Manuel Delgado: «Los costarricenses tenemos mucha experiencia…»
El periodista Manuel Delgado llama la atención acerca de que ya «tenemos mucha experiencia» como para confiarnos. Escuche sus palabras en este video de dos minutos:
Foto: UCR.
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Los días feriados, especialmente los de las Fechas Patrias, no deben moverse del día que está dispuesto para ellos
Vladimir de la Cruz
Al momento de escribir este artículo, se ha venido discutiendo en la Asamblea Legislativa un Proyecto de Ley, paralizado, me parece que correctamente por el diputado Carlos Ricardo Benavides, el lunes pasado, para mover los días feriados de su fecha original a viernes, o lunes, de cada semana, según “caiga” la fecha del día feriado lunes, martes, miércoles, jueves para que se disfruten los días viernes inmediato posterior, utilizando la modalidad de fin de semana largo, y los sábados o domingos se trabajen el propio día.
En Costa Rica tenemos los siguientes días feriados en el año 2020: el Miércoles 1 de enero: Año Nuevo, el Jueves 9 de abril: Jueves Santo, el Viernes 10 de abril: Viernes Santo, el Sábado 11 de abril: Día de Juan Santamaría, el Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador, el Sábado 25 de julio: Anexión del Partido de Nicoya, el Domingo 2 de agosto: Día de la Virgen de los Ángeles (feriado pago no obligatorio), el Sábado 15 de agosto: Día de las Madres, el Martes 15 de septiembre: Día de la Independencia, el Martes 1 de diciembre: Día de Abolición del Ejército (feriado pago no obligatorio) y el Viernes 25 de diciembre: Navidad.
Son once días feriados, nueve de ellos de pago obligatorio. De todos los feriados solo los de Semana Santa se dan de manera continuos, jueves y viernes.
En esta Semana Mayor, se ha venido acostumbrado a suspender jornadas laborales, durante toda la semana, especialmente en todo el sector público, para que toda la semana quede libre, suspensión que se hace sobre deducción de días de las vacaciones a las que se tienen derecho. Esto se produjo hace algunos años debido al ausentismo que se provocaba, de lunes a miércoles santos, por parte de los trabajadores que tomaban esos días para disfrutarlos, añadidos a los días religiosos, jueves y viernes santos, como una larga semana de descanso, o de paseo en el interior del país, o en el exterior para quienes pueden disfrutar su tiempo libre vacacionando o turisteando fuera del país.
El 5 de noviembre del 2019 la Asamblea Legislativa eliminó como día de festejo nacional, que así se tenía feriado, el 12 de octubre alusivo a la llegada de Colón, que luego se denominó como Día de las Culturas, y en su lugar se estableció un nuevo día feriado, de pago no obligatorio, el 1 de diciembre, de cada año, para conmemorar la Abolición del Ejército.
Los días feriados de pago obligatorio y no obligatorio se aplican para aquellos centros de trabajo donde se realiza el pago de manera semanal, que generalmente es en actividades no comerciales, por el trabajo efectivo llevado a cabo en la semana. En este caso si un trabajador no labora, en un feriado de pago no obligatorio, no se le debe realizar pago, mientras que, si lo trabaja, se le debe reconocer el día de salario como un pago sencillo, sin porcentual adicional. Mientras que, en los centros de trabajo comerciales, cuando se paga de manera quincenal o mensual, sí procede el pago de los días feriados en el salario, más allá de si es un día feriado de pago obligatorio o no obligatorio. De este modo, al trabajador que labora en un día feriado se le debe reconocer un salario adicional, de un día normal, para completar el doble pago que le corresponde por trabajarlo.
El Proyecto de Ley que propuso el diputado, también liberacionista, Roberto Thompson, de concentrar en el día viernes, o el lunes siguiente, el feriado respectivo, fue justificado en el llamado fin de semana largo, para aumentar la visita turística y, obviamente, el mayor consumo y gasto posible en las zonas turísticas.
El diputado Carlos Ricardo Benavides, que ha sido Ministro de Turismo, y conoce de este campo, ha demostrado que esto en la realidad no se da, de esa manera, y al contrario, produce más efectos negativos en el proceso productivo nacional. Roberto Thompson lo ha justificado en función de la pandemia que azota al país, para contribuir de esa manera en la reactivación económica, considerando que 3.2 millones de turistas vienen a Costa Rica en los últimos años. Pero, esta cifra no es sustituible de ninguna manera por turismo nacional.
No hay nada en el país que permita esa posibilidad de sustitución, en el supuesto que se mantenga el turismo exterior limitado. Ni tampoco hay capacidad alguna económica de gastar en actividades turísticas por parte de la población que ha quedado cesante, que ha aumentado el desempleo nacional, o de las personas trabajadoras a quienes se les ha reducido su jornada de trabajo y por ello les hayan reducido también sus salarios, o la población que ha empezado a engrosar a la población en categoría de “pobreza” y de “pobreza extrema”.
En Costa Rica no hay una sola política pública, ni ninguna acción de Estado o de Gobierno, que conduzca a un real disfrute de las vacaciones, a las que tiene derecho cada trabajador, no hay ninguna coordinación entre las vacaciones de los empleados con las de los hijos para que puedan disfrutarse en paralelo y conjuntamente, ni siquiera las vacaciones forzadas de medio año escolar o las de fin de año, ni se autoriza a los escolares a dejar sus estudios durante las vacaciones de sus padres, tan siquiera para disfrutarlos en sus casas. Solamente el paro laboral de los diputados, en el mes de julio, se ha hecho empatado con las vacaciones escolares de medio período, para disfrutar, ellos sí, con sus hijos y familias esos días.
Conocí países europeos, y países ex socialistas, que sí tenían estos sistemas vacacionales organizados, que además obligaban a disfrutar las vacaciones. Algunos de estos países ex socialistas obligaban a los trabajadores a disfrutar sus vacaciones en determinados centros de vacación, con diversas opciones, y se coordinaba con las escuelas y colegios de sus hijos, para que todos juntos fueran a disfrutar los días correspondientes. No sé cuál será la situación hoy de esos países ex socialistas, pero en Costa Rica esto es un sueño de opio, me imagino, o algo verdaderamente utópico.
En Costa Rica muchas veces los trabajadores en sus vacaciones se ven obligados a trabajarlas para asegurar ingresos extras, con sus propios empleadores o patrones, o en trabajos informales o “camaroneando”.
Todavía hay costarricenses, y muchos, que no conocen las playas nacionales ni los volcanes. Cuando daba clases en la Universidad, hasta hace siete años, cuando me jubilé, tuve estudiantes que del todo no conocían esos lugares, y algunos que venían de ciudades cercanas del Valle Central al distrito de San Pedro, en la capital, ni siquiera conocían la ciudad, ni…la Biblioteca Nacional, donde muchas veces los enviaba a realizar consultas. Su trayectoria era en el bus que los traía directo a la Universidad, y del bus que los regresaba a su pueblo o ciudad. Eso era todo su conocimiento geográfico local, y seguramente el de su comunidad.
Cuando hay prioridades básicas, como casa, alimentación del trabajador y su familia, pago de alquileres, pago de servicios públicos, como agua y electricidad, que además perversamente los han encarecido institucional y oficialmente, en estos días de pandemia, incluidos lo de pago de peajes, que los han aumentado a partir de hoy, la gente no puede disponer para ir a vacacionar o turistear internamente. Por otro lado, no hay una tabla de tarifas que atraiga ventajosamente a los turistas nacionales, a los hoteles y regiones de montaña o de playa, a los sitios vacacionales o destinos turísticos, que no han cambiado sus tarifas en estas condiciones pandémicas que pasa el país y la población en general.
Y, si se trata de la población, los que quizá tengan más posibilidad de vacacionar son las llamadas clases medias y, obviamente las altas, y los trabajadores del sector público, en todas sus instituciones, que en este momento también pasan por una arremetida contra sus salarios, y las pensiones, de los que ya están retirados o jubilados, limitando sus posibilidades de recreación, de vacación, o de uso del tiempo libre de esta manera vacacional, reduciendo sus posibilidades de consumo y de recreación. Una prueba interesante la han dado estos días los vendedores de carros, nuevos y usados, que han visto caer sus ventas casi a un 40% respecto al año anterior, y a los meses anteriores a la pandemia, y hasta han ofrecido ventas de carros pagaderos, en sus primeras cuotas, dentro de seis meses, a principios del 2021, es decir, le dan el carro hoy a una persona y empieza a pagarlo dentro de seis meses, según entendí la información. Esta es la realidad de los sectores medios, profesionales, y de los milenians que empiezan a volar, ahora bajo, y algunos muy bajo, en sus posibilidades de gustos, gastos y consumismo.
Si el turismo en el Producto Interno Bruto, en el 2019, significó un 8% del mismo, este año aún no se ha dicho cuál será su impacto, pero no será del mismo 8%. Si este es uno de los motores de la economía nacional, hay que ver cómo se repara ese hueco en lo que va a significar, pero no es solo incentivando al sector turístico, eximiéndole de impuestos o favoreciéndole ventajas institucionales. Sería más importante estimular los salarios, los ingresos y las pensiones de las personas para que realmente puedan disfrutar sus tiempos vacacionales conociendo turísticamente Costa Rica, o posibilitando más y mejor su tiempo ocioso recreativamente.
La Reforma que propone el diputado Roberto Thompson está orientada a reformar el artículo 148 Bis del Código de Trabajo, la Ley N°2 y sus reformas de agosto de 1943, para trasladar los feriados a los días viernes. El diputado Carlos Ricardo Benavides se opone a esta reforma. En esta discusión hay que apoyar al diputado Benavides.
Recuerdo una empresa que anunciaba el festejo del Primero de Mayo, hace bastantes años, diciendo: “Hoy Primero de Mayo, lo festejamos trabajando”, y trabajaban todos los empleados…obligadamente.
Ah, otra cosa, cuando los empresarios han tratado de promover la semana de 4-3, en la que se trabajan 4 días de 12 horas, y se “descansan”, teóricamente, tres días, ¿allí tienen incorporada “la semana larga” de los días feriados?, o ¿la van a negociar u obligar a trabajar?
Es mi opinión que los días feriados, especialmente los de las Fechas Patrias no deben moverse del día que está dispuesto para ellos. El 15 de Setiembre, por ejemplo, debe celebrarse el 15 de setiembre caiga lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado o domingo. Somos los costarricenses los que nos debemos acoplar a la fecha de la celebración, no la fecha a los intereses de grupos económicos, que por lo demás no contribuyen en nada, absolutamente en nada, a darle contenido patriótico a las fechas que ellos mismos promueven su traslado de festividad.
Entrada la tarde de ayer martes, la Asamblea Legislativa aprobó en primer debate la modificación de estos feriados, después de un acuerdo entre los diputados Thompson y Benavides, estableciendo el traslado de los días feriados para los días lunes siguientes, desde el año 2021 hasta el año 2024, quedando la distribución así:
Del año 2020
Sábado 25 de julio de 2020 pasa a lunes 27 de julio
Sábado 15 de agosto 2020 pasa a lunes 17 de agosto
Martes 15 de setiembre del 2020 pasa a lunes 14 de setiembre
Martes 1 de diciembre del 2020 pasa a lunes 30 de noviembre
Del año 2021
Sábado 1 de mayo de 2021 pasa a lunes 3 de mayo
Domingo 25 de julio de 2021 pasa a lunes 26 de julio
Miércoles 15 de setiembre de 2021 pasa a lunes 13 de setiembre (el del Bicentenario)
Miércoles 1 de diciembre del 2021 pasa a lunes 29 de noviembre
Del año 2022
Miércoles 15 de setiembre del 2022 pasa a lunes 19 de setiembre
Miércoles 1 de diciembre del 2022 pasa a lunes 5 de diciembre
Del año 2023
Martes 11 de abril del 2023 pasa a lunes 10 de abril
Martes 25 de julio del 2023 pasa a lunes 24 de julio
Martes 25 de agosto del 2023 pasa a lunes 14 de agosto
Del año 2024
Jueves 11 de abril de 2024 pasa a lunes 15 de abril
Jueves 25 de julio de 2024 pasa a lunes 29 de julio, y
Jueves 15 de agosto de 2024 pasa a lunes 19 de agosto.
De esta manera se generarán 16 fines de semanas largos
Los tres feriados que caen en domingo de este año y el próximo permanecen en su fecha, el próximo 2 de agosto y los siguientes 11 de abril y 25 de julio.
Curioso que los diputados hayan movido la fecha del 15 de setiembre del 2021, que es la que oficialmente celebrará, a nivel centroamericano, el Bicentenario de la Independencia, y también oficialmente en Costa Rica.
Y, más curioso, es que no hayan tomado en cuenta la fecha del 29 de octubre del 2021, que es realmente la fecha en que se celebran 200 años de la firma del Acta de Cartago, donde se acuerda la Independencia Nacional, con relación a lo dispuesto por el Acta de Guatemala, que da origen a la destitución, pocos días después, de la última autoridad colonial, el Gobernador Juan Manuel de Cañas, calificado en ese tiempo de déspota y de opresor.
En este aspecto ni siquiera tomaron en cuenta al Alcalde de Cartago, a Mario Redondo, que ha sido diputado y Presidente del Poder Legislativo, ni al Consejo Municipal de Cartago, que no se van a quedar con los brazos cruzados, viendo para el ciprés, ante tan afrentoso acuerdo legislativo tomado ayer martes.
Estoy seguro que Mario Redondo y su Consejo Municipal se prepararán a lo grande para la celebración de la firma Bicentenaria del Acta de Cartago, ¿o no es así don Mario?
Tierra de nadie o barco a la deriva
Arabella Salaverry
Una sensación de tierra de nadie, de barco a la deriva, de papalote que se lo lleva el viento. Y no es aleatoria. Tiene su origen bien definido y tiene nombres. Sabemos quiénes son los responsables.
Esos nombres son los de un porcentaje muy grande de los nunca más mal llamados «padres de la patria». Se ha creado una especie artera, que de a callado va socavando las bases de lo que ha sido Costa Rica.
Van por las universidades públicas (estas representan para ellos un peligro, allí se enseña a pensar). Las universidades que ocupan en el contexto latinoamericano los primeros lugares, que han formado artistas, pensadores, científicos, ingenieros, en resumen, el verdadero capital, la verdadera riqueza del país. Personas sin ninguna preparación, de una incultura supina, pretender dictar cátedra y cambiar la constitución para meter mano, perdón, zarpa, en la educación superior. ¿Cómo se atreven? ¿Quién los manda?
Van por la naturaleza: pretenden revivir la explotación petrolera. De a calladito y a pasito lento. Y destruir otra de las fortalezas que tenemos como país: nuestra naturaleza, la riqueza de nuestros ecosistemas.
Niegan el concepto de igualdad y creen, en su ignorancia, que los derechos humanos son para unos cuantos. Que algunos son más humanos que otros, o que algunos tienen más derechos que los demás.
Y allí están, en sus curules, destrozando los logros de los que nos enorgullecemos. El país de avanzada, una luz en el continente, navega ahora sin rumbo, da tumbos y parece que se lo tragará el abismo. ¿Cómo se atreven?
Los enemigos de la universidad pública y sus desvaríos
Rogelio Cedeño Castro*
Toda una lección de coherencia, conocimiento y serena reflexión le dio la diputada Paola Vega, en la sesión plenaria del pasado martes 23 de junio, al grupo de legisladores que presentaron el tan anunciado Informe sobre el Fondo Especial de la Educación Superior (FEES), un deplorable documento donde demostraron su enorme desconocimiento acerca de la importancia de la educación superior pública para el país, del sentido de la autonomía universitaria como un ámbito de libre discusión cultural y científica, algo esencial para la vida democrática de cualquier nación que se precie de tal. En síntesis, la necesidad del principio esencial del ejercicio cabal de la libertad de cátedra, sin el que no existe tampoco la universidad verdadera, una donde la libertad es uno de sus atributos esenciales e ineludibles. Además, como bien indicó Paola Vega en su memorable intervención en el plenario legislativo, es hora ya de que esos diputados se quiten la careta, con la que pretenden ocultar sus afanes privatizadores y totalitarios (palabra que me atrevo a utilizar por mi cuenta, pues no la empleó la diputada Paola Vega), para sostener un debate franco y abierto acerca de una institucionalidad universitaria que ha sido esencial para la movilidad social en este país, aunque para ellos ese tema de verdad no es algo de su interés, como tampoco les importan de verdad los temas presupuestarios en sus diferentes aristas, ni el pretendido(y nunca concretado, ni en términos teóricos ni operacionales) “buen manejo” de los recursos del FEES, de que hablan en sus discursos, cuando en realidad lo que buscan es privatizar la universidad pública, cercenándola y sometiéndola a los designios del mercado, tanto al pretender privarla de recursos financieros esenciales, como en cuanto a limitarle la autonomía para la formulación de sus políticas académicas, lo que se expresa en sus pretensiones de dictarle ¿cuáles son las carreras que se deben impartir? y ¿cuáles deben ser sus áreas de investigación? obligándola para ello a la venta de servicios y a la ejecución de “otras acciones” para la obtención de recursos por esa vía, dejando de lado el servicio a la comunidad nacional, una de sus principales razones de ser. Recordó también la misma diputada cómo se ha tergiversado el tema de los salarios de los trabajadores universitarios, todo con el propósito de desprestigiar a las universidades públicas ante una opinión pública desinformada, indicando que sólo el 4% de los trabajadores ganan un salario de cuatro millones de colones: esos son los catedráticos que, después de haber obtenidos altas metas académicas con posgrados de gran exigencia, y habiendo realizado importantes investigaciones, es que alcanzan esa condición. En cuanto a los demás salarios de los trabajadores universitarios, destacó que estos se mueven alrededor del millón de colones y aún menos, sobre todo entre la gran cantidad de docentes interinos con jornadas de medio o tres cuartos de tiempo. Para la diputada Paola Vega lo preocupante es saber si los diputados, cuyo salario alcanza los cuatro millones de colones, cumplen sus funciones con la misma dedicación y esfuerzo con las que lo hacen los catedráticos de las universidades públicas.
Mientras el diputado Carlos Ricardo Benavides reconoce que votará el informe sobre el FEES sin haberlo leído, pues afirma que no tuvo tiempo para hacerlo, lo que deja mucho que desear, sucede que el diputado Erick Rodríguez Steller, en su intervención en el plenario del martes 23 de junio, nos da una muestra de su ignorancia oceánica, su torpeza política, y hasta de un inocultable “resentimiento social” que él, por lo demás, atribuye a otros, los que asegura suelen ser gentes de “izquierda”, a quienes llama chancletudos (nunca he podido entender esa extraña asociación que hacen algunos entre las posiciones de los que se sitúan a la izquierda del espectro político y el uso de ese tipo de calzado). Su obcecación o ceguera lo conducen a tal grado de pérdida de contacto con la realidad, como para llegar a afirmar que la universidad pública lo que hace es formar los cuadros políticos de la izquierda, cosa que en términos de resultados no se puede corroborar, dado el caos y la crisis perenne en que se encuentran las fuerzas de ese sector del espectro político tan vilipendiado por los diputados de la mencionada comisión. Recordando su experiencia como estudiante dice el diputado Rodríguez Steller que recibió una gran cantidad de cursos donde lo obligaban a leer a Karl Marx (¿lo habrá entendido?) y al brasileño Teotonio dos Santos (de grata memoria para quien esto escribe, un autor que leyó siendo muy joven), pues al parecer el pobre diputado únicamente tuvo profesores de una cierta orientación ideológica, por suerte su alma no se perdió en la contaminación de ese infierno “marxista-leninista” al que, como en el caso del Covid 19, se vio expuesto, durante los últimos años de la década de los ochenta, algo que fue replicado durante la misma sesión por la diputada Paola Vega, quien recuerda haber recibido clases con José Merino en la mañana de un día, luego en la tarde con César Zúñiga, quien es hoy el principal asesor del partido Nueva República, y en la noche con Roberto Gallardo, el ministro de planificación de Laura Chinchilla, pasando de leer autores como José Carlos Mariátegui a otros como Francis Fukuyama. ¿Dónde está la universidad marxista-leninista de que se nos habla dijo la diputada? Una que, a contrapelo de lo afirmado, produjo en seno a un político como el diputado Erick Rodríguez Steller, más bien orientado hacia la derecha política.
Como puede apreciarse, estamos sumergidos en unos tiempos históricos en los que, aunque le suene paradojal o incomprensible a mucha gente, la historia misma se torna esquiva frente a nuestra irrelevancia y mediocridad manifiestas, dentro de un medio sociopolítico donde la mentira más descarada es el pan cotidiano. Sucede así, de manera inevitable, que mientras el tiempo cotidiano se limita a transcurrir sólo porque la duración no puede ser detenida, continuando así las agujas del reloj con su incesante marcha, todo en medio de la creciente insignificancia en la que nos encontramos, como bien indicaba el filósofo y sociólogo griego Cornelius Castoriadis (1922-1997), hace ya un cuarto de siglo, dentro de lo que constituye una especie de sino fatal.
Este desolador panorama se nos muestra e intensifica también en toda su desolación, en un medio social y político donde las más elementales virtudes republicanas desaparecieron hace mucho rato, uno donde en la prensa de circulación diaria ya no se hacen, desde hace muchos años, crónicas de los debates parlamentarios, los que se tornan por lo demás cada día más irrelevantes, con unos diputados que ya no debaten, y ni siquiera se escuchan entre ellos, cuando se presentan algunos atisbos de lo que pudiera calificarse como un debate, o discusión de alguna relevancia. Hace ya mucho tiempo que la decadente prensa diaria no registra las crónicas parlamentarias, mientras nosotros recordamos las de otrora en las plumas de Guillermo Villegas Hoffmeister y Óscar Castro Vega (ambos de grata memoria), de Álvaro Madrigal (quien nos acompaña con su frecuentes artículos, en su doble condición de abogado y periodista), de los hermanos Joaquín y Carlos Vargas Gené siempre tan hábiles con la pluma y el arte de la política(en el mejor sentido del término), y muchos otros de una culta además de acuciosa generación de periodistas, los que en su gran mayoría ya nos dejaron, hace algún tiempo, mientras nos íbamos adentrando en la charca mediocre del “periodismo corrongo”, tan dado a las más torpes ligerezas, de que nos habla reiteradamente el periodista y escritor Carlos Morales Castro, en una de sus obras más recientes(LOS HECHIZADOS DEL SIGLO XXI Editorial Prisma San José Costa Rica 2006).
Es en medio de este panorama circense, donde a veces se presenta sin embargo la oportunidad de darnos cuenta del grado de decadencia en que se encuentra la institución parlamentaria en Costa Rica, aunque no es el único caso entre los países de la región, las sucesivas legislaturas de la Asamblea Legislativa de este país centroamericano, tan pagado de sí mismo, se muestran año con año, década tras década, cada vez más decadentes, más alineadas a los intereses de los poderes fácticos e integradas, cada vez más, por una pléyade de mediocres e ignorantes diputados, donde muchas mujeres no se muestran menos decadentes que sus contrapartes masculinas, pido perdón por la herejía a las feministas burguesas. Es aquí, donde a veces sentimos la tentación de invocar a los hados mágicos de un pasado no tan lejano como para haberse borrado de nuestra memoria, no porque todo tiempo pasado haya sido mejor en todos los órdenes de la vida social y política, pero que resulta inevitable mencionar cuando vemos como la gradería de sol (“la canaille”, según Voltaire) continúa asaltando la cancha, algo que está ocurriendo ahora ante la indiferencia casi generalizada, de acuerdo con los términos de la célebre afirmación del recordado y prolífero columnista, escritor y dramaturgo Alberto Cañas Escalante (1920-2014), por lo que uno no puede dejar de pensar en los tiempos de aquellos parlamentarios de relieve y de calidad manifiestas, tanto en la profundidad de su pensamiento como en el despliegue de sus dotes oratorias, en el caso del ya mencionado polemista y crítico, o de otros de la talla de un Rodolfo Solano Orfila, Óscar Aguilar Bulgarelli (que afortunadamente nos acompaña en estos aciagos días), Cristian Tattembach Yglesias, Arnoldo Ferreto Segura, Rodrigo Carazo Odio, Enrique Azofeifa Víquez, Fernando Volio Jiménez, José Manuel Salazar Navarrete, Guillermo Villalobos Arce, Rolando Araya Monge, Manuel Mora Valverde, Alfonso Carro Zúñiga, Rogelio Ramos Valverde, Julio Suñol Leal, Carlos José Gutiérrez, Humberto Vargas Carbonell, Jorge Luis Villanueva Badilla, Álvaro Aguilar Peralta, Rodrigo Gutiérrez Sáenz, Daniel Oduber Quirós, Francisco Morales Hernández(uno de los fundadores de la UNA), Ángel Edmundo Solano Calderón y muchos otros que prestaron grandes servicios al país, por lo que pido disculpas por no poder enumerarlos en este momento. Esas fueron unas gentes que nos iluminaron, durante los memorables debates que dieron en las legislaturas del parlamento costarricense de la segunda mitad del siglo pasado, dentro de lo que resulta un vivo contraste con la oscuridad e insignificancia del presente.
A raíz del informe sobre el Fondo Especial de la Educación Superior FEES que presentaron un grupo de diputados, encabezados por Wagner Jiménez y Erick Rodríguez Steller, hemos podido tener una muestra cabal de la estulticia y la ignorancia reinantes en la presente legislatura (2018-2022), un tema sobre el que será necesario volver. Su desconocimiento y torpeza se hicieron más que evidentes, tanto en el documento mismo como en la discusión del tema en el plenario legislativo, tal y como lo demostramos en las consideraciones que hicimos al inicio de este texto. ¿Qué dirían Rodrigo Facio Brenes y muchos de los otros constituyentes de 1949 tan celosos de la autonomía universitaria, cuya autonomía y libertad tan bien cautelaron en el texto constitucional?
* Sociólogo y escritor
Aporte de las universidades públicas y de su autonomía
Las universidades públicas son centros de generación de conocimiento, formación profesional y proyección a la sociedad. Son centros de reflexión y pensamiento crítico. No se dedican solo a atender problemas del presente, sino que proyectan su trabajo hacia el futuro. La autonomía garantiza ese espacio de reflexión crítica.
En este video de menos de dos minutos de la Alianza por una Vida Digna se presentan y amplían estas ideas:
En este enlace puede ver el artículo que contiene estas ideas escrito por el doctor José María Gutiérrez:
Imagen: UCR
¿La Universidad del futuro?
Orlando Arrieta Orozco, Decano Facultad de Ingeniería UCR
Luis Felipe Arauz Cavallini, Decano Facultad de Ciencias Agroalimentarias UCR
Recientemente se dieron a conocer los informes de mayoría y de minoría de la Comisión Especial de la Asamblea Legislativa que fue nombrada para estudiar el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), mediante el cual se financia a las Universidades Públicas.
El informe de mayoría resulta preocupante, pues refleja la visión poco informada que tienen algunas de las personas que integran la Asamblea Legislativa sobre un modelo de Universidad Pública que, desde su concepción, ha aportado enormes contribuciones al desarrollo de Costa Rica, y lo sigue haciendo. De entrada, reconocemos la necesidad de mejorar la gestión administrativa, incluido el modelo salarial, pero no debe tergiversarse políticamente lo que significa una verdadera universidad, como lo pretende el informe de mayoría.
Las Universidades Públicas deben reconocer que en ocasiones ha hecho falta más autocrítica para mejorar su funcionamiento. Sin embargo, la mayoría de las propuestas incluidas en el informe de mayoría lejos de fortalecer la educación superior pública, la debilitarían hiriendo sus fundamentos bases más importantes, como la autonomía universitaria. El informe de mayoría habla de una “universidad del futuro” ligada a lo tecnológico, y dejando así por fuera otras áreas fundamentales para un país que busca un desarrollo integral y equilibrado.
¿Cómo debe ser la universidad del futuro? Debemos recordar que una de las principales razones por las que el Estado costarricense creó instituciones de educación superior fue para para que estas contribuyeran al desarrollo del país por medio de su actividad académica. Esta contribución se manifiesta de muchas maneras, entre ellas:
- Formación de cuadros profesionales cuya excelencia académica y responsabilidad social contribuyen al desarrollo económico, social, cultural y la preservación ambiental.
- Fomento de la movilidad social para personas de bajos recursos mediante el acceso a una educación superior de calidad.
- Generación de conocimiento, solución de problemas y desarrollo de tecnologías por medio de la investigación científica.
- Transferencia a la sociedad de los resultados y productos de la investigación.
- Creación de cultura en todas sus manifestaciones.
- Atención de las comunidades con programas educativos y sociales en diversos ámbitos, y por medio de la difusión de las artes.
Este modelo de Universidad Pública ha sido y sigue siendo fundamental en el desarrollo nacional. Por eso, cualquier modelo de “universidad del futuro” depende de la visión de desarrollo que se tenga para el país, y este tiene que verse de manera integral, pensando en el bienestar de las personas. El informe de mayoría parte de una visión sesgada del desarrollo, centrado en la tecnología y la productividad vista en términos económicos, y no de una visión amplia, integral y equilibrada, que tenga como guía el bienestar de la población, para el cual la tecnología y la productividad son medios y herramientas, no fines últimos. No se puede perder la perspectiva total sobre el país y desde hace muchas décadas la sociedad, incluyendo a los empresarios, han reconocido que sin humanismo, sin pensamiento crítico, sin ética, la humanidad estaría condenada a repetir sus mayores errores y a desvirtuar su capacidad de creación y de sensibilidad, de forma que dejaríamos de ser humanidad y nos convertiríamos en una comunidad de autómatas.
El consenso mundial sobre los objetivos que deben guiar el desarrollo está delineado en los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) de la Organización de Naciones Unidas, en los cuales el balance entre lo ambiental, lo social, lo económico, la paz, la justicia y la inclusividad se resume en el lema de “no dejar a nadie atrás”; ese es el mismo ideal de fundación de la nación costarricense y está inscrito en nuestra Constitución Política. Ninguno de los ODS habla de la tecnología como un objetivo per se del desarrollo, sino como un vehículo, una herramienta que facilite el proceso.
De todo lo anterior, se concluye que para aportar a los desafíos de un verdadero desarrollo, la universidad del futuro debe promover la generación de conocimiento científico y tecnológico, sin duda, pero debe ser crítica, artística, cuestionadora, original, imaginativa y humanista. No podemos tecnocratizar la educación superior pública, menospreciando las actividades académicas en el ámbito de las humanidades, las artes, las letras o las ciencias sociales. ¿De qué nos servirían profesionales del ámbito científico-tecnológico, pero sin capacidad de análisis social, apreciación del arte y muchas otras variables? Debemos ver la educación superior pública desde un enfoque global e integral, como hasta el momento lo han hecho todas las Universidades Públicas.
El país debe tener claro que la inversión en educación superior pública debe verse como una especie de seguro, que le permite al país tener una capacidad instalada en cuanto a recurso humano altamente calificado y equipamiento de punta, capaz de responder en momentos de crisis como el actual, proponiendo un abordaje integral del problema, desde todas las perspectivas de las áreas de conocimiento.
El informe de mayoría se aparta de nuestras tradiciones nacionales y amenaza esa visión global e integral de la educación superior pública, y cae en una visión economicista. La idea de modificar la Constitución Política de Costa Rica para limitar la autonomía universitaria no puede ni debe aceptarse.
Por el contrario, se debe continuar resguardando la necesaria libertad que tiene la universidad para no estar sujeta a vaivenes políticos o presiones de sectores, que constituye uno de los meollos de la autonomía universitaria.
Existe, una muy pequeña minoría de académicos a quienes el actual sistema salarial le permite alcanzar salarios excesivamente altos. Pero es totalmente innecesario reformar los artículos 84 y 85 de la Constitución Política para lograr cambiar ese aspecto. Las Universidades Públicas, en pleno uso de su autonomía, deben analizar y revisar su política salarial, y establecer una clara priorización de la calidad del trabajo y la producción académica sobre el crecimiento puramente vegetativo. Se deben valorar más factores como el desempeño de las labores que la antigüedad, y es necesario establecer topes en rubros que pudieran llegar a amenazar la sostenibilidad financiera. Esto último requiere de cambios y ajustes normativos internos relativamente simples, imprescindibles para desarmar a quienes utilizan esos salarios como argumento para atacar a las universidades y proponer medidas que debilitan un importante (e incómodo para algunos) pilar de nuestro Estado Social de Derecho.
Vivimos tiempos complejos en que debemos hacer un llamado a la unión y no a la división, tanto en el seno de CONARE como en el conjunto del Estado y las instituciones públicas que contribuyen a resguardar ese Estado Social de Derecho, en donde salud y educación han sido base fundamental para lograr una mejor sociedad.
Hacemos una instancia respetuosa pero firme a las diputadas y diputados a rechazar el informe de mayoría, que propone una universidad y una nación mercantilista en donde la cultura, la ética y la conciencia crítica parecen ser lujos innecesarios, y a defender el modelo de una universidad igualitaria, centrada en el ser humano, promotora de la ciencia y la cultura, que siga siendo un pilar del desarrollo integral de nuestro pueblo. En ese sentido, extraña que miembros del partido político bajo el cual se creó el Ministerio de Cultura, tengan una visión tan antagónica y diferente a la del fundador y líder histórico de su partido; “¿Para qué tractores sin violines?”
Enviado a SURCOS por Luis Felipe Arauz Cavallini.
Por una visión sin estereotipos de las Universidades Públicas de Costa Rica – para firmar
La Asamblea Legislativa de Costa Rica votará el próximo martes 23 de junio los informes de la Comisión que estudio el Fondo Especial de la Educación Superior (FEES). El informe de mayoría que se debatirá en el plenario evidencia una visión economicista sobre el desarrollo y el bienestar, además de reproducir estereotipos sobre las universidades públicas.
Costa Rica es una nación que apuesta por la educación, que sabe que el conocimiento es esperanza, y aunque es urgente y necesaria la crítica y evaluación sobre aspectos diversos de la gestión de la educación superior, no se debe permitir el aval de un documento que no considera o interpreta de manera parcial y sesgada las fuentes de información a las que tuvo acceso como comparecencias, documentos oficiales y los Informes de la OCDE 2017 y el Estado de la Educación 2019. El estudio de esos documentos evidencia que de dichas fuentes se pueden extraer conclusiones muy diferentes a las del Dictamen de mayoría.
El claro énfasis dado a las debilidades puntuales de las universidades públicas lo hace desconocer sus mucho más numerosas fortalezas, lo que implica, por ejemplo, omitir del todo el desarrollo e impacto social, económico y científico que las carreras STEM y la investigación que en esos campos tiene en la Universidad de Costa Rica, que la sola lectura del dictamen deja la impresión de ser inexistentes. Nada más fuera de la realidad.
Varias de las conclusiones del informe de mayoría son de recibo, y la Universidad de Costa Rica reconoce que debe reconocer que urge la puesta en marcha de medidas de fondo en temas como salarios, equilibrio financiero a largo plazo y regionalización.
Para firmar:
Por una visión sin estereotipos de las Universidades Públicas de Costa Rica
En defensa de la CCSS y el bono Proteger – para firmar en línea
Compartimos un enlace para firmar en línea un pronunciamiento en defensa de la CCSS y el bono Proteger.
El documento señala:
Pronunciamiento sobre el bono Proteger, la CCSS y el presupuesto extraordinario
Quienes firmamos este pronunciamiento, ciudadanas y ciudadanos costarricenses, con profunda preocupación por el archivo que se ha hecho del Presupuesto Extraordinario que fuera remitido por el Poder Ejecutivo a la Asamblea Legislativa, y que procuraba allegar fondos indispensables para financiar el programa “Bonos Proteger” y a la Caja Costarricense de Seguro Social, en el contexto de la delicada situación por la que atraviesan las personas y las instituciones a raíz de la pandemia provocada por el COVID-19, con respeto pero a la vez con firmeza, manifestamos:
- La propuesta para financiar los “Bonos Proteger” pretendía aportar 75 mil millones de colones para destinarlos a personas trabajadoras que se han quedado sin empleo, han sido suspendidas, o han visto reducidas sus jornadas laborales. Al día de hoy, el Estado no tiene cómo financiar esos faltantes y no ha podido otorgar esta ayuda a cerca de 200 mil personas.
- Otra de las partidas que preveía este presupuesto extraordinario, se refiere a 33 mil millones de colones destinados a paliar las pérdidas de la Caja Costarricense del Seguro Social, en momentos en que esta institución enfrenta uno de los desafíos más grandes de su historia, y en vista de que sus ingresos se han visto seriamente disminuidos precisamente en razón de la crítica situación sanitaria por la que pasa nuestro país y el mundo entero.
- Tampoco puede dejar de señalarse que en el mismo plan presupuestario extraordinario, se incluyen 62 mil millones de recorte de gastos al Gobierno Central.
- Hasta ahora, las razones que se han hecho públicas del por qué una considerable mayoría de la Asamblea Legislativa (39 diputadas y diputados de oposición), han decidido rechazar la propuesta y archivar el expediente legislativo, han sido omitidas o muy escuetamente expresadas. De manera que el país desconoce las verdaderas causas del rechazo que se está consumando.
- En circunstancias críticas como las que atravesamos, programas como el de “Bono Proteger” resultan fundamentales, precisamente para impedir que el hambre ataque a cientos de miles de seres humanos y que, de paso, se eviten los estallidos sociales que esta situación extrema conlleva. Por ello, resulta insensato oponerse a su ejecución en vista de que “no parecen suficientes los recortes en gasto público” o se crean necesarias “nuevas propuestas presupuestarias” o “negociaciones políticas” para llegar a acuerdos.
- Respetuosamente instamos a las señoras y señores diputados, en vista de que las necesidades elementales de la ciudadanía no pueden esperar, que se deponga todo tipo de intereses personales o partidarios, o en el peor de los casos cálculos electorales evidentemente contraproducentes, para privilegiar el interés y la dignidad de las personas, la urgencia de atender sus requerimientos y la importancia de sacar adelante el país entre todas y todos.
Las firmas que respaldan el pronunciamiento, el cual usted puede firmar aquí, son las siguientes:
- Alianza por una Vida Digna
- Mario Devandas Brenes, cédula 1342692. Economista.
- Walter Antillón Montealegre, cédula 1221295. Profesor Emérito Universidad de Costa Rica.
- Ana Marcia Aguiluz Soto, cédula 1-928-731. Abogada y defensora de derechos humanos.
- Rafael López Alfaro, cédula 401490119. Movimiento Humanista.
- Erika Henchoz Castro, cédula 105700927. Periodista.
- Marcela Martino Aguilar, cédula 110220014. Defensora de Derechos Humanos.
- Antonieta Fernández Quirós, cédula: 30229017. Abogada, Frente Nacional por la Seguridad Social (FRENASS).
- Vínyela Devandas Brenes, cédula 103940034. Profesora pensionada Magisterio Nacional.
- Adriano Corrales Arias, cédula número 2332689. Escritor y profesor del Instituto Tecnológico de Costa Rica.
- Ricardo Solano Madrigal, cédula 700481458. Secretario General Sindicato de Trabajadores de Farmacia de la CCSS.
- Manuel Enrique Delgado Cascante, cédula 401030846. Periodista jubilado.
- Luis Mariano Sáenz Vega, cédula 302200485. Investigador del Centro de investigación Antropológicas CIAN, UCR.
- Mauricio Zeledón Leal, cédula 105690067. Partido Humanista.
- María Elena López Núñez, cedula 103410135. Médica Salubrista.
- Edgardo Moreno Robles, cédula 800860006. Profesor emérito Universidad Nacional.
- Jaime Ordóñez Chacón, cédula 105370458. Director Instituto Centroamericano de Gobernabilidad y catedrático UCR.
- Roxana Morales Ramos, cédula 111670990. Economista.
- Luis Felipe Arauz Cavallini, cédula 104860636. Catedrático Universidad de Costa Rica y exministro de Agricultura y Ganadería.
- Alberto Cortés Ramos, cédula 900750815. Catedrático Universidad de Costa Rica.
- José María Gutiérrez Gutiérrez, cédula 104610499. Profesor Emérito Universidad de Costa Rica.
- Oscar Jara Holiday, cédula 800780568. Sociólogo y educador popular.
- José Manuel Arroyo Gutiérrez, cédula 103991073. Exmagistrado y Catedrático Universidad de Costa Rica.
- Luis Paulino Vargas Solís, cédula 203270373. Economista, Director CICDE-UNED.
- Irma Arguedas Negrini, cédula 104830499. Profesora Universidad de Costa Rica.
- Eva Carazo Vargas, cédula 108930621. Investigadora y activista social ecofeminista.
- Héctor Ferlini-Salazar, cédula 104540856. Periodista, profesor UCR, director de SURCOS Digital.
- Dayana Ureña Solís, cédula 205900549. Docente.
- Ricardo Araya Montero, cédula 2259881. Jubilado por la CCSS.
- Ana Lorena Cartín Leiva, cédula 900490969. Pensionada por la CCSS.
- Casilda Sancho Barrantes, cédula 2241142. Educadora popular. Jubilada.
- Flora Fernández Amón, cédula 105230903. Empresaria, integrante Costa Rica Solidaria.
- Elena Fournier Solano, cédula 1388971. Presidenta Asociación Conservacionista YISKI, Extensionista UNED.
- Irene Ávalos Monge, cédula 105130558. Ingeniera Industrial, Concejal del Distrito de Sabanilla de Montes de Oca, Vicepresidenta del Concejo de Distrito.
- Marco Aguilar Badilla, cédula 107740694. Médico Psiquiatra CCSS.
- Carlos Aguilar Herrera, cédula 102950249. Empresario.
- Gerardina Badilla Vargas, cédula 103260178. Ama de casa.
- Dionisio Cabal Antillón, cédula 104250831. Músico y escritor.
- Catarina Goldoni Ruiz, cédula 103850510. Jubilada UNA.
- Aquiles Jiménez Arias, cédula 401060538. Catedrático pensionado de Universidad Nacional, escultor.
- Ana María Botey Sobrado, cédula 104730692. Profesora jubilada UCR.
- Jaime Delgado Rojas, cédula 400960395. Profesor universitario jubilado.
- Álvaro Fernández González, cédula 104330981. Profesor jubilado, Universidad de Costa Rica y Universidad Nacional, Sabanilla de Montes de Oca.
- Gerardo Mora Burgos, cédula 103640085. Catedrático Universidad de Costa Rica.
- German Masís Morales, cédula 3 225625. Profesor jubilado de la Universidad Nacional.
- Carlos Campos Rojas, cédula 1605202. Sociólogo, Coordinador Nacional Movimiento de Ciudadanía que Construye Territorios Seguros.
- Juan Carlos Cruz Barrientos, cédula 104160403. Comunicador Social jubilado.
- Juan Carlos Durán Castro, cédula 106690465. Dirigente sindical CCSS Hospital San Juan de Dios.
- Ana María Trejos Trejos, cédula 104470409. Ciudadana.
- Eddson Gómez Chavarría, cédula 402320039. Consultor en Comunicación Social.
- Jazmín Melania Arias Rodríguez, cédula 114720740. Socióloga, Instituto Clodomiro Picado, UCR.
- Marjorie Jiménez Castro, cédula 502440652, Profesora UCR.
- Mario Solera Salas, cédula 105310339. Músico, Profesor pensionado UCR.
- Miguel Ángel Araya Picado, cédula 203090462. Profesor Educación Física CNR ANDE, Asociación de Desarrollo Integral Bajo Arias Calle Orlich, Asociación Agroturística Bajo la Paz.
- Marcela Sánchez Cortés, cédula 107860493. Luchadora Comunal, promotora política, actriz empírica y técnica en el arte de la payasería.
- Nardo Vanegas, cédula 800500053. Ciudadano.
- María del Milagro Solís Aguilar, cédula 206970566. Consultora independiente, vecina de Montufar, La Unión, Cartago.
- Eva Montero Solís, cédula 116800240. Estudiante, Mitigar, La Unión Cartago.
- Ma José Monterroso Solís, cédula 115320014. Gestora en Recursos Naturales, Montufar La Unión, Cartago.
- Ernesto Monterroso Solís, cédula 117740541. Estudiante, Montufar La Unión, Cartago.
- Miguel Sobrado Chaves, cédula 102940994. Pensionado UNA.
- Luis Muñoz Varela, cédula 203220588. Comunidad de Calle Las Juntas, Ángeles Sur de San Ramón de Alajuela.
- Sindy Mora Solano, cédula 1-1051-0573. Investigadora y profesora UCR-UNA.
- Daniel Camacho Monge, cédula 102720032. Profesor Emérito de la Universidad de Costa Rica.
- Isabel Ducca D., cédula 105640060. Alianza por una Vida Digna.
- Roberto Fragomeno Castro, cédula 801370052. Profesor de la Escuela de Filosofía de la UCR.
- Carlos Alberto Hernández Porras, cédula 104630666. Asesor economía solidaria, Organización Red Economía Social Solidaria, RedESS / COKOMAL.
- Flavia José Mora Cubero, cédula 2 0536 0772. Docente de Artes Industriales, MEP; grupos comunales: APP Justicia Tributaria, Movimiento Justicia y Libertad.
- Luis Roberto Zeledón Arias, cédula 106000540. Asesor Legislativo.
- Juan Ignacio Palma Guzmán, cédula 110580820. Psicólogo desempleado.
- Bernardo Jaén Hernández, cédula 501580141. Médico Veterinario.
- Leda Méndez Arias, cédula 103770884. Abogada jubilada.
- Lía Teresa Vargas C., cédula 103670905. Administradora de Negocios.
- Carlos Luis Chacón Salas, cédula 202140725. Pensionado y taxista.
- Nora Garita Bonilla, cédula 103820064. Catedrática jubilada Universidad de Costa Rica.
- Rafael Barrantes Bonilla, cédula 700480771. Técnico Eléctrico, pensionado.
- Álvaro Vega Sánchez, cédula 22841409. Sociólogo.
- Ana Cecilia Escalante Herrera, cédula: 10360070. Profesora Emérita UCR.
- Carmen Brenes Sáenz, cédula 1343289. Profesional, pensionada, presidenta de ABISO, Organización Ambientalista en Goicoechea, San José.
- Ana Carcedo Cabañas, cédula 800470010. Presidenta de CEFEMINA (Centro Feminista de Información y Acción).
- Ana Leonor Ramírez Montes, cédula, 104830426, psicóloga social.
- Marta Rojas Porras, cédula 103870924. Catedrática de UCR pensionada.
- Oscar Héctor Leiva Cerrato, cédula 8-0094-0463. Asociación Costarricense de Derechos Humanos (ACODEHU).
- Ana Lolita Castillo Murillo, cédula 1678682. Ciudadana.
- Alicia Hernández Rojas, cédula 1-405 -805. Ciudadana.
- Luis Bernardo Villalobos Solano, cédula 104290837. Médico salubrista. ex Decano de la Facultad de Medicina, Universidad de Costa Rica.
- Elizabeth Rodríguez Jiménez, cédula 203850652. Economista.
- Milena Barrientos Blanco, cédula 104840489. Jubilada, vecina de Río Grande de Paquera.
- Denis Omar Cálix.C., Res. 134000130711. Planificador Económico Social. miembro de ACODEHU.
- Bernarda Rivas Madrigal, cédula 105490673. Trabajadora Social, integrante de ACODEHU.
- Enid Cruz Ramírez, cédula 303180599. Mujeres Unidas en Salud y Desarrollo.
- Jáirol Núñez Moya, cédula: 6-0311-0623. Profesor asociado, Universidad de Costa Rica.
- Tatiana Herrera Ávila, cédula 108850940, Docente UCR.
- Melania Monge Rodríguez, cédula 105370482. Jubilada UCR.
- Patricia Salgado Muñoz, cédula 1-0418-0050. Antropóloga, jubilada.
- Alejandra Cartín Leiva, cédula 105720619. Psicóloga.
- Yamileth González García, cédula 202460555. Jubilada, profesora emérita UCR.
- Macarena Barahona Riera, cédula 105260207. Catedrática UCR.
- Carolina Somarribas Dormond, cédula 1-1110-0145. UNED-PGL.
- Guillermo Fernández Arias, cédula 103690223. Pensionado del INEC.
- Maritza Marín Herrera, cédula 107590200. Docente, Universidad de Costa Rica.
- Sandra Salazar Vindas, cédula 204150213. Comunicadora social.
- Marcedonio Zúñiga Arias, cédula 900730394. Ciudadano.
- Adriana Laclé Murray, cédula 103820809. Médico, especialista medicina interna, pensionada de la CCSS y actualmente miembro de la Junta de Salud de Montes de Oca.
- Ana Tristán Sánchez, cédula 105130593. Psicóloga/Pedagoga. Jubilada.
- Vera V Sancho Mora, cédula 104111454. Colectivo Mujeres por Costa Rica.
- Mainier Barboza Soto, cédula 202790037. Movimiento Patriótico por Costa Rica. Teólogo, licenciado en docencia.
- María Trejos Montero, cédula 106890938. Activista de Asociación Costarricense de Derechos Humanos – ACODEHU.
- Laura Vargas, cédula 104340593. Socióloga – educadora popular.
- Blanca Durán, cédula 8057296. Trabajadora Social pensionada.
- Efraín Valverde Moreno, cédula 104680015. Secretaría de Proyectos, Cultura para Todos, Asociación de Desarrollo Integral de Agua Buena.
- Hannia Franceschi Barraza, cédula 6123166. Trabajadora social, San Ramón.
- Mauricio Gutiérrez Arguedas, cédula 112220457. Profesor, Escuela de Química, UCR.
- Organización Política Carmen Lyra.
- Yamilette Fontana Coto,cédula 104410669. Coordinación del Frente Nacional por la Seguridad Social (FRENASS).
- María Del Milagro Solís Aguilar, cédula 16970567. Consultora. Vecina de La Unión, Cartago
- Lilliam Zamora Estrada, cédula 301770293. Profesora pensionada.
- Saray Córdoba González, cédula 1438311. Profesora pensionada Universidad de Costa Rica.
- Arnoldo Mora Rodríguez, cédula 900090046, Doctor en Filosofía, catedrático emérito Universidad de Costa Rica, exministro de Cultura.
Para apoyar este pronunciamiento siga este enlace:
https://bit.ly/FirmaProtegerCCSS
Imagen: TEC
El progresismo social es la bandera fundamental de la próxima campaña electoral
Vladimir de la Cruz
Me señalan algunos amigos, a propósito de un anterior artículo, que todavía es temprano para analizar y ver el horizonte de las elecciones del 2022, que falta tiempo para que cuadren mejor los escenarios partidarios, y que todavía no se ven candidatos…
No es cierto, para mí, que sea relativamente temprano. En Costa Rica al terminar un proceso electoral, inmediatamente queda preñado el siguiente. Los óvulos y espermatozoides políticos se activan, algunos pegan tan rápido como ha asumido el nuevo gobernante, y empiezan en su difícil labor de gestación. Algunos son gestaciones fallidas que no maduran como embriones y fetos políticos, y se interrumpen en su embarazo político, o abortan naturalmente, y otros terminan de nacer en posibilidad de aspirar a la presidencia en el siguiente ciclo electoral. El crecimiento de estos que logran pegar o surgir no es fácil. Es también muy duro y algunos mueren infantes, adolescentes o jóvenes, en ese proceso, que en este caso es una edad que se mide en pocos meses. Otros logran su mayoría de edad sin éxito y pocos son los que finalmente culminan con la nominación presidencial de algún partido, especialmente de los grandes e históricos, no de los partidos que tienen rasgos muy personales, y que giran alrededor de una persona particularmente como hay algunos en el país.
En Costa Rica no hay tregua política electoral. No hay descanso político electoral entre una campaña nacional y otra. Los políticos no pueden descansar ni replegarse. Cualquier descanso o repliegue puede significar una sustitución. En política no hay espacios vacíos, alguien los llena.
Quien aspira a la Presidencia de la República con propósito de llegar a ocupar esa alta distinción no puede dejar espacios de tiempo, ni de lugar, en su lucha y objetivo de vida político, porque efectivamente alguna otra persona, de sus propias tiendas políticas, le puede superar y sustituir, o aparecerle como contrincante, sobre todo si lo encuentra débil en su aspiración.
Hoy además, por las elecciones de medio período para elegir alcaldes y consejos municipales, se activan las fuerzas políticas partidarias en todo el territorio nacional, porque hay que elegir en los 82 cantones más de 5000 funcionarios municipales, que son auténticos líderes políticos regionales, cantonales o comunales, que responden a los diversos partidos políticos, y muchos de ellos también responden a esos posibles candidatos presidenciales, que silenciosamente se mueven preparando sus baluartes y apoyos logísticos cantonales para la siguiente campaña electoral.
La campaña electoral municipal mueve las hormonas políticas desde la asunción del nuevo gobierno hasta las elecciones cantonales, de manera que no deja de haber movimiento y agitación política. Lo vimos en las recientes elecciones donde hubo una gran participación de partidos políticos cantonales y con relativo éxito. Igualmente vimos un fracaso electoral de partidos grandes y tradicionales, que incluso tienen diputados, pero que en las municipales les fue mal.
De alguna manera estas elecciones municipales son las bases de trabajo visibles para la siguiente campaña nacional. Por ello también tienen su importancia y obliga a los partidos a valorarlas para corregir lo que tengan que corregir con miras a la siguiente campaña electoral nacional.
Los aspirantes a la Presidencia de la República, de los partidos que logran elegir regidores, munícipes y alcaldes, luchan por tenerlos de su lado, como elementos muy importantes, como motores locales de la campaña nacional. Además, algunos de estos líderes municipales se ven a sí mismos proyectados hacia el futuro como posibles candidatos a diputados y a desarrollar una carrera política pública más activa. Igualmente, de la Asamblea Legislativa se proyectan hacia ministerios, viceministerios, juntas directivas de las instituciones públicas, puestos en servicio exterior y otras posibilidades que brinda el espacio político nacional.
El otro elemento que hace que el proceso político esté preñado desde el origen de instalación del nuevo gobierno hasta su término, con la siguiente campaña electoral, es el escenario legislativo, con sus 57 diputados, respondiendo a los diferentes partidos que representan.
El escenario legislativo es altamente politizado. Los diputados representan partidos políticos vivos y activos en la Política Nacional. Por el papel que tienen, durante seis meses al año, en las sesiones parlamentarias ordinarias, por su propia iniciativa y por las de sus partidos, impulsan proyectos de ley con lo cual tratan de darle contenido a sus promesas de campaña electoral y de los programas electorales que agitaron en las elecciones para lograr los votos. Son también cierta imagen de gobierno de lo que desearían impulsar si estuvieran en el ejercicio del Poder Ejecutivo.
La politización mayor del escenario legislativo se da en cada sesión parlamentaria cuando los diputados tienen un tiempo dispuesto para el llamado “control político”, que es cuando diariamente tienen la posibilidad de criticar al Gobierno y a todos los funcionarios públicos, y tienen la posibilidad de cuestionar sus actuaciones y de llamarlos a “rendir cuentas” ante los diputados o ante comisiones investigadoras parlamentarias que se instalan para esos efectos.
El blanco de esta lucha es principalmente el Poder Ejecutivo, representado por el Presidente de la República y sus vicepresidencias, y por los Ministros y sus actuaciones institucionales. Estos son los ojos de las tormentas políticas diarias, así como de chaparrones y lloviznan que siempre tienen. Por eso la actividad política no cesa, ni tampoco la electoral. Solo que la electoral adquiere a veces la forma de una laguna de aguas mansas, y aparentemente muy mansas, y casi plana, sin movimiento en su superficie, pero debajo de ella tiene profundas y agitadas corrientes de agua, que muchas veces terminan en verdaderos remolinos. Así es el mundo político.
En cuanto a que no hay candidatos a la vista, no estoy de acuerdo. Existen, respiran y trashuman. Los hay y no pocos lo que ya empiezan a moverse. En el Partido Liberación Nacional están de los candidatos nacionales Antonio Alvarez, que según me han dicho aspirará a la Presidencia si las encuestas de alguna manera lo repuntan, José María Figueres, que no oculta su deseo de volver a aspirar a esa candidatura presidencial. De estos dos más conservador y menos socialdemócrata es Antonio Alvarez. José María al menos hace alarde de sus posiciones socialdemócratas y su mensaje es más “progresista” y menos “conservador” que el de Antonio Alvarez. En el caso de José María no le veo posibilidades si no está en Costa Rica por lo menos de manera dedicada a su precampaña. No puede ser candidato viviendo fuera del país. Requiere su presencia por lo menos tres semanas por mes este año y a tiempo completo el próximo. Todos los candidatos de Liberación en este sentido le llevan ventaja al estar en el país. En Liberación Nacional están también Fernando Zamora, el ex Secretario General, muy apuntado en su lucha presidencial, pero muy “conservador” en sus planteamientos políticos, y más parece “socialcristiano” que socialdemócrata. Está trabajando duro y moviéndose por el territorio nacional. Está Guillermo Constenla, ex presidente del Partido Liberación Nacional, que no hace sentir sus pasos aún, pero dejó la presidencia del INS para vincularse a la lucha interna por la Presidencia. A nivel legislativo están los diputados Roberto Thompson y Carlos Ricardo Benavides. De estos a Carlos Ricardo es quien más le veo la fuerza para aspirar a la Presidencia, y en posibilidad de derrotar a los demás candidatos internos, en mucho dependiendo de su labor legislativa este año y el próximo.
En la Unidad Social Cristiana destaca Pedro Muñoz por su papel parlamentario, en esa lucha presidencial, tratando de controlar las estructuras del partido por sus dirigentes intermedios. Allí también, a la sombra por ahora, Rodolfo Piza que seguirá siendo el faro definitorio de esa candidatura presidencial mientras públicamente no renuncie a ella. Pero, igual que José María Figueres tiene que estar en el país al menos a finales de este año lo más, para amarrar los hilos internos de la Unidad Social Cristiana.
Si no fructifica, el llamado de Pedro Muñoz a la unidad del centro derecha en coalición de todos los grupos cristianos, tendrá que pelearla internamente. Y, si es en coalición electoral no le veo como el representante de esa coalición.
En el Frente Amplio solo vislumbro, por ahora, al diputado José María Villalta, que no tiene contrincante parlamentario ni partidario a la vista. Volverá a repetir su doble candidatura de diputado actual y candidato presidencial, sin el entorno y contexto nacional de la campaña del 2014 de la que resultó victorioso.
En el Partido Acción Ciudadana, hasta ahora, solo el diputado Welmer Ramos se menciona en posibilidad de aspirar a encabezar a ese partido en las próximas elecciones. Pero en ese Partido esto está todavía muy verde. Otros posibles candidatos hay que esperarlos hasta principios del próximo año para ver si renuncian a sus puestos públicos para poder aspirar a la candidatura.
Entre los partidos cristianos están Fabricio Alvarado, que es único en su partido y Carlos Avendaño que también parece único en el suyo. El Presidente legislativo actual dicen que aspira a pelear una de estas candidaturas.
El Partido Republicano Social Cristiano de permanecer solo tendrá de nuevo al Dr. Hernández de candidato. En coalición socialcristiana y de cristianos no lo veo encabezando la plana.
En los libertarios el que sobresale es Eli Feinzaig como el más representativo de estas tendencias político ideológicas.
Los troskistas probablemente de nuevo repitan con su candidato de la elección del 2018 que se desempeñó muy bien en la campaña. El Partido Nueva Generación postulará a la presidencia a Sergio Mena, que es el amo y señor en ese Partido, que la viene trabajando con giras y con programas radiales, con planteamientos muy “conservadores”, que no tienen nada que ver con las nuevas generaciones, o con la “nueva generación”. El conservadurismo mostrado en la última campaña mucho lo quemó.
Para algunos de estos personajes y partidos que se ven en los grupos cristianos no católicos es muy difícil pelearles sus nichos electorales, que manejan con sus mas de 4000 templos y locales religiosos que tienen en todo el país. Pero, como quedó demostrado en las elecciones municipales, estos grupos sin un tema nacional, como el que tuvieron en la campaña del 2018, poco tienen que hacer.
El mundo, en general, avanza hacia el progresismo social. Esta es la bandera fundamental para agitar en la próxima campaña electoral, con mira a los nuevos votantes, a los votantes menores de 40 años, que será un tercio de la población votante, y a la población nacional que poco a poco ha ido aceptando los cambios que en materia de Derechos Humanos se han ido consolidando en el país, con miras a la población mayor, y de adultos mayores, que será más de un tercio de la población votante, que requieren más apoyo institucional y especialmente la protección de la clase media, que ha sido duramente golpeada, con las políticas que se han venido impulsando relacionadas con ingresos, “congelamiento” real de salarios y de pensiones.
Algunas observaciones sobre el informe de mayoría de la comisión FEES
Yamileth González García*
- El Informe dictamen de mayoría, (Expediente 21.052) de la “Comisión Especial que estudie, analice y eventualmente proponga proyectos de Ley o Reformas en relación con la administración del FEES” (CE-FEES), de la Asamblea Legislativa es bastante deficiente, parte de premisas a las que no se les da comprobación con hechos y documentos fehacientes, por lo tanto, resultan poco cercanas a la “verdad”.
- Tiene muy débil sustento, dice estar realizado “… con base en la normativa vigente y en la información que trascendió en prensa, en las manifestaciones de estudiantes y profesores, así como de la ciudadanía en general, relacionada con la inversión y manejo que realizan las universidades públicas del Fondo Especial para la Educación Superior” (CE-FEES), o sea que la parcialidad campea, es un estudio hecho sobre diversas opiniones, sin una necesaria base documental. No es una investigación como debería demandar una institución como la Asamblea Legislativa, la cual, después de un año de trabajo, consista simplemente en un cúmulo de audiencias descoordinadas.
- Además, como muestra de inconsistencia, por ejemplo, el Informe señala una “metodología” acordada por la Comisión, que consiste nada más que en fijar un horario, recibir audiencias y establecer tiempo de exposición, como ellos lo señalan: “La Comisión estableció como horario de sesión los días lunes de 9 a.m. a 11 a.m.; la dinámica de la investigación es la recepción de audiencias por sesión, además de realizar consultas a las diferentes instituciones y partes interesadas” (CE-FEES).
- Como un dato que revela la falta de seriedad el “estudio” centra su atención en probar lo que los diputados y diputadas dijeron antes de iniciarlo; no aporta nada nuevo a lo que mencionaron antes de hacer esta “investigación”.
- Es un “estudio” que le sirve de excusa a la comisión para ir más allá del encargo original (proponer proyectos o reformas en relación con la administración del FEES); no obstante, se excede en espacios académicos, más allá de lo que significa la administración de los recursos.
- Por otra parte, el Informe parece responder a los requerimientos que varios de los organismos internacionales vienen señalando, desde décadas atrás: la necesidad de que las universidades generen sus propios recursos, aumenten el costo de la matrícula, fortalezcan las carreras técnicas y los diplomados, que se le de freno a la autonomía universitaria, ya que la conciben como un obstáculo para someter las universidades a las decisiones políticas y económicas del Gobierno, etc…,etc., Así tenemos, por ejemplo:
Es un estudio que violenta la autonomía universitaria, aunque dicen no querer hacerlo, cuando afirman que: “Bajo ninguna circunstancia disminuir recursos o pensar en cierres, pero si en un ordenamiento en el cual este primer poder de la República, que es donde se aprueban los recursos y los presupuestos de la Educación Superior, tenga participación directa en el futuro de la educación de nuestro país y en este caso particular de la educación superior. (…) Nosotros vamos a ser muy respetuosos del marco de la autonomía universitaria como lo establece la Constitución Política…” (CE-FEES). El párrafo muestra una flagrante contradicción, ya que la Asamblea Legislativa, según el principio constitucional, no puede tener participación directa en el ordenamiento universitario sin afectar la autonomía. Sin embargo, en esa afirmación se puede leer una amenaza velada a las universidades, ellos son el primer poder de la República y aprueban los presupuestos.
Una de las violaciones más profundas a la autonomía de las universidades, se da cuando el Informe señala que “Cuando exista colisión o polémica entre la prevalencia del principio de autonomía universitaria establecido en el artículo 185 de la Constitución Política o, el de equilibrio financiero estipulado en el artículo 176 de ese mismo cuerpo legal, debe establecerse con claridad que el segundo tiene prioridad. Por tanto, se impulsa una reforma constitucional para que en adelante quede suficientemente claro que el principio de equilibrio financiero prima por sobre el de autonomía universitaria” (CE-FEES).
Esto es inadmisible, supondría un retroceso a una importante conquista que las universidades han conseguido con un alto costo y que implica la esencia misma de su misión y las protege frente a abusos de poder, permite el desarrollo del libre pensamiento y la creatividad; posibilita tener un gobierno propio sin intromisiones políticas, económicas o de cualquier otra índole … Sin un financiamiento adecuado, no hay autonomía. El acto de ejercer ese derecho pasa por conseguir, de parte del Estado, un financiamiento adecuado y sostenible, un fondo que haga posible actuar.
Hay que dejar claro, por otra parte, que la autonomía, no es un cheque en blanco a las universidades, implica responsabilidad y rendición de cuentas claras y transparentes y devolverle a la comunidad, resultados que contribuyan al desarrollo.
También este Informe violenta la autonomía al pretender que las universidades públicas pasen a la CAJA ÚNICA DEL ESTADO: “A partir del informe de la Contraloría General de la República denominado “La caja única del Estado y el manejo eficiente de la liquidez del sector público”, se recomienda que se incorpore mediante ley de la República a las universidades, dados sus beneficios para el país, en el régimen de caja única. Lo señalado, a modo de introducción, en el cuerpo de este informe se ampliará a algunas de las propuestas concretas y recomendaciones como resultado de las reflexiones hechas al tenor del trabajo de esta Comisión especial. (CE-FEES).”
Esto, hasta ayer, no era inaceptable, ya que significa entrabamiento del funcionamiento administrativo; la Caja Única nunca ha sido eficiente y limitaría la independencia financiera de las universidades, instituciones que no son una oficina del Gobierno o del Estado, va contra la autonomía financiera, consignada constitucionalmente.
Es precisamente validando ese compromiso de responsabilidad y rendición de cuentas que la universidad debe ser transparente en el manejo de sus recursos y no puede permitirse dejar su administración a otras instancias; pues sino, como respondería ante los convenios de colaboración establecidos con colaboradores nacionales e internacionales de orden público y privado cuyos proyectos de investigación y cooperación en sectores de punta son efectivos en el mediano plazo y permiten consolidar plataformas y estructuras de cooperación entre la universidad, el sector público y el sector privado.
Recordemos que la ley de administración financiera y presupuestos públicos, así como el ordenamiento jurídico existente resguarda la hacienda pública mediante la presentación de presupuestos y planes operativos anuales, estipulados por la misma normativa que son sometidos a la Contraloría General de la República y los procesos de evaluación correspondientes. La autonomía garantiza el autogobierno en un espacio propio del sector público costarricense.
- El Informe contiene afirmaciones y propuestas que evidencian un enorme desconocimiento de la realidad universitaria, por ejemplo:
La siguiente afirmación del Informe demanda reflexión “Costa Rica requiere fortalecer su sistema nacional de innovación a fin de robustecer y diversificar nuestro desarrollo tecnológico. En este objetivo, las universidades cumplen un rol central; por ejemplo, un espacio de mejora esencial y muy necesario que han señalado diversos estudios radica en la mejora de la estructura productiva, aquí, sin una participación coordinada, comprometida y activa entre las instituciones públicas, el sector privado y las universidades no se tendrán mejoras sustanciales pronto. En un país con recursos limitados y en medio de un periodo de desaceleración económica como la que se experimenta, se debe plantear un debate crítico y reposado sobre cómo acercar las necesidades del sector productivo a las agendas universitarias, en especial las relacionadas con investigación. Por su trascendencia y alto valor (CE-FEES).”
Desde luego que es necesario fortalecer el sistema nacional de innovación, pero el Informe desconoce que las universidades y el sector productivo del país tienen lazos fuertes (que desde luego se deben fortalecer); que no se parte de cero, ya existe un valioso aporte y la coordinación entre estos sectores no es inexistente.
Aquí vale la pena recordar dos ejemplos: la industria agroalimentaria en Costa Rica no camina con éxito, sin el apoyo del Centro de Investigación en Tecnología de Alimentos (CITA). Junto al CITA se puede mencionar también al Centro de Investigaciones Agronómicas (CIA) que por medio de sus especialidades en ciencias del suelo, biotecnología y tecnología poscosecha, realiza análisis el suelo y foliares, de aguas fertilizantes con servicios en biotecnología. Por otra parte, el CIGRAS que es el ente nacional de análisis de calidad de todas las semillas y granos que ingresan al país…, En diversas ocasiones han recibido estos entes donaciones para fortalecer el trabajo de seguridad alimentaria y nutricional del país. La Estación Experimental Fabio Baudrit, tiene una significativa reserva de germoplasma de diversos productos alimenticios, que pueden, sin duda, ser un alivio ante cualquier situación de inseguridad alimentaria y nutricional. La Fabio, como se le denomina más cercanamente, ha generado una serie de innovaciones como lo son las diversas variedades de frijol que se transfirieron al mercado nacional o más recientemente una nueva variedad de papaya, conocida como la papaya perfecta…
Y en Salud, que mejor ejemplo a citar, que el del Instituto Clodomiro Picado, centro de referencia mundial en la producción de sueros antiofídicos y que hoy se ha visto trabajar en la producción del plasma que ha venido a aliviar efectos del Covid-19. El ICP tiene vínculo con sectores externos a la UCR y es altamente respetado y conocido internacionalmente.
Estos son solo dos ejemplos, de los miles que se podrían comentar, de esa relación entre la universidad pública y la sociedad, buscando aportar al desarrollo nacional, buscando devolver el beneficio social de la educación universitaria.
Se afirma que: “LAS UNIVERSIDADES DEBERÍAN ESTAR GENERANDO UN VALOR PÚBLICO QUE SOBREPASE LAS NECESIDADES ESTUDIANTILES Y QUE, ADEMÁS, ESTÉ AL SERVICIO DE LA CIUDADANÍA. “El valor generado por las entidades y órganos del Estado, mediante servicios, resultados, confianza y legitimidad, toda institución pública incluidas las universidades estatales, están llamadas a generar en los servicios que prestan un valor público para la ciudadanía. Dentro de este contexto dicho valor público no solamente se genera en cuanto al impacto para los estudiantes, sino también sobre cualquier otra actividad realizada por parte de las universidades como la investigación, acción y extensión social entre otras.
El aumento en el gasto es superior a los resultados alcanzados en matrícula, títulos y percepción positiva de algunos atributos de calidad del servicio los cuales mejoraron en promedio (CE-FEES).”
¿Cómo es eso de que deberían estar generando un valor público…? ¿no les es evidente el valor público de las universidades? ¿es que no han visto que, en medio de esta crisis los medios de comunicación refieren todos los días alguna incidencia positiva de las universidades?
Cómo pueden decir que: “Las universidades han dirigido mayoritariamente sus ingresos al pago de salarios millonarios y a realizar inversiones en sus campus centrales, lo que les ha restado la posibilidad de favorecer con estos recursos al resto de su comunidad estudiantil, ubicada en las regiones, así como crear valor público que se pueda proyectar al resto de la sociedad y generar un vínculo con las comunidades” (CE-FEES).
Esas afirmaciones no tienen ningún respaldo técnico… son especulaciones. No es válido, afirmar que la mayoría del FEES se va en salario millonarios…ni es cierto que no se apoyó la población estudiantil en sedes (significativos esfuerzos van dirigidos a becas y residencias en las sedes o campus universitarios). Es ridículo que se diga que hay que crear valor público y generar vínculo con las comunidades, porque ese vínculo existe y es significativo. Habría sido aceptable que el Informe señalara la necesidad de fortalecer la relación, pero no descalificar a las universidades negándolo.
- Se señala que: “El aumento en el gasto es superior a los resultados alcanzados en matrícula, títulos y percepción positiva de algunos atributos de calidad del servicio los cuales mejoraron en promedio.” Y que por eso consideran que “es tan importante quitarle la presión inercial a la masa salarial, a través de una reforma de empleo público para que pueda invertirse en investigación. Esta es una apuesta inteligente en el largo plazo, no solo para generar valor público sino también para que los entes universitarios generen sus propios ingresos y dependan cada día menos del FEES, el cual por la situación financiera del país y principalmente por los niveles endeudamiento, cada día está más comprometido” (CE-FEES. Y también que “es necesario que asuman lo más pronto posible, el reto de establecer una política de autofinanciamiento, que les permita fortalecer las fuentes de recursos para llevar adelante sus objetivos” (CE-FEES).
La afirmación de que los entes universitarios deben generar sus propios recursos, no se puede aceptar, con esa política se busca privatizar la universidad pública. Ya las universidades venden servicios y reciben donaciones significativas y está en sus intereses hacerlo cada día más; pero es inadmisible la insistencia en sustituir el FEES con recursos propios, eso es privatizar la educación superior pública. Entonces, ¿las universidades solo harán, aquello por lo que se paga y no lo que es importante para el país? ¿Entonces la actividad universitaria que no se paga no se haría?
Y está, además, el comentario de que el “… aumento en el gasto es superior a los resultados alcanzados en matrícula, títulos y percepción positiva…” refleja una concepción de universidad centrada en graduar estudiantes, y no le dan valor a las otras actividades sustantivas, que son, a la par de la docencia, la investigación y la acción (extensión) social. Estaríamos por lo tanto reduciendo las universidades a “enseñaderos” y limitando su impacto para el país.
- Señala el Informe que “LA OFERTA ACADÉMICA ESTÁ OBSOLETA Y DIVORCIADA DEL SECTOR PRODUCTIVO, LO QUE PRODUCE SOBRE OFERTA EN CIENCIAS SOCIALES Y UN ALTO DÉFICIT EN CARRERAS STEM”. Y que “Genera gran preocupación entre los miembros de esta Comisión, lo obsoleta y divorciada del sector productivo, que está la oferta académica, principalmente de la UCR, UNA y Universidad Estatal a Distancia (UNED), que las lleva a generar una sobre oferta en las áreas de ciencias sociales y un alto déficit en carreras de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM) (CE-FEES)…
Insisto en que la afirmación de que, excepto el ITCR, las demás universidades están obsoletas en su oferta académica no es válida, sorprende, entonces, que según el estudio de empleabilidad más reciente en seguimiento de la condición laboral de las personas graduadas 2014-2016, realizado en el 2019, en el CONARE la empleabilidad de las Universidades estatales es de 94,6% y el de la UCR, en específico es de 95,2%.
Recordemos también que, la respuesta de la UCR en área tecnológica ha sido congruente y coordinada con el desarrollo nacional. Así́ en el pasado como en el presente, vemos como luego de creado el Mercado Común Centroamericano y del surgimiento de instituciones como RECOPE y el ICE; la UCR diversifica sus programas: la Ingeniería Civil ve nacer la Ingeniería Eléctrica, la Mecánica, la Industrial, la Química y la Agrícola; que décadas más tarde abren posgrados en todas esas áreas y, posteriormente, establecen alianzas con empresas de alta tecnología que llevan a crear nuevas opciones curriculares. La Escuela de Ingeniería Eléctrica amplía la matrícula con nuevas promociones de estudiantes que se imparten parcialmente de forma desconcentrada en la Sede de Guanacaste (Liberia) y, en la Sede del Pacífico (Puntarenas); la de Ingeniería Mecánica lo hace en Tacares de Grecia; Ingeniería Industrial, por su parte, ha graduado a cientos de estudiantes en la Sede de Occidente, en San Ramón.
La expansión geográfica se complementa con otras opciones de estudio, como las maestrías de Comunicaciones Digitales, Sistemas de Mediana y Baja Tensión (que se han impartido en asocio con la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, el Instituto Costarricense de Electricidad y el sector privado y, la carrera de Computadoras y Redes que nace con el fin de apoyar a las empresas de alta tecnología con sus problemas de diseño y pruebas de circuitos cerrados… Nuevas opciones se generan como, por ejemplo, Autotrónica, Microelectrónica, Industria Alimentaria, Hotelería, Ingeniería Ambiental y de Salud…
El LANAMME es indiscutiblemente uno de los centros de investigación que más aportes le han generado al país. Sin el LANAMME, Costa Rica no podría avanzar, exitosamente, en el mejoramiento de las carreteras, desde luego que como Universidad somos instancia de diagnóstico, estudio, análisis y no de ejecución de obras.»
- Se insiste en el fortalecimiento de las carreras técnicas, pero eso siempre se ha hecho en las universidades y, si en este momento existe una demanda laboral hay que atenderla y fortalecerla; pero, desde luego no limitando o cerrando otros ámbitos. Si el mercado laboral demanda más técnicos, hay que atender la demanda, pero no cerrando ciencias sociales o artes… ¿Que haría la sociedad sin un pensamiento filosófico, sin escritores, artistas, historiadores, educadores…? El desarrollo es integral y a él caminamos desde diferentes perspectivas disciplinarias.
Además, esa distorsión la causan las universidades privadas que centran su oferta en carreras de bajo costo económico.
- “LA ENTREGA DE DIPLOMADOS UNIVERSITARIOS: UNA FORMA DE DEMOCRATIZAR LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN LAS REGIONES”, pregona el Informe.
“El presidente de la Comisión consultó sobre el nuevo posible modelo de regionalización que podría establecerse para mejorar los indicadores en las regiones, a lo que se respondió que una forma de mejorar el acceso a la educación es impartir diplomados en las universidades públicas, que se encuentran en las regiones y eliminar la duplicidad de carreras entre las mismas universidades públicas, en aras de que se llenen todos los cupos, por ejemplo la carrera de educación que es una de las más demandadas, debería existir un acuerdo para que, por ejemplo, sea impartida por la UNA y así la UCR pueda impartir otras carreras. … Sin embargo, estos diputados y diputadas no podemos recomendarles a las universidades como impartir sus carreras, dado que están protegidas por la autonomía constitucional en este punto. (CE-FEES)”
Esa afirmación me genera dos comentarios:
El concepto de UNIVERSIDAD, entendida como ente de estudios superiores, está ligado a la formación de grado y posgrado, no a la formación preuniversitaria, como es el caso de los DIPLOMADOS… esa es función de los centros “parauniversitarios” o colegios universitarios, como se llaman. Vale la pena recordar, una valiosa experiencia que las universidades públicas tuvieron, en los años de 1990, con los Colegios Universitarios mediante un Convenio de Articulación ( 1997) que fue bastante exitoso y que permitía a los estudiantes, particularmente de las zonas rurales, iniciar estudios en nivel pre-universitario y luego pasar, si así lo querían, a la universidad, sin hacer examen de admisión y poder así, continuar su diplomado con un grado superior, pero esa experiencia se vino al traste, cuando la Asamblea Legislativa, transformó a la mayoría de esos centros en una universidad.
En el presente, las universidades pueden abrir diplomados y carreras cortas, (algunas lo tienen, como la UNED), PERO con cuidado, ya que el desafío es grande. Las universidades tienen una responsabilidad y compromiso con la sociedad y, esto no es solo un asunto de formación y de calidad, sino que, tiene que ver, también, en cómo se enfrenta esa nueva perspectiva de la formación universitaria que se abrió paso, sustentada en el crecimiento de una demanda y de una presión laboral, que articuladas a partir de un nuevo imaginario social, según el cual una titulación en educación superior puede ser sinónimo de carreras cortas y técnicas, pone en juego y en duda la auténtica naturaleza y razón de ser de la universidad, desaparece la perspectiva de la formación integral y humanista, la formación crítica, reflexiva y dialógica, indispensables para una formación de excelencia e impacto”.
- Hay otros temas complejos en el Informe, sobre la repartición del FEES y la recomendación que hacen para que recursos del presupuesto de la UCR y de la UNA se trasladen al ITCR que, las diputadas y los diputados, asumen como la universidad del futuro en Costa Rica.
Asumir la primera recomendación nos haría entrar en fuertes contradicciones, porque, para empezar, no se trata de “desvestir un santo para vestir a otro” y por otra, no es casual, ni antojadizo que unas universidades tengan más porcentaje que otras… Al crearse el Fondo Especial para la Educación Superior cada universidad entró con un presupuesto y las más grandes tenían su presupuesto, que desde un inicio era mayor. El problema es que se fueron creando nuevas universidades sin presupuesto e integrándolas al FEES. Caso contrario el de Universidad Técnica Nacional, que, con fuerte respaldo del Partido Liberación Nacional, la Asamblea le asigna sus propios recursos.
La alusión a que el Instituto Tecnológico de Costa Rica, es la única institución que ha hecho bien su trabajo y , por tanto puede ser considerada como la “Universidad del futuro”, ya que “… ha sido un ejemplo “de hacer mucho con poco”, lo que nos lleva a pensar, que, si contáramos con instrumentos de planificación y evaluaciones rigurosas, de las cuales dependería la distribución del FEES, como ha sugerido este informe, estamos convencidos de que el TEC tendría la posibilidad de acceder más recursos, por sus eficientes resultados…(CE-FEES)”, esta afirmación muestra, (pensándolo amablemente) el desconocimiento, con todo respeto y admiración por el ITCR, de las personas de la comisión especial; no se puede permitir ni pasar por alto esta afrenta para el resto de las instituciones de educación superior pública.
Las encuestas y estudios realizados nacional e internacionalmente, con organismos e instrumentos muy calificados le han dado a las universidades públicas una prestigiosa calificación no solo a nivel latinoamericano sino mundial. (Por ejemplo, https://www.ucr.ac.cr/noticias/2019/01/11/el-81-de-los-costarricenses-considera-que-la-ucr-le-aporta- mucho-al-pais.html)
- Es importante concluir señalando que las universidades pueden recibir todo tipo de observaciones y recomendaciones, sobre salarios, empleo, etc. Etc. sin que eso signifique violentar la autonomía. Sugerir, proponer, lo que no sería admisible es ordenar. De manera que la afirmación que se hace en el informe, (“…estos diputados y diputadas no podemos recomendarles a las universidades como impartir sus carreras, dado que están protegidas por la autonomía constitucional en este punto… No puede ser de recibo.
* Ex Rectora UCR (Colectivo Mujeres por Costa Rica).
Imagen ilustrativa.