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Etiqueta: Asamblea Legislativa

¿Liberación Nacional en la encrucijada?

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Vladimir de la Cruz

La alianza interna que han realizado en el Partido Liberación Nacional José María Figueres Olsen, Antonio Álvarez Desanti, Fernando Zamora Castellanos y Rolando González, alrededor de José María, alborotó el panal nacional electoral. Y ha contribuido a irle dando forma.

Dentro del mismo Liberación Nacional se afianzó la inscripción como precandidato del diputado Thompson, ex alcalde de Alajuela, luego la declaración del politólogo y comunicador Claudio Alpízar de que se inscribirá, y de manera parecida Rolando Araya, exministro, excandidato presidencial de Liberación en el 2002, con lo cual es evidente que el Partido Liberación Nacional no podrá evitar la realización de la Convención abierta para escoger su Candidato Presidencial, como ya tiene establecido.

La alianza dicha ha tenido los embates de quienes buscan pelos en la sopa. En lugar de valorar la importancia política que pueda tener un suceso como ese, se empeñan en buscar las contradicciones entre los aliados, contradicciones del pasado, decires del pasado, con ánimo más de impulsar su disolución, desunión o desencuentro político, o de intentar producir una imagen de división constante, de alianza meramente electorera, o de intereses espurios personales, sin entender que la política es un arte también de convenios, de negociaciones, de acuerdos, nos gusten o no. En este sentido todos los candidatos tienen pasado político electoral discutible. O, como hacen otras personas, interesados en buscar, como algunos han especulado, sobre los detalles meramente electorales de si en el acuerdo se tomaron decisiones sobre futuras candidaturas a diputados o ministros, como se ha corrido la bola de la hija de Antonio Álvarez Desanti, de paso una muchacha joven, capaz, inteligente, bien preparada profesionalmente, que de ser cierto ese acuerdo, bien le haría a la Asamblea Legislativa tener diputadas con su preparación. Si fuera cierto este rumor para mí es válido el acuerdo porque en todos los partidos políticos, en todos los del espectro político nacional, sin distinciones, se hacen ese tipo de acuerdos y de amarres. Negarlo es hipócrita, como se han hecho acuerdos en el pasado para decidir también candidaturas y puestos en las listas electorales de diputados.

En este caso para mí lo publicado como resultado del Acuerdo alrededor de José María es muy general pero esboza los elementos básicos y las directrices fundamentales de esa alianza, que es lo que corresponde a este momento de la campaña.

La salida de Rodrigo Arias apoyando la precandidatura del expresidente legislativo y diputado Carlos Ricardo Benavides, a quien también apoya la Presidenta Laura Chinchilla, lo que más evidencia es el alejamiento de Oscar Arias, que ya había formulado una candidata, como posibilidad de consenso para ese partido, candidatura que la misma postulada rechazó aunque la agradeció.

El arismo, como corriente interna en Liberación Nacional está dividido. Por un lado Rodrigo Arias y Carlos Ricardo Benavides, por otro el Presidente Arias, aparentemente solo, y aristas como Francisco Morales, Fabio Molina, Guillermo Zúñiga, Fernando Berrocal, Lina Barrantes, Olman Segura, Javier Flores, Ziany Villalobos, y otros de iguales quilates, con José María Figueres.

En ningún acuerdo de este tipo se puede poner, para decirlo de esa manera, todo el Plan de Gobierno o de la Plataforma de agitación electoral, menos en este momento de la campaña cuando todavía no están decididos ni escogidos los candidatos de todos los partidos, ni se sabe con certeza cuántos van a participar, ni de si habrá coaliciones electorales que muestren ante el electorado al menos la fuerza que ya tiene la que se formó en Liberación Nacional.

Al Partido Liberación Nacional le queda enfrentar, con toda la fuerza del caso, la situación que le ha reventado con uno de sus alcaldes en la zona sur, y con su Secretario General, diputado, y miembro por tres años consecutivos de la Comisión Antinarco de la Asamblea Legislativa, donde le vinculan a situaciones “engorrosas” en esta materia, siendo él también uno de los diputados que ha luchado porque se reduzca el presupuesto nacional de financiamiento de campañas políticas, lo que abre las puertas al narcofinanciamiento de candidatos y partidos.

La lucha contra el narcotráfico y la narco política tiene que ser enfrentada en toda la línea. Para un Partido como Liberación Nacional con más razón. Ya han tenido escándalos parecidos en el pasado, incluso en el seno mismo de la Asamblea Legislativa, cuando quisieron poner allí un Presidente Legislativo, que resultó después comprometido en esos asuntos. Para José María Figueres y su grupo político interno esta es una tarea política de primer orden. NO pueden apoyar ni defender a nadie que esté comprometido en estos asuntos, que estén ligados o cuestionados, y sujetos de investigación por estos vínculos. Es el Partido mismo el que debería estar dando esa lucha porque se esclarezca cuanto antes este asunto. Si se convierte en tema de elecciones en el segundo semestre puede producir más chispas de la cuenta.

Cuando en Liberación Nacional se exigen 30 millones de colones y en la Unidad Social Cristiana 40 millones para inscribir candidaturas presidenciales, es mucha plata, que no es fácil tenerla a la vista ni a disposición de ofrecerla solo para inscribirse y darle movimiento al dinero.

Los órganos policiales y de inteligencia, como los de Hacienda bien podrían investigar el origen de esos dineros, con apoyo del Tribunal Supremo de Elecciones. Si se ponen cifras para inscripciones de diputados hay que estar atentos a estos movimientos económicos de los postulantes, si tienen la capacidad de poderlos justificar. Esto también es tarea de los mismos partidos políticos para no verse en posibles escándalos. Esto ayuda a entender también la importancia del financiamiento público de las campañas electorales.

La situación de la zona sur de desarrollarse escandalosamente puede poner a Liberación Nacional y a su principal candidato en una peligrosa encrucijada.

El diputado Viales mientras está la investigación, al menos al momento de escribir esta columna, si no lo ha hecho ya, debería separarse de su alto cargo partidario por su propia iniciativa o a petición del Directorio Político de Liberación Nacional, y si no es por ellos, al menos por presión de los precandidatos de ese partido… sería lo menos…

En el Partido Unidad Social Cristiana sigo pensando que hay poco qué hacer, política y electoralmente, con lo que tienen a la vista, ante el próximo proceso electoral.

El retorno eventual a Costa Rica de Rodolfo Piza Rocafort, quien fue el último candidato presidencial, en las anteriores dos campañas, por ese Partido, que fue quien le dio aire a esa tienda política, que le dio de nuevo visión de gobernabilidad, que es importante por el peso político que él tiene y significa, que rescató a ese Partido, con su posible retorno agitó las aguas electorales al interior y fuera de la Unidad Social Cristiana. Al interior porque saben que si Rodolfo Piza se lanza por otro partido menos tienen qué hacer.

Pero, es claro, como lo ha dicho Rodolfo Piza, que no viene a integrarse a la Unidad Social Cristiana, por cuanto sus estructuras partidarias son deficientes para atender la campaña electoral de acuerdo a la posibilidad de su candidatura presidencial, que en ese partido significaría la de un simple monigote que no tiene opción alguna de proponer y escoger algunos candidatos a diputados, como se acostumbraba antes, por los candidatos presidenciales en los partidos políticos mayoritarios, debido a que en este partido lo hacen las asambleas provinciales, así como la renuncia del partido a posibilitar coaliciones electorales, como lo sugirió el Expresidente Miguel Ángel Rodríguez, uno de los líderes políticos e ideológicos más importantes de ese Partido.

En esta perspectiva, ¿dónde puede encajar Rodolfo Piza? Sinceramente no lo tengo claro todavía. Por sus expresiones de que debe constituirse un frente electoral humanista, progresista, liberal, socialdemócrata, socialcristiano y cristiano, lo que expresa el abanico amplio de posiciones, renunciando a definirse de centro derecha o de derecha, podría ser que se esté incubando alrededor de su gran figura política, esa unidad de fuerzas alternativas frente al Partido Acción Ciudadana, en el Gobierno, y al mismo Liberación Nacional, como la principal fuerza opositora en perspectiva.

¿Estaría Rodolfo Piza, en esta posibilidad de reunir alrededor suyo a figuras como Eli Feinzag, Natalia Díaz, Rodrigo Chávez, el mismo Miguel Ángel Rodríguez apoyando? Sin lugar a dudas la posible candidatura de Rodolfo Piza cuenta con apoyos políticos nacionales fuertes.

El llamado subliminal de Rodolfo Piza a los socialdemócratas es a aquellos que no están muy de acuerdo, o en desacuerdo, con la alianza que ya se estructuró dentro de Liberación Nacional.

En el caso del Partido Acción Ciudadana está claro que siguen sin definir públicamente sus posibles precandidatos internos. Se mueve este partido a punta de rumores. A los ya conocidos precandidatos de rumor se sacaron de la manga al ex ministro de Educación, Edgar Mora, que no es, que yo sepa, militante del Partido Acción Ciudadana, que lo sigue siendo de Curridabat Siglo XXI.

La candidatura de Edgar Mora, talentoso, inteligente, diligente, buen funcionario municipal, cuestionado ministro, es aparentemente el as de la manga del Presidente Carlos Alvarado, de quien se dice que es su candidato frente a los que se impulsan desde la Comisión Política del Partido Acción Ciudadana, y de su sector de izquierda, y frente a los que promueven la candidatura de la Embajadora en España, Ana Helena Chacón Echeverría.

La sorpresa de la semana fue la candidatura del exviceministro y ex diputado, líder del movimiento cooperativista, Oscar Campos, por un partido, Encuentro Nacional, que está en proceso de inscripción, que aparentemente responde a las necesidades del movimiento cooperativo nacional, que tienen una gran masa de afiliados, que de distinta manera responden también a los distintos partidos políticos del país. Pero, si es una fuerza del cooperativismo como tal sería interesante ver cómo se desarrolla.

El resto de los partidos no se mueven en estas agitadas aguas electorales, parecieran hasta ahora anclados, antes que a la deriva.

Réquiem por la Costa Rica democrática, culta y solidaria

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Rogelio Cedeño Castro, sociólogo y escritor costarricense

El espectáculo legislativo de este infausto mes de abril de 2021 tiene que continuar cueste lo que cueste, no importa si sus protagonistas estén destrozando, o desmontando paso a paso, mecanismo a mecanismo, pieza a pieza, los componentes esenciales de la institucionalidad del país y los fundamentos jurídicos e incluso filosóficos que le dieron fundamento a lo largo de las siete décadas transcurridas desde el fin de la la guerra civil de 1948 y la aprobación de la Constitución Política de 1949. Para eso es que el diario La Nación y sus propietarios necesitan tener a los diputados encerrados en el horroroso búnker de Cuesta de Moras, además de que cuentan con el beneficio adicional de la gran cantidad de tontos que piensan que la Asamblea Legislativa es una fábrica de leyes, sin darse cuenta de que afilan el cuchillo que pondrán en sus pescuezos.

La constitución de aquel año, que ahora nos parece tan lejano, y su espíritu han muerto después de agonizar durante al menos las dos primeras décadas del nuevo siglo, aunque todavía nosotros todavía no terminamos de tomar nota de las consecuencias de tan infausto suceso: la separación de los poderes del estado, la autonomía universitaria y la municipal han quedado reducidas a cenizas, pero también las instancias administrativas y judiciales en materia de gobierno y empleo público, las que pasarán a estar controladas por un cada vez más poderoso y jacobino gobierno central.

El estado social de derecho que se empeñaron en plasmar en los artículos 50 y 74 del nuevo texto los constituyentes reformistas del Partido Social Demócrata, tales como Rodrigo Facio y Luis Alberto Monge, entre otros y los del Partido Constitucional Demócrata como Celso Gamboa y un numeroso grupo de ilustres constitucionalistas de entonces, que contaron con el decisivo apoyo de la mayoría más bien “conservadora” de los diputados ulatistas de entonces, es algo que ha terminado por desvanecerse en medio de la oleada cortesana, mediocre y neoliberal-neoconservadora-neopentecostal que domina a la mal llamada clase política costarricense, la que ha venido a dar al traste con la brillante defensa de la autonomía universitaria, dotándola de recursos financieros que la garanticen, plasmada plenamente en aquella constitución por Rodrigo Facio, Fernando Baudrit y otros destacados constitucionalistas de grata memoria, durante largos debates que merecen recordados, sobre todo por su perenne vigencia (Ver Óscar Castro Vega RODRIGO FACIO en la constituyente de 1949 EUNED San José CR 2003). Han quedado en olvido y reducidos casi a nada los aportes de Luis Alberto Monge, como diputado constituyente encargado por su pequeña fracción socialdemócrata, de redactar y defender el capítulo de las garantías sociales, como un capítulo de la constitución que estaban por aprobar. La obra demoledora de las yorlenis león y otros personajes de poca monta terminó por ser más corrosiva y persistente, tanto como para dar al traste con los valiosos aportes de aquellas generaciones.

Estamos en manos de las gentes de una clase política, donde predominan la ignorancia y la mediocridad, dentro de la que se mezclan las expresiones integristas de una vieja religión revelada (como en el caso neopentecostalismo con su elaborada teología conservadora del éxito y la “salvación personal”, unidos al oportunismo e ignorancia supina de sus voceros políticos) con aquellas otras, de orden secular, propias de la religión del mercado, convertido en el gran desiderátum en todos los órdenes de la vida económica, política y social al que obedecen el PLN PAC PUSC RN NR y otras franquicias electorales, también listas para cazar incautos en la próxima “campaña electoral”, hoy convertidas en el “partido único neoliberal” que desgobierna a Costa Rica.

El delirante odio populista de cierta derecha hacia los intelectuales y el pensamiento libre ha marcado el tono de la ofensiva totalitaria contra la universidad pública costarricense, a la que ven como subversiva por ser un espacio libre para una profesión de fe democrática de amplio espectro y otorgadora de “privilegios” hacia sus académicos, investigadores y funcionarios a los que desearían ver reducidos a la condición de precariedad salarial y laboral de sus pares de las universidades privadas.

Son el pensamiento auténtico y el trabajo académico libre de las manipulaciones de los poderes fácticos, como también la investigación científica seria, con sus innumerables aportes de gran calidad en beneficio del conjunto de los costarricenses, junto con una sostenida acción social dirigida hacia muchas comunidades de todo el país los componentes de lo que en su conjunto irritan a los dueños de este país: a lo sumo, para estas gentes de corta mirada y gruesos bolsillos, las universidades deben ser fábricas de graduados, donde como en el caso de la gran mayoría de las privadas (en todo hay excepciones) brillan por su ausencia las bibliotecas, los laboratorios y los institutos de investigación. Por desgracia los poderosos dueños de los grandes medios de (in)comunicación social han tenido éxito en convencer a muchas gentes incautas ocultando, detrás de supuestas preocupaciones de orden fiscal, mientras se dedican a saquear de verdad los recursos públicos, sus verdaderas intenciones totalitarias y su insaciable rapiña, como en el caso de las trochas, la ruta 27 y otros inconfesables negociados, además de la colosal evasión tributaria.

Es por eso que no nos queda, por ahora, sino exteriorizar este réquiem por la la ruina de la institucionalidad democrática de un país como este en el que hemos nacido, al que consideramos digno de mejor suerte. Las nuevas generaciones tendrán que emprender de nuevo, casi de cero, una lucha que los reformadores sociales de los años cuarenta supieron materializar en hechos y resultados positivos, al construir de esa manera un país más solidario, culto y justo que los del resto de la región, ¿vamos entonces hacia una “centroamericanización” de Costa Rica, entendida en el peor sentido del término?

Los diputados por su naturaleza son beligerantes políticos

Escrito en . Publicado en Análisis, Coyuntura.

Vladimir de la Cruz

Recientemente el Tribunal Supremo de Elecciones advirtió a los diputados, y a sus asesores de no caer en la figura de la beligerancia política, lo que pareciera una intromisión sin precedentes en la figura del Diputado, y sus asesores, los que él escoge, generalmente de su propio partido político, indicándoles que no podían hacer actividades, en su tiempo laboral, de carácter político electoral, o que estuvieran relacionadas con la próxima campaña electoral.

Fue en forma directa un jalón de orejas, especialmente, a los diputados que aspiran ser candidatos presidenciales, o que ya han anunciado sus intenciones en esa dirección. Fue ponerles un bozal político, un tapabocas, además del bozal de la pandemia que deben usar.

La Constitución Política, ni la legislación electoral, ni ninguna ley en particular establece prohibición alguna para los diputados, ni los consideran “empleados públicos”, ni se les puede considerar “servidores del Estado en el ejercicio de sus cargos”, los que sí tienen esa expresa prohibición, siempre y cuando estén en la categoría constitucional de “funcionarios a quienes les esté prohibido ejercerlas”, que en ninguna parte ni ley alguna se señala a los diputados.

De los altos funcionarios que sí tienen prohibición son, entre otros, el Presidente de la República, los Ministros de Gobierno, los Ministros Diplomáticos, el Contralor y Subcontralor Generales de la República, los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia

Y, es la Asamblea Legislativa, el conjunto de los diputados que la constituyen e integran, los que conocerán el resultado de la investigación que realice el Tribunal Supremo de Elecciones contra esos específicos altos funcionarios, si realizaran actos considerados de beligerancia política, si son investigados a ese efecto.

¿De dónde se saca el Tribunal Supremo de Elecciones que los diputados no pueden ser beligerantes políticos las 24 horas del día, dentro y fuera de la Asamblea Legislativa, en sus oficinas como en sus curules, Plenaria y de Comisiones, o en los actos que realice en comunidades, visitas, reuniones, actividades a las que es invitado o él mismo organiza para rendir cuentas, o para pasar facturas políticas ciudadanas, más allá del propio control político que puede realizar en el propio recinto parlamentario, que es quizá el acto de beligerancia más extremo que puede hacer contra los representantes y funcionarios de los Supremos Poderes y de las Instituciones del Estado y del Gobierno.

Los diputados aunque electos por Provincias tienen el carácter de “nacionales”, de ser la representación de la voluntad popular expresada por el sufragio, en la figura de cada diputado, y de cada grupo de diputados pertenecientes a los partidos políticos que eligen diputados. En la propia Asamblea Legislativa se organizan por partidos políticos, así se sientan, con curules que “pertenecen” a esas fracciones legislativas, en el orden en que se colocan, porque nombran un Jefe de Fracción partidaria, porque tienen reuniones de jefes de fracción para coordinar aspectos del debate parlamentario y de la agenda parlamentaria. Así, los diputados electos por la Nación actúan en nombre de sus partidos políticos. Es lo lógico, es lo natural, es lo usual, es lo inherente a cada diputado. En las notas de prensa, radiales, escritas o televisivas se les reconoce como diputados de tal o cual partido.

Toda la labor parlamentaria de los diputados es política, es partidaria, es calculadoramente electoral, porque de su buen o mal desempeño así les puede ir en la siguiente campaña electoral.

La Campaña Electoral no termina con la integración de la Asamblea Legislativa el 1 de mayo siguiente a la elección nacional. Allí continúa en el escenario legislativo. Esto es lo real, es lo que funciona.

Todos los diputados en sus intervenciones, en las Comisiones o en el Plenario, pueden hablar a nombre de sus partidos políticos, identificarse como miembros de esos partidos, hacer alarde de la Historia parlamentaria o nacional de sus partidos. Los que casi no hacen alarde de nada, casi siempre ha sido así, son los diputados oficiales, los del partido de gobierno en ejercicio. Les cuesta mucho defender al Gobierno, y porque muchas veces por las acciones y compromisos de los Gobiernos los diputados toman distancia silenciosa de su partido gobernante.

La jornada laboral de los diputados es 24 horas en el cargo. A los efectos de las reuniones que tienen, por asistir a las Comisiones o al Plenario, reciben un pago. Si faltan no se les paga lo correspondiente. Pero esto es un problema tan solo de responsabilidad laboral.

Toda la labor de un diputado, desde su presencia en la Asamblea Legislativa, hasta por sus actos y discursos es para beneficiar a su partido político, y a su propia figura política como dirigente parlamentario de su organización partidaria. Todo lo que tiene en la Asamblea Legislativa, desde su Oficina hasta los dineros que le dan de gasolina mensual, son para justificar su trabajo parlamentario que es político partidista. No se puede entender de otra manera.

Insisto. En la Constitución ni en ley alguna hay una solo sanción para los diputados, que pueda caer en la figura de la beligerancia política.

En mi opinión los asesores parlamentarios, nombrados por los propios diputados para su trabajo diputadil, con salario de la Asamblea Legislativa, están igualmente amparados por la misma protección que tienen los diputados para realizar su trabajo político y parlamentario, y aunque pagados por la Asamblea no caen en la categoría de “empleados públicos”, de “servidores del Estado en el ejercicio de sus cargos”. Son funcionarios que la sociedad paga para el mejor desempeño de los diputados como expresión de la soberanía popular que ellos representan.

Los que sí son “empleados públicos”, “servidores del Estado en el ejercicio de sus cargos”, son todos los Asesores de Servicios Técnicos parlamentarios que le sirven a todos los diputados, como un alto equipo o grupo especializado para esos trabajos. Igualmente aquellos funcionarios del Poder Legislativo que por su naturaleza le sirven a todos los diputados sin distinción de su pertenencia partidaria.

Está bien que se regule la ausencia de los diputados del Plenario y de las Comisiones, lo que se les sanciona con el no pago respectivo si no tienen autorización para ausentarse para atender asuntos personales, o funciones o labores propias de su cargo, que eso no se paga de esa manera.

Por este mismo motivo no se obliga a que un diputado que quiere ser candidato a la Presidencia tenga que renunciar a su cargo de diputado. Implícitamente se reconoce su papel de ser un representante de un partido político, que no tiene impedimento constitucional ni legal para ser candidato siendo también diputado.

Lo inmoral es lo que hacen algunos diputados que ausentándose cobren sus respectivas dietas por los mecanismos que les permite hacerlo.

Bastaría que cualquiera de los diputados candidatos empezara sus discursos parlamentarios o legislativos diciendo: “En mi condición de diputado del Partido XXXX, y de mi condición de aspirante a la Presidencia por mi partido XXXX, o si ya fuera candidato oficial, dijera que, en esa condición, se dirige al resto de los diputados y al público, a los ciudadanos, a los electores, que oyen o ven las sesiones parlamentarias, sobre ZZZZ, proyecto de ley que está en discusión, o haga referencia en el control político que en un gobierno, bajo su mandato, eso que está criticando no va a ocurrir. ¿Se le podría acusar de beligerancia política por esa forma de dirigirse en el Plenario o en el Trabajo de Comisiones?

Hay que dejarse de hipocresías políticas. Eso es lo que le hace daño al país, a la imagen de la Política, de los Partidos Políticos, de los dirigentes políticos, y a la misma Democracia política que vivimos como sistema.

La pertenencia a un partido político no le quita la credencial a ningún diputado. Lo único que se la puede quitar es que pueda ser empleado o tener cargo en otros poderes del Estado o de elección popular. Ni siquiera pierde su credencial de diputado cuando transitoriamente es llamado a ejercer un puesto de Ministro.

Tampoco pueden “celebrar, ni directa ni indirectamente, o por representación, contrato alguno con el Estado, ni obtener concesión de bienes públicos que implique privilegio, ni intervenir como directores, administradores o gerentes en empresas que contraten con el Estado, obras, suministros o explotación de servicios públicos”, lo que se considera incompatible con el cargo de diputado lo que sí les hace perder su condición de Legislador.

Para los asesores contratados por los diputados, para que los acompañen sus cuatro años en Congreso, por ley se les fija “la asignación y las ayudas técnicas y administrativas que se acordaren para los diputados”.

La única restricción que puede tener un diputado, es la que tiene el Presidente de la Asamblea Legislativa, cuando en ejercicio de su cargo por disposición constitucional, sustituye transitoriamente al Presidente de la República, como sucedió en la Legislatura 2009-2010, cuando el Presidente del Congreso, el diputado Francisco Antonio Pacheco varias veces sustituyó al Presidente Oscar Arias, siendo también el diputado Presidente de su partido Liberación Nacional, a lo que no tuvo que renunciar. En ejercicio del cargo de Presidente de la República si se sometió a las prohibiciones que para ese cargo existen, pero sin dejar ni renunciar a su condición de diputado, ni de su partido, ni de la Presidencia de su partido.

Es hora de dejarse de hipocresías políticas que solo dañan la imagen de los Poderes Públicos, de la Política, de los dirigentes políticos, de los mismos partidos políticos, de la Política como quehacer humano, y de la Democracia política que vivimos.

El diputado por su naturaleza es un beligerante político. Que actúe como tal. Eso es lo que necesitamos para ver si también mejoramos el debate y el análisis político.

Peligrosa llamada de atención hace el Tribunal Supremo de Elecciones a los diputados, de intromisión en el Poder Legislativo, de intentar ponerles a los diputados un bozal, o un tapabocas, en el ejercicio de su palabra, de su Parlamento, de su crítica general y de su crítica política, que es la que sería sujeto de “beligerancia política”, una manera sutil de decirles a los diputados cómo deben realizar su control político.

Camino peligroso para la democracia política y electoral el que abre el Tribunal Supremo de Elecciones.

Los diviesos del Proyecto Ley Marco de Empleo Público

Escrito en . Publicado en Análisis, Coyuntura.

Manuel Hernández

Los diviesos o forúnculos son infecciones de la piel, que van llenando de pus la parte del cuerpo afectada y producen inflamación, mucho dolor, incomodidad y hasta fiebre.

En el campo, de donde vengo, se decía que los diviesos o abscesos nacen porque la sangre está contaminada.

En la avanzada fase legislativa de la cruzada en que se encuentra el Proyecto Ley Marco de Empleo Público (discusión mociones de reiteración), se pueden advertir 3 grandes nacidos o diviesos que lo tienen muy contaminado:

1.- El primer absceso corresponde al ámbito de la cobertura de las instituciones, que quedarán sujetas al imperio del emergente Leviatán.

La discusión concierne principalmente a la sumisión del Poder Judicial y la regulación de las autonomías de determinadas instituciones, principalmente las universidades públicas y gobiernos locales.

2.- El segundo divieso se radica en la titularidad de la rectoría de la gobernanza del empleo público, tema que después de ser pacífico, ha generado una importante controversia política.

El último texto legislativo que se aprobó, creó un monstruo de dos cabezas, en virtud que, por una parte, la rectoría política la recuperó, en teoría, MIDEPLAN, pero por otra parte, esta rectoría quedó sustancialmente vaciada, a merced de las múltiples y potentes competencias que se le atribuyeron a la otrora famélica Dirección General de Servicio Civil.

La cuestión más relevante, independientemente como se resuelva este pulso político-partidario, es que no puede existir rectoría gubernamental, por mínima que sea, en menoscabo de la autonomía que constitucionalmente tiene asignada la Caja Costarricense de Seguro Social, los gobiernos locales y las universidades públicas, salvo que sea derrumbando la Constitución Política.

3.- El último nacido se relaciona con los alcances de la regulación del salario global, el producto superestrella, pero, a la vez, el más oscuro del proyecto.

El proyecto somete las remuneraciones a un régimen salvaje, más regresivo que la misma Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, que con esto queda todo dicho; trasladando coactivamente a las y los funcionarios actuales, al esquema único de salario global, a contrapelo del principio de irretroactividad de la ley, principio elemental del Estado de Derecho (artículo 34 constitucional).

Al tenor de las normas del proyecto, las remuneraciones quedarán congeladas, estancadas en el tiempo, hasta después de la segunda venida de Cristo, con la consecuente afectación de la reactivación y eficiencia de la economía nacional.

Estos diviesos están bien maduros, que reventarán el pus maloliente que han cultivado, producto de una sangre más que contaminada, envenenada por el odio visceral contra la clase trabajadora de la función pública y la aversión al Estado Social y Democrático.

No haría nada mal, a quienes urdieron esta conjura contra la democracia, una dosis concentrada de gavilana y güitite, que todavía abundan en mi pueblo, para bajar la fiebre y aliviarles el coma hepático, que produce pérdida de la función cerebral, cuando el hígado ya no es capaz de eliminar las toxinas de la sangre. 

23/03/2021

El lobo y la oveja

Escrito en . Publicado en Análisis, Coyuntura.

Hernán Alvarado

El 24 de octubre de 2020, La Nación publicó en su página 15 un artículo un poco raro de un autor tristemente célebre, titulado: «El instrumento y la toalla», factura del primer ciudadano de la República. Fue una comunicación baladí, tan inocua que pasó inadvertida, pese a que informa tanto sobre quién gobierna; o cuando menos sobre su megalomanía -conocido efecto del ejercicio del poder. Tal vez fue otro intento desesperado de mejorar imagen, mientras repite, pendiente abajo, que no le «…importa el costo político personal o la vanidad de la popularidad.»

Si los diputados hubieran cumplido con la reforma constitucional del artículo 9, del año 2003, y hubieran aprobado ya la revocatoria de mandato, otro gallo le cantaría. Hasta entonces la rendición de cuentas del artículo 11 seguirá siendo un saludo a la bandera. Pero el último informe de este mandatario fue más bien un insulto al Soberano. Raro también que mencione, entonces, en este extraño artículo, su «corazón republicano».

Dime con quien te comparas…

El artículo presenta un asunto personal y excepcional, a la sombra del actual «contexto crítico», «…coyuntura tan dura para el país». Y «más que para mostrar espiritualidad» lo hace para «delinear los valores» que guían su conducta. Ahora bien, ¿qué sentido tiene ventilarlos públicamente? ¿Acaso combate así la imagen de ateo que sus oponentes han querido endilgarle? Más adelante llega a afirmar que «Gracias a Dios no le debo nada a nadie, más que a mi familia… y al banco». ¿Y a sus electores, tampoco les debe nada? Confiesa, quizá sin querer, que el voto es para él un cheque en blanco, lo que explica bastante bien por qué gobierna como lo hace.

Al Presidente no le interesa mostrar espiritualidad, pero se apoya en una «oración que durante cinco años repetí en las mañanas y arraigó en mí como principio orientador de vida». Enseguida cita la oración que comienza diciendo: «Señor, hazme instrumento de tu paz…». Entonces, corresponde aludir primero al sujeto omitido de la oración, a Francisco de Asís (1182-1226), figura extraordinariamente significativa.

Francisco encontró su fe en el templo de San Damián, donde una imagen de Jesucristo le pide restaurar su iglesia en ruinas. Él restauró su templo, pero también su iglesia, es decir su pueblo, fundando tres órdenes religiosas. El que bautizaron Juan representa la esperanza del cristianismo, porque sustituye la pasión del sacrificio por el gozo de una presencia suprema. Lejos de fundar su fe en el miedo y el castigo, la busca en el amor humano. Francisco de Asís renuncia a su riqueza material y a sus títulos de nobleza para convertirse en un instrumento de paz; renuncia al ejército papal, a su ropa, incluso renuncia a ser sacerdote, por no considerarse digno de la investidura. Su mensaje es tan potente porque predica con el ejemplo; cuidando a los pobres, a los enfermos y protegiendo a los animales. La leyenda del lobo retrata bien su apuesta ética. Se cuenta que Francisco pactó con un lobo que azotaba a la ciudad de Gubbio; fiera que merecía el peor castigo. Pero su compasión lo amansa y convence a los pobladores de alimentarlo, en vez de perseguirlo. Su mensaje es conciliador y convoca a una convivencia pacífica, esperanzada y dichosa. En ese sentido, el Papa actual eligió muy bien su nombre, el cual porta con suma dignidad, aunque por ser la primera vez parezca más bien un síntoma.

Nada en común, entonces, con el estilo de gobierno del Presidente; así que se ve enseguida que la comparación no aplica. Más aún, resulta chocante que aluda a una voluntad espiritual tan radical para referirse a un ejercicio político tan superficial, que ha traído dolor y decepción a tanta gente; entre otros, a los miles de despedidos durante la pandemia para cuidar la rentabilidad de las empresas y los cientos de jubilados a quienes se les ha metido, descaradamente, la mano en el bolsillo.

Bien haría el señor Presidente en seguir el ejemplo de Francisco, renunciando a su arrogancia y mejor aún a su puesto, tan mal ejercido hasta ahora; por haber convertido la Presidencia de la República en piedra de discordia; en vez de erigirla, según había prometido, y según su deber, en atalaya de la concordia nacional. Por otra parte, hasta ahora él solo ha renunciado a una pensión que todavía no tiene y a una popularidad que ya había perdido irremediablemente.

¿Otro falso mesías?

El Presidente piensa que nos ha salvado de lo peor, prestándose como «un instrumento para el país», «…para hacer las cosas que antes no se quisieron o no lograron hacerse». En cambio, él quiso y pudo hacerlas porque comprende que la popularidad, que lo puso ahí, es pura «vanidad». En particular, para quien se siente llamado a «evitar una nueva crisis social, económica y política». Por eso, afirma que en el tiempo que le queda seguirá resolviendo «…por el fondo, no cosméticamente, y menos aún pateando la bola al próximo gobierno.»

Según lo que dice, él piensa que nos alejó del abismo con la reforma fiscal, aunque no hay mejor ejemplo de una decisión cosmética, que beneficia a unos cuantos y tira la bola hacia adelante. No hay mejor muestra de que en este país la clase política le tiene miedo a la mafia empresarial. La misma que hace «clavos de oro», goza de jugosas exenciones y amnistías, evade y elude sus obligaciones fiscales, se roba el impuesto de ventas, contrabandea y estafa impunemente. Cuando haya investigación en serio seguro que se encontrará también su asocio, de larga data, con el narcotráfico; con el que comparte la manía de esconder ganancias. Al respecto, el Presidente puede preguntarle a su principal asesor, el ministro que lo enlaza con el sector privado. La mafia empresarial demanda mejores servicios y carreteras, junto con el recorte del gasto público, trapito de dominguear del Presidente que revela para quien trabaja tanto.

La pandemia, junto con la crisis que desató, puso en evidencia que fue una falsa solución, una medida remendona para evadir el problema de fondo, o sea, una reforma fiscal justa y progresiva. Ahora el virus le sirve de excusa, aunque mala porque su eventualidad fue prevista desde el 2015; prueba de ello es que ya casi se tenían las vacunas listas. Hoy que el país se encuentra sumido en la anunciada crisis fiscal y en una más profunda crisis económica, el Presidente declara impávido que «Si aspiré a gobernar fue para evitar a toda costa una dolorosa crisis fiscal para las personas del país, apelmazada por 20 años durante los cuales, por un motivo u otro, no se concretaron las soluciones.»

Él está convencido de haber evitado lo peor, de haber sido un instrumento «en especial para quienes sufren pobreza y desempleo», bajo el alero de un manoseado argumento neoliberal: la medicina es amarga, pero es mejor que la enfermedad; las medidas son dolorosas, pero sería peor no tomarlas. El problema es que después de 40 años de neoliberalismo la enfermedad se ha agravado cada vez más pues la verdadera pandemia es la desigualdad social, resultado de esa política económica impuesta, desde el «consenso de Washington», mediante una dictadura en «democracia», ejercida con desparpajo por esos «representantes» que no escuchan, ni respetan, ni rinden cuentas a quienes los eligieron; puesto que ya se sabe que «La clase política no le tiene miedo al pueblo» (diputada del PLN, Yorleny León).

Si se ha gobernado o no para los pobres y desempleados lo dirán próximamente, en las urnas, los jóvenes, las personas con discapacidad, los vendedores ambulantes, las pequeñas empresas familiares, las jefes de familia, los pequeños agricultores abandonados hace años, los trabajadores despedidos, las comunidades pesqueras y fronterizas, las personas pensionadas. Y todos aquellos que se han quedado esperando una reactivación «inclusiva y solidaria». Admitiendo que el Presidente se ha prestado como instrumento, la pregunta entonces sería: ¿un instrumento de quién y para qué?

¿Y la oveja?

Lejos de ser instrumento de paz social, este Presidente ha venido a atizar la lucha de clases, apoyándose en la maquinaria mediática de la plutocracia. En complicidad con una Asamblea Legislativa que da vergüenza ajena, ha ignorado o vacilado a quienes protestan y proponen. Ha criminalizado las manifestaciones callejeras, ha satanizado las pensiones dignas y se ha aprovechado del confinamiento para aprobar, a toda velocidad, una serie de medidas anti-laborales, a cual más ocurrente, inconstitucional e irresponsable. Mientras tanto, los diputados se han ido a enterrar en su búnker, que más parece una caja de (mala) leche que un «santuario de la democracia».[1] Nos costará años reparar los desaguisados de este (des)gobierno.

Por otra parte, el Presidente dice que combate el populismo porque «…es la peor amenaza que nos acecha y contra el que había y hay que actuar». ¿Y por qué? Porque «…expresa odio hacia algunos o discriminación en todos los sentidos.» Sin embargo, pasa por alto que el principal rasgo populista es precisamente un líder mesiánico como él, que se sirve del odio y el miedo con la cuchara grande. Él se ha basado, por ejemplo, en las campañas orquestadas y denigrantes contra las personas jubiladas, contra los empleados públicos, contra las universidades y su autonomía, con el único fin de cargar de impuestos a las mismas espaldas de siempre y continuar con su obsesiva reducción del Estado. Ese populismo neoliberal, al que parece atado de pies y manos, muestra hoy sus garras más despiadadas, porque está más acorralado que nunca. Por eso crea enemigos por doquier, mediante campañas repetitivas de corte neofascista, a cual más mentirosa y manipuladora.

Así que no es casualidad que don Carlos haya salido premiado con el título del peor presidente, entre 11 países considerados, según información reciente de CID-Gallup; algo que no debería seguir tomando a la ligera. Ningún presidente que haga lo que hay que hacer obtendría una calificación tan mala. En definitiva, el Presidente no es convincente porque su discurso no pega con la realidad y él mismo convirtió el «diálogo nacional», su mayor esperanza, en otro simulacro mediático; para lanzarnos después en las fauces del Fondo Monetario Internacional.

En suma, estamos enfrentando a un Presidente que se cree salvador, hasta el punto de pretender compararse con Francisco de Asís; mientras hace un discurso incendiario, provocador y desafiante. Él dice que combate privilegios (de los pensionados) mientras defiende los lujos y privilegios de la mafia empresarial, al punto de que el último Ministro de Hacienda debió irse por poner el dedo en la llaga de la evasión y por no encontrar «el prócer» que necesitaba el país, según sus propias palabras, para enfrentar la delicada situación fiscal post pandemia. Lo cierto es que este gobierno ha sido, como lo expresara Luis Fernando Astorga, un gobierno de los ricos, con los ricos y para los ricos; que se ha dedicado, contra su juramento, a conculcar nuestra Constitución, actuando como una dictadura que impone su ley y su criterio, sorda a cualquier otra opinión. A eso llama gobernar con firmeza.

De ahí que la democracia liberal representativa esté tan herida de muerte, porque sus salvadores desprecian a quienes los eligen y les piden cuentas. Hoy mismo, esa élite gobernante se siente llamada a acabar con el Estado social que surgió del pacto histórico del 49. Pero un derecho es una libertad socialmente conquistada, por eso pretender transformar los derechos adquiridos en odiosos privilegios resulta tan regresivo, tan bárbaro, tan brutal como querer devolver la rueda de la historia. Eso atenta contra los derechos humanos, incluso contra el derecho de propiedad, infectando a todo el sistema de inseguridad jurídica, a penas propia de un Estado fallido. En conclusión, este gobierno arbitrario y autoritario, de corte neofascista, ha declarado repetidamente y de diversas maneras que ha venido a hacerle la guerra a nuestra paz social. A eso llama resolver los problemas del país.

Al final, el Presidente suelta su broma: «¿Y la toalla? Solo me sirve para secar sudor y arropar el amor por Costa Rica». Un intento ingenioso, aunque malogrado, que más bien parece otra «burrada», porque ¿en qué cabeza cabe que el amor por Costa Rica necesita ser arropado y además con una toalla sudada?[2] Para colmo, don Carlos ha resultado, como Presidente, un mal comunicador y humorista. ¿Y la oveja? Sirva solo para recordar que hoy abundan los lobos que suelen arroparse con su linda piel.

[1] Sobre la estética fascista de ese edificio ver el excelente artículo de Laura Flores Valle en el Fígaro, titulado: Mirar y obedecer: la estética autoritaria del nuevo edificio legislativo; se encuentra en: el-figaro-net.

[2] «Si digo una burrada me corrigen porque yo no paso de periodista» Carlos Alvarado, 21 de noviembre de 2020.

La máscara democrática de la oligarquía

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Álvaro Vega Sánchez, sociólogo

Hemos retomado, para este artículo, el título de un libro que recoge un diálogo fecundo sobre democracia, oligarquía y populismo (Canfora, Luciano y Zagrebelsky, Gustavo (2020). La máscara democrática de la oligarquía. Un diálogo al cuidado de Geminello Preterossi. Madrid, Editorial Trotta). Un texto valioso y sugerente para el análisis de nuestra coyuntura sociopolítica.

Aunque la conversación está referida a la realidad política europea y particularmente de Italia, sus reflexiones resultan, en muchos aspectos, paradigmáticas. Tal es el planteamiento de arranque de quien modera el diálogo, Preterossi: “Hoy nos encontramos ante una tensión: por una parte la política oficial (y en general la clase dirigente que no es solo la clase política) se muestra cada vez más encerrada en un bunker, asediada, en afanosa búsqueda de soluciones, de mediaciones que no aparecen; por otra parte, otros sujetos, que se sitúan fuera de la política tradicional, tratan de captar y conducir la rabia de una masa sin representación, que no se reconoce en el poder democrático y le acusa de haberse convertido en oligárquico”(P.11).

Sin duda, una “fotografía” para nada ajena a nuestra realidad. La imagen del “bunker” recoge muy bien ese “soliloquio” que se ha venido dando por parte de un Poder Ejecutivo y Legislativo de espaldas al pueblo, y que también resulta consustancial a esa suerte de metamorfosis oligárquica de la democracia.

Efectivamente, ya hace rato el proyecto oligárquico neoliberal se ha venido afianzando en nuestro país, procurando ocultar su rostro con celebraciones como la de los cien años de democracia o con campañas de descalificación de las posiciones críticas y de la protesta social, considerándolas como antidemocráticas y hasta subversivas, incluso criminalizándolas. Algo que con el correr del tiempo le ha significado importantes dividendos políticos, que hoy fructifican en un conjunto de leyes pro-oligárquicas, aprobadas por una Asamblea Legislativa que se precia de ser una de las que más consensos ha logrado para impulsarlas.

El principal ideólogo de esta transformación o “mimetización”, el expresidente Oscar Arias Sánchez, se dio el lujo, sin sonrojo alguno, de traducirla al concepto “dictadura en democracia” con su correspondiente estrategia de “torcer brazos”. También, hoy recoge sus frutos en la gestión de un gobierno portador de sus mismos “genes”, que ha contado con el apoyo de las fracciones mayoritarias de la Asamblea Legislativa.

Efectivamente, a los partidos políticos mayoritarios actuales los unifica el proyecto oligárquico neoliberal, por eso aunque no se puedan homologar sus diferencias no son sustantivas. En este aspecto, es importante el señalamiento de Luciano Canfora: “A nuestros ojos los partidos son isomorfos, variantes de lo mismo que suelen hacerse la guerra. Talvez, incluso creen hacerla, pero en realidad esa guerra no existe porque la disputa se refiere a elementos marginales. Hoy la materia de la política es mínima… el estado de salud de la política en cuanto a lugar de la democracia es bastante deficiente” (P.23-24). En palabras de Zagrebelsky: “La política se ha restringido, la oligarquía no. Política restringida significa, en este caso, que tiende a hacerse un todo único, a reducirse a la no distinción para ser más funcional al equilibrio (externo) de los poderes oligárquicos” (P.33)

Y siguiendo con este autor, para quien la tendencia de la oligarquía es a “encerrarse sobre sí misma”, el “resorte” de la oligarquía es la “autoconservación mediante cooptaciones como autodefensa. En el sistema político actual ¿quién puede imaginar que avanza, que recorre los peldaños que llevan al vértice del poder? El que es cooptado. Y ¿quién es cooptable? El que puede ser chantajeado, o incluso mejor si a su vez tiene instrumentos para chantajear, como se ha dicho con una formula cínica y también veraz. Esto significa formar parte de una telaraña que te envuelve y te hace compatible o funcional con el mantenimiento del equilibrio. Esto es lo que califica un régimen como oligárquico” (P.38).

 En las últimas décadas, el país ha transitado de un modelo oligárquico bipartidista a uno pluripartidista, que ha encontrado un aliado estratégico en los nuevos partidos religiosos fundamentalistas. Es la convergencia entre el fundamentalismo secular economicista y el religioso, ambos portadores de una seudoteología de la prosperidad que sacraliza al mercado y legitima a la oligarquía neoliberal.

La celebración del Bicentenario de vida republicana es una valiosa oportunidad para develar el rostro oligárquico de nuestra democracia, y no convertir esta celebración en un simple saludo a la bandera. Más aún, dar muestras de que todavía tenemos reservas de espíritu y dignidad patrióticas para propiciar una democracia inclusiva, como lo consigna el Artículo 1 de nuestra Constitución, restaurando los derechos, tantas veces conculcados y violentados, a los ciudadanos y ciudadanas de los pueblos originarios, así como propiciando trabajo, educación y seguridad social de calidad para todo el pueblo.

Una oportunidad que deberá ser aprovechada para reafirmar nuestro talante democrático, que ha venido a menos al socavarse valores e instituciones sociales fundamentales en las últimas cuatro décadas, debido al impulso que se ha dado al proyecto oligárquico neoliberal dominante por parte del bipartidismo tradicional y el pluripartidismo actual.

 

Imagen: https://www.youtube.com/watch?v=RKPvU6UZueA

Necesidad de la elección separada de diputados

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Vladimir de la Cruz

Tuvimos en Costa Rica la primera elección de diputado cuando se escogió al Dr. Florencio del Castillo como Diputado a las Cortes de Cádiz, en 1812, cuando aún éramos colonia española. Después, los días inmediatos a la proclamación de la Independencia, de Guatemala y de Costa Rica, cuando se eligieron los miembros de la la Junta de Legados de los Pueblos, que se instaló el 12 de noviembre de 1821, que terminó sus funciones el 1 de diciembre de 1821, cuando se aprobó el “Pacto Social Fundamental Interino de Costa Rica o Pacto de Concordia”, reconocida como la Primera Constitución costarricense. La de Cádiz fue la Constitución Española, cuando todavía pertenecíamos al Reino español.

El Historiador Rafael Obregón Loría señala a la Junta de Legados como el I Congreso y la I Asamblea Constituyente del país, desde donde él hace iniciar la historia legislativa de Costa Rica.

La Junta de Legados estuvo integrada por representantes de 22 pueblos, entre propietarios y suplentes.

El II Congreso y Segunda Asamblea Constituyente, que revisó el “Pacto Fundamental Interino de Costa Rica o Pacto de Concordia”, desde el 6 hasta el 12 de enero de 1822 se integró con representantes de 8 pueblos.

El III Congreso y Tercera Asamblea Constituyente que trabajó del 3 de marzo hasta el 10 de octubre de 1823, se instaló con representantes de 11 pueblos o comunidades, cuando todavía no nos habíamos integrado a las Provincias Unidas de Centro de América.

Pero, ya integrados, el Supremo Poder Ejecutivo de las Provincias Unidas de Centro de América, decretó, el 5 de mayo de 1824, que se establecieran los Congresos de cada una de las Provincias que formaban parte de esta Unión, para que a su vez establecieran la Constitución particular de cada Estado miembro de esta Unión, ordenándose nombrar Jefe de Estado, con un Vice Jefe de Estado, y a los diputados respectivos, para los que se exigía ser ciudadano en ejercicio de sus derechos y tener 25 años. También hubo un Congreso Federal Centroamericano.

El IV Congreso o la Cuarta Asamblea Constituyente, ya en el período del Estado de Costa Rica, se instaló el 6 de setiembre de 1824, con 12 diputados propietarios y 4 suplentes.

El 23 de setiembre de 1824 por Decreto se ratificó la Independencia Absoluta del Estado de Costa Rica y se dispuso la organización del Gobierno. El Vice Jefe de Estado presidía al Congreso, probablemente siguiendo la tradición de la República Federal de Centroamérica y del Congreso estadounidense. Desde el 11 de abril de 1832 se tuvo reglamento legislativo. Así se inició, en resumen nuestra vida legislativa y parlamentaria.

El Congreso hasta 1838 se hizo representar por diputados de 7 pueblos. Aun cuando ya se había establecido una división territorial de Departamentos, en 1835, la representación se hizo por pueblos, hasta que en 1844 se empezó a reconocer la región de Guanacaste, ya era Departamento, con su representante, año en que también funcionó un Senado. En procesos electorales para el nombramiento de los diputados podían cambiar los miembros de algunos pueblos por otros pueblos.

El 31 de agosto de 1848 fue declarada la República de Costa Rica, por el Dr. José María Castro Madriz, y la instalación del Congreso de 1848-1849 se hizo con representantes de San José, Cartago, Alajuela, Heredia y Guanacaste, cuando ese mismo año se estableció la división administrativa nacional por Provincias, que en ese momento eran esas cinco. Puntarenas y Limón eran Comarcas.

En la Constitución Política de 1848 se estableció que los diputados durarían en sus cargos seis años, debiendo renovarse por mitades el Congreso cada tres años.

Con la República apareció la figura del Presidente y de los Designados a la Presidencia, que sustituyeron al Vice Jefe de Estado.

En la instalación del Congreso de 1858 se eligieron representantes de Moracia, como se le había cambiado de nombre a Guanacaste. En el Congreso instalado el 16 de octubre de 1859, ya destituido Juan Rafael Mora Porras, se eligieron representantes de Puntarenas y todavía de Moracia. Después de su fusilamiento se le volvió a denominar Guanacaste.

La Constitución de 1859 volvió a restablecer el Senado. Los diputados entre propietarios y suplentes, con una población de 100.000 habitantes en términos generales, eran 21 y 12 senadores.

En la Constitución Política de 1859 se estableció que el Congreso se instalaría cada año el Primero de Mayo, como se hace actualmente. Para la elección de la Asamblea Constituyente de 1870 se dispuso la elección en dos grados. Las elecciones usualmente en esa época se hacían en varios días, y con padrón electoral de los facultados para ejercer el voto, que debía tenerse listo al menos 6 días antes de las elecciones.

Para la elección de diputados de 1882 se hizo representar a Limón, que todavía no era Provincia.

Desde finales del siglo XIX el Congreso y sus diputados iban en armonía temporal con el período presidencial, de cuatro años, renovándose la mitad de los diputados cada dos años.

Era usual también que diputados a la vez se lanzaran a candidatos a la Presidencia. Así lo hicieron Ricardo Jiménez Oreamuno, Alfredo González Flores que fue sacado de la diputación para ser declarado Presidente, siendo nombrado para ello Designado a la Presidencia, y llamado a ejercer la Presidencia. Otros diputados que llegaron a ejercer la Presidencia fueron Francisco Aguilar Barquero, Santos León Herrera, León Cortés Castro, Otilio Ulate Blanco, que fue diputado en la Asamblea Constituyente de 1917 y en el Congreso de 1930. Rafael Ángel Calderón Guardia forjó su candidatura presidencial cuando fue diputado, 1934-1939, siendo electo diputado para el Congreso de 1940, Teodoro Picado Michalski, Francisco José Orlich Bolmarcich, Virgilio Calvo Brenes, Manuel Mora Valverde, Luis Alberto Monge Álvarez, empezó su carrera parlamentaria cuando fue electo en la Asamblea Constituyente de 1949

Algunos Presidentes, antes de 1948, fueron nombrados diputados después de que ejercieron la Presidencia de la República, como Carlos Durán Cartín y Cleto González Víquez. Después de 1948 no se prohíbe esta elección pero no se acostumbra.

Ricardo Jiménez Oreamuno fue electo diputado en 1922 y en 1924 por la Provincia de San José y por la de Cartago, siendo candidato a diputado en ambas provincias a la vez, año en que fue electo Presidente. Repitió como candidato a diputado en ambas provincias al mismo tiempo en 1930, por San José y Cartago, siendo electo por Cartago. También Marcial Fallas Díaz fue candidato a diputado en la elección de medio período de 1930 en la Provincia de San José, al mismo tiempo por dos partidos, el Republicano constitucional y el Unión Provincial. En esta misma campaña electoral Otilio Ulate Blanco fue candidato a la vez de dos partidos políticos, el Alianza de Obreros y Campesinos, en San José y por otro en Alajuela, siendo electo por Alajuela. En San José, ya candidato tuvo mucha oposición a su candidatura por grupos obreros organizados.

Hasta 1948 el Congreso se renovaba cada dos años por mitades. Con la Constitución de 1949 se estableció un período de cuatro años, sin posibilidad de reelección inmediata para los diputados, como sí se permite la reelección de Alcaldes y de Regidores y Síndicos. La reelección continua con renovación por mitades permitía un mejor funcionamiento del Congreso porque la mitad de los diputados que permanecía permitía su mejor funcionamiento, mientras los nuevos diputados se iban entrenando en el trabajo legislativo y el conocimiento del reglamento parlamentario. Actualmente se estima que cada nuevo Congreso duran sus diputados hasta 10 meses para manejar bien el reglamento legislativo, y todos los diputados, a los efectos prácticos, resultan neófitos diputados, lo que se evidencia mucho en la actual Asamblea Legislativa.

Desde 1953 se eligen los diputados simultáneamente con la elección presidencial. Hasta el 2010 se elegían también en el mismo acto los Regidores y Síndicos. Ya los Alcaldes se habían separado de esa elección, y hoy tienen todos ellos su propio proceso electoral dos años después de las elecciones nacionales de Presidente y de Diputados.

Hasta el año 2002, desde 1953, nunca había habido, una segunda vuelta electoral porque en la primera convocatoria para emisión del voto, la del primer domingo de febrero, del año electoral, siempre se había obtenido un ganador con votación superior al 40% de los votos válidamente emitidos. Pero, en las elecciones del 2002, 2014 y 2018 hubo que ir a la segunda vuelta, el primer domingo de abril del mismo año electoral a repetir la elección con los dos candidatos, que en la primera votación habían obtenido el mayor porcentaje electoral o número de votos, dejando en la primera vuelta electos los diputados que acompañarían al Presidente, electo en la segunda vuelta.

En las elecciones de segunda vuelta del 2014 y 2018 resultó que el partido ganador, Acción Ciudadana, solo eligió 14 y 10 diputados respectivamente, de 57 que tiene la Asamblea Legislativa, lo que evidencia una situación anómala en el funcionamiento legislativo, institucional y gubernamental. La fuerza real de votos que tienen los últimos dos gobiernos es la que sacaron en la primera votación, cuando se eligieron sus diputados, y no los votos de la segunda vuelta, cuando todo el pueblo electoral, a la fuerza, tiene que escoger entre las dos alternativas, aún cuando ninguna les guste. Son gobiernos en este sentido débiles, más allá de si los otros partidos políticos, en la Asamblea Legislativa, les prestan sus diputados, con sus votos, para la aprobación de sus Proyectos de Ley, lo que les aparenta cierta fortaleza, como ha sucedido con el actual gobierno.

En este sentido, en el proceso electoral, debemos avanzar con decisión y con visión de futuro, y con valor, en las siguientes reformas de elección de diputados:

1.- en la reelección consecutiva de los diputados, como se hacía antes de 1948. En ese período había Escuela y Universidad legislativa en la formación de los diputados. Los que se reelegían eran los destacados, así se puede ver de la lista de diputados que integraron el Congreso, lo que se demuestra también cuando varios partidos, al menos dos, proponían un mismo candidato, por una misma provincia o por distintas provincias, o cuando un Presidente, dejando la Presidencia iba al Congreso.

2.- la reelección consecutiva, podría hacerse, incluso, con elección de mitad de diputados a medio período, ligando esta elección a la de Alcaldes, Regidores y Síndicos, lo que le daría más fortaleza y entusiasmo político a esta elección.

3.- mantener la doble candidatura de Presidente y de Diputado a la vez, en que un candidato a Presidente sea a la vez a diputado, lo que se establecido desde el 2002. Así se hacia en el período anterior a 1948. Ricardo Jiménez y Rafael Ángel Calderón Guardia lo fueron. Hoy se permite que un Diputado en ejercicio pueda ser candidato y hasta Presidente, como Abel Pacheco, o candidatos que siendo diputados lo han sido, y hay varios, como ahora los hay en la Asamblea Legislativa calentando motores en esa dirección.

4.- valorar un mecanismo para que los candidatos a la Presidencia, que no son electos diputados, pero que sacan un porcentaje de votos, o un número de votos determinado, puedan ser electos diputados, lo que llevaría al Congreso a algunos diputados de alta calidad política y dirigentes políticos que se consideran altos, grandes o importantes líderes de sus partidos y de reconocimiento nacional por los votos obtenidos.

5.- y mi propuesta, la que considero más urgente, y quizá la más importante y relevante, es que se separe la elección de Presidente y la de Diputados, como ya se separó la de Regidores y Síndicos.

La elección de Presidente debe dejarse para el primer domingo de febrero como está establecido en la Constitución Política, y si hubiera segunda ronda, se hace igual, el primer domingo de abril, como también está establecido en la Constitución Política. Y la elección de Diputados se deja para el primer domingo de abril, cuando debe celebrarse la segunda ronda electoral, fecha que ya está establecida, y se ha experimentado y practicado.

Este cambio en la elección de Presidente y Diputados permitiría escoger mejor al Presidente y a los Diputados. Al Presidente porque toda la atención se concentraría en eso, en escoger la mejor opción de la oferta presidencial. Se pondría más y mejor atención a los candidatos y sus partidos, a sus ofertas programáticas de gobierno y electorales.

Permitiría, igualmente, que por realizada la primera ronda, y definidas las fuerzas electorales por el caudal de votos de cada candidato, en la segunda ronda, solo para elegir diputados, el pueblo electoral, enfoque mejor su decisión frente a quien ha ganado electoralmente la primera votación, para darle más poder legislativo o para ejercerle más control parlamentario, por la elección de diputados que se realice, lo que estaría muy ligado al resultado de la primera votación y escogencia.

El país necesita más estabilidad política en su funcionamiento parlamentario y ejecutivo, mejor relación, más fortaleza institucional para tomar decisiones políticas y parlamentarias, y este cambio podría ser el determinante en este sentido.

Mientras no avancemos hacia un régimen parlamentario, menos presidencialista o semi parlamentario, podemos continuar en un zigzag político sumamente peligroso de no realizarse reformas como éstas, especialmente la de separar la elección de diputados.

Estableciendo esta reforma es más seguro que en la primera ronda electoral se saque el 40% por parte de alguno de los candidatos, y se elija Presidente ese primer domingo de febrero. Si no se eligiera se pasa a la segunda ronda, como está establecido, pero probablemente con mayor caudal real electoral, para influir en la elección de la segunda en la escogencia del Presidente y los diputados. Pero, a toda verdad la gente valoraría mejor si le da más diputados al candidato que ha ganado la primera ronda o al que encabeza la segunda, si así fuera del caso.

Esta elección separada de Presidente y de Diputados reducirá sin lugar a dudas el abstencionismo electoral, por el énfasis que en la realidad obtienen y tienen ambas elecciones por separado, ligando la de diputados al resultado de la elección presidencial.

Para esta elección que esta encima, la del 2022, ya es prácticamente imposible hacer este cambio, en parte porque requiere una reforma constitucional, la que habría que consultarla al Tribunal Supremo de Elecciones, que nunca ha tenido iniciativas de esta naturaleza, de impulsar por sí mismo reformas electorales de este tipo, que tiendan a mejorar el sistema y funcionamiento democrático electoral nacional, de manera real y efectiva. En parte, también, porque requiere un gran acuerdo político, al menos de los partidos, que parlamentarios o no, estén de acuerdo en este sentido, así como del apoyo de los diversos analistas y gestores de opinión pública.

Pero, si no lo hacemos para el 2022, avancemos hacia el 2026, si no se ha hundido el barco nacional antes, o si no le permiten salir de puerto porque no le desaten sus amarres del muelle de la inoperancia política, como se ha venido haciendo en el país de muy distintas maneras. Todavía tenemos tiempo, pero no mucho, si queremos sacar adelante al país por buenos caminos, con seguridad, pensando en el mayor bienestar y felicidad del pueblo costarricense.

Encuentro multisectorial contra el Proyecto de Empleo Público. Declaración final

Escrito en . Publicado en Coyuntura, Derechos.

Las instituciones participantes, organizaciones sociales, sindicales, comunidades universitarias, municipales, considerando:

Que los efectos de la pandemia del COVID han profundizado asimetrías sociales y económicas que el país venía presentando como mayor concentración de la riqueza, menor capacidad redistributiva del ingreso nacional, incremento acelerado de la pobreza y de la desigualdad social, incremento desmedido del desempleo afectando principalmente a mujeres y jóvenes, mayor precarización de la inserción laboral, entre otros.

Que, en lugar de ampliar la inversión social y el papel del Estado, para hacer frente a esa realidad, las élites económicas y políticas han venido proponiendo una acción fiscalista y de austeridad presupuestaria, que no sólo pone en riesgo la acción misma del Estado, sino que deja en la indefensión a miles de habitantes.

Que los medios de comunicación privados en forma homogénea han lanzado una fuertísima campaña orientada a culpar al sector público y principalmente a la clase trabajadora como los responsables de los problemas en las finanzas públicas, actuación que se realiza de manera infundada, tergiversando datos o manipulándolos al presentar solo una parte de ellos, para generalizar conclusiones falaces.

Que el gobierno actual y las fuerzas políticas representadas en la Asamblea Legislativa PLN, PUSC, PAC, Restauración Nacional y Nueva República, vienen desarrollando una agenda legislativa absolutamente regresiva que descarga los costos de la crisis en los sectores medios y la clase trabajadora.

Que la crisis de las Finanzas Públicas no es responsabilidad de los salarios de la clase trabajadora del sector público y mucho menos del Gasto Público, es responsabilidad del fraude fiscal corporativo que sustenta su accionar en la evasión y la elusión continuada. Se deben gravar las grandes rentas de capital, al sector financiero, al patrimonio y principalmente a las grandes riquezas.

Que la estrategia de recorte y austeridad presupuestaria a la institucionalidad pública pone en peligro no sólo el desarrollo de políticas públicas y de servicios públicos, sino la existencia misma del Estado Social que ha garantizado que Costa Rica posea indicadores de desarrollo humano por encima de la media de la región.

Que el Proyecto sobre Empleo Público que actualmente se tramita en la Asamblea Legislativa es una iniciativa sin un proceso real de consulta a las organizaciones sindicales y autoridades de instituciones públicas, que además es un proyecto que atenta contra las autonomías institucionales y autonomías constitucionales, pues tiene un carácter claramente autoritario y antidemocrático que representa el desmantelamiento del Estado Social Costarricense.

Acordamos:

  • Crear un Frente Nacional de Defensa del Estado Social Costarricense que involucre a comunidades universitarias, a organizaciones sindicales tanto del sector público como privado, a organizaciones comunales y de vecinos, al movimiento estudiantil universitario, a organizaciones feministas y de mujeres, a organizaciones de pequeños y medianos productores agrícolas, sector campesino a autoridades municipales, a juntas comunales de salud, y otras.
  • Desarrollar diversas actividades de sensibilización a la opinión pública a fin de evidenciar y demostrar que el proyecto de Empleo Público no busca mejorar la eficacia, ni ordenar al sector público, sino desmantelar el Estado y precarizar condiciones laborales y salariales de la clase trabajadora.
  • Enfrentar en forma conjunta toda la agenda legislativa que en el marco del Acuerdo con el FMI pretende cargar sobre los hombros de los sectores medios y laborales el costo de la crisis económica, por medio de un aumento de la carga impositiva.
  • Desarrollar actividades de sensibilización para el mejoramiento del trabajo dentro de las instituciones a fin de garantizar la defensa del Estado Social Costarricense.

POR LA DEFENSA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

POR LA DEFENSA DEL ESTADO SOCIAL COSTARRICENSE

Organizaciones Sindicales

Asociación Nacional de Educadores ANDE
Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza APSE
Sindicato de Educadores Costarricenses SEC
Bloque Unitario Sindical y Social Costarricense BUSSCO
Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social UNDECA
Central General de Trabajadores CGT
Central del Movimiento de Trabajadores Costarricenses CMTC
Confederación de Trabajadores Rerum Novarum CTRN
Sindicato Patriótico de la Educación SINPAE 7 de Agosto
Sindicato Nacional de Profesionales de la Orientación SINAPRO
Sindicato Industrial de Trabajadores Eléctricos y de Telecomunicaciones SITET
Asociación Nacional de Técnicos y Trabajadores de la Energía y las Comunicaciones ANTTEC
Asociación de Abogados y Profesionales del Grupo ICE ABOGAPROICE
Federación Unión Sindical de Trabajadores del Grupo ICE FUS/ICE
Sindicato de Trabajadores de la UNA SITUN
Sindicato de Empleados de la Universidad de Costa Rica SINDEU
Asociación de funcionarios del TEC AFITEC
Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Universidad Técnica Nacional UTRA-UTN
Asociación de Profesionales de la UNED UNED-PRO
Alianza Sindical del Poder Judicial
Asociación Nacional de Empleados Judiciales ANEJUD
Sindicato del Poder Judicial SINDIJUD
Unión Nacional de Trabajadores y Trabajadoras UNT
Sindicato Nacional de Administradores de Servicios de Salud y Afines del Seguro Social SINASSASS
Sindicato de Trabajadores del INA SITRAINA
Sindicato Independiente de Trabajadores Estatales Costarricenses SITECO
Sindicato de Trabajadores de Acueductos y Alcantarillados SITRAA AyA
Federación Nacional de Trabajadores Agrícolas y de Plantaciones FENTRAP
Sindicato de Empleados del Ministerio de Hacienda SINDHAC

Organizaciones Sociales

Frente Nacional por la Defensa de la Caja y la Seguridad Social FRENASS
Comisión Nacional de Enlace CNE
Coordinadora Popular de Occidente
Diego Miranda Méndez Regidor Municipalidad de San José
Asociación Nicaragüense inmigrantes en Costa Rica-ANICR

Comunidad Universitaria

Rectoría y Consejo Universitario de la Universidad Nacional
Rectoría y Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica
Rectoría y Consejo Universitario de la Universidad Estatal a Distancia
Consejo Universitario del Instituto Tecnológico de Costa Rica
Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica FEUCR
Rectoría y Consejo Universitario, Universidad Técnica Nacional

De leyendas urbanas a verdades constitucionales

Escrito en . Publicado en Análisis, Coyuntura.

M.Ed. Francisco González Alvarado, rector de la Universidad Nacional y presidente del CONARE
Dr. Gustavo Gutiérrez Espeleta, rector de la Universidad de Costa Rica
Ing. Luis Paulino Méndez Badilla, rector del Instituto Tecnológico de Costa Rica
M.B.A. Rodrigo Arias Camacho, rector de la Universidad Estatal a Distancia
Dr. Emmanuel González Alvarado, rector de la Universidad Técnica Nacional.

Algunos abogados convierten en tiza y pizarrón la autonomía universitaria, sin sonrojarse siquiera por tan disparatada interpretación. Dicha autonomía no es leyenda urbana. Está creada por la Constitución Política y existen votos o sentencias de la Sala IV que tienen efecto para todo ciudadano (erga omnes), especialmente para los especialistas en la materia, y que no son “disparates” ni “interpretaciones que hacen las altas autoridades universitarias”:

La autonomía universitaria se encuentra establecida en los artículos 78, 84, 85 y 87 de la Constitución Política, que las autoridades de los supremos poderes juraron cumplir y defender. La Sala IV ya ha interpretado dichos artículos por lo que las altas autoridades universitarias únicamente enuncian y reiteran lo que ésta ha establecido.

La actividad intelectual constituye la base del quehacer universitario en todos sus ámbitos y requiere de la riqueza de un talento humano que las universidades puedan planificar, requerir, reclutar, remunerar, evaluar, promover, administrar, capacitar y dirigir con plena independencia de gobierno. La independencia constitucional de administración, organización, gobierno, política, planificación, presupuestaria, económica y patrimonial que protege la autonomía universitaria, tiene como eje central y supone la existencia de dicho talento humano. Como consecuencia, poseen estatutos de personal propios derivados de la potestad constitucional de decidir libremente.

En Actas de la Asamblea Nacional Constituyente consta la intención de proteger a la universidad pública de los vaivenes politiqueros y de las influencias contrarias que puedan predominar en los Poderes del Estado (Acta 160, 4/X/1949, tomo III, pág. 387 a 395). Dicha protección fue garantizada, además, con la libertad de cátedra que permite decidir libremente el contenido de la gestión académica universitaria, sin estar sujeta a lo dispuesto por poderes externos a ella, como también brinda libertad a la comunidad académica para expresar sus ideas, permitiendo la coexistencia de diferentes corrientes de pensamiento (votos 3550-92, 7170-09). Las universidades estatales están fuera del ámbito de dirección del Poder Ejecutivo y la Asamblea Legislativa no puede aprobar leyes que intervengan en las áreas de competencia de las universidades estatales como tampoco restarles ni impedirles cumplir su cometido (voto 1313- 93).

El artículo 84 constitucional también crea independencia universitaria económica pues separa su patrimonio del Estado y en su siguiente artículo 85 establece principios constitucionales y normas especiales que regulan la planificación y el presupuesto universitarios, sobre cuya formulación no pueden tener intervención los Poderes del Estado. El Plan Nacional de la Educación Superior Universitaria Estatal define el contenido del Fondo Especial para el Financiamiento de la Educación Superior y determina los gastos e inversiones necesarias para su adecuado desarrollo. Los regímenes salariales universitarios inciden en la sostenibilidad de dicho Fondo y se cargan a su propio presupuesto y patrimonio, constitucionalmente separados. La inversión pública en educación es constante y corresponderá siempre al menos a un 8% del PIB (artículo 78 constitucional), por lo que cualquier ahorro presupuestario quedará siempre en beneficio de las propias universidades, sin impacto fiscal alguno en favor del Estado. Estas normas y principios no pueden quedar sin efecto por normas de inferior jerarquía, como es la Ley Nº 9635 (Regla Fiscal). Estas normas constitucionales tampoco requieren de interpretación, sino que son de aplicación directa e inmediata (voto 3035-96).

La alta calificación del talento humano universitario es resultado de rigurosos procesos de selección y evaluación, conformes a los principios constitucionales de empleo público e incluso superan los existentes en el régimen de Servicio Civil.

Contrario a lo que viene siendo afirmado, el artículo 191 sí autoriza la exclusión de su cobertura, tratándose de excepciones derivadas de la propia Constitución. La autonomía universitaria es una clara excepción constitucional, no sólo por el contenido de los artículos 84, 85 y 87 citados, sino por voluntad del constituyente al haber establecido que, a diferencia de las Instituciones Autónomas creadas en los artículos 188 y siguientes, las universidades públicas no están sujetas a la ley en materia de gobierno (voto 1313-93), la cual comprende la autorregulación de su propio Estatuto de Empleo Público universitario, como sistema, tal y como lo propone el CONARE.

En ejercicio responsable de su autonomía, las universidades rinden cuenta y someten sus presupuestos a la potestad de fiscalización de la Contraloría General de la República, la cual nunca ha sido cuestionada, por lo que tales afirmaciones ponen en tela de duda la objetividad y credibilidad de los artículos redactados en contrario. Los presupuestos universitarios constan aprobados y publicados en su sitio web.

La anualidad, prohibición, dedicación exclusiva, salario escolar, aguinaldo, riesgo policial, entre muchos otros sobresueldos, no han sido creados por las universidades públicas, sino que tienen su origen en normas legislativas y decretos. Eliminar la autonomía universitaria no podrá ser nunca solución a esta coyuntura no universitaria. Esas leyes y decretos son los disparadores del gasto público, no las bases salariales universitarias ni su sistema de escalafones. Además, dentro de los objetivos fundamentales del proyecto de ley de empleo público está la tercerización de puestos no sustantivos en cada institución pública, a criterio de la Dirección General del Servicio Civil y MIDEPLAN, mediante la aplicación de índices homogeneizados de evaluación, lo cual atenta también contra la autonomía universitaria.

La autonomía universitaria, que es ejercida con pleno respeto de los principios constitucionales vigentes, comprende más que la simple “potestad de aprobación de planes y programas de estudio y finalidades”, “determinar estructuras internas” o “administrar personal y recursos”, tal y como erróneamente se viene opinando.

San José, 25 de febrero de 2021

MONUMENTO AL PREVARICATO. A propósito de su «inauguración»

Escrito en . Publicado en Madre Tierra.

  1. Porque el edificio de la Asamblea Legislativa, con más de 53.000 m2 de construcción se construyó irrespetando la Constitución Política y la Ley Orgánica del Ambiente.
  2. Porque se irrespetó de plano los decretos ejecutivos que contienen los reglamentos que rigen la materia de las EVALUACIONES AMBIENTALES, emitidos por la Setena (Secretaría Técnica Nacional Ambiental) para ser cumplidos.
  3. Porque igualmente se irrespetó al Senara (Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento) al obviar el dictamen que debió haberse solicitado sobre el importante acuífero subterráneo alcanzado con la profunda excavación del edificio.
  4. Porque no se hizo un estudio hidrogeológico del subsuelo en que se plantó el edificio (ni los otros estudios de ley) que manda el «Formulario de Evaluación Ambiental D1».
  5. Porque el entonces representante del ministro de Ambiente y Secretario General de la Setena, arrogándose personalmente funciones que le corresponden al órgano colegiado jerarca de esa Institución (Comisión Plenaria) AUTORIZÓ la no presentación del Estudio de Impacto Ambiental que obligatoriamente debió de haber presentado el desarrollador del proyecto, quien hizo por escrito la reprochable gestión para que se cometiera tan burda ilegalidad.
  6. Porque los miembros de la Comisión Plenaria, enterados luego de la grave ilegalidad cometida por su Secretario General, tramitaron un recurs administrativo sobre el acto indebido, «disimulando» la situación y convirtiéndose en cómplices de la irregularidad.
  7. Porque, además, se incumplió violentamente la normativa de la Setena que determina en qué casos se puede extender la validez de una VIABILIDAD AMBIENTAL otorgada para un proyecto, hacia otro ligeramente diferente, situación que no corresponde en el caso de este proyecto.
  8. Porque los órganos contralores del Ministerio de Ambiente (Minae) no cumplieron con el deber que juraron cumplir, de actuar diligentemente ante la evidente falta que se estaba cometiendo en un órgano bajo su jurisdicción, como es la Setena.

POR LO ANTERIORMENTE RESUMIDO, es materialmente imposible alegar que no se ha COMETIDO PREVARICATO en todo el proceso que condujo hacia la construcción de tan antiecológico inmueble, sede, paradójicamente, de la Asamblea Legislativa de Costa Rica.

(FREDDY PACHECO LEÓN, PhD en Ciencias Biológicas).