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Etiqueta: Asamblea Legislativa

UCR: Las universidades públicas tendrían que pagar impuestos para la adquisición y venta de bienes y servicios

  • PLN, PAC y PUSC entierran mociones de reiteración que planteaban exonerar a las universidades públicas del pago del impuesto al valor agregado (IVA)
UCR Las universidades publicas tendrian que pagar impuestos para la adquisicion y venta de bienes y servicios
Miembros de la comunidad universitaria se presentaron el lunes 1º de octubre en las barras de la Asamblea Legislativa, para solicitar a los diputados y diputadas la aprobación de las mociones relacionadas con la exención del IVA a las instituciones de educación superior pública.

En el segundo día de votación de las mociones de reiteración del proyecto de Ley 20.580 Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, las posibilidades de las universidades públicas de lograr una exención en el cobro del impuesto al valor agregado (IVA) se vieron truncadas en el Plenario Legislativo.

Las fracciones de los partidos Liberación Nacional (PLN), Acción Ciudadana (PAC) y Unidad Social Cristiana (PUSC) votaron en bloque para rechazar las cinco mociones que planteaban el IVA exento para universidades estatales y sus fundaciones, el Consejo Nacional de Rectores (Conare) y el Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior (Sinaes).

Durante la mañana de este lunes 1.º de octubre de 2018, también fueron rechazadas otras dos mociones de reiteración que planteaban el IVA exento para la adquisición de bienes y servicios que hagan las universidades públicas, el Conare y el Sinaes, así como el IVA exento para instituciones estatales parauniversitarias.

Al respecto, el Dr. Carlos Araya Leandro, vicerrector de Administración de la UCR, detalló que, según el proyecto de ley, el pago de matrícula en las universidades públicas seguirá exento del impuesto al valor agregado. Además, el transitorio XIV del proyecto de ley establece que, en el caso de universidades públicas, el Ministerio de Hacienda devolverá el monto pagado por concepto de pago de impuesto sobre las ventas por compra de bienes y servicios (2%). Para tal efecto, incorporará los recursos correspondientes por medio de una transferencia en el Presupuesto de la República.

En tal sesión, fueron rechazadas todas las mociones presentadas ante el plenario, en total eran 29 mociones relacionadas con la exoneración del IVA a sectores como la educación superior, los patronatos escolares, la agricultura orgánica y la población con discapacidad, entre otros.

En este periodo de discusión en el Plenario, los diputados y diputadas están votando 373 mociones de reiteración del proyecto 20.580. Estas incluyen los capítulos del proyecto: IVA, renta, salarios en la administración pública o empleo público y regla fiscal (disposiciones varias y transitorios). Habrá 6 sesiones en las que se permitirá la discusión por el fondo. Aquellas mociones que sean aprobadas conformarán, finalmente, el texto del proyecto de reforma fiscal que pasará a votarse en Primer Debate.

El rector Henning Jensen Pennigton anunció que la UCR estará pendiente de las mociones de reiteración que insistirán en que se elimine el artículo que incluye las redes de cuido y el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) dentro del 8% del producto interno bruto destinado a la educación estatal. Asimismo, de la moción R-304 que solicita que se elimine la derogatoria de los artículos 3 y 3 bis de la Ley N.° 6450 y sus reformas que asigna recursos al Recinto de Paraíso y al programa de regionalización en general.

Durante esta semana, la Universidad de Costa Rica continuará realizando distintas actividades de reflexión en torno a la reforma fiscal y, al mismo tiempo, autoridades universitarias, estudiantes y miembros del Sindicato de Trabajadores de la UCR mantendrán presión en las barras de las Asamblea Legislativa mientras se discuten las mociones de reiteración.

 

Katzy O`neal Coto

Periodista, Oficina de Divulgación e Información

 

Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/

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UCR: Los rectores de las universidades públicas presentarán adenda que proteja los fondos de leyes específicas

  • La exoneración de impuestos a la compra de bienes y servicios para las universidades públicas fue rechazada
UCR Los rectores de las universidades publicas presentaran adenda que proteja los fondos de leyes especificas
Esta es la Comisión Especial de Reforma Fiscal, precedida por don Welmer Ramos González de la fracción del Partido Acción Ciudadana (PAC).

Desde las 9:00 de la mañana de este jueves, los rectores de cuatro universidades públicas se reunieron en la Asamblea Legislativa con asesores de la fracción del Partido Acción Ciudadana (PAC), la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar Montoya, el viceministro de Hacienda, Nogui Acosta Jaén, y el ministro de la Presidencia, Rodolfo Piza, con el fin de conversar sobre posibles acciones que permitan proteger los presupuestos provenientes de leyes específicas.

Los fondos de leyes específicas actualmente proporcionan un aporte vital que impulsa la educación superior a nivel nacional, pues permiten recibir ingresos que son destinados, prioritariamente, al funcionamiento de sedes regionales, así como instruir nuevos profesionales en diversas localidades del país.

Tan solo en la UCR, dichos fondos han incentivado la investigación, promovido el desarrollo y el crecimiento del país, la transferencia tecnológica al sector productivo e, incluso, las tareas de análisis de la red vial del país que lleva a cabo el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (LanammeUCR); todo esto, sin dejar de lado el trabajo con las comunidades y los grupos vulnerables que se benefician con actividades de acción social y de extensión docente.

En el encuentro participaron los rectores de la Universidad de Costa Rica (UCR), el Dr. Henning Jensen Pennington; del Tecnológico de Costa Rica, el Dr. Julio Calvo Alvarado; de la Universidad Nacional (UNA), el Dr. Alberto Salom, y de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), el M. Sc. Luis Guillermo Carpio Malavasi.

De acuerdo con el rector de la UCR, es necesario tener claro que las leyes relacionadas con fondos específicos son rentas adicionales, incorporadas dentro del presupuesto universitario, actualmente amparadas por la Constitución Política y que no deben ser afectadas.

“La Constitución Política establece que las rentas de las universidades públicas no pueden ser disminuidas.Entonces, lo que nosotros hemos enfatizado en la reunión de hoy es que, si hay un cambio en las leyes, no debe haber una disminución de esas rentas y, por lo tanto, debe existir una garantía que asegure que no va a darse esa reducción”, afirmó el Dr. Jensen.

Se tiene planeado que la adenda se redacte en horas de la tarde y esté dentro del acuerdo del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES). En el documento se buscará proteger los fondos específicos, los cuales actualmente no se encuentra explícita en el expediente 20 580: “Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas”.

Para aprobarlos intervendrá la Comisión de Enlace, ente integrado por representantes del gobierno y del Consejo Nacional de Rectores (Conare).

“Hemos aclarado, de una manera absolutamente contundente, que estas rentas adicionales propias de las universidades no pueden ser disminuidas y que tampoco deben ser consideradas como parte del FEES. Una cosa es el FEES y otra son las rentas que las universidades públicas perciben por otras leyes que no pueden ser debilitadas según el texto constitucional”, enfatizó el rector.

Otro tema de inequidad es el 2% impuesto a la compra de bienes y servicios por parte de las universidades. El miércoles 22 de agosto, la moción de exoneración para las universidades públicas presentada por el diputado José María Villalta fue rechazada.

Para las universidades públicas, lo anterior significaría una reducción del presupuesto universitario dentro del cual está el FEES. Ante eso los rectores acordaron hacer una presupuestación anticipada, esta se presentaría con el presupuesto institucional pero, en este caso, sin considerar el FEES. El objetivo es fortalecer las finanzas de las instituciones.

Ante el nuevo panorama, momento en que la Comisión Especial de Reforma Fiscal tiene que votar 873 mociones que proponen cambios sustitutivos, la ministra de Hacienda destacó que será necesario pensar si “tiene sentido seguir con un texto que se está drenando o valorar otra opción. La responsabilidad del Poder Ejecutivo es resolver el problema fiscal y controlar la evasión”, manifestó.

 

Jenniffer Jiménez Córdoba

Periodista, Oficina de Divulgación e Información

 

Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/

 

La Universidad de Costa Rica respondió a las consultas de los diputados sobre los plaguicidas

  • La investigación del CICA-UCR y del SFE se está realizando desde el 2015 y finalizará este 2018
  • Los expertos rindieron un informe a la Comisión de Ambiente, en la audiencia de este jueves 19 de julio
La Universidad de Costa Rica respondio a las consultas de los diputados sobre los plaguicidas
El Vicerrector de Investigación, Fernando García Santamaría, y los investigadores del CICA-UCR, Laura Brenes y Greivin Pérez, presentaron los detalles del estudio ante la Comisión de Ambiente de la Asamblea Legislativa este 19 de julio de 2018.

Los expertos del Centro de Investigación de Contaminación Ambiental (CICA-UCR) junto con el vicerrector de Investigación de la Universidad de Costa Rica (UCR), Dr. Fernando García Santamaría, presentaron ante los diputados y diputadas de la Comisión de Ambiente de la Asamblea Legislativa los principales resultados del estudio “Caracterización de las prácticas agrícolas y el uso y manejo de agroquímicos en el cultivo de piña, para la implementación de buenas prácticas agrícolas”.

Los resultados parciales del estudio, elaborado por el CICA-UCR para el Servicio Fitosanitario del Estado (SFE), se dieron a conocer a la opinión pública el mes pasado. Estos revelaron la presencia de bromacil y otros plaguicidas como ametrina, hexazinona y diurón en ríos, quebradas, pozos y nacientes de las localidades de Aguas Zarcas, Pital y Venecia de San Carlos, Río Cuarto y Sarapiquí. Sin embargo, el estudio completo concluirá hasta diciembre de este año.

El Vicerrector de Investigación, Fernando García Santamaría, y los investigadores del CICA-UCR, Laura Brenes y Greivin Pérez, fueron los encargados de presentar los detalles del estudio ante la Comisión de Ambiente de la Asamblea Legislativa. En la fotografía se observa a los investigadores presentando los resultados parciales del estudio, en una conferencia de prensa el pasado junio (foto del Archivo ODI).
El Vicerrector de Investigación, Fernando García Santamaría, y los investigadores del CICA-UCR, Laura Brenes y Greivin Pérez, fueron los encargados de presentar los detalles del estudio ante la Comisión de Ambiente de la Asamblea Legislativa. En la fotografía se observa a los investigadores presentando los resultados parciales del estudio, en una conferencia de prensa el pasado junio (foto del Archivo ODI).

Los investigadores detallaron los puntos donde se tomaron las muestras tanto de ríos y quebradas (aguas superficiales) como de pozos y nacientes (aguas subterráneas) que pertenecen a varias Asadas de la zona. Al respecto, el investigador Greivin Pérez acotó que las muestras se tomaron antes de que el agua llegara a la red de distribución y previo al tratamiento por parte de las Asadas.

Bromacil: el plaguicida más detectado

El plaguicida bromacil fue detectado en todas las campañas de muestreo realizadas en aguas superficiales en el 2015, 2016 y 2017, en diferentes puntos de las quebradas Huevo y Pital, así como en diferentes puntos del río Toro y del río Cuarto que incluyen las quebradas Grande, El Suspiro y Sonora y el río Caño Negro. En total se tomaron en cuenta 22 puntos de muestreo de ríos y quebradas que atraviesan los distritos de Pital, Aguas Zarcas, Venecia, Río Cuarto y la Virgen de Sarapiquí.

El bromacil también apareció consistentemente en las aguas de pozos y nacientes durante todas las campañas de muestreo que se realizaron entre el 2015, 2016 y 2017, en las localidades de Veracruz de Pital, La Tabla (La Victoria) y Santa Rita (La Flor) de Río Cuarto. En total se muestrearon 10 puntos de aguas subterráneas que incluyeron La Tabla, Santa Rita (Nicrodal) de Río Cuarto, Cariblanco de Sarapiquí y La Legua, Palmar, Los Ángeles y Chirivico, en Pital.

La Universidad de Costa Rica respondio a las consultas de los diputados sobre los plaguicidas3
Durante la comparecencia del 19 de julio de 2018, los diputados y las diputadas de la Comisión de Ambiente de la Asamblea Legislativa consultaron los resultados del estudio presentado por el CICA-UCR.

Los investigadores del proyecto, Greivin Pérez y Laura Brenes, explicaron que en el 2016 cuando ya contaban con más datos de los muestreos realizados se reunieron con el presidente y el administrador de la Asada de Veracruz de San Carlos y con representantes del AyA y del Ministerio de Salud de la zona para informarlos. Asimismo, atendieron la invitación de la Alcaldía de la Municipalidad de San Carlos para referirse a este tema en el 2016.

De esa forma se respondió a la consulta de los diputados José María Villalta (Frente Amplio) y Mario Castillo Meléndez (Partido Acción Ciudadana), quienes consultaron si el CICA-UCR había informado los hallazgos de esta investigación a las Asadas de las comunidades que podrían estar siendo afectadas, como las de Venecia y Pital de San Carlos.

La Asada de Veracruz de San Carlos solicitó al CICA-UCR realizar más estudios en el agua que los abastece. Con estos resultados se tomó, en el año 2016 por parte del Ministerio de Salud, la medida sanitaria de cerrar dos pozos de la Asada, según admitieron los investigadores.

La Universidad de Costa Rica respondio a las consultas de los diputados sobre los plaguicidas4
El mapa presentado por el CICA muestra los puntos donde se tomaron las muestras de aguas superficiales a lo largo de las subcuencas de los ríos Tres amigos, río Cuarto, río Toro y río Sahino, quebrada Pital.

Información clave

Ante las consultas de los diputados, los investigadores y el vicerrector de la UCR detallaron que desde el 2015, el CICA-UCR recomendó al Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) elevar esta información a las autoridades competentes para que se tomaran las medidas del caso. En el 2017, el exministro de Agricultura y Ganadería (MAG) Luis Felipe Arúz informó al Ministerio de Salud, no obstante, ellos manifestaron no tener conocimiento sobre las medidas que tomaría el Ministerio de Salud tras esta misiva.

Los diputados cuestionaron el manejo de la información sobre los resultados del proyecto, a lo cual el vicerrector de Investigación de la Universidad, Fernando García, aclaró que aunque la carta de entendimiento entre la UCR y el SFE para realizar el proyecto no incluye una cláusula de confidencialidad, sí existía un acuerdo verbal de que sería el Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) la institución que manejaría la información y divulgación del estudio.

Por su parte, la diputada de Liberación Nacional Aida Montiel consultó si se han realizado más muestreos después de la prohibición del bromacil que hizo el Gobierno en mayo de 2017, tal consulta fue secundada por el diputado Villalta. Los investigadores del CICA-UCR aclararon que no se han realizado muestreos desde inicios de 2017 ya que el SFE decidió no hacer más, a pesar de que ellos recomendaron continuar con los estudios.

Para continuar recabando información sobre este tema, la Comisión de Ambiente, que investiga la contaminación provocada por el cultivo de piña en Costa Rica, recibirá en audiencia a representantes del Servicio Fitosanitario del Estado el próximo lunes 23 de julio.

 

Katzy O`neal Coto

Periodista, Oficina de Divulgación e Información.

 

Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/

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Foro: Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas en la Costa Rica del siglo XXI

Foro Participacion Ciudadana y Rendicion de Cuentas en la Costa Rica del siglo XXI

Territorios Seguros y Participación de la Asamblea Legislativa invitan este próximo 21 de junio al foro: Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas en la Costa Rica del siglo XXI, con la participación de los expositores: Carolina Hidalgo, Presidenta de la Asamblea Legislativa; Víctor Morales Mora, Diputado Acción Ciudadana; Román Solís Zelaya, magistrado Corte Suprema de Justicia; Rodolfo Piza Rocafort, Ministro de la Presidencia; Carlos Campos Rojas, Territorios Seguros; Silvia Solís Mora, Subcontralora General de la República.

El foro se llevará a cabo en el Salón de Expresidenta y Expresidentes de la Asamblea Legislativa de 9 a.m. a 12 m.d.

Para confirmar comuníquese al teléfono 2243 2280 o al correo mbarrionuevo@asamblea.go.cr

Transmisión por canales 98 de Tigo y 200 de Tele Cable.

Dirección electrónica www.facebook.com/participacióncr/

 

Enviado por Carlos Campos Rojas.

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Lucha por el agua

Lucha por el agua Daniel Soto Ortega informa:

  • Secuestro de nuestro recurso hídrico

En este momento en el boulevard de la Asamblea Legislativa quienes defienden nuestra agua de quienes quieren privatizarla se encuentran secuestrados, la policía y la seguridad de la Asamblea cerraron el tránsito peatonal, nadie puede salir ni entrar.

En este momento sigue la manifestación de defensores del agua en el boulevard de la Asamblea Legislativa.

Continúa el retén policial-legislativo con vallas metálicas, nadie puede entrar.

Lucha por el agua Mario Cabrera informa:

Estamos secuestrados, no quieren abrir los portones y de aquí no nos vamos a mover. Hasta la lucha siempre.

Hoy todos (as) a las barras de la Asamblea Legislativa; el agua es vida no mercancía; fuera la privatización de nuestra agua. Se estará todo el día.

Compañeros de Pérez Zeledón en la lucha por el agua, frente a la Asamblea Legislativa. Fotos Mario Cabrera.

 

Enviado por Daniel Soto y Mario Cabrera.

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ANDA pide no sacar participación ciudadana de Ley de Aguas

Comunicado de la Alianza Nacional para la Defensa del Agua

 

A partir de los hechos de los últimos días en torno a la tramitación del Proyecto Ley para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico consideramos que estamos en un momento crucial para el futuro del país en un tema sumamente sensible y comprendemos lo complejo del proceso tendiente a dotar a Costa Rica de un marco legal e institucional que permita una gestión integrada, participativa, socialmente equitativa y ambientalmente sostenible de este líquido vital que garantice el reconocimiento efectivo de los derechos humanos de acceso al agua potable y al saneamiento.

Desde que varias de nuestras organizaciones, junto a diferentes actores sociales e institucionales, a finales de los años 90, iniciamos la discusión sobre la necesidad de ajustar dicho marco a los nuevos desafíos en materia hídrica, nos percatamos de la multiplicidad de visiones e intereses que giran en torno a la gestión del agua, por lo que llegar a acuerdos mínimos sería una tarea ardua.

Luego de un proceso de muchos años, con una gran cantidad de vicisitudes, se ha generado un acuerdo entre una mayoría de grupos parlamentarios en torno a un texto que, pareciera, cuenta con el aval del sector que más oposición ha externado. En ese sentido, el texto que se discute hoy en la Asamblea Legislativa, si bien no contiene todos los elementos que hubiéramos deseado en una nueva ley de aguas; es el que refleja el mayor nivel de acuerdo político que ha sido posible alcanzar en todos estos años y su aprobación significaría un primer paso en la dirección correcta.

Sin embargo, desde la ANDA consideramos que si bien este texto posee una serie de virtudes que harían que la gestión del recurso hídrico mejore considerablemente a favor de los principios que anteriormente hemos señalado, no podemos estar de acuerdo con la eliminación de los Consejos de Unidad Hidrológica que se habían establecido en el proyecto de iniciativa popular.

La participación ciudadana es un elemento esencial del espíritu del proyecto de ley. No puede haber gestión integrada del recurso hídrico ni reconocimiento efectivo de los derechos humanos de acceso al agua potable y al saneamiento sin dicha participación. Estos espacios de participación ciudadana estaban contemplados en el texto original, por lo que su eliminación podría implicar falta de conexidad entre lo planteado originalmente y lo que finalmente se apruebe.

Es por ese motivo que solicitamos a las señoras y señores diputados que consideren la permanencia de los artículos relacionados con los Consejos de Unidad Hidrológica. La participación ciudadana es parte consustancial de la vida en democracia, tal y como lo reconoce el artículo 9 de la Constitución Política.

 

Compartido en redes digitales por José Rafael Quesada.

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APSE exige debate transparente sobre Ley de Aguas

Comunicado

 

La APSE pone su mira en la Asamblea Legislativa ante el intento de algunas fracciones legislativas por aprobar de forma acelerada y sin debate, el proyecto de Ley de Recurso Hídrico, expediente 17742, que modificará la Ley de Aguas vigente actualmente y regulará todo lo relacionado con el líquido vital, su rectoría, protección y explotación comercial e industrial.

APSE no está de acuerdo con el procedimiento parlamentario aplicado a este proyecto desde el lunes 30 de octubre de 2017, cuando el Plenario acordó tramitar el expediente por la vía rápida según artículo 177 del Reglamento Legislativo.

A partir de ese momento, inició un confuso proceso en el Congreso para intentar convertir en ley, un texto sustitutivo para este expediente, el cual no es de conocimiento público. Se aplicaron medidas de secretismo y nocturnidad, como votar una moción para dispensar al nuevo texto de lectura, así como decidir que el debate del tema se agotase en altas horas de la noche, aún sin que se hayan debatido otros textos o mociones.

Consideramos que este proceder no es transparente y genera dudas válidas en la población acerca de las verdaderas intenciones que se gestan sobre este proyecto. No es correcto que el Plenario pretenda legislar sobre un tema tan sensible para la vida humana y el ambiente, de manera atropellada, al amparo de secretismos y tratando de silenciar cualquier oposición a un texto que el país aún no conoce.

Exigimos a los diputados y al Gobierno de la República que se detenga este procedimiento atropellado, para permitir un debate amplio y profundo. Cabe recordar que la Sala Constitucional devolvió el proyecto al Plenario en 2014 por encontrar vicios de inconstitucionalidad, entre ellos, haber modificado el espíritu original del expediente, que fue presentado por la vía de Iniciativa Popular con miles de firmas de respaldo. La instrucción que dictó el alto tribunal, fue dictaminar un texto que no se distanciara del proyecto original, pero todo hace sospechar que esta no es precisamente la intención que se desea alcanzar con el procedimiento aplicado esta semana.

APSE llama a su afiliación y la ciudadanía costarricense a estar informada sobre este tema de importancia trascendental para nuestro país, y en caso de ser necesario, manifestarse en defensa de nuestra agua y nuestros recursos hídricos.

 

Ricardo Molina Vega, Presidente

Marvin Padilla Lemus, Vicepresidente

Hugo Marín Guillén, Secretario General

*Imagen con fines ilustrativos.

Compartido en redes digitales por Herberth Contreras.

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Delegación indígena Ngäbe Buglë viajó a San José para denunciar violaciones a sus derechos humanos

  • Las actividades se realizaron el pasado 12 de octubre en Casa Presidencial y en Asamblea Legislativa y contó con actos culturales y conferencia de prensa
  • Presentaron proyecto de ley que busca agilizar, abaratar y humanizar el proceso de regulación migratoria para las y los indígenas Ngäbe Buglë
  • Visita se enmarcó en la conmemoración del 12 de Octubre, como una forma de reconocimiento de su identidad como pueblo originario

 

Bajo la bandera “No somos extraños, somos un pueblo originario” la comunidad de indígenas Ngäbe Buglë proveniente de Sixaola movilizó a más de 60 personas a San José este pasado jueves 12 de octubre.

Las actividades dieron inicio a las 10 de la mañana en Casa Presidencial, donde la comunidad se reunió con autoridades del Gobierno, para luego trasladarse a la Asamblea Legislativa a la 1:30 p.m., donde presentó un acto de baile Jeegvi, tradicional de su cultura, y una conferencia de prensa.

En dicha conferencia se anunció el proyecto de ley “Ley de Protección del Derecho a la Nacionalidad de la Persona Indígena y garantía de integración de la Persona Indígena Transfronteriza”, el cual les permitirá obtener un documento de identidad, indispensable para acceder a atención médica, ayuda social para la educación de sus hijos y el reconocimiento de sus garantías laborales.

Las fronteras que nos puso la gente blanca no nos permiten tener participación política o derecho a la salud, educación o trabajo digno, queremos que se reconozcan nuestros derechos como población indígena originaria” reclama la comunidad.

La comunidad Ngäbe Buglë que habita en Sixaola tiene tres características que la hacen especialmente vulnerable: es indígena sin territorio, es transfronteriza y vive en extrema pobreza.

Las actividades y el proyecto de ley surgen de un trabajo de acompañamiento que la Escuela de Comunicación de la Universidad de Costa Rica ha realizado desde enero del 2016 con esta comunidad, en vista de las violaciones sistemáticas a sus derechos humanos.

 

Enviado por Allan Monge, Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva, UCR.

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Gol macabro legislativo

Freddy Pacheco León

 

GOL MACABRO, BAJO, INDECENTE ejecutado en la ASAMBLEA LEGISLATIVA. Presentado cual si fuere un »inocente» proyecto que buscaba desafectar »un terreno municipal» para construir en él un »Centro Tecnológico», el Plenario Legislativo aprobó LA PROFANACIÓN MASIVA que Johnny Araya quiere ordenar en el CEMENTERIO CALVO. Creyendo que era un »proyecto chayote» (porque el título incluido en la lista, escondía el nombre de »Cementerio Calvo») buena parte de los diputados no se percataron del GOL que les estaban metiendo. ¡Así de grande es el cinismo que permea la sede legislativa!

Se están, entre otros, saltándose lo dispuesto en el PLAN DIRECTOR URBANO DE SAN JOSÉ, en cuyos planos y gráficos aparece muy bien delimitado el CEMENTERIO CALVO. Para modificarlo existe un único procedimiento, que incluye la aprobación pública en Cabildo del cantón, convocada al efecto. Algo que por supuesto NO se hizo.

ASIMISMO, tampoco existen sendos estudios de dos departamentos del MINISTERIO DE SALUD, aprobando los CIENTOS DE EXHUMACIONES que habrían de ejecutarse. Eso en términos de las formalidades. En cuanto a la moral y el respeto a los difuntos allí enterrados, sobran argumentos, entre ellos la carta del señor Arzobispo y la edición del semanario ECO CATÓLICO donde se denuncia el sacrilegio, la profanación masiva.

Y este martes 21 de agosto, ya enterados de lo que se trataba, aprobaron  en 2° debate el proyecto suscrito por Antonio Álvarez (conversado con Johnny Araya) en votación 31 a 9…

 

Enviado por el autor.

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