesando.

Conclusión: entre la oportunidad y la dependencia

La adopción del TLC CAFTA-DR representó, para Costa Rica, una apuesta por la integración jurídica, económica y comercial con Estados Unidos, asumiendo tanto las ventajas de un marco en apariencia “más estable”, como los riesgos inherentes a una mayor dependencia estructural. Aunque el país ha logrado diversificar sus exportaciones, atraer inversión extranjera y fortalecer algunos sectores estratégicos, también ha cedido grados de autonomía y ha enfrentado tensiones sociales por los impactos en sectores vulnerables. La evolución de la balanza comercial revela que el TLC no fue una panacea, sino una herramienta más —con beneficios y costos— en la política de inserción internacional del país.

Así había sido antes de esta segunda administración de EE. UU, bajo el liderazgo de Donald Trump. Si los beneficios del TLC no resultaron tan loables como se nos había prometido, ¿qué podemos esperar ahora, cuando el gobierno estadounidense se ha lanzado con la agresividad que lo caracteriza a establecer -arbitraria e ilegalmente- aranceles a los productos provenientes de los países centroamericanos y República Dominicana -cubiertos o no por el TLC-? Insisto, el futuro inmediato no se presenta muy halagüeño frente a las políticas unilaterales impuestas por la administración Trump; menos aún, cuando las élites centroamericanas se han mostrado tan sumisas frente a los Estados Unidos y su nueva política arancelaria. El presidente Rodrigo Chaves Robles es un campeón de la sumisión ante los Estados Unidos. Como lo hemos argumentado, existen recursos a los que podríamos haber acudido para defendernos, pero los gobernantes han quedado como pasmados, mostrándose temerosos de echar mano de los recursos legales que existen en nuestra defensa.

Mecanismos que posee el CAFTA‑DR para responder a las recientes medidas de Trump de imponer aranceles

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Alberto Salom Echeverría
albertolsalom@gmail.com

I. El CAFTA‑DR (Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos) fue firmado en 2004, pero su implementación fue gradual y distinta según cada país. En el caso de Costa Rica, el tratado no entró en vigor hasta el 1 de enero de 2009, luego de un referéndum nacional realizado el 7 de octubre de 2007, en el cual el “Sí” al tratado se impuso con un 51.6 % de los votos (Wikipedia, 2024). Esto convirtió a Costa Rica en el único país firmante que sometió el tratado a consulta popular.

Uno de los argumentos más usados por los defensores del Tratado de Libre Comercio de las Repúblicas de Centroamérica y República Dominicana, fue que el Tratado vendría a proporcionar mucha más seguridad jurídica que la Iniciativa para la Cuenca del Caribe a la que estábamos adscritos con anterioridad. Algunos de los máximos defensores de este argumento fueron:

  1. Alberto Trejos. Cuando fungía como ministro de Comercio Exterior, manifestó que con la firma del TLC (CAFTA-DR), se establecía un marco jurídico más robusto para regular el comercio con EE. UU. Dijo expresamente: “La firma de este instrumento marca el fin de una etapa más en el proceso por lograr el establecimiento y consolidación de un marco jurídico adecuado que sirva para regular la relación de Costa Rica con los demás socios del Tratado.” (Ref. “Costa Rica aplaude firma de CAFTA en agosto” LMTENESPANOL, julio22, 2004). La cita claramente alude al concepto de seguridad jurídica, aún cuando no lo nombre de manera literal.

  2. Alfredo Volio. Líder del movimiento Alianza Ciudadana por el SÍ durante el referéndum. Aunque no se ha encontrado ninguna referencia explícita a la seguridad jurídica que, según su criterio daba el tratado, es evidente que un empresario como él, que fue colocado al frente del grupo del SÍ por el TLC, avalaba la firma del Tratado y por lo tanto lo que en el mismo se contenía en cuanto a la resolución de controversias.

  3. Diario La Nación. Se encuentra una mención expresa sobre el Concepto de Seguridad Jurídica en el siguiente extracto de un editorial del 6 de marzo de 2025, aunque no aludido específicamente sobre el TLC se subraya la importancia “…de la seguridad jurídica, previsibilidad y certidumbre como elementos esenciales para el buen desempeño del comercio exterior, especialmente para un país pequeño como Costa Rica.” (Ref. Editorial del 6 de marzo del 2025.).

  4. Capítulo 20: Solución de Controversias TLC-CAFTA.

  1. Consultas: Las partes deben intentar resolver sus diferencias mediante consultas diplomáticas (Art 20.4)

  2. Intervención de una Comisión del Tratado: Si las consultas fallan, se puede elevar el caso a la Comisión de Libre Comercio (Artículo 20.5).

  3. Panel Arbitral: Si no se resuelve el Conflicto, una de las partes puede solicitar el establecimiento de un panel arbitral independiente (Artículo 20.6), que evaluará la situación con base en el texto del tratado.

  4. Informe Final y Cumplimiento: El panel emite un informe definitivo. Si un país incumple, hay espacio para adoptar medidas compensatorias o de retorsión (Artículo 20.16), es decir sanciones económicas proporcionadas.

  5. Por lo tanto, ante las recientes políticas de Trump de imposición de aranceles que, claramente contravienen el TLC-DR, los países centroamericanos no están en la indefensión. El propio Tratado contiene cláusulas como las citadas, que amparan a los países que resulten víctimas de transgresiones, como ocurre hoy en día por parte del mismo gobierno de los EE. UU, otrora impulsor de los tratados de libre comercio.

Veamos estas cláusulas con un poco más de detalle.

  1. Consultas y arbitraje interestatal

El tratado prevé un mecanismo de solución de controversias entre Estados. Si un país firmante considera que otro ha incumplido sus obligaciones —como lo sería la imposición de aranceles que violen los compromisos adquiridos— puede iniciar un proceso que consta de:

1. Consultas bilaterales, con la posibilidad de mediación ante una comisión del tratado.

2. Si no hay solución en un plazo breve (30 días o menos si hay productos perecederos), la parte afectada puede solicitar un panel arbitral.

3. El panel, compuesto por tres árbitros imparciales, emite una resolución vinculante.

4. Si el país demandado no acata la resolución, el país reclamante puede suspender beneficios equivalentes a los daños sufridos.

Esta herramienta legal otorga a los Estados un recurso formal y reconocido para defender sus intereses dentro del marco del tratado, reforzando así la seguridad jurídica multilateral (CAFTA‑DR Text, Capítulo 20).

b. Precedente actual: República Dominicana

En 2025, ante la imposición de nuevos aranceles estadounidenses del 10 %, República Dominicana recurrió a este procedimiento, solicitando consultas oficiales en el marco del CAFTA‑DR (KPMG, 2025). Esto indica que los Estados parte reconocen la validez y relevancia del mecanismo incluso frente a potencias como EE. UU., y lo utilizan como vía de presión diplomática respaldada jurídicamente.

II. Vías judiciales internas en EE. UU.: ¿Quién puede frenar al presidente?

Más allá del ámbito internacional, existe otra vía crucial para frenar las políticas arancelarias de Trump: el sistema judicial estadounidense.

a. El caso V.O.S. Selections, Inc. v. United States

Este litigio, iniciado por una pequeña empresa importadora de vinos, ha tenido un impacto profundo en la legalidad de los aranceles presidenciales. El 28 de mayo de 2025, el Tribunal de Comercio Internacional (CIT) falló en contra de Trump, declarando que la Ley de Poderes Económicos en Emergencia Internacional (IEEPA), utilizada como justificación para imponer aranceles amplios, no autoriza al presidente a modificar unilateralmente las tarifas sin la aprobación del Congreso (Haynes Boone, 2025; Vox, 2025).

El fallo se apoya en principios constitucionales como la separación de poderes, la doctrina de no delegación legislativa y la llamada “doctrina de las grandes preguntas”. Dicha decisión representa un precedente importante que cuestiona la legalidad de los aranceles de emergencia como instrumento político (Cato Institute, 2025).

Sin embargo, la decisión fue suspendida temporalmente por una corte de apelaciones el 29 de mayo de 2025 (KPMG, 2025), y se espera que el caso llegue a la Corte Suprema de EE. UU. en los próximos meses (Covington, 2025).

Este litigio sugiere que la vía interna estadounidense puede resultar más eficaz y definitiva para frenar las medidas arancelarias, ya que podría invalidar las decisiones ejecutivas en su origen, en lugar de limitarse a responder con represalias como lo permite el CAFTA‑DR. Es evidente que, las represalias que pueden emplear los países centroamericanos y República Dominicana no resultarían tan eficaces de aplicar contra una nación tan poderosa como lo es EE. UU. Aun así, no se debe renunciar a ellas, pero como hemos visto, existe el poderoso mecanismo de la legislación interna de los Estados Unidos, que dejamos citado supra.

III. ¿Qué pueden y deben hacer los países afectados?

Los países centroamericanos y caribeños enfrentan un dilema estratégico: ¿deben actuar mediante los canales diplomáticos previstos en el tratado, o esperar a que las cortes estadounidenses resuelvan internamente la legalidad de los aranceles?

a. Activar simultáneamente ambas vías

Una estrategia podría ser activar ambas opciones de forma paralela:

• Iniciar consultas formales en el marco del CAFTA‑DR para dejar constancia legal y política del desacuerdo.

• Apoyar, mediante “amicus curiae” o declaraciones diplomáticas, los procesos judiciales que están en curso en EE. UU., como el caso V.O.S. Selections.

Conclusión

La actuación del actual presidente de los EE. UU, Donald Trump, al imponer aranceles a todos los países con los que tiene una relación comercial, pero en particular aquellos como son los centroamericanos y República Dominicana, con lo que mantiene vigente un contrato comercial, que es ley entre las partes es a todas luces arbitraria e ilegal. Aún más, es inconstitucional puesto que se trata de un “acto ejecutivo”, que ha ignorado por completo al propio Congreso de los Estados Unidos.

De confirmarse esta actuación en los hechos, quedaría burlado tanto el derecho nacional de los EE. UU, tanto como el internacional y la confianza que las élites políticas y económicas han depositado siempre en el Gobierno estadounidense.

Más allá de si estamos de acuerdo o no con los beneficios que puede haber traído el Tratado, el presidente de los Estados Unidos ha quedado en un pésimo predicamento con relación a todas las naciones del mundo con las que ha firmado un Tratado comercial. Podría surgir aquí una grave situación de fragilidad del derecho comercial internacional, que podría hacer peligrar aún más, la ruta de las negociaciones, el camino del diálogo y la paz internacionales.

Fuentes citadas

Wikipedia. (2024). Referéndum sobre el CAFTA en Costa Rica.

Haynes Boone. (2025). Court Declares Emergency and Reciprocal Tariffs Unconstitutional.

Vox. (2025). Trump Tariffs and the V.O.S. Selections Case.

KPMG. (2025). Federal Circuit Temporarily Halts Trade Court Judgment on Tariffs.

Covington & Burling. (2025). Status of Legal Challenges to Trump’s IEEPA Tariffs.

Cato Institute. (2025). Legal Brief on V.O.S. Selections v. Trump.

CAFTA‑DR Official Text. (Capítulo 20, Solución de Controversias)

Experiencias de gentrificación en las costas de Costa Rica

Escrito en . Publicado en Comunidad.

Alberto Salom Echeverría

Guanacaste, Limón y Puntarenas: Turismo, transformación y desplazamiento poblacional en las zonas costeras

Introito

La Asociación para el Desarrollo Sostenible y Sustentable Madre Tierra, que me honro en presidir realizó este martes 12 de agosto una actividad sobre las experiencias de Gentrificación en Costa Rica, en el Centro de Cultura de España.

Considero oportuno replicar esta actividad con base en datos fiables que hurgué sobre la Gentrificación, entresacados de fuentes del Banco Central de Costa Rica, en estadísticas de inversión extranjera directa de 2023; de igual manera se revisó información del Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas de Costa Rica (CPCECR), en particular el artículo “Mercado Inmobiliario de zonas Turísticas”; también fue consultada la Revista de Ciencias Sociales de la UCR (2022), allí encontramos el artículo intitulado “Turismo y transformación Social en el Caribe costarricense”; además, fue consultado el informe del Estado de la Nación del (2023) en Desarrollo Humano Sostenible y finalmente, artículos varios de la prensa nacional y de revistas digitales.

El concepto

La Gentrificación es un proceso que se ha desarrollado en zonas urbanas, en particular de las regiones costeras de Costa Rica. Con frecuencia, este fenómeno se suele asociar con ciudades grandes, pero como queda expresado en Costa Rica se ha producido tanto en las ciudades urbanas como en las zonas costeras, en las que el turismo internacional, las inversiones privadas y la globalización inmobiliaria han venido alterando cada vez más la vida de las comunidades locales, en particular desplazando y desalojando la mano de obra local de pequeños y medianos productores costarricenses. En adelante se presentarán los datos y características compartidas y particulares en los planos social, cultural y económico en estas tres provincias costeras, las más deprimidas del país, como son Guanacaste, Limón y Puntarenas.

El auge turístico de Guanacaste y la exclusión social silenciosa

En la provincia guanacasteca se ha producido un cambio radical, merced al turismo de lujo que ha conllevado inversión extranjera directa, mediante la compra de tierras por parte de los foráneos y la construcción de infraestructura turística, fenómenos que, han propiciado el crecimiento exponencial del valor del suelo.

La documentación consultada, da cuenta de un significativo desplazamiento de familias guanacastecas de escasos recursos económicos que en su mayor parte eran detentadoras de parcelas de tierra de pequeño y mediano tamaño, hacia las márgenes del mercado inmobiliario, lo que, de un modo imperceptible pero real, ha dado lugar a la pérdida de identidad cultural por parte de estas poblaciones, lo mismo que a tensiones sociales crecientes.

La investigación reporta también que, los productores agrícolas que se dedicaban mayormente a la ganadería o la pesca no lograron, no obstante, engarzarse en el modelo turístico que se fue imponiendo, excepto cuando fueron contratados en trabajos informales y por ende labores no permanentes, de baja remuneración. En muchos casos los antiguos campesinos autóctonos no consiguieron sacar provecho de las nuevas tierras adquiridas en la marginalidad, ya que como se acaba de consignar muchos fueron contratados en trabajos turísticos como la construcción de obras de infraestructura. Concluida la faena, muchos otros perdieron la oportunidad de reiniciar sus labores en las propiedades recién adquiridas. Estamos aquí en presencia de un evidente proceso de exclusión social de los campesinos por parte de los poderosos inversionistas extranjeros. Estos procesos fueron patentes en zonas como Tamarindo, Nosara y Playa Grande.

La Gentrificación incipiente en Limón ha dado cuenta de tensiones históricas

El fenómeno de la Gentrificación en Limón lleva retraso con respecto a Guanacaste, pero ha comenzado con fuerza en lugares como Puerto Viejo de Talamanca y Cocles, donde precisamente el turismo internacional ha crecido en la última década.

El tipo de población que prevalece en Limón es muy diferente a la de Guanacaste y Puntarenas, puesto que la de Limón es una población afrodescendiente e indígena, pero que han presentado históricamente una fuerte resistencia hacia la exclusión de la que han sido víctimas desde la colonia en el caso de los indígenas. En Puerto Viejo, los extranjeros y en menor medida personas adineradas de Costa Rica han comprado propiedades, algunas para usufructo particular o para alquilar; además se han construido hoteles y comercios que están orientados principalmente a población turística europea y estadounidense. Estas actividades mercantiles han provocado un aumento de los precios de las tierras y los servicios.

De la literatura consultada entresacamos que las comunidades autóctonas han cedido el control sobre su entorno cultural y se han visto afectados en el plano económico, pese a la existencia de iniciativas menores de turismo comunitario, cuyo afán es aprovechar la iniciativa generada por los inversionistas extranjeros para desarrollar emprendimientos, si bien de mucho menor cuantía. La competencia en este sentido no tiene parangón entre la inversión extranjera y los esfuerzos de los emprendimientos locales que, evidentemente son de mucho menor rango. De ahí que -dice la investigación-, la gentrificación en Limón es hasta ahora más sutil, pero ha desplazado siempre emprendimientos autóctonos y está jalonada de otras complejidades étnicas, raciales y territoriales.

En algunas regiones como Gandoca-Manzanillo, como se ha visto recientemente los inversionistas privados, nacionales en este caso han comenzado a invadir inapropiadamente tierras del Estado, otorgadas de manera aparentemente fraudulenta por parte de la misma municipalidad, en convivencia con el SINAC y el Ministerio de Ambiente; estas actividades han afectado los humedales de un alto valor ecológico. La situación ha creado un clima de gran inquietud tanto entre moradores de la zona, así como por parte de organizaciones ambientalistas, todos los cuales luchan por la defensa de este patrimonio.

La Gentrificación en Puntarenas, apuntala el desarrollo desigual y ha producido además desplazamiento turístico

La característica principal en Puntarenas muestra un proceso de gentrificación que como reseña la literatura, es fragmentado y notoriamente desigual. Esta impronta ha sido patente en ciudades como Jacó, Montezuma y Santa Teresa, para citar algunas de las más connotadas.

En estos casos se han establecido comunidades extranjeras de alto poder adquisitivo, las cuales han transformado completamente el paisaje, la oferta comercial y los patrones de consumo.

El caso de Santa Teresa, reseña la investigación es paradigmático debido a la gentrificación acelerada que se ha producido en ella. Se señala literalmente que: “terrenos costeros han sido adquiridos por inversionistas extranjeros, las construcciones de lujo proliferan, y los precios de la vivienda han subido a niveles imposibles para los habitantes locales. -Y en adición se agrega- Como en Guanacaste, muchas familias puntarenenses han sido desplazadas a comunidades periféricas que carecen de servicios básicos. En contraste, otras partes de Puntarenas (como la ciudad de Puntarenas misma) han quedado marginadas del desarrollo turístico, profundizando la desigualdad regional.

Sinopsis comparativa de la gentrificación en las tres provincias

(Patrones comunes y diferencias)

Patrones comunes: Las tres provincias como se puede observar comparten algunos patrones comunes entre sí, derivados de las inversiones que se llevaron a cabo. En los tres casos operó una población que proviene del exterior y que posee recursos económicos en abundancia como para haber podido realizar obras de infraestructura de calidad con lo que, en lo medular, los emprendimientos nacionales no han podido competir. Por añadidura, los extranjeros que han llegado a invertir en la industria turística en el territorio costero costarricense son ajenos por completo a la cultura de las comunidades locales y sin interés alguno por compenetrarse con ella. Por eso mismo, se produjo la expulsión de población local de su zona originaria, sin contemplaciones de ninguna naturaleza, lo cual ha incidido en una mengua del nivel de vida que ostentaban, así como también se han visto afectados los valores y prácticas culturales ancestrales. En la mayor parte de los casos, cuando los nacionales no lograron organizarse para combatir hasta derrotar el atropello del que fueron objeto, ha sobrevenido la dispersión de aquellos sectores de la comunidad que fueron despojados de la tierra y con ello se trastornó su cosmovisión. En lo económico, en los tres casos se revalorizó el suelo y se encareció el costo de la vida, con grave perjuicio tanto para la población directamente despojada de sus pertenencias, como para la población pobre en general de todo el entorno. Por último, el espacio físico, el paisaje se ha desnaturalizado transformándose en un modelo que se asemeja a los patrones turísticos internacionales, ajeno por lo tanto al contexto nacional en particular aquel del que emergió la población autóctona. Muy poco, por no decir nada quedó de los nexos tradicionales que compartían con el resto de la población que allí se ubicaba.

Diferencias: En un estudio editado por FLACSO en el 2014, cuya coordinación estuvo a cargo del sociólogo Abelardo Morales Gamboa, se describe la explosión de la construcción de megaproyectos turísticos en las zonas costeras, con especial énfasis desde el 2005. Morales refiere concretamente la inversión en proyectos inmobiliarios, turísticos y de locales comerciales que requirieron la contratación de mano de obra tanto de la región como de afuera. En el 2005, apunta Morales las provincias de Guanacaste y Puntarenas absorbieron la mayor parte de la inversión en construcción de recursos inmobiliarios, 67% para Guanacaste y 23% para Puntarenas, desplazando a San José a una tercera posición con un 17%. O sea, las dos provincias costeras sometidas al auge del turismo inmobiliario desplazaron a la capital del país, respecto de la atracción de recursos para la construcción. (Ref. “Escenarios sociopolíticos de las Migraciones en Costa Rica y Colombia”. Morales Gamboa, Abelardo coord. 1era. ed. San José, Costa Rica. FLACSO, 2014). Más adelante Morales refiere que, “Las distintas expresiones de la migración de relevo pueden darse, inclusive, de manera simultánea, así como pueden primar unas sobre otras en distintos momentos. En la fase de la acumulación por despojo se produjo en Guanacaste una intensiva expulsión de fuerza de trabajo, mientras que el ciclo posterior, el de atracción, sustentado en la rotación de la mano de obra, se consolidó una etapa de abaratamiento de la mano de obra a partir del aprovechamiento de flujos de inmigración permanente o temporal de relevo, según las necesidades de demanda del mercado de trabajo. (Ref. Ibidem. pág. 19)

Guanacaste es la provincia como se desprende de varias de las investigaciones sobre el fenómeno de gentrificación, donde el proceso se ha dado con mayor intensidad. De las tres Limón es señalada como la que va a la saga, pero con una intensidad media incipiente. En lo concerniente a los actores clave del proceso también se presentan diferencias. En Guanacaste el proceso ha sido capitaneado por inversionistas extranjeros; en Limón, consigna la investigación los protagonistas son más bien residentes extranjeros, mientras que en Puntarenas se trata de inversionistas del sector turístico y del sector inmobiliario.

Por otra parte, cada provincia posee características únicas tales como: Guanacaste mantiene una alta presencia del sector turístico con una fuerte exclusión residencial. En Limón la característica más sobresaliente es una alta tensión cultural-racial, matizada por un turismo alternativo y comunitario. En Puntarenas se trata de una gentrificación marcada por la desigualdad, y por otra parte zonas aisladas frente a otras olvidadas.

Panel analiza los retos de la democracia ante el autoritarismo y el desmantelamiento del Estado Social

Escrito en . Publicado en Análisis.

El programa «Alternativas» realizará un panel de discusión el próximo 15 de agosto de 2025 a las 18:00 horas (-6 UTC) para abordar una de las preguntas más urgentes de nuestro tiempo: «¿Qué significa participar en las elecciones en democracia, con el Estado social de derecho en peligro? ¿Cómo definir una posición equilibrada ante el autoritarismo, desacreditación y el desmantelamiento del Estado social?»

Panel de expertos

El evento contará con la participación de tres destacados académicos:

Alberto Salom Echeverría, politólogo, ex rector de la Universidad Nacional, ex diputado, profesor universitario y autor de libros y artículos especializados en temas políticos y sociales.

Roberto Salom Echeverría, profesor universitario jubilado con maestría en Sociología por la Universidad de Costa Rica, autor de libros y artículos, y colaborador editorial de la revista Porvenir.

Luis Paulino Vargas Solís, economista, profesor universitario jubilado, investigador y autor de libros y artículos sobre temas económicos y sociales.

Transmisión en vivo

El panel será transmitido en vivo a través de múltiples plataformas digitales, incluyendo Facebook Live, YouTube y Spotify, garantizando amplio acceso a la discusión.

Emisoras colaboradoras

El evento cuenta con el respaldo de importantes medios de comunicación alternativa:

  • Guanacaste 106.1 FM
  • Radio Soberanía
  • Radio Revolución
  • 506 Ondas Alajuelita Radio

Reflexión necesaria

En un contexto regional y global donde los sistemas democráticos enfrentan múltiples amenazas, desde el crecimiento de movimientos autoritarios hasta el debilitamiento sistemático de las instituciones del Estado social, este panel busca generar un espacio de reflexión crítica sobre los desafíos actuales de la participación electoral y la defensa de la democracia.

La discusión promete abordar temas fundamentales como la crisis de legitimidad de las instituciones, las estrategias para fortalecer el Estado de derecho, y las alternativas para construir una posición política equilibrada que haga frente tanto al autoritarismo como a las políticas de desmantelamiento de los servicios públicos y la protección social.

El programa «Alternativas» forma parte de los esfuerzos por promover el diálogo académico y social sobre los grandes retos contemporáneos, especialmente aquellos relacionados con la defensa de la democracia y la justicia social.