Así puede definirse la política penal que marca el país. Efectivamente el país, porque todo mundo está de acuerdo en combatir la delincuencia a base de más punición, castigo y represión.
La Asamblea Legislativa tramita a golpe de tambor leyes que aumenten penas y limiten garantías. Aplican la doctrina Bukele en su esencia: represión y castigo.
Por supuesto que la política criminal, aprobada por los diputados y el poder ejecutivo, con el aplauso generalizado está principalmente dirigida hacia los sectores más pobres y marginados de la sociedad.
Cuando se castiga a la gente mediante reformas penales hay que tener presente que también se les está castigando cuando se reducen las partidas presupuestarias para educación, salud, Cen-Cinai, apoyo a la infancia y reducción de presupuesto universitario. Unas son represivas pero las otras reducen y limitan la prevención. En otras palabras, se privilegia el castigo sobre la prevención.
Un Estado que actúe de esta manera está condenando a los pobres, a los marginados, al círculo de la violencia. Y en esta tesitura está prácticamente toda la sociedad, hasta nuestros llamados “expertos” penalistas y criminólogos. ¿Cómo ir a contracorriente?
Un clásico ejemplo de una política penal o punitiva del Estado costarricense es la reforma que se pretende para aumentar los periodos de tiempo o de vigencia en que los delitos aparecerán en la llamada Hoja de Delincuencia. Si en estos momentos un delito que alguien cometa aparecerá en esa Hoja en un determinado plazo, ahora con la reforma se pretende que aparezca en un tanto de años más. ¿Es esta una política correcta? Las personas que han delinquido y solicitan posteriormente trabajo es porque quieren reconciliarse con la sociedad, pretenden reinsertarse, como dicen. Pero el Estado se las pone más difícil por mayor tiempo. ¿Y quiénes buscan trabajo? Por supuesto no son los hijos de las clases medias altas o clases altas, sino los hijos de los sectores pobres, los más necesitados. Están creando un verdadero círculo vicioso, contra los que más los necesitan.
Aunque no lo digamos, pensamos como Bukele, que las cárceles son la solución a la delincuencia y el narcotráfico.
La Seccional de Personas con Discapacidad de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) ha emitido un enérgico pronunciamiento en respuesta a la reciente aprobación en segundo debate de la ley para extender la vida útil de los autobuses. La población con discapacidad, según expresaron en un video, se siente profundamente indignada y considera que se están vulnerando sus derechos.
En el video, los representantes de la Seccional de Personas con Discapacidad manifestaron su repudio ante la aprobación de la ley, destacando que esta medida afecta directamente a la accesibilidad del transporte público para las personas con discapacidad. «Hoy en día, el poder tener transporte público accesible se les está impidiendo a las personas», lamentaron.
Consideran que la extensión de la vida útil de los autobuses viola de manera flagrante los derechos de las personas con discapacidad, quienes ya enfrentan numerosos obstáculos en su día a día. «Violentan los derechos de las personas con discapacidad al privarles de un servicio de transporte público que debería ser inclusivo y accesible para todos», expresaron los representantes de la seccional en el video.
Desde la seccional, expresaron su molestia y urgieron a la población a unirse en solidaridad ante esta situación, ya que consideran que enfrentan un desafío que no pueden abordar solos. «Instamos a la población a ayudarnos en esta lucha, porque nosotros solos no podemos», afirmaron en el video.
Recalcando el lema «Nada sobre nosotros sin nosotros», los representantes de la Seccional de Personas con Discapacidad hicieron un llamado a la reflexión sobre la importancia de incluir a las personas con discapacidad en las decisiones que afectan directamente su calidad de vida. Consideraron «insólito» que esta extensión de la vida útil de los autobuses haya sido aprobada sin tener en cuenta las necesidades y perspectivas de las personas con discapacidad.
La información detallada se encuentra en el video adjunto:
Como parte del esfuerzo impulsado desde el Departamento de Participación Ciudadana de la Asamblea Legislativa se abre la convocatoria para nuevas organizaciones comprometidas con el medio ambiente, para que participen del Parlamento Cívico Ambiental.
El Parlamento Cívico Ambiental abrió las solicitudes de convocatoria de inscripciones para nuevas organizaciones, del día 8 de enero al 8 de febrero como fecha límite.
Los requisitos de solicitud son los siguientes:
Solicitud de incorporación con reseña y naturaleza de la organización, empresa, institución o movimiento.
Nombre, correo electrónico y teléfono de representante titular y suplente.
Únase al esfuerzo colectivo por la protección ambiental. Su participación y la de su organización es crucial para impulsar cambios positivos. ¡Esperamos la solicitud!
La noche del 15 de enero, un acto de solidaridad con el pueblo palestino se llevó a cabo en el corazón del Poder Legislativo de Costa Rica. Sobre la fachada del edificio de la Asamblea Legislativa, se proyectaron de manera prominente las palabras «Israel Estado Criminal». Este gesto, realizado por activistas comprometidos con la causa palestina, busca llamar la atención sobre las preocupaciones relacionadas con los derechos humanos en ese país.
El acto simboliza la solidaridad del pueblo costarricense coordinada por la Red de Solidaridad con Palestina.
Este evento destaca la importancia de la libertad de expresión en una sociedad democrática, al tiempo que plantea la necesidad de un diálogo constructivo para abordar los problemas internacionales y promover la paz en la región.
Como parte del esfuerzo impulsado desde el Departamento de Participación Ciudadana de la la Asamblea Legislativa se abre la convocatoria para nuevas organizaciones comprometidas con el medio ambiente, para que participen del Parlamento Cívico Ambiental.
Se recibirán solicitudes del 8 de enero al 8 de febrero del 2023.
Requisitos de Solicitud:
-Breve reseña y naturaleza de la organización.
-Nombres, correo electrónico y teléfono de una persona representante titular y suplente.
Únase al esfuerzo colectivo por la protección ambiental. Su participación y las de su organización es crucial para impulsar cambios positivos. ¡Esperamos la solicitud!
El Concejo Municipal de Montes de Oca aprobó por unanimidad de regidurías presentes, un pronunciamiento sobre la situación en Palestina. La moción fue propuesta por el regidor Jorge Mora Portuguez y suscrita por 16 de las 20 personas que integran ese cuerpo colegiado. El acuerdo se tomó en la sesión de 11 de diciembre.
SURCOS comparte el texto del acuerdo:
Moción sobre Palestina Lunes 11 de diciembre de 2023
Presentada por: Regidurías Propietarias: Jorge Mora Portuguez, Marta Corrales, Carolina Monge, Magaly Acuña. Regidurías suplentes: Ana Felicia Leitón, Mauricio Zeledón; Jorge Rodríguez, Gustavo Campos, Julio Téllez. Sindicalías propietarias: Jorge Espinoza, Danilo Rodríguez, Jeison Salazar, Hilda Campos. Sindicalías suplentes: María Cristina Pacheco, María José Lara
Considerando:
Primero. Que el pasado lunes 04 de diciembre este concejo recibió en audiencia a la cónsul honoraria del Estado de Palestina en Costa Rica, señora Wajiha Sasa, quien de manera sucinta y clara expuso la terrible situación que vive la población civil de la franja de Gaza, víctima no solo de bombardeos indiscriminados por parte de la fuerza aérea israelí, sino también del asedio de sus ciudades a las que les han cortado todo tipo de suministros médicos, alimentos, agua, combustibles y electricidad.
Segundo. Que de acuerdo con la información suministrada por la cónsul honoraria y corroborada por la Agencia de Naciones Unidas para la Población Refugiada de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) al día 04 de diciembre habían fallecido en Gaza, víctimas de los bombardeos,16 mil personas, en su gran mayoría civiles inocentes, entre los que se cuentan 6.150 niños y niñas, más de 70 periodistas y al menos 4 mil mujeres. Hay más de 36 mil personas heridas, muchas de las cuales, con amputaciones de extremidades, u otras lesiones incurables (pérdida de la vista, lesiones en columna vertebral, etc.). Hay 1.700.000 (un millón setecientos mil) personas desplazadas del norte de la franja de Gaza hacia el Sur, donde también, desde el viernes 01 de diciembre han comenzado los bombardeos. El 60% de todas las viviendas de Gaza han sido destruidas y su economía está en ruinas.
Tercero. Que el ataque del grupo terrorista Hamas a Israel, del pasado 7 de octubre, que dejó 1,200 personas fallecidas, y casi 200 capturadas; es absolutamente condenable; y así lo hacemos desde este Concejo Municipal. Pero este ataque no puede ser usado como una justificación válida para una represalia indiscriminada del ejército de Israel contra toda la población de Palestina. Israel tiene derecho a usar la legítima defensa en contra de este grupo terrorista, la cual según el derecho internacional debe ser actual, proporcionada y justificada; pero en su accionar no puede ir en contra del derecho humanitario internacional, del sistema internacional de derechos humanos y de los demás acuerdos internacionales sobre la protección a la población civil durante los conflictos armados.
Cuarto. Que este Concejo Municipal es solidario con el pueblo judío, que por siglos ha sufrido persecución y muerte. Pero entendemos que el actual gobierno de Israel no representa a la totalidad del pueblo judío; y que miles de personas judías alrededor del mundo, e incluso dentro del mismo Israel, se oponen a las acciones militares del ejército de Israel en Gaza; y bajo la consigna “No en nuestro nombre” piden el cese de las hostilidades. Rechazamos, por lo tanto, cualquier intento de calificar como “antisemita” o “antijudío” el llamado a la paz, el llamado al cese al fuego y al cese de la ocupación del ejército de Israel del territorio palestino de acuerdo con las fronteras de1967reconocidas internacionalmente.
Quinto. Con base en lo anterior este Concejo Municipal suscribe la llamada “Solución de los 2 Estados. Bajo la cual la comunidad internacional y las Naciones Unidas reconocen la existencia de un estado israelí y de un estado palestino con las fronteras de 1967.
Sexto. Que Costa Rica como país que decidió en forma voluntaria abolir sus fuerzas armadas, desde 1948; y que en 1983 lanzara su proclama de neutralidad perpetua, activa y no armada; tiene el deber moral y político de sumarse al clamor mundial por la paz; y con su ejemplo y su reconocimiento internacional puede jugar un rol muy importante en esta materia.
Sétimo. Que el pasado 27 de octubre la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la resolución ES-10/21, con el voto favorable de Costa Rica, que pide una “tregua humanitaria inmediata, duradera y sostenida que conduzca al cese de las hostilidades en Gaza”, así como el respeto al derecho internacional humanitario y a los derechos humanos por ambas partes. Resolución adoptada con120 votos a favor, solo 14 votos en contra y 45 abstenciones.
Por lo tanto, este Concejo Municipal acuerda:
Primero. Hacer un llamado al gobierno de Costa Rica y a la Asamblea Legislativa para que asuman un papel de mayor liderazgo en el llamado internacional a un cese al fuego inmediato, duradero y sostenido en la franja de Gaza de acuerdo con la resolución ES-10/21 mencionada antes; así como para lograr el cese de hostilidades en contra de la población de Cisjordania.
Segundo. Condenar y repudiar toda acción de represalia indiscriminada del ejército israelí en contra de la población civil palestina en los territorios de Gaza y Cisjordania; así como el bombardeo de instalaciones civiles, clínicas, hospitales, centros de refugiados, o en contra de la prensa internacional, los organismos de Naciones Unidas y de Socorro internacional.
Tercero. Condenar y repudiar el ataque terrorista de Hamas contra Israel, exigir la liberación de todas las personas cautivas por este grupo; y hacer un llamado a la comunidad internacional para el fortalecimiento del reconocimiento de la Autoridad Nacional Palestina (ANP) como único representante del pueblo palestino, de conformidad con los acuerdos de Oslo de 1993 y con la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas del 29 de noviembre del 2012.
Cuarto. Hacer un llamado al gobierno de Israel, para que, de acuerdo con la resolución de la Asamblea General de la ONUES-10/21, respete el derecho humanitario internacional; así como el sistema internacional de derechos humanos y a que cese de inmediato los ataques indiscriminados contra la población civil. Llamado que también es extensivo a todos los grupos palestinos beligerantes.
Quinto. Hacer un recordatorio al gobierno de Israel de sus obligaciones como potencia ocupante, de garantizar la vida e integridad de la población palestina no solo en Gaza, de acuerdo con la resolución ES-10/21; sino también en Cisjordania; así como el permitir la entrada de ayuda humanitaria y de los organismos de socorro.
Sexto. Solicitar a la Secretaría de este Concejo y a la Administración municipal en la persona del señor alcalde, hacer las gestiones necesarias para informar a la prensa y a la opinión pública de este acuerdo; y para que el mismo sea publicado en los medios y redes oficiales de este gobierno local.
Sétimo. Comunicar el presente acuerdo al Gobierno de Costa Rica, a la Asamblea Legislativa, a las demás municipalidades, así como a la Organización de las Naciones Unidas a través de su representación en el país; a la embajada de Israel en Costa Rica; y al consulado honorario del Estado de Palestina en Costa Rica.
Octavo. Instar a los demás gobiernos locales de Costa Rica a pronunciarse en el mismo sentido
Se solicita dispensa de trámite de Comisión. Se declare en firme.
En representación de las comunidades costarricenses afectadas por la contaminación por el uso de plaguicidas altamente contaminantes y organizaciones ambientales entregarán más de 106.422 firmas que solicitan a la Asamblea Legislativa la pronta aprobación del proyecto de ley de Expediente No. 23783 sobre la regulación de plaguicidas altamente peligrosos.
Aunque algunos de los plaguicidas altamente peligrosos incluidos en el proyecto ya están prohibidos vía decreto ejecutivo, incluyendo recientemente el clorotalonil, es necesario brindar mayor seguridad jurídica a las personas afectadas, elevando a rango de ley la prohibición del registro, importación, fabricación, formulación, almacenamiento, distribución, transporte, reempaque, reenvase, manipulación, venta, mezcla y uso de 16 plaguicidas altamente peligrosos y la evaluación de riesgos periódica de al menos otros 19 plaguicidas más.
Las organizaciones que protestan entregarán las firmas y una carta a la Comisión de Ambiente del Congreso donde aseguran que “es urgente establecer mecanismos efectivos para el control de venta y uso de plaguicidas en el país”.
El proyecto de regulación busca además la transición hacia una producción de alimentos con menor carga química y mayores beneficios económicos para las personas agricultoras que requieren la creación de mecanismos para el fomento, fortalecimiento y financiamiento de la investigación, desarrollo, asistencia técnica, extensión y capacitación para la agricultura sostenible.
En la carta aseguran que es “necesario generar mejores condiciones para el surgimiento y consolidación de emprendimientos que produzcan alternativas a los plaguicidas químicos sintéticos, incluyendo trámites preferenciales para su registro y créditos fiscales a favor de personas productoras que compren estas alternativas”.
Además, buscan eliminar incentivos fiscales perversos, como lo es la exoneración fiscal de la que gozan los plaguicidas altamente peligrosos, cuyo uso termina generando enormes pérdidas y gastos al país que terminamos pagando injustamente todas y todos los costarricenses. Finalmente aseguran que “debe fortalecerse el régimen sancionatorio tanto por el uso de plaguicidas prohibidos y como por el uso indebido de los plaguicidas permitidos y asegurar recursos suficientes para su aplicación efectiva”.
Por estas razones solicitan a las señoras diputadas y a los señores diputados de la Comisión de ambiente: audiencia a representantes de las comunidades afectadas por el uso de plaguicidas, dictamen afirmativo al Expediente No. 23.783 y su aprobación en plenario legislativo.
Finalmente: “en ejercicio de su rol de control político, la Asamblea Legislativa brinde seguimiento al cumplimiento por parte del Poder Ejecutivo de las 8 recomendaciones contenidas en el Informe Técnico Clorotalonil del 14 de abril de 2023, elaborado por el equipo interinstitucional conformado por Ministerio de Salud, Ministerio de Ambiente y Energía e Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados”.
Las personas organizadoras señalan que con esta entrega dan inicio a una nueva etapa en la campaña que han sostenido en su derecho constitucional a obtener agua sin agrotóxicos.
Elaborado con apoyo del proyecto Geografía y Diálogo de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios rurales de Costa Rica (ED-3526) del Programa Kioscos socioambientales y la Escuela de Geografía de la Universidad de Costa Rica.
Organiza: Red de Solidaridad con Palestina Costa Rica
Evento apto para todo público
Pueden contactarnos para coordinar parqueos, ingresos a las barras, banderas y pancartas.
Búsquenos en todas las Redes como: @PalestinaCostaRica
La anterior convocatoria la suspendieron a última hora la fecha acordada y ahora le comunicaron a la cónsul la nueva fecha de la audiencia ante la Comisión de Asuntos Internacionales.
Titula la noticia hoy: «Sala IV no encontró vicios de procedimiento o de fondo en proyecto para ampliar vida útil de autobuses.»
Lamentable noticia para los millones de personas que utilizamos el servicio de transporte público, autobuses.
Es un hecho que la politiquería, la corrupción y los favores electoreros intervienen en la intención de los concesionarios del servicio público de autobuses para alargar «la vida» de los autobuses y acortar la de los usuarios.
Tanto los magistrados que votaron en contra de la Consulta de la Defensoría de los Habitantes de la República, sobre el proyecto de Ley 23.782 con el pomposo título de «Ley para garantizar el Servicio de Autobús a los usuarios», como los diputados y diputadas que tramitan este en la Asamblea Legislativa, nunca sufren las consecuencias de viajar TODOS LOS DÍAS en unidades en deplorables condiciones.
La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, resolvió «por mayoría que no encontró vicios de fondo o de procedimiento en la iniciativa», sin contemplar las condiciones reales de las unidades que afectan, no solo a las personas con discapacidades varias, sino al resto de las personas que utilizamos el peor servicio, en las peores condiciones posibles.
¿A quién le deben «favores» magistrados y diputados?, a los empresarios que trasladan votantes a las urnas.
La consulta que se tramitó bajo el expediente judicial 23-026217-0007-CO, y presentada por la Defensoría de los Habitantes sobre el proyecto de ley 23.782 «Ley para Garantizar el Servicio de Autobús para los Usuarios», pretende agregar el Transitorio Nº 25 a la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial, dicen que para ampliar «temporalmente» la vida útil de las unidades de transporte público en la modalidad autobús por un año y por una única vez, pero ya tienen 10 o 15 años, en donde todos los gobiernos anteriores extendieron esa vida útil.
Indica la Sala IV que «la reforma opera de forma neutral para las personas con discapacidad…, la afectación que se podría dar es la misma para otros usuarios del transporte público remunerado de personas en autobuses», pero por supuesto, afecta todas las personas usuarias.
Los magistrados señalaron que el Transitorio 25 que se pretende incluir no tiene como fin disminuir los estándares establecidos en la Ley 7600, sino que vela y prevé las consecuencias de extender la vida útil de forma «temporal» de las unidades para todas las personas, «esto al imponérsele mayor rigurosidad a los operadores por parte del ente encargado de realizar la inspección técnica vehicular.», esto demuestra que NUNCA se han montado a un autobús en su vida, no uno de lujo por supuesto.
La magistrada Anamari Garro Vargas emitió un voto separado en el que, «en el caso concreto sí existió una lesión al principio de razonabilidad en la iniciativa parlamentaria, no porque la propuesta fuera intrínsecamente irrazonable, sino porque no se acreditó la razonabilidad de la esta.» Por su parte el magistrado Fernando Cruz Castro salvó el voto al considerar que el proyecto presenta vicios de procedimiento y de fondo.
En Costa Rica, las unidades de autobuses quemadas por año son:
2020: 16
2021: 17
2022: 19
2023: 6… por ahora.
Reitero lo que desde hace años vengo diciendo, y como solo es un desahogo personal y a nadie le importa lo que piense, ni siquiera a mis vecinos que utilizan el servicio, son los gobiernos, los corruptos politiqueros de turno, diputados y diputadas, magistrados, autoridades como el Consejo de Transporte Público, COSEVI, ARESEP, serán los responsables por la pérdida de vidas por las condiciones de los autobuses.
La solución SIEMPRE estará en manos del pueblo, de la ciudadanía que se organice, se manifieste y se lance a las calles a EXIGIR que esta desfachatez se termine.
Por lo pronto, la recomendación de siempre, “Apenas vea humo o se sienta ese olor, llame al 911 y «rece» por su vida», luego de las gracias a los magistrados, diputados y presidente.
La Sala Constitucional tenía en sus manos la consulta de constitucionalidad obligada que la Asamblea Legislativa le envió sobre el Proyecto de Ley de la jornada de trabajo 4-3. A ella se había sumado una acción, una consulta facultativa de constitucionalidad, interpuesta por varios diputados, con el propósito de que la Sala dictaminara en contra de este Proyecto de Ley, por razones de fondo, por violaciones a las disposiciones constitucionales y legales relacionadas con las jornadas de trabajo en el país, especialmente con los alcances de la norma constitucional No. 58, que establece que “la jornada ordinaria de trabajo diurno no podrá exceder de ocho horas diarias y cuarenta y ocho a la semana. La jornada ordinaria de trabajo nocturno no podrá exceder de seis horas diarias y treinta y seis a la semana.” Del mismo modo, que “el trabajo en horas extraordinarias deberá ser remunerado con un cincuenta por ciento más de los sueldos o salarios estipulados”. La misma norma constitucional establece que estos principios “no se aplicarán en los casos de excepción muy calificados, que determine la ley”.
Claro es, que el Proyecto de Ley de la Jornada 4-3 no estaba en la dimensión ni en la excepcionalidad del artículo 58 constitucional. Con este Proyecto se pretende, sin lugar a dudas, establecer un nuevo modelo de trabajo nacional, de 12 horas diarias, por cuatro días, sin pago de reconocimiento de horas extras, porque sus propulsores establecieron claramente que lo que se estaba regulando era el concepto de jornada semanal de 48 horas, distribuidas en 4 días. Igualmente, se pronunciaron muy claramente que en ese extremo no hay necesidad de reconocer “horas extras”, sobre las 8 horas de trabajo diario, que se regulan constitucionalmente. Valoraron en la discusión parlamentaria la jornada semanal de 48 horas, sin demeritar el alcance extremo señalado constitucionalmente. Tan solo la redujeron a cuatro días de trabajo.
Los aditamentos que se señalaron, en la Asamblea Legislativa, por parte de los diputados proponentes y defensores de estas jornadas esclavistas, al estilo del siglo XIX, fueron meramente cosméticos, como cantos de sirena, como por ejemplo el tiempo de descanso diario en la jornada de 12 horas. ¿Acaso la jornada de 8 horas no establece ese descanso diario proporcional a esas 8 horas? Lo que hicieron fue proporcionar el mismo tiempo a las 12 horas que se propone en el Proyecto de las 12 horas. Algunas diputadas incluso razonaron que en los tres días de descanso, de este tipo de contrato, los trabajadores podrían buscar otros empleos para mejorar sus ingresos, con lo cual en la realidad la jornada semanal “ordinaria·”, se extendería más allá de las 48 horas…
La Resolución de la Sala Constitucional, en lo que se ha informado, hace dos días, por un comunicado de prensa, sin que se tenga aún el Fallo completo redactado, ha destacado que el rechazo al Proyecto es tan solo de formalidad procesal, que puede subsanarse. Fue rechazado por un vicio sustancial de procedimiento legislativo, porque fue discutido en una Comisión Legislativa que no era la facultada para hacerlo, cuando empezó su trámite de aprobación en el 2019, puesto que debía haberse iniciado esa discusión en una Comisión especializada, como es la de Asuntos Jurídicos, y no la Asuntos Hacendarios.
Las Comisiones de Asuntos Hacendarios, generalmente se integran por mayoría de diputados de las fracciones que son gobierno. Esto para facilitar el trámite de los Proyectos de Presupuestos Nacionales, con aprobación mayoritaria de la Comisión que los estudia, para que así se envíe al Plenario Legislativo, con alguna ventaja de discusión; con menor oposición y con dictámenes de minoría, los que de hecho no tienen la trascendencia para el debate siguiente. En la historia parlamentaria a veces los dictámenes de minoría se han impuesto en el Plenario Legislativo. Pero lo usual es que pasan de lado.
El grupo de diputados chavistas, que llaman de gobierno, y los que se sumaron a ellos, han declarado que revivirán el Proyecto de Ley. La diputada experta en asesorar ministros y otras autoridades en mentir, ha dicho claramente que analizará, con el Presidente Chaves, la posibilidad de volver a relanzar el Proyecto de Ley a trámite de aprobación. Diseñarán la estrategia de la mentira ante la nueva discusión parlamentaria, si llega a suceder.
El retroceso en la legislación laboral y constitucional, de las garantías sociales, sigue en pie de lucha. Quienes nos hemos opuesto a este Proyecto, desde las tribunas de la opinión pública, y desde la práctica sindical, no debemos replegarnos de alegría por el fallo de la Sala Constitucional. Puede ser tan solo, como dice nuestro pueblo, un simple alegrón de burro.
No debe interpretarse el fallo de la Sala Constitucional como un golpe contra el gobierno del Presidente Chaves, ni como un triunfo sindical, hasta este momento. Este Proyecto de Ley se inició en el gobierno del Partido Acción Ciudadana, bajo el Gobierno de Carlos Alvarado, que estuvo de acuerdo con su trámite y aprobación, siendo el conductor de ese trámite legislativo, el diputado liberacionista Carlos Ricardo Benavides. Por ahora, es tan solo un frenazo a su aprobación parlamentaria. El riesgo de su aprobación está latente.
Lo resuelto por la Sala Constitucional anula lo actuado desde que se cometió el error de trámite legislativo. Ha dejado al paciente de una cirugía con el tórax abierto mientras se dispone qué camino seguir, en cuanto se conozca el Fallo completo. El paciente del Proyecto de Ley de la jornada de 12 horas diarias no ha muerto todavía. Está en un coma inducido. Puede vivir.
Cuando se reciba el Fallo en la Asamblea Legislativa se pasará a su estudio a la Comisión de Consultas de Constitucionalidad. Aquí se recomendará el camino a seguir… hacer los cambios correspondientes o enviar al Archivo el Proyecto de Ley.
Es también un tema de oportunidad política su discusión. O se aprueba el Proyecto de la Jornada de 12 horas en el 2024 o se deja para el 2026, pasadas las elecciones nacionales, como un proyecto para el nuevo gobierno.
En el 2025 por ser año electoral ese Proyecto no se someterá a discusión parlamentaria, por el riesgo político que eso tiene para los partidos y dirigentes políticos que lo apoyen, ante el proceso electoral nacional de ese año.
Sucederá igual que con la discusión del Proyecto de Ley del Tratado de Libre Comercio, con Estados Unidos y Centroamérica, que terminó aprobándose hasta el 2007, cuando el Presidente Abel Pacheco lo había aprobado en el 2004.
En el 2005 Abel Pacheco no lo envió a la Asamblea Legislativa porque era el año electoral, y podía dividir al país, como sucedió en el 2006 y 2007 a favor y en contra, que para efetos electorales hubiera tenido un saldo muy negativo para los que apoyaban ese Tratado. Si así hubiera ocurrido quizá Oscar Arias Sánchez no hubiera llegado a su segunda Presidencia.
Abel Pacheco introdujo al debate parlamentario el Tratado en diciembre del 2005, cuando la Asamblea estaba en receso legislativo por las elecciones y nadie le ponía atención. Al resultado de las elecciones, ya con el ganador, por poco margen, la Asamblea tenía el Tratado para su ratificación, lo que se heredó al siguiente gobierno, que la vio fea en el 2006 y el 2007, para su gestión de gobierno, hasta que por la vía del Referéndum, convocado por Oscar Arias, se resolvió por un estrecho margen a su favor.
Con los aires populistas que hay en el continente, y en el mundo, no sería nada raro que frente a un proyecto de Ley, como éste de las 12 horas, electoralmente, pueda levantase alguien con la Presidencia y el apoyo popular, barriendo más a los partidos tradicionales, abriendo una brecha hacia partidos de nuevo tipo, como Acción Ciudadana y el que llevó al Presidente Chaves a Zapote. Esta es la realidad.
Por eso, el movimiento popular no puede descansar, ni dejarse llevar por los aplausos que generó este Fallo. Hay que seguir alerta ante la redacción total del Fallo y ante la iniciativa parlamentaria de la diputada Pilar Cisneros de mantener vivo el Proyecto en trámite legislativo.
No estoy seguro de que la Asamblea Legislativa aguante otra vía rápida, de tipo triturador, contra los legisladores que se opongan a la aprobación de esta Jornada de 12 horas. Pero, todo puede suceder.
Por ahora, las banderas de lucha contra este Proyecto de Ley no deben arrearse. Deben mantenerse izadas.
