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Etiqueta: Asamblea Legislativa

Protocolo de Nagoya. Una vez más quieren ratificarlo sin consulta

17 febrero, 2021. El protocolo de Nagoya (PN) dice buscar el acceso justo y equitativo a los beneficios derivados del uso de los recursos genéticos. Hacia el final de 2010, el PN fue adoptado para implementar parte del Convenio de Diversidad Biológica (CDB) de las Naciones Unidas. Sin embargo, una gran mayoría de comunidades indígenas y campesinas desconocen su contenido y alcance, mientras organizaciones ecologistas y agrícolas se oponen a sus planteamientos.

El PN fue rechazado anteriormente en dos asambleas legislativas (2011 y 2016) por la Comisión de Ambiente, gracias a las objeciones de organizaciones campesinas, indígenas y ecologistas. En esas dos oportunidades fue discutido en la Comisión de Asuntos Ambientales, actualmente se encuentra en la Comisión de Asuntos Internacionales a pesar de que es un tema muy técnico y relacionado directamente con el uso de la biodiversidad y con los intereses de las comunidades campesinas y los pueblos indígenas. Cabe recalcar que no se ha realizado, en esta oportunidad, ninguna comparecencia de organizaciones que no estamos de acuerdo con que se ratifique el Protocolo.

Para la Red de Coordinación en Biodiversidad es primordial “que se consulte a los pueblos indígenas y comunidades locales antes de ser discutido por el pleno de la Asamblea Legislativa, respetando la legislación nacional e internacional, como lo es el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales.

Para las y los ecologistas, el PN no cumple con los objetivos de defender los recursos genéticos y el conocimiento asociado a ellos, si no que los contradice. Su ratificación implicaría que los recursos de la biodiversidad, considerados de dominio público en Costa Rica, se traten como si fueran bienes patrimoniales del dominio privado, tal y como se quiso hacer en el caso del Proyecto Minero en Crucitas, o de explotación petrolera Harken, entre otros. Esta última preocupación

también fue destacada por la oficina legal del MINAET (oficio inf-11-ot-2011 del 14 de abril del 2011) (ver más).

El Protocolo tiene particular interés en las comunidades indígenas, ya que busca incluir el patrimonio genético de las comunidades indígenas y sus saberes ancestrales en el desarrollo de la biotecnología, sin siquiera considerar alguna reglamentación ética o de derechos humanos. Atenta contra la propia sabiduría, cosmovisión y cultura de las comunidades y pueblos, que han sabido crear un vínculo con los bienes naturales y crear saberes y conocimientos puestos a la disposición solidaria, de tal manera que puedan continuar alimentándose y atendiendo su salud.

Si quiere conocer más sobre el Protocolo de Nagoya y sus problemas de fondo y de forma, les invitamos a leer los siguientes documentos elaborados por diferentes organizaciones a nivel latinoamericano:

-Cuaderno de Biodiversidad #2 – Convenio de Diversidad Biológica y Protocolo de Nagoya. http://www.biodiversidadla.org/content/download/167993/1243999/version/1/file/Convenio+de+Diversidad+Biol%C3%B3gica+y+Protocolo+de+Nagoya+-

+Cuadernos+de+Biodiversidad+%232.pdf

-Escaramujo N°86. ¿Qué es el Protocolo de Nagoya?. Otros Mundos, Chiapas, México. https://otrosmundoschiapas.org/el-escaramujo-no-86-que-es-el-protocolo-de-nagoya/

– Organizaciones conservacionistas y de pueblos indígenas y comunidades campesinas piden consultar Protocolo de Nagoya. Audiencia en Asamblea Legislativa, 2016. https://www.youtube.com/watch?v=EnpAvWWA294

– Protocolo de Nagoya: porqué oponerse, http://www.biodiversidadla.org/Noticias/Protocolo_de_Nagoya_porque_oponerse

Informes: Red de Coordinación en Biodiversidad, Silvia Rodríguez, silroce@gmail.com o Mariana Porras, mariana@coecoceiba.org

 

Enviado por Henry Picado.

Llamado a la defensa de la Universidad Pública

Rectores e integrantes de las comunidades universitarias se congregarán este jueves frente a la Asamblea Legislativa para defender a la Universidad Pública y su posibilidad de desarrollar sus actividades académicas con independencia, lo que la llamada Ley de Empleo Público limitaría.

El presidente del Consejo Nacional de Rectores y rector de la Universidad Nacional, Francisco González Alvarado, hizo un llamado a la comunidad universitaria y nacional para defender a la Universidad Pública y la autonomía universitaria en el marco del trámite legislativo de la Ley de Empleo Público.

“En seguimiento a las acciones desarrolladas respecto al proyecto de Ley de Empleo Público y como resultado del análisis realizado en CONARE, los rectores, de las Universidades Públicas, hacemos un llamado vehemente a las Comunidades Universitarias y nacional a tener presencia física, guardando todas las medidas sanitarias, frente a la Asamblea Legislativa este jueves 18 de febrero, a partir de las 10 a.m. Para ello se declara un cambio de actividades, con el fin de que la mayoría de las personas participen en tan importante manifestación”.

Además, González Alvarado invitó a la población universitaria y nacional a informarse, a dialogar sobre el tema y promover la tomar conciencia sobre la importancia de la universidad pública para nuestro país y del respeto constitucional a la autonomía universitaria, en el sentido “de independencia para el desempeño de sus funciones y de plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, así como para darse su organización y gobierno propios”.

Contención del gasto desde Conare

  1. Sobre los cuestionamientos de la Asamblea Legislativa en materia de contención del gasto de las universidades estatales, Francisco González aprovechó para recapitular las medias aplicadas en esta materia y en política salarial por estas casas de educación superior:
  2. Las universidades estatales, de cara al aseguramiento de su sostenibilidad financiera y en el marco de su autonomía constitucional, han tomado decisiones y modificado su normativa para homologar sus pluses salariales al Título III de la Ley 9635, Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Estos cambios han sido aplicados por algunas desde el año 2019 y otras a partir del 2020. De igual forma, han cumplido con el Título IV de “Responsabilidad Fiscal de la República”, de la ley citada.
  3. Además, como parte del apoyo de las universidades al país, para enfrentar su situación económica, aceptaron un ajuste de su presupuesto 2021 de un 5% respecto al monto que constitucionalmente les correspondía, lo que significan ₡27 590 millones menos. Todo esto, sin afectar el número de cupos de estudiantes de primer ingreso y la calidad del servicio educativo y el quehacer universitario en general.
  4. La Universidad de Costa Rica y el Instituto Tecnológico de Costa Rica, renegociaron sus convenciones colectivas. La Universidad Estatal a Distancia y la Universidad Técnica Nacional no tienen convenciones colectivas.
  5. En el caso de la Universidad Nacional si bien la Convención Colectiva está homologada y prorrogada por el Ministerio de Trabajo hasta abril del 2023, ha iniciado desde finales del año pasado un proceso de negociación entre el sector sindical y las autoridades, para modificar artículos puntuales asociados al peso presupuestario del rubro laboral, como parte de las medidas de contención del gasto y sostenibilidad financiera en general.
  6. Para el año 2021 ninguna universidad pública ni el Consejo Nacional de Rectores tiene previsto el pago de reajuste salarial, ni de anualidad.
  7. En los últimos ejercicios presupuestarios y con mayor énfasis en el 2020, las universidades estatales han aplicado otras medidas de contención del gasto como son:

× Dedicaciones exclusivas solo para personas licenciadas y según el interés institucional.
× Disminución de plazas administrativas.
× Disminución del porcentaje de dedicación exclusiva.
× Restricción y reducción del pago por tiempo extraordinario.
× Revisión y reducción de cargas académicas para la asignación de jornadas.
× Reducción de cuartos de tiempo adicional en académicos.
× Disminución en porcentajes y regulaciones para el incentivo por mérito académico para personal administrativo.
× Revisión y ajuste de normativa para carrera profesional o administrativa y régimen académico.

La ejecución de éstas y otras medidas administrativas ha generado ahorros significativos en las finanzas universitarias, lo cual ha sido invertido en reforzar los programas de becas estudiantiles, hacer aportes en investigación y desarrollo, logística de distribución y acción social comunitaria para atender el flagelo de la pandemia COVID-19 y realizar aportes importantes al bono proteger impulsado por el gobierno para ayudar económicamente a las personas más vulnerables, desempleadas y en condición de pobreza extrema.

Video adjunto:

https://www.unacomunica.una.ac.cr/index.php/febrero-2021/3353-llamado-a-la-defensa-de-la-universidad-publica

***Mayor Información con: Francisco González Alvarado (8306-8777) Oficina de Comunicación de la Universidad Nacional, (2237-5929/8720-4908).

 

Enviado por Oficina Comunicación UNA.

Los ataques a la Educación Pública – Desde la Otra Acera

Esta semana en Desde la Otra Acera, el Secretario General de APSE nos ofrece el editorial “Los ataques a la Educación Pública”, donde explica cómo el Gobierno y algunas fracciones de la Asamblea Legislativa le han jugado sucio a la Educación Pública.

Contamos con la participación de Marvin Padilla, Martha García y Jackeline Ureña, docentes que relatan los impactos de los recortes a la educación, y también nos acompaña el asesor legislativo Jonathan Acuña para entender la naturaleza de esos recortes.

Además, en el vox populi conversamos con algunas madres y padres de familia, sobre las condiciones de la Escuela Santa Marta en San José. Acompáñenos todos los jueves a las 7:00 p.m. con el programa “Desde la Otra Acera”, por medio de @apseinforma en Facebook y YouTube.

 

Enviado por APSE.

La gravedad de la crisis y el deplorable espectáculo en la Asamblea Legislativa

Luis Fernando Astorga Gatjens

La comparecencia del Presidente Carlos Alvarado Quesada ante la comisión de la Asamblea Legislativa que investiga el caso de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD), no debe ser del agrado de la inmensa mayoría de las y los costarricenses.

No porque se valore negativamente que el Presidente fuera llamado a dar explicaciones, sino por cómo se desarrolló la comparecencia y el espectáculo que muchos legisladores, vienen montando desde que emergió el caso. Es importante que el Parlamento en un sano ejercicio de control político, valore en profundidad si desde la Casa Presidencial, se actuó incorrectamente al crear a la UPAD como una unidad de análisis de datos que fue creada con el propósito “de ayudar a tomar decisiones al Presidente Alvarado”, tal y como se ha indicado oficialmente.

Sin embargo, cómo han venido actuando la mayoría de partidos y diputados, se pone en evidencia la graveded de la crisis política que enfrenta el país en el año de su bicentenario. Lo que debía ser un proceso y un acto de la mayor seriedad (la comparecencia en el recinto legislativo del Presidente de la República), lo convirtieron en espectáculo deplorable que les deja muy mal parados.

En primer lugar, es necesario dimensionar con objetividad el alcance la privacidad de datos en un presente donde las gigantescas empresas tecnológicas, han alcanzado una penetración tan amplia y profunda en los datos de los usuarios, que deja a las y los ciudadanos en estado de indefensión al utilizar las redes sociales.

La anulación de cuentas de usuarios de las redes, a partir de justificadas razones también puede dar paso a abusos y discriminación que anule cuentas por ideas que no sean aceptadas por quienes dirigen esas redes sociales, que aunque sus dueños son empresas privadas su repercusión en el mundo de hoy, alcanzó un amplísimo impacto público. De esta manera, estas redes no sólo pueden acceder –como lo hacen a información privada y datos íntimos de las personas—sino que pueden convertirse en censores que violen el derecho de la libertad de expresión y pensamiento.

De ahí que ya en distintos países, diversas voces estén planteando la necesidad y urgencia de regular a esas mega empresas tecnológicas, para evitar que se pongan por encima de los Estados en acciones que violen los derechos de los ciudadanos.

Empero en ningún momento, los diputados protagonistas de la comparecencia presidencial dedicaron alguna crítica al rol censor que pueden ejercer –y que ya están ejerciendo—esas redes sociales, cuya omnipresencia y amplísimo peso, forman parte de la realidad actual de las sociedades y los países.

Hay sin embargo, otra situación más grave aún en el contexto de esta comparecencia: El país enfrenta –como nunca antes– los efectos de una devastadora pandemia que ha generado una crisis múltiple, en los ámbitos: sanitario, económico, social, cultural y político. Se trata de una crisis que preocupa a millones de costarricenses por el empobrecimiento que ha generado y genera, y porque no ha encontrado ni por parte del Gobierno del Presidente Alvarado, ni casi la totalidad de las diputadas y diputados, respuestas adecuadas y eficaces para enfrentarla.

Cuando el país ha requerido y requiere en forma urgente, visión y políticas de Estado; lo que ha venido ganando la partida son pequeñas políticas, que responden a intereses de grupos económicos y políticos minoritarios. Tristemente –es bueno decirlo con franqueza– muchas de ellas obedecen a ocurrencias e improvisaciones de legisladores, cuya mayor preocupación es alcanzar notoriedad aunque sea efímera y superficial. Cuando el país necesita políticas patrióticas de luz larga, las que están emergiendo no alcanzan ni para la luz de “parking”.

La multi-crisis pandémica demanda madurez, sabiduría y unidad nacional, pero al ser este 2021, un año electoral, lo que emerge con mayor fuerza, es la proliferación de intereses grupales politiqueros y la desunión para encarar las impostergables respuestas de solución, que nos lleven a una reactivación económica, inclusiva y solidaria.

También cabe subrayar que el deplorable espectáculo legislativo montado, tiene un costo económico que se carga al debilitado erario público del país. Pero sobre ese “detalle” tampoco hay consciencia en el recinto legislativo.

La indignación ciudadana ante este deterioro de lo que dicen y hacen los actores políticos que están marcando la distorsionada agenda política del presente, debe ser canalizada no sólo mediante el rechazo comunicacional sino a través de una participación política activa, que contribuya a cambiar el rumbo del país hacia la inclusión social y la solidaridad. El bicentenario nos lo demanda como nación.

(13 de febrero, 2021)

El circo legislativo del 10 de febrero

Vladimir de la Cruz

Primer acto:

El pasado miércoles el Presidente de la República se presentó al recinto parlamentario, obligado bajo amenaza de ser llevado con la Fuerza Pública, de la cual el Presidente es su máximo jerarca, pero convencido de que lo que estaba sucediendo no era constitucional, ni podía ser conminado de esa manera por un grupo de diputados, donde parecían más una recua política, en la cual uno tras otro rebuznaba, más que razonaba, procurando ver cómo encontraban algún resquicio que les permitiera aprovechar algo para solucionar el problema que se ha creado, más artificial y políticamente, que de la realidad real de la Casa Presidencial, alrededor de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD).

Entró el Presidente, al Palacio Parlamentario, con la entereza y la dignidad de su cargo, portando la Constitución Política bajo su brazo izquierdo, llevándola muy cerca de su corazón, y en conciencia, sabiendo y teniendo en su mente que había jurado defenderla y, convencido, de que su presencia de esa forma era inconstitucional, pero que en esa inconstitucionalidad provocada por los diputados que le obligaron a presentarse de esa manera, él estaba defendiendo la Constitución Política que juró defender y cumplir, y se las estaba enrostrando en su cara, y la defendía de cara a la ciudadanía que seguía el show circense, montado con ese propósito, en el escenario que habían montado alrededor de esa llegada, y en el Teatro que convirtieron el Plenario Legislativo.

No tuvo gran sorpresa, en esa entrada, de lo que parecía, viéndolo en la televisión, un ring de boxeo o de lucha libre, cuando era la plataforma, la pista de circo, donde iban a operar el grupillo de presentes, con voz y voto, y algunos solo con voz, que como no tenían nada que decir, pasaban la voz, como en el viejo teatro griego donde se ponían la máscara para representar otro personaje, o para hacerse representar por otro, en cierta forma, o hablar por otro, en este caso, de una manera cobarde y escapista.

En el aparato de televisión se distinguía bien cuando los actores de ese circo se ponían la máscara de la comedia, la de la tragedia, o la del drama. Era una mezcla de llanto y de risa, símbolos de las máscaras, ahí en ese escenario, para los espectadores serios a la distancia, que veían aquella escena, que parecía una farsa, en este caso, no tan breve, de 8 horas, de teatro cómico y satírico que exhibe aspectos ridículos y grotescos de ciertos comportamientos humanos, entre ellos el comportamiento de legisladores.

Entre los actores del circo había orgásmicamente felicidad y tristeza, emoción y depresión al enfrentar al Presidente, que parecía más un convidado de piedra, que no le permitían explicar y dar respuesta ampliamente a lo que se le preguntaba, le interrumpían o le pedían que no siguiera explicando. Probablemente, para el Presidente quienes ante él actuaban, de esa manera, y usaban esas máscaras, de conformidad a la tradición teatral árabe seguramente se le mostraban como bufones, payazos, y personas risibles.

La acrobacia, el contorsionismo, la cuerda floja, la cama elástica, el balancín, el equilibrismo, el escapismo, la magia, el malabarismo, el trapecismo, el forzudismo, y las otras artes circenses estaban dispuestas para que el gran público apreciara por donde se iban a mover los actores del circo y por donde querían llevar al invitado a esa actividad teatral. Faltaron tragafuegos, que sí había quienes escupían fuego, tragasables que al menos los exhibían, al estilo de los tribunales religiosos medievales e inquisitoriales.

No se sorprendió el Presidente cuando vio que los presentes, con ropa de diputados, actuando como diputados, en ese circo político que se había montado, mientras él llevaba su Constitución en su corazón y en su mente, los veía de pie y sentados, poniéndoles sus zapatos encima a esa Constitución Política. Bastaba ver cuando le preguntaban tontamente si él, el Presidente, estaba convencido de que el acto en que participaba era inconstitucional, cuando ellos, con la Constitución, bajo sus zapatos, estaban ensuciándola y pateándola, y le conminaban con esa pregunta.

Uno de los presentes al menos tuvo la gallardía de decir y reconocer que se trataba de un verdadero juicio político, que de eso trataba porque esa era la labor que ellos hacían en el llamado control político legislativo. Un personaje circense que quiere llegar a ser Presidente de Costa Rica defendiendo los juicios políticos, al estilo de cualquiera de los grandes, medianos o pequeños déspotas, dictadores, tiranos, sátrapas, de todos los continentes, de todos los que han existido usando su poder político sobre el judicial.

Segundo Acto:

El escenario, la pista del circo. El Presidente fue llamado por una Comisión Investigadora del caso UPAD. Las Comisiones tienen recintos o espacios en el nuevo Edificio Legislativo para trabajar y llevar a cabo sus funciones. Están también los escenarios de los Mini Plenarios, donde se reúnen con capacidad legislativa grupos de 19 diputados. Son espacios abiertos a la prensa y al público que puede asistir a ver las sesiones.

En ocasiones se puede solicitar a los diputados que una situación de una Comisión se trate y se conozca en el Plenario legislativo, actuando todos los diputados como Comisión al efecto, y así se sesiona en el recinto del Plenario Legislativo.

En esta ocasión no se acudió a pedir al Plenario de los Diputados que actuaran como Comisión todos y hacer del Plenario el escenario de la Comisión Investigativa de la UPAD.

Para esta oportunidad, obviamente, por el magnicidio que se pretendía montar se solicitó el Salón Plenario, donde se reúnen los 57 diputados, para que allí se realizara el teatro, o el circo, donde se esperaba que se llenaran los palcos con los restantes 57 diputados que no son miembros de la Comisión, actuando como palcos del circo que se montaba. Los de la gradería se sol, o del último piso de ese circo, estábamos a la distancia, siguiendo el show desde las casas o desde la radio, en casas o en autos.

La sorpresa fue que esa gradería de los 57 palcos estaba literalmente vacía. Solo estaban, en la pista del circo que se montó, los diputados de la Comisión, y unos pocos, poquísimos, que llegaron a pedir la palabra para cederla, y unos para hablar por ellos mismos. Para el resto de diputados, para los ausentes al Plenario, parecía que eso no tenía ninguna importancia ni trascendencia.

Si se esperaba por los organizadores del circo que aquello iba a ser apoteósico, fue un verdadero desastre, eso sí político. Fue una función circense que no provocó el aplauso, ni el compromiso del resto de los diputados, ni del gran público a la distancia, lo que no quiere decir que estén de acuerdo con UPAD. Pero sí evidencian el repudio a la forma teatral con que se montó ese acto inquisitorio.

Si podía o no actuar la Comisión en el Plenario legislativo es una discusión de poca monta. Perfectamente podían hacerlo siguiendo los rigores de los trámites administrativos y políticos para hacerlos. Los trámites políticos, porque tiene que haber habido acuerdo político de los Jefes de las Fracciones parlamentarias para proceder de esa manera, con acuerdo también del Directorio Legislativo.

La Asamblea Legislativa a todos los efectos es su Edificio, es la representación genuina de la máxima Casa del Pueblo. El Plenario es su símbolo supremo, donde se reúnen los 57 diputados, los representantes populares, los diputados que expresan de la forma más amplia la voluntad política, electoral y soberana del pueblo costarricense.

Si la Asamblea Legislativa puede cambiar su recinto de sesiones plenarias, y trasladarlo fuera de San José, como a veces ocurre, obvio es que el recinto de comisiones pueda cambiarse dentro del mismo edificio legislativo, incluso usando el Salón Plenario si así se dispone por acuerdos legislativos de carácter administrativo. Lo han hecho en el pasado para ir a la Casa Presidencial también.

Tercer Acto:

La inconstitucionalidad del acto circense. Que las Comisiones Especiales Investigadoras de la Asamblea Legislativa puedan hacer comparecer a cualquier persona, para interrogarla, no quiere decir que puedan hacer eso con quien ejerce la Presidencia de la República, en su condición de Presidente. Esa es la única persona que está excluida constitucionalmente de ese llamado, ni por la fuerza. No existe la figura constitucional, ni legislativa, ni del reglamento legislativo, que tiene fuerza de ley, para llamar al Presidente a estos interrogatorios, interpelaciones y conminaciones.

El único acto al que el Presidente está obligado ante la Asamblea Legislativa, ante sus Diputados, es a presentar en forma escrita el 1 de mayo de cada año su Informe sobre la Buena Marcha de la República. Ni siquiera está obligado a irlo a leer. Bien podría enviarlo y que el Secretario del Congreso lo lea.

La tradición ha establecido que el Presidente se presente a leerlo, en un acto de la mayor solemnidad establecida. Este Informe sobre el Estado de la Nación ni siquiera se discute con el Presidente. Se le recibe y luego, en los siguientes tres días, por un corto espacio de tiempo, los diputados y sus fracciones tienen unos minutos para referirse a este Informe. Esa sería la gran oportunidad de discutir a fondo, y con sesiones de ocho horas, como la del miércoles pasado, ese Informe, que a todas luces es más importante.

La discusión del Informe Presidencial que hacen los diputados es en mucho ridícula, vacía, y no deja nada de resultado, es un canto a la luna.

Los Ministros, que sí pueden ser interpelados por la Asamblea Legislativa, y hasta sancionados, están igualmente obligados a entregar anualmente, un Informe similar al del Presidente, ante los diputados, antes del 15 de mayo de cada año. ¿Cuándo han sido llamados los Ministros o interpelados sobre sus informes a la Asamblea Legislativa? Nunca, que yo recuerde, han llamado a algún Ministro, que además tienen asiento legislativo, con voz, que pueden asistir o concurrir en cualquier momento, si así quisieran, a las sesiones.

Ni siquiera sobre parcialidad política del Presidente podría ser llevado a la Asamblea Legislativa. En este caso tan solo se tramitaría ante la Asamblea Legislativa la acción respectiva para “dar cuenta del resultado de la investigación”. Ni siquiera se señala en la Constitución que sea para levantarle la inmunidad y someterlo a los Tribunales de Justicia.

La Asamblea Legislativa puede admitir acusaciones, en trámite judicial, contra el Presidente, que no es el caso de esta situación de la UPAD, para levantarle su inmunidad.

Cuando en la Constitución se habla de que a la Asamblea se puede hacer comparecer a cualquier persona, a renglón seguido se menciona que se puede interpelar a los Ministros, pero se excluye al Presidente, por el rango de la investidura y representación que tiene. Y esto tiene que respetarse, lo que no se hizo, violentando la Constitución Política con el acto bochornoso del pasado miércoles 10 de febrero, y con los actos envalentonados, al estilo de Trump, de algunos diputados, que provocadoramente le solicitan al Presidente que acuda a la Sala IV para reclamar su inconstitucionalidad, y poner a chocar a los tres Supremos Poderes de la Republica. ¿Qué quieren con esto? ¿Más circo en el período pre electoral?

La Oficina de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa, que asesora en materia jurídica a todos los diputados y a sus respectivas fracciones partidarias había establecido que era inconstitucional lo que se pretendía con el Presidente. ¿Por qué el grupillo de diputados de esta Comisión se empeñó en actuar contra la Constitución Política? ¿Fue solo por hacer un montaje politiquero, en este momento que está en marcha la campaña electoral?

Enseñar de esta forma, por parte de los diputados, a irrespetar la Constitución Política es introducir la violación de la Constitución como una práctica cotidiana por cualquier persona o grupo de personas, es debilitar el sistema jurídico nacional y las bases del Estado de Derecho y del Estado Social de Derecho que hemos construido en estos 200 años de vida Independiente, es llamar a ejercer el autoritarismo en cualquiera de las formas que pueda manifestarse.

La inconstitucionalidad realizada es también un acto de ilegalidad contra el Estado de Derecho existente, que pone en entredicho la relación jerárquica de los Poderes Públicos, haciendo del Legislativo un órgano autoritario que, con este comportamiento, no se aleja mucho de las formas fascistas de gobernar.

En Costa Rica al Presidente de la República no se le puede parlamentaria o legislativamente interpelar, censurar ni darle aplausos, menos conminar, como se hizo con él.

Cuarto Acto:

Cuando el diputado Dragos Dolanescu, luciéndose de payazo en la arena del circo, manifestó que conocía, y le hizo recordar al Presidente la clave de su teléfono, que estaba en el expediente que se tiene en el Ministerio Público, en la Fiscalía, cometió la estupidez más grande que se puede haber hecho ese día. Sencillamente dio los instrumentos legales para invalidar toda la prueba, que se quiera montar, contra el Presidente, de todos los objetos personales que le fueron decomisados, asociados al teléfono confiscado. Ese era más que un dato sensible, era una situación sensible de trámite judicial.

Que la Fiscalía investigue cómo Dolanescu obtuvo esa, y quien sabe qué otra información logró, tan solo un trámite interno de la Fiscalía de investigación de cómo se le suministró, o si él mismo Drago se la robó. Lo que es obvio es que se inutilizó una prueba y toda la que esté ligada a ese dato. ¿Será imbécil o tonto?

La violación de datos que se le imputa la Presidente con su UPAD quien la realizó fue el payazo principal de este circo, Dolanescu, cuando él si violó la confidencialidad, la privacidad de datos del Presidente y de un Expediente en tramite de investigación judicial, cuando con su acto irresponsable creó la condiciones para que todo esto se anule.

¿Oh, estaré pensando a lo Dolanescu? ¿Será que Dolanescu en todo este espectáculo le hizo el juego al Presidente para anular su expediente investigativo? Esto sería como el Premio Mayor de la Lotería de diciembre.

Dragos Dolanescu sí cometió un acto ilícito, de manera pública, con cámaras de televisión y micrófonos de radio, que consta en actas legislativas, al declarar que conocía la clave del teléfono del Presidente y además decirla con luces y altoparlantes. Además, seguramente se la robó del expediente que se tiene en la Fiscalía, si no dice quién se la dio.

Su exhibicionismo político no dista mucho de los exhibicionistas sexuales, solo le faltó salir corriendo en esa pista legislativa desnudo, al estilo de los viejos sátiros de barrio que mostraban tan solo sus menudencias…

Quinto Acto:

Por más tonto que pudiéramos pensar que es el Presidente, que no lo es, bien sabe que no puede hacer nada, incluso en Decretos, que no esté facultado para realizarlos, ni pueden esos Decretos ser ilegales, estar contra una Ley o inconstitucionales porque violen la Constitución. En la jerarquía del ordenamiento jurídico del país los Decretos están debajo de las Leyes y la Constitución Política. Es un principio de legalidad básico, que nos permite disfrutar el Estado de Derecho que tenemos, y de confiar en él. Si se produjera abuso de poder se puede castigar.

El Control Político de los diputados es irrenunciable para investigar cualquier actuación de cualquier funcionario público, sobre actos políticos y morales, sancionables o reprochables, o inconstitucionales o ilegales que afecten los intereses públicos.

Sexto Acto:

Nunca en el país, al menos durante la Segunda República, en estos 72 años, se había visto tal bochorno contra un Presidente, allanarle la Casa Presidencial, decomisarle objetos personales, teléfonos y computadoras, revisarle sus comunicaciones oficiales y personales…

Sétimo Acto:

La discusión sobre la UPAD debió haber sido sobre la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS). Esta sí es una policía política, directamente dependiente del Despacho del Ministerio de la Presidencia. Aquí sí se recaba constantemente datos de costarricenses y se llevan expedientes con todo lo que se pueda saber de ellos, por sus militancias políticas, sus actuaciones públicas, sus viajes a países socialistas, cuando existían esos países, seguramente se siguen llevando sobre quienes simpatizan con Venezuela, Cuba, Nicaragua, la China Comunista, Corea del Norte, Vietnam, o con algunos dirigentes políticos de izquierda de Suramérica, o de los países árabes. En época del Presidente Rodrigo Carazo se dio orden de llevar información de miembros del Movimiento Costa Rica Libre. Se llegó a decir que la DIS tenía capacidad de ubicación de una persona que estuviera en sus archivos y datos en 8 minutos.

Todavía se sigue llevando información política, y también bancaria, asociada a los nuevos delitos de blanqueo de capitales, y otros. Todas las personas que participan en partidos políticos como candidatos, o en puestos de elección popular están clasificados, para efectos bancarios, como “sospechosos” de blanqueo de capitales. Así operan los bancos hoy, y tienen que rendir declaraciones de sus ingresos o movimientos bancarios cuando pasan de 10.000 dólares

A todos los que participan en política y en partidos políticos les tienen un expediente personal. Me consta. La DIS solicita esta información al Tribunal Supremo de Elecciones, que la entrega sin discusión.

La DIS no solo hacía expedientes sino que decomisaba libros, hojas sueltas, periódicos de izquierda, detenía arbitrariamente, en casas y en el aeropuerto, donde tenían agentes destacados, amenazaban con detener y hasta con torturar.

Todo disidente, contestatario, opositor al sistema político ahí se le anotaba, y se le sigue anotando. Lo hemos visto en las últimas marchas y movilizaciones ciudadanas.

De la DIS salía información clasificada hacia los diputados para evitar nombramientos como los de magistrados y magistradas, por sus vinculaciones de izquierda o por sus amistades de izquierda. Fui testigo de un caso hace pocos años, en que se hizo circular una información pidiendo a los diputados que no votaran por una candidata a Magistrada.

Por ello, si se trata de discutir de DATOS, debió haberse empezado a discutir de los datos que maneja la DIS. Los de la UPAD pareciera menos politizados, son una pulga comparados.

La información de todos los costarricenses está bien documentada públicamente, en el Registro Civil y en el Tribunal Supremo de Elecciones, en todo el Sistema Bancario Nacional, en el ICE, en el SNAA, en la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, en Migración, en todo el sistema escolar, secundario y universitario, en la Dirección General de Tránsito, en el Registro Nacional, en el Instituto Nacional de Estadística y Censos, en las Encuestas de Hogares, en la Caja Costarricense del Seguro Social y de todos los EBAIS, incluso se han abierto los expedientes médicos, en todos los Tribunales de Justicia, en todas sus instancias y regiones, en todas las empresas que venden a crédito, y en otras instituciones, así como en Waze, y en todas las redes informáticas, en todas las cableras…hasta hay empresas privadas que venden información de personas a empresas y a quien la pague…

Todo esto lo accesa la DIS. ¿Por qué entonces tanto alboroto con la UPAD que pareciera más para la toma de decisiones de políticas públicas, de ejercicio de gobierno, de este y de los que vengan, como herramientas estadísticas, así como seguirá existiendo la DIS con el próximo gobierno sea cual sea?

Si de datos personales, sensibles se trata, esta es la discusión nacional que se debe llevar, la de todas las bases de datos que existen de los costarricenses.

Octavo Acto:

El Presidente no salió mal parado de la función circense. Los actores de ese circo del miércoles no dieron la talla, fueron ellos los que perdieron. Los que estábamos de público a la distancia y en la virtualidad quedamos decepcionados por los hechos pero sobre todo por la pésima función, por la mala actuación, por payazos que daban lástima de su papel y actuación, por el mal circo que se montó y ejecutó, por la mala imagen que le ocasionaron estos actores de vodevil barato, de enredo y poca trascendencia. Salió desmejorada la imagen del Poder Legislativo.

Para los que pensaban politiqueramente que el Presidente y el Partido Acción Ciudadana iban a quedar en el suelo, preocúpense, porque el Presidente no salió más débil de cómo llegó, y su Partido no fue objeto de discusión en esa pista circense.

Siendo un Partido en el Gobierno no hay que descartar la posibilidad de un tercer gobierno del PAC, considerando el descalabro que tienen todos los otros partidos políticos. Así vi el espectáculo del circo del miércoles pasado.

Viendo el Show Legislativo UPAD / I Parte

Jiddu Rojas Jiménez

Tengo grandes diferencias con el rumbo económico Neoliberal del actual Gobierno CAQ, sin duda, pero creo que hay prioridades no electorales acá, y que tienen que ver no con los 5 minutos de fama de cada Diputado o Diputada, ni con el descrédito sostenido de la figura Presidencial… Eso no es saludable para nuestra República.

En fin… Viendo a Dolanescu con sus infantiles Teorías de la Conspiración, realmente me da pena ajena el nivel de pobreza política de la Asamblea Legislativa y hasta del Ejecutivo.

(No porque no existan medios antidemocráticos de control social, sino porque no se discuten en serio frente al Totalitarismo invisible del Mercado, y ni siquiera les pasa por la cabeza a nuestros Representantes).

Nota política: Cómo es posible que haya sindicalistas y gremios que dialoguen o desfilen con esa especie de Trumpista local.

Lamentable como siempre, el Diputado Prendas y la mayoría de las intervenciones.

A otra Diputada Neocon, – cuyo nombre desconozco y será olvidado para siempre en un par de años-, le preocupan los «Chiquillos» (sic), los mentados Asesores, tres muchachos con computadoras personales dice Pedro Muñoz (sic), el Diputado defensor de las Garroteras…

Don Pedro acaba de reinventar una nueva categoría jurídica, el «Juicio Político», yes man… (Él se siente en el Senado Norteamericano; pero no Diputado, no vea tanto CNN o será más bien Fox News).

La telenovela sigue… Los allanamientos en la Casa Presidencial no fueron suficientes. Las renuncias de ministros tampoco, ni siquiera el decomiso de los dos celulares del Presidente.

Se ponen políticamente correctos en la Asamblea, ahora con la intervención casi electoral de la Diputada Corrales Chacón del PLN, Fisioterapeuta de profesión…

Doña Carolina (PAC oficial) y Don Pedro (PUSC por derecha socio del «Gobierno de Unidad Nacional”) … mientras se sacan la lengua fuera de micrófono, «no dije o no dije su nombre», o sino ¿cuál es o no el objetivo o no de esta comparecencia Presidencial? (No hay ni en esto un acuerdo mínimo).

Pedro Muñoz, abogado, se luce de nuevo, con sus nuevos aportes al Derecho Constitucional y confunde y deriva «control político» con «juicio político» (Mucha CNN).

Por cierto, la pregunta importante acá es a dónde está almacenada esa información obtenida a partir del procesamiento de datos, y quién la accesa.

Se pierde así, sin embargo, una gran oportunidad cívica de una crítica de fondo a la defensa de la intimidad de los datos personales. Y de cómo utilizar o no estas herramientas estadísticas invaluables. Esto debió ser el verdadero tema de la comparecencia presidencial.

Mientras el Presidente pide permiso para ir al baño… Sólo 5 minutos, literal. (Cuidado se escapa).

Por favor… Todos mejor a almorzar en el Kinder.

Antes ya, la Presidencia había señalado, – muy tímidamente-, que es inconstitucional esta comparecencia frente al Poder Ejecutivo.

Y el Presidente aclara en público, que ninguno de los 5 millones de costarricenses han sido espiados. Veremos.

Google, Microsoft, Facebook, WhatsApp, Cambridge Analytica, el Brexit, etc., son meros detalles… Inventos «conspiranoicos» supongo yo.

Qué desperdicio de tiempo y recursos y que fragilidad la de nuestras instituciones democráticas. Lamentable.

Persisto en el error sin embargo, de escuchar este circo.

La Unidad Social Cristiana ni es Unidad, ni es Social, ni tiene nada de cristiano

Vladimir de la Cruz

La Asamblea Nacional del Partido Unidad Social Cristiana realizó un suicidio con ese Partido. La realidad, que es muy terca, evidencia que la Unidad Social Cristiana no ha llegado a tener más de 10 diputados desde el 2006 hasta las elecciones del 2018. No han hecho nada sorprendente, como Partido, ni su fracción parlamentaria actual, para pensar que en las próximas elecciones se vayan a constituir en la principal fuerza electoral del país, e imponerse sobre las otras fracciones y partidos políticos que están en la Asamblea Legislativa.

Tampoco ninguno de sus diputados se vislumbra como un gran candidato, atrayente para “masas” electorales, que al menos signifiquen un 20% del electorado o de simpatía pública, que haya surgido de esas lides parlamentarias. Al contrario, han mantenido posiciones muy conservadoras, y uno de sus principales diputados, y también aspirante a la candidatura presidencial de ese partido, por todo lado pregona la necesidad de impulsar a la Unidad Social Cristiana en las próximas elecciones como una fuerza política de derecha.

La realidad política demuestra que en las últimas dos elecciones a la Unidad Social Cristiana la salvó la candidatura del Dr. Rodolfo Piza Rocafort. Los hechos nos recuerdan cómo en vísperas del cierre de inscripción de candidaturas, ante el Tribunal Supremo de Elecciones, en la elección del 2014, quien era el candidato de ese partido se retiró en el último instante, casi a punto de dejar por fuera su participación, la del Partido, la que la salvó Rodolfo Piza que era candidato a la Vicepresidencia, quien asumió la responsabilidad de la campaña, con decoro, y buen suceso para las circunstancias. Ese retiro pareció una jugada perversa para dejar a la Unidad Social Cristiana sin participación alguna, haciéndole el juego a quien sabe cuál fuerza electoral de ese momento.

En la campaña electoral del 2018 de nuevo jugó Rodolfo Piza como candidato presidencial de la Unidad Social Cristiana mejorando su resultado, en comparación con la elección del 2014, y surgiendo en ese momento como un gran líder dentro de esa organización, y ya con mejor proyección nacional, con posibilidades de una tercera candidatura, en el 2022, a la que tácitamente ha renunciado.

En la Historia de los partidos políticos de Costa Rica, y vale prácticamente para todos los partidos principales, desde la izquierda hasta la derecha, en todas sus formas y matices, los altos dirigentes de esos partidos, eran personas que ejercían un nivel de liderazgo, casi incuestionable, que gozaban de confianza y de lealtad partidaria, y nacional, con capacidad de hablar, de tomar decisiones a nombre de sus partidos, y de llegar a acuerdos políticos por su condición de altos dirigentes partidarios, cuyas direcciones colectivas, en los partidos, generalmente avalaban y concertaban. No se veían disidencias sobre lo acordado por estos altos dirigentes.

En los partidos en que existían Comités Políticos, Direcciones Políticas colectivas, hechas las discusiones de rigor, sus puntos de vista eran expresados por esos dirigentes políticos, que generalmente eran los Secretarios Generales de los Partidos y en ocasiones sus presidentes.

La estructura organizativa de esos partidos hacía que hubiera otros líderes importantes, igualmente relevantes, reconocidos, de trayectoria histórica en sus partidos, con influencia pública, y con credibilidad.

La situación política surgida en la primera ronda electoral de las elecciones del 2018, que sorprendió a todo mundo, a todas las fuerzas electorales, que desplazó del escenario de posibilidad de gobierno a Liberación Nacional y a la Unidad Social Cristiana, impuso las alianzas fácticas naturales que se produjeron hacia la segunda ronda.

No olvidemos lo sucedido. Liberación Nacional salió corriendo a darle apoyo a Fabricio Alvarado, con su equipo económico y sus principales economistas. La mayor cantidad de dirigentes reconocidos de la Unidad Social Cristiana hicieron lo mismo. De piernas abiertas se fueron a apoyar a Fabricio y a sus hermanos pentecostales. Solo Rodolfo Piza tuvo la visión de apoyar a Carlos Alvarado, en esa coyuntura. El apoyo lo comunicó y lo gestionó, a los principales miembros de ese Partido y a su Comité Político, sin lograr solidaridad partidaria. Asumió solo esa tarea y con él se allegaron los miembros de su equipo económico para apoyar esa Unidad, que culminó en la forma del Gobierno de Unidad Nacional, sin que significara una coalición política ni resultado de acuerdos políticos de los partidos que se incorporaron con ministros en el actual gobierno. Así tenemos en Gobierno de estos últimos tres años.

Ante las nuevas elecciones, el personaje más importante que tiene la Unidad Social Cristiana, de trascendencia nacional, por haber sido Diputado, Ministro y Presidente de la República, Secretario General de la OEA, el Dr. Miguel Ángel Rodríguez, por su presencia en el actual escenario nacional como analista, articulista de diversos medios de comunicación, por su capacidad intelectual, por sus opiniones, que pueden o no compartirse, con evidente experiencia organizativa y partidaria, y con gran olfato político, había llamado la atención al Partido Unidad Social Cristiana de que impulsaran una coalición política hacia las próximas elecciones. Insistió en esta tesis. Hizo que la Asamblea Nacional de su Partido atendiera su propuesta y la Asamblea la rechazó, echando por la borda cualquier intento de coalición posible, lo que significó que van solos a la próxima campaña nacional.

El acuerdo de la Asamblea es como si se hubieran pegado un tiro, como si se hubieran suicidado. Lo inteligente estaba en haber tomado la palabra de Miguel Ángel Rodríguez y hubieran acordado una política general, haber autorizado a las Autoridades del Partido, a su Comité Político, a sus principales dirigentes formales para llevar a cabo o participar en cualquier reunión o esfuerzo político, que se hiciera, en la dirección de lograr una Coalición Política. Esto es lo que mejor hubiera sido acordado.

En las tiendas del Partido de Rafael Ángel Calderón, donde él sí es el líder principal, sí se impulsa la posibilidad de una Coalición Política “centro humanista”, como me parece la ha llamado, con más sentido de la realidad. Al fin y al cabo, los dos Ángeles, Miguel y Rafael, vienen en las lides electorales desde el Gobierno de José Joaquín Trejos, en 1966, en el caso de Miguel Ángel, y del Gobierno de José Figueres, 1970, Rafael Ángel, lo que los hace tener olfato y gran colmillo político. Ambos con la experiencia de la Coalición Unidad que llevó a Rodrigo Carazo a la Presidencia en 1978, y Rafael Ángel, especialmente, de haber llevado a la Coalición Unidad a la fusión de la Coalición y la constitución del Partido Unidad Social Cristiana, en 1983. Además, Miguel Ángel tenía la experiencia de la coalición que llevó a José Joaquín Trejos Fernández al Gobierno en 1966.

En materia de alianzas y coaliciones, las más importantes, por su trascendencia histórica, los socialcristianos las realizaron en la década de 1940. Primero, en 1939 cuando lograron el apoyo de la Iglesia a la candidatura del D. Calderón Guardia, a cambio de la derogatoria de las leyes liberales, lo que el Dr. Calderón cumplió en sus primeros meses de Gobierno. Segundo, cuando en medio de la crisis mundial de la II Guerra Mundial, y sus repercusiones en Costa Rica, se alió a los comunistas para la aprobación de las Garantías Sociales y del Código de Trabajo, con apoyo de la Iglesia dirigida por Monseñor Víctor Manuel Sanabria, Tercero, cuando hacia las elecciones de 1944, para impulsar la candidatura presidencial de Teodoro Picado, constituyeron la Coalición Electoral, la unión de los partidos Republicano y el comunista Vanguardia Popular, en lo que se llamó el Bloque de la Victoria, con comunistas, calderonistas y católicos, todos unidos. No era, obviamente una coalición de centro derecha como pretenden hoy algunos socialcristianos que desconocen por todo lado la Historia del Calderonismo político, de su época más gloriosa.

En las circunstancias actuales lo que urge es un proyecto político que reivindique una plataforma social profunda. Ya las medidas económicas duras neoliberales han sido tomadas y están en ejecución.

Falta asegurar las condiciones sociales de la población, de su calidad de vida, de sus condiciones de trabajo, de empleo, de estabilidad, de ingresos por salarios, y pensiones, decorosos y decentes, de preocuparse por el empleo femenino y por las mujeres cabeza de familias, por recuperar el empleo de los desempleados de la pandemia.

No veo a los socialcristianos en estas banderas más allá de posturas absolutamente demagógicas. Hoy la Unidad Social Cristiana ni es Unidad, ni es Social ni tiene nada de cristiano. Pareciera una organización de no videntes políticos, y desmemoriados históricos, que han renunciado a su mejor lazarillo electoral, al Dr. Miguel Ángel Rodríguez Echeverría.

“Justicia pronta para Sergio Rojas Ortiz, su familia y el Pueblo Bribri de Salitre”

SURCOS comparte el siguiente pronunciamiento público:

Las personas y agrupaciones abajo firmantes, todas integrantes de organizaciones,  comunidades, proyectos sociales o académicos, comprometidas con el bien común, el bienestar social, los derechos humanos y los derechos de los Pueblos Originarios, hacemos pública nuestra preocupación y nuestras exigencias ante las circunstancias que se vienen dando, sin la debida atención de las autoridades judiciales y del Estado costarricense, en relación con la investigación del asesinato del líder Sergio Rojas Ortiz.

Considerando que:

  • El 18 de marzo del 2019 murió asesinado de 15 balazos, en su casa de habitación, en la comunidad de Yeri de Salitre, Sergio Rojas Ortiz, bribri costarricense, líder comunitario, defensor de derechos indígenas. Sergio era beneficiario directo y de forma individual de medidas cautelares (medidas MC321 – 12), impuestas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al Estado de Costa Rica desde abril del 2015, precisamente por haber sido amenazado de muerte de manera sistemática y por haber sufrido otros atentados desde el 2012, todos relacionados con su participación en la recuperación de tierras indígenas en el cantón de Buenos Aires de Puntarenas. El asesinato de Sergio Rojas se dio 4 años después del establecimiento de las medidas cautelares por parte de la CIDH, sin que el Estado costarricense realizara las acciones necesarias para responder de manera efectiva a dichas medidas.
  • Pocos días después de cometido el asesinato, el 22 de marzo del 2019, la CIDH repudió el crimen contra Sergio Rojas Ortiz y le recordó al Estado costarricense que el líder indígena se encontraba en una grave situación de riesgo, de ahí que desde el 2015 se le otorgaran medidas cautelares por parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, las cuales se establecieron para garantizar su vida e integridad personal. Además, la CIDH hizo énfasis en la importancia de una oportuna investigación de las fuentes de riesgo para la vida del líder indígena y los miembros de los pueblos Teribe y Bribri de Salitre, así como en incluir como línea de investigación del asesinato la hipótesis de que este crimen pudiera haber sido cometido en razón de la actividad de defensor de derechos humanos que ostentaba Sergio Rojas Ortiz.
  • Un año después del homicidio, el 18 de marzo del 2020, la CIDH volvió a pronunciarse, esta vez sobre la situación de violencia, amenazas y hostigamiento que sufren líderes indígenas y personas defensoras de los derechos humanos en el contexto de la investigación del asesinato de Sergio Rojas Ortiz. En este momento, la CIDH advirtió sobre la carencia de avances significativos en el enjuiciamiento de los responsables del asesinato del líder indígena e hizo un llamado enérgico al Estado costarricense sobre su obligación de investigar este caso de manera seria, profunda e imparcial, lo que permitiría sancionar oportunamente a los responsables intelectuales y materiales.
  • En setiembre del 2020, 18 meses después del asesinato, se dio a conocer la solicitud de desestimación de la investigación respectiva por parte del Ministerio Público. Tal solicitud se realizó bajo el alegato de la imposibilidad de resolver el caso, debido a la negativa reiterada del Juzgado Penal de Buenos Aires de Puntarenas de autorizar allanamientos necesarios para avanzar en el proceso de esclarecimiento del crimen.
  • Unos pocos días después, el 25 de setiembre del 2020, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) hizo un vehemente llamado al Estado costarricense para que no archivara la investigación. Además, invocó y recordó lo externado por Michael Forst (ex Relator Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos), Victoria Tauli Corpuz (ex Relatora Especial sobre los derechos de los Pueblos Indígenas) y Agnès Callamard (Relatora Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias) en cuanto a la importancia de que las autoridades costarricenses lograsen identificar y sancionar a los autores intelectuales y materiales del asesinato del líder indígena.
  • Gracias a los llamados de la ONU y la CIDH, así como de diversas organizaciones internacionales y nacionales de derechos humanos, académicos y miembros de los distintos Pueblos Originarios del país, y luego de una audiencia con el abogado y con la familia de Sergio Rojas, realizada el pasado 3 de diciembre, el Juzgado Penal de Buenos Aires, en fecha 14 de enero del 2021, rechaza la solicitud de desestimación del caso y resuelve que la investigación debe continuar en atención de la “debida diligencia”.
  • Los días 21 y 22 de enero del presente año, el medio de comunicación digital “CrHoy.com” publicó varios reportajes basados en el expediente judicial 19-000178-0990-PE, correspondiente al caso del asesinato de Sergio Rojas Ortiz, en los que se hace especial referencia al informe elaborado por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ). Esta publicación se hace a pesar de tratarse de un proceso de investigación penal en curso, para el que la ley establece confidencialidad. Las notas periodísticas publicadas aportan una serie de detalles de la investigación judicial que evidencian una clara, sospechosa e intencionada filtración de la información de este expediente tutelado por las instancias judiciales, lo que podría incidir de manera negativa en el desarrollo de la investigación, a la vez que expone a riesgos adicionales a las personas informantes.
  • En enero del 2020, la Sub-Comisión de la Comisión Especial Permanente de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa de Costa Rica encargada de analizar el expediente #21360, emitió un informe respecto al caso (expediente Nº 21360), en el cual se interpela a las autoridades costarricenses para que, entre otras importantes acciones, redoblen esfuerzos a fin de garantizar la protección efectiva e inmediata de los derechos de los Pueblos Originarios y de las personas que integran sus comunidades, para asegurar la incorporación de la perspectiva multiétnica y pluricultural en la aplicación de la justicia y para detener la violencia y la impunidad, así como todo acto de discriminación y racismo en el país. A la vez, mediante dicho informe, la Sub-Comisión hizo un llamado vehemente a la Fiscalía General de la República para que continúe con la investigación del asesinato de Sergio Rojas Ortiz y para que aplique toda la pericia de que dispone para obtener la prueba que individualice a los responsables y le permita al Estado castigar el crimen cometido contra el líder indígena.

Todos los hechos referidos anteriormente refuerzan las evidencias y la convicción de que el asesinato de Sergio Rojas Ortiz fue un crimen político producido en un contexto de creciente violencia física y simbólica, la cual se produce ante la falta de acción del Estado en materia de justiciabilidad de los derechos humanos de los Pueblos Originarios, en especial los derechos de orden territorial.

Estos hechos también generan dudas razonables acerca del manejo que se está haciendo del caso por parte de las autoridades judiciales, y son particularmente preocupantes porque parecen mostrar una tendencia inaceptable hacia la generación de condiciones para la impunidad de este crimen, lo cual, además de constituir una injusticia, afectaría de manera irreparable la credibilidad de nuestro Estado Social de Derecho. Al respecto, corresponde al Poder Judicial asumir un rol garantista de los derechos humanos, mediante la ejecución de todas las medidas que permitan brindar un adecuado acceso a la justicia, en especial para las poblaciones en condición de vulnerabilidad, como es el caso de los Pueblos Originarios.

Llamamiento público

Por tanto, ante la gravedad de todos los hechos reseñados, manifestamos públicamente y hacemos un enérgico y vehemente llamado general, en especial a las autoridades del Estado y a las instancias judiciales del país, en los siguientes términos:

  • APOYAMOS la denuncia interpuesta ante la Inspección Judicial y la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción por parte del Lic. Óscar Retana, abogado de la familia Rojas Lázaro, para que se investiguen las irregularidades que transgreden los Principios del Debido Proceso y Confidencialidad en el proceso, y para que sancione con todo rigor a los responsables de filtrar la información del expediente 19-000178-0990-PE a la prensa.
  • APELAMOS a las autoridades del Estado a acoger y atender todos y cada uno de los planteamientos del informe final de la Sub-Comisión de la Comisión Especial Permanente de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa de Costa Rica que analizó el expediente #21360.
  • EXIGIMOS que se garanticen todos los principios procesales en este caso, especialmente el debido proceso, que se concluya con el esclarecimiento del asesinato de Sergio y que se dé acceso real a la justicia y reparación a la familia de Sergio y al Pueblo Bribri de Salitre.
  • RECORDAMOS la obligación que tienen el Estado costarricense y sus instituciones de garantizar la vida, la integridad física y los derechos de los Pueblos Originarios, así como de dar cumplimiento real y oportuno a las Medidas Cautelares y a la toda la legislación vigente relacionada con los derechos de estos pueblos.
  • DEMANDAMOS la acción articulada de los distintos Poderes de la República para que se atiendan y resuelvan como corresponde, conforme a los derechos humanos de los Pueblos Originarios, los conflictos de usurpación de territorios indígenas costarricenses, causa estructural de la violencia en estos territorios.
  • ADVERTIMOS nuestra decisión de mantenernos vigilantes y fieles a nuestras obligaciones ciudadanas, para que la institucionalidad pública se respete y actúe conforme al marco jurídico nacional e internacional que protege y garantiza los derechos humanos de los Pueblos Originarios costarricenses, así como la vida y la justicia para sus defensores.

¡No más impunidad!

Organizaciones y Personas Firmantes

Organizaciones Internacionales

  1. Servicios para una Educación Alternativa A.C. EDUCA (México)
  2. Tequio Jurídico A.C. (México)
  3. Oficina para América Latina de la Coalición Internacional para el Hábitat (HIC-AL), México
  4. Movimiento por la Defensa de los Territorios y Ecosistemas de Bocas del Toro (MODETEAB), Panamá
  5. Regional Latinoamericana de la UITA (Rel UITA). Montevideo, Uruguay
  6. Feministas Periféricas Dementes, Madrid
  7. O Istmo, Red Centroamericanista
  8. GT-CLACSO, El Istmo Centroamericano Repensando los Centro

Organizaciones nacionales

  1. Concejo Ditsö Iriria Ajkönuk Wakpa, Pueblo Bribri de Salitre
  2. Concejo Indígena Regional Pacífico Sur de Yimba Cajc
  3. Organización Autónoma Gwrvechi Kare, Territorio Ngäbe, Conte Burica
  4. Recuperadoras/es Cabécares de Kerpego
  5. Recuperador@s Cabécares de Kono Jú.
  6. Recuperador@s Cabécares de Sekeirö Kaska
  7. Recuperador@s Cabécares de Yuwi Senaglö.
  8. Asociación de Desarrollo Indígena de China Kichá.
  9. Recuperadoras Cabécares de Sá Ka Duwé Senaglö
  10. Recuperador@s Broran de Crun Shurin
  11. Recuperador@s Broran de Finca San Andrés
  12. Alaklä Sulú Takïlï Wëmi, La Fortaleza de la Mujer Maíz por Siempre
  13. Asociación de Mujeres Mano de Tigre, Orcuo Dbön
  14. Asociación de Productores de Finca 10
  15. Comité de Lucha por la Tierra de finca Chánguena
  16. Cootraosa R.L.
  17. Comité de Lucha por la Tierra de kilómetro 37, Golfito y Corredores.
  18. Asociación para la defensa de los Usuarios de los Servicios Públicos (ADUSP)
  19. Comité de lucha por la tierra de Finca Venecia
  20. SOJUPANO, Palmar de Osa
  21. Tierra para el Campesino de Finca Puntarenas (TIPAELCA)
  22. SERBUSUR, Finca Puntarenas
  23. Proyecto Conflictos territoriales e interétnicos en Buenos Aires, Costa Rica: aportes interdisciplinarios para su resolución, CIAN-UCREA, UCR
  24. Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE-UNED)
  25. Asociación Nacional de Educadores (ANDE)
  26. Asociación Ambientalista Shurakma
  27. Voces Nuestras
  28. Asociación de Iniciativas Populares Ditsö
  29. Coordinadora de Lucha Sur Sur
  30. Proyecto TC635-Comunicación y Cambio para el Buen Vivir, Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva, UCR
  31. Proyecto ED3526 – Educación Popular y Geografía: Análisis de la conflictividad socio ambiental en territorios rurales de Costa Rica del Programa Kioscos Socioambientales, UCR
  32. Asociación Proyectos Alternativos PROAL-PACUARE
  33. Radio Machete
  34. Campamento Audiovisual de Mujeres y Territorios, Programa Kioscos Socioambientales-UCR, EC-519
  35. Coordinación General del Programa Kioscos Socioambientales para la Organización Comunitaria-UCR, EC-3555
  36. Observatorio Bienes Comunes Agua y Tierra, EC-518
  37. Programa de Gestión Local, UNED
  38. Ríos Vivos
  39. Bloque Verde
  40. La Barriada
  41. Colectiva Caminando
  42. Departamento Ecuménico de Investigación (DEI)
  43. Red Pluricultural de Gestores Locales del Caribe
  44. Red Indígena de Gestores Locales del Pacifico Sur – RIGELOPS
  45. Frente Autónomo de Lucha de los Barrios del Sur
  46. Colectivo CEAAL Costa Rica
  47. Trincheras Expresión Artística
  48. Hablemos de Derechos Humanos
  49. La Cadejos, Comunicación Feminista
  50. Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica
  51. Frente Ecologista del Tecnológico de Costa Rica
  52. Programa Kioscos Socioambientales para la Organización Comunitaria
  53. Asociación ciudadana ACCEDER
  54. Escuela de Biología, UCR
  55. Grupo de Trabajo Pensamiento Geográfico Crítico Latinoamericano (CLACSO)
  56. Hablemos de Derechos Humanos
  57. Movimiento Ríos Vivos
  58. Centro Demostrativo de Sostenibilidad
  59. Partido Frente Amplio
  60. Akoben Colectiva Afrofeminista
  61. Grupo de Pesquisa Derecho y Sustentabilidad Socioambiental (GPDS), Facultad de Derecho, UCR
  62. Coordinación, Observatorio sobre la gestión de los conflictos socioambientales en el espacio urbano, Facultad de Derecho, UCR
  63. Proyecto Conflictividad social y su intervención a través del proceso de mediación en el contexto socioambiental costarricense, IIJ-UCR
  64. Asociación Comunidades Unidas para un Desarrollo Ecológico y Sustentable
  65. Colectivo Radio Andante
  66. CEP-Alforja
  67. Asociación Costarricense para el Estudio e Intervención en Drogas (ACEID)

Personas

  1. Marvin Amador Guzmán, docente Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva, UCR
  2. Mariano Sáenz Vega, sociólogo, investigador del Centro de Investigaciones en Antropología (CIAN), UCR
  3. Yasy Morales Chacón, docente Escuela de Sociología, Programa de Economía Social Solidaria, UCR.
  4. Juan Carlos Cruz-Barrientos, comunicador social jubilado
  5. Liliana Monge Sánchez, docente Escuela de Trabajo Social UCR
  6. Luis Paulino Vargas Solís, Director CICDE-UNED
  7. Xinia Zúñiga Muñoz, investigadora CICDE-UNED/UCREA-UCR
  8. Carmen Caamaño Morúa
  9. Lucía Molina Fallas
  10. Andrés Dinartes Bogantes
  11. Pablo Sivas Sivas (conocido como Pablo Sibar Sibar)
  12. Daniel Torres Sandí, Sociólogo
  13. Jorge Zeledón Pérez
  14. Eva Carazo Vargas, investigadora CICDE-UNED
  15. Rebeca Gu Navarro, docente Escuela de Ciencias Políticas, UCR
  16. Gustavo Gatica López, investigador CICDE-UNED
  17. Mauricio Castro Méndez, docente e investigador, Facultad de Derecho e Instituto de Investigaciones Jurídicas, UCR
  18. Dylanna Rodríguez Muñoz, docente Programa Kioscos Socioambientales y Escuela de Ciencias Políticas, UCR
  19. Laura Álvarez Garro, profesora asociada, UCR
  20. Gerardo Hernández Naranjo, docente Escuela de Ciencias Políticas, UCR
  21. Ana Tristán Sánchez, jubilada del Poder Judicial
  22. José Gabriel Rivas Ducca, biólogo, activista ecologista
  23. Raquel Molina Huezo, comunicadora y profesora
  24. Paulo Coto Murillo, profesor Posgrado en Sociología, UCR, investigador CICDE-UNED
  25. Marcela Moreno Buján, investigadora UCREA-UCR
  26. Carlos Peralta Montero
  27. Claudia Palma Campos
  28. María Eugenia Bozzoli
  29. Guillermo García Segura, director de la Escuela Sindical de ANDE
  30. María del Carmen Araya Jiménez
  31. Helga Arroyo Araya
  32. Roberto Castillo Vásquez
  33. Freddy Humberto Vargas Chavarría
  34. Juan Antonio Gutiérrez Slon, sociólogo e historiador, Centro Investigaciones en Cultura y Desarrollo (CICDE), UNED.
  35. César Moya Aburto, investigador del Centro Investigaciones en Cultura y Desarrollo (CICDE), UNED.
  36. Mariana Delgado Morales
  37. Miguel Regueyra Edelman
  38. Douglas Esquivel González
  39. Erick Mauricio Zúñiga Monterrosa
  40. Luis Emilio Cortés Ugalde
  41. Gustavo Oreamuno Vignet
  42. Andrés Pages Zamora
  43. Giancarlo Andrade Colón
  44. Ángel Molina Fernández
  45. Lilliam Marbelli Vargas Urbina
  46. Israel Azofeifa Retana
  47. Benjamín Hernández Domínguez
  48. José Ramírez Aguilar
  49. Nayla Carvajal Sancho
  50. María Paula Barrantes Reynolds
  51. María José Víquez Barrantes
  52. Silvia Castillo Morales, estudiante de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica
  53. Isis Campos Zeledón, docente Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva
  54. Mariana Castillo Rojas
  55. Melissa Mendiola Vásquez, Instituto de Estudios Latinoamericanos (IDELA), Universidad Nacional (UNA)
  56. Alberto Gutiérrez Arguedas
  57. Ciska Raventós Vorst
  58. Mario Zúñiga Núñez, director, Escuela de Antropología, Universidad de Costa Rica
  59. Patricia Mora Castellanos
  60. Programa Kioscos Socioambientales para la Organización Comunitaria
  61. Sergio Villena Fiengo
  62. José Luis Arce Sanabria
  63. Onésimo Rodríguez Aguilar
  64. Teresita Ramellini, Universidad de Costa Rica
  65. Ivania María Rojas Herrera
  66. Rafael Cuevas Molina
  67. Claudio Vargas Arias
  68. Osvaldo Durán Castro/Sociólogo ITCR-FECON
  69. José Julián Llaguno Thomas, Instituto de Investigaciones Sociales, UCR
  70. Manuel Peralta Reyes
  71. Isabel Avendaño Flores, docente, Facultad de Ciencias Sociales
  72. Irma Arguedas Negrini
  73. Jeisson Gutiérrez Pizarro, bachiller universitario, Heredia
  74. Olman Bolaños Vargas
  75. Pedro Salguero Aguilar
  76. Henry Mora Jiménez
  77. Alexis Rodríguez Brenes
  78. Jaime García
  79. Guadalupe Urbina
  80. Yerling Ruiz Vásquez
  81. Meibell Solera Fernández
  82. Marcela Dumani Echandi
  83. Mariana Zumbado
  84. Maritza Marín Herrera, Escuela de Estudios Generales, Universidad de Costa Rica
  85. Gaus Monge
  86. David Solís Aguilar
  87. Guido Barrientos
  88. Christoph Burkard
  89. Carol Castro Begnozzi
  90. José Ignacio Ureña Umaña
  91. Emanuel Villamil Chinchilla
  92. Cinthya Soto
  93. José María Gutiérrez Gutiérrez
  94. María Elena López Núñez
  95. Juan Fernando Cerdas Albertazzi
  96. Carolina Serrano
  97. Andrey Morales Méndez
  98. Héctor Ferlini Salazar, SURCOS Digital
  99. Carlos Cruz Chaves
  100. Ariel Robles Barrantes, académico, Regidor Municipal de Pérez Zeledón
  101. Doriam Chavarría López
  102. Liz Brenes Cambronero, Sede de Occidente, Universidad de Costa Rica
  103. María Esther Montanaro Mena
  104. Arturo Montanaro
  105. Ana Marcela Montanaro
  106. Mauricio Álvarez Mora, IDELA-UNA y Proyecto ED3526 – Educación Popular y Geografía
  107. Nery Chaves García
  108. Guillermo Acuña Gonzáles, investigador del Programa Migraciones, Cambio Social e Identidades (IDESPO-UNA)
  109. Adelina Salazar Altamirano, Chacarita # 3
  110. Jacqueline Hernández Contreras
  111. Óscar Jara Holliday
  112. Onésimo Rodríguez Aguilar
  113. Mario Zúñiga Núñez
  114. Carolina Quesada Cordero
  115. Keilyn Rodríguez Sánchez
  116. Ana Cristiana Aguilar Vega
  117. María Ramírez Chinchilla
  118. Paula León Saavedra
  119. Gerardo Miguel Alarcón Zamora
  120. Vania Solano Laclé
  121. Melania Mayela Portilla Rodríguez
  122. Ernesto Cortes Amador
  123. Denia Román Solano
  124. Gerardo Cerdas Vega

Para ver el documento oficial haga click

Respetar la separación de poderes es proteger la democracia

Comunicado de Mujeres por Costa Rica

Con motivo del allanamiento de la Casa Presidencial llevado a cabo por la Fiscalía General de la República, en febrero del año anterior, por la publicación del Decreto Ejecutivo de creación de la Unidad Presidencial de Datos (UPAD), manifestamos nuestra preocupación por los procedimientos y el ambiente de crispación política que este acto generó.

Ahora la Asamblea Legislativa, llama a comparecer al señor presidente de la República sin que la Fiscalía General haya concluido el proceso de investigación y en flagrante oposición a las normas constitucionales que aseguran la división de poderes, sustento de nuestra institucionalidad democrática.

Si algo requiere nuestro país para enfrentar los grandes desafíos que nos ha generado la pandemia y sus consecuencias, es precisamente la seguridad jurídica y el respeto a los principios constitucionales.

Los procesos electorales no pueden, de ninguna manera, vulnerar los principios constitucionales que dan sustento a nuestra democracia.

Por la salud de la democracia instamos a los diputados y diputadas a respetar la investidura presidencial y el sano ejercicio de la división de poderes.