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Etiqueta: Asamblea Legislativa

Diputada Vanessa Castro Mora destapa estructuras irregulares de financiamiento político

En una jornada histórica para la Asamblea Legislativa, este lunes 26 de febrero, se aprobó con un respaldo contundente de 33 votos a favor y 14 en contra, el informe de mayoría de la comisión investigadora sobre las presuntas estructuras irregulares de financiamiento político durante las elecciones presidenciales del 2022.

En la discusión del informe, la diputada socialcristiana Vanessa Castro Mora arroja las siguientes conclusiones:

Se logró identificar una serie de prácticas irregulares en el financiamiento de la campaña del Partido Progreso Social Democrático, incluyendo el uso cuestionable del fideicomiso Costa Rica Próspera. Más aún, se ha descubierto la operación de al menos dos estructuras paralelas destinadas a financiar la campaña presidencial de Rodrigo Chaves Robles.

Uno de los puntos más controvertidos es el uso del fideicomiso Costa Rica Próspera para cubrir diversos gastos de la campaña del Partido Progreso Social Democrático, desde el pago de personal de Call Center hasta el alquiler de infraestructuras como Casa Progreso, así como viáticos y servicios profesionales.

La revelación de la participación de extranjeros en la compra de bonos electorales del Partido Progreso Social Democrático, a través de intermediarios locales como el caso Sheng Lin Hu, arroja luz sobre prácticas poco éticas que distorsionan el proceso democrático.

En el plano de las recomendaciones, la diputada Castro y la comisión investigadora han sido contundentes: se insta a aprobar el informe elaborado por la comisión y avanzar en iniciativas legislativas que permitan una fiscalización más rigurosa del financiamiento político. Además, se propone remitir todas las actas certificadas al Tribunal Supremo de Elecciones y al Ministerio Público para las investigaciones correspondientes.

Acompañando estas recomendaciones, se presentan propuestas de reforma legislativa destinadas a cerrar las brechas que permiten prácticas delictivas en el financiamiento electoral, incluyendo regulaciones más estrictas para el financiamiento de partidos políticos, la prohibición de la cesión de bonos electorales y la regulación de campañas de desinformación.

Información enviada a SURCOS por la fracción del Partido Unidad Social Cristiana.

¿Un robo o un faltante de diputados?

Vladimir de la Cruz

He propuesto una reorganización electoral en el seno de cada una de las provincias a efecto de que, de esa manera, se elijan de mejor forma los diputados correspondientes.

Señalé que la forma actual de elegir es discriminatoria al interior de las provincias porque se elabora una sola lista de diputados, para toda la provincia, donde supuestamente están representados los habitantes de los diferentes cantones de cada provincia, lo cual no es cierto.

Esa lista, que preparan y ofrecen los partidos políticos, no representa de la mejor manera a los habitantes de cada provincia, porque los partidos políticos se ven obligados a poner en los primeros puestos de la lista de diputados, a quienes consideran sus más representativos líderes de la provincia, como líderes políticos o partidarios, considerando también la pertenencia de ellos a los cantones con mayor población en el interior de las provincias, con el cálculo de que así pueden atraer más votantes.

El número de diputados nacionales se fijó en la Constitución Política de 1949, en aquel momento era de 45, correspondiendo, en promedio, un diputado por cada 18.000 habitantes. Este número de diputados se mantuvo en el Congreso de 1953 y en el de 1958. Para la integración de la Asamblea Legislativa de 1962 se elevó el número de diputados a 57, cifra que se ha mantenido hasta hoy. En 1956 llegamos al millón de habitantes. La representación de diputado por habitante pasó los 20.000 habitantes.

También la población ha ido creciendo, hoy somos cinco millones, sin que crezca el número de diputados, de la base y proporcionalidad con la población, como originalmente inició en 1949.

Hoy tenemos 5.044.197 habitantes y cada diputado representa a 88.494 habitantes. Si se hubiera establecido la disposición constitucional, que esa relación población-diputado original tenía de 18.000 habitantes por diputado, fuera creciendo de la misma manera, hoy tendríamos una Asamblea Legislativa de 280 diputados. El crecimiento del número de diputados no es lo que quiero analizar. En términos generales, creo que debería aumentarse por lo menos a 81 u 87 diputados la representación actual, con una combinación de diputados provinciales, y de 24 o 30 por lista nacional. Pero, esto es para otro momento y otra discusión.

Lo real es que 18.000 habitantes por diputado establecía una cercanía del diputado con sus habitantes provinciales, especialmente con sus electores, los ciudadanos, que es muchas veces lo que se busca. Hay en la Asamblea Legislativa una propuesta que contempla crear distritos electorales nacionales que elegirían uno o dos diputados por distrito procurando esa cercanía política sobre lo que tenemos hoy; el número de los 57 diputados no ha cambiado desde 1962. Lo que ha cambiado es el número de diputados por provincias según los censos nacionales, que se realizan por ley cada diez años, que es el que determina cuántos diputados le corresponden a cada provincia. Por eso es que en los últimos procesos electorales hubo movimientos de diputados en algunas provincias que perdieron población y otras que ganaron, por lo que de igual manera perdieron o ganaron diputados.

Hoy la Asamblea legislativa se integra de la siguiente manera: la provincia de San José con 20 cantones, tiene 19 diputados que representan a 1.601.167 habitantes; la provincia de Alajuela con 16 cantones tiene 11 diputados que representan a 1.035.466 habitantes; la provincia de Cartago con 8 cantones tiene 7 diputados que representan a 545.092 habitantes; la provincia de Puntarenas con 13 cantones tiene 5 diputados que representan a 500.166 habitantes; la provincia de Heredia con 10 cantones tiene 6 diputados que representan a 479.117 habitantes; la provincia de Limón con 6 cantones tiene 5 diputados que representan a 470 383 habitantes y la provincia de Guanacaste con 11 cantones tiene 4 diputados que representan a 412.808 habitantes.

Con estos datos se elige un diputado en San José por cada 84.271 habitantes, en Alajuela uno por cada 94.133; en Cartago uno por cada 77.870; en Puntarenas uno por cada 100.023; en Heredia uno por cada 79.852; en Limón uno por cada 94.076 y en Guanacaste uno por cada 103.202.

Se puede apreciar que hay una desproporción poblacional para elegir diputados en las diferentes provincias. En el caso de Cartago se tiene una cifra más baja para elegir que en Guanacaste o Puntarenas, que necesitan más electores lo que evidencia una real discriminación, en este caso regional, y de igualdad política ciudadana, lo cual en la práctica guanacaste y Puntarenas tienen desde esta perspectiva menos representación Política en la Asamblea Legislativa.

Si se tomara la cifra de elección de Cartago para elegir diputados de 77.870, que es la más baja, de manera igualitaria para todas las provincias, porque los ciudadanos son iguales en todas la provincias, y en todo el país, habría que tener por lo menos una Asamblea Legislativa integrada por 64 diputados, por lo que faltarían 7 diputados para una igual representación ciudadana. Esto evidencia que, en la distribución de diputados, se esquilma, se menoscaba, se le quitan diputados a la población, en el conjunto de las provincias, por lo pocos que sean, dándole más representatividad a los ciudadanos de unas provincias que a los de otras, lo que no debe ser, lo que debe corregirse.

En mi propuesta de la semana anterior, propuse una reorganización de elección, al interior mismo de las provincias, sin alterar esta conformación legal de población que se hace para definir el número de diputados por provincia. Con ello se pretende una mejor representación de los diputados de cada provincia desde su propia provincia.

Esto se corregiría estableciendo un criterio poblacional, por cantones, de manera que los diputados correspondientes a cada provincia se dividan el número de diputados provinciales, en la proporción debida, por cantones o grupos de cantones, para que esos diputados representen mejor las regiones de sus provincias.

Esto no altera en nada el número de diputados a elegir. No hay que hacer reformas constitucionales o legales especiales. El Tribunal Supremo de Elecciones, por sus propias potestades, puede definirlo y establecerlo, en atención a la mayor equidad e igualdad ciudadana, dentro de las provincias, sin discriminación alguna para regiones provinciales como ahora ocurre.

Lo que se altera es la presentación de los candidatos a diputados por provincia, para lo cual habría que hacer varias papeletas, por agrupamiento de cantones, para la postulación de sus respectivos diputados provinciales. No es tampoco un proceso difícil para el Tribunal Supremo de Elecciones que tiene la experiencia de realizar 84 procesos electorales cantonales simultáneamente. La elección de diputados de esta manera sería más sencilla que la de los representantes populares cantonales.

Se procedería, más o menos de la siguiente manera: En la provincia de San José, con sus 20 cantones, considerando, en términos generales, el promedio de 84.271 habitantes por diputado, el cantón de San José, con 351.958 habitantes tendría derecho a elegir prácticamente cuatro diputados. Solo este cambio le quita la presión política, y la lucha interna más aguda, a los partidos políticos que quieran postular candidatos, que siempre se pelean los primeros puestos de cada provincia.

Le sigue el cantón de Desamparados que con su población de 249.367 podría postular tres diputados; el cantón de Pérez Zeledón con 143.282 habitantes podría elegir dos diputados; los cantones de Santa Ana, Puriscal, Acosta, Mora, Tarrazú, León Cortés, Dota y Turrubares podrían constituir una sola región con derecho a elegir dos diputados; el cantón de Tibás elegiría uno; el cantón de Goicoechea dos; los cantones de Curridabat y Alajuelita un diputado cada uno, los cantones de Moravia y el resto de los cantones prácticamente un diputado cada uno, cantones que se podrían agrupar en microrregiones si no se quisiera tener un diputado por cantón.

Para este proceso, se haría como en las elecciones cantonales, donde todos los partidos participantes pueden presentar candidatos en cada región interna de las provincias.

O, el caso de la provincia de Limón, con seis cantones con 470.383 habitantes que eligen a 5 diputados, pueden reagruparse los cantones así: Limón elige un diputado, los cantones de Pococí y Matina eligen dos diputados; Talamanca, Siquirres y Guácimo, eligen dos diputados.

En próximo artículo haré una radiografía más detallada y precisa sobre esta posible distribución. No lo pude hacer hoy porque encontré datos no precisos y contradictorios de distribución de la población, según los censos y otras instancias, lo que espero solucionar para la próxima semana.

De esta forma, con mayor precisión, por número de habitantes, se pueden fraccionar las provincias en microrregiones cantonales para que con ellas se elijan los diputados correspondientes de cada provincia, de manera más democrática y más representativa de la población y de los electores. Así no faltarán diputados, ni se robarán diputados otras provincias, ni habrá una población fantasma que no está igualmente representada, con diputados porque se elegirán con más precisión.

Volveré sobre este tema.

ANEP sugiere preguntas que la Comisión de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa podría hacer a la presidenta ejecutiva de la CCSS

Por José Daniel Gamboa Araya

La Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP) ha generado un documento que recoge diversas perspectivas sobre la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), incluyendo el informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y declaraciones de la presidenta ejecutiva de la CCSS, Marta Esquivel. Sin embargo, el foco principal se centra en las sugerencias de preguntas cruciales que ANEP propone para la segunda comparecencia de Esquivel ante la Comisión Legislativa de Ingreso y Gasto Público.

Entre las preguntas planteadas se destaca la necesidad de explicar por qué la CCSS no proporcionó a la OIT el conjunto completo de datos solicitados, y si hubo alguna solicitud para que la OIT no presentara el informe. ANEP también cuestiona si hubo presiones para tomar medidas disciplinarias contra los funcionarios que prepararon la nota técnica, y si Esquivel desconoce el trabajo técnico para resolver los problemas de la CCSS.

Además, ANEP interpela sobre la autoridad técnica y política con la que Esquivel desacredita el informe de la OIT y si estas acciones fueron aprobadas por la Junta Directiva. La asociación plantea la discrepancia entre la versión de la CCSS y las recomendaciones de la OIT sobre las deficiencias actuariales, y busca conocer las medidas que la CCSS está tomando para enmendar estas deficiencias. ANEP concluye con preguntas que resaltan la disparidad de atención médica entre géneros y cuestiona la motivación detrás de descalificar el informe de la OIT en medio de acusaciones de maquillaje de datos por parte de la Contraloría. Estas preguntas buscan arrojar luz sobre la situación y fomentar la rendición de cuentas en el sector de la seguridad social en Costa Rica.

SURCOS comparte el documento completo enviado a nuestra redacción.

Castigo y más castigo

Óscar Madrigal

Así puede definirse la política penal que marca el país. Efectivamente el país, porque todo mundo está de acuerdo en combatir la delincuencia a base de más punición, castigo y represión.

La Asamblea Legislativa tramita a golpe de tambor leyes que aumenten penas y limiten garantías. Aplican la doctrina Bukele en su esencia: represión y castigo.

Por supuesto que la política criminal, aprobada por los diputados y el poder ejecutivo, con el aplauso generalizado está principalmente dirigida hacia los sectores más pobres y marginados de la sociedad.

Cuando se castiga a la gente mediante reformas penales hay que tener presente que también se les está castigando cuando se reducen las partidas presupuestarias para educación, salud, Cen-Cinai, apoyo a la infancia y reducción de presupuesto universitario. Unas son represivas pero las otras reducen y limitan la prevención. En otras palabras, se privilegia el castigo sobre la prevención.

Un Estado que actúe de esta manera está condenando a los pobres, a los marginados, al círculo de la violencia. Y en esta tesitura está prácticamente toda la sociedad, hasta nuestros llamados “expertos” penalistas y criminólogos. ¿Cómo ir a contracorriente?

Un clásico ejemplo de una política penal o punitiva del Estado costarricense es la reforma que se pretende para aumentar los periodos de tiempo o de vigencia en que los delitos aparecerán en la llamada Hoja de Delincuencia. Si en estos momentos un delito que alguien cometa aparecerá en esa Hoja en un determinado plazo, ahora con la reforma se pretende que aparezca en un tanto de años más. ¿Es esta una política correcta? Las personas que han delinquido y solicitan posteriormente trabajo es porque quieren reconciliarse con la sociedad, pretenden reinsertarse, como dicen. Pero el Estado se las pone más difícil por mayor tiempo. ¿Y quiénes buscan trabajo? Por supuesto no son los hijos de las clases medias altas o clases altas, sino los hijos de los sectores pobres, los más necesitados. Están creando un verdadero círculo vicioso, contra los que más los necesitan.

Aunque no lo digamos, pensamos como Bukele, que las cárceles son la solución a la delincuencia y el narcotráfico.

ANEP: Pronunciamiento  de la seccional de personas con discapacidad ante extensión de la vida útil de autobuses

La Seccional de Personas con Discapacidad de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) ha emitido un enérgico pronunciamiento en respuesta a la reciente aprobación en segundo debate de la ley para extender la vida útil de los autobuses. La población con discapacidad, según expresaron en un video, se siente profundamente indignada y considera que se están vulnerando sus derechos.

En el video, los representantes de la Seccional de Personas con Discapacidad manifestaron su repudio ante la aprobación de la ley, destacando que esta medida afecta directamente a la accesibilidad del transporte público para las personas con discapacidad. «Hoy en día, el poder tener transporte público accesible se les está impidiendo a las personas», lamentaron.

Consideran que la extensión de la vida útil de los autobuses viola de manera flagrante los derechos de las personas con discapacidad, quienes ya enfrentan numerosos obstáculos en su día a día. «Violentan los derechos de las personas con discapacidad al privarles de un servicio de transporte público que debería ser inclusivo y accesible para todos», expresaron los representantes de la seccional en el video.

Desde la seccional, expresaron su molestia y urgieron a la población a unirse en solidaridad ante esta situación, ya que consideran que enfrentan un desafío que no pueden abordar solos. «Instamos a la población a ayudarnos en esta lucha, porque nosotros solos no podemos», afirmaron en el video.

Recalcando el lema «Nada sobre nosotros sin nosotros», los representantes de la Seccional de Personas con Discapacidad hicieron un llamado a la reflexión sobre la importancia de incluir a las personas con discapacidad en las decisiones que afectan directamente su calidad de vida. Consideraron «insólito» que esta extensión de la vida útil de los autobuses haya sido aprobada sin tener en cuenta las necesidades y perspectivas de las personas con discapacidad.

La información detallada se encuentra en el video adjunto:

Parlamento Cívico Ambiental recuerda convocatoria para nuevas organizaciones interesadas en participar

Como parte del esfuerzo impulsado desde el Departamento de Participación Ciudadana de la Asamblea Legislativa se abre la convocatoria para nuevas organizaciones comprometidas con el medio ambiente, para que participen del Parlamento Cívico Ambiental.

El Parlamento Cívico Ambiental abrió las solicitudes de convocatoria de inscripciones para nuevas organizaciones, del día 8 de enero al 8 de febrero como fecha límite. 

Los requisitos de solicitud son los siguientes: 

  • Solicitud de incorporación con reseña y naturaleza de la organización, empresa, institución o movimiento.
  • Nombre, correo electrónico y teléfono de representante titular y suplente.

Los requisitos deben ser enviados al correo: directorio.parlambiente@gmail.com 

Únase al esfuerzo colectivo por la protección ambiental. Su participación y la de su organización es crucial para impulsar cambios positivos. ¡Esperamos la solicitud! 

Puede encontrar más información: 

Facebook: Parlamento Cívico Ambiental-Costa Rica

Instagram: Parlamento Cívico Ambiental-Costa Rica

Twitter: @ParlaAmbienCR

Acto de solidaridad con Palestina en Costa Rica: mensaje proyectado en la Asamblea Legislativa resuena a favor de los derechos humanos

Fuente: palestinacostarica

Por José Daniel Gamboa Araya

La noche del 15 de enero, un acto de solidaridad con el pueblo palestino se llevó a cabo en el corazón del Poder Legislativo de Costa Rica. Sobre la fachada del edificio de la Asamblea Legislativa, se proyectaron de manera prominente las palabras «Israel Estado Criminal». Este gesto, realizado por activistas comprometidos con la causa palestina, busca llamar la atención sobre las preocupaciones relacionadas con los derechos humanos en ese país.

El acto simboliza la solidaridad del pueblo costarricense coordinada por la Red de Solidaridad con Palestina.

Este evento destaca la importancia de la libertad de expresión en una sociedad democrática, al tiempo que plantea la necesidad de un diálogo constructivo para abordar los problemas internacionales y promover la paz en la región.

Convocatoria: Participación en el Parlamento Cívico Ambiental de Costa Rica

Por Mauricio Bonilla Blanco

Como parte del esfuerzo impulsado desde el Departamento de Participación Ciudadana de la la Asamblea Legislativa se abre la convocatoria para nuevas organizaciones comprometidas con el medio ambiente, para que participen del Parlamento Cívico Ambiental.

Se recibirán solicitudes del 8 de enero al 8 de febrero del 2023.

Requisitos de Solicitud:

-Breve reseña y naturaleza de la organización.

-Nombres, correo electrónico y teléfono de una persona representante titular y suplente.

Los requisitos deben ser remitidos al correo electrónico: directorio.parlambiente@gmail.com

Únase al esfuerzo colectivo por la protección ambiental. Su participación y las de su organización es crucial para impulsar cambios positivos. ¡Esperamos la solicitud!

Concejo Municipal de Montes de Oca pide al gobierno y a la Asamblea Legislativa que lideren el llamado a un cese al fuego inmediato en Gaza

El Concejo Municipal de Montes de Oca aprobó por unanimidad de regidurías presentes, un pronunciamiento sobre la situación en Palestina. La moción fue propuesta por el regidor Jorge Mora Portuguez y suscrita por 16 de las 20 personas que integran ese cuerpo colegiado. El acuerdo se tomó en la sesión de 11 de diciembre.

SURCOS comparte el texto del acuerdo:

Moción sobre Palestina
Lunes 11 de diciembre de 2023

Presentada por:
Regidurías Propietarias: Jorge Mora Portuguez, Marta Corrales, Carolina Monge, Magaly Acuña.
Regidurías suplentes: Ana Felicia Leitón, Mauricio Zeledón; Jorge Rodríguez, Gustavo Campos, Julio Téllez.
Sindicalías propietarias: Jorge Espinoza, Danilo Rodríguez, Jeison Salazar, Hilda Campos.
Sindicalías suplentes: María Cristina Pacheco, María José Lara

Considerando:

Primero. Que el pasado lunes 04 de diciembre este concejo recibió en audiencia a la cónsul honoraria del Estado de Palestina en Costa Rica, señora Wajiha Sasa, quien de manera sucinta y clara expuso la terrible situación que vive la población civil de la franja de Gaza, víctima no solo de bombardeos indiscriminados por parte de la fuerza aérea israelí, sino también del asedio de sus ciudades a las que les han cortado todo tipo de suministros médicos, alimentos, agua, combustibles y electricidad.

Segundo. Que de acuerdo con la información suministrada por la cónsul honoraria y corroborada por la Agencia de Naciones Unidas para la Población Refugiada de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) al día 04 de diciembre habían fallecido en Gaza, víctimas de los bombardeos,16 mil personas, en su gran mayoría civiles inocentes, entre los que se cuentan 6.150 niños y niñas, más de 70 periodistas y al menos 4 mil mujeres. Hay más de 36 mil personas heridas, muchas de las cuales, con amputaciones de extremidades, u otras lesiones incurables (pérdida de la vista, lesiones en columna vertebral, etc.). Hay 1.700.000 (un millón setecientos mil) personas desplazadas del norte de la franja de Gaza hacia el Sur, donde también, desde el viernes 01 de diciembre han comenzado los bombardeos. El 60% de todas las viviendas de Gaza han sido destruidas y su economía está en ruinas.

Tercero. Que el ataque del grupo terrorista Hamas a Israel, del pasado 7 de octubre, que dejó 1,200 personas fallecidas, y casi 200 capturadas; es absolutamente condenable; y así lo hacemos desde este Concejo Municipal. Pero este ataque no puede ser usado como una justificación válida para una represalia indiscriminada del ejército de Israel contra toda la población de Palestina. Israel tiene derecho a usar la legítima defensa en contra de este grupo terrorista, la cual según el derecho internacional debe ser actual, proporcionada y justificada; pero en su accionar no puede ir en contra del derecho humanitario internacional, del sistema internacional de derechos humanos y de los demás acuerdos internacionales sobre la protección a la población civil durante los conflictos armados.

Cuarto. Que este Concejo Municipal es solidario con el pueblo judío, que por siglos ha sufrido persecución y muerte. Pero entendemos que el actual gobierno de Israel no representa a la totalidad del pueblo judío; y que miles de personas judías alrededor del mundo, e incluso dentro del mismo Israel, se oponen a las acciones militares del ejército de Israel en Gaza; y bajo la consigna “No en nuestro nombre” piden el cese de las hostilidades. Rechazamos, por lo tanto, cualquier intento de calificar como “antisemita” o “antijudío” el llamado a la paz, el llamado al cese al fuego y al cese de la ocupación del ejército de Israel del territorio palestino de acuerdo con las fronteras de1967reconocidas internacionalmente.

Quinto. Con base en lo anterior este Concejo Municipal suscribe la llamada “Solución de los 2 Estados. Bajo la cual la comunidad internacional y las Naciones Unidas reconocen la existencia de un estado israelí y de un estado palestino con las fronteras de 1967.

Sexto. Que Costa Rica como país que decidió en forma voluntaria abolir sus fuerzas armadas, desde 1948; y que en 1983 lanzara su proclama de neutralidad perpetua, activa y no armada; tiene el deber moral y político de sumarse al clamor mundial por la paz; y con su ejemplo y su reconocimiento internacional puede jugar un rol muy importante en esta materia.

Sétimo. Que el pasado 27 de octubre la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la resolución ES-10/21, con el voto favorable de Costa Rica, que pide una “tregua humanitaria inmediata, duradera y sostenida que conduzca al cese de las hostilidades en Gaza”, así como el respeto al derecho internacional humanitario y a los derechos humanos por ambas partes. Resolución adoptada con120 votos a favor, solo 14 votos en contra y 45 abstenciones.

Por lo tanto, este Concejo Municipal acuerda:

Primero. Hacer un llamado al gobierno de Costa Rica y a la Asamblea Legislativa para que asuman un papel de mayor liderazgo en el llamado internacional a un cese al fuego inmediato, duradero y sostenido en la franja de Gaza de acuerdo con la resolución ES-10/21 mencionada antes; así como para lograr el cese de hostilidades en contra de la población de Cisjordania.

Segundo. Condenar y repudiar toda acción de represalia indiscriminada del ejército israelí en contra de la población civil palestina en los territorios de Gaza y Cisjordania; así como el bombardeo de instalaciones civiles, clínicas, hospitales, centros de refugiados, o en contra de la prensa internacional, los organismos de Naciones Unidas y de Socorro internacional.

Tercero. Condenar y repudiar el ataque terrorista de Hamas contra Israel, exigir la liberación de todas las personas cautivas por este grupo; y hacer un llamado a la comunidad internacional para el fortalecimiento del reconocimiento de la Autoridad Nacional Palestina (ANP) como único representante del pueblo palestino, de conformidad con los acuerdos de Oslo de 1993 y con la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas del 29 de noviembre del 2012.

Cuarto. Hacer un llamado al gobierno de Israel, para que, de acuerdo con la resolución de la Asamblea General de la ONUES-10/21, respete el derecho humanitario internacional; así como el sistema internacional de derechos humanos y a que cese de inmediato los ataques indiscriminados contra la población civil. Llamado que también es extensivo a todos los grupos palestinos beligerantes.

Quinto. Hacer un recordatorio al gobierno de Israel de sus obligaciones como potencia ocupante, de garantizar la vida e integridad de la población palestina no solo en Gaza, de acuerdo con la resolución ES-10/21; sino también en Cisjordania; así como el permitir la entrada de ayuda humanitaria y de los organismos de socorro.

Sexto. Solicitar a la Secretaría de este Concejo y a la Administración municipal en la persona del señor alcalde, hacer las gestiones necesarias para informar a la prensa y a la opinión pública de este acuerdo; y para que el mismo sea publicado en los medios y redes oficiales de este gobierno local.

Sétimo. Comunicar el presente acuerdo al Gobierno de Costa Rica, a la Asamblea Legislativa, a las demás municipalidades, así como a la Organización de las Naciones Unidas a través de su representación en el país; a la embajada de Israel en Costa Rica; y al consulado honorario del Estado de Palestina en Costa Rica.

Octavo. Instar a los demás gobiernos locales de Costa Rica a pronunciarse en el mismo sentido

Se solicita dispensa de trámite de Comisión. Se declare en firme.

Es todo. Comuníquese.

Entregarán al Congreso más de 100 mil firmas en apoyo a prohibición de plaguicidas – Hoy 6 de diciembre a las 3 pm

En representación de las comunidades costarricenses afectadas por la contaminación por el uso de plaguicidas altamente contaminantes y organizaciones ambientales entregarán más de 106.422 firmas que solicitan a la Asamblea Legislativa la pronta aprobación del proyecto de ley de Expediente No. 23783 sobre la regulación de plaguicidas altamente peligrosos.

Aunque algunos de los plaguicidas altamente peligrosos incluidos en el proyecto ya están prohibidos vía decreto ejecutivo, incluyendo recientemente el clorotalonil, es necesario brindar mayor seguridad jurídica a las personas afectadas, elevando a rango de ley la prohibición del registro, importación, fabricación, formulación, almacenamiento, distribución, transporte, reempaque, reenvase, manipulación, venta, mezcla y uso de 16 plaguicidas altamente peligrosos y la evaluación de riesgos periódica de al menos otros 19 plaguicidas más.

Las organizaciones que protestan entregarán las firmas y una carta a la Comisión de Ambiente del Congreso donde aseguran que “es urgente establecer mecanismos efectivos para el control de venta y uso de plaguicidas en el país”.

El proyecto de regulación busca además la transición hacia una producción de alimentos con menor carga química y mayores beneficios económicos para las personas agricultoras que requieren la creación de mecanismos para el fomento, fortalecimiento y financiamiento de la investigación, desarrollo, asistencia técnica, extensión y capacitación para la agricultura sostenible.

En la carta aseguran que es “necesario generar mejores condiciones para el surgimiento y consolidación de emprendimientos que produzcan alternativas a los plaguicidas químicos sintéticos, incluyendo trámites preferenciales para su registro y créditos fiscales a favor de personas productoras que compren estas alternativas”.

Además, buscan eliminar incentivos fiscales perversos, como lo es la exoneración fiscal de la que gozan los plaguicidas altamente peligrosos, cuyo uso termina generando enormes pérdidas y gastos al país que terminamos pagando injustamente todas y todos los costarricenses. Finalmente aseguran que “debe fortalecerse el régimen sancionatorio tanto por el uso de plaguicidas prohibidos y como por el uso indebido de los plaguicidas permitidos y asegurar recursos suficientes para su aplicación efectiva”.

Por estas razones solicitan a las señoras diputadas y a los señores diputados de la Comisión de ambiente: audiencia a representantes de las comunidades afectadas por el uso de plaguicidas, dictamen afirmativo al Expediente No. 23.783 y su aprobación en plenario legislativo.

Finalmente: “en ejercicio de su rol de control político, la Asamblea Legislativa brinde seguimiento al cumplimiento por parte del Poder Ejecutivo de las 8 recomendaciones contenidas en el Informe Técnico Clorotalonil del 14 de abril de 2023, elaborado por el equipo interinstitucional conformado por Ministerio de Salud, Ministerio de Ambiente y Energía e Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados”.

Las personas organizadoras señalan que con esta entrega dan inicio a una nueva etapa en la campaña que han sostenido en su derecho constitucional a obtener agua sin agrotóxicos.

Elaborado con apoyo del proyecto Geografía y Diálogo de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios rurales de Costa Rica (ED-3526) del Programa Kioscos socioambientales y la Escuela de Geografía de la Universidad de Costa Rica.