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Etiqueta: Asamblea Legislativa

El Acuerdo de Escazú, de lo sublime a lo indignante

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Hernán Alvarado

El Acuerdo de Escazú, según CEPAL, «plasma un paradigma de democracia ambiental fundamentado en la transparencia, la participación y la inclusión como base para las transformaciones sociales y ecológicas en la región».[1] Toda una joya de la diplomacia costarricense que consolida la narrativa país posicionada en el exterior, según la cual Costa Rica es un adalid de derechos humanos y amor a la naturaleza. Entre otras virtudes, ese tratado garantiza el derecho a la información y a la participación ciudadana contribuyendo a la protección de quienes defienden a nuestra Madre Tierra, en una América Latina que puntea en asesinatos de líderes sociales (Costa Rica suma al menos tres). Por lo demás, amarra los avances que ha venido cosechando el país en su legislación ambiental y constitucional, así que desde el principio cumple con el mínimo requerido.

No obstante, este gobierno y esta Asamblea Legislativa nos han dejado en ridículo por no estar entre los primeros que ratificaron para que el tratado entrara en vigor el pasado 22 de abril, a falta del segundo debate. Daño irreparable a la imagen del país que les reclamaremos siempre. Encima, el gobierno no ha hecho casi nada por impulsar y defender su aprobación definitiva. Imperdonable. Y hoy hasta corre el riesgo de ser rechazado, lo que sería una calamidad monumental y una vergüenza nacional sin parangón. Tal vez sea mejor mantenerlo en barbecho, como lo reconociera honestamente la diputada del PAC, Nielsen Pérez, hasta asegurarle los 38 votos; porque lo último que haría falta es que el Ejecutivo lo mande a votar para enterrarlo.[2] Por otro lado, cada día se agranda una duda en el exterior: ¿Será que Costa Rica sostiene un doble discurso en relación con derechos humanos y ambientales? ¿Será este el espejo donde nuestra hermosa imagen internacional revela su verdad de cuento bien fraguado para turistas incautos? ¿Y será casual que el Presidente Biden no haya invitado al presidente Alvarado a su cumbre climática en abril pasado?

¿Y por qué el gobierno y la mayoría de la Asamblea Legislativa se habrán puesto de acuerdo en esta otra barbaridad? Porque el tratado le inquieta al supremo inquisidor de la política pública que es la Unión de cámaras (UCCAEP). ¿Y con qué argumentos se opone? Con pocos y ridículos, ninguno válido.[3] ¿Y dónde los defiende? En ninguna parte, ¿para qué? Le ha bastado informar a sus seguidores del PLN, el PUSC y los demás partidos religiosos. Y, por supuesto, instruir al presidente, que fue electo como defensor de derechos humanos pero salió huero. Es tal el poder de ese grupúsculo que hasta la Sala IV ha recurrido otra vez a argumentos espurios para no favorecer la aprobación del tratado; evadiendo, desde luego, el fondo del asunto y congraciándose con esa configuración de fuerzas retardatarias. ¿Y la prensa plutocrática? «Calladita más bonita», como le gusta al patriarcado. Así que el Acuerdo de Escazú anda políticamente huérfano y podría ser postergado o malversado por la campaña política que se avecina, en la que casi todos compiten por parecer útiles a los dueños del dinero.

Pero tenemos que sobreponernos a la vergüenza y a la indignación que todo esto provoca y cuando menos tratar de comprender lo que está pasando, pues lo mínimo es conocer cuál es el enemigo real. Por tanto, ¿qué nos enseña esta inaudita e inédita situación? Lo que ya sabíamos: que en cuestión de política pública incide aquí, más que nadie, un grupúsculo con criterios trogloditas, al que no le importa el prestigio del país, la salud de la Madre Tierra o los derechos humanos; como tampoco le importa, nunca le ha importado, las comunidades indígenas. La única lógica que entienden es la de privatizar ganancias y socializar pérdidas. Algunos hasta se dicen católicos pero nada quieren saber de cuidar la «casa común» (Papa Francisco).

Claro, pero precisemos. Hay cientos de empresarios honestos en este país que respetan las reglas del capitalismo e incluso se arrollan las mangas para ganarse lo que se ganan. Ellos pagan sus impuestos a tiempo y los salarios de ley, porque saben que es absurdo matar de hambre a la gallina de los huevos de oro. Los hay que además impulsan programas de responsabilidad social, ambiental y comunitaria. También se enriquecen con el trabajo del prójimo, pero comparten algunos beneficios e incentivos asociados a productividad. Hasta pueden ser personas solidarias que aman su país, que pagan con gusto a la CCSS y no despiden al primer trabajador que quiere sindicalizarse.[4] Sin embargo, la gran mayoría son medianos o pequeños empresarios, sin tiempo para hacer lobby ni para formar parte de las directivas de sus respectivas cámaras.

Pero otra cosa es la mafia «empresarial», la que no paga ni el salario mínimo. El Ministerio de trabajo sabe que casi el 30 % de la fuerza laboral sufría ese flagelo en el sector privado antes de pandemia. En cambio sí paga la «ingeniería fiscal» que necesita para evadir y eludir sus obligaciones fiscales, mientras «exporta» sus ganancias a paraísos fiscales; así que ya tiene el déficit fiscal por encima del 8% del PIB y al país híper endeudado. Esa ingeniería ha inventado el capitalismo de ganancia cero, lo que le valdría para un Nobel en Economía. Estos capitalistas juegan sucio y rudo, mientras se disfrazan de «demócratas ejemplares» se niegan a pagar la seguridad social. Están también los que sin rubor contrabandean y estafan, o hacen extracciones ilícitas en bosques y ríos contaminándolos sin responsabilidad. Ellos se apropian ilegalmente de tierras del Estado o de las comunidades indígenas, venden al ICE electricidad que no necesita o cobran alquileres abusivos y sostienen otras prácticas monopólicas. Todos siguen el mal ejemplo de los usureros que por años han estado atracando a los deudores. Y quedan otras especies que caben en un largo etcétera. Y, por supuesto, también están entre ellos los que blanquean capitales al narcotráfico.

En fin, tales son los abanderados de la avaricia en el desfile del capitalismo salvaje que destruye las fuentes de toda riqueza (trabajo y la naturaleza); el mismo que está llevando a la hecatombe ecológica anunciada por el cambio climático. Todos bajo la ética del enriquecimiento ilimitado a la brevedad posible; de la concentración y centralización de la riqueza como objetivo absoluto, aunque se queden sin futuro, sin planeta, sus nietos y nietas. Actúan contra la sostenibilidad y gobernabilidad del capitalismo. De manera tan egoísta, miope e irresponsable que parecen anticapitalistas. Según la broma de Franz Hinkelammert, cortan la rama en la que están sentados. Pero, por ahora, para desgracia de todos, se van saliendo con la suya.

Mientras tanto, el Soberano, el Pueblo, con el mandato constitucional de gobernar junto a los tres poderes dizque independientes, permanece cual bello durmiente a la espera de que la Patria roce sus labios…

[1] Así anuncia el IILPES un webinar titulado: «Acuerdo de Escazú. Oportunidades del gobierno abierto ambiental», para el próximo jueves 20 de mayo del 2021.

[2] Ver un excelente análisis en: https://surcosdigital.com/la-entrada-en-vigor-del-acuerdo-de-escazu-sin-costa-rica-un-hecho-insolito-que-merece-explicacion-video/

[3] Ver el artículo de Alberto Salom, «El acuerdo de Escazú», del domingo 16 de mayo de 2021, en larepública.net.

[4] El presidente Biden acaba de hacer una defensa contundente de este derecho básico.

¿Qué quiso decir el Presidente?

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Vladimir de la Cruz

En la última parte de su discurso, al presentar el último informe de su gobierno a los actuales diputados el Presidente Carlos Alvarado Quesada dijo lo siguiente:

“Puede que haya llegado el momento de discutir y repensar nuestra Constitución para la época que vivimos, donde se reconozca un modelo semi parlamentario para gobernar, una identidad digital y derechos digitales para la modernidad, el cambio climático, la descarbonización y la sostenibilidad, el reconocimiento en igualdad de los derechos humanos de absolutamente todas las personas y la igualdad real entre hombres y mujeres como impostergable. No concibo futuros gabinetes que no sean paritarios. Para estas discusiones, también es menester madurez”.

El Presidente señaló la necesidad de “repensar” la Constitución para que “se reconozca un modelo semi parlamentario para gobernar”, así como “el reconocimiento en igualdad de los derechos humanos de absolutamente todas las personas y la igualdad real entre hombres y mujeres como impostergable”.

Lo esencial de su planteamiento es la necesidad de hacer una nueva Constitución, aunque no lo dijo de manera tan clara y directa. ¿Por qué el Presidente no se atrevió a plantear de manera inmediata esta discusión? El mismo pudo haber propuesto la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, o al menos la integración de una Comisión Nacional que lleve a cabo la discusión nacional para esa convocatoria, y la posibilidad de que se redacte una nueva Constitución.

Cuando habló de repensar la Constitución no pensó en agregar otras reformas parciales al articulado constitucional existente, a la larga lista de Proyectos de Ley que están en trámite legislativo para hacerle reformas parciales a la Constitución Política, que tiene a su vez más de 50 reformas ya hechas.

En su propuesta de Proyectos de Ley a la Asamblea Legislativa desde diciembre hasta ahora no ha hecho ninguna propuesta de Proyecto de Ley alguno que tenga relación con esos temas que dijo en su discurso ayer. En la Agenda legislativa que inicia este mes de mayo tampoco tiene una propuesta de Proyectos de Ley asociados a esos temas. El señalamiento que hizo, en breve, de las necesidades de esa Constitución, con el modelo semi parlamentario, es evidente que exige la convocatoria de una nueva Asamblea Nacional Constituyente, y no simples reformas parciales a algunos de sus artículos.

La sola convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente, o del proceso para que se convoque, hubiera sido suficiente para que Carlos Alvarado Quesada quedara grabado en la Historia Patria como el Presidente del Bicentenario, del período histórico que sigue a la simple celebración de esta fecha el 15 de setiembre y el 29 de octubre próximos.

La necesidad de una nueva Asamblea Nacional Constituyente se ha venido tratando desde principios de este siglo. El Dr. Walter Coto, que ha sido partidario de esta nueva Constitución, redactó como parte de su inquietud, una Nueva Constitución, a manera de tenerla como un documento para su discusión. Hace poco tiempo el Dr. Alex Solís, quien ha venido dirigiendo un movimiento en esa dirección, que tuvo el aval del Tribunal Supremo de Elecciones, para convocar un referéndum orientado a esta discusión, que fue obstaculizado por la Sala Constitucional, la Sala IV, impidiendo que se recogieran firmas para ese referéndum, también redactó una Constitución como base para abrir ese debate. Así, hay ya dos constituciones redactadas que bien pueden ser documentos de discusión, tan solo eso por ahora.

Le faltó al Presidente, con todo respeto lo digo, testosterona política para haber hecho esa convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente, de haber invitado con mayor decisión y claridad a la ciudadanía a iniciar el debate y hasta de haber integrado un Comité Nacional que dirigiera ese debate, no que redactara una propuesta de Nueva Constitución, tan solo abrir desde el Poder Ejecutivo esa discusión, ese debate.

Dijo el Presidente que para esa discusión de la reforma integral de la Constitución, que apenas delineó, es menester tener “madurez”, aspecto que evidentemente tampoco evidenció tener con su simple manifestación en ese sentido. Fue como tirar una piedra al aire o un distractor en el análisis de su discurso.

El escenario de esa nueva Asamblea Nacional Constituyente y del ambiente de su discusión, puede sacar temas que forzadamente algunos partidos y grupos quieren llevar al debate electoral y de la campaña política que ya está encima, temas que artificialmente quieren ponerlos de temas principales de esa ruta electoral.

No es casual la payasada que está haciendo una diputada, en el centro del escenario del Plenario Legislativo, para llamar la atención sobre temas que no están en discusión de la agenda parlamentaria. A mí me produce la sensación la señora parlamentaria que ella tiene un gran déficit emocional político. Es como si ella misma fuera un aborto político, o de la política que ella representa, en sí misma. Solo falta que ponga o intente poner una litera en ese sitio para llamar más la atención.

Le faltó al Presidente dirigirse a esta Asamblea Legislativa con visión del año que le queda de gobierno, con esta Asamblea legislativa, con los diputados que hasta ahora ha podido conducir, al menos con el apoyo de ellos y de sus partidos, en varias leyes que han sido trascendentes, más allá de si uno simpatiza o no con ellas, para el país.

Cuando Cristóbal Colón en su tercer viaje llegó a Venezuela, al Orinoco, perdió la cabeza ante la majestuosidad del río, de su belleza escénica. Creyó haber llegado al Paraíso terrenal, al Edén. Tuvo una etapa mística. Se le creyó loco. Cuando el Presidente Alvarado ha concluido su tercera legislatura pareciera estar desvariando como Colón … “de ahí que sea tan importante para nosotros, como pueblo, crear y gestionar nuestro propio programa de desarrollo, al 2030, al 2040, al2050”. Estamos en el 2021.

Espero que el Presidente en su tercer año de Gobierno no esté viviendo su etapa mística. No está en el Orinoco. Está entre los ríos Torres y María Aguilar, flanqueado por el Virilla, su escenario escénico que seguro no le desvela… Todavía le falta el cuarto viaje, 2021-2022 en su verdadera Ínsula de Barataria, no tan imaginaria, donde él es y sigue siendo El Gobernador…

En la década de 1970 se convocó por parte del Poder Ejecutivo un Foro Nacional para discutir y reflexionar sobre la Costa Rica del año 2000. Se invitó a los principales líderes políticos de ese momento a señalar sus derroteros. Se hizo el Foro, se recogieron las intervenciones en un libro. Se soñó de esa manera. El planteamiento del Presidente ni siquiera es de soñar en esa Costa Rica hacia el 2050…es tan solo de que los ciudadanos sean “útiles”, sean “serviles”, exageradamente humildes y serviciales con los superiores o poderosos para tener un beneficio… Así ve el Presidente Carlos Alvarado a los costarricenses hacia el 2050… “obsesionados en servir y ser útiles”, “obsesionados” en trabajar “por el bienestar de otros” para poder “recibir su verdadera paga…”. Así sueña el Presidente para “hacer grande el país, sin ataduras”.

Las recuperaciones indígenas son vida

Escrito en . Publicado en Derechos.

Por Pablo Sibar *

Los pueblos indígenas vivimos sumidos y abandonados en nuestros territorios y violentados por todos los medios. Los tres poderes de este país violentan los derechos del pueblo indígena: esta Asamblea Legislativa, el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo.

Vivimos sumisos y para sentirnos bien tenemos que callarnos, estar escondidos y no hablar. Desde el momento en que hablamos nos asesinan. Hace 40 años yo empecé esta lucha con el hermano Sergio Rojas y es una lucha muy desigual, totalmente desigual.

En las universidades se forman los procesos educativos, no hay un solo curso de derecho indígena en la Universidad de Costa Rica ni en las universidades privadas donde se forman los abogados. Es muy difícil manejar el tema indígena.

Como pueblos indígenas hemos sido reconocidos con derechos desde 1939. Tenemos una serie de jurisprudencia que no la consideran para tomar decisiones en los pueblos indígenas. Generalmente, cuando el juez toma una decisión la hace basada en la jurisprudencia que tiene a nivel nacional y no basada en los derechos que existen para los pueblos indígenas y que se han ido reconociendo.

En 1977 la Asamblea Legislativa hizo la Ley Indígena y es una ley muy importante; pero cuando el Poder Ejecutivo hace el decreto de la ley, nos mete las Asociaciones de Desarrollo, una instancia no-indígena y por eso hablamos de los Consejos tradicionales propios, de acuerdo con nuestra cosmovisión.

Los pueblos indígenas hemos vivido con miedo durante 40 años; por no decir 530 años. Hemos vivido ese miedo con los finqueros, con los terratenientes y ningún costarricense hace nada para que no sigamos sufriendo y viviendo ese miedo.

En el 2010 nos sacaron arrastrados de la Asamblea Legislativa por estar solicitando que se aprobara o se rechazara la Ley de Autonomía Indígena, pero que la convocaran al fin porque no era justo que la Asamblea no la hubiera convocado durante más de 20 años.

Para mí todos los costarricenses son culpables del asesinato de Sergio Rojas; todos. Y desde ese reconocimiento yo creo que debemos luchar para que no nos sigan asesinando. No puede ser que menos de un año después hay otro hermano indígena asesinado por el tema de tierras. Y no nos han seguido asesinando porque hemos parado las recuperaciones; hemos hecho un alto a las recuperaciones.

En el momento en que sigamos con las recuperaciones, nos seguirán asesinando y no es justo. No es justo que un juez ordene un desalojo de un territorio indígena; eso es grave. Es lamentable que todavía suframos esas humillaciones en la época en que estamos.

Si la Ley de Autonomía se hubiera aprobado, la situación sería diferente. Esa ley de autonomía hablaba de un montón de derechos; sin embargo, los mismos terratenientes no quisieron que se aprobara. Hicieron manifestaciones inmensas porque se ubican en una situación que es muy difícil de entender. Cuando un terrateniente le dice a uno, yo soy costarricense y vivo donde me da la gana, y le dicen a uno “mechudo, hediondo, indio, usted no sabe nada” es durísimo; pero ese racismo solo nosotros lo vivimos, solo nosotros que estamos en el territorio y que hemos emprendido una lucha para seguir viviendo.

Nosotros los pueblos indígenas sufrimos una discriminación total en el territorio. Hay abogados y abogadas que dicen: “Bueno, si los indígenas tienen su territorio, que no salgan a Buenos Aires. Si los indígenas están ahí, no pueden tener ninguna otra opción”. Esto es un proceso, la tierra indígena es una tierra que el Estado costarricense nos reconoció a pedacitos, ese pedacito de tierra nos lo reconoce el Estado; pero no es de nosotros. Está siendo de otras personas que lo están usurpando y nos están utilizando de peones y pagando miserias; pero muchas veces en Facebook y en las redes sociales se dice que si los no-indígenas salen de nuestro territorio, los indígenas nos vamos a morir de hambre.

A mí me gustaría que visiten las recuperaciones para que vean la vida que hay. En esas nuevas recuperaciones que hemos hecho hay vida, hay esperanza y hay seguridad alimentaria.

* Defensor de derechos de los pueblos originarios, indígena Bröran y dirigente del Frente Nacional de Pueblos Indígenas, FRENAPI

 

Compartido con SURCOS por Kioscos Ambientales-UCR.

Video: Juan Carlos Durán Castro “El pueblo debe mejorar su actitud sanitaria”

Escrito en . Publicado en Derechos, Salud, Trabajo.

SURCOS comparte la siguiente información:

«El pueblo debe mejorar su actitud sanitaria ante la nueva ola del Covid- 19, que sin duda ha mutado y es más agresivo según los expertos. Pero el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial deben tener plena seguridad que, sin trabajo, sin comida, sin Internet gratis para el estudiantado, sin un bono proteger reforzado y fiscalizado, sin ingreso para pagar:  préstamos en cualquier entidad financiera, el alquiler mensual, los servicios, el pago de la buseta escolar, el local y otras cositas básicas, NO HABRÁ, NO EXISTE MEDIDA SANITARIA EN EL MUNDO que detenga a un pueblo sin trabajo y con HAMBRE. Las madres y padres ticos y ticas se tirarán a las calles para alimentar a sus familias. Por lo tanto, NO ACEPTAREMOS que nos califiquen de VIOLENTOS Y VIOLENTAS, pues esa será una reacción humana natural y normal ante la falta de visión del Gobierno y la Asamblea Legislativa y su temor a meterle la mano a las cuentas de los ricos y evasores.

Adjuntamos el video:

Ley Marco de Empleo Público y equilibrio de poderes: programa Orden del Día

Escrito en . Publicado en Derechos.

El tema predominante en corriente Legislativa es el proyecto de Ley Marco de Empleo Público. Debido a esto, en el programa Orden del Día se analizará el tema y su relación con el equilibrio de poderes.

El programa tendrá la participación de Carlos Arguedas, Exmagistrado de la Sala Constitucional y exdiputado. También, participará Constantino Urcuyo, Politólogo-Abogado y exdiputado.

Usted puede seguir el análisis el próximo lunes 26 de abril a las 5pm, por la frecuencia radial 96.7 de Radio Universidad de Costa Rica y la transmisión vía Facebook Live en la página de Radio Universidad.

El espacio busca analizar los proyectos en corriente legislativa y sus implicaciones en el Estado Constitucional de Derecho y los derechos humanos.

Orden del día es conducido por la abogada, comunicadora y coordinadora del Programa de Libertad de Expresión y Derecho a la información, Giselle Boza Solano junto a Rosaura Chinchilla Calderón, abogada y docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica.

Video: “Techo digno para familias costarricenses”

Escrito en . Publicado en Derechos.

SURCOS comparte la siguiente información:

En el video que encuentran al final de la nota Orlando Barrantes del Bloque Vivienda, se refiere a la problemática que se encuentra vigente sobre el fondo de 28.000.000.000 que el BANHVI no ha logrado utilizar porque el ministro de hacienda Elian Villegas no lo permite, pese a que ya ese monto fue aprobado en el presupuesto ordinario en Asamblea Legislativa. El problema es que hay alrededor de 330.000 familias sin acceso a un techo digno y 13.000 personas que han perdido su trabajo debido a la falta de bonos para construcción.

Adjuntamos el video de Orlando Barrantes:

Foro: Empleo público e impactos económicos y fiscales

Escrito en . Publicado en Derechos.

El pasado 19 de abril del 2021 se desarrolló el foro virtual: “Empleo público e impactos económicos y fiscales. El objetivo de la actividad fue analizar los impactos económicos y fiscales que puede generar el Proyecto de Ley Marco de Empleo Público número 21336 que se discute en Asamblea Legislativa

En la actividad se detalló información del proyecto de ley y las propuestas económicas y fiscales del actual gobierno. Además, se combinó con información vinculada a la autonomía universitaria y el impacto de esta propuesta.

El espacio tuvo la participación de los diputados Pedro Muñoz y José María Villalta, el académico de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional, Fernando Rodríguez. Además, participó la economista y consultora Sofía Guillen y Gastón Baudrit, Asesor Jurídico del Consejo Nacional de Rectores.

La actividad fue desarrollada por la Vicerrectoría de Extensión de la Universidad Nacional de Costa Rica.

Usted puede observar la transmisión del foro en el siguiente enlace: https://youtu.be/CZdQ3VPkfPw

 

Información compartida a SURCOS por Henry Mora Jiménez.

Ley de empleo público y congelación de los salarios

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Jorge Hernaldo Jiménez Bustamante

Dos preguntas obligatorias ante la ley de empleo público que se tramita en la Asamblea Legislativa

¿Es esta una ley que procura ordenar el empleo público y terminar con la desigualdad salarial entre instituciones, o es una disimulada ley tributaria con la cual se pretende disminuir el déficit y la deuda pública?

¿Quiénes son los trabajadores del Estado a quienes se les obligará a pagar la deuda pública, y por qué ellos llevarán la peor parte en la voracidad estatal por recaudar impuestos entre los trabajadores?

Con la ley de empleo público, actualmente en trámite en la Asamblea Legislativa, se piensa recaudar, según un estudio hecho por Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, un 1,8% del PIB por año. En la primera década un 1,31%, en la segunda un 1,72% y en la tercera un 1,46% del PIB. Esto equivale a cobrar 653.000 millones de colones por año que se le rebajará de los sueldos y salarios de los 280.00 empleados públicos. En 30 años los empleados públicos pagarán 19.590.000 millones de colones, un 54% del PIB anual. En promedio cada trabajador pagará 68,7 millones de colones.

Este gravoso e injusto impuesto que se le impone a los trabajadores equivale a descontarle en promedio 2,3 millones de colones por año, o sea 195 mil colones por mes.

Las víctimas de esta injusta tributación son:

En el año 2018 el sector público tenía empleados 275.375, en el 2019 se produciría una creación neta de 774 puestos de trabajo y en el 2020 de 367 plazas. Este conjunto pertenece a 217 instituciones, entre gobierno central, Poder Judicial, Asamblea Legislativa, municipalidades, entidades autónomas y descentralizadas.

¿Cómo se compone esta fuerza laboral del Estado?

Un 37,4% trabajan en el sector educativo, la mayor parte maestros y profesores, 103.079. Apreciables y sacrificados trabajadores que con su cultura forman a todos nuestros hijos e hijas para el servicio de la patria.

Un 20,6% son trabajadores de la salud, buena parte de ellos son médicos, enfermeras y enfermeros, auxiliares de enfermería, en los cuales ponemos nuestra vida y salud cuando más los necesitamos. ¿Cuánto sufrimiento humano son capaces de afrontar con estoicismo estos nobles trabajadores, que nos alivian y nos consuelan en nuestros padecimientos? Ellos son 56.683 empleados.

UN 9,7% trabajan en la seguridad, de ellos depende la vida y la hacienda de todos nosotros quienes ante el peligro no dudamos en marcar el 911 y ellos no dudan en exponer sus vidas para evitar el crimen y el delito. 26.748 son policías o trabajan con ellos.

Un 7,5% son trabajadores del sector de energía y ambiente; todos sabemos y comprendemos la importancia de contar con la energía diariamente en nuestro hogar y en nuestro trabajo y también cuanto les debemos a quienes cuidan el ambiente en el cual vivimos.20.677 trabajadores.

Un 6,8% trabajan en hacienda y financiero, son los “malos de la película”, los que manejan nuestros dineros, públicos y privados y de cuya honestidad dependemos todos. Estos son un conjunto de 18.772 empleados

Un 5,7% son quienes trabajan en la elaboración de leyes y su aplicación, la Corte y la Asamblea, otros “malísimos” que tanto nos hacen sufrir y tan poco que se disculpan. Aquí trabajan 15.784 funcionarios de los que no podemos prescindir y quienes en su mayor parte son inocentes de las culpas de sus mentores.

En las municipalidades trabajan 15.156 empleados, un 5,5%.

Y todos los demás son un 6,8%, es decir 18.486 empleados públicos.

La mayor parte de todos estos trabajadores, por no decir todos, tuvieron que estudiar y prepararse, con muchos años de dedicación para ejercer en forma idónea sus puestos. Nadie quiere pensar cuan importantes son sus labores, ahora el conjunto de políticos, quienes han sido los que los comandaban y quienes han equivocado el camino por el cual transitar económicamente, creando enormes déficits y aumentando la deuda pública, les pagan sus servicios condenándolos a trabajar por siempre con un mismo sueldo; o sea sin la necesaria esperanza de que su experiencia se reconozca y se aumente su remuneración en sus años de madurez profesional.

Se ufanan en desglosar la injusta tributación que les impondrán a los empleados públicos, nos dicen que lo que le cobrarán a los empleados de los ministerios será un 0,8% del PIB en la primera década, un 0,94% en el segundo y un 0,98% en el tercero. Como sabemos el grueso de trabajadores de los ministerios son los maestros y los policías, que forman en conjunto un 47% de todos los trabajadores y un 85% de los trabajadores de los ministerios, entonces nuestros amados maestros y nuestros necesarios policías sufrirán un deterioro de sus salarios de 0,68% del PIB o sea de 246.840 millones en la primera década, un 0,64% del PIB, o sea 230.000 millones de colones, en la segunda década y un 0,71% del PIB, o sea 255.000 millones de colones, en la tercera década.

Esto equivale a un impuesto de 7.320.000 millones de colones en treinta años, que equivale a pagar en treinta años cinco PIB anuales, en términos porcentuales un 20,3% del PIB.

En promedio cada trabajador tributará 56,300.000 colones en los primeros treinta años, ya que adelante no recibirán tampoco incentivos salariales de ninguna especie.

Los empleados de la CCSS deberán tributar a su vez un 2,7 % del PIB en la primera década, un 4,3% del PIB en la segunda década y un 2,7% del PIB en la tercera década, en total en treinta años tributarán 9,7%del PIB que equivale a pagar 3.521.100 millones de colones en treinta años.

Ante esta inicua agresión de la clase política a los trabajadores del sector público es previsible una reacción equivalente, que sucederá pronto y por la vía más expedita. No es justo que todo el peso de la deuda se le recargue al sector trabajador cuando debería distribuirse proporcionalmente a todos los ciudadanos que estén en capacidad de contribuir con una disminución de los ingresos.

Alguien me dirá que este no es un impuesto, es cierto, pero en sus consecuencias es idéntico a tal. La diferencia es que el impuesto de descuenta del salario antes de ser pagado, este proceso de congelar los salarios negándoles sus aumentos anuales, se diferencia en que ya no será necesaria la deducción, porque el salario no tendrá el aumento y se evitarán la anotación que requeriría el impuesto.

Muy ingenioso, verdad.

Nota: Todos los cálculos están basados en publicaciones del periódico La Nación del 13 de setiembre de 1919 la cantidad y distribución de los empleados públicos y del 9 de abril del 2021 los cálculos de MIDEPLAN sobre el Proyecto de Empleo Público.

 

Foto: MEP

¿Liberación Nacional en la encrucijada?

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Vladimir de la Cruz

La alianza interna que han realizado en el Partido Liberación Nacional José María Figueres Olsen, Antonio Álvarez Desanti, Fernando Zamora Castellanos y Rolando González, alrededor de José María, alborotó el panal nacional electoral. Y ha contribuido a irle dando forma.

Dentro del mismo Liberación Nacional se afianzó la inscripción como precandidato del diputado Thompson, ex alcalde de Alajuela, luego la declaración del politólogo y comunicador Claudio Alpízar de que se inscribirá, y de manera parecida Rolando Araya, exministro, excandidato presidencial de Liberación en el 2002, con lo cual es evidente que el Partido Liberación Nacional no podrá evitar la realización de la Convención abierta para escoger su Candidato Presidencial, como ya tiene establecido.

La alianza dicha ha tenido los embates de quienes buscan pelos en la sopa. En lugar de valorar la importancia política que pueda tener un suceso como ese, se empeñan en buscar las contradicciones entre los aliados, contradicciones del pasado, decires del pasado, con ánimo más de impulsar su disolución, desunión o desencuentro político, o de intentar producir una imagen de división constante, de alianza meramente electorera, o de intereses espurios personales, sin entender que la política es un arte también de convenios, de negociaciones, de acuerdos, nos gusten o no. En este sentido todos los candidatos tienen pasado político electoral discutible. O, como hacen otras personas, interesados en buscar, como algunos han especulado, sobre los detalles meramente electorales de si en el acuerdo se tomaron decisiones sobre futuras candidaturas a diputados o ministros, como se ha corrido la bola de la hija de Antonio Álvarez Desanti, de paso una muchacha joven, capaz, inteligente, bien preparada profesionalmente, que de ser cierto ese acuerdo, bien le haría a la Asamblea Legislativa tener diputadas con su preparación. Si fuera cierto este rumor para mí es válido el acuerdo porque en todos los partidos políticos, en todos los del espectro político nacional, sin distinciones, se hacen ese tipo de acuerdos y de amarres. Negarlo es hipócrita, como se han hecho acuerdos en el pasado para decidir también candidaturas y puestos en las listas electorales de diputados.

En este caso para mí lo publicado como resultado del Acuerdo alrededor de José María es muy general pero esboza los elementos básicos y las directrices fundamentales de esa alianza, que es lo que corresponde a este momento de la campaña.

La salida de Rodrigo Arias apoyando la precandidatura del expresidente legislativo y diputado Carlos Ricardo Benavides, a quien también apoya la Presidenta Laura Chinchilla, lo que más evidencia es el alejamiento de Oscar Arias, que ya había formulado una candidata, como posibilidad de consenso para ese partido, candidatura que la misma postulada rechazó aunque la agradeció.

El arismo, como corriente interna en Liberación Nacional está dividido. Por un lado Rodrigo Arias y Carlos Ricardo Benavides, por otro el Presidente Arias, aparentemente solo, y aristas como Francisco Morales, Fabio Molina, Guillermo Zúñiga, Fernando Berrocal, Lina Barrantes, Olman Segura, Javier Flores, Ziany Villalobos, y otros de iguales quilates, con José María Figueres.

En ningún acuerdo de este tipo se puede poner, para decirlo de esa manera, todo el Plan de Gobierno o de la Plataforma de agitación electoral, menos en este momento de la campaña cuando todavía no están decididos ni escogidos los candidatos de todos los partidos, ni se sabe con certeza cuántos van a participar, ni de si habrá coaliciones electorales que muestren ante el electorado al menos la fuerza que ya tiene la que se formó en Liberación Nacional.

Al Partido Liberación Nacional le queda enfrentar, con toda la fuerza del caso, la situación que le ha reventado con uno de sus alcaldes en la zona sur, y con su Secretario General, diputado, y miembro por tres años consecutivos de la Comisión Antinarco de la Asamblea Legislativa, donde le vinculan a situaciones “engorrosas” en esta materia, siendo él también uno de los diputados que ha luchado porque se reduzca el presupuesto nacional de financiamiento de campañas políticas, lo que abre las puertas al narcofinanciamiento de candidatos y partidos.

La lucha contra el narcotráfico y la narco política tiene que ser enfrentada en toda la línea. Para un Partido como Liberación Nacional con más razón. Ya han tenido escándalos parecidos en el pasado, incluso en el seno mismo de la Asamblea Legislativa, cuando quisieron poner allí un Presidente Legislativo, que resultó después comprometido en esos asuntos. Para José María Figueres y su grupo político interno esta es una tarea política de primer orden. NO pueden apoyar ni defender a nadie que esté comprometido en estos asuntos, que estén ligados o cuestionados, y sujetos de investigación por estos vínculos. Es el Partido mismo el que debería estar dando esa lucha porque se esclarezca cuanto antes este asunto. Si se convierte en tema de elecciones en el segundo semestre puede producir más chispas de la cuenta.

Cuando en Liberación Nacional se exigen 30 millones de colones y en la Unidad Social Cristiana 40 millones para inscribir candidaturas presidenciales, es mucha plata, que no es fácil tenerla a la vista ni a disposición de ofrecerla solo para inscribirse y darle movimiento al dinero.

Los órganos policiales y de inteligencia, como los de Hacienda bien podrían investigar el origen de esos dineros, con apoyo del Tribunal Supremo de Elecciones. Si se ponen cifras para inscripciones de diputados hay que estar atentos a estos movimientos económicos de los postulantes, si tienen la capacidad de poderlos justificar. Esto también es tarea de los mismos partidos políticos para no verse en posibles escándalos. Esto ayuda a entender también la importancia del financiamiento público de las campañas electorales.

La situación de la zona sur de desarrollarse escandalosamente puede poner a Liberación Nacional y a su principal candidato en una peligrosa encrucijada.

El diputado Viales mientras está la investigación, al menos al momento de escribir esta columna, si no lo ha hecho ya, debería separarse de su alto cargo partidario por su propia iniciativa o a petición del Directorio Político de Liberación Nacional, y si no es por ellos, al menos por presión de los precandidatos de ese partido… sería lo menos…

En el Partido Unidad Social Cristiana sigo pensando que hay poco qué hacer, política y electoralmente, con lo que tienen a la vista, ante el próximo proceso electoral.

El retorno eventual a Costa Rica de Rodolfo Piza Rocafort, quien fue el último candidato presidencial, en las anteriores dos campañas, por ese Partido, que fue quien le dio aire a esa tienda política, que le dio de nuevo visión de gobernabilidad, que es importante por el peso político que él tiene y significa, que rescató a ese Partido, con su posible retorno agitó las aguas electorales al interior y fuera de la Unidad Social Cristiana. Al interior porque saben que si Rodolfo Piza se lanza por otro partido menos tienen qué hacer.

Pero, es claro, como lo ha dicho Rodolfo Piza, que no viene a integrarse a la Unidad Social Cristiana, por cuanto sus estructuras partidarias son deficientes para atender la campaña electoral de acuerdo a la posibilidad de su candidatura presidencial, que en ese partido significaría la de un simple monigote que no tiene opción alguna de proponer y escoger algunos candidatos a diputados, como se acostumbraba antes, por los candidatos presidenciales en los partidos políticos mayoritarios, debido a que en este partido lo hacen las asambleas provinciales, así como la renuncia del partido a posibilitar coaliciones electorales, como lo sugirió el Expresidente Miguel Ángel Rodríguez, uno de los líderes políticos e ideológicos más importantes de ese Partido.

En esta perspectiva, ¿dónde puede encajar Rodolfo Piza? Sinceramente no lo tengo claro todavía. Por sus expresiones de que debe constituirse un frente electoral humanista, progresista, liberal, socialdemócrata, socialcristiano y cristiano, lo que expresa el abanico amplio de posiciones, renunciando a definirse de centro derecha o de derecha, podría ser que se esté incubando alrededor de su gran figura política, esa unidad de fuerzas alternativas frente al Partido Acción Ciudadana, en el Gobierno, y al mismo Liberación Nacional, como la principal fuerza opositora en perspectiva.

¿Estaría Rodolfo Piza, en esta posibilidad de reunir alrededor suyo a figuras como Eli Feinzag, Natalia Díaz, Rodrigo Chávez, el mismo Miguel Ángel Rodríguez apoyando? Sin lugar a dudas la posible candidatura de Rodolfo Piza cuenta con apoyos políticos nacionales fuertes.

El llamado subliminal de Rodolfo Piza a los socialdemócratas es a aquellos que no están muy de acuerdo, o en desacuerdo, con la alianza que ya se estructuró dentro de Liberación Nacional.

En el caso del Partido Acción Ciudadana está claro que siguen sin definir públicamente sus posibles precandidatos internos. Se mueve este partido a punta de rumores. A los ya conocidos precandidatos de rumor se sacaron de la manga al ex ministro de Educación, Edgar Mora, que no es, que yo sepa, militante del Partido Acción Ciudadana, que lo sigue siendo de Curridabat Siglo XXI.

La candidatura de Edgar Mora, talentoso, inteligente, diligente, buen funcionario municipal, cuestionado ministro, es aparentemente el as de la manga del Presidente Carlos Alvarado, de quien se dice que es su candidato frente a los que se impulsan desde la Comisión Política del Partido Acción Ciudadana, y de su sector de izquierda, y frente a los que promueven la candidatura de la Embajadora en España, Ana Helena Chacón Echeverría.

La sorpresa de la semana fue la candidatura del exviceministro y ex diputado, líder del movimiento cooperativista, Oscar Campos, por un partido, Encuentro Nacional, que está en proceso de inscripción, que aparentemente responde a las necesidades del movimiento cooperativo nacional, que tienen una gran masa de afiliados, que de distinta manera responden también a los distintos partidos políticos del país. Pero, si es una fuerza del cooperativismo como tal sería interesante ver cómo se desarrolla.

El resto de los partidos no se mueven en estas agitadas aguas electorales, parecieran hasta ahora anclados, antes que a la deriva.