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Etiqueta: Asamblea Legislativa

Ataque soez al ICE

Freddy Pacheco León

Freddy Pacheco León

El abogado exministro de Ambiente, Carlos Manuel Rodríguez, exresidente en Washington, afirmó que el ICE pronto estaría iniciando ¡la demolición de sus represas!, porque la energía que produce solo sería eólica, solar, geotérmica… Que ¡El ICE perdió vigencia!, agregó.

Por sus antecedentes políticos no deberíamos extrañarnos, pero sí nos parece oportuno dar a conocer cómo «piensa» este atrevido compatriota, como muestra del ambiente que están tratando de crear ante la opinión pública los que quieren privatizar funciones vitales del ICE.

Como reacción a tal desaguisado, recordemos que el ICE logró en pocas décadas un desarrollo eléctrico que es ejemplo para muchas naciones. Hoy tenemos uno de los sistemas eléctricos más limpios del planeta, donde MENOS DEL 5 % de la electricidad proviene de combustibles fósiles, gracias a una matriz compuesta principalmente por agua, geotermia, viento y sol, lo que nos ha permitido ser autosuficientes en materia eléctrica, ahorrar millones en divisas y tener precios competitivos, reconocidos por la CEPAL. Su capacidad instalada supera los 3.671 MW, donde el 64,7 MW es hidroeléctrica, 12% eólica, 7,2 % geotérmica, 1 % bagazo de caña y 0,43 % solar. Ahora, con el argumento de las consecuencias de la guerra entre Estados Unidos e Irán, y quizá pensando en el amenazante fenómeno de El Niño que se prevé de gran intensidad, el ICE ha anunciado la compra acelerada de otra planta térmica en su plantel de Limón, con una capacidad instalada de 200 megavatios, para dentro de tres años, que no alterará significativamente la producción eléctrica limpia.

Ahora bien, nuestro natural modelo monopólico de transmisión, originado con la Segunda República es, sin embargo, abierto en la “generación” con un componente privado del 26 %, abierto sin que se contara en el momento de su apertura, con los estudios que hubiesen previsto los problemas ambientales, de generación y sistema tarifario que eventualmente se hicieron presentes. La “distribución” atendida a través de ocho empresas (ICE, CNFL, 2 municipales y 4 cooperativas) no impiden que, por ley, sea el ICE el único responsable del suministro eléctrico.

No se puede desdeñar que la función medular del ICE sea planificar, prever y solucionar todos los problemas, previstos e imprevistos, para que el país, independientemente de los demás actores que intervienen, garantice electricidad todo el año, por todos los rincones del país, ofrecida, a diferencia de cualquier empresa privada, sin fines de lucro. Para ello, el ICE es la única institución que planifica a 20 o más años, en virtud de la compleja naturaleza de sus proyectos, lo que es favorecido por estar centralizados en una sola Institución. Un Instituto Costarricense de Electricidad, por cierto, últimamente golpeado desde adentro por su jerarquía, sin embargo, es todavía robusta gracias a la resistencia exhibida por su atenta «fuerza amarilla», que se esmera por ejecutar sus labores profesionales pese a los obstáculos que ponen en su camino los avaros privatizadores.

Asimismo, no ha de desdeñarse que los precios de compra a los generadores privados, fijados por ley, son, casi siempre, los más caros de la matriz eléctrica, aunque ellos, siempre al asecho, paradójicamente atacan al ICE por sus supuestas altas tarifas. Son los mismos que están «esperando el momento para desarmarlo y repartírselo y de paso aumentar la generación en manos privadas» (Gerardo Fumero), mientras «acusan» al ICE de ser un juez y parte que administra mal el sistema mientras actúa como rector, como regulador del mercado, y que, según ellos, solo debe ser operador. Un ICE, dicen, que no coordina con sus filiales, que no planifica, que no aprovecha las plantas al 100 %, que no es capaz de prever cambios en la demanda, que perdió la senda, que su modelo es obsoleto, etc., y otros pecados capitales, que ni ellos mismos se creen, pero que repiten para convencer a incautos que desconocen que sin el ICE, sus recibos de electricidad serían significativamente más elevados.

En resumen, ante nuevos ataques al ICE por medio de proyectos que dejan su fétido olor por los pasillos del horrible edificio legislativo, esperamos que, al menos, las 26 diputaciones del BLOQUE DEMOCRÁTICO, y la ciudadanía comprometida con la Patria, revivan la lucha por nuestro ICE, por el Instituto estatal ejemplar, orgullo de los buenos costarricenses, para que no puedan ser aprobados ante el rechazo popular.

El 8 de mayo del 2026, el giro a la derecha

German Masís Morales

El 8 de mayo del 2026 será recordado como la fecha del ascenso de un gobierno de derecha desde la II República, un gobierno neoliberal y conservador en todos los ámbitos social, político, económico e ideológico.

Las condiciones están dadas en este momento con la elección del directorio legislativo y del gabinete. Pero ¿adónde se engendró esta deriva neoliberal-conservadora? Pues ni más ni menos en el gobierno de Carlos Alvarado, que no sólo fue neoliberal en el desarrollo de la política económica, sino que trajo a Rodrigo Chaves para el cargo de ministro de Hacienda e impulsó algunas leyes claves como la reforma fiscal, la ley de empleo público y otras en las que se sustentó la política económica de los últimos 4 años.

Igualmente, a nivel de la política social se iniciaron los ajustes en la inversión social, el presupuesto para la educación, en la vivienda, el congelamiento de los salarios del sector público y de las pensiones, y el crecimiento progresivo de la deuda pública.

En los últimos 4 años la política económica y social sólo ha profundizado algunas de las tendencias observadas en el período anterior, que en el momento actual amenazan con consolidarse como políticas neoliberales y conservadoras que van a procurar severas restricciones fiscales y financieras para algunos sectores, como los que reciben recursos, transferencias o remuneraciones del Estado, como la Caja Costarricense de Seguro Social, las universidades, los empleados públicos, los pensionados, la vivienda social, las becas estudiantiles, las ayudas sociales del IMAS y las comunales.

Por su parte, existe toda una estrategia de captación de recursos de deuda interna y externa gracias a la intervención en el BCIE, la relación fuerte con el BID y el BM y, al nivel interno, la captación de los excedentes de las instituciones, como los bancos, el INS y los fondos locales, que garantizará que, junto a los recortes institucionales, el gobierno tendrá recursos crecientes para la inversión de obra pública, nuevos proyectos como la Ciudad Gobierno y la marina de Limón, para lo que encontraron el portillo adecuado en la ley y la Comisión de Emergencias, y en el proyecto PROERI, mediante los que realizan obras sin los controles de la Contraloría.

Todo lo anterior se integra a la estrategia de atracción de inversión extranjera, que atrae ingentes recursos ligados al modelo económico de servicios y alta tecnología, que seguirá profundizándose con la ampliación y creación de nuevos parques industriales, en tanto la industria nacional del sector productivo, la agricultura nacional y, en parte, el turismo, que han dejado de ser prioritarios, son abandonados a su suerte.

Mientras que el comercio y la importación se siguen favoreciendo con la apreciación del colón, así como el pago de la deuda que demanda grandes recursos.

La partida del ajedrez político conservador de derecha se completa con el control de la Asamblea Legislativa, desde donde se fraguará el control del nombramiento de los magistrados y posteriormente de la Corte Suprema de Justicia, que también facilitará controlar los nombramientos del fiscal general, de la Contraloría y de la Defensoría de los Habitantes, los puestos incómodos.

A cuya partida ganadora se sumará el control de muchas de las alcaldías del país, labor que se efectuó con éxito a lo largo de los últimos 4 años.

La pera en el pastel conservador vendrá del control de las instituciones de seguridad y de la DIS, entidades que no sólo profundizarán la seguridad del Estado, sino también la persecución de los opositores y la represión de las luchas sociales.

Los rasgos mencionados se articulan perfectamente a la visión que Hinkelammert nos anunciara en la década de los 80 como el fenómeno de la “nueva derecha”, con el abandono de todo intento de coexistencia del mercado y del Estado, y la instauración del totalitarismo de mercado, en la que la libertad, la sociedad y la vida humana sólo pueden tener sentido y existir dentro de los límites que establece la sociedad perfecta del mercado (Molina, C., 2025).

En un análisis del economista Joseph Stiglitz (2016), éste afirma que los gobiernos de derecha siguen una misma fórmula en todo el mundo hacia la liberalización económica, reducción del Estado y restricción de derechos.

De tal manera que las políticas anunciadas por la nueva presidenta y su primer ministro, en términos de reforma del Estado, eliminación de instituciones, venta de activos estatales y restricción del gasto social, responderán a una orientación neoliberal y conservadora que no admitirá dudas. Es lo que se viene a partir de esta fecha.

Cuatro fracciones legislativas suscriben acuerdo para una agenda común en defensa del Estado Social de Derecho

Comunicado

Soluciones legislativas conjuntas en favor de Costa Rica

Las fracciones legislativas del Partido Liberación Nacional, del Partido Frente Amplio, de la Coalición Agenda Ciudadana y del Partido Unidad Social Cristiana, comprometidas con la defensa del Estado Social de Derecho, la estabilidad democrática y el bienestar de la ciudadanía costarricense, suscriben el presente Acuerdo Político con el propósito de construir una agenda parlamentaria responsable desde la Asamblea Legislativa.

Este acuerdo surge en un contexto nacional que exige altura política, diálogo y capacidad de convergencia. Las fuerzas políticas que firman reconocen la diversidad de sus visiones ideológicas, pero también la urgencia de establecer coincidencias mínimas que permitan garantizar la institucionalidad democrática, el respeto a la Constitución Política y la atención de los principales desafíos del país.

El acuerdo político se enmarca en el resultado electoral reciente, en el cual la voluntad popular se expresó de manera clara pero dividida. Aproximadamente la mitad de las personas que ejercieron su voto respaldaron propuestas políticas alternativas, distribuidas entre las diversas fuerzas que hoy convergen en este esfuerzo común.

Este mandato ciudadano exige responsabilidad, dialogo y capacidad de articulación. Este acuerdo precisamente responde a ese mandato: el de transformar una alternativa política diversa en una fuerza capaz de coordinar, proponer y garantizar gobernabilidad democrática. Con respeto de las diversas identidades ideológicas y partidarias hemos asumido la responsabilidad de trabajar de manera conjunta en favor de Costa Rica, sin demeritar la independencia de cada fracción para impulsar sus propios acuerdos y propuestas. Esta autonomía convive con un compromiso firme entre las partes de respetar lo suscrito, de modo que las diferencias que puedan surgir en iniciativas específicas dada la ideología de cada partido, no significarán la ruptura ni el incumplimiento de esta agenda.

Principios y compromisos fundamentales

Las fracciones firmantes reafirman su compromiso con la defensa irrestricta de la Constitución Política, la separación e independencia de los poderes de la República y la vigencia plena de los derechos fundamentales.

Agenda común para la gobernabilidad en siete ejes estratégicos

Las fracciones acuerdan impulsar una agenda legislativa estructurada en 5 ejes prioritarios:

a. Democracia

▪ Apoyaremos proyectos que fortalezcan y profundicen las garantías individuales fundamentales.
▪ Defendemos la alternancia en el poder.
▪ Respetamos y defendemos la independencia de Poderes. Reformas al Poder Judicial deben garantizar la plena independencia de la judicatura.
▪ Creemos que es urgente aprobar los nombramientos correspondientes en las Salas de la Corte, especialmente en la Sala Constitucional, para garantizar su funcionamiento ininterrumpido y la tutela permanente de los derechos de los costarricenses.
▪ Creemos en la libertad de prensa, el derecho a la información, el derecho a la libre reunión, a la manifestación pacífica y a la participación ciudadana como columnas de la democracia.
▪ Apoyaremos e impulsaremos proyectos que fortalezcan la agenda de derechos humanos, muy especialmente los derechos de las mujeres, así como la lucha contra la violencia de género.

b. Seguridad y justicia

▪ Combate frontal contra el crimen organizado.
▪ Capitales emergentes: inmovilizar capitales de crimen organizado. Extinción de dominio.
▪ Organizaciones criminales: establecer mecanismos para sancionar organizaciones criminales y agilizar el levantamiento del secreto bancario.
▪ Mayor presupuesto para OIJ, Seguridad, Ministerio Público y Fuerza Pública.
▪ Aumento de penas por portación ilegal de armas.
▪ Ley de ejecución de la pena y modernización del sistema penitenciario.
▪ Procesos penales más ágiles y sin impunidad.
▪ Reforma de la DIS hacia inteligencia estratégica civil con controles democráticos.
▪ Cooperación internacional en el marco constitucional.
▪ Prevención mediante cultura, deporte y fortalecimiento comunitario.
▪ Reformas para una justicia pronta y transparente.

c. Desarrollo social

Educación, cultura y deporte

▪ Mejoramiento de la calidad educativa.
▪ Plan de inversión hacia el 8% del PIB.
▪ Recuperación de aprendizajes, reducción de brechas y fortalecimiento docente.
▪ Garantía del FEES con crecimiento real.
▪ Fortalecimiento del acceso equitativo a la educación.

Salud

▪ Defensa y fortalecimiento de la CCSS.
▪ Pago de la deuda del Estado con la CCSS.
▪ Reducción de listas de espera.
▪ Atención a escasez de especialistas.
▪ Fortalecimiento del modelo tripartito.
▪ Medicamentos a precios accesibles.
▪ Atención integral de la salud mental.

Inversión social

▪ Revisión de la regla fiscal para proteger inversión social.
▪ Incremento de FODESAF.

Alivio económico

▪ Inclusión financiera y revisión de la ley de usura.

Medio ambiente

▪ Fortalecimiento del SINAC.
▪ Protección ambiental y defensa del territorio.
▪ Prohibición de minería a cielo abierto.
▪ Protección de defensores ambientales.
▪ Derecho humano al agua y fortalecimiento de ASADAS.
▪ Gestión sostenible de residuos.

d. Derechos humanos

▪ Combate a la violencia contra mujeres.
▪ Sistema Nacional de Cuidados.
▪ Protección de poblaciones vulnerables.
▪ Derechos de comunidad LGBTIQ+.
▪ Reconocimiento de pueblos originarios y afrodescendientes.
▪ Derechos de personas migrantes.
▪ Protección laboral y reducción de brechas.

e. Desarrollo económico y competitividad

▪ Apoyo al sector productivo.
▪ Reforma al BCCR para priorizar empleo.
▪ Modelo energético sostenible.
▪ Prohibición de exploración petrolera.
▪ Impulso a infraestructura estratégica.
▪ Movilidad multimodal y electrificación.
▪ Fortalecimiento del sector agropecuario.

f. Transparencia, probidad y anticorrupción

▪ Sanción a faltas al deber de probidad.
▪ Regulación del lobby.
▪ Lucha contra corrupción y evasión fiscal.
▪ Transparencia y acceso a información pública.

g. Funcionamiento de la Asamblea Legislativa

▪ Ejercicio responsable del control político.
▪ Uso adecuado de recursos.
▪ Nombramientos por idoneidad.
▪ Mejora de procesos legislativos.

III. Límites para la acción política

Las fracciones acuerdan no respaldar reformas que debiliten derechos fundamentales, garantías sociales o la independencia de poderes. Se rechaza cualquier intento de concentración de poder en el Ejecutivo o debilitamiento de órganos de control.

III. Conformación del Directorio Legislativo

Se acuerda proponer la siguiente integración:

  • Presidencia: Diana Murillo Murillo, Liberación Nacional
  • Vicepresidencia: Abril Gordienko López, Unidad Social Cristiana
  • Primera Secretaría: María Eugenia Román Mora, Frente Amplio
  • Segunda Secretaría: Claudia Dobles Camargo, Coalición Agenda Ciudadana
  • Primera Prosecretaría: Víctor Manuel Hidalgo Solís, Liberación Nacional
  • Segunda Prosecretaría: Joselyne Sánchez Núñez, Frente Amplio

San José, 01 de mayo de 2026.

Cuatro años de odio y de revancha

German Masís

La Administración Chaves está a punto de concluir y, para quien ha seguido de cerca su gobierno, resulta evidente que han sido cuatro años de odio y de revancha contra algunos sectores, grupos, personas y territorios, mientras ha gobernado para unos pocos sectores, quienes lo llevaron al poder y los que han sido sus aliados.

Pero tratemos de escudriñar las razones de su odio y su revancha hacia Liberación Nacional, hacia las universidades públicas, el CONARE, la Asamblea Legislativa, la Corte Suprema de Justicia, la Contraloría, la Caja del Seguro Social, el ICE, el INS, los bancos estatales y los ministerios de Educación, Salud y Obras Públicas; los empleados públicos, los sindicatos, los pensionados, los agricultores, los ambientalistas, las feministas y otras minorías; los medios de comunicación La Nación, CR Hoy y Canal 7, y a nivel territorial, la provincia de Cartago y la Gran Área Metropolitana.

En algunos casos parece claro el origen de su rechazo o resentimiento, como con el partido Liberación Nacional, que gobernó muchos años y en cuyos gobiernos su padre trabajó como empleado, teniendo que servir a personajes como los Arias Sánchez, los Figueres y otros; hacia las universidades y, en especial, con la Universidad de Costa Rica, por su paso efímero por ella y su frustración de no haber podido graduarse ahí, y el haber tenido que salir a estudiar afuera, parece haberlo marcado.

Por su parte, la Asamblea Legislativa, la Contraloría y algunas instituciones como la Caja, el ICE, el INS, Recope, la banca estatal y el mismo Poder Judicial, que fueron creadas y han sido controladas —a su entender— por el PLN, deben ser “arrebatadas” a la antigua clase política y transformadas.

En este ámbito se ubica la posición confrontativa contra Cartago, baluarte político de Liberación Nacional y de la revolución del 48, y la única provincia en la que perdió las elecciones anteriores y las recientes.

En lo que se refiere al Gobierno central, existen algunos ministerios claves que se afirma han sido manejados por los gobiernos liberacionistas, como el MEP, el MAG, el MINAE y el MOPT, y que también deben ser “rescatados”. Mientras que a los medios de comunicación que lo criticaron en su campaña, como La Nación, Canal 7 y CR Hoy, los convirtió en sus enemigos acérrimos.

En tanto, los empleados públicos y los sindicatos defensores de las personas trabajadoras son, por razones ideológicas, quienes representan la oposición al capital, a los empresarios y a la clase patronal, con la que él se identifica y a la que defiende.

En el caso de los agricultores, la divergencia ha sido con los sectores de pequeña producción y sus organizaciones, ligadas a la producción de granos y hortalizas y concentradas en Guanacaste, la zona norte de Cartago, San Ramón y Zarcero, lugares también asociados a la influencia liberacionista en el pasado.

Otro sector fuertemente asediado ha sido el ambiental y sus organizaciones, asociadas en mucho a los sectores de izquierda y progresistas del FA y el PAC.

Con respecto a los pensionados del magisterio y del sector público, su rechazo parece haber sido promovido por sus cercanos colaboradores, como la diputada Cisneros, que convirtió, desde su pasado periodístico, las pensiones de lujo en una obsesión y en el estigma permanente.

Llama poderosamente la atención la posición con respecto a los bancos estatales, creados también por el PLN y que deben ser “rescatados” por la nueva clase política mediante el control de sus juntas directivas y sus decisiones financieras. Asimismo, el movimiento cooperativo, impulsado por el PLN, ha sido tomado por el gobierno como un sector estratégico.

Un tema particular ha sido el de la Defensoría de los Habitantes y el Estado de la Nación, enemigos encontrados en el camino según el presidente.

Porque esa ha sido la constante de este gobierno: la confrontación con sus enemigos. Han sido cuatro años de un ambiente de odio, revancha y resentimiento que ha afectado nuestra paz social, pero así será recordado este gobierno.

Imagen: https://www.milenio.com/opinion/enrique-toussaint/columna-enrique-toussaint/la-revancha-del-odio

Manifiesto por el honor, la responsabilidad y el compromiso público

Este es un momento de trascendencia en la historia de Costa Rica. El próximo 8 de mayo no representa, simplemente, un cambio de mando político, sino la culminación de años de resistencia, lucha y valentía de miles de mujeres que desafiaron un sistema diseñado para silenciarlas.

Hoy, el panorama político del país se transforma: por primera vez, la Presidencia de la República y la Presidencia de la Asamblea Legislativa estarán en manos de mujeres. Esto se suma a una conformación parlamentaria con el mayor número de diputadas en nuestra historia -31 diputadas y 26 diputados- y a instituciones clave lideradas por la visión femenina en la Contraloría General de la República y el Tribunal Supremo de Elecciones. Sin embargo, este hito no debe leerse como un trofeo individual ni como una meta alcanzada para el regocijo personal.

Ocupar estos puestos es un acto de justicia histórica, pero, sobre todo, es un compromiso ineludible.

A las mujeres que hoy asumen estas altísimas responsabilidades les recordamos: ustedes se apoyan sobre los hombros de muchas mujeres. Están ahí porque otras antes fueron perseguidas, ignoradas y subestimadas mientras exigían el derecho al voto y a la representación. Su presencia en el poder las obliga a honrar esa lucha. No es solo un tiempo de celebración; es un llamado al compromiso absoluto. Su gestión debe ser el reflejo de una política más humana, equitativa y valiente. Tienen en sus manos la oportunidad —y el deber— de legislar y gobernar para todas las personas que habitamos este país, tomando en consideración las particulares situaciones de las mujeres. Deben garantizar que las puertas que hoy se abren de par en par, jamás vuelvan a cerrarse para ninguna mujer en Costa Rica. El honor de ocupar el puesto sea equivalente al valor de su servicio al país.

Colectivo Mujeres por Costa Rica
Por el honor, la responsabilidad y el compromiso público
Mayo del 2026.

Comiendo del mismo plato

Erika Henchoz Castro

Primer día de mayo: jornada de felices coincidencias —o sospechosamente felices—, tanto políticas como verbales.

Nada más cercano a Un mundo feliz que ese coro de alusiones expresadas libremente o escritas, proclamadas, casi coreografiadas por el nuevo equipo de congresistas en el recinto parlamentario.

Unos sí, otros también: todos coinciden. Coinciden en la pobreza, en el hambre, en la naturaleza herida, en la delincuencia y en la urgencia de velar y atender la educación con mayúscula y bien tildada. Coinciden, sobre todo, en una agenda que dicen será por y para la Patria.

¡Ese será el norte a seguir! Dicen.

Algunos con buen verbo, otros con buen galillo, y unos pocos —los menos porque siempre sucede— con argumentos sólidos. Todos lanzan sus dardos al tablero de la democracia. Hay quien apunta mejor. Hay quien tiembla menos.

Algunos tendrán mejor pulso, mejor visión de las cosas o mayor pasión y conocimiento de la nuestra historia.

Pero, aun así, ¡cómo se parecen!

Mismo traje. Mismo color. Mismo gesto ensayado en sus teléfonos inteligentes.

Tal vez sea el único día del cuatrienio en que visten idénticos: blanco, azul y rojo, como si la patria pudiera coserse en la tela.

Mucho protocolo.

Y en esas cincuenta y siete curules —incómodas, dicen, pero codiciadas— todos caben en la misma forma, en la misma pose, en la misma promesa.

Yo pienso —y por eso escribo— que algunos miran con más limpieza que otros. Que hay rostros nuevos y otros demasiado conocidos. Que no todos cargan el mismo peso de ideas.

Pero queda la pregunta, terca:

¿a cuántos les incomoda, de verdad, la voz de un campesino?
¿a cuántos les duele el silencio largo de un pueblo indígena que lleva décadas esperando ser visto?

La respuesta no está hoy.

Llegará cuando las fracciones hablen. O callen. Cuando voten. Cuando se levanten. Cuando coincidan… o dejen de coincidir.

Porque al final, todo —todo— se decide en el plenario.

Y ahí, ya no basta con parecer iguales.

Las caras ocultas de la Asamblea Legislativa

Instituto Sindical de Formación Política

El juicio por acoso sexual contra el diputado Fabricio Alvarado, del partido Nueva República, no es un hecho aislado. Es una ventana que deja ver lo que muchas veces permanece oculto: las contradicciones, los silencios cómplices y las prácticas más degradantes dentro del poder político.

Lo que debería ser una respuesta firme, ejemplar y transparente ante una denuncia de esta naturaleza, se ha convertido en un escenario de evasivas, cálculos políticos y debilitamiento institucional. La Asamblea Legislativa de Costa Rica, llamada a garantizar el respeto a la ley, aparece hoy cuestionada en su capacidad para actuar con justicia.

El cálculo político partidario no tiene ética

Uno de los aspectos más preocupantes que deja al descubierto este caso es cómo el cálculo político partidario se impone sobre cualquier principio ético. No estamos ante hechos aislados, sino ante una práctica reiterada: proteger la imagen del partido, aunque eso implique encubrir conductas inaceptables.

Resulta particularmente grave cuando esto ocurre en partidos que alcanzaron representación política bajo un discurso religioso, apelando a valores morales, a la familia y a la “defensa de la ética”. Hoy, esos mismos sectores guardan silencio o relativizan denuncias de acoso sexual, evidenciando una profunda contradicción entre lo que predican y lo que practican.

Más indignante aún es observar a diputadas que, habiendo llegado a posiciones de poder, olvidan su condición de mujeres y la lucha histórica contra la violencia de género. En lugar de actuar con firmeza, optan por proteger estructuras de poder o compañeros de bancada, contribuyendo a la impunidad.

No se trata solo de omisiones individuales. Existen reglamentos de conducta en la Asamblea Legislativa que, en teoría, deberían garantizar sanciones claras ante este tipo de hechos. Sin embargo, cuando entran en juego intereses políticos, estos instrumentos simplemente no se aplican o se diluyen en trámites sin consecuencias reales.

La contradicción alcanza niveles aún más preocupantes cuando figuras políticas que públicamente han defendido la lucha contra el acoso sexual, hoy vuelven la mirada hacia otro lado. Este doble discurso no solo debilita la credibilidad institucional, sino que envía un mensaje peligroso a la sociedad: que la justicia depende de la conveniencia política.

Una institucionalidad que se debilita

La falta de acción contundente no solo afecta a las víctimas directas, sino que erosiona la confianza en las instituciones. Cuando quienes hacen las leyes no las respetan o las aplican selectivamente, el mensaje es claro: hay privilegios para algunos y silencio para otros.

La impunidad, en estos casos, no es casual. Es el resultado de redes de protección política que priorizan la conveniencia sobre la justicia. Y esto golpea directamente la credibilidad del sistema democrático.

Una señal peligrosa para la sociedad

Cuando se minimiza o se encubre el acoso sexual desde espacios de poder, se legitima indirectamente la violencia. Se envía una señal peligrosa: que denunciar no sirve, que la verdad puede ser ignorada y que el poder puede más que la dignidad.

Para las trabajadoras y trabajadores, este tipo de conductas no es ajeno. Es el reflejo de una cultura que muchas veces también se reproduce en los centros de trabajo, donde el abuso se silencia por miedo o por falta de respaldo.

La responsabilidad de la clase trabajadora

Frente a este escenario, el silencio no es opción. La clase trabajadora organizada tiene un papel fundamental: denunciar, exigir transparencia y defender principios éticos reales en la función pública.

No se trata solo de un caso, ni de una persona. Se trata de qué tipo de sociedad queremos construir. Una donde la justicia sea selectiva, o una donde la dignidad humana esté por encima de cualquier cálculo político.

Conclusión: sin ética no hay democracia

Lo que hoy se revela en la Asamblea Legislativa no es solo un escándalo político. Es una señal de alerta sobre el deterioro de la ética en la función pública.

Si los valores se negocian y la justicia se acomoda a intereses partidarios, la democracia pierde su sentido.

Por eso, desde el movimiento sindical y desde el INSTITUTO SINDICAL DE FORMACIÓN POLÍTICA, reafirmamos una convicción clara:
sin ética, no hay democracia. Y sin democracia real, los derechos de la clase trabajadora están en riesgo.

El Mandato 2026: entre la confianza prestada y la vigilancia democrática

Por JoseSo (José Solano-Saborío)

A solo unos días de asumir: La conformación de la nueva Asamblea Legislativa para el periodo 2026-2030 no es solo un reparto de curules; es un mensaje cifrado del electorado costarricense que los partidos deben aprender a leer antes de que se agote la tinta del periodo constitucional. El votante ha hablado y, en su sabiduría, ha diseñado un contrapeso que obliga a la madurez política.

Al PPSO: El espejismo de la omnipotencia

El oficialismo celebra un espaldarazo contundente con el 48% obtenido por Laura Fernández para la Presidencia. No obstante, el diablo está en los detalles: ese 43% en la papeleta legislativa —un quiebre de voto de 5 puntos— les otorga 31 diputados. Es una mayoría simple holgada, pero no los 38 votos necesarios para una reforma constitucional o el control total pretendido por el chavismo.

¿La lectura? El costarricense le otorgó el beneficio de la duda al PPSO, quitándole la excusa de la “falta de herramientas” que usaron durante el cuatrienio anterior para justificar la carencia de resultados en seguridad, educación y soberanía alimentaria. Sin embargo, el electorado le puso un freno de mano consciente: se les da el poder para ejecutar, pero no para desmantelar la Constitución. Se acabó el tiempo de la inercia; ahora les toca gobernar con sello propio.

PLN: El factor Ramos vs. El estigma partidario

El 34% presidencial y el 22% legislativo dejan claro que el resultado no es un perdón a la marca “Liberación”, sino un reconocimiento al liderazgo de Álvaro Ramos. El mensaje es lapidario: o el partido termina de soltar los apellidos tradicionales y se abraza definitivamente a la renovación, o el rechazo histórico terminará por sepultarlos. Deben legislar entendiendo que son una fuerza de contención gracias a sus figuras frescas, no a sus viejas estructuras.

Frente Amplio: La madurez de la oposición

El FA debe interpretar correctamente su rol. Costa Rica los valida como una oposición constante y congruente, pero no como opción de gobierno. El reto será moderar su purismo ideológico y ese sectarismo que les impide construir mayorías. Si logran transitar hacia un pragmatismo estratégico sin vender sus principios, podrán ser el eje de las alianzas amplias que el país demanda.

PCAC (PAC y ADN): Cicatrices y nuevas oportunidades

El regreso del PAC y la irrupción de ADN marcan un voto de “segunda oportunidad”. Para el PAC, la herida sigue abierta: su dualidad entre el progresismo social y el neoliberalismo económico, sumado a la traición a su postulado anticorrupción, les sigue cobrando factura. El electorado les permite volver, pero bajo una lupa de sospecha permanente.

PUSC: Crónica de una desaparición anunciada

Convertirse en una fracción “unipersonal” es el castigo natural al oportunismo. El PUSC perdió su identidad al mimetizarse con el oficialismo. Hoy están en cuidados intensivos: o recuperan su esencia socialcristiana, o la historia los archivará en el cajón de los partidos extintos.

El fin de los “partidos taxi” y el personalismo

Para el resto de los actores políticos que quedaron fuera, la lección es brutal pero necesaria: el multipartidismo atomizado y los partidos taxi ya no son opción. El electorado ha dejado de comprar aspiraciones individuales vestidas de proyectos políticos. La gente exige estructuras con peso real y resultados tangibles, rechazando la fragmentación que solo servía para alimentar egos o asegurar dietas.

Lecciones para el cuatrienio

El eescenario está listo, les toca ahora a los actores aprovecharlo. Al oficialismo le corresponde dejar de repartir culpas y empezar a entregar resultados; ya no hay bloqueos legislativos que valgan como excusa. A la oposición, le toca la responsabilidad de ser constructiva, pero, sobre todo, vigilante.

El mandato ciudadano es claro: Costa Rica quiere eficiencia, pero jamás a costa de la institucionalidad democrática ni del Estado Social de Derecho. Los próximos cuatro años determinarán si nuestra clase política entendió que el poder es una herramienta de servicio, no un cheque en blanco.

¿Hacia dónde vamos, con el nuevo gobierno, con el poder absoluto del Poder Ejecutivo y el poder mayoritario del Poder Legislativo?

Vladimir de la Cruz

En el nuevo gobierno, que inicia el 1 de mayo, con la instalación de la Asamblea Legislativa y el 8 de mayo, con la instalación del Poder Ejecutivo, hay que reconocer, guste o no guste, que el Partido Pueblo Soberano, tiene como decimos los ticos, el sartén por el mango.

El punto no es que tenga el sartén por el mango, es que lo sepa usar. El arte de la cocina tiene sus reglas y sus mañas. El arte de la Política también tiene sus reglas y sus mañas.

Tiene el control pleno del Poder Ejecutivo, de sus ministerios e instituciones, y de todo el andamiaje que en ese sentido se concentra. No lo comparte con ningún otro partido político. Es el Poder que diariamente toma decisiones que afectan a todos los ciudadanos y habitantes, para bien o para mal, por medio de las políticas y acciones que se toman en los ministerios y sus instituciones.

Tiene el control mayoritario del Poder Legislativo, de toda su estructura interna, sin que esté obligado a compartirlo con ningún otro partido, en los puestos más importantes y en la instalación de las Comisiones Parlamentarias. Puede colocar a los diputados opositores como quiera, si así quisiera proceder.

En un sartén un mal uso de un ingrediente puede echar a perder una comida. En la política un mal uso de un número de diputados puede también echar a perder a una fracción mayoritaria, puede echar a perder acciones de gobierno del partido mayoritario, parlamentariamente, y puede echar a perder al mismo gobierno.

En 1953, al calor de la Guerra Civil, y del liderazgo de José Figueres, ya fundado el Partido Liberación Nacional, el 12 de octubre de 1951, participando en su primera elección nacional, sobre 45 diputados que tenía la Asamblea Legislativa, en ese entonces, obtuvo 30 diputados. Una mayoría super holgada.

En las elecciones de 1962 y 1966 Liberación Nacional volvió a tener mayoría de 29 diputados sobre 57, que ya tenía la Asamblea desde 1962, como tiene actualmente, cuando fueron candidatos ganadores a la Presidencia Francisco Orlich Bolmarcich, en 1962, y José Joaquín Trejos Fernández, en 1966, gobierno opositor a Liberación Nacional.

En la elección de 1970, de nuevo con Liberación Nacional, con José Figueres en la presidencia, obtuvo 32 diputados y, en la elección de 1982, con Luis Alberto Monge Álvarez, en la presidencia, Liberación Nacional logró elegir 33 diputados, que ha sido la cifra más alta de diputados en manos de un solo partido político gobernante.

En las elecciones de 1986, con Oscar Arias presidente, y en la elección de 1990, con Rafael Ángel Calderón Fournier, ya constituido el partido Unidad Social Cristiana, ambos obtuvieron la mayoría parlamentaria de 29 diputados.

Desde esta perspectiva, el partido Liberación Nacional, de nueve veces que ha gobernado, ha tenido la mayoría parlamentaria en cinco ocasiones, siendo partido gobernante y una siendo partido opositor, mientras el partido Unidad Social Cristiana en una ocasión obtuvo la mayoría parlamentaria siendo partido gobernante.

El Partido Pueblo Soberano tiene una mayoría de 31 diputados de 57 que integran la Asamblea Legislativa.

Tener mayoría parlamentaria, más de 29 diputados, mitad más uno del total de diputados, no es suficiente para tener el Poder del Parlamento para todo… lo más importante. Tener esa mayoría de 29 diputados da poder de bastantes e importantes decisiones, pero exige siempre capacidad de negociar y de llegar a acuerdos con los restantes diputados.

En las últimas ocho elecciones ningún partido obtuvo esa mayoría de 29 diputados. Algunos partidos lograron entre 17 y 28 diputados, constituyéndose en fracciones legislativas grandes, pero obligadas siempre a negociar y pactar para poder avanzar en los proyectos de ley, aun cuando eran partidos de gobierno como de oposición.

Los gobiernos más difíciles, desde el ámbito legislativo, los tuvo el Partido Acción Ciudadana, que en el gobierno del 2014 sacó 13 diputados y en el gobierno del 2018 tuvo 10, obligado en ambos casos constantemente a negociar, con un peso muy negativo, en el último para su imagen política, que prácticamente lo hizo desaparecer por cuatro años del escenario político.

Así, el gobierno de la presidenta Laura Fernández, del partido Pueblo Soberano, con su triunfo, expresado en un 31% de los votantes, y con una mayoría de 31 diputados, inicia, después de 35 años, desde 1990, una nueva época política nacional, que se caracteriza porque un solo partido asume plenamente el control del Poder Ejecutivo y de la mayoría parlamentaria.

Lo hizo agitando cierto aire de renovación política, exaltando incluso una Tercera República, que posiblemente no entiende lo que significa ni cómo se justifica.

Figueres declaró la Segunda República desde el Poder total. Concentrando en él, y su grupo gobernante, la doble Facultad Ejecutiva y Legislativa, y nombrando ellos mismos la integración total de la Corte Suprema de Justicia, con lo cual tenían el control de los tres Poderes del Estado, el sueño anhelado de Rodrigo Chaves, que es el mismo de Laura Fernández.

Figueres tenía su discurso político y su filosofía política frente a la “Primera República” que vivió, especialmente, en la década de 1940-1948, en los gobiernos de Rafael Ángel Calderón Guardia y de Teodoro Picado Michalski, y en el contexto de la II Guerra Mundial, de la Post guerra y del inicio de la Guerra Fría.

Laura Fernández tiene el reto de continuar el gobierno de Rodrigo Chaves, como tuvo Teodoro Picado con el de Rafael Ángel Calderón Guardia, en el nuevo contexto internacional, la antesala de una III Guerra Mundial, de una nueva Guerra Fría, y de un acendrado anticomunismo por las políticas trumpetistas a las cuales Laura Fernández ya se ha ido adhiriendo y sometiendo.

Si la época del bipartidismo estaba caracterizada por el papel que jugaban dos partidos políticos, Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana, en términos generales, alternándose el Poder Ejecutivo y ejerciendo la mayoría parlamentaria, entre ambos, estamos en este momento en una situación similar al arranque que hizo Figueres en 1953, con un solo partido dominando el Poder Ejecutivo y la Asamblea Legislativa, que permitió, después, en 1962, 1970, 1982, 1986 se repitiera esa situación.

Rodrigo Chaves no es José Figueres, y Pueblo Soberano como partido es aún un partido no nato, no nacido, apenas extraído del útero electoral de las elecciones del 2026, con muchas dudas sobre su inicial desarrollo. Un partido no nato porque fue extraído de su partido materno, Partido Progreso Social Democrático, que lo hicieron fallecer para las elecciones pasadas.

Ese partido no nato, con sus 31 diputados, tiene formalmente fuerza legislativa. Tiene todo el poder para dirigir desde todos los puestos del Directorio Legislativo, desde todas las presidencias y secretarías, si así quisiera, de las Comisiones Parlamentarias Plenas y de las distintas comisiones parlamentarios, toda la institucionalidad legislativa.

En términos generales tiene todos los votos para aprobar leyes ordinarias, para reformar las leyes existentes, para crear o impulsar nuevas leyes, para impulsar cambios en las políticas económicas o para reforzar las que considere necesarias del gobierno de Rodrigo Chaves, para modificar, si así quisiera, instituciones públicas, en su estructura interna como en sus funciones.

Tiene toda la fuerza para convocar comparecencias de personajes, para bloquear, rechazar o priorizar proyectos de ley presentados por otros diputados, para crear o no comisiones de control político, sobre asuntos que exploten del próximo gobierno que la Asamblea quiera investigar.

En materia del Presupuesto Público Nacional tiene todos los votos para aprobarlo tal cual se lo presenten. Dentro de él pueden recortar fondos públicos a instituciones, como las universidades que son parte de su guerra declarada, pueden reasignar recursos públicos como quieran.

Lo que no pueden hacer 31 diputados es reformas a la Constitución Política, como la de la reelección presidencial, continua o consecutiva, como la de reducir el plazo para la aspiración presidencial de los expresidentes a cuatro años si no se permite la consecutiva, para facilitar, si así fuere, la de Rodrigo Chaves en el 2030, o la de ampliar el plazo presidencial a seis años. Tampoco pueden destituir magistrados ni nombrarlos por sí solos, o levantar inmunidades legales de altos funcionarios si procediere hacerlas.

Desde el punto de vista del trabajo del Plenario Legislativo, que son las sesiones que se realizan con todos los diputados, a partir de las 3 p.m, pueden ejercer el control de la Agenda Legislativa, definir las prioridades de la discusión parlamentaria, elegir las autoridades claves de la Asamblea Legislativa, como son el presidente y el secretario, y constituir las Comisiones Parlamentarias.

Esto haría, básicamente, que el Poder Ejecutivo representado por Laura Fernández sea más fuerte, en cuanto estaría mejor armonizado con la Asamblea Legislativa.

Si a Rodrigo Chaves lo nombran ministro de la Presidencia tendría la facultad de dar órdenes a 31 diputados, más que ir a negociar con los restantes el apoyo a las leyes que al gobierno le interese aprobar.

Es obvio y evidente que Rodrigo Chaves tiene muy poca capacidad de negociación con los diputados. Ya mismo ha estado atacando y burlándose de diputados y diputadas de la próxima Asamblea Legislativa y señalando que deben ir a las comisiones sin ninguna importancia. Eso está oscureciendo el inicio de la presidencia de Laura Fernández, pero ella comparte esa misma cama política de enfrentamiento con el presidente Chaves.

Si hasta ahora el grupo de Rodrigo Chaves culpaba de su incapacidad política para gobernar, a los opositores, el grupo que asciende con Laura Fernández solo tiene su propio espejo para ver a quien culpar de un posible mal gobierno, que nadie quiere que suceda, porque nos puede ir mal a todos.

¿Volveremos con este gobierno, a un monopartidismo político gobernante? ¿Facilitará este gobierno, con estas características de “poder institucional absoluto”, la entronización autoritaria, de características abusivas y dictatoriales?

Sector agropecuario impulsa pacto con diputaciones electas

Organizaciones del sector agropecuario costarricense impulsan la firma de un Pacto por la Producción Agropecuaria, dirigido a diputaciones electas de partidos de oposición para el período legislativo 2026-2030, con el objetivo de incidir en la construcción de políticas públicas orientadas al fortalecimiento del agro.

La iniciativa es promovida por el Grupo Liderazgo del Sector Agropecuario, integrado por la Corporación Hortícola Nacional (CHN), la Unión Nacional de Productores Agropecuarios Costarricense (UNAG), la Unión de Pequeños Productores Agropecuarios Costarricenses (UPANACIONAL) y la Unión de Productores Independientes y Actividades Varias (UPIAV).

Estas organizaciones plantean la necesidad de una articulación nacional del sector, con el fin de consolidar una plataforma de incidencia desde las personas productoras para la definición de políticas públicas.

Propuesta de diez ejes prioritarios

El pacto presentado incluye diez propuestas consideradas prioritarias para el desarrollo del sector agropecuario:

  • defensa de la producción nacional,

  • innovación en los procesos productivos,

  • atención al cambio climático,

  • fortalecimiento de los impactos sociales y culturales del agro,

  • impulso al mercado nacional agropecuario,

  • garantía de la salud humana y la inocuidad alimentaria,

  • mejora del acceso al financiamiento,

  • creación de seguros agropecuarios accesibles,

  • promoción de una actividad agropecuaria en armonía con el ambiente,

  • desarrollo de una política territorial construida con participación local.

Espacio de diálogo con diputaciones electas

En este contexto, se realizó un conversatorio con diputaciones electas de la oposición, el miércoles 25 de marzo de 2026 en el Centro Agrícola Cantonal (CAC) de Escazú, donde se abordaron temas como la importancia del sector agropecuario, los efectos de la política económica y las implicaciones de la apertura comercial para el agro costarricense.

La agenda contempló la presentación de la propuesta de política pública, la lectura del pacto y su eventual firma por parte de las diputaciones electas, así como espacios de intervención y cierre con representantes del sector.

Antecedentes: demandas del sector agropecuario

Este planteamiento se inscribe en un contexto en el que el sector agropecuario ha venido señalando la necesidad de políticas públicas más robustas, orientadas a la protección de la producción nacional, el acceso a financiamiento, la sostenibilidad ambiental y el fortalecimiento de los mercados internos.

En notas previas se ha evidenciado la preocupación de organizaciones productoras por los efectos de la apertura comercial, las condiciones de competitividad y la falta de instrumentos adecuados para enfrentar desafíos como el cambio climático y la seguridad alimentaria.

El Pacto por la Producción Agropecuaria busca consolidar estas demandas en una agenda común que permita incidir en la acción legislativa y en la formulación de políticas públicas.