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Etiqueta: anulación

La historia de Carlos Andrés Pérez – II

Isabel Ducca D.

¡La Fuerza Pública tenía el control de todo el plantel!

A cierta hora, se presentaron dos unidades de la estación de bomberos de Limón, lo que confirmó que había una fuga de gas. Según la constancia emitida por el Cuerpo de Bomberos de Limón, la visita fue realizada a las 18:19:35, dice textualmente:

Personal de Recope impide el acceso a las instalaciones, se conversó con los encargados de los mismos (sic) he (sic) indicaron no haber ninguna fuga de gas. Se realizó otro (sic) revisión por otro acceso en el que un funcionario nos indicó que hubo un trasiego de combustible por la tubería y por lo cual emite algún tipo de olor al medio ambiente.

Nota, por la respuesta del trabajador de Recope, que nos indica que no había nada, no se anotan afectados.[1]

La suma de todos esos factores, hizo que un grupo de trabajadores ingresara a las instalaciones para prevenir una tragedia; esos obreros querían cerciorarse de que no había peligro. Así como solían entrar para utilizar los servicios sanitarios, ingresaron por el portón principal, custodiado por los policías. No hubo prohibición de ingreso, aunque las autoridades así lo afirmaron después. El grupo se encaminaba directamente a la zona de gas, porque sospechaba que ahí se podía presentar alguna emergencia.

Se unieron diferentes factores, sobre todo de índole afectiva. El sentido del deber y el cariño a la institución que les da el sustento para sus familias. Querían asegurarse de que no estuviera ocurriendo algo grave y, si estuviera sucediendo, detener el percance o avisar sobre el mismo. Dentro del plantel, observaron mucho movimiento de vehículos policiales, pero no se alarmaron, porque no existía prohibición de entrar. No llegaron hasta la zona de las esferas de gas, se detuvieron en una esquina para comprobar que los movimientos no eran los habituales. Había una situación irregular en muchos sentidos. En ese preciso momento, una patrulla estacionó detrás.

Ahí, en esa bocacalle, fue cuando recibió el grito: Tírese al suelo o disparo. Carlos Andrés llevaba dos noches sin dormir, apenas había repuesto el sueño. Su cerebro entró en pánico, corrió, como lo hicieron sus demás compañeros; él lo hizo hacia otra dirección, solo él fue detenido poco después. Todo fue tan sorpresivo e inesperado que había entrado al plantel con las tenis, compradas esa misma mañana, desamarradas, pues había estado descansando en una de las hamacas que habían puesto afuera del plantel donde se encontraba el grupo en huelga.

La lógica del pánico no tiene lógica. Su reacción fue apremiante; la amenaza de la detonación contactó directamente con su entrenamiento por la explosión que ocasionaría un disparo en medio de todo ese combustible.

 ¡Solo a un policía que había trabajado más de chófer que de guarda, se le ocurre gritar “disparo” en medio de una refinería!

Al obrero lo detuvieron aproximadamente a las 20:00 horas, la alarma a los bomberos se había dado desde las 18 horas y unos minutos. La visita de los bomberos confirma la presencia de algo irregular.

En un primer momento, no tuvo conciencia de que se encontraba en una situación grave, porque los policías no sabían qué hacer con él. Pensaba que todo se aclararía con una explicación de lo sucedido. Al cabo de dos horas, lo condujeron a la Comandancia de Limón y después a la Fiscalía. Hasta ahí fue que tuvo conciencia de que se encontraba en serios problemas. ¡La acusación lo dejó perplejo! ¡La acusación por fragancia fue para justificar su encarcelamiento! ¡En nombre de la ley se violó la ley! El juez dictó prisión preventiva sin que la Fiscalía lo solicitara.

Los medios de comunicación hicieron un festín. No faltó la piñata de insultos y epítetos denigrantes para el trabajador de Recope, los sindicalistas y los huelguistas.

El 27 de noviembre del 2018 se llevó a cabo el juicio con una condena inesperada para todos, excepto para quienes se favorecían con la exhibición de un culpable. Ese día era el cumpleaños de su hermano. La familia entera guardó el pastel y las velitas para la noche, pues esperaban festejar por partida doble. Los juicios por fragancia se hacen después de las 17 horas y, dada la inocencia de Carlos Andrés, celebrarían en la noche. ¡No hubo festejo, hubo llantos!

 Según el Tribunal de apelación, el desbarajuste jurídico es tal que:

A ello hay que agregar que el juez Céspedes Rivera usa en su fallo -que, más que una decisión jurisdiccional, es la emisión de una serie de opiniones, pues no es sentencia todo lo que emane de un juez sino solo aquella decisión razonada que haga un escrutinio de la prueba evacuada y contraste los argumentos vertidos frente al derecho vigente- un discurso como si él fuera el garante de la seguridad del país y no un funcionario llamado a resolver un conflicto específico.[i]

Anteriormente, ese tribunal ha señalado que la resolución permitió comprobar la exclusión de toda la prueba aportada por la defensa. Poco después, el mismo tribunal de apelación señaló que el juez se convirtió en testigo para disculpar a un policía que fue lacónico en su declaración.

El daño físico, moral y psíquico no tiene palabras adecuadas a su magnitud. Carlos Andrés es una persona de pocas palabras, su mirada triste es la que deja entrever, como entre sombras, lo que fue el suplicio: Pasar por una cárcel, cambia a cualquiera. Tuve mucho tiempo para analizar y meditar. No le tengo la misma confianza a las personas. He llorado, no lo puedo negar. Al principio, me sentí muy solo. Agradezco a las organizaciones, los sindicatos, mi familia que me han ayudado. Me han dado fuerzas para poder seguir y no desfallecer. En esas condiciones, la falta de apoyo puede llevar a la desesperación. En la celda, en la que estuve, se habían ahorcado dos personas… Soy católico, pero iba a los cultos para tener la esperanza en Dios y tener la mente ocupada.

Ahora, se presentó una nueva apelación. Este miércoles 22 de junio el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal Circuito de Goicoechea recibirá a Carlos Andrés Pérez y a su abogado defensor por la petición de anular la condena establecida en marzo de este año.

Las organizaciones sociales están solicitando la ANULACIÓN DE LA SENTENCIA CONDENATORIA y El SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO.

Ustedes pueden mostrar su solidaridad firmando en:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdMYtKu37_3hSUFJyIBXYPVh5gwHTWZoUwFpj_NkoVKsA2_eQ/viewform

[1] Constancia extendida a solicitud de Carlos Andrés Pérez Sánchez.  Firma y sello del Cuerpo de Bomberos de Limón.

[i] Chinchilla, R.,  García, A. y Rojas, G. (2019).  Resolución: 2019-0319 Expediente: 18-000244-1130-PE (7)TRIBUNAL DE APELACIÓN DE SENTENCIA PENAL,  Segundo Circuito Judicial de San José. Goicoechea, p.24.

 

Enviado a SURCOS por la autora.

Tribunal de Trabajo anula sentencia de ilegalidad de la huelga del sector educativo

El Tribunal de Trabajo del II Circuito Judicial de San José, en sentencia n° 443 de las quince horas del 16 de noviembre de 2018 (hecha pública hoy lunes 19 de noviembre), ANULÓ la sentencia de primera instancia que declaraba ilegal la huelga contra el Combo Fiscal en el sector educación, dejando si efectos esta primera sentencia.

Con este fallo “se anula la sentencia del Juzgado de Trabajo del II Circuito Judicial de San José N° 2018-1980 de las 10:25 horas del 9 de octubre de 2018. Debe el juzgado de instancia proceder, sin mayor demora, a resolver las omisiones apuntadas al momento en que dicte la nueva resolución de fondo.

La anulación de esta sentencia es un triunfo para el Magisterio nacional y toda la clase trabajadora, por cuanto deja sin efectos una primera sentencia que carecía de fundamento para determinar la ilegalidad, por lo que de nuevo nuestro movimiento se cubre de presunción de legalidad.

Mélida Cedeño Castro

Presidenta

Roblin Apú Murillo

Secretario General

 

*Imagen ilustrativa tomada de nota: Foro La posición de los medios ante la actual huelga nacional

Compartido por Rosa Muñoz en redes digitales.

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Sala Constitucional anula moratoria a la expansión piñera

La libertad de empresa limita ejercicio democrático de municipalidades: La Sala Constitucional anula moratoria a la expansión piñera en el cantón de Los Chiles

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Este 12 de agosto, la Sala Constitucional falló en contra de la moratoria al monocultivo de la piña decretada por la Municipalidad de Los Chiles el 05 de julio pasado. El acuerdo fue planteado a petición de las comunidades afectadas por los graves impactos de esta agroindustria en la zona norte de Costa Rica.

El ejercicio democrático de comunidades y gobiernos locales para escoger un camino propicio para bienestar y la salud de su propia comunidad tiene límites y uno de esos parece ser la libertad de empresa. Así lo ha decidido la Sala Constitucional en su sentencia 011545-16 a raíz de un recurso de amparo interpuesto por la Cámara Nacional de Productores y Exportadores de Piña (CANAPEP) en contra del Concejo de la Municipalidad de Los Chiles a razón de que esta declaraba una moratoria de cinco años para el otorgamiento de permisos, autorizaciones municipales y certificados de uso conforme para la construcción e instalación de proyectos piñeros en dicho cantón.

La moratoria está sustentada en la urgencia de constatar técnicamente los impactos negativos en la actividad piñera a la luz de estudios que demuestran el impacto sobre la calidad del agua potable para uso/consumo humano y animal; los daños ocasionados a la ganadería debido al mal manejo a los rastrojos; la tala del bosque descontrolada; la explotación laboral y el surgimiento de afectaciones sobre la salud de trabajadoras/es y vecinas/os por agrotóxicos.

Han sido tres las municipalidades que han intentado poner un freno a la irresponsable industria piñera. En 2008 Guácimo hace efectivo el reclamo comunitario para impedir que esta agroindustria siga afectando sus comunidades e instala una moratoria. Le siguió Pococí en 2012, con un acuerdo municipal igualmente acuerpado por organizaciones vecinales de la zona de Guápiles pero la Sala Constitucional anula está moratoria a petición de un recurso de inconstitucionalidad interpuesto ese mismo año por la CANAPEP. La misma suerte corrió este mes de agosto para la declaratoria del cantón de Los Chiles.

Desde la Campaña Piña Sin Derechos se alertó sobre la intromisión dentro de la Sala Constitucional de intereses particulares en contra del bienestar público. Denunciaron a los magistrados: Castillo, Rueda Leal y Hernández López por crear un precedente negativo en cuanto al derecho de autodeterminación de las comunidades y gobiernos locales. Lamentaron que la salud y el bienestar de la población afectada por este monocultivo se ponga en un segundo plano y sea menos importante que al bolsillo de empresarios que se brincan la legislación ambiental y laboral de este país.

La Campaña Piña Sin Derechos convocó a defender las propuestas de las comunidades que han planteado un freno a esta destructiva industria, pese a violencia y la criminalización y propusieron un plantón frente a la Sala Constitucional el pasado martes 6 de setiembre, para manifestar el desacuerdo ante este fallo que sienta precedentes poco decorosos para la justicia ambiental y social de este país.

*Contactos: Gerardo Barba (vecino de Los Chiles) 8815-3475 / Jeffery López (Ditsö) 8878-9009.

 

Imagen con fines ilustrativos tomada de www.dinero.com

Información enviada a SURCOS Digital por Fabiola Pomareda.

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Honduras: mujeres lanzan campaña por la defensa de sus territorios

Durante el encuentro se entregó petición al Congreso Nacional para anular la concesión de explotación de la empresa Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima (DESA) en el proyecto de Agua Zarca

 

Tegucigalpa, 6 de septiembre 2016. Ante el incremento de los proyectos de explotación y extracción en las zonas rurales de Honduras, organizaciones campesinas, indígenas, garífunas, feministas y de derechos humanos lanzan la campaña «Defensoras de la Madre Tierra», con el objetivo de visibilizar el rol histórico de las mujeres que exigen el derecho a la vida, a la alimentación, la tierra y la defensa de los territorios.

La campaña destaca que a partir del 2009 las administraciones gubernamentales de Honduras han acelerado el otorgamiento de licencias a empresas transnacionales, nacionales y extranjeras, para proyectos turísticos, mineros y de generación de energía renovable, sin consultar de manera previa, libre e informada a las comunidades locales.

«Actualmente hay 537 licencias concedidas para la explotación minera y 252 para la generación de energía; muchos de estos proyectos se encuentran en territorios campesinos, indígenas y garífunas, irrespetando diversos acuerdos nacionales e internacionales, como la consulta previa, libre e informada del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), de la que Honduras es suscriptor», expresó Wendy Cruz, representante de la campaña «Defensoras de la Madre Tierra».

Las voceras de la campaña resaltaron que el acaparamiento de las tierras para estos proyectos, afecta los medios de vida de las mujeres, «los territorios son un elemento fundamental para la vida de miles de familias hondureñas y está comprobado que estos proyectos no generan desarrollo social, provocando el aumento de la emigración por parte de las mujeres en las comunidades garífunas», detalló recientemente Miriam Miranda, coordinadora de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH).

La campaña advierte que la instalación de mega proyectos de explotación y extracción en esos territorios, afectan directamente la economía de miles de personas, la diversidad cultural, el medio ambiente y la paz social en las comunidades, «la garantía de los derechos legales a la tierra repercute positivamente en la seguridad alimentaria, diversos análisis demuestran que existe una correlación entre los derechos a la tierra y la ausencia de hambre en las poblaciones», detalló Juan Almendares, coordinador de la organización Madre Tierra, miembro de la campaña.

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Criminalización

A seis meses del asesinato de la excoordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), Berta Cáceres, la campaña presentó el documental «Berta Vive»; posteriormente la madre de la lideresa, Austraberta Flores, entregó simbólicamente al Congreso Nacional una moción para anular la concesión de explotación de la empresa Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima (DESA) en el proyecto de Agua Zarca.

«Las mismas investigaciones realizadas por el Ministerio Público han confirmado el involucramiento directo de la empresa DESA en el asesinato de mi hija. Por obvias razones ahora el proyecto está temporalmente detenido, pero no es posible que la licencia de explotación permanezca activa, por lo que demandamos al Congreso Nacional la anulación de la concesión», manifestó Austraberta Flores.

La campaña también destacó que actualmente hay más de 3,800 campesinos y 1,200 campesinas que enfrentan procesos judiciales, «a nosotras se nos criminaliza por el hecho de defender nuestras tierras y territorios, se nos acusa de “usurpadoras”, pero nosotras nos preguntamos, ¿cómo puede alguien usurpar sus propias tierras?», comentó Yasmin López , representante de la campaña.

Por el derecho a la vida, a la alimentación, la tierra y la defensa de los territorios.

¡No más criminalización a las defensoras de la vida!

 

Organizaciones participantes de la Campaña “Defensoras de la Madre Tierra”:

ASOCIACIÓN MADRE TIERRA, PLATAFORMA AGRARIA, CENTRAL DE COOPERATIVAS CAFETALERAS DE HONDURAS – LA CENTRAL, CAMPAÑA LAS CAMPESINAS MERECEN TODO NUESTRO CRÉDITO, CAMPAÑA NACIONAL CONTRA LOS FEMICIDIOS, PLATAFORMA 25 DE NOVIEMBRE, LA VÍA CAMPESINA – HONDURAS, FUNDACIÓN SIMIENTE, Oxfam en Honduras , COFADEH, Asociación de Organismos No Gubernamentalesde (ASONOG), Asociación Ecológica, San Marcos de Ocotepeque (AESMO), Organización para el Desarrollo de Corquín (ODECO), Organismo Cristiano de Desarrollo Integral de Honduras (OCDIH), la Asociación Nacional de Campesinos de Honduras (ANACH),GRUPO SOCIEDAD CIVIL, Familia De Berta Cáceres , Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD), Centro de Investigación y Promoción de Derechos Humanos (CIPRODEH), Cuna Maya Unión de Cajas Y empresa del Occidente de Honduras (UNICEMOCH), Consejo para el Desarrollo Integral de la Mujer Campesina (CODIMCA) , Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de Tortura Víctimas y Familiares (CPTRT),Centro de Estudios de la Mujer Honduras (CEM-H), Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC), Organización Fraternal Negra de Honduras (OFRANEH), Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), ACI Derechos Humanos, Mesa Nacional de Incidencia para la Gestión de Riesgo(MNIGR), Asociación de Desarrollo Rural de Honduras (ADROH) y Asociación Popular de Desarrollo Integral (APDI).

 

Contacto:

 

Enviado a SURCOS Digital por Plataforma Agraria: www.plataformaagraria.hn

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