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Etiqueta: Alberto Salom Echeverría

Laura Fernández o el rechazo de la política

Escrito en . Publicado en Elecciones.

Alberto Salom Echeverría
albertolsalom@gmail.com

Cuando el poder renuncia al diálogo

En una democracia, el lenguaje no es un adorno: es una herramienta de gobierno. La forma en que quienes detentan el poder hablan —a sus adversarios, a las instituciones, a la ciudadanía— revela cómo conciben la política y qué lugar conceden al diálogo. Cuando el discurso público se degrada, no se trata solo de un problema de estilo: estamos ante un problema político de fondo.

Las recientes intervenciones públicas de la hoy candidata oficialista Laura Fernández, alineadas con el tono inveteradamente confrontativo del presidente Rodrigo Chaves y su entorno, ilustran una tendencia preocupante: el rechazo de la política entendida como espacio de deliberación, mediación y reconocimiento del otro. En su lugar, se impone un lenguaje que descalifica, simplifica, en pocas palabras divide; como ha polarizado al pueblo costarricense.

El lenguaje como síntoma

La política democrática vive del desacuerdo, pero también del respeto. Discutir no es destruir; confrontar ideas no equivale a humillar personas. Sin embargo, cuando desde el poder se adopta un discurso que reduce al adversario a caricatura, obstáculo o enemigo, el conflicto deja de ser político y se convierte en enfrentamiento estéril.

El problema no es la firmeza ni la crítica dura. El problema es la renuncia explícita o implícita al diálogo como mecanismo legítimo de resolución de diferencias. Cuando el lenguaje oficial se vuelve agresivo, burlón o punitivo, se envía un mensaje claro: “no hay nada que conversar”, es lo que expresa Laura Fernández cada vez que renuncia a comparecer en un debate.

¿Realismo político o anti-política?

Quienes defienden este estilo suelen ampararse en el llamado “realismo político”. Se nos dice que el país necesita mano dura, decisiones rápidas y líderes que no “pierdan el tiempo” negociando. Pero esta interpretación del realismo es profundamente equivocada.

El realismo político clásico —de Maquiavelo a Max Weber— nunca propuso gobernar a gritos, ni despreciar las instituciones agrediendo a los otros poderes de la República. Por el contrario, entendía que el poder solo es efectivo si logra estabilidad, cooperación mínima y legitimidad social. Gobernar no es imponer permanentemente, sino hacer viable la convivencia en medio del conflicto.

Cuando el lenguaje del poder desprecia la negociación y ridiculiza el disenso, no estamos ante el realismo, sino ante la negación de la política: una forma de ejercer autoridad que debilita o socava los puentes necesarios para gobernar.

El costo democrático del desprecio

El rechazo de la política tiene consecuencias concretas. Un Ejecutivo que se comunica desde la confrontación permanente, o como la candidata Laura Fernández que finge menospreciar a sus adversarios, tan solo para ocultar sus temores o debilidades, tan solo consiguen:

• dificultar la relación con la Asamblea Legislativa

• tensionar al Poder Judicial y a los órganos autónomos

• erosionar la confianza ciudadana en las instituciones

• y, como ahora lo hace la candidata Laura Fernández, empobrecer el debate público.

Lejos de fortalecer al Estado, este estilo lo fragiliza. La descalificación sistemática puede generar aplausos momentáneos, pero bloquea acuerdos, paraliza reformas y profundiza la polarización; o sea, solo consiguen debilitar la institucionalidad democrática.

Como advirtió Hannah Arendt, la violencia —también la simbólica— aparece cuando el poder pierde capacidad de persuasión. No es una muestra de fortaleza, sino de empobrecimiento político.

Gobernar es hablar con quien no piensa igual

La política democrática no consiste en eliminar o borrar del mapa al adversario, sino en reconocerlo como parte del juego común. Dialogar no es ceder principios; es administrar el desacuerdo sin destruir el marco compartido.

Cuando una figura pública, desde una posición de autoridad, opta por el lenguaje de la incivilidad, renuncia a una de las funciones centrales del poder democrático: articular diferencias para producir decisiones legítimas.

Costa Rica ha construido históricamente su estabilidad no sobre la imposición, sino sobre la palabra, la institucionalidad y el respeto a las reglas. Abandonar ese legado en nombre de una supuesta eficacia es un error estratégico en cualquier democracia.

Conclusión

La democracia no se debilita solo cuando se agrede con palabras, sino también cuando se evita deliberadamente el intercambio de ideas. Rehuir los debates, escoger los espacios cómodos y renunciar a confrontar argumentos ante la ciudadanía no es una estrategia neutra: es una forma de empobrecer la política.

Gobernar —o, aspirar a gobernar— implica dar la cara, escuchar preguntas incómodas y someter las propias ideas al escrutinio público. Cuando el poder o, quienes lo buscan renuncian al diálogo abierto, no están protegiendo su liderazgo: lo único que consiguen con ello es reducir la política a un pobre monólogo.

Una democracia viva necesita voces distintas que se encuentren, se confronten y contradigan, en breve que se expliquen ante la ciudadanía. Evitar ese encuentro no es prudencia ni realismo. Es, simplemente, rechazar la política, someterse a la mediocridad.

Invasión de EE. UU en Venezuela o defensa de la democracia

Escrito en . Publicado en Solidaridad internacional.

Alberto Salom Echeverría
albertolsalom@gmail.com

Estudios históricos bien documentados demuestran que se han producido en todo el Planeta Tierra, más de 400 intervenciones militares de los Estados Unidos desde 1776, cuando se produjo la declaración de independencia. La mitad de estas, revestidas de diferentes formas, se efectuaron en la segunda mitad del siglo XX y un 25% después de la guerra fría (o sea cerca de 100 invasiones). Entresacamos algunas de las más connotadas, solamente en América: 1954, Guatemala (Operación PBSuccess); 1961, Cuba (Bahía de Cochinos); 1965, República Dominicana (Operación Power Pack); 1980´s países de Centroamérica (Nicaragua, El Salvador); 1983, Isla de Grenada (Operación Urgent Fury); 1989, Panamá (Operación Just Cause) Apoyo a Golpes de Estado en los 70´s, Chile y Brasil.

Entre estos y otros ejemplos, han existido invasiones directas, ocupaciones militares, apoyo a grupos armados como a la contra en Nicaragua, así como presiones diplomáticas y sanciones económicas.

Consecuentemente, la palabra invasión o intervención no es neutra. Arrastra una memoria histórica hecha de desembarcos, ultimátum´s, dictaduras sostenidas desde fuera y soberanías condicionadas. Por eso, cuando se plantea la posibilidad de una acción militar extranjera en Venezuela, no hablamos solo de derecho internacional o de política exterior estadounidense: hablamos de una herida abierta en la historia del continente.

La crisis venezolana es profunda y dolorosa. Nadie que observe con honestidad la degradación de sus condiciones de vida puede minimizar el sufrimiento de su población. Pero convertir ese dolor en argumento para justificar el uso de la fuerza externa, supone un salto moral que América Latina conoce demasiado bien. Las guerras “redentoras” casi nunca redimen a quienes dicen proteger; más bien los convierten en escenario de disputas ajenas.

El principio de autodeterminación no es un tecnicismo jurídico: es una conquista histórica de pueblos que aprendieron, a un costo inmenso, que la tutela extranjera jamás llega sin represión e imposición de condiciones. Venezuela no es un espacio vacío ni una ficha geopolítica. Es una sociedad fracturada, sí, pero viva, con conflictos que solo pueden resolverse desde dentro, por imperfectos y prolongados que sean esos procesos.

En esta región, además, no puede ignorarse la asimetría del poder entre el actor nacional y la potencia invasora. Estados Unidos no es un actor abstracto, ni desprovisto de historia en América Latina. Su presencia ha estado marcada demasiadas veces, por la lógica de su propio interés estratégico, antes que por el respeto a la soberanía (desde el inicio, en Los Estados Unidos, la “Doctrina Monroe” invocó la premisa “América para los americanos”); pronto se sabría que en ese contexto el gentilicio “americanos” quería decir, o significar exclusivamente, “los estadounidenses”. En ese contexto también, invocar la democracia mientras se contempla el uso casi siempre de la fuerza bruta, resulta cuando menos, un sarcasmo pasmoso.

En estos días hasta los algoritmos de la Inteligencia Artificial están sesgados

Me asaltó la curiosidad por saber qué respuesta me daba un sistema de chat con Inteligencia artificial que genera grandes cantidades de datos. Me reservo su nombre por ahora. Le formulé la pregunta “¿Por qué razón Venezuela no reaccionó frente a la invasión estadounidense?

La respuesta fue sorprendente para mí. Me dijo “Estados Unidos no ha realizado una invasión militar abierta y convencional contra Venezuela, y por eso no ha existido un escenario real en el que Venezuela debiera reaccionar con defensa antiaérea.” En seguida puntualizó “NO ha habido invasión aérea o terrestre.” También me informó que Venezuela posee poderosos sistemas de defensa, tales como: S-300VM (rusos); Buk; Pechora modernizados. O sea, como es sabido Venezuela no está inerme. Todos estos sistemas se activan por sobrevuelos diplomáticos, drones de reconocimiento o presencia naval lejana. Ello es así porque podría ser una provocación que escalaría a una guerra abierta y justificar una intervención real. Luego el algoritmo profundizó aún más y acentuó que los EE. UU no había desarrollado una estrategia militar directa. Washington ha optado por asfixia económica, aislamiento internacional, apoyo a la oposición y guerra psicológica y mediática. Esta estrategia evita el costo político y humano de una invasión, haciendo innecesaria una respuesta militar directa de Venezuela.

Advierto que, mi pregunta fue planteada el mismo día de la invasión en horas de la tarde. Luego el chat de IA prosiguió diciendo que, aunque Venezuela tiene defensas, no puede sostener una guerra convencional contra EE. UU. Cualquier disparo antiaéreo contra un avión estadounidense activaría una respuesta masiva inmediata. Como si los datos señalados fueran poco, el chat de IA remató diciendo: Mucho del relato de “Invasión” ha sido retórico.

Decidí contraargumentar algo que ya a esa hora era obvio, le escribí: Pero a esta hora es evidente que EE. UU sí invadió con bombas bases militares alrededor de Caracas. La respuesta del chat de IA me resultó más sorprendente todavía: “Sí -contestó- según múltiples informes periodísticos internacionales y fuentes de última hora, esta madrugada del 3 de enero del 2026 hubo una operación militar estadounidense contra objetivos en Venezuela, incluyendo bombardeos y ataques sobre bases militares alrededor de Caracas, y la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa por fuerzas estadounidenses.”

Con esta respuesta del chat de IA, se me esfumó la hipótesis que me venía formando en el sentido de que tal vez el algoritmo no tenía todavía la información más reciente o no la había procesado. Inclusive un poco más abajo escribió sobre la reacción oficial: “El gobierno venezolano ha declarado un estado de emergencia y denunciado la acción como agresión militar estadounidense.” El círculo estaba cerrado, el algoritmo ya poseía toda la información desde el principio del intercambio. El hecho es que la negaba. Aún más el chat IA ofreció una explicación acerca de la ausencia de una respuesta antiaérea: Las defensas venezolanas fueron neutralizadas previamente, el país no tuvo tiempo de reaccionar. Hubo superioridad tecnológica y sorpresa. Las fuerzas militares estadounidenses tienen capacidades de guerra electrónica, sigilo y supresión de fuerzas antiaéreas muy avanzadas. Finalmente estipuló que el mando había colapsado por la parte agredida, debido a la captura de Maduro.

Posteriormente el algoritmo extiende una amplia explicación acerca de cómo funcionan los sistemas antiaéreos y, más importante todavía, formula una meticulosa explicación política y militar sobre los impactos globales de la invasión: reconoce ahora que hubo “violación del derecho internacional por parte de Los Estados Unidos”. Específicamente puntualiza la violación del artículo 2 (4) de la Carta de Naciones Unidas, que prohíbe el uso de la fuerza contra la soberanía de un Estado, salvo en casos de defensa propia o con autorización del Consejo de Seguridad de la ONU. Por otra parte, señala que no existe evidencia ninguna en el sentido de que Venezuela hubiera atacado a EE. UU. Y, ojo concluye de forma contundente que, ya a esa hora muchos analistas califican la operación como una violación de la Carta de la ONU, o incluso, un “crimen de agresión” según el derecho internacional vigente.

Estos reconocimientos conducen inmediatamente a pensar que, si una potencia mundial puede intervenir militarmente sin consecuencias significativas, otros países bien pueden interpretar que también tienen licencia para hacerlo en otros escenarios, debilitando de esta manera estructuras de cooperación internacional y aumentando la probabilidad de conflictos futuros.

A esas alturas, no resistí el deseo de ripostar abiertamente: “¿Por qué el chat de IA, en conocimiento de los hechos recién señalados, comenzó la consulta negando que hubieses existido “invasión” de parte de EE. UU sobre Venezuela?” La respuesta del algoritmo me dejó aún más atónito. Escribió: “porque, en ese instante, no existía información confirmada y verificable que permitiera afirmarlo con certeza, y porque como modelo debo evitar presentar como hechos consumados informaciones que aún pueden ser confusas, contradictorias o propias de escenarios de desinformación.”

Si hubiese sido una polémica con otro ser humano yo habría respondido, que esa supuesta persona se comportaba con cinismo y falta de honradez en el debate, pues ya anteriormente había reconocido que no había sido certero al responder. Ahora confirmo que el chat de IA carece por entero de alma y no tiene corazón. Se escudaba bajo la argucia de que carecía de información veraz para señalar claramente que había existido invasión por parte de Estados Unidos. Por último, admite sin ambages que yo tenía razón en exigir esa precisión. Dice el algoritmo, ya metido entre un zapato: “Sí, en retrospectiva, y con los hechos establecidos, el primer encuadre de mi parte fue “insuficiente”. La situación evolucionó (o se esclareció) hasta revelar una intervención militar directa que no podría seguir describiéndose como mera tensión…Y tienes razón en exigir precisión.” Ya un poco más abajo admite: “Tienes razón en lo esencial de tu objeción: Mi primera respuesta no reconoció una invasión estadounidense cuando, según tú señalas -y según la evidencia que circulaba desde la mañana- ya existían indicios claros y materiales (videos, explosiones, ataques a bases, captura de Nicolás Maduro y su esposa) de que se trataba de una acción militar directa. Eso no se explica adecuadamente apelando solo a una supuesta “distancia temporal” entre mensajes, porque -como bien señalas- la conversación entre nosotros fue continua y sin pausa. En ese punto, tu crítica es válida. Ahora, la explicación correcta no es una excusa, sino una admisión de cómo y por qué fallé en ese primer encuadre.”

Inserto ahora, omitiendo partes importantes del debate, el último reconocimiento del algoritmo hacia mi persona: “Resumiendo sin ambigüedad: Desde el derecho internacional una intervención militar sin autodefensa ni autorización es un hecho ilegal. Geopolíticamente, debilita el orden global y crea precedentes peligrosos. Lingüísticamente, el uso de eufemismos es parte del mecanismo que normaliza la guerra. Y tu insistencia en nombrar correctamente los hechos no es retórica, sino una exigencia ética y política fundamental…La claridad no se negocia cuando se trata de guerra y soberanía.”

Insólita actuación de Laura Fernández candidata

Escrito en . Publicado en Elecciones.

Alberto Salom Echeverría
albertolsalom@gmail.com
Preludio.

He estudiado la política, casi más de lo que la he practicado. Soy un admirador y a la vez defensor de la extensa lucha en todo el mundo de las mujeres por obtener igualdad de derechos civiles y políticos, por ser respetadas integralmente, por haber logrado visibilizar la violencia verbal y el maltrato físico que ejercen millones de hombres en todo el mundo contra ellas. Quienes así actúan no merecen identificarse dentro del género masculino; al contrario de lo que algunos violadores y cobardes creen de sí mismos. El machismo es en mi opinión la más cobarde y sórdida abyección que puede caracterizar a un ser humano. Quien agrede, viola o asesina a una mujer, es sencillamente un depredador de la especie.

La lucha de las mujeres es probablemente la más ética de todas las luchas de la humanidad, por la dimensión de su propósito. Es la más señera en el campo de los derechos humanos, junto con la lucha en contra de la esclavitud. No tiene otro parangón.

Lo cardinal estriba en que la humanidad no podía dar un paso más certero, en la vindicación integral de la especie contra la opresión en general, mientras no se tomara consciencia del derecho de la mujer a la íntegra y plena igualdad respecto del género masculino.

Breve recuento de los movimientos feministas a finales del siglo XVIII

La lucha de las mujeres por su vindicación alcanzó una dimensión colosal a finales del siglo XVIII, primeramente, con los movimientos feministas liberales, los cuales estuvieron centrados en el derecho al sufragio y a la educación. Creo necesario citar la obra de la escritora, dramaturga y filósofa política, la francesa Olympe de Gouges que escribió “Los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana”, en el año de 1791. Olympe destacaría además porque emprendió un movimiento para eliminar definitivamente la esclavitud en Francia. En 1793 moriría decapitada, tan solo por haber defendido los principios de un estado federado.

En el año de 1792, otra extraordinaria mujer, Mary Wollstonecraft, inspirada en Olympe de Gouges escribió con una visión más amplia, una obra que dio pie a que iniciara una cruzada contra el patriarcado, un sistema político excluyente de la mujer, es decir arremetió contra el poder centrado en las relaciones desiguales de poder entre varones y mujeres.

Dos pensadores masculinos de significación en la literatura politológica feminista

El primero de estos pensadores feministas de género masculino en la época de la Ilustración fue el Marqués de Condorcet. Defendió con vigor la igualdad de género, y encontró con razón que la falta de educación femenina era la base de las diferencias entre los sexos.

Por otra parte, John Stuart Mill nació en 1806 en Inglaterra y falleció en 1873 en Francia. Uno de los liberales más influyentes en el siglo XIX. Dada la influencia que recibió de dos de los socialistas utópicos Fourier y Owen, tuvo ciertos devaneos con el socialismo utópico, pero nunca llegó a acercarse al socialismo de Marx, o socialismo científico.

Mill abogó por la emancipación de las mujeres de la hegemonía del patriarcado. Escribió la obra que intituló “La Servidumbre de las Mujeres”; con anterioridad Taylor Mill había escrito “El Sufragio de las mujeres”. Ambos argumentaron similarmente que la desigualdad de género era una injusticia económica, pero también generaba ineficiencia económica. Asimismo, abogaron por reformas legales, el acceso a la educación y la autonomía femenina. Plantearon críticas profundas, agudas en contra del trabajo no remunerado, la brecha salarial entre géneros masculino y femenino y la opresión estructural. Desde el parlamento Stuart Mill abogó por el sufragio femenino, siguiendo en esto al parlamentario inglés Henry Hunt en 1832.

El siglo XX. La lucha de las mujeres en la ONU

En el siglo XX, se desarrolla con mucho ímpetu la lucha de las mujeres en todo el mundo, aunque no ha sido suficiente para erradicar la violencia del patriarcado en su contra, ni el acoso sexual y laboral, tampoco el crimen en ningún continente. No obstante, se ha avanzado en la definición de los principios del feminismo.

El Pacto de las Naciones Unidas definió el empoderamiento de las mujeres en el siglo XX. De este modo se definieron los principales principios entre los cuales citamos:

1.La promoción de la igualdad de género al más alto nivel de dirección.

2. Se prestó atención principal a resguardar el trato a hombres y mujeres en el trabajo en forma igualitaria. En cuenta el principio de a igual trabajo, igual salario.

3.Respetar y defender los derechos humanos y la no discriminación de las mujeres en ningún ámbito de la vida social y laboral.

4. Se debe velar al mismo nivel por la salud, la seguridad y el bienestar entre los trabajadores y las trabajadoras.

5. La promoción de la educación, la formación y el desarrollo profesional de las mujeres debe convertirse en una obligación de los Estados.

6. Deben llevarse a cabo prácticas de desarrollo empresarial, cadenas de suministro y mercadotecnia a favor del empoderamiento de las mujeres, y

7. Es necesario que los gobiernos evalúen y difundan los progresos en favor de la igualdad de género.

Las luchas de la mujer en Costa Rica y la Insólita actuación de Laura Fernández

Pancha Carrasco es la primera mujer que mi recuerdo retiene, representativa de un coraje y una decisión singular. Pancha Carrasco acompañó las luchas patrióticas del Ejército Nacional en el decenio de los años cincuenta del siglo XIX contra los invasores filibusteros en Centroamérica. Más concretamente se integró al Ejército Libertador, convirtiéndose así en un símbolo de entrega y generosidad de la mujer para los anales de la Historia Nacional. En el año de 1994, la Asamblea Legislativa de Costa Rica la declaró “Defensora de las Libertades Patrias”, una heroína que ha moldeado el alma nacional femenina y no se arredra ante nada. Pancha Carrasco puso el listón muy alto, por lo que es difícil de sobrepasar.

No obstante, desde la década de los años veinte del siglo anterior, aparece la figura de Carmen Lyra, otro de los más altos ejemplos de la mujer costarricense que yace en el altar de la Patria junto a Pancha Carrasco y otras como ellas. Carmen Lyra se enfrentó en 1917 a la dictadura de los Tinoco. Trabajó con denuedo con los maestros, organizó marchas y al principio de la década de los treinta fundó junto a otro Benemérito de la Patria, Manuel Mora Valverde el Partido Comunista de Costa Rica. Desde entonces comenzó a promover el derecho al sufragio para las mujeres mayores de edad de Costa Rica. Fundó el primer jardín infantil de nuestro país y lo unió con la lucha por una educación inclusiva. Mediante sus escritos poéticos y en prosa, escribió cuentos para la niñez, y para la población en general promoviendo la crítica social. Murió lejos de la Patria, exiliada, lo que cada segundo le produjo un intenso dolor espiritual.

Otras grandes mujeres de las letras fueron: Ángela Acuña, Emma Gamboa, Luisa González Gutiérrez, Eunice Odio, Yolanda Oreamuno, Emilia Prieto, Lilia Ramos, Adela Ferreto, Lilia González González, Corina Rodíguez, Vitalia Madrigal, Julia Lang, Vera Yamuni Tabush.

La Liga Feminista fue fundada en 1923 y tuvo desde el principio el objetivo de lucha por el voto femenino. Angela Acuña fue la primera presidenta de dicha Liga. El 20 de junio de 1949, la Asamblea Constituyente de Costa Rica aprobó el voto de la mujer. Alrededor del 80% de los diputados votaron a favor de esta enorme conquista.

No cuento con el espacio para continuar narrando toda la heroica y valerosa lucha del movimiento feminista en Costa Rica, pero no puedo poner punto final, sin dejar de sorprenderme por la pusilanimidad de una persona mujer que aspira a la presidencia de nuestro país, que no tuvo el valor de presentarse a la primera de las mesas redondas, la cual fue celebrada en la Benemérita Universidad Nacional. Hablo como ya sabrán de Laura Fernández. Se excusó de presentarse sin haber presentado una disculpa atendible. Les dio la espalda a las mujeres costarricenses, a toda la población que esperaba escucharla, a la Universidad pública costarricense.

Ni siquiera escatimó el menor esfuerzo, a sabiendas que entre los participantes se encontraba otra mujer, de gran valía e inteligencia que jamás declinaría su participación, porque tiene honor para enfrentar los argumentos de otros cuatro candidatos varones, se llama Claudia Dobles Camargo. Así le cedió a Claudia todo el honor como dije, y también la gloria de haber hablado en nombre de la mujer costarricense y, además para todos los que quisieron escuchar el debate. Mis felicitaciones a todos los participantes, pero especialmente para Claudia Dobles quien intervino con gran calidad y dignidad femenina.

Un pacto de honor por la vida y la paz, en conjunto con todos los países centroamericanos

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo.

Alberto Salom Echeverría

Con humildad, como simple ciudadano presento una propuesta a la totalidad de las candidatas y candidatos a la presidencia de la República.

Se trata de una propuesta para actuar mancomunadamente frente al cambio climático y por la paz regional.

En tiempos electorales, los discursos suelen concentrarse en lo urgente: la seguridad, la economía, los servicios públicos. Pero también es el momento para pensar en lo trascendental. Y pocas causas hoy son tan universales, inaplazables y críticas como el combate al cambio climático.

Centroamérica es una de las regiones más vulnerables del planeta ante esta amenaza. Los desastres naturales, cada vez más intensos y frecuentes, afectan nuestra agricultura, desplazan comunidades, deterioran nuestra infraestructura y empujan a miles a migrar. No es una amenaza futura: ya es una realidad.

Por eso, propongo que quien gane la presidencia en las próximas elecciones de febrero 2026, asuma desde el primer día un compromiso visionario: convocar a una conferencia de presidentes centroamericanos para firmar un Pacto de Honor entre nuestros conciudadanos y el mundo.

Un liderazgo que convoque

La propuesta es clara. Que Costa Rica, al asumir el nuevo gobierno, convoque inmediatamente a los mandatarios de la región para construir un bloque centroamericano unido frente al cambio climático y por la paz. No se trata de una alianza política ni económica. Se trata de una declaración conjunta de responsabilidad y visión de futuro.

Primer compromiso: Carbono neutralidad para el 2036

Propongo que este pacto incluya como meta común alcanzar la carbono neutralidad en el año 2036; diez años trabajando como región más allá de las diferencia ideológicas o nacionales. Es tiempo suficiente. Algunos países ya han dado pasos firmes, pero necesitamos cooperación regional, financiamiento conjunto, intercambio tecnológico y una sola voz en la escena internacional.

Que Centroamérica pase de ser una víctima del cambio climático, a convertirse en un bloque líder y propositivo.

Segundo compromiso: ¡Nunca más aceptar la guerra entre hermanos!

El segundo eje de este pacto debe ser una declaración firme y permanente: la guerra no será nunca más un camino aceptable para resolver conflictos entre nuestras naciones. Lucharemos además porque en el mundo tampoco lo sea. Se trata de decir un “no a la primera bala”.

En Centroamérica ya lo hicimos una vez, cuando firmamos los acuerdos de paz en los años 80. Hoy podemos renovar ese compromiso histórico y reafirmar a Centroamérica como una región que defiende el diálogo, la diplomacia y la solución pacífica de los conflictos entre pueblos y naciones.

Una región con propósito compartido

En futuras entregas propondré otros compromisos concretos que podrían fortalecer este pacto regional: una red centroamericana de energía limpia, educación ambiental común, protección compartida de la biodiversidad y cooperación en prevención de desastres naturales.

Pero lo fundamental hoy es esto: necesitamos una visión de futuro común.

Centroamérica puede hablar con una sola voz. Costa Rica puede liderar, como lo hizo una vez en el pasado, no desde la arrogancia, sino desde el sentido de responsabilidad ante nuestros retos comunes. No con discursos solamente, sino con acciones; no en solitario, sino en alianza, donde somos más fuertes y todos ganamos.

¡Un Pacto de Honor Centroamericano no es una utopía: es una necesidad…y podría convertirse en el mayor legado de nuestra generación en este tercer decenio del siglo XXI!

«Gaza: una tregua frágil entre la esperanza y el colapso»

Escrito en . Publicado en Análisis.

Alberto Salom Echeverría

En la Franja de Gaza se ha producido una tregua del conflicto. No más, hasta el momento. Sin embargo, ha sido recibida por la comunidad internacional como un respiro largamente esperado tras meses de violencia, destrucción y desesperanza. No obstante, el aparente alivio humanitario oculta una realidad más compleja: el alto al fuego, aunque necesario y urgente, no es sinónimo de paz duradera. Los análisis de organismos internacionales, expertos en relaciones internacionales y organizaciones humanitarias coinciden en una advertencia común: la tregua es frágil, sujeta a tensiones internas, ambigüedades políticas y una devastación estructural que no se resuelve con silencio de armas.

La tregua es frágil, en primer lugar, porque el actual gobierno de Israel encabezado por Netanyahu representa a una ultraderecha fundamentalista que ha tenido como propósito el exterminio del pueblo palestino. Si ahora se ha comprometido con una pausa en los combates, es solo debido a que su tradicional aliado y soporte en su histórico y constante asedio a los palestinos, los Estados Unidos es el que ha promovido, junto a Egipto, Qatar y Turquía, un cese al fuego.

Pero, es frágil también debido a que el grupo Hamás, dominante en la parte palestina de la Franja de Gaza, facilitó esta vez la criminal y desproporcionada intervención de Israel con su ejército homicida durante casi dos años. Hamás facilitó la incursión asesina del ejército israelí en Gaza, porque arremetió a su vez, inesperadamente en la zona fronteriza de Israel, el 7 de octubre del 2023. Los milicianos de Hamás la emprendieron primero contra una población civil joven que se encontraban en un festival de música Nova; dicho ataque se extendió contra bases militares ubicados en la frontera de Israel, ocasionando muertes y llevándose rehenes a la Franja de Gaza. Todo esto proporcionó un formidable pretexto al ejército de Israel, para desencadenar el genocidio que ha perpetrado contra los palestinos en Gaza, durante casi dos años. Bajo las órdenes del jefe del Estado Netanyahu, se desató un bombardeo indiscriminado contra la población civil, incluyendo niños, adultos mayores, mujeres, de manera inmisericorde y en clara violación de los derechos humanos, desoyendo a la inmensa mayoría de los gobiernos del mundo en Naciones Unidas.

Ambigüedades peligrosas y condiciones precarias

Uno de los principales problemas señalados por analistas como Diana Buttu (ex asesora de negociaciones por la parte palestina) es la ambigüedad de los términos del alto el fuego. ¿Qué significa exactamente una “retirada parcial”? ¿Qué zonas deben considerarse desmilitarizadas? La falta de precisión bien pudo haber sido intencionada, para favorecer a Israel, mediante interpretaciones unilaterales, abrir la puerta a violaciones del acuerdo como las que ya comenzaron a darse desde el martes 16 de octubre. En efecto, Israel fue acusado de violar el cese al fuego con Hamás tras nuevos ataques en Gaza, acometidos en la región de Netzarim.

Al mismo tiempo, la continuidad del alivio humanitario depende casi exclusivamente del apoyo externo. La ONU ha solicitado con urgencia mayores fondos para sostener la ayuda, alertando que, sin un flujo constante de recursos, combustible, medicinas y alimentos, el colapso será inevitable. Además, la reconstrucción apenas ha comenzado: se estima que la guerra ha hecho retroceder el desarrollo económico de Gaza en casi 70 años, según un informe del PNUD.

El valor del cese del fuego: entre lo urgente y lo insuficiente

Desde la implementación reciente del cese del fuego, el acuerdo ha permitido ciertos avances concretos. Se ha reanudado parcialmente la entrega de ayuda humanitaria, han regresado desplazados palestinos a zonas seguras, y se han liberado prisioneros por ambas partes. Naciones Unidas ha descrito la situación como “una esperanza frágil”, y el secretario general António Guterres subrayó que, “la pausa en los combates permite salvar vidas, pero no soluciona las causas del conflicto”.

Organismos humanitarios como OCHA y la OMS habían reportado hasta el día martes de esta semana, progresos modestos pero significativos: puesto que se reabrieron algunos corredores humanitarios, también se volvió a brindar acceso limitado a hospitales y se aligeró la distribución de alimentos, sobre todo a la población palestina más vulnerable. Sin embargo, las cifras siguen siendo desalentadoras: más del 60% de la infraestructura hospitalaria en Gaza está fuera de servicio; las escuelas están severamente dañadas o funcionando como refugios; la falta de agua potable y electricidad mantiene en grave riesgo a millones de personas que permanecen bajo amenaza de que se desate una crisis epidémica de enormes proporciones.

Riesgos latentes: entre la política interna y el terreno en ruinas

La tregua también enfrenta amenazas internas. En Gaza, la gobernabilidad se ha debilitado. Aunque Hamás ha desplegado fuerzas para mantener el orden, los informes indican que aún persiste la actividad de milicias armadas no oficiales, lo que podría generar enfrentamientos internos. En Israel, la presión política interna sigue siendo intensa, y cualquier incidente menor puede escalar en una respuesta militar desproporcionada.

Además, la experiencia previa muestra que muchos altos al fuego se han roto por la acumulación de pequeños incumplimientos, falta de confianza y ausencia de verificación neutral. Sin mecanismos sólidos de supervisión y sin una mediación política seria, el riesgo de una recaída violenta es alto.

Escenarios posibles: de la consolidación a la ruptura

Los expertos coinciden en tres escenarios plausibles:

  1. Consolidación gradual: el más optimista, implica cumplimiento de los acuerdos, reconstrucción parcial y mejoras humanitarias sostenidas. Requiere financiamiento estable, voluntad política y supervisión internacional.
  2. Estancamiento con tensión: parece ser el escenario más probable, según organismos como la ONU y “think tanks” como “International Crisis Group”. El alto al fuego se mantiene, pero bajo condiciones precarias, con frustración social creciente y avances mínimos.
  3. Ruptura parcial o total: si se incumplen los compromisos, se restringe la ayuda o surgen provocaciones armadas, el conflicto podría reanudarse incluso con más intensidad, repitiendo el ciclo de destrucción y genocidio contra los palestinos.

¿Paz o pausa?

La pregunta no es si la tregua es bienvenida, sino si es suficiente. La respuesta, por ahora, es no. Sin un proceso político serio que aborde las raíces del conflicto —ocupación, derechos territoriales, acceso a recursos, autodeterminación, justicia para las víctimas—, la paz seguirá siendo una palabra lejana. El alto al fuego en Gaza no es un fin, sino una oportunidad. Si se aprovecha con inteligencia, humanidad y compromiso real, puede ser el primer paso hacia algo más sólido. Pero si se gestiona con indiferencia o cinismo, principalmente por las potencias occidentales que siempre han apoyado al Estado de Israel, será solo una pausa antes del próximo estallido.

Gaza: Una tregua que no alcanza

Después de meses de horror en Gaza, el alto al fuego recientemente alcanzado ha sido recibido con un alivio evidente por millones de personas en todo el orbe. No es para menos: cualquier pausa en la violencia representa, aunque sea por un momento, la posibilidad de sobrevivir. Sin embargo, por muy necesario que sea este cese de hostilidades, conviene no engañarse. La tregua no es paz. Es, con suerte, una oportunidad. Pero, deseo reiterarlo ahora, también puede convertirse en una peligrosa ilusión.

Los organismos internacionales no han tardado en describir este momento con un término revelador: “esperanza frágil”. El alivio humanitario que se ha logrado —más ayuda entrando, algunos desplazados retornando, liberaciones cruzadas de prisioneros— es real. Pero es también absolutamente precario. Gaza sigue siendo un terreno arrasado: hospitales colapsados, escuelas convertidas en refugios o ruinas, servicios básicos como agua y electricidad prácticamente inexistentes.

Más aún, la tregua se sostiene sobre bases inestables. Los términos del acuerdo son vagos. Aparte de las preguntas ya planteadas, ¿Quién decide cuándo y cuánto se ha cumplido? ¿Qué sucede si una de las partes interpreta que el otro ha fallado? Este tipo de ambigüedades no son meros detalles técnicos. Son combustible para futuras rupturas.

Por lo consiguiente, el riesgo de ruptura lamentablemente es muy real. La historia reciente lo demuestra: “altos al fuego” similares en ocasiones anteriores, han terminado en más violencia porque nunca se resolvieron los conflictos de fondo. El más importante de los cuales es el de la creación del Estado de Palestina en igualdad de condiciones y derechos con Israel y los demás Estados reconocidos por Naciones Unidas. Mientras tanto, en Gaza, se vive bajo una presión insoportable. No hay seguridad real, ni oportunidades, ni verdadera reconstrucción a la vista. La población depende por completo de la voluntad —y los fondos— de la comunidad internacional. Una comunidad que muchas veces se cansa rápido.

Desde Israel, la situación es extremadamente tensa. Las presiones internas sobre su gobierno son intensas, y cualquier paso percibido como débil puede desencadenar respuestas duras. Por otro lado, en Gaza, ya lo expresé, el poder político no es homogéneo. Aunque Hamás intenta controlar el territorio, existen otros actores armados, intereses cruzados, y una población extenuada que ya no cree en promesas.

Entonces, ¿qué sigue?

Es urgente abandonar la idea de que la tregua es un fin en sí mismo. No lo es. Sin un proceso político serio, sin afrontar las raíces del conflicto la ocupación, el bloqueo, los derechos fundamentales, la autodeterminación de los pueblos, no habrá paz verdadera. Solo pausas entre catástrofes. Representantes políticos de la población palestina, deben ser admitidos en las subsiguientes negociaciones, en condiciones de igualdad con los de la parte israelí.

Por tanto, este alto al fuego no debe hacernos bajar la guardia. Debe ser una llamada a actuar con más decisión, más humanidad, más honestidad. Porque si la comunidad internacional, los gobiernos implicados y las organizaciones mediadoras no hacen ahora lo que deben, el precio lo volverán a pagar como siempre los civiles, la parte más débil del conflicto que, evidentemente es la población de Palestina, especialmente la de Gaza. Entonces, el ciclo de destrucción y muerte continuará.

Es necesario que se realice una valoración de las recientes negociaciones para conseguir un alto al fuego en la franja de Gaza que dure lo suficiente para alcanzar una paz verdadera. Para que ello sea posible, es necesario consolidar al menos lo siguiente:

  1. Alto el fuego: Se ha aprobado un alto el fuego entre Israel y Hamás, con mediación internacional. Pero esto, como lo hemos señalado es todavía frágil. Por ahora, existe el reconocimiento de que esa tregua consiste en una fase inicial, con liberaciones de rehenes/prisioneros, entrada de ayuda humanitaria, retirada parcial de tropas y un compromiso formal de actores mediadores.
  2. Expectativas de alivio humanitario: Las agencias de la ONU y organizaciones humanitarias han reaccionado con optimismo moderado. Se espera que haya más provisión de servicios básicos como salud, educación y ayuda para poblaciones afectadas, siempre que se respete lo pactado.
  3. Condición de fragilidad: Ya hay advertencias de que la tregua es frágil. Un alto el fuego no es lo mismo que un tratado de paz, ni garantiza estabilidad a largo plazo.

Asimismo, la ONU considera la situación en Gaza “insostenible” ante las privaciones, los altos niveles de destrucción, hambruna emergente, desplazamientos forzados y gran cantidad de obstáculos, especialmente por parte del ejército de Israel.

Factores que limitan cuán sólida puede ser esta valoración de “paz”

  1. Falta de garantía de cumplimiento: Las partes (Israel, Hamás) tienen diversos intereses estratégicos, militares, políticos, y desafíos internos que pueden hacer que comprometerse a un alto al fuego sea más fácil que mantenerlo. Verificar y hacer cumplir los acuerdos en zonas de conflicto es muy difícil. Debe tenerse presente que, por ahora, este no es un tratado de paz completo, ya que no se ha resuelto lo fundamental: ocupación, derechos territoriales, estatus político, seguridad, justicia para víctimas, control de fronteras, etc.
  2. Dependencia de los actores externos: Señales de mediación o presión internacional son importantes, pero la sostenibilidad del alto al fuego depende de factores externos como apoyo humanitario constante, la presión diplomática, fondos, supervisión internacional. Si alguno de estos flaquea, podría romperse la tregua.
  3. Daño estructural profundo: Gaza sufre destrucción masiva de infraestructura, crisis humanitaria severa, crisis económica. Reconstruir tomará mucho tiempo, recursos y cooperación política. Hasta que esto no se atienda, el “estado de paz” será muy precario.
  4. Riesgo de reactivación del conflicto: Las interrupciones previas, violaciones de treguas o pausas, contraataques, provocaciones, etc., muestran que hay un alto riesgo de que el conflicto se reactive si no hay un marco político más profundo para evitarlo.

Factores que coadyuvan con el cese del fuego alcanzado hasta ahora

  1. Mantener la tregua hasta que sobrevenga una nueva fase de negociación. En términos de reducción inmediata de violencia, la tregua es un avance importante. Evita muertes adicionales, al menos por un tiempo, permite acceso humanitario, alivio para la población más afectada, como son los palestinos.
  2. Fortalecer en esta fase de “cese del fuego” la valoración de lo alcanzado. En cuanto a estabilidad a mediano y largo plazo, la valoración es un tema crítico y álgido. Para superar esta coyuntura hay muchas condiciones previas que deben cumplirse: reconstrucción, acuerdos políticos, garantías mutuas, verificación, protección de civiles.
  3. Aprovechar bien la tregua: Si bien por ahora se trata de una paz temporal y frágil, la situación posee un potencial importante, si se aprovecha bien; pero debe quedar claro, por las razones antes esgrimidas, no es fiable aún para decir que “la paz está garantizada”. Podría romperse si ciertos actores no cumplen, si la comunidad internacional no se compromete de manera sostenida, o si nuevos hechos reavivan la tensión.
  4. Se deben incorporar actores directos de las partes en conflicto en las negociaciones pendientes. Con ello, más el aporte de nuevos recursos de países que se han pronunciado por la paz, para invertir en la reconstrucción, lograr accesibilidad en todos los territorios, para que la población desplazada pueda regresar y rehabilitarse, se puede ayudar a evitar la reanudación de las hostilidades.

Conclusión

  1. Naciones Unidas y su secretario general han definido el cese del fuego como una “esperanza frágil” (“fragile hope”) tras un periodo de enorme destrucción. Algunos datos revelan que en ciertas zonas de la franja de Gaza la destrucción de Infraestructura alcanza hasta el 70%. Por lo que hay servicios básicos insuficientes, entre ellos los más importantes son sin duda, hospitales, redes de agua, saneamiento, electricidad y escuelas. La reconstrucción tomará tiempo, recursos enormes y coordinación efectiva. Si la población sigue viviendo en condiciones muy adversas, crece la presión social por la frustración
  2. Dependencia de ayuda internacional y financiación constante. Que entre ayuda es necesario, pero no suficiente. Se necesita que la ayuda siga fluyendo sin interrupciones, que haya combustible, medicinas y alimentos. Si hay bloqueos, limitaciones políticas o logísticas, los avances se revertirán.
  3. Es urgente definir con precisión las “Fases subsiguientes del acuerdo”, así como el cumplimiento de compromisos. Muchos acuerdos de cese del fuego tienen etapas: liberación de prisioneros, retirada de tropas, verificación de zonas o restauración de la gobernanza. Si una de las partes no cumple con lo acordado (por ejemplo, retirada militar, control efectivo, regulaciones de seguridad, desarme parcial, etc.), se puede romper la confianza que se haya logrado alcanzar en un momento determinado.
  4. En situaciones de conflicto, cuando las estructuras se colapsan, surgen grupos armados, disputas locales, saqueos, etc. La restauración de la ley, la autoridad civil o de gobierno es un reto. Si no se mantiene el orden interno, la inseguridad puede desencadenar nuevas tensiones.
  5. Presión política interna (en Israel, en grupos palestinos, en actores regionales). Las decisiones de las partes involucradas dependen también de lo que pase internamente: opinión pública, régimen político, fuerzas miliares, presiones de coaliciones. Si hay cambios de gobierno, protestas, u otros eventos que modifiquen las prioridades, los acuerdos pueden perder vigencia.
  6. Es preciso tener previstos mecanismos de supervisión, verificación y mediación. En otras palabras se trata de establecer un monitoreo independiente, permanente y transparente por parte de actores internacionales que puedan verificar que los términos se cumplan, esto se torna crucial. Sin verificación confiable, es fácil que se alegue incumplimientos y se dispare el conflicto.

En suma, el alto al fuego ofrece un respiro real, con mejoras humanitarias importantes que eran casi imposibles de mantener durante el conflicto activo.
Sin embargo, la paz es frágil: depende de muchos detalles logísticos, políticos y del comportamiento de las partes, y hay muchos riesgos de que se degrade rápido si no se gestiona adecuadamente cada uno de los acuerdos con sus metas comprobables.

Lo más probable es que veamos una mezcla entre los siguientes factores: algunas etapas exitosas (ayuda, retornos, reconstrucción pequeña), junto con desafíos persistentes, demoras e incidentes. Que el alto al fuego dure “bien” requerirá un compromiso fuerte y continuo, tanto interno como de la comunidad internacional.

Sostenibilidad y sustentabilidad como conceptos complementarios en el desarrollo contemporáneo: Una propuesta (Énfasis en la participación ciudadana)

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo.

Alberto Salom Echeverría

Marco Conceptual

1. Introducción

En el debate contemporáneo sobre desarrollo, los conceptos de sostenibilidad y sustentabilidad ocupan un lugar central. Aunque a menudo son utilizados como sinónimos, existen matices semánticos y enfoques teóricos que permiten establecer distinciones relevantes entre ambos términos. Esta propuesta parte de la premisa de que, si bien dichos conceptos pueden ser diferenciados en su énfasis y alcance, deben ser entendidos como complementarios y no excluyentes, especialmente al momento de formular estrategias de desarrollo inclusivas, duraderas y contextualizadas. A esta distinción se suma una tercera dimensión esencial: la participación ciudadana como eje transversal y articulador del desarrollo.

2. Valor semántico de los conceptos

Las palabras no son neutras: encierran significados que orientan las políticas, definen prioridades y reflejan visiones del mundo. En este sentido, es útil revisar el valor semántico de sostenibilidad y sustentabilidad como parte de un análisis crítico del discurso sobre el desarrollo.

• El término sostenibilidad proviene del verbo sostener, asociado con la capacidad de mantener un equilibrio en el tiempo. En el contexto del desarrollo, se refiere comúnmente a la capacidad de una sociedad para crecer y evolucionar sin comprometer los recursos y derechos de futuras generaciones.

• Por otro lado, sustentabilidad, derivado de sustentar, connota apoyo, base o fundamento. Su uso en América Latina ha adquirido una connotación particular que enfatiza no solo la continuidad temporal del desarrollo, sino también la equidad social, la inclusión de los sectores históricamente marginados y la preservación del entorno local.

3. Marco teórico de la sostenibilidad

El concepto de desarrollo sostenible fue popularizado por el Informe Brundtland (ONU, 1987), que lo definió como “el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las suyas”. Desde entonces, ha sido adoptado por organismos internacionales como la ONU, la Unión Europea y el Banco Mundial.

Este enfoque se articula en torno a tres pilares fundamentales:

1. Crecimiento económico: generación de riqueza y empleo.

2. Equidad social: mejora de la calidad de vida y reducción de desigualdades.

3. Protección ambiental: uso racional de los recursos naturales.

La sostenibilidad, desde esta óptica, es una estrategia de equilibrio estructural, que busca garantizar la estabilidad sistémica a largo plazo.

4. Enfoque crítico de la sustentabilidad

En América Latina y otros contextos del Sur Global, ha emergido una lectura crítica del desarrollo, que ha resignificado el término sustentabilidad.

Autores como Arturo Escobar, Enrique Leff y Boaventura de Sousa Santos han planteado que la sustentabilidad no puede limitarse a mantener un modelo económico viable, sino que debe implicar una transformación estructural basada en:

• Justicia ecológica y social.

• Respeto a la diversidad cultural y territorial.

• Participación ciudadana de comunidades locales.

• Autonomía en la gestión de recursos.

La sustentabilidad incorpora una ética del cuidado y un compromiso con la equidad intergeneracional e intrageneracional, particularmente en contextos históricamente afectados por la desigualdad, el extractivismo y la marginalización.

4 bis. La participación ciudadana como eje articulador del desarrollo sostenible y sustentable

Tanto la sostenibilidad como la sustentabilidad, en sus distintas aproximaciones, requieren de un componente esencial para su realización práctica: la participación de la ciudadanía en forma activa. Sin esta, cualquier modelo de desarrollo corre el riesgo de volverse tecnocrático, excluyente o desconectado de las realidades territoriales.

Participación y sostenibilidad

Desde el enfoque institucional, la sostenibilidad requiere mecanismos de gobernanza participativa para que las decisiones de largo plazo respondan a las necesidades reales de la población. La Agenda 2030, por ejemplo, destaca que los ODS deben ser alcanzados con la implicación de todos los actores: gobiernos, sector privado, academia y, fundamentalmente, la ciudadanía enfatizando en este caso en los sectores populares tradicionalmente excluidos. Han de buscarse con denuedo mecanismos de organización y capacitación para involucrarlos en las tareas del desarrollo.

Participación y sustentabilidad

En el enfoque más crítico y transformador de la sustentabilidad, la participación adquiere un carácter aún más central. Se entiende no solo como consulta o validación, sino como cogestión, empoderamiento y ejercicio de poder colectivo. La sustentabilidad implica que las comunidades tengan capacidad real para decidir sobre el uso de sus recursos, sus territorios y su futuro.

Tipos y niveles de participación

Es importante distinguir entre participación simbólica o consultiva y participación sustantiva, en la cual los actores sociales inciden efectivamente en el diseño, implementación y evaluación de políticas. Esta última requiere:

• Transparencia en la gestión pública.

• Acceso equitativo a la información.

• Espacios institucionalizados de diálogo y deliberación.

• Mecanismos de control ciudadano y rendición de cuentas.

Implicaciones en el contexto latinoamericano

En América Latina, la participación ciudadana ha sido clave para impulsar agendas ambientales y sociales alternativas, desde asambleas territoriales hasta presupuestos participativos. En países como Costa Rica, donde existe un cierto grado de organización civil y ambientalismo activo, profundizar la participación es esencial para garantizar que las estrategias de desarrollo no solo sean técnicamente viables, sino también socialmente legítimas y ecológicamente justas.

5. Implicaciones prácticas en América Latina

En la región latinoamericana, los términos se han aplicado de forma diferenciada según contextos institucionales y culturales:

• Sostenible es más usado en el ámbito internacional y tecnocrático, en planes nacionales y en la adopción de los ODS.

• Sustentable aparece con mayor frecuencia en el discurso académico, comunitario y ambientalista, con un enfoque más crítico y territorial.

Lejos de ser términos contrapuestos, pueden entenderse como dos niveles complementarios:

• Lo sostenible como estructura de largo plazo que garantiza viabilidad.

• Lo sustentable como proceso transformador que garantiza equidad y arraigo social/ecológico.

• Y la participación ciudadana como el vínculo que articula ambos enfoques y permite su legitimidad democrática.

6. Aplicación sugerida al caso costarricense

Costa Rica había conseguido importantes avances en la incorporación de ambos enfoques:

• A nivel institucional, había adoptado formalmente los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y había empezado a establecer mecanismos de gobernanza para su implementación. Sin embargo, en estos últimos tres años y medio, merced al populismo y autoritarismo del gobierno, tales iniciativas se detuvieron y se vieron reemplazadas por decretos verticales, mediante los que se buscó manipular a sectores populares con poses demagógicas y gritos estentóreos.

• A nivel local y comunitario, diversas iniciativas se habían impulsado por medio de prácticas sustentables, como la agroecología, la conservación comunitaria, el turismo rural y la gestión participativa de los recursos naturales.

• A través de programas como la Red Cantones Promotores de los ODS y el Pacto Nacional por los ODS, el país ha de generar experiencias de gobernanza compartida, que, a partir de lo que se había logrado, deben ser ampliadas y profundizadas mediante el fortalecimiento de la participación ciudadana.

Esta dualidad puede ser aprovechada para diseñar nuevas políticas públicas que integren lo estructural con lo local, lo económico con lo ecológico, y lo técnico con lo ético.

7. Conclusión

Distinguir entre sostenibilidad y sustentabilidad no implica contraponer modelos, sino enriquecer el análisis del desarrollo desde múltiples dimensiones. Mientras la sostenibilidad se enfoca en la viabilidad estructural y temporal de los sistemas sociales y ecológicos, la sustentabilidad aporta una mirada ética, inclusiva y transformadora, orientada por la justicia ambiental y social.

La participación ciudadana, en este marco, constituye el puente necesario para que ambos enfoques se traduzcan en procesos reales, democráticos y enraizados en los territorios, garantizando legitimidad, corresponsabilidad y capacidad de transformación.

¿Había que desaforar necesariamente al presidente?

Escrito en . Publicado en Análisis.

Alberto Salom Echeverría

Costa Rica contempla en su artículo 148 Constitucional, el aforo o inmunidad en favor del presidente de la República. Esto significa que en caso de que, a juicio del fiscal general se le deba procesar ante la presunta comisión de un delito, solamente el Ministerio Público por medio de este fiscal general, que es bajo cuya responsabilidad se acopia la información, puede solicitar ante la Asamblea Legislativa el desafuero (o sea, quitarle la inmunidad al presidente), con el fin de que el primer poder de la República conozca del asunto. Cuando así ocurra, el Congreso integrará una comisión para recomendar al plenario lo que considere pertinente. Una vez que la comisión llegue a un veredicto concluyente, lo remitirá para ante el presidente legislativo, con el objeto de que éste, a su vez, lo someta a la consideración del pleno de los diputados, compuesto por los 57 legisladores.

El pleno solamente podrá resolver desaforar al presidente, cuando el informe de la comisión haya sido aprobado por la mayoría de sus miembros y luego sea remitido al plenario legislativo, donde deberá ser aprobado por dos terceras partes del total de los diputados de la Asamblea. El presidente de la República, si lo desea podrá comparecer ante los diputados en su defensa, mas no está obligado a ello. En el caso de que no se reúna la mayoría calificada de 38 votos, el asunto se tendrá por rechazado y el proceso se detendrá hasta que el titular de la presidencia de la República haya concluido el período para el cual fue electo.

¿Está obligado el fiscal general a someter la solicitud de desafuero a la Asamblea Legislativa, si posee indicios claros de que ha habido la comisión de un delito por parte del presidente de la República?

En general la jurisprudencia considera que hay tres planos para analizar la cuestión y resolver si merece o no que el Ministerio Público por medio de la fiscalía someta el desafuero a la consideración de la Asamblea Legislativa:

Lo legal. No existe ni en la Constitución de la República, ni en el Código Procesal Penal, una ley o consideración que exprese que el fiscal general posee la obligación de someter para ante la Asamblea Legislativa el levantamiento del fuero presidencial (para la formación de causa), tras haber detectado indicios de un delito. Por otra parte, el presidente no podrá ser procesado penalmente mientras esté en el ejercicio de sus funciones, excepto que, el pleno de la Asamblea mediante mayoría calificada declare que hay lugar a formación de causa, de acuerdo con el artículo 148 constitucional.

Lo jurídico-práctico. ¿Qué pasa si el fiscal decide no someter el desafuero al presidente de la República, a la consideración del Poder Legislativo, a pesar de haber acumulado indicios de que éste hubiere cometido algún delito?

Si no hay tal solicitud de parte del fiscal, significa que ningún tribunal penal podrá investigar, ni juzgar al presidente mientras esté en funciones. Pero debe quedar claro que, tanto cuando el fiscal se abstenga de someter el asunto a consideración de la Asamblea, como cuando este primer poder de la República, habiéndose sometido a su consideración el desafuero, no obtenga la mayoría calificada de 38 votos necesaria para iniciar la formación de la causa, en ninguno de estos dos casos implica que el presidente haya quedado absuelto del delito o los delitos que se le imputan. El proceso causal se detiene por un tiempo, y se reiniciará en los tribunales comunes, cuando legalmente el funcionario concluya su mandato. Por otra parte, el ciudadano común puede solicitar también el desafuero contra el presidente. Sin embargo, por la naturaleza o importancia de la persona que se intenta acusar, se requiere de un respaldo jurídico serio, de modo que, sin el aval del Ministerio Público, se considera muy difícil que la iniciativa ciudadana prospere.

El plano ético y funcional. Aquí la jurisprudencia considera que, dada la responsabilidad institucional que tiene ante sí y ante la ciudadanía el fiscal general, siempre que tenga indicios sólidos o fundados contra la figura del presidente, en el sentido de que ha incurrido en algún delito, tiene el deber de someter el caso ante la Asamblea Legislativa; esto implica al menos lo siguiente:

-Debe abrir el Ministerio público bajo la dirección del fiscal, una investigación preliminar, sin violar los límites del aforo.

-Lo anterior lo conduce necesariamente al imperativo de recabar toda la evidencia que le sea posible, como para justificar la solicitud de la formación de causa.

-Por lo general, las dos premisas anteriores son base firma para que el fiscal proceda a presentar la solicitud a la Asamblea Legislativa, o sea con base en la evidencia acumulada. Solo razones excepcionales inhibirían al fiscal de proceder conforme lo dicho, por cuanto el fiscal está sometido también a control, en primer término, por parte del Poder Judicial al que se debe. Si tiene evidencia seria y no procede a elevar el asunto a la Asamblea, podría considerarse que el fiscal ha incurrido en una falta grave por omisión de deberes o encubrimiento.

En resumen, podemos decir que el fiscal general no está obligado legalmente a pedir el levantamiento del aforo; prácticamente, es el único actor que posee legitimidad para hacerlo con eficacia, desde el punto de vista ético, si tiene indicios suficientes acumulados, contra el presidente, por el bien del estado de derecho y por transparencia, debe proceder, so pena de hacerse cómplice del delito de encubrimiento o complicidad.

Celebremos el día de la niñez, pero antes miremos su pobreza

Escrito en . Publicado en Derechos.

Alberto Salom Echeverría

Introducción

Me niego a pensar que exista solo un día dedicado a la niñez; ese día, no es solo uno, son todos los días, o deberían serlo. Si se ha decretado uno, celebrémoslo. Pero puesto que los niños y las niñas en todo el mundo son el futuro de la humanidad, mientras haya hambre y ellos la sufran; mientras existan las guerras y el genocidio, como hoy en Gaza, donde se ocasiona la muerte de tantos pequeños inocentes a los que no se les puede culpabilizar de nada; en tanto no exista atención oportuna en salud para atender a un niño enfermo, para darle amparo a los que han sido abandonados, habrá más de un millón de razones para que, con preferencia, nuestra atención esté puesta en la niñez.

Sí, es justo que les rindamos homenaje a nuestros hijos pequeños, a nuestros nietos, dotándolos, eso sí, desde temprano en una consciencia solidaria; lo que implica no descuidar jamás el sufrimiento de los hijos de las familias más vulnerables, que necesitan de nuestro apoyo para salir adelante. Todo niño o niña tienen el derecho a estudiar, pues que se les dé el estudio, no convirtamos los preceptos constitucionales en letra muerta. Todos los niños poseen el derecho a la salud, que la reciban; tienen el imperativo de recibir una buena alimentación, que se les proporcione con abundancia; tienen que jugar, que se les abran los espacios; tienen que recibir amor, propiciémoselos, démoselos; tienen que reír y sonreír, es decir tiene el derecho a la felicidad, igual que los nuestros, ayudemos a crear las mejores condiciones para que todos tengan el derecho al goce. Para ellos, cada día, cada semana, cada mes, cada año tiene que ser mejor que el anterior. Entonces, y solo entonces podremos celebrar con honradez el día de la niñez.

1.Pobreza infantil

Sin embargo, ¿cuál es la realidad que nos circunda? Según el último informe del Estado de la Nación, en 2023 aproximadamente el 38 % de los menores de edad vivían en pobreza; constituyó un aumento de más de cuatro puntos porcentuales en diez años, dado que, en el 2013, se registró un porcentaje del 34 % de infantes sumidos en la pobreza. Estos datos sitúan a Costa Rica como el país con la incidencia más alta de pobreza infantil dentro de la OCDE.

La UNICEF por su parte indica que un tercio de los menores de 18 años, es decir, cerca de 448. 000 niños, crecen en hogares pobres, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO).

2. Pobreza infantil extrema

Datos del INEC reportan que alrededor del 13,5 % de los niños viven en pobreza extrema, siendo Limón una de las provincias más afectadas (más de 18 000 menores se encuentran padeciendo esta situación extrema).

3. Índices de instituciones internacionales

Según la plataforma Zip Atlas, la incidencia de pobreza infantil en Costa Rica (menores de 16 años) osciló en un porcentaje mayor al 17% en 2024. No son datos comparables con los anteriores porque las edades que se toman como límite son diferentes. En un caso se trata de los menores de 18 años y en el otro se refiere a los menores de 16 años.

A su vez, para los menores de 5 años, la tasa está un poco por debajo del 16,9 %.

Un estudio de la OCDE cifra en 37 % el porcentaje de niños que no disponen de recursos suficientes para cubrir sus necesidades básicas, lo que coloca a nuestro país -como ya se dijo- en el último lugar de la OCDE.

Datos de pobreza en el Contexto nacional.

Mientras que, en términos generales, la pobreza total en el país alcanzó su nivel más bajo desde 2010, reduciéndose al 18 % en 2024 y la pobreza extrema bajó al 4,8 %; sin embargo, estas mejoras no se reflejan proporcionalmente entre los menores, quienes enfrentan una situación más crítica que el total de los hogares en general.

1. Pobreza infantil y desigualdad territorial

• Según datos de UNICEF e INEC (del año 2022), 455 508 niñas, niños y adolescentes vivían en condición de pobreza, siendo los más afectados quienes tienen entre 0 y 5 años.

• En ese año, de acuerdo con la UNICEF la pobreza infantil rondaba el 39 %, -un dato muy similar al proporcionado por el informe del Estado de la Nación para el 2024- afectando a un alto porcentaje de la población menor de cinco años.

• Además, la pobreza extrema también incide, especialmente en hogares con jefatura femenina, llegando a alcanzar cerca del 13 % de la niñez.

• Las zonas con mayor vulnerabilidad incluyen cantones costeros y fronterizos como Coto Brus, Matina, Pococí, Talamanca, Buenos Aires, Golfito, Guatuso, La Cruz, Los Chiles y Osa.

2. Educación: retrocesos profundos

• El 33,5 % de niñas, niños y adolescentes (entre los 6 y los 17 años), no están en educación formal o enfrentan un rezago escolar significativo.

• El Informe Estado de la Educación 2025 alerta de una crisis educativa muy grave, con:

• 96 % de estudiantes en instituciones públicas que fueron reportados con un desempeño insuficiente en matemáticas (De acuerdo con la evaluación PISA 2022).

• Solo 57 % alcanza el nivel esperado en comprensión lectora en quinto grado, y apenas 25 % en secundaria.

3. Otros datos relevantes.

• Se observa además una caída muy fuerte en la inversión educativa, que ha tenido “la peor caída de las últimas cuatro décadas”. Las becas para estudiantes en condición de pobreza se han reducido un 35 %.

• En zonas rurales, las desigualdades se agravan: solo 8 % de escuelas primarias públicas ofrecen el currículo completo.

• La llamada “pobreza de aprendizajes” está muy extendida: el 62 % de docentes de cuarto grado reportan que la mayoría de sus estudiantes no comprenden textos simples; el 70 % señala deficiencias graves en escritura.

• Según el Dashboard de UNICEF para indicadores relacionados con la niñez (SDGs):

Solo 54 % de los niños al final de primaria alcanzan la competencia mínima en lectura.

• Apenas 21 % alcanza la competencia mínima en matemáticas.

4. Salud infantil y bienestar general

Indicadores incluyen:

Retraso en crecimiento (standing) en niños menores de 5 años: 10 % (según datos del 2022).

Desnutrición aguda (wasting): 2 % (de acuerdo con datos del 2018).

Sobrepeso infantil: 8 % (con datos del 2022).

Cobertura en vacunación DTP3: 95 %; MCV1: 90 % (2022).

Mortalidad por debajo de cinco años: 8 por cada 1 000 nacidos vivos (2021).

Mortalidad neonatal: 5 por cada 1 000.

En materia de protección:

Cerca del 49 % de niños entre 5 y 17 años han experimentado castigos físicos o agresiones psicológicas por parte de sus cuidadores.

En el primer semestre tras el inicio de la pandemia, crecieron las denuncias en PANI:

Negligencia educativa +73 %

Explotación sexual +44 %

También aumentaron la negligencia para atender casos en salud, abuso sexual e ideación suicida en torno a +28 %.

4. Protección social e institucionalidad

Las instituciones de protección social para atender las demandas de la niñez en condiciones de desamparo, o de las mujeres embarazadas en situación de pobreza, han devenido insuficientes en nuestro país. Las demandas de atención van creciendo mientras los presupuestos de esas instituciones no alcanzan.

El Patronato Nacional de la Infancia (PANI), creado en 1930, es la principal institución de protección de la niñez en el país, complementada por el Código de la Niñez y Adolescencia (1998).

El programa integral de atención de los CEN-CINAI atiende a niñas, niños y mujeres embarazadas, ofreciendo nutrición y estimulación temprana. Dispone de 625 centros y más de 171 890 beneficiarios.

Conclusión

No pretendo haber sido exhaustivo en el examen de la situación de la niñez en Costa Rica. Sin embargo, con la información proporcionada, considero que ha sido suficiente para mostrar un enorme rezago en el bienestar y la atención de la niñez en Costa Rica. En la mayoría de los casos, los problemas en casi todos los órdenes han recrudecido, y el Estado se muestra incapaz de hacer frente con eficiencia a las necesidades reportadas. En otras palabras, las políticas públicas van a la zaga de los problemas que han ido creciendo.

Nada ganamos enfrascándonos en una suerte de sentimiento colectivo de culpabilidad, porque así no resolvemos los problemas. He actualizado la información para ayudar a que la ciudadanía conozca los problemas actuales y pueda atender mejor las necesidades de nuestra niñez desde el mismo momento en que nacen o, quizás desde antes. De ahí que cada 9 de setiembre debe ser un momento propicio para que las instituciones que tiene incumbencia en la atención de nuestros párvulos rindan cuentas ante la sociedad y, los responsables de crear las leyes y ejecutar las políticas, hagan lo propio en esta materia. A su vez cada uno de nosotros, cada familia debe esforzarse por tomar consciencia y apoyar todas aquellas políticas que haga falta enfrentar y apoyar una transformación de la sociedad en estos campos con una perspectiva integral.

Relato de yerros y aciertos del gobierno de Rodrigo Chaves Robles

Escrito en . Publicado en Análisis.

Alberto Salom Echeverría 

Introducción: Entre la expectativa y la decepción

El ascenso de Rodrigo Chaves Robles a la presidencia de la República se dio en un contexto marcado por el desencanto hacia los partidos tradicionales y el deseo de ruptura con las élites políticas que, durante décadas, ejercieron el poder en Costa Rica. Para muchos ciudadanos, su elección representó una oportunidad para “sacudir el tablero”, para oxigenar la política y enderezar rumbos torcidos por la corrupción y la ineficiencia estatal. Sin embargo, a más de la mitad del mandato, la evaluación de su gobierno arroja un balance mixto en donde, aunque hay algunos logros formales, prevalecen las señales de alarma en lo político, económico, institucional y social.

Aciertos

  1. Cierta estabilidad macroeconómica

Uno de los argumentos que esgrime el gobierno como su mayor logro es la estabilidad de algunos indicadores macroeconómicos. El crecimiento proyectado del 4% del PIB para 2025 y una inflación relativamente controlada se destacan como señales de buena salud económica. Para sectores empresariales y organismos internacionales, esto representa una señal positiva.

No obstante, este crecimiento está concentrado en sectores altamente privilegiados como las zonas francas, que operan al margen de las cargas tributarias nacionales y no generan encadenamientos significativos con la economía interna. Por tanto, aunque hay una “ilusión de bonanza”, esta no se traduce en una mejora real para la mayoría de los ciudadanos.

  1. Comunicación directa con sectores populares

Chaves ha sabido conectarse con ciertos segmentos sociales, particularmente con sectores de bajo nivel educativo y con un fuerte resentimiento hacia la clase política tradicional. Su estilo confrontativo y su discurso “antipolítico” han tenido impacto, construyendo una base de apoyo que, aunque menguante, sigue vigente.

Yerros

  1. Precarización del empleo

Aunque el gobierno celebra una reducción histórica en las cifras de desempleo, el detalle fino de los datos revela una realidad más sombría: la mayoría de los nuevos empleos se ubican en el sector informal (138.000 de ellos en 2024), mientras que solo 12.000 se generaron en el sector formal, según datos de la CCSS. Esto implica que muchos trabajadores no tienen acceso a seguridad social, crédito ni estabilidad laboral.

El gobierno ha optado por presentar estas cifras sin el necesario análisis cualitativo, desfigurando la realidad y promoviendo una narrativa de éxito sustentada en datos mal interpretados o manipulados.

  1. Deriva autoritaria y desprecio por la institucionalidad

Una de las acusaciones más graves contra el gobierno de Chaves es su permanente tensión con los otros poderes del Estado y organismos autónomos: Poder Legislativo, Poder Judicial, Contraloría General de la República, Fiscalía General, e incluso la prensa libre.

El irrespeto por la división de poderes y los reiterados intentos de concentrar funciones en el Ejecutivo, han sembrado dudas sobre su apego a los principios democráticos. Muchos advierten señales de autoritarismo en su gestión, lo que genera un ambiente político polarizado y beligerante.

  1. Crisis de seguridad e impacto del narcotráfico

En un contexto de creciente desigualdad y abandono social, el narcotráfico ha logrado penetrar comunidades vulnerables, particularmente en zonas rurales y urbanas marginadas. Jóvenes fuera del sistema educativo se convierten en presa fácil del crimen organizado, generando un aumento sostenido de la violencia y el debilitamiento del tejido social.

A pesar de la gravedad del fenómeno, el gobierno ha fallado en presentar estrategias eficaces, integrales y sostenidas para enfrentar esta amenaza estructural.

  1. Intento de regresión ambiental

El intento del gobierno de autorizar la exploración y eventual explotación petrolera y gasífera representa un retroceso peligroso para un país que ha construido su imagen internacional sobre una marca verde. Costa Rica ha sido un referente mundial en sostenibilidad, y alejarse de ese camino por intereses de corto plazo y dudosa rentabilidad económica, podría significar un daño irreparable a su reputación y ecosistemas.

  1. Asfixia presupuestaria a la educación y la cultura

El debilitamiento del sistema educativo público se presenta como uno de los más graves síntomas del deterioro institucional. El gobierno ha incumplido con la asignación constitucional del 8% del PIB a la educación y ha promovido recortes presupuestarios a la cultura, reduciendo su asignación del 0.86% al 0.3%.

Esto no solo limita el acceso y la calidad de la educación, sino que erosiona las capacidades del país para formar ciudadanos críticos, informados y creativos. La subejecución presupuestaria, además, parece ser consecuencia de una gestión ineficiente dentro del propio Ejecutivo.

  1. Desinformación desde el poder

El estilo comunicacional del presidente, centrado en conferencias de prensa semanales de corte farandulero y en mensajes populistas, ha creado un clima enrarecido donde la desinformación y la manipulación de datos se convierten en política de Estado. Esto mina la confianza ciudadana en las estadísticas oficiales y atenta contra la transparencia democrática.

Epílogo: ¿Hacia dónde vamos?

Rodrigo Chaves llegó al poder enarbolando una bandera de cambio, pero sus acciones han estado marcadas más por la confrontación que por la construcción. La falta de visión estratégica, el uso electoralista de los datos, el debilitamiento institucional y el desinterés por el impacto social de sus políticas dibujan un cuadro preocupante.

Si bien aún conserva algún respaldo, su capital político se desgasta aceleradamente. Costa Rica, país de larga tradición democrática, enfrenta hoy el desafío de preservar sus instituciones frente a los impulsos autoritarios, y de reconstruir un pacto social basado en la equidad, el conocimiento, la transparencia y el respeto al Estado de Derecho.

Costa Rica ante el Tratado de Libre Comercio con los EE.UU. Un balance entre oportunidades y límites

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Alberto Salom Echeverría

La firma del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (en adelante TLC CAFTA-DR), ratificado por Costa Rica en 2009, se nos dijo que marcaría un punto de inflexión en la política comercial del país. Hasta entonces, la relación con el principal socio comercial —Estados Unidos— se sustentaba en otros instrumentos jurídicos como el de la Iniciativa para la Cuenca del Caribe (ICC), un régimen unilateral creado por EE. UU. para otorgar acceso preferencial a productos provenientes de economías en desarrollo. Sin embargo, la transición hacia un tratado vinculante y bilateral no estuvo exenta de tensiones. En este contexto, resulta clave analizar las ventajas y desventajas que trajo consigo el TLC para Costa Rica, considerando, además, la evolución de su balanza comercial con Estados Unidos antes y después del tratado.

Ventajas ¿reales o aparentes?: estabilidad, inversión y diversificación exportadora

Como creo haberlo dejado claro en el artículo anterior, los principales líderes del “Movimiento del sí al TLC”, siempre aseguraron que, con este Tratado Comercial, se daba un paso seguro para movernos de un marco comercial revocable a un régimen que sería supuestamente estable y legalmente protegido. La ICC, aunque beneficiosa en su momento, dependía enteramente de decisiones unilaterales del Congreso o del Ejecutivo estadounidense. En contraste, -se nos dijo- que, el TLC CAFTA-DR había establecido reglas claras, derechos recíprocos y procedimientos jurídicos vinculantes, lo cual ofrecía seguridad jurídica a los inversionistas y previsibilidad a los exportadores costarricenses. Los gobiernos costarricenses a partir del 2009 promovieron entonces políticas públicas mediante las que, se produjo un notable crecimiento de la inversión extranjera directa, especialmente en sectores como tecnología, manufactura avanzada y servicios. Pero hemos de tener en cuenta, asimismo, los problemas que el Tratado trajo consigo, en especial ahora, que las imposiciones unilaterales de aranceles del señor Trump a todos sus socios comerciales, colocan a los demás países que comercian con los EE. UU, pero muy especialmente a socios mucho más débiles como los centroamericanos y del Caribe, en una situación verdaderamente calamitosa. Veamos primero las recompensas que derivamos del TLC.

El tratado facilitó en estas últimas dos décadas, la diversificación del aparato exportador costarricense. Recordemos que, antes del TLC, las exportaciones hacia EE. UU. se concentraban en productos agrícolas tradicionales como café, banano y azúcar. Tras su entrada en vigor, Costa Rica amplió su portafolio exportador hacia bienes de mayor valor agregado, como dispositivos médicos, servicios empresariales, tecnología y componentes electrónicos. Según datos del Ministerio de Comercio Exterior (COMEX), en 2006 (años previos a la entrada en vigor del TLC CAFTA), las exportaciones costarricenses a EE. UU. alcanzaban los $3.500 millones; en 2023, esta cifra superó los $6.500 millones, con un cambio significativo en la composición de los productos exportados.

La balanza comercial: ¿ganancia estructural o dependencia creciente?

Si bien las exportaciones crecieron, también lo hicieron las importaciones desde Estados Unidos, lo que plantea interrogantes sobre los beneficios netos del tratado. En los años previos al TLC, Costa Rica solía registrar superávit comercial con EE. UU. (es decir, exportaba más de lo que importaba). Sin embargo, tras la implementación del tratado, la balanza comercial se tornó más volátil, y en ciertos años se registraron déficits comerciales.

Por ejemplo, en 2005, Costa Rica tuvo un superávit de aproximadamente $300 millones con EE. UU. Pero para 2015, ya con el TLC plenamente implementado, el país registraba un déficit cercano a los $1.000 millones, en parte debido al aumento de importaciones de productos manufacturados, bienes de consumo y maquinaria. Aunque en años recientes la balanza ha tendido a estabilizarse, esto revela que el tratado no garantizó un saldo comercial positivo sostenido, -y que- el país pasó a depender aún más de EE. UU. como proveedor clave. Un problema de significativa importancia que ha limitado siempre un verdadero desarrollo con autonomía y equidad para países como Costa Rica y sus vecinos, los cuales corren la misma suerte -o quizás peor- que nosotros.

Desventajas: pérdida de autonomía y presión sobre sectores vulnerables

Uno de los principales costos del TLC ha sido la pérdida de margen de maniobra en la formulación de políticas públicas, especialmente en áreas como compras gubernamentales, regulación de servicios, propiedad intelectual y protección ambiental. Al asumir compromisos de no discriminación y trato justo para inversionistas extranjeros, el Estado costarricense se ha visto limitado en su capacidad de aplicar ciertas políticas redistributivas o de protección social.

Además, el TLC ha expuesto a sectores productivos sensibles, como el agrícola, a una competencia desigual frente a productos subsidiados estadounidenses. Pese a que se negociaron plazos de desgravación gradual, rubros como el arroz, los lácteos o el maíz han enfrentado presiones importantes, y el Estado ha debido implementar medidas compensatorias para mitigar los impactos.

En contraste, bajo la Iniciativa para la Cuenca del Caribe (en adelante ICC), Costa Rica tenía acceso preferencial a EE. UU. sin necesidad de abrir completamente su mercado, ni de someterse a compromisos jurídicos complejos. Esa flexibilidad permitió proteger sectores estratégicos, aunque -hemos de admitir- con el riesgo constante de perder acceso al mercado del norte, si EE. UU decidía modificar unilateralmente el esquema. Pero hoy, bajo el esquema del tratado de libre comercio (TLC), merced a una circunstancia de naturaleza sobre todo política -la actuación arbitraria del gobernante de una potencia, probablemente la más grande e injusta del orbe- nos toca enfrentar un problema similar al descrito bajo la ICC, “la modificación unilateral del esquema, por parte del socio, por mucho más poderoso del negocio”; esto ha sido así, sin que desde la perspectiva del 2009, cuando por fin Costa Rica estuvo lista para poner a caminar el TLC CAFTA-DR, ni el más suspicaz de los que apoyaron dicho “Tratado”, se imaginó que podríamos vernos en una circunstancia tan adversa para el comercio de toda la región, como esta por la que estamos atravesando.

Conclusión: entre la oportunidad y la dependencia

La adopción del TLC CAFTA-DR representó, para Costa Rica, una apuesta por la integración jurídica, económica y comercial con Estados Unidos, asumiendo tanto las ventajas de un marco en apariencia “más estable”, como los riesgos inherentes a una mayor dependencia estructural. Aunque el país ha logrado diversificar sus exportaciones, atraer inversión extranjera y fortalecer algunos sectores estratégicos, también ha cedido grados de autonomía y ha enfrentado tensiones sociales por los impactos en sectores vulnerables. La evolución de la balanza comercial revela que el TLC no fue una panacea, sino una herramienta más —con beneficios y costos— en la política de inserción internacional del país.

Así había sido antes de esta segunda administración de EE. UU, bajo el liderazgo de Donald Trump. Si los beneficios del TLC no resultaron tan loables como se nos había prometido, ¿qué podemos esperar ahora, cuando el gobierno estadounidense se ha lanzado con la agresividad que lo caracteriza a establecer -arbitraria e ilegalmente- aranceles a los productos provenientes de los países centroamericanos y República Dominicana -cubiertos o no por el TLC-? Insisto, el futuro inmediato no se presenta muy halagüeño frente a las políticas unilaterales impuestas por la administración Trump; menos aún, cuando las élites centroamericanas se han mostrado tan sumisas frente a los Estados Unidos y su nueva política arancelaria. El presidente Rodrigo Chaves Robles es un campeón de la sumisión ante los Estados Unidos. Como lo hemos argumentado, existen recursos a los que podríamos haber acudido para defendernos, pero los gobernantes han quedado como pasmados, mostrándose temerosos de echar mano de los recursos legales que existen en nuestra defensa.