Alberto Salom Echeverría
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Lo que está haciendo Laura Fernández es convertir un concepto histórico sólido, en algo banal y hueco de contenido.
En el debate político reciente ha comenzado a circular con insistencia la idea de que Costa Rica estaría transitando desde la Segunda República nacida en 1949, después de una cruenta guerra civil y acto seguido, una pacificadora Constituyente, en una supuesta “Tercera República”. La noción ha sido invocada tanto por analistas cercanos al poder como por figuras del actual oficialismo. Sin embargo, lejos de constituir una idea que exprese con rigor científico algo serio, dicho planteamiento revela un marcado sesgo voluntarista, carente de sustento sociológico, politológico e histórico. Conviene, por tanto, someter esta tesis a un examen crítico.
Voluntarismo político y ausencia de condiciones estructurales
Las transiciones republicanas NO se producen por la mera voluntad de un liderazgo, ni solamente por la retórica, el discurso de un gobierno, por más que éste haya surgido genuinamente de elecciones legítimas. Históricamente, el paso de una república a otra supone la concurrencia de condiciones estructurales, es decir la emergencia de un bloque social articulado, o sea fuerzas políticas y sociales orgánicas, una ideología relativamente coherente y, casi siempre, un momento constituyente explícito que redefine las reglas del juego. Nada de ello se verifica hoy en Costa Rica.
Ni el Partido del Pueblo Soberano (PPSO), que acaba de ganar las elecciones, con Laura Fernández a la cabeza, ni el vehículo electoral que llevó a Rodrigo Chaves a la presidencia, un partido “taxi” llamado Partido Popular Social Democrático (PPSD), hoy en otras manos, constituyen partidos políticos en sentido estricto. Se trata de instrumentos electorales coyunturales, o sea momentáneos, carentes de organización territorial, de cuadros estables, de cultura partidaria y ayunos además de un verdadero proyecto histórico. Pretender que desde estas plataformas se geste una Nueva República equivale a confundir contingencia electoral con transformación estructural del régimen político.
El antisistema costarricense: protesta sin proyecto
El apoyo social al actual gobierno proviene, en gran medida, de sectores heterogéneos que comparten una experiencia común de desprotección real o percibida de los beneficios acarreados por el Estado social de derecho. A ello se suma una cultura política fragmentaria, con bajo apego institucional, que ha sido representada eficazmente por figuras todavía “no políticas” en su mayoría, quiénes hacen gala de un lenguaje confrontativo, vulgar y emocionalmente cargado.
Esta reacción antisistema en Costa Rica no constituye un sujeto histórico con vocación fundacional. No expresa una voluntad constituyente, ni articula un proyecto republicano alternativo. Es más bien, una reacción social cargada de resentimiento, justificado o no, episódica y desarticulada, que busca llevar adelante un castigo simbólico y significativo contra sus oponentes, así como un desahogo discursivo antes que una reconfiguración consciente del orden político.
Hay en esta “reacción social y política” una intención de erosionar la institucionalidad y de establecer límites reales al poder que se deriva de La Constitución
Debe reconocerse que existe una intención deliberada por parte del presidente Rodrigo Chaves y de figuras como Laura Fernández de erosionar la legitimidad simbólica de instituciones claves del Estado costarricense. Instituciones como la Asamblea Legislativa, el Poder Judicial, el Tribunal Supremo de Elecciones, la Procuraduría General de la República, la Contraloría General y el Organismo de Investigación Judicial, han sido objeto de ataques reiterados que, en la mayoría de los casos, carecen de fundamento técnico o jurídico sólido. Además, con frecuencia inusual, las principales figuras del oficialismo arremeten contra todos aquellos medios de prensa que se han opuesto al autoritarismo y la arbitrariedad propios del gobierno vigente.
Sin embargo, intención no equivale a capacidad efectiva. Estas instituciones conservan altos niveles de legitimidad social, autonomía funcional y autoridad normativa. No se ha producido su captura, ni el desacato sistemático a sus resoluciones. Lo que observamos es una estrategia de desprestigio discursivo; por fortuna no se ha dado todavía un proceso exitoso de demolición institucional, o dicho de manera simple de destrucción de la “Casa común”, el Estado Social de Derecho. Aunque, este lenguaje vulgar y procaz sí le ha servido al presente “populismo autoritario”, para captar vasto apoyo social de parte de sectores descreídos de la democracia y que, en una gran parte se volvieron antisistema.
Elecciones, legitimidad y continuidad republicana
Un dato empírico fundamental debilita de manera decisiva la tesis de la transición republicana hacia la invocada “Tercera República”: la plena vigencia y legitimidad del sistema electoral. También se puede afirmar que, aunque se evidencia una intención de destrucción por la parte gubernamental, de Chaves o de la presidenta electa Laura Fernández y algunos de sus diputados, en lo medular, el Estado Social de Derecho que, ciertamente amerita reformas democráticas, se mantiene erguido. Las elecciones continúan siendo reconocidas como el mecanismo central de designación de autoridades, el Tribunal Supremo de Elecciones mantiene prestigio transversal y los resultados de las recientes elecciones no han sido cuestionados de forma significativa.
Más aún, tras siete procesos consecutivos de aumento del abstencionismo, el último ciclo electoral registró una reducción de este abstencionismo cercana a diez puntos porcentuales. Este hecho resulta incompatible con cualquier diagnóstico serio de colapso republicano. Ninguna república se extingue mientras su mecanismo electoral conserve legitimidad social efectiva.
La “Tercera República” como ideología prestada
La insistencia en hablar de una “Tercera República” parece cumplir una función distinta: dotar de densidad, sustento o contenido ideológico a un poder que, en este momento carece de todo ello. Ciertos analistas han ofrecido al oficialismo un relato grandilocuente que pretende sustituir la ausencia de proyecto por una narrativa refundacional superflua que no refleja la realidad; por lo pronto no hay nada nuevo bajo este cielo blanco, azul y rojo.
Las intervenciones públicas de Laura Fernández son ilustrativas. La invocación solemne a la “Tercera República” estuvo carente de contenido. En efecto, la presidenta electa se mostró incapaz de caracterizarla histórica o sociológicamente, su posterior intento de explicación derivó en un concepto extremadamente banal. Palabras sueltas, desprovistas de coherencia, no constituyen una categoría histórica ni un horizonte político reconocible.
Conclusión
Costa Rica no está transitando hacia una Tercera República. Lo que presenciamos es un intento discursivo de deslegitimación del orden de la Segunda República, impulsado por un liderazgo personalista que, de momento carece de base orgánica, y también de proyecto histórico robusto; tal liderazgo busca reemplazar la solidez que aún muestran la mayoría de las instituciones por apelaciones emocionales, confrontativas y arbitrarias.
Confundir este intento con una transición republicana real no solo es analíticamente infundado e incorrecto: es políticamente riesgoso, pues trivializa los verdaderos procesos de ruptura histórica y subestima la resiliencia, la fuerza y resistencia —aún notables— de la institucionalidad costarricense.
Así pues, la Segunda República no enfrenta su acta de defunción como lo quisiera el oficialismo y sus ideólogos, algunos de los cuales se mueven tras bambalinas. Enfrenta, más bien, una fase de tensión, desgaste y disputa simbólica, que exige análisis riguroso y responsabilidad intelectual, no voluntarismo ideológico.
