Álvaro Fernández González | Setiembre 2026
El caso del consultor argentino Fernando Cerimedo permite observar, casi como bajo una lupa, una transformación profunda de la política latinoamericana: las narrativas ya no son solamente discursos destinados a interpretar la realidad. Se han convertido en operaciones permanentes para captar la atención, activar identidades, fabricar sensaciones de mayoría y mantener emocionalmente movilizadas a las audiencias.
Cerimedo adquirió notoriedad mediante una combinación característica de esta nueva industria política: consultoría electoral, campañas negativas, medios partidarios, segmentación de públicos y amplificación coordinada en redes.
Su trayectoria atraviesa Argentina, Brasil, Chile, Bolivia y otros países de la región. No representa, sin embargo, a toda la derecha ni permite explicar por sí solo sus triunfos. Su importancia reside en mostrar cómo determinados operadores pueden trasladar métodos, relaciones y narrativas de una campaña nacional a otra.
El episodio brasileño de 2022 resulta especialmente revelador. Después de la derrota electoral de Jair Bolsonaro, Cerimedo difundió una presentación que cuestionaba la confiabilidad de las urnas electrónicas. Sus argumentos fueron desmentidos, pero alcanzaron una audiencia considerable y alimentaron el ambiente de sospecha en torno al resultado electoral.
La eficacia política de una narrativa semejante no depende únicamente de que consiga demostrar algo. Puede cumplir otras funciones: transformar una derrota en agravio, preservar la cohesión de los seguidores, desplazar la discusión desde el resultado hacia una supuesta conspiración y presentar al grupo derrotado como víctima de fuerzas ocultas. La falta de pruebas se incorpora entonces al relato como evidencia de censura o encubrimiento.
Cerimedo no fue acusado finalmente por la Procuraduría brasileña en el proceso sobre la tentativa de golpe. Según lo informado, no se logró demostrar que supiera que el material divulgado contenía falsedades fabricadas.
Esta precisión es indispensable. Difundir información falsa, conocer previamente su falsedad, participar en su elaboración y asumir responsabilidad penal son cuestiones diferentes. Enfrentar el juego de las narrativas exige conservar estas distinciones, incluso cuando favorecen a un adversario político.
El caso adquirió una dimensión mucho más grave en Bolivia después del ataque armado contra Nadia Beller, expareja de Cerimedo, en agosto de 2026. Beller lo acusó de haber ordenado el atentado; él lo niega y permanece en prisión preventiva mientras se desarrollan distintos procesos. Las investigaciones se ampliaron hacia posibles delitos económicos, violencia doméstica y una eventual influencia irregular dentro del entorno gubernamental boliviano.
Durante los allanamientos, las autoridades informaron del hallazgo de equipos que podrían corresponder a una pequeña “granja de bots”. Todavía se requiere un peritaje capaz de determinar qué cuentas manejaban esos dispositivos, quién financiaba su operación y para cuáles campañas se utilizaron. Mientras tanto, circuló un video que supuestamente mostraba los equipos incautados, pero que en realidad correspondía a una instalación en Vietnam.
La paradoja es notable: una investigación sobre manipulación digital produjo inmediatamente nueva desinformación.
Este detalle encierra una lección fundamental para la izquierda. No se enfrenta la posverdad difundiendo información no verificada porque perjudica al adversario.
Cuando una denuncia legítima se mezcla con exageraciones, las falsedades descubiertas permiten desacreditar también los hechos comprobados. La credibilidad democrática se construye corrigiendo incluso aquello que confirma nuestras propias expectativas.
También debemos evitar la imagen del estratega todopoderoso que controla mecánicamente a las masas. Los bots pueden incrementar artificialmente la circulación de un mensaje, pero no crean por sí solos las frustraciones sociales que lo vuelven atractivo.
Los operadores de la nueva derecha trabajan sobre malestares existentes: inseguridad económica, pérdida de confianza institucional, resentimientos culturales y necesidad de pertenencia. Su habilidad consiste en traducir esos malestares en adversarios reconocibles y relatos emocionalmente movilizadores.
La respuesta no puede limitarse, por tanto, a desmentir cada falsedad. La avalancha de acusaciones obliga a periodistas, organizaciones y militantes a dedicar tiempo y energía a reaccionar. De esta manera, el adversario termina imponiendo tanto el tema como el ritmo de la conversación.
La indignación permanente puede desembocar en doomscrolling, ansiedad, agotamiento político y retirada.
Enfrentar este juego significa recuperar la iniciativa. Hace falta investigar las redes de financiamiento, exigir transparencia a consultores y plataformas, proteger a quienes sufren hostigamiento y fortalecer la educación crítica.
Pero también necesitamos narrativas capaces de vincular los problemas cotidianos con acciones colectivas concretas.
El caso Cerimedo no debe convertirse únicamente en otro espectáculo escandaloso. Puede servir para construir una política comunicativa que no confunda atención con organización, viralidad con mayoría ni denuncia con transformación.
Frente a la fabricación industrial de urgencia y enemistad, la izquierda necesita verdad verificable, conversación democrática, eficacia colectiva y cuidado.
Su mejor respuesta no será producir una maquinaria más estridente, sino una comunidad política más lúcida, solidaria y difícil de manipular.
