Compartimos con Víctor Araya para conocer un primer balance luego de la visita a la comisión del Caribe de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, en dónde no pudieron sesionar por falta de quorum. Le preguntamos ¿Qué análisis hacen a este primer evento para la discusión del proyecto de Ley 24109?
Para escuchar la conversación, ingrese en este enlace.
El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, la diputada Vanessa Castro presentó el proyecto de ley número 24209 ante la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, para declarar benemérita de la patria a Emilia Rivas Bustos V., quien es reconocida como la primera enfermera costarricense y de América Latina.
Emilia Rivas nació el 24 de junio de 1861 en Liberia y falleció el 24 de febrero de 1931. Y su legado perdura en la historia de Costa Rica, destacándose por su dedicación y contribuciones a la enfermería en la región.
El expediente resalta la trayectoria de Emilia Rivas, quien inició su carrera como maestra en Palmira, Comarca de Puntarenas, en 1888, antes de emprender estudios de enfermería en Estados Unidos. En 1897 recibió una beca para estudiar y practicar enfermería en el Hospital Johns Hopkins de Baltimore, lo que le permitió viajar a Estados Unidos y recibir formación especializada de manera gratuita.
Emilia Rivas firmó un contrato para dirigir el Hospital San Rafael de Puntarenas en 1904, convirtiéndose en la primera mujer costarricense graduada de una prestigiosa escuela estadounidense en liderar una institución de salud en el país. Durante sus 25 años de gestión, se destacó por su dedicación para obtener recursos económicos destinados a la atención médica y de enfermería, así como por su servicio abnegado a los pacientes.
El proyecto de ley destaca la importancia de reconocer a Emilia Rivas como pionera en la enfermería costarricense y latinoamericana, y resalta su labor en diferentes hospitales en Estados Unidos, Cuba y Costa Rica.
Para acceder al proyecto de ley completo, diríjase al documento adjunto.
El día 7 de marzo de 2024 la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) envío una solicitud a los diputados y las diputadas de la Asamblea Legislativa para que valoren convocar a diferentes funcionarios y funcionarias de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) esto en el marco del proceso de investigación que lleva a cabo la comisión de ingreso y gasto público. Según indica la ANEP el objetivo de su solicitud es apoyar el proceso en torno a la situación financiera que presenta el seguro de salud, especialmente la suspensión de las obras del portafolio de inversiones de infraestructura de la CCSS, así como los fundamentos actuariales que se tomaron como base para afirmar que “la Caja está quebrada”.
De acuerdo con información tomada del oficio presentado por la ANEP entre las personas funcionarias de la CCSS que la asociación solicitó convocar a la comisión se encuentran Zaida Matamoros Villalobos secretaria interina de la junta directiva, quien estuvo en la primera separación del puesto de Carolina Arguedas Vargas, funcionaria actualmente separada del cargo, así mismo Beatriz Guzmán Meza, secretaria interina de la junta directiva, la misma sustituyó a Zaida Matamoros Villalobos y se mantiene en ese cargo hasta la fecha, por otro lado, el asesor económico de la presidencia ejecutiva de la CCSS, Allan Quesada Soto. Finalmente, la asociación solicitó convocar a Carolina González Gaitán y Evelyn Rocío Guzmán Solano, directora de la dirección actuarial y económica de la CCSS y jefa de área de la dirección actuarial y económica de la CCSS respectivamente.
Para cada una de las personas funcionarias mencionadas anteriormente, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados generó una serie de cuestionamientos e interrogantes que podrían ser utilizados en caso de ser llamados a comparecer. Según señaló la ANEP, su posición es de cero tolerancia e impunidad ante la corrupción y las irregularidades, por lo que su interés radica en que la ciudadanía costarricense esté al tanto de las implicaciones generadas por la emisión de informes actuariales supuestamente maquillados, debido a que esto ha afectado comunidades, con suspensiones de incluso más de un año, así como la posible influencia de personal de la CCSS cercano a Marta Eugenia Esquivel Rodriguez, presidenta ejecutiva de la institución, así lo indicó la asociación en el oficio firmado por Albino Vargas Barrantes, secretario general de la ANEP.
Si desea conocer más sobre el tema, consulte el documento adjunto correspondiente al oficio presentado por la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados.
A lo largo de esta edición del programa “A la historia… ¡Por media calle!” el analista Vladimir de la Cruz expresa cómo el escenario político costarricense parece activarse, esto debido a que se acerca el 1 de mayo y con el inicio de una nueva legislatura en el Congreso de la República, es decir, la Asamblea Legislativa entrará en elecciones para determinar cuáles diputados o diputadas conformarán el próximo Directorio Legislativo hasta el próximo 30 de abril del 2025.
Vladimir resalta la importancia de esta elección principalmente porque el ejercicio de la presidencia de la Asamblea Legislativa implica una serie de enormes responsabilidades entre las cuales destacó la dirección respetuosa y enérgica de la Asamblea, un comportamiento cordial para con todas las fracciones, una comunicación estable pero cautelosa para con el Poder Ejecutivo además de que señala, en más de una oportunidad, que la persona electa para presidir al Poder Legislativo tiene la obligación constitucional de ocupar la presidencia de la república en el caso particular de que las dos vicepresidencias se encuentren vacantes y la persona en el cargo de presidente se encuentre fuera del territorio nacional.
Posteriormente, el señor de la Cruz realiza un amplio recorrido histórico sobre las distintas fases que ha experimentado Costa Rica en su búsqueda de configurarse como un estado de derecho. Empezando con la independencia en 1821, la incorporación a la República Federal Centroamericana en 182a y la separación de la misma en 1838, la fundación de la primera república en 1848, la fundación de la segunda república en 1948 y hasta la actualidad. En esta breve reseña el señor Vladimir se encarga de destacar a las figuras históricas encargadas de configurar las instituciones, pesos y contrapesos, poderes y obligaciones que permitieron formar lo que hoy se entiende como Costa Rica.
Después de la Cruz ahonda algunas de las funciones así como particularidades del Poder Legislativo costarricense por ejemplo las distinciones entre mayoría simple o calificada, el funcionamiento de la Asamblea en los periodos ordinario, en dónde se discuten las propuestas de ley realizadas por las personas diputadas de las diversas fracciones, y extraordinario, en dónde se discuten las iniciativas de ley propuestas por el Poder Ejecutivo. Otras temáticas que trató fueron la rendición de cuentas que debe realizar la presidencia a través de un informe anual leído cada 2 de mayo, así como la rendición de cuentas de los diversos ministerios, entre otros aspectos.
Finamente, el señor Vladimir dedica la parte final de la transmisión a advertir que, desde su perspectiva personal, en una gran mayoría de ocasiones las candidaturas a la presidencia del Congreso se dan por “ponerlo en el currículum” o como un alarde de la presencia que puede tener una persona en la Asamblea Legislativa. Por lo cual destacó que la persona que sea electa debe tener una serie de cualidades y experiencia suficiente pata dirigirse con propiedad, eficiencia y profesionalismo. En su opinión Vladimir de la Cruz señala al señor Rodrigo Arias Sánchez, actual presidente del Legislativo, como la mejor opción para continuar con su ejercicio al frente del Directorio por su trayectoria política y amplio conocimiento institucional, señala además que la administración Chávez Robles ya había depositado su apoyo al señor Rodrigo Arias en el anterior periodo legislativo y probablemente lo vuelva a hacer. El señor de la Cruz recalcó que en su opinión personal el señor Rodrigo Sánchez es la mejor opción para presidir la Asamblea y que su elección es la mejor tanto para el gobierno de Rodrigo Chávez como para el pueblo costarricense
Para más información consultar en el siguiente enlace: https://fb.watch/qDAmSz5a-Z/
Existe un proyecto de ley que pretende unificar, nuevamente, las elecciones nacionales para presidente y diputados con las municipales para alcaldías y regidores.
De aprobarse tal proyecto, sería un retroceso en cuanto al fortalecimiento de la democracia y sería una estocada para los partidos políticos provinciales y cantonales.
Lo que genera democracia y lo que fortalece la democracia es, fundamentalmente, la participación y se ha demostrado que los partidos provinciales y aún más los cantonales han generado la mayor participación en las campañas políticas.
Además, son elecciones muy diferentes y precisamente por ello es que se habían dividido, para que cada una tuviera su espacio. Si alguna reforma debiera de darse es precisamente que en las municipales haya un fortalecimiento para la participación de los partidos políticos como deuda política adelantada o bonos y con ello que haya más equidad.
A lo que sí debería de avocarse el Tribunal Supremo de Elecciones es a investigar y atacar el fenómeno del abstencionismo ya que es un virus que carcome los cimientos de la democracia. Debe haber mayor participación ciudadana y debe haber mayor motivación para esa participación.
Dios quiera que ese proyecto que pretende unificar las elecciones no pase y sea descartado de la corriente legislativa y se fortalezca la participación ciudadana y de partidos en ambas elecciones.
Recientemente se ha tramitado, en la Comisión correspondiente de la Asamblea Legislativa, el proyecto de ley con el Nº 23579, el cual pretende derogar la Ley de Hidrocarburos (Nº7399) y consecuentemente, prohibir la exploración y producción de hidrocarburos en nuestro país.
El Colegio de Geólogos de Costa Rica (CGCR), en cumplimiento y atribución según su ley constitutiva (N°5230) debe opinar de forma congruente y acorde con el conocimiento profesional, geocientífico y técnico, e informar a la ciudadanía costarricense sobre las realidades, alcances y consecuencias sobre tal proyecto de ley. Como órgano colegiado de especialistas en la materia consideramos que tal prohibición sería errónea, pues cierra la posibilidad de conocer y aprovechar, de manera sostenible, estos recursos en beneficio de la actual y futuras generaciones.
Como profesionales en pro del desarrollo sostenible, comprendemos que la lucha por el ambiente es imperativa y prioritaria e involucra a todos los ciudadanos del país; sin embargo, este proyecto de ley carece de propuestas concretas, fundamentos y análisis técnicos económicos y no representa el paso hacia una economía sostenible, todo lo contrario.
Los esfuerzos de muchas naciones están orientados hacia una transición paulatina hacia las fuentes de energía renovable y cada vez menos contaminantes. Es un proceso necesario e ineludible, pero complejo, vasto, con necesidades de inversión muy elevadas, debate público abierto, y también mucha incertidumbre y que el cual, la práctica ha demostrado que es muy complicado, lento y que demoraría décadas hasta alcanzar un equilibrio estable.
En la transición energética, la sustitución de los derivados de los hidrocarburos (no solamente de los combustibles fósiles) debe ser paulatina. Aunque las de más crecimiento son la solar y eólica son intermitentes y dependientes de su disponibilidad climática, geográfica, su ubicación con respecto a las áreas protegidas y del momento del día. La energía geotérmica conlleva años de estudio, exploración y construcción hasta el proceso de aprovechamiento y, al igual que la eólica, su aprovechamiento, paradójicamente, se encuentra limitado por su ubicación en o cerca de las áreas protegidas.
Un aliado de las energías limpias es el gas natural, hidrocarburo no derivado del petróleo, cuya combustión es entre 29 a 39 % menos contaminante que los combustibles fósiles, es abundante en la naturaleza y relativamente fácil de aprovechar. Los especialistas, como por ejemplo la Agencia Internacional de Energía (IEA por sus siglas en inglés), brazo energético de la OCDE,y el Banco Interamericano de Desarrollo, abogan por hacer prevalecer las fuentes autóctonas de cada país sobre las importaciones y hacen énfasis en el equilibrio entre la seguridad del suministro, equidad energética y sostenibilidad ambiental. Esto implica aprovechar todas las fuentes energéticas, sin prohibir unas a favor de la penetración abrupta de otras. La seguridad energética pasa entonces a ser una prioridad indisputable.
De derogarse la Ley Nº 7399 se prohibirá, al mismo tiempo, el uso de nuestros recursos naturales, se incentivará la importación y lo más grave, sin contar con instrumentos técnicos ni de planificación para la generación de la energía que sustituya la de los combustibles fósiles. Prohibir actividades que, gracias a los adelantos tecnológicos se pueden realizar sin daño al ambiente, privará a los costarricenses del desarrollo que los recursos naturales han demostrado ofrecer, y esto no es comprensible. Tampoco lo es el afán de derogar una ley que le permite al país contar con seguridad energética y transición energética ordenada, y que previene los “shocks” de precios que afectan a los países importadores de energía.
El proyecto de ley 23579, claramente, no genera ni ofrece argumentos profesionales, científicos, sociales, económicos ni ambientales válidos para trazar la guía hacia la transición energética necesaria en Costa Rica. Carece de visión realista y racional de lo que implica prohibir la exploración, producción y consumo de hidrocarburos para el pueblo costarricense. La premura en sacar adelante un proyecto cuyo sustento no es más que ideológico y de mercadotecnia (“La Costa Rica verde”), se antepone a la prioridad de impulsar el desarrollo nacional sostenible.
El CGCR ha llamado la atención, constantemente y en los últimos años, y nuevamente lo hacemos, en lo que sería el inmenso ERROR HISTÓRICO que esconde la aprobación de una ley como esta.
Arnoldo Rudín Arias
Presidente
Colegio de Geólogos de Costa Rica
En una jornada histórica para la Asamblea Legislativa, este lunes 26 de febrero, se aprobó con un respaldo contundente de 33 votos a favor y 14 en contra, el informe de mayoría de la comisión investigadora sobre las presuntas estructuras irregulares de financiamiento político durante las elecciones presidenciales del 2022.
En la discusión del informe, la diputada socialcristiana Vanessa Castro Mora arroja las siguientes conclusiones:
Se logró identificar una serie de prácticas irregulares en el financiamiento de la campaña del Partido Progreso Social Democrático, incluyendo el uso cuestionable del fideicomiso Costa Rica Próspera. Más aún, se ha descubierto la operación de al menos dos estructuras paralelas destinadas a financiar la campaña presidencial de Rodrigo Chaves Robles.
Uno de los puntos más controvertidos es el uso del fideicomiso Costa Rica Próspera para cubrir diversos gastos de la campaña del Partido Progreso Social Democrático, desde el pago de personal de Call Center hasta el alquiler de infraestructuras como Casa Progreso, así como viáticos y servicios profesionales.
La revelación de la participación de extranjeros en la compra de bonos electorales del Partido Progreso Social Democrático, a través de intermediarios locales como el caso Sheng Lin Hu, arroja luz sobre prácticas poco éticas que distorsionan el proceso democrático.
En el plano de las recomendaciones, la diputada Castro y la comisión investigadora han sido contundentes: se insta a aprobar el informe elaborado por la comisión y avanzar en iniciativas legislativas que permitan una fiscalización más rigurosa del financiamiento político. Además, se propone remitir todas las actas certificadas al Tribunal Supremo de Elecciones y al Ministerio Público para las investigaciones correspondientes.
Acompañando estas recomendaciones, se presentan propuestas de reforma legislativa destinadas a cerrar las brechas que permiten prácticas delictivas en el financiamiento electoral, incluyendo regulaciones más estrictas para el financiamiento de partidos políticos, la prohibición de la cesión de bonos electorales y la regulación de campañas de desinformación.
Información enviada a SURCOS por la fracción del Partido Unidad Social Cristiana.
Vladimir de la Cruz
He propuesto una reorganización electoral en el seno de cada una de las provincias a efecto de que, de esa manera, se elijan de mejor forma los diputados correspondientes.
Señalé que la forma actual de elegir es discriminatoria al interior de las provincias porque se elabora una sola lista de diputados, para toda la provincia, donde supuestamente están representados los habitantes de los diferentes cantones de cada provincia, lo cual no es cierto.
Esa lista, que preparan y ofrecen los partidos políticos, no representa de la mejor manera a los habitantes de cada provincia, porque los partidos políticos se ven obligados a poner en los primeros puestos de la lista de diputados, a quienes consideran sus más representativos líderes de la provincia, como líderes políticos o partidarios, considerando también la pertenencia de ellos a los cantones con mayor población en el interior de las provincias, con el cálculo de que así pueden atraer más votantes.
El número de diputados nacionales se fijó en la Constitución Política de 1949, en aquel momento era de 45, correspondiendo, en promedio, un diputado por cada 18.000 habitantes. Este número de diputados se mantuvo en el Congreso de 1953 y en el de 1958. Para la integración de la Asamblea Legislativa de 1962 se elevó el número de diputados a 57, cifra que se ha mantenido hasta hoy. En 1956 llegamos al millón de habitantes. La representación de diputado por habitante pasó los 20.000 habitantes.
También la población ha ido creciendo, hoy somos cinco millones, sin que crezca el número de diputados, de la base y proporcionalidad con la población, como originalmente inició en 1949.
Hoy tenemos 5.044.197 habitantes y cada diputado representa a 88.494 habitantes. Si se hubiera establecido la disposición constitucional, que esa relación población-diputado original tenía de 18.000 habitantes por diputado, fuera creciendo de la misma manera, hoy tendríamos una Asamblea Legislativa de 280 diputados. El crecimiento del número de diputados no es lo que quiero analizar. En términos generales, creo que debería aumentarse por lo menos a 81 u 87 diputados la representación actual, con una combinación de diputados provinciales, y de 24 o 30 por lista nacional. Pero, esto es para otro momento y otra discusión.
Lo real es que 18.000 habitantes por diputado establecía una cercanía del diputado con sus habitantes provinciales, especialmente con sus electores, los ciudadanos, que es muchas veces lo que se busca. Hay en la Asamblea Legislativa una propuesta que contempla crear distritos electorales nacionales que elegirían uno o dos diputados por distrito procurando esa cercanía política sobre lo que tenemos hoy; el número de los 57 diputados no ha cambiado desde 1962. Lo que ha cambiado es el número de diputados por provincias según los censos nacionales, que se realizan por ley cada diez años, que es el que determina cuántos diputados le corresponden a cada provincia. Por eso es que en los últimos procesos electorales hubo movimientos de diputados en algunas provincias que perdieron población y otras que ganaron, por lo que de igual manera perdieron o ganaron diputados.
Hoy la Asamblea legislativa se integra de la siguiente manera: la provincia de San José con 20 cantones, tiene 19 diputados que representan a 1.601.167 habitantes; la provincia de Alajuela con 16 cantones tiene 11 diputados que representan a 1.035.466 habitantes; la provincia de Cartago con 8 cantones tiene 7 diputados que representan a 545.092 habitantes; la provincia de Puntarenas con 13 cantones tiene 5 diputados que representan a 500.166 habitantes; la provincia de Heredia con 10 cantones tiene 6 diputados que representan a 479.117 habitantes; la provincia de Limón con 6 cantones tiene 5 diputados que representan a 470 383 habitantes y la provincia de Guanacaste con 11 cantones tiene 4 diputados que representan a 412.808 habitantes.
Con estos datos se elige un diputado en San José por cada 84.271 habitantes, en Alajuela uno por cada 94.133; en Cartago uno por cada 77.870; en Puntarenas uno por cada 100.023; en Heredia uno por cada 79.852; en Limón uno por cada 94.076 y en Guanacaste uno por cada 103.202.
Se puede apreciar que hay una desproporción poblacional para elegir diputados en las diferentes provincias. En el caso de Cartago se tiene una cifra más baja para elegir que en Guanacaste o Puntarenas, que necesitan más electores lo que evidencia una real discriminación, en este caso regional, y de igualdad política ciudadana, lo cual en la práctica guanacaste y Puntarenas tienen desde esta perspectiva menos representación Política en la Asamblea Legislativa.
Si se tomara la cifra de elección de Cartago para elegir diputados de 77.870, que es la más baja, de manera igualitaria para todas las provincias, porque los ciudadanos son iguales en todas la provincias, y en todo el país, habría que tener por lo menos una Asamblea Legislativa integrada por 64 diputados, por lo que faltarían 7 diputados para una igual representación ciudadana. Esto evidencia que, en la distribución de diputados, se esquilma, se menoscaba, se le quitan diputados a la población, en el conjunto de las provincias, por lo pocos que sean, dándole más representatividad a los ciudadanos de unas provincias que a los de otras, lo que no debe ser, lo que debe corregirse.
En mi propuesta de la semana anterior, propuse una reorganización de elección, al interior mismo de las provincias, sin alterar esta conformación legal de población que se hace para definir el número de diputados por provincia. Con ello se pretende una mejor representación de los diputados de cada provincia desde su propia provincia.
Esto se corregiría estableciendo un criterio poblacional, por cantones, de manera que los diputados correspondientes a cada provincia se dividan el número de diputados provinciales, en la proporción debida, por cantones o grupos de cantones, para que esos diputados representen mejor las regiones de sus provincias.
Esto no altera en nada el número de diputados a elegir. No hay que hacer reformas constitucionales o legales especiales. El Tribunal Supremo de Elecciones, por sus propias potestades, puede definirlo y establecerlo, en atención a la mayor equidad e igualdad ciudadana, dentro de las provincias, sin discriminación alguna para regiones provinciales como ahora ocurre.
Lo que se altera es la presentación de los candidatos a diputados por provincia, para lo cual habría que hacer varias papeletas, por agrupamiento de cantones, para la postulación de sus respectivos diputados provinciales. No es tampoco un proceso difícil para el Tribunal Supremo de Elecciones que tiene la experiencia de realizar 84 procesos electorales cantonales simultáneamente. La elección de diputados de esta manera sería más sencilla que la de los representantes populares cantonales.
Se procedería, más o menos de la siguiente manera: En la provincia de San José, con sus 20 cantones, considerando, en términos generales, el promedio de 84.271 habitantes por diputado, el cantón de San José, con 351.958 habitantes tendría derecho a elegir prácticamente cuatro diputados. Solo este cambio le quita la presión política, y la lucha interna más aguda, a los partidos políticos que quieran postular candidatos, que siempre se pelean los primeros puestos de cada provincia.
Le sigue el cantón de Desamparados que con su población de 249.367 podría postular tres diputados; el cantón de Pérez Zeledón con 143.282 habitantes podría elegir dos diputados; los cantones de Santa Ana, Puriscal, Acosta, Mora, Tarrazú, León Cortés, Dota y Turrubares podrían constituir una sola región con derecho a elegir dos diputados; el cantón de Tibás elegiría uno; el cantón de Goicoechea dos; los cantones de Curridabat y Alajuelita un diputado cada uno, los cantones de Moravia y el resto de los cantones prácticamente un diputado cada uno, cantones que se podrían agrupar en microrregiones si no se quisiera tener un diputado por cantón.
Para este proceso, se haría como en las elecciones cantonales, donde todos los partidos participantes pueden presentar candidatos en cada región interna de las provincias.
O, el caso de la provincia de Limón, con seis cantones con 470.383 habitantes que eligen a 5 diputados, pueden reagruparse los cantones así: Limón elige un diputado, los cantones de Pococí y Matina eligen dos diputados; Talamanca, Siquirres y Guácimo, eligen dos diputados.
En próximo artículo haré una radiografía más detallada y precisa sobre esta posible distribución. No lo pude hacer hoy porque encontré datos no precisos y contradictorios de distribución de la población, según los censos y otras instancias, lo que espero solucionar para la próxima semana.
De esta forma, con mayor precisión, por número de habitantes, se pueden fraccionar las provincias en microrregiones cantonales para que con ellas se elijan los diputados correspondientes de cada provincia, de manera más democrática y más representativa de la población y de los electores. Así no faltarán diputados, ni se robarán diputados otras provincias, ni habrá una población fantasma que no está igualmente representada, con diputados porque se elegirán con más precisión.
Volveré sobre este tema.
Por José Daniel Gamboa Araya
La Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP) ha generado un documento que recoge diversas perspectivas sobre la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), incluyendo el informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y declaraciones de la presidenta ejecutiva de la CCSS, Marta Esquivel. Sin embargo, el foco principal se centra en las sugerencias de preguntas cruciales que ANEP propone para la segunda comparecencia de Esquivel ante la Comisión Legislativa de Ingreso y Gasto Público.
Entre las preguntas planteadas se destaca la necesidad de explicar por qué la CCSS no proporcionó a la OIT el conjunto completo de datos solicitados, y si hubo alguna solicitud para que la OIT no presentara el informe. ANEP también cuestiona si hubo presiones para tomar medidas disciplinarias contra los funcionarios que prepararon la nota técnica, y si Esquivel desconoce el trabajo técnico para resolver los problemas de la CCSS.
Además, ANEP interpela sobre la autoridad técnica y política con la que Esquivel desacredita el informe de la OIT y si estas acciones fueron aprobadas por la Junta Directiva. La asociación plantea la discrepancia entre la versión de la CCSS y las recomendaciones de la OIT sobre las deficiencias actuariales, y busca conocer las medidas que la CCSS está tomando para enmendar estas deficiencias. ANEP concluye con preguntas que resaltan la disparidad de atención médica entre géneros y cuestiona la motivación detrás de descalificar el informe de la OIT en medio de acusaciones de maquillaje de datos por parte de la Contraloría. Estas preguntas buscan arrojar luz sobre la situación y fomentar la rendición de cuentas en el sector de la seguridad social en Costa Rica.
SURCOS comparte el documento completo enviado a nuestra redacción.
Óscar Madrigal
Así puede definirse la política penal que marca el país. Efectivamente el país, porque todo mundo está de acuerdo en combatir la delincuencia a base de más punición, castigo y represión.
La Asamblea Legislativa tramita a golpe de tambor leyes que aumenten penas y limiten garantías. Aplican la doctrina Bukele en su esencia: represión y castigo.
Por supuesto que la política criminal, aprobada por los diputados y el poder ejecutivo, con el aplauso generalizado está principalmente dirigida hacia los sectores más pobres y marginados de la sociedad.
Cuando se castiga a la gente mediante reformas penales hay que tener presente que también se les está castigando cuando se reducen las partidas presupuestarias para educación, salud, Cen-Cinai, apoyo a la infancia y reducción de presupuesto universitario. Unas son represivas pero las otras reducen y limitan la prevención. En otras palabras, se privilegia el castigo sobre la prevención.
Un Estado que actúe de esta manera está condenando a los pobres, a los marginados, al círculo de la violencia. Y en esta tesitura está prácticamente toda la sociedad, hasta nuestros llamados “expertos” penalistas y criminólogos. ¿Cómo ir a contracorriente?
Un clásico ejemplo de una política penal o punitiva del Estado costarricense es la reforma que se pretende para aumentar los periodos de tiempo o de vigencia en que los delitos aparecerán en la llamada Hoja de Delincuencia. Si en estos momentos un delito que alguien cometa aparecerá en esa Hoja en un determinado plazo, ahora con la reforma se pretende que aparezca en un tanto de años más. ¿Es esta una política correcta? Las personas que han delinquido y solicitan posteriormente trabajo es porque quieren reconciliarse con la sociedad, pretenden reinsertarse, como dicen. Pero el Estado se las pone más difícil por mayor tiempo. ¿Y quiénes buscan trabajo? Por supuesto no son los hijos de las clases medias altas o clases altas, sino los hijos de los sectores pobres, los más necesitados. Están creando un verdadero círculo vicioso, contra los que más los necesitan.
Aunque no lo digamos, pensamos como Bukele, que las cárceles son la solución a la delincuencia y el narcotráfico.