En representación de las comunidades costarricenses afectadas por la contaminación por el uso de plaguicidas altamente contaminantes y organizaciones ambientales entregarán más de 106.422 firmas que solicitan a la Asamblea Legislativa la pronta aprobación del proyecto de ley de Expediente No. 23783 sobre la regulación de plaguicidas altamente peligrosos.
Aunque algunos de los plaguicidas altamente peligrosos incluidos en el proyecto ya están prohibidos vía decreto ejecutivo, incluyendo recientemente el clorotalonil, es necesario brindar mayor seguridad jurídica a las personas afectadas, elevando a rango de ley la prohibición del registro, importación, fabricación, formulación, almacenamiento, distribución, transporte, reempaque, reenvase, manipulación, venta, mezcla y uso de 16 plaguicidas altamente peligrosos y la evaluación de riesgos periódica de al menos otros 19 plaguicidas más.
Las organizaciones que protestan entregarán las firmas y una carta a la Comisión de Ambiente del Congreso donde aseguran que “es urgente establecer mecanismos efectivos para el control de venta y uso de plaguicidas en el país”.
El proyecto de regulación busca además la transición hacia una producción de alimentos con menor carga química y mayores beneficios económicos para las personas agricultoras que requieren la creación de mecanismos para el fomento, fortalecimiento y financiamiento de la investigación, desarrollo, asistencia técnica, extensión y capacitación para la agricultura sostenible.
En la carta aseguran que es “necesario generar mejores condiciones para el surgimiento y consolidación de emprendimientos que produzcan alternativas a los plaguicidas químicos sintéticos, incluyendo trámites preferenciales para su registro y créditos fiscales a favor de personas productoras que compren estas alternativas”.
Además, buscan eliminar incentivos fiscales perversos, como lo es la exoneración fiscal de la que gozan los plaguicidas altamente peligrosos, cuyo uso termina generando enormes pérdidas y gastos al país que terminamos pagando injustamente todas y todos los costarricenses. Finalmente aseguran que “debe fortalecerse el régimen sancionatorio tanto por el uso de plaguicidas prohibidos y como por el uso indebido de los plaguicidas permitidos y asegurar recursos suficientes para su aplicación efectiva”.
Por estas razones solicitan a las señoras diputadas y a los señores diputados de la Comisión de ambiente: audiencia a representantes de las comunidades afectadas por el uso de plaguicidas, dictamen afirmativo al Expediente No. 23.783 y su aprobación en plenario legislativo.
Finalmente: “en ejercicio de su rol de control político, la Asamblea Legislativa brinde seguimiento al cumplimiento por parte del Poder Ejecutivo de las 8 recomendaciones contenidas en el Informe Técnico Clorotalonil del 14 de abril de 2023, elaborado por el equipo interinstitucional conformado por Ministerio de Salud, Ministerio de Ambiente y Energía e Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados”.
Las personas organizadoras señalan que con esta entrega dan inicio a una nueva etapa en la campaña que han sostenido en su derecho constitucional a obtener agua sin agrotóxicos.
Elaborado con apoyo del proyecto Geografía y Diálogo de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios rurales de Costa Rica (ED-3526) del Programa Kioscos socioambientales y la Escuela de Geografía de la Universidad de Costa Rica.
