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Usted deposita sus ahorros en un banco. Solicita un crédito para comprar una casa o pagar los estudios de sus hijos. Utiliza una tarjeta todos los días. Paga un seguro. Aporta a un fondo de pensiones. Usted participa, cada día, en el mercado financiero. Pero si algo sale mal —si le aplican un cobro que no autorizó, si la letra pequeña del contrato esconde condiciones que nadie le explicó, si su reclamo se pierde durante meses sin respuesta— ¿sabe usted a dónde puede acudir? La respuesta incómoda es esta: en Costa Rica, hoy, no existe ninguna institución cuyo mandato principal sea defenderlo a usted como consumidor financiero. Ninguna.

Esa brecha —reconocida por la OCDE, el Banco Mundial y los propios Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa— es exactamente la que busca cerrar el Proyecto de Ley N.° 24.616, Ley de Protección del Consumidor de Servicios y Productos Financieros. Y cerrarla ya no admite más espera.

Una distinción que los países avanzados aprendieron hace décadas

Existen en Costa Rica instituciones que supervisan si los bancos son solventes, si tienen suficiente capital, si el sistema financiero no corre riesgo de colapso. Esa labor es indispensable y nadie la cuestiona. Pero la solvencia de un banco y el trato justo a sus clientes son dos cosas distintas. Un banco puede estar perfectamente sano por dentro y, al mismo tiempo, cobrar comisiones no pactadas, ofrecer productos que el cliente no comprende, rechazar reclamos sin fundamento o usar cláusulas abusivas en sus contratos.

Los países de la OCDE lo entendieron hace muchos lustros: supervisar la salud del banco es una función, y vigilar que el banco trate bien a sus clientes es otra función diferente. Por eso separaron ambas tareas en instituciones distintas e independientes entre sí. No es una ocurrencia. No es un experimento. Es el modelo que aplican desde hace décadas economías como las del Reino Unido, Australia, los Países Bajos, Canadá y la mayoría de los países con los que Costa Rica aspira a compararse cuando habla de desarrollo.

Costa Rica aún no ha dado ese paso. Seguimos con una regulación pensada para proteger al sistema, no a las personas. Y mientras tanto, millones de ciudadanos negocian en clara desventaja frente a organizaciones financieras que cuentan con equipos jurídicos, contratos estandarizados y toda la asimetría de información a su favor.

Lo que pide el proyecto es sencillo

El Proyecto 24.616 no es una ley contra los bancos. No pretende sustituir a la SUGEF ni interferir con la supervisión prudencial. Lo que propone es crear una autoridad especializada —independiente de la regulación de solvencia— cuya única misión sea vigilar que bancos, financieras, aseguradoras y demás proveedores de servicios financieros traten a sus clientes de manera justa, transparente y honesta.

Que la información sea clara antes de firmar. Que las comisiones y condiciones se expliquen con tiempo. Que los reclamos reciban respuesta real. Que los abusos tengan consecuencias proporcionales. Y que esas consecuencias sean recurribles, primero en sede administrativa y luego ante los tribunales. Eso no es intervenir el mercado. Eso es restablecer un equilibrio que hoy no existe.

Una deuda con la ciudadanía que ya venció

Costa Rica se comprometió ante la OCDE a implementar los Principios de Alto Nivel de Protección al Consumidor Financiero. El plazo venció en 2023. Seguimos sin cumplirlo. La OCDE lo ha dicho con claridad: el país no cuenta con una institución que regule específicamente la protección al consumidor financiero, ni con un marco de supervisión de conducta para el sector. El Banco Mundial ha señalado lo mismo. Los Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa han documentado el vacío.

Cuando tres fuentes tan distintas coinciden en el mismo diagnóstico, el problema no admite más debate sobre si existe. El debate que corresponde es cómo resolverlo bien y rápido.

Perfeccionar sí, desechar no

Las críticas al proyecto que circulan en ciertos medios y sectores merecen un análisis honesto. Algunas observaciones técnicas son legítimas. El marco sancionatorio puede precisarse. Los mecanismos de coordinación con las superintendencias pueden detallarse mejor. Para eso existe el proceso legislativo: para que las mejoras se incorporen al texto mediante mociones, sin sacrificar el objetivo central.

Ajustar la redacción de una sanción no es lo mismo que eliminar la ley. Confundir ambas cosas —o promover esa confusión— no es un argumento técnico: es una estrategia para mantener el vacío que hoy desprotege a los consumidores.

El actor más importante del mercado financiero no es el banco. No es la financiera. No es la aseguradora. Es la ciudadanía: los millones de personas que ahorran, trabajan, producen y confían sus recursos al sistema financiero todos los días.

Costa Rica necesita mercados fuertes. Y los mercados financieros son más fuertes cuando los consumidores están protegidos, informados y confían en las reglas.

El Proyecto 24.616 debe avanzar. Porque una economía fuerte requiere consumidores fuertes. Y porque ya es tiempo de que Costa Rica cumpla la deuda que tiene con su propia ciudadanía.