La Red Nacional de Sectores Sociales (RENASES) expresó su «más profunda preocupación» y su «enérgico rechazo» ante lo ocurrido el 29 de setiembre en el plenario de la Asamblea Legislativa, cuando no se realizó la votación acordada para nombrar las magistraturas suplentes de la Sala Constitucional. RENASES es un espacio de articulación de organizaciones sindicales, productivas, comunales, territoriales, ecologistas, feministas y de derechos humanos.
En un pronunciamiento fechado el 30 de setiembre, la Red explica que ese día estaba acordada la votación para nombrar a nueve magistradas y magistrados suplentes. Sin embargo, una moción de orden de la fracción oficialista, aprobada solo con sus propios votos, devolvió la nómina a la Comisión de Nombramientos. Según RENASES, esa decisión desconoce una orden directa de la Sala Constitucional, que en su resolución de julio declaró ilegítima la devolución de la nómina y ordenó al plenario conocer y resolver esas designaciones.
«Esto no es un trámite más ni una diferencia de criterio entre diputaciones», afirma la organización. «Cuando un Poder de la República decide no cumplir lo que ordena el tribunal encargado de defender la Constitución, se rompe el equilibrio que sostiene nuestra democracia. Ninguna mayoría, por amplia que sea, está por encima de la Constitución Política».
Un impacto que recae en la ciudadanía
La Red advierte que la falta de suplentes en la Sala Constitucional no afecta a las magistraturas, sino a la ciudadanía. «Detrás de cada expediente detenido hay una persona que espera un medicamento o una cita en la Caja, una comunidad que defiende su agua o su territorio, una trabajadora que reclama sus derechos». Recuerda que el recurso de amparo es la herramienta más cercana que tiene la población para defenderse de los abusos del poder, y que debilitarlo «es dejar a la población sin defensa».
Para RENASES, este hecho no es aislado: se suma a los recortes al Poder Judicial y al Organismo de Investigación Judicial, y a los ataques públicos contra la independencia judicial. «En conjunto, estos hechos configuran un camino peligroso de concentración de poder que el país no puede normalizar».
Seis acciones
Ante esta situación, RENASES:
Denuncia lo que califica como desacato a la Sala Constitucional, por considerarlo una grave ruptura del orden constitucional, y llama a la ciudadanía a no perder de vista este hecho por encima de cualquier otro tema de la agenda pública.
Exige a la Presidencia de la Asamblea Legislativa y a la fracción oficialista cumplir de inmediato lo ordenado por la Sala y someter a votación del plenario los nombramientos pendientes.
Respalda la gestión por desobediencia anunciada por las fracciones del Bloque Democrático, en coherencia con los compromisos del Pacto Patriótico Costarricense, firmado el 29 de junio en defensa de la Constitución, la separación de poderes y la independencia judicial.
Solicita a la Sala Constitucional y al Poder Judicial ejercer todas las potestades que les otorga la Ley de la Jurisdicción Constitucional ante el incumplimiento de sus resoluciones, incluido el traslado al Ministerio Público cuando corresponda.
Llama a la Defensoría de los Habitantes, a los colegios profesionales, a las universidades públicas y a otras organizaciones a pronunciarse en defensa del orden constitucional.
Convoca a sus organizaciones y sectores a mantenerse en alerta, informar en sus comunidades y estar preparados para una movilización pacífica si el incumplimiento persiste.
«Costa Rica se sostiene en sus instituciones, y defenderlas es tarea de todas las personas. La Constitución Política y la democracia no se negocian», concluye el pronunciamiento, firmado por José Oviedo Chaves, coordinador de RENASES.
El Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica (UCR) en la sesión realizada el 1 de octubre acordó recomendar a la Asamblea Legislativa no aprobar el proyecto de ley para la aprobación del Tratado de Libre Comercio entre la República de Costa Rica y el Estado de Israel, expediente N.° 25.542.
La decisión se tomó a partir del análisis realizado por distintas instancias universitarias, entre ellas la Facultad de Ciencias Sociales, la carrera de Administración Aduanera y Comercio Exterior y otros espacios académicos de la Universidad. El criterio universitario advierte que el tratado debe ser valorado no solamente desde la perspectiva comercial, sino también considerando sus posibles consecuencias sociales, ambientales, económicas y en materia de derechos humanos.
Entre las principales preocupaciones señaladas por la UCR se encuentra que el tratado carece de un capítulo específico sobre derechos humanos y de cláusulas democráticas, así como de mecanismos que permitan evaluar los riesgos derivados de las actividades económicas promovidas por el acuerdo cuando estas puedan afectar territorios, comunidades o bienes naturales.
El análisis universitario también identifica vacíos en materia de protección ambiental, sostenibilidad y participación ciudadana. El tratado no incorpora un capítulo ambiental ni mecanismos específicos para que la ciudadanía pueda denunciar eventuales incumplimientos de la legislación ambiental, lo que, según el criterio analizado, representa una regresión en materia de gobernanza y acceso a la justicia ambiental.
El Consejo Universitario considera que el intercambio comercial con Israel representa actualmente una porción relativamente reducida del comercio exterior costarricense, por lo que la discusión sobre el tratado debe incorporar criterios relacionados con el desarrollo sostenible, la agricultura, la salud pública y otros compromisos internacionales.
El análisis también identifica asimetrías importantes en el acceso a los mercados. Mientras Israel consolida buena parte de un acceso que ya tenía libre de aranceles, Costa Rica realiza una apertura arancelaria significativamente mayor. Además, una parte importante de la oferta agrícola costarricense con potencial exportador quedó excluida o sometida a contingentes arancelarios.
El criterio señala asimismo carencias en materia de barreras sanitarias y fitosanitarias, contratación pública, inversión, servicios y mecanismos para garantizar un acceso efectivo de las empresas costarricenses al mercado israelí. También advierte sobre la ausencia de mecanismos suficientes para proteger intereses nacionales relacionados con biodiversidad, recursos genéticos y conocimiento tradicional.
Para la Universidad, estas condiciones deben ser analizadas a la luz del principio de que la política comercial del país debe ser coherente con sus principios constitucionales, el derecho internacional, el interés público y las obligaciones asumidas en materia de derechos humanos.
Derechos humanos y territorios ocupados
Uno de los elementos centrales del criterio universitario es la necesidad de incorporar una perspectiva de derechos humanos al análisis de los acuerdos comerciales.
El documento recomienda valorar disposiciones que permitan identificar el origen territorial de los bienes objeto del intercambio y establecer procesos de debida diligencia, de manera que las actividades económicas promovidas por el acuerdo no contribuyan directa o indirectamente al aprovechamiento de bienes naturales provenientes de territorios ocupados o a la consolidación de situaciones contrarias al derecho internacional.
La UCR señala, además, que los costos ambientales y sociales de determinadas actividades económicas pueden recaer de manera desproporcionada sobre poblaciones o territorios ambientalmente frágiles, mientras que los beneficios pueden concentrarse en empresas exportadoras, zonas francas y sectores altamente tecnificados.
El acuerdo adoptado por el Consejo Universitario recomienda formalmente a la Asamblea Legislativa no aprobar el expediente N.° 25.542, con base en los argumentos desarrollados en el análisis universitario.
Con esta posición, la UCR reafirma la importancia de que las decisiones sobre política comercial sean analizadas desde una perspectiva integral, considerando no solamente los posibles beneficios económicos, sino también sus implicaciones para los derechos humanos, la protección ambiental, la soberanía alimentaria, el bienestar social, la participación ciudadana y el cumplimiento del derecho internacional.
Alertan sobre intención del oficialismo de archivar proyecto de ley
Bloque Verde. Más de 400 personas, organizaciones, colectivos, redes, comunidades e instituciones suscribieron un comunicado en el que solicitan a las diputadas y los diputados no archivar el expediente N.º 25.391, iniciativa que busca prevenir intoxicaciones, proteger las fuentes de agua y fortalecer la responsabilidad por los daños derivados de las fumigaciones agrícolas.
Entre las personas y organizaciones firmantes se encuentran representantes de organizaciones ambientales, agroecológicas, campesinas, comunitarias, indígenas, feministas, sociales, académicas, culturales, estudiantiles, políticas, turísticas y productivas, así como personas de comunidades de Cartago, San Ramón, Guanacaste, Talamanca, Puntarenas, Osa, Pérez Zeledón y otras zonas afectadas por las fumigaciones y el uso de agroquímicos.
Dada la pretensión de la bancada oficial de archivar el proyecto, las personas y organizaciones señalaron: “Ante la intención del oficialismo de archivar el proyecto de ley para la protección de las comunidades contra las intoxicaciones por actividad agrícola, se hace un llamado a las diputadas y los diputados a mantener abierta su discusión y priorizar la salud de la población y la protección del agua.”
El comunicado agrega: “El expediente N.º 25.391 aborda un problema que requiere una respuesta legislativa: los riesgos de que los agroquímicos utilizados en fumigaciones alcancen viviendas, lugares de trabajo, fuentes de abastecimiento de agua y otras zonas sensibles. Su objetivo es fortalecer las medidas de prevención y los mecanismos de atención y reparación cuando se produzcan daños.”
Las personas y organizaciones firmantes también advierten sobre las implicaciones de archivar la iniciativa: “Archivar el proyecto significaría cerrar la discusión sobre cómo mejorar la protección de las comunidades expuestas a estas actividades. Las observaciones técnicas formuladas durante su estudio deben servir para mejorar la iniciativa y construir acuerdos que permitan responder a los riesgos identificados”.
El expediente recoge criterios favorables de instituciones como el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, la Defensoría de los Habitantes y la Dirección General de Aviación Civil, así como del Centro Científico Tropical. Según el comunicado, estos criterios reconocen la importancia de proteger la salud, el recurso hídrico y el ambiente frente a los riesgos asociados a la aplicación de agroquímicos.
En particular, las personas y organizaciones destacan: “La Defensoría vincula la iniciativa con el principio precautorio: la protección de las personas y del ambiente exige adoptar medidas preventivas ante riesgos potenciales, incluso cuando exista incertidumbre científica sobre la magnitud del daño”.
Sobre los alcances de la iniciativa, el comunicado señala: “El proyecto también busca fortalecer la responsabilidad por los daños ocasionados durante las fumigaciones aéreas, facilitar la atención médica de las personas afectadas y contemplar la reparación de los sistemas de abastecimiento de agua potable que resulten perjudicados.”
El comunicado señala: “La discusión legislativa ofrece una oportunidad para atender las preocupaciones técnicas y productivas junto con las necesidades de las comunidades. Esa tarea requiere diálogo, respaldo científico y un compromiso efectivo con la prevención de intoxicaciones y de la contaminación del agua.”
Finalmente, hicieron un llamado ‘al oficialismo a reconsiderar su intención de archivo y a las demás fracciones legislativas a impulsar la continuidad del expediente N.° 25.391. La salud de las comunidades y la seguridad de sus fuentes de agua merecen una respuesta concreta de la Asamblea Legislativa”.
Advierten sobre riesgos para el carácter público de la ZMT y piden un diagnóstico antes de aprobar nuevas figuras de regularización
Organizaciones ambientales, comunitarias, académicas, personas defensoras de los territorios costeros y otras personas firmantes expresan su oposición al Expediente N.° 25.157, que propone crear una nueva figura denominada “concesión especial” para determinadas construcciones existentes en la zona restringida de la Zona Marítimo-Terrestre (ZMT).
El texto sustitutivo plantea esta figura para personas físicas o jurídicas que adquirieron fincas bajo la publicidad registral y cuyos títulos posteriormente fueron afectados por actos administrativos o anulados judicialmente por encontrarse sobre la zona restringida de la ZMT.
Las organizaciones y personas firmantes reconocen que debe existir una respuesta justa para quienes hayan sido afectados por errores, actuaciones estatales o situaciones de buena fe. Sin embargo, consideran que esa respuesta no debe comprometer el carácter público de la ZMT, la protección ambiental, la planificación territorial ni los derechos de la colectividad.
Uno de los principales cuestionamientos es que no se ha demostrado suficientemente la necesidad de crear una nueva figura jurídica. Antes de incorporar otra modalidad de concesión, consideran necesario realizar un diagnóstico que permita identificar las situaciones existentes, los instrumentos legales disponibles, sus limitaciones y los obstáculos administrativos o institucionales que han impedido resolver adecuadamente los casos. A su criterio, una nueva categoría podría generar duplicidades, conflictos normativos y mayor complejidad administrativa sin atender necesariamente las causas del problema.
El análisis también debe considerar que la ZMT constituye un bien de dominio público. La protección de quienes adquirieron propiedades bajo determinadas condiciones registrales debe ser considerada, pero también debe contemplarse el interés de la colectividad costarricense, actual y futura, sobre estos bienes.
Las organizaciones plantean que una solución para situaciones particulares no debería traducirse automáticamente en el reconocimiento de derechos privados sobre terrenos cuya condición de dominio público haya sido determinada mediante decisiones administrativas o judiciales.
Riesgos para el carácter público de la ZMT
Las organizaciones advierten además sobre los efectos que podría tener una concesión de larga duración y susceptible de prórroga. Señalan que una figura concebida para atender situaciones excepcionales podría terminar consolidando ocupaciones privadas durante períodos extensos, aun cuando los terrenos mantengan su condición de bienes de dominio público.
Por ello, consideran necesario analizar no solo quiénes podrían beneficiarse directamente de la reforma, sino también sus efectos sobre la capacidad futura del Estado para ordenar, proteger y administrar la ZMT.
El pronunciamiento también llama la atención sobre los casos en que los títulos de propiedad fueron anulados mediante resoluciones judiciales o actos administrativos. Las organizaciones reconocen la responsabilidad del Estado de establecer mecanismos de reparación cuando una persona haya sufrido las consecuencias de un error estatal, pero consideran necesario diferenciar entre reparar una situación y crear una nueva figura legal que pueda debilitar los efectos jurídicos de decisiones que determinaron el carácter público de determinados terrenos.
¿A quiénes beneficia la propuesta?
Otro aspecto señalado es que la población que podría beneficiarse directamente de la nueva figura no representa necesariamente a todas las personas que históricamente han habitado las costas.
Existen comunidades y pobladores históricos de la ZMT que nunca tuvieron un título de propiedad, debido a las características de su ocupación, a la falta de acceso a mecanismos de titulación u otras circunstancias jurídicas y sociales. Estas personas pueden enfrentar condiciones de vulnerabilidad y problemas de seguridad jurídica, pero no necesariamente están contempladas dentro de la solución propuesta.
Por ello, las organizaciones consideran necesario que cualquier reforma incorpore las distintas realidades sociales de las comunidades costeras y evite establecer soluciones diferenciadas que terminen beneficiando principalmente a quienes tuvieron acceso previo a un título registral.
También consideran necesario conocer cuántas personas podrían acogerse a la nueva figura, dónde se encuentran las propiedades, cuáles fueron las razones por las que sus títulos fueron afectados o anulados, qué tipo de construcciones existen y qué actividades se desarrollan actualmente en ellas, así como las condiciones ambientales de los sitios y las posibles implicaciones de la reforma para la planificación territorial y costera.
No todas las situaciones son iguales. Una vivienda familiar, una actividad turística, una construcción comercial o una infraestructura ubicada en un ecosistema ambientalmente sensible requieren análisis diferenciados.
Planificación territorial y protección ambiental
Las organizaciones consideran que la discusión sobre las construcciones existentes no puede separarse de la planificación territorial de las costas. La permanencia de construcciones y actividades en la ZMT debe analizarse en relación con los planes reguladores costeros, las condiciones ambientales de cada territorio y las capacidades institucionales para fiscalizar y ordenar los usos.
También plantean que cualquier nueva responsabilidad para las municipalidades debe estar acompañada de las capacidades técnicas, financieras y administrativas necesarias para ejercerla adecuadamente.
Un llamado a cambiar el rumbo del debate
Ante estas preocupaciones, las organizaciones, comunidades y personas firmantes solicitan que el debate legislativo sobre el Expediente N.° 25.157 se enfoque primero en conocer y diagnosticar las situaciones existentes, evaluar los instrumentos jurídicos actualmente disponibles y determinar cuáles son los obstáculos que han impedido su aplicación.
Por estas razones, expresan su oposición al Expediente N.° 25.157 en su formulación actual y solicitan que, en lugar de aprobar una nueva figura de regularización, se abra un proceso serio, transparente y participativo para construir soluciones diferenciadas que respeten los derechos de las personas, la protección ambiental, la planificación territorial y el carácter público de la Zona Marítimo-Terrestre.
“La seguridad jurídica no puede construirse sobre la inseguridad del patrimonio público”, señala el pronunciamiento.
El análisis del Expediente N.° 25.157 fue elaborado por Mauricio Álvarez Mora, docente de las Escuelas de Geografía y Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica, coordinador del proyecto Geografía y Diálogo de Saberes (ED-3526) y de la Clínica de Derechos Humanos Ambientales del IDELA-UNA. El documento toma como referencia el proyecto de ley y criterios de IDESPO/PIC, la Contraloría General de la República, el Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa y el dictamen de minoría. Estos documentos plantean, desde distintas perspectivas, cuestionamientos sobre la necesidad, conveniencia y posibles efectos jurídicos de crear una nueva figura para atender esta problemática.
Firman
Organizaciones, colectivos y programas
Asociación Civil Pro Natura; Asociación Ecologista Desamparadeña, Ecologistas Urbanos y la Escuelita Ecológica; Asociación Proyectos Alternativos (PROAL) / FECON; Asociación Rescate de la Zona Marítima Terrestre (ARREZOMATE); Causa Sur; Colectivo Ecologista Liberiano; Costa Rica por el Océano; Covirena Cabo Blanco-Ario; Defensores de la Casa Común; Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (FECON); Greenwolf; Mar y Comercio; Movimiento Ríos Vivos; Movimiento Salvemos la Loma Salitral; Programa Interdisciplinario Costero (PIC-UNA), proyecto ED-3526 Geografía y Diálogo de Saberes, Programa Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social Universidad de Costa Rica y Clínica de Derechos Humanos Ambientales del IDELA-UNA
Personas
Alejandro Augusto García Valerio; Ana Grouls; Andrea Arrieta; Andrés Schcolnik; Angélica Alvarado Barrantes; Carimel Gené Cruickshank; Catalina Carrillo Vargas; Damaris Rodríguez Lara; Dayana Rojas Venegas; Diana Avellán Troz; Eduardo Gardela Ramírez; Eugenia Delgado; Fátima Peraza Orellana; Frida Any Madrigal Jirón; Gabriela García Calderón; Jefferson Jiménez Gutiérrez; Jorge Enrique Corrales Alpízar; Jorge Leiva Alpízar; José Pablo Vega Arroyo; Juanita Castillo Jirón; Laura Carolina Garrigues Herrera; María C. Vanoli B.; María Camacho Soto; María José Hernández Johannesen; Marilyn Stephanie Valverde Salas; Martín Ortega; Natalia Zeledón Fontana; Óscar Beita Quesada; Osvaldo Durán-Castro; Patricia Sánchez Lurueña; Stefano Silvestri Colombini; Stephanie Rojas M.; Wilber Cortés Rodríguez; Wilma Eras de la O
Con apoyo de proyecto ED-3526 Geografía y Diálogo de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios comunitarios de Costa Rica de la Escuela de Geografía y el Programa Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social Universidad de Costa Rica.
Tienen patillas pronunciadas o barbas sospechosamente simétricas.Son anaranjados o de facciones desiguales que hacen lucir sus dentaduras como corredores desordenados.Visten la tosquedad del protocolo de la comunicación y la propaganda extremista de los años cuarenta del siglo anterior.
Eso es lo que son. Esa representación del poder mediante la mueca, la burla y el cinismo.Una observación de cerca a toda su teatralidad evidencia esa fea estética del poder que hoy campea por América Latina.Y más acá.
Feos, locos, desencajados.
Pero lo que sorprende, si es que algo sorprende ya en un país como Costa Rica, es la fealdad física de quienes detentan el poder (ellos mismos se han encargado de afear sus facciones a través de la mueca, la máscara, el insulto) sumada a la fealdad de espíritu que los caracteriza en su ejercicio político.
Ahí sí son feos con ganas.
Lo voy a decir con todas las palabras posibles: la fealdad y pobreza deespíritu mostrada por la bancada oficialista en la Asamblea Legislativa no tiene comparación alguna.
Recién se conoce la dimensión del drama migrante costarricense con dos personas fallecidas este 2026 en sus condiciones de detención por parte de ICE. La última de ellas falleció a falta de atención médica y acceso a alimentación adecuada, lo que produjo voces de indignación de varios sectores locales.
Lo que se solicitó en plenario fue solamente un acto simbólico de homenaje para esta persona, a lo que la bancada oficialista se negó en su mayor parte.
La estética del horror termina fusionando caras y cuerpos con sus espíritus.A esa representación acudimos hoy.Que esa fealdad absoluta no pueda cristalizar su proyecto de destrucción de la institucionalidad democrática costarricense.
Una pequeña luz hermosa de resistencia y rebeldía se viene prendiendo. Ante la fealdad, la belleza.
La Red Nacional por la Democracia envió a SURCOS un manifiesto, fechado el 29 de setiembre de 2026 en San José, en el que se pronuncia sobre lo ocurrido ese día en la Asamblea Legislativa en torno a la elección de las magistraturas suplentes de la Sala Constitucional.
Según la Red, lo que correspondía a la Asamblea Legislativa era escoger a las personas candidatas de la nómina de magistraturas suplentes elaborada por la Corte Plena, «dando así cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 164 de la Constitución, a tenor de lo acordado ayer entre todas las fracciones».
En lugar de eso, señala el manifiesto, la fracción del Partido Pueblo Soberano presentó y aprobó una moción de orden para enviar esa nómina a la Comisión de Nombramientos.
A juicio de la Red, con esa conducta la fracción oficialista y la presidencia de la Asamblea actuaron en contra de su Reglamento Interior y de la orden de la Sala Constitucional que dispuso efectuar esos nombramientos.
La organización considera que, sumado a lo que califica como reiterados incumplimientos de funciones, ilegalidades y faltas al decoro constitucional, tanto de esa fracción como de otros altos cargos públicos, el episodio evidencia una tendencia del grupo gobernante que pone en grave riesgo el orden constitucional del Estado. Advierte que actuar en esa dirección podría acarrear las más serias responsabilidades.
«Costa Rica es un Estado de derecho», recuerda la Red. En ese sentido, señala que quienes, desde la función legislativa, desatiendan deliberadamente una orden judicial podrían incurrir en el delito de desobediencia. Recuerda además que los artículos 148 y 149 de la Constitución Política establecen la responsabilidad de la presidenta de la República y sus ministros por los actos ilícitos que cometan en el ejercicio de sus funciones.
«Vista la gravedad de la situación», la Red Nacional por la Democracia convoca a la ciudadanía costarricense «para que se manifieste de manera contundente repudiando las actitudes ilegítimas e indecorosas de la fracción legislativa oficial, respaldada por la presidenta y sus ministros».
La subcomisión legislativa respectiva analiza la reforma a la Ley de Premios Nacionales de Cultura. Ante este trámite, el Movimiento Transparencia considera necesario dejar constancia pública de las acciones realizadas durante este proceso, sobre todo porque quienes participamos en distintos espacios de consulta y discusión todavía no conocemos la versión actualizada del texto sustitutivo. Dado que esta reforma está próxima a someterse a votación es clave el seguimiento ciudadano.
Movimiento Transparencia, Fundación ACUA y Fundación Interartes fuimos las tres organizaciones que comparecimos ante la Asamblea Legislativa el 28 de julio, semanas después de la comparecencia del ministro de Cultura y Juventud, Jorge Rodríguez Vives, realizada el 1 de julio. Cada organización presentó sus propias observaciones y propuestas. Posteriormente, las organizaciones participamos en espacios de diálogo en el Ministerio de Cultura y Juventud para revisar el texto sustitutivo y conversar sobre las propuestas planteadas.
En el caso de Movimiento Transparencia, se nos informó que algunas de nuestras observaciones serían acogidas. Entre ellas, la incorporación de la literatura infantil a los Premios Aquileo J. Echeverría; una declaración jurada mediante la cual quien postule una obra asuma responsabilidad sobre su autoría y originalidad; y otros mecanismos de verificación relacionados con el ISBN y las condiciones de publicación.
También manifestamos nuestra oposición a la propuesta de convertir automáticamente a quien obtiene un Premio Nacional en jurado de la edición siguiente. Consideramos que ese mecanismo puede fortalecer círculos de reciprocidad y posibles conflictos de interés, precisamente donde la reforma debería procurar mayores garantías de independencia. En la reunión se nos indicó que esta disposición se mantendría por tratarse de una propuesta del Ministerio.
Otra de nuestras observaciones que no fue acogida se relaciona con el enfoque del premio a la economía creativa o “economía naranja”. Desde Movimiento Transparencia consideramos que debe preservarse el espíritu de un reconocimiento a la gestión cultural, que permita reconocer también el trabajo desarrollado desde las comunidades y no únicamente iniciativas vinculadas a una lógica económica o mercantil.
Sin embargo, a pesar de haber participado en estos espacios de diálogo, nunca tuvimos en nuestras manos la versión actualizada del texto sustitutivo. Por esa razón, no podemos verificar si aquello que se nos comunicó fue efectivamente incorporado, cuál es su redacción definitiva, qué otras modificaciones se realizaron posteriormente ni qué ocurrió con las distintas recomendaciones recibidas durante el proceso.
Ante esta situación, el 25 de septiembre, Movimiento Transparencia, Fundación Interartes y Fundación ACUA enviamos conjuntamente un correo al despacho del ministro de Cultura y Juventud solicitando respetuosamente “el borrador actualizado del texto sustitutivo”, con el propósito de “conocer y valorar las nuevas incorporaciones realizadas al documento”.
Consideramos importante que la ciudadanía conozca esta situación. Los Premios Nacionales son reconocimientos del Estado costarricense y constituyen el máximo reconocimiento público que el país otorga en distintos ámbitos de la creación y la cultura. Por ello, sería saludable que el texto actualizado sea conocido públicamente antes de que la reforma continúe avanzando en su trámite legislativo.
Asimismo, consideramos que una reforma de esta trascendencia habría merecido la participación de un espectro todavía más amplio de organizaciones, colectivos, universidades, artistas, creadores y gestores culturales. La participación de las organizaciones que fuimos convocadas respondió al interés y seguimiento que hemos mantenido sobre este proceso, pero de ninguna manera pretende representar la diversidad del sector cultural costarricense.
Movimiento Transparencia reitera su solicitud de conocer el texto sustitutivo actualizado, con el fin de evaluar las nuevas incorporaciones y conocer qué ocurrió finalmente con las propuestas y observaciones planteadas durante este proceso.
Este 25 de setiembre celebraron en la Asamblea Legislativa el día de la Biblia los pastores evangélicos con la presencia de la presidenta.
El sector mayoritario evangélico costarricense está de lleno comprometido con el grupo político encabezado por Rodrigo Chaves.
Distingo a los evangélicos chavistas de los no chavistas, que los hay.
Chaves representa valores ubicados en las antípodas de los valores que defiende, supuestamente, el evangelismo.
¿Cómo pueden compaginar los “valores familiares” con una persona con varias familias, hijos fuera de matrimonio, odio, insultos? ¿Cómo unir los “valores morales” evangélicos con una persona que se vanagloria de su vulgaridad? ¿Cómo apoyar a un hombre y un movimiento que puede ser la antítesis del Salvador?
Puede haber dos explicaciones al menos.
La primera y evidente es que ese evangelismo hizo una mera transacción, cambiar los votos de los evangélicos a cambio de puestos de diputados, ministros, magistrados y aprobar normas de su exclusivo interés. Simplemente un trueque del voto evangélico por puestos de poder.
En este punto la conclusión es que se trata de una mercantilización de la fe. Es la realidad, aunque nos cueste aceptarlo.
La segunda es más profunda y tiene que ver con la cosmovisión contemporánea de los evangélicos.
El sector comprometido con el chavismo es partidario de la guerra, está contra la inmigración, apoya a Israel y al genocidio, promueve el enriquecimiento sin límites, apoya la reducción de derechos humanos a las mujeres y a la diversidad sexual, asimismo, la disminución de derechos a las personas privadas de libertad, se opone el concepto del cambio climático e incluso a la limitación de libertades democráticas. Ese sector es partidario de una masculinidad ruda y una supremacía patriarcal.
Atrás quedaron postulados evangélicos de humanismo, solidaridad y paz mundial, de convivencia y respeto por las opiniones ajenas.
Los evangélicos son partidarios del proyecto chavista de división, confrontación y odio social, asunto muy alejado de la vieja cosmovisión evangélica.
Por supuesto que la posición evangélica actual forma parte del engranaje global de la ultraderecha, que ha sido concebida, promovida y financiada por el gobierno de Trump.
El día de la Biblia no puede ser un momento para envenenar el alma nacional.
A propósito de algunas opiniones enviadas a la Asamblea Legislativa relativizando la supuesta conveniencia del TLC entre Costa Rica e Israel
«Lo que está ocurriendo en Gaza no es una operación militar, es una agresión a gran escala contra nuestro pueblo. Son masacres contra civiles inocentes. Nada en el derecho natural ni en el derecho internacional permite atacar a civiles y perpetrar contra ellos ataques tan indiscriminados y bárbaros / What is happening in Gaza is not a military operation, it is a full-scale assault against our people. It is massacres against innocent civilians. Nothing in natural law or international law allows for the targeting of civilians and such indiscriminate, barbaric attacks against them». (Intervención realizada por el representante de Palestina ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en su sesión del 16 de octubre del 2023 (véase acta S/PV/9439, en página 9 / Statement made by the representative of Palestine to the United Nations Security Council, at its meeting on 16 October 2023 (see verbatim S/PV/9439, at page 9)
Nicolas Boeglin Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho UCR nboeglin@gmail.com
Desde hace varias semanas, la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Legislativa examina el Expediente Legislativo 25.542 (aprobación del Tratado de Libre Comercio /TLC con Israel, suscrito el 8 de diciembre del 2025).
En este enlace está disponible el texto como tal del Expediente Legislativo 25.542, con una carta al inicio, del 13 de abril del 2026, de la entonces ministra de la Presidencia al Congreso y el acuse de recibo de la misma con fecha del 24 de abril. Como es sabido, la entonces ministra de la Presidencia fue electa presidenta en las elecciones celebradas en febrero del 2026, y el ex presidente en el período (2022-2026) es desde mayo del 2026, ministro de la Presidencia y ministro de Hacienda: una situación que resulta algo confusa y que, al parecer, es inédita en los anales políticos de América Latina, según expertos consultados en día recientes (véase artículo publicado en el Semanario Universidad).
Más allá del intercambio de roles en las más altas esferas del poder en Costa Rica observado, fue tal la premura en iniciar el trámite de aprobación de manera prioritaria de este TLC, que antes de la toma oficial de posesión de las «nuevas» autoridades electas, celebrada el pasado 8 de mayo en la capital costarricense, ya el Poder Ejecutivo lo había convocado a sesiones extraordinarias del Poder Legislativo (véasenotade Elmundo.cr del 6 de mayo). Una pregunta válida que se puede plantear todo observador y analista es la siguiente: ¿a qué es que podrá responder tanta urgencia en aprobar este TLC?
PROCOMER: algo… ¿desinformada?
Como ya es costumbre en este tipo de trámite legislativo, han sido varias las consultas solicitadas por esta Comisión a diversas entidades gubernamentales, académicas, cámaras empresariales, así como a algunas personas.
Es así como el pasado 3 de septiembre comparecieron funcionarios de la Promotora de Comercio Exterior (PROCOMER, una entidad pública costarricense) al parecer muy poco informados sobre álgidos aspectos jurídicos debatidos en Naciones Unidas y en el seno de la Unión Europea (UE) desde hace varios años con relación al comercio con Israel: véase esta nota del medio digital Delfino.cr y titulada de manera que nos parece muy oportuna “PROCOMER desconoce si Costa Rica puede detectar bienes israelíes producidos en Palestina ocupada”.
Al respecto, referimos a esta ley reciente adoptada en Irlanda (véase enlace a texto) sobre lo que pareciera desconocer por completo PROCOMER, así como a esta notasobre una regulación muy similar adoptada por Bélgica. En el caso de España, remitimos a este Real Decreto Ley de septiembre del 2025 (véase texto integral), cuyo artículo 3 se lee de la siguiente manera:
“1. Queda prohibida la importación en España de los productos originarios de asentamientos israelíes en el Territorio Palestino Ocupado, de acuerdo con la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia de 19 de julio de 2024. A los efectos de este artículo se entiende por importación el despacho a libre práctica tal y como se establece en el artículo 201 del Reglamento (UE) n.º 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de octubre de 2013, por el que se establece el código aduanero de la Unión. En todas las declaraciones aduaneras de mercancías originarias de Israel se deberá incluir el código postal y la localidad correspondiente al lugar de origen de las mismas.”
Noruega por su parte ha anunciado una pena de hasta 3 años de cárcel para quienes importen a su territorio productos en proveniencia del territorio palestino ocupado (véase nota de prensa del 16 de septiembre del 2026).
Volviendo a Costa Rica y a la Asamblea Legislativa, una semana después del 3 de septiembre del 2026, en esta otra nota del mismo medio digital (véase enlace), se indicó que no llegaron a la comparecencia prevista el 10 de septiembre ante la Comisión de Relaciones Exteriores ni el jerarca de la diplomacia costarricense, como tampoco la jerarca de la cartera de comercio exterior, en razón de compromisos repentinos. Salvo error de nuestra parte, es la primera vez que dos ministros en ejercicio, solicitados para comparecer ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Poder Legislativo, a última hora, deben excusarse debido a imprevistos de último momento.
Revisando lo que ocurrió el 10 de septiembre en el mundo y en Costa Rica, no se registró crisis política aguda ni deflagración mundial alguna que ameriten de urgencia, su presencia en una reunión en Casa Presidencial.
Al parecer ambos jerarcas tampoco encontraron manera de delegar su respectiva comparecencia a un funcionario subalterno, como si de pronto, ganar tiempo posponiendo al mes de octubre su comparecencia pareciera ser la extraña estrategia acordada (por razones que sería de interés conocer).
No se sabrá sino hasta su comparecencia si la información que se maneja en ambas carteras sobre los problemas legales para cualquier Estado al comerciar con Israel (y en particular importar productos desde Israel), es (o no) similar a la de PROCOMER.
Nótese que este 24 de septiembre, el jefe de la diplomacia costarricense dejó de serlo por decisión de la mandataria costarricense (véanse nota del medio digital Delfino.cr titulada «Perdido en Nueva York, Trump y el misterio de la invitación«, así como una nota sobre la línea de tiempo reportada en La Nación que no parece corresponder a las declaraciones oficiales de la mandataria).
De algunos criterios mejor informados que los de PROCOMER
Más allá de compromisos “súbitos” de las máximas autoridades costarricenses (que sería de sumo interés conocer en detalle) y de la seriedad relativa con la que se están llevando las relaciones internacionales de Costa Rica en este mes de septiembre del 2026 por parte de sus máximas autoridades, existen posiciones más informadas que las de PROCOMER con relación a la conveniencia de aprobar en estos momentos un TLC con Israel.
En particular referimos a un extenso documento enviado a la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Legislativa por Wajiha Sasa Marín, Cónsul Honoraria de Palestina en Costa Rica, a otro igualmente extenso documento, suscrito por el reconocido economista Luis Paulino Vargas Solís y a otra opinión, remitida por el autor de estas líneas.
Desde perspectivas y razonamientos muy distintos, y citando en el caso de los dos primeros, numerosas fuentes de información, los tres criterios enviados concluyen poniendo en tela de duda la supuesta conveniencia para Costa Rica de aprobar este tratado en las actuales circunstancias con Israel, tal y como lo sostienen varias entidades gubernamentales (así como varias cámaras empresariales) y los precitados jerarcas de PROCOMER, en su comparecencia del día 3 de septiembre del 2026.
Los textos completos de cada uno de los tres documentos pueden ser consultados en los siguientes enlaces:
Es muy posible que hayan sido enviados escritos críticos adicionales a estos tres a la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Legislativa, de los que no tenemos conocimiento.
El texto enviado por la representante de Palestina en Costa Rica explica de manera muy detallada las razones por las que no se puede separar el tema comercial de asuntos legales relacionados a la colonización y a la ocupación ilegal del territorio palestino por parte de Israel, y del drama indecible al que Israel somete la población civil en Gaza desde octubre del 2023. Desde esta perspectiva, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) ha establecido en varias de sus decisiones que los Estados terceros no pueden consolidar con sus acciones esta colonización ilegal y esta ocupación igualmente ilegal de Israel.
Con respecto a la perspectiva estrictamente comercial, que tantos entusiastas posee en el seno de algunos influyentes círculos corporativos costarricenses, se recomienda la sección 3 del escrito del economista Luis Paulino Vargas Solís sobre lo que denomina “La irrelevante relación económica y comercial entre Costa Rica e Israel” (páginas 19-21), en particular gráficos muy ilustrativos elaborados a partir de los mismos datos de PROCOMER y de COMEX (Ministerio de Comercio Exterior).
En lo atinente a nuestra perspectiva jurídica internacional, ésta no hace más que resumir y actualizar lo que hemos sostenido en diversas publicaciones así como en diversos foros en los que nuestras intervenciones se han centrado sobre “Gaza, el cerco informativo y el cerco de la justicia internacional”: desde octubre del 2023, el cerco informativo ha tendido a hacernos creer cosas que … se distancian cada vez más de las decisiones de la misma justicia internacional en contra de Israel y de sus dirigentes. Dicho en otras palabras, las aseveraciones según las cuales Israel sí actúa de conformidad con sus obligaciones jurídicas internacionales desde el 7 de octubre del 2023 en Gaza no resisten a un debate legal, ni logran convencer en lo más mínimo a los integrantes de jurisdicciones internacionales: remitimos, entre muchos otros textos sobre «Gaza, cerco informativo, cerco de la justicia internacional» a nuestros estimables lectores al título de esta conferencia impartida el 22 de octubre del 2025 (véase video), a solicitud del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Facultad de Derecho de la UCR, en el marco de su 50 aniversario.
El escrito nuestro remitido a la Asamblea Legislativa también hace hincapié en la existencia de cláusulas sobre derechos humanos en los acuerdos comerciales, tendientes a permitir su suspensión cuando se estime oportuno hacerlo por parte de los Estados Partes a estos instrumentos. Vincular el comercio y la situación de los derechos humanos es una tendencia observable en la práctica convencional, a la que no escapa ni el TLC entre Estados Unidos y América Central y República Dominicana, ni tampoco el Acuerdo de Asociación suscrito entre la UE y América Central.
Obligaciones internacionales en materia de derecho internacional humanitario y derechos humanos y libre comercio
A la fecha de hoy (25 de septiembre del 2026), el primer ministro israelí y su ex ministro de Defensa siguen siendo objeto de una orden de captura emitida por la Corte Penal Internacional (CPI) siempre vigente (y ello desde noviembre del 2024), para que sean juzgados a título individual por crímenes de guerra cometidos en Gaza: los intentos tan reiterados (como desesperados) de Israel ante los mismos órganos de apelación de la CPI para restarle toda validez jurídica a estas órdenes de captura han fracasado una y otra vez.
El 24 de septiembre del 2026, el primer mnistro Israelí sufrió una nueva humillación al ver cómo salían apuradamente los delegados de casi toda la asamblea durante su intervención en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas (véase video), con excepción de la delegación de Israel, de Estados Unidos y de unos pocos Estados más (véase nota de prensa). Se trata de un ejercicio ya observado en el 2025 en este mismo recinto: y es que nunca en la historia de Naciones Unidas un dirigente objeto de una orden de captura emitida por la justicia penal internacional por crímenes de guerra, había tenido la osadía de presentarse a esta tribuna. Luego de la humillación sufrida (maquillada por improperios lanzados contra los delegados salientes), el primer ministro salió de la sala y se reunió con el mandatario de Argentina (véase nota de prensa). Varios Estados de Oriente Medio reaccionaron para denunciar el discurso insultante del primer ministro de Israel: Irán, Turquía y Catar (véase intervenciones de sus delegados disponibles en este enlace).
A su vez, Israel (esta vez como Estado) enfrenta ante la CIJ un procedimiento contencioso iniciado por Sudáfrica desde el 30 de diciembre del 2023, con base en la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948: una acción respaldada por Estados tan diversos como Belice, Bélgica, Brasil, Bolivia, Chile, Comoras, Cuba, Colombia, España, Honduras, Irlanda, Islandia, Libia, Maldivas, México, Namibia, Países Bajos o Turquía.
Nótese que el pasado 22 de septiembre, las nuevas autoridades de Colombia optaron por restarle su apoyo a la demanda de Sudáfrica, notificando el retiro de su solicitud de intervención (véanse el comunicado oficial de Colombia así como el comunicado oficial de la CIJ en francés e inglés): una decisión que no debe sorprender en la medida en que las nuevas autoridades de Colombia muestran un alineamiento total con Israel desde su misma toma oficial de posesión (Nota 1).
Esta reciente entrevista a la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la situación de los Derechos Humanos en el territorio palestino, la jurista italiana Francesca Albanese, da cuenta de la agravación de la situación y del insensato ensañamiento de Israel en contra de la población palestina, pese a estas decisiones de la justicia internacional de La Haya. Como se recordará, a inicios del 2026, la UCR otorgó el Doctorado Honoris Causa a esta valiente jurista italiana, objeto de una sostenida campaña de descalificación y difamación por parte de Israel y de su incondicional aliado norteamericano (Nota 2): sobre este otorgamiento de la máxima distinción académica a Francesca Albanese, véase al respecto esta nota del Semanario Universidad.
¿Qué relación podrán guardar estas decisiones de la justicia internacional contra Israel y sus dirigentes, con un TLC con Israel? No está de más recordar a algunos círculos políticos y económicos de Costa Rica sumamente entusiastas en comerciar a como dé lugar con Israel (así como a algunos colegas académicos igualmente entusiastas…) lo que hizo el Reino Unido en mayo del 2025 con las negociaciones que tenía con Israel de cara a suscribir un TLC: esta nota de The Guardian del 20 de mayo del 2025 se titula «UK suspends trade talks with Israel and attacks ‘repellent’ extremism«. Cabe precisar que, en su intervención, el jefe de la diplomacia británica externó ante el mismo Parlamento británico (véase texto completo) que:
«As the Prime Minister and fellow leaders said yesterday, we cannot stand by in the face of this new deterioration. It is incompatible with the principles that underpin our bilateral relationship. Rejected by Members across this House and frankly it’s an affront to the values of the British people«.
En el caso específico de Costa Rica, omitiremos toda referencia expresa a artículos y estudios sobre el alcance de la obligación jurídica internacional de «respetar y hacer respetar» el derecho internacional humanitario, contenida en el Artículo I común a los Convenios de Ginebra de 1949, así como en su Protocolo adicional de 1977: ello de manera a no causar mayor sonrojo al ya causado. La obligación de prevenir incluso violaciones al derecho internacional humanitario fue defendida por muchas entidades abocadas al derecho internacional humanitario, incluyendo la propia Comisión Costarricense de Derecho Internacional Humanitario en el 2026 (véase documento).
En esta guía que tiene más de 21 años, al haber sido aprobada en el 2005, la misma Unión Europea (UE) propone diversas medidas que pueden tomar los Estados al percatarse que se viola el derecho internacional humanitario en situaciones de conflicto.
Siempre con la misma idea de evitar mayor rubor al causado, dejaremos a nuestros estimables lectores y estudiantes o colegas, buscar por sí mismos el origen exacto de la siguiente regla 144 que se lee de la siguiente manera:
«Rule 144. States may not encourage violations of international humanitarian law by parties to an armed conflict. They must exert their influence, to the degree possible, to stop violations of international humanitarian law.»
Israel y la comunidad internacional: de mal en peor al tiempo que en Costa Rica, se registran situaciones únicas
En lo que va de este 2026, Israel ha ido acumulando una serie de pronunciamientos en su contra de diversos órganos de Naciones Unidas y de condenas por parte de diversos Estados en el mundo, por sus reiteradas exacciones en el territorio palestino ocupado.
Resulta de cierto interés “destacar” la omisión total de Costa Rica, cuya diplomacia pareciera enmudecida cuando se trata de condenar el accionar de Israel en Gaza, así como en Cisjordania y en Jerusalén Oriental.
Dicho sea de paso, el pasado 24 de agosto, la cancillería de Costa Rica celebró el «PremioJerusalén» otorgado al titular costarricense de la cartera de relaciones internacionales (véanse el comunicado oficial y algunas reacciones disponibles en las redes sociales). No se tiene conocimiento de un premio de este tipo otorgado a un canciller meses después de debutar sus funciones, como es el caso del canciller de Costa Rica, que inició sus funciones en mayo del 2026: en el 2025, el actual presidente de Argentina recibió otro premio en Israel, conocido, según se lee como el «Premio Nobel del mundo judío» (sic.) (véase nota oficial de prensa).
Usualmente los premios Jerusalén en América Latina vienen a premiar a profesionales de la comunicación, sea columnistas o periodistas: en el caso de Uruguay, el denominado «Premio Jerusalén» fue otorgado en el 2026 a un periodista (véase emisión de la televisión uruguaya). En el caso de Colombia, en el 2025, este mismo premio también fue otorgado a un periodista y columnista (véase enlace). Siempre con respecto a Costa Rica, este mismo premio fue otorgado a un ex diplomático en el 2022 (véase nota de prensa).
Más allá de las celebraciones del aparato diplomático costarricense por un premio que ningún canciller en el ejercicio de sus funciones ha recibido antes del de Costa Rica, otro episodio sin precedente se vivió en el 2025 (siempre con relación a Israel): en efecto, en julio del 2025, se observó en Costa Rica al único mandatario en el mundo que, en el ejercicio de sus funciones, se mofó públicamente en una conferencia de prensa, del drama indecible que vive la población civil palestina en Gaza (véase nota del Semanario Universidad del 4 de julio del 2025, titulada “Chaves se mofa de críticas a Israel y anuncia intención de firmar TLC bilateral”). Estas declaraciones del mandatario costarricense provocaron una reacción indignada de un intelectual de ascendencia judía radicado en Europa, que reportó el 3 de julio del 2025 esta nota de La Nación titulada “Respuesta de Rodrigo Chaves sobre niños en Gaza y TLC con Israel desata fuerte reacción de filósofo judío”. Dicho sea de paso, es este mismo intelectual el que ha sido invitado a impartir una conferencia magistral sobre Gaza que organiza la Facultad de Ciencias Sociales (FCS) de la UCR, este 24 de septiembre (véase volante) y video completo de la charla realizada).
Nótese que, en este mes de septiembre del 2026, por segundo año consecutivo, Estados Unidos negó la entrada a las máximas autoridades de Palestina para asistir a la Asamblea General de Naciones Unidas que inició este 22 de septiembre (véase nota de The Guardian). El 17 de septiembre, se adoptó en Naciones Unidas esta resolución sobre la participación de los delegados palestinos a la sesión anual de la Asamblea General, con 152 votos a favor y únicamente tres en contra: Estados Unidos, Israel y Paraguay. Se abstuvieron los siguientes cuatro Estados: Colombia, Honduras, Panamá y Perú. Esta nota oficial de Naciones Unidas refiere al significado de esta votación en la que América Latina pareciera prestarse para satisfacer los caprichos de Israel y de Estados Unidos, violando este último las obligaciones jurídicas que derivan del acuerdo sede con Naciones Unidas suscrito en 1947. En el caso específico de Costa Rica, se registró una situación bastante insólita en esta votación con respecto a su delegación: optó por el «No Show» en la Asamblea General (ausencia de su representante justo en el momento de registrarse el voto), así como las siguientes delegaciones: Argentina, Bolivia y Haití (véase detalle de la votación). En el caso específico de Venezuela, cabe precisar que está impedida de votar, al no haber aún resuelto el pago de sus contribuciones atrasadas a Naciones Unidas (véase resolución de septiembre del 2026). Una de las pocas notas periodísticas sobre una delegación tan omisa como la costarricense en Naciones Unidas, fue publicada en el Semanario Universidad (véase nota).
Una América Latina tan solícita para no respaldar la plena participación de Palestina en Naciones Unidas en este 2026 tiene una explicación: las numerosas referencias a Israel y a las empresas israelíes de alta tecnología en esta entrevista publicada recientemente en Página12 sobre el escándalo del momento en la región latinoamericana (Cerimedo) son parte de ella.
Comunicación, Israel y el drama indecible que se vive en Gaza
Las modernas técnicas usadas por empresas israelíes en procesos electorales en América Latina nos recuerdan que, en materia de comunicación, Israel ha sabido dotarse de recursos muy efectivos.
Cabe recordar que de cara a la Asamblea General de Naciones Unidas del 2024, Israel logró desviar en buena parte la atención sobre la tragedia que se vive en Gaza, al proceder a la explosión simultánea de «beepers» en el Líbano (una operación ampliamente referida en medios de prensa acaecida entre el 17 y 18 de septiembre).
En el 2025, fue desde Estados Unidos que Israel anunció, con una campaña masiva de comunicación a nivel global, un supuesto «Plan de Paz» para Gaza finiquitado entre Estados Unidos e Israel (sin nunca consultar de previo a las autoridades palestinas) presentado oficialmente el 26 de septiembre del 2025, y cuyos alcances en su momento analizamos (Nota 3).
Estas reiteradas operaciones de comunicación de Israel y de Estados Unidos para desviar la atención del drama indecible que se vive en Gaza no son para nada nuevas. Se insertan dentro de una red informativa más extensa, que explica que el tratamiento de la información que circula sobre Israel y Gaza desde el 7 de octubre de 2023, haya sufrido un notable giro: al respecto, remitimos a un libro publicado en el 2025 en Francia por un reconocido especialista, titulado: «Permis de tuer. Gaza: génocide, négationnisme et Hasbara«(véase enlace). El capítulo 7 (páginas 113-137) sobre la denominada «Hasbara» está disponible en este enlacey su lectura es muy recomendada, al detallar los mecanismos y los relevos en salas de redacción, emisiones de radio y televisión galas con los que puede contar Israel en Francia. Recientemente, Israel decidió multiplicar por cinco el presupuesto asignado anualmente a la «Hasbara» (véase nota del 30 de abril del 2026 del TimesofIsrael), lo cual denota el esfuerzo de Israel por intentar convencer con una narrativa a su favor a muchos en el mundo.
Pese a este cerco informativo existente en Francia y en muchas otras partes del mundo tendiente a minimizar las exacciones de Israel en Gaza, y a descalificar la crítica a Israel, respaldado por el muy eficiente aparato de comunicación israelí conocido como «Hasbara» (Nota 4), quisiéramos referir a una nueva victoria estudiantil en un campus universitario europeo que nos es muy familiar, por haber ahí iniciado nuestros estudios universitarios: en efecto, en este mes de septiembre del 2026, finalmente el Instituto de Estudios Políticos (IEP) de Estrasburgo (Francia) suspendió un muy cuestionable (y cuestionado) «partenariat» que tenía vigente con la Universidad Reichman en Israel (véase nota de prensa).
En este artículo sobre la «Hasbara«, publicado este 23 de septiembre en el Jerusalem Post, el articulista concluye que:
«Otherwise, hasbara is little more than propaganda: a futile attempt to fill a vacuum created by the absence of policies that can be convincingly explained and defended«.
Gaza: datos recientes de un drama que llegará a tres años el próximo 7 de octubre
El pasado 2 de septiembre, la organización Amnistía Internacional hizo un llamado para que otros Estados además de Sudáfrica remitan a la CIJ observaciones y datos sobre el incumplimiento de Israel con respecto a lo que le ha ordenado la justicia internacional e informen de las acciones que han tomado para impedir el genocidio en curso (véase comunicado oficial). Con respecto a Costa Rica, sería de sumo interés conocer qué gestiones han realizado sus autoridades para prevenir el genocidio en curso en Gaza, una obligación jurídica que pesa sobre Costa Rica como sobre los otros 152 Estados Partes a esta convención.
El último informe de la situación en el territorio palestino ocupado realizado por Naciones Unidas (al 12 de septiembre del 2026) está disponible en este enlace, y se recomienda su lectura completa. En relación con Gaza, se lee que:
“The consequences of insecurity, repeated displacement and the destruction of homes are placing growing pressure particularly on women, many of whom are now the sole providers for their families. A new UN Women report assesses that households headed by women have doubled since October 2023, representing an estimated 86,000 households, nearly one in four families in Gaza. This includes widows and women whose husbands are missing, detained, severely injured, or forcibly disappeared, or whose fate just remains unknown. Households headed by women face greater hardship than male-headed households, including higher rates of inadequate shelter, housing damage, and displacement”.
En el penúltimo informe situacional (al 4 de septiembre del 2026), el texto iniciaba señalando que:
«Children continue to be killed by airstrikes and other attacks affecting populated areas in the Gaza Strip.
Most of Gaza’s 2.1 million are approaching the rainy season in overcrowded displacement sites, at risk of flooding and disease, while efforts to help them prepare are constrained by funding shortfalls and access restrictions«.
Asfixiar a más de dos millones de habitantes al no permitir entrar en Gaza ayuda humanitaria urgente que requieren estas personas, siendo sometidas desde la tarde/noche del mismo 7 de octubre del 2023, a bombardeos indiscriminados y desproporcionales, con una red hospitalaria prácticamente destruida, y con muchas de ellas viviendo con sus familias a la intemperie en un desolador campo de ruinas, con poca agua y alimentación, constituye una faceta dramática del insensato accionar de Israel en Gaza.
“Naza”: un documental muy pocamente publicitado en la prensa de Costa Rica
El 10 de septiembre del 2026, valientes comunicadores israelíes dieron a conocer un documental en la Bienal de cine de Venecia, titulado «Naza«, sobre la maquinaria destructiva militar israelí en Gaza dirigida desde programas informáticos que combinan rastreo y ubicación de llamadas, reconocimiento facial e inteligencia artificial: véanse al respecto esta nota del medio israelí Magazine+972, así como este reportaje de Al Jazeera.
Dada la muy escasa publicidad registrada en medios costarricenses con respecto a este documental producido desde Israel por comunicadores israelíes, remitimos también a esta otra nota de CNN y esta otra de France24: la conferencia de prensa completa de los directores de este documental en Venecia está disponible en este enlace y es sumamente recomendada escucharla de manera integral.
El documental “Naza”, como previsible, provocó las reacciones iracundas y los habituales exabruptos de las máximas autoridades israelíes (tanto en la esfera gubernamental como militar) que ya no impresionan mayormente a nadie, salvo a algunas salas de redacción en Estados Unidos y en algunos otros Estados, así como a algunos círculos que gravitan usualmente alrededor de las embajadas de Israel, con sus relevos en la prensa nacional: véase sobre estas reacciones furibundas israelíes esta nota de RadioFrance del 15 de septiembre del 2026.
Otra reacción iracunda en contra de la prensa israelí de investigación, al revelar algunos de los secretos mejores guardados del actual primer ministro israelí (y de su homólogo que gobierna en Emiratos Árabes Unidos), se puede leer en esta nota de la BBC (también del 10 de septiembre), en la que se precisa que:
«Según informó Haaretz, durante esa llamada, el jeque Bin Zayed advirtió explícitamente a Netanyahu que Sinwar le dijo a un exfuncionario palestino que Hamás estaba preparando una operación importante que describió como un «terremoto».Bin Zayed expresó su preocupación de que el suceso en cuestión no solo provocara un derramamiento de sangre, sino que también desestabilizara toda la región».
¿Ignoraban acaso las autoridades israelíes de un ataque inminente del Hamás para los primeros días de octubre del 2023? Es una de las grandes preguntas que desde diciembre del 2023 el mismo título de este reportaje del New York Times contestó, y que viene a reconfirmar el reciente hallazgo de los periodistas de Haaretz. Un documental realizado en Francia titulado “Les guetteuses du 7 octobre” (véase enlace) presentado en el 2025 puso en evidencia que, dentro del mismo ejército israelí, se informó de entrenamientos y movimientos inusuales de integrantes del Hamás pocas semanas antes del 7 de octubre del 2023: el título de esta nota de la prensa en Bélgica sobre este documental galo así lo evidencia.
Sobre la recientes revelaciones de Haaretz, este análisis difundido en Estados Unidos por el medio digital Zeteo, permite entender mejor la extraña estrategia seguida por la oficina del primer ministro de Israel.
Este conjunto de indicios (advertencias recibidas desde Egipto y desde Emiratos Árabes Unidos, alertas enviadas desde los servicios secretos israelíes y centinelas del mismo ejército israelí) permite mucho mejor comprender por qué el actual primer ministro israelí ha hecho hasta lo imposible con sus aliados extremistas en la Knesset para que no se cree una comisión de investigación independiente en Israel, que pueda investigar a profundidad las circunstancias exactas en las que tuvo lugar el ataque perpetrado por el Hamás el 7 de octubre del 2023.
A modo de conclusión
El 15 de septiembre del 2026, en un comunicado oficial del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas en persona, pasado totalmente desapercibido en la prensa internacional y en la prensa costarricense (véase texto completo), se puede leer que:
«The remains of what appears to be entire families are now being unearthed at locations that were pulverized by Israeli attacks. It is heartbreaking that the loved ones of those missing for so long are only now having their worst fears confirmed,” said the High Commissioner.
“I worry the remains recovered so far may only be the tip of the iceberg. Much of Gaza has been flattened by Israeli bombing or demolition and clearing by heavy machinery and explosives. Today, many areas in Gaza where the Israeli military is deployed continue to be levelled by bulldozers with no respect for the dead under the rubble.”
Más allá de las extrañas omisiones que se registran en algunas agencias de prensa internacional y en los medios de prensa nacionales en Costa Rica cuando se trata de informar sobre los graves cuestionamientos hechos a Israel, es de notar que recientemente, una solicitud para que compareciera ante la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, la Cónsul Honoraria de Palestina, Wajiha Sasa Marín, así como otras personas y entidades, incluido el autor de estas líneas, fue rechazada (véase nota del Semanario Universidad del 20 de agosto titulada “Comisión de Relaciones Internacionales rechaza escuchar a Embajadora de Israel y a Cónsul de Palestina sobre TLC”).
Con respecto a la Cónsul Honoraria de Palestina en Costa Rica, cabe añadir que el pasado 17 de septiembre, fue publicado un comunicado conjunto suscrito por un numeroso grupo de intelectuales y de artistas costarricenses titulado “El arte no censura: dialoga” en contra de una decisión de una reconocida entidad educativa, que le prohibió ingresar a su recinto para participar en un foro sobre Gaza (véase texto publicado en el Semanario Universidad). Las «razones administrativas» invocadas por este centro educativo icónico para varias generaciones de artistas costarricenses, dieron pie para este artículo de opinión publicado en el medio digital Delfino.cr, titulado “El Castella y la caracterización moral”, cuya lectura completa se recomienda.
Cercenar una y otra vez los espacios de participación a los representantes de Palestina y a los activistas en favor de los derechos del pueblo palestino no constituye mayor novedad, con la justificada indignación causada, en particular en el caso del precitado centro educativo costarricense.
Ahora bien, al tener la Asamblea Legislativa la responsabilidad de decidir si este TLC con Israel le conviene a Costa Rica o no le conviene tanto, resultará de sumo interés observar cuáles han sido las entidades llamadas a comparecer ante la Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea Legislativa: por el momento, únicamente han sido invitados a comparecer PROCOMER (3 de septiembre), los jerarcas del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto y de COMEX (10 de septiembre, cuya comparecencia fue reprogramada para octubre) y el MICITT (prevista el próximo 24 de septiembre).
– – Notas – –
Nota 1: Véase al respecto BOEGLIN N., «Algunas interrogantes con respecto al reciente reconocimiento por parte de Colombia de la soberanía israelí sobre los Altos del Golán (territorio sirio ocupado)», 25 de agosto del 2026. Texto integral disponible en este enlace.
Nota 2: Véase al respecto este comunicado de febrero del 2026 de Amnistía Internacional denunciando el burdo montaje a partir del cual Austria, Francia y República Checa pidieron sanciones contra Francesca Albanese. El 12 de febrero del 2026, un colectivo de juristas franceses presentó una demanda contra las autoridades francesas (véase comunicado del 12 de febrero) y emplazó al Secretario General de Naciones Unidas ante una condena por parte de Francia a la persona de Francesca Albanese (condena hecha con base en un montaje bastante burdo y grosero que al parecer no detectó el jefe de la diplomacia de Francia, lo cual plantea algunas interrogantes sobre su capacidad de lectura y la de su equipo de asesores): véase al respecto la carta del presidente de la ONG francesa JURDI con fecha del 20 de febrero del 2026 con dos anexos que evidencian la maniobra de la que fue víctima Francesca Albanese. Se recomienda leer el texto de la misma Francesca Albanese publicado en Le Monde Diplomatique (número de marzo 2026), titulado «Réponse a mes détracteurs» y (cuyo texto integral esta disponible desde el 1 ero de abril del 2026).
Nota 3: Véase BOEGLIN N., «Gaza / Israel: algunos apuntes sobre el denominado «Plan de Paz» de Estados Unidos e Israel a la luz del derecho internacional público, analizado desde Costa Rica»),1ero de octubre del 2025. Texto integral disponible en este enlace.
Nota 4: La palabra hebrea Hasbara designa un conjunto de redes que, desde la diplomacia israelí, buscan orientar a la opinión pública, en procura de obtener una percepción siempre positiva en el exterior de Israel. De manera muy precisa, una publicación disponible en línea titulada «Israel´s Hasbara Toolkit» (75 páginas, editada en el Reino Unido) detalla el abanico de juegos semánticos a aplicar: los especialistas en derecho internacional reconocerán con gran facilidad el juego semántico que se ha aplicado a su disciplina en innumerables artículos y columnas publicadas en Costa Rica, así como en muchas otras partes del mundo, desde el 7 de octubre 2023 (pp. 56-58). En relación con los recursos asignados a la Hasbara, esta nota del medio israelí, TimesofIsrael, del 29 de diciembre de 2024, detalla que: «Under the new budget, the Foreign Ministry will receive $150 million, on top of what it gets for its existing activities, for what’s officially known as public diplomacy, or hasbara in Hebrew. That sum is more than 20 times what such efforts have typically been allotted in past years«.
Hay decisiones jurídicas cuya extrañeza solamente se revela cuando se las conduce hasta sus últimas consecuencias. No es necesario caricaturizarlas: basta aplicar rigurosamente su propia lógica. Es el antiguo procedimiento de la reductio ad absurdum, que desde la matemática griega hasta la filosofía analítica ha servido para descubrir cuándo una premisa aparentemente razonable desemboca en un resultado difícilmente conciliable con aquello que pretendía preservar.
Algo semejante ocurre con la reciente controversia sobre la elección de magistrados suplentes en la Asamblea Legislativa.
El artículo 227 del Reglamento legislativo contiene una disposición singular: en los procesos de elección, el voto del diputado que «dejare de elegir» se suma a quien haya obtenido el mayor número de votos. El mismo artículo reconoce, sin embargo, que cuando la Constitución exige una mayoría calificada debe respetarse esa mayoría.
La regla puede tener una finalidad comprensible: impedir que la abstención se convierta en instrumento para paralizar indefinidamente una decisión parlamentaria. El problema aparece cuando una ficción destinada a resolver una dificultad procedimental termina sustituyendo la voluntad que la mayoría calificada pretende garantizar.
Imaginemos el caso límite.
Dos personas, A y B, aspiran a una magistratura. De los 57 diputados, uno vota por A, ninguno por B y los otros 56 dejan de elegir.
La voluntad parlamentaria efectivamente manifestada es inequívoca: A recibió un voto.
Pero si los 56 votos de quienes dejaron de elegir se atribuyen a A por ser el candidato más votado, la aritmética reglamentaria produce un prodigio digno de Zenón: A termina con 57 votos. La unanimidad formal nace de la casi absoluta ausencia de consentimiento.
El problema deja entonces de ser aritmético y se vuelve filosófico.
Una mayoría calificada no es simplemente un número. Es una institución destinada a expresar una determinada densidad de consentimiento. Cuando el constituyente exige una mayoría especialmente elevada, pretende dificultar deliberadamente la decisión: quiere obligar a construir acuerdos que trasciendan una mayoría circunstancial. De hecho, al explicar la reforma constitucional de 2003, la Procuraduría ha señalado que la exigencia de los dos tercios busca que la elección de cada magistrado sea producto de un «amplio consenso legislativo».
Aquí aparece una distinción elemental que habría complacido a Aristóteles: una cosa es no elegir a A y otra muy distinta es elegir a A.
Una norma jurídica puede establecer consecuencias para una abstención. Lo que resulta conceptualmente mucho más problemático es que transforme la ausencia de una voluntad afirmativa en la voluntad afirmativa que precisamente se exige para alcanzar una mayoría reforzada.
La paradoja se hace todavía más visible cuando se considera la papeleta. Si deben escogerse nueve candidatos entre dieciocho, quien no escoge a ninguno puede quedar comprendido en la regla de quien «dejare de elegir». Pero quien marca más candidatos de los permitidos puede producir una papeleta inválida. Surge entonces una extravagante posibilidad: quien pretende abstenerse cuidadosamente podría contribuir involuntariamente a elegir al candidato que menos desea, mientras quien vota incorrectamente podría producir consecuencias distintas.
El Derecho necesita ficciones. La personalidad jurídica, la representación, las presunciones y muchas otras construcciones son ficciones indispensables para hacer posible la vida institucional. Pero una ficción jurídica encuentra su límite cuando comienza a destruir la realidad normativa que debía servir.
Hans Kelsen enseñó que el orden jurídico es también una estructura jerárquica. Una norma inferior obtiene su validez dentro del marco trazado por la superior. Por ello, la pregunta decisiva no consiste solamente en determinar qué dispone el Reglamento de la Asamblea Legislativa, sino hasta dónde puede llegar ese Reglamento cuando entra en juego una exigencia establecida por la Constitución.
El artículo 158 dispone que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia sean elegidos por los votos de dos terceras partes de la totalidad de los miembros de la Asamblea; el artículo 164 regula específicamente el nombramiento de los magistrados suplentes. La cuestión jurídica consiste, por tanto, en determinar cómo interactúan esas disposiciones constitucionales con la regla reglamentaria de imputación de votos.
Pero detrás de la discusión técnica permanece una pregunta mucho más sencilla y quizá mucho más profunda:
¿qué significa votar?
Si votar significa manifestar una voluntad, parece difícil sostener, desde una concepción sustantiva de la democracia representativa, que la voluntad de no elegir pueda ser indistinguible de la voluntad de elegir. Porque entonces la mayoría deja de representar consentimiento y se convierte en un artificio contable.
Y cuando eso sucede, la aritmética ya no mide la voluntad democrática.
La reemplaza.
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