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Etiqueta: Asamblea Legislativa

Pueblos Indígenas: En Defensa de su Autonomía

Escrito en . Publicado en Derechos.

El pasado 9 de agosto en el Marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas se conmemoró en nuestro país el Sexto Aniversario del Desalojo Violento de la Asamblea Legislativa de un grupo de 28 manifestantes indígenas. El Frente Nacional de Pueblos Indígenas de Costa Rica (FRENAPI) se pronunció ante los medios de comunicación y la población en general sobre los eventos dados en esa fecha.

La lidereza indígena Luisa Bejarano Montezuma del Pueblo Ngöbe en Punta Burica, recuerda el desalojo como un momento simbólico que representa la violencia, el rechazo y la indiferencia discriminatoria con que el Estado y sus representantes tratan los temas de autonomía y de reconocimiento de los derechos humanos de los pueblos indígenas en nuestro país.

Según los y las indígenas las propuestas de solución que ofrece el gobierno para manejar la situación de violencia en contra de sus comunidades, NO respeta los convenios internacionales a los que el país se ha comprometido en materia de Autonomía de los pueblos indígenas. Sergio Rojas, líder indígena Bribri denunció a La Cabuya que el proceso de consulta que ha implementado el gobierno en los últimos años no responde a las necesidades de las comunidades indígenas.

Para que en nuestro país exista paz social, es necesario que el Gobierno mejore el enfoque con que se relaciona con los pueblos originarios, que reconozca y proteja los derechos de esta población ante los abusos y actos violentos llevados a cabo en su contra, la mayoría impunes al día de hoy. También debe responder atentamente a la deuda histórica que tiene con las comunidades indígenas, reconociéndolas desde acciones afirmativas para honrar la reforma que se hizo hace casi un año, del Artículo primero de la Constitución Política, que establece el carácter multiétnico y pluricultural de Costa Rica.

Los pueblos indígenas reivindican que deben gozar de autonomía para decidir qué se estudia en sus escuelas, sus formas de organización y toma de decisiones de acuerdo a sus costumbres, el manejo de sus bosques y ríos y a que se respeten los límites territoriales de sus comunidades.

Gustavo Oreamuno de la organización Ditsö y de la Coordinadora de Lucha Sur Sur, afirma que este es un tema de paz social en nuestro país. La recuperación del territorio ancestral y la protección de la vida es fundamental en la cosmovisión de nuestros pueblos indígenas. Por esa razón son ellos y ellas quienes deben decidir sobre sus procesos de consulta, sobre sus tierras, educación y todo lo relacionado a su propio gobierno.

El sistema universal y el sistema interamericano de derechos humanos han implementado múltiples instrumentos legales con los que Costa Rica se ha comprometido a respetar los derechos de los pueblos indígenas, no obstante los gobiernos “de turno” no han asumido seriamente su responsabilidad para que en la práctica esos derechos se garanticen. Por el contrario, sus instituciones han servido de cómplices esto en forma de impunidad, cuando se han dado actos que violentan emocional y físicamente a personas indígenas.

El respeto a la dignidad de los pueblos indígenas pasa también por un tema de información y comunicación. Los medios de comunicación han jugado un papel muy importante en los procesos de recuperación de tierras indígenas. Para el dirigente indígena Leonardo Buitrago el rol de los medios de comunicación tradicionales ha sido el de invisibilizar o tergiversar el tema indígena.

Desde La Cabuya queremos motivar a conocer los procesos de lucha y autonomía de los pueblos indígenas en nuestro continente. Denunciamos la forma en que la deuda que tiene el Estado con los pueblos indígenas, se sigue omitiendo o atendiendo desde el asistencialismo y nos unimos en un abrazo de lucha a las reivindicaciones de los pueblos indígenas en nuestro país y en la región.

 

Publicación hecha por Frente Nacional de Pueblos Indígenas FRENAPI, Costa Rica, tomado de http://www.vocesnuestras.org

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El Día Internacional de los Pueblos Indígenas en Costa Rica

Escrito en . Publicado en Derechos.

Comunicado

 

La Mesa Nacional Indígena de Costa Rica (MNICR), en conmemoración del 23° aniversario del Día Internacional de los Pueblos Indígenas (9 de agosto), aprobado por la Asamblea General de la ONU, mediante resolución 49/214 del 23 de diciembre de 1994,

MANIFIESTA:

El Día Internacional de los Pueblos Indígenas, fue constituido con la finalidad de fortalecer y reconocer: la cooperación para la solución de los problemas con que se enfrentan las comunidades indígenas en esferas tales como los derechos humanos, el medio ambiente, el desarrollo, la educación y la salud; el valor y la diversidad de las culturas y formas de organización social de los pueblos; la importancia de establecer un foro permanente para los pueblos indígenas en el Sistema de la ONU; el desarrollo de las pueblos indígenas en sus países contribuirá al adelanto socioeconómico, cultural y ambiental de todos los países del mundo; y la capacidad humana e institucional de los pueblos indígenas para que puedan encontrar soluciones propias de sus problemas.

Año tras año, los pueblos indígenas vienen denunciando el incumplimiento de sus derechos por el estado nacional, y demandando, proponiendo y recomendando la adopción de soluciones concretas a los temas de fondo que obstaculizan su desarrollo autónomo y el buen vivir.

Recordamos y condenamos enérgicamente el histórico y triste hecho de la Asamblea Legislativa,  que en el Día Internacional de los Pueblos Indígenas de 2010, expulsó violentamente de su edificio a un grupo de hermanas y hermanos indígenas, cuando demandaban la aprobación del Proyecto de Ley de Desarrollo Autónomo de los Pueblos Indígenas.

Ante las constantes denuncias indígenas en los entes de derechos humanos e indígenas de la ONU, estas instancias han llamado la atención y emitido recomendaciones para que el estado costarricense cumpla con los derechos indígenas, entre otros temas: tierra y territorio; salud; educación; niñez, adolescencia; gobernabilidad; migración y trabajo; actualización de la normativa indígena (aprobación del proyecto de Ley de Desarrollo Autónomo de los Pueblos Indígenas, Expediente N° 14.352). El estado ha emitido informes de cumplimiento de las recomendaciones, mismos que no necesariamente responden a la realidad, por lo que la Mesa Nacional Indígena de Costa Rica (MNICR) y otras organizaciones indígenas, han presentado informes alternativos. Las recomendaciones que en su inmensa mayoría no han sido atendidas por el país.

Los pueblos indígenas desde su propia visión, a iniciativa propia propusieron al estado costarricense una agenda indígena que incluye: a) Tierra y territorio (Seguridad Territorial); b) Gobernabilidad en los Territorios Indígenas; c) Estrategia de Desarrollo Nacional de los Pueblos Indígenas desde su Propia Visión; d) Consulta y Participación Indígena; e) Nueva institucionalidad para la relación Gobierno – Pueblos Indígenas; y f) Actualización e Implementación de la Legislación Indígena.

Celebramos los primeros pasos del poder ejecutivo en el abordaje de los temas de seguridad territorial; estrategia de desarrollo nacional indígena; y consulta y participación indígena.

Lamentamos el desinterés de los poderes ejecutivo y legislativo, a los  23 años de demanda y propuesta indígena para la aprobación del Proyecto de Ley de Desarrollo Autónomo de los Pueblos Indígenas, tiempo que coincide con la fecha de creación del Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Destacamos que en los últimos cuatro años (tanto del periodo gubernamental anterior como actual), el proyecto de ley ha pasado durmiendo el sueño de los justos.

Deploramos que la Asamblea Legislativa, continúe desconociendo en la práctica la consulta indígena en todos aquellos proyectos de ley que les afectan directamente.

 

Mesa Nacional Indígena de Costa Rica (MNICR)

Correo electrónico: mesaindigena@yahoo.com

Mesa Nacional Indigena

*Imagen de portada con fines ilustrativos tomada de la UCR.

Enviado por MNICR.

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FRENAPI: a siete años del desalojo violento en la Asamblea Legislativa de un grupo de líderes indígenas

Escrito en . Publicado en Derechos.

frenapi3

El Frente Nacional de Pueblos Indígenas (FRENAPI) conmemoró el Sétimo Aniversario del Desalojo Violento de la Asamblea Legislativa de un grupo de líderes indígenas. FRENAPI es una organización indígena integrada por indígenas de los diferentes pueblos que se encuentran en el país, cuentan con el apoyo de organizaciones sociales y ecologistas, sindicatos, iglesias, universidades, asociaciones, personas independientes, de Derechos Humanos, entre otras.

En agosto del 2010 en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, compañeras (os) de diferentes pueblos del país realizamos una actividad en la Asamblea legislativa para demandar una respuesta gubernamental sobre el futuro de la Ley de Desarrollo Autónomo los Pueblos Indígenas # 14.352, la cual garantiza que muchos de nuestros derechos se respeten, establece los mecanismos de relación entre nuestros Pueblos y el Estado y los particulares, todo dentro del marco de nuestra Constitución Política y los Convenios Internacionales ratificados por Costa Rica. Sin embargo, la respuesta que obtuvimos fue el desalojo violento con un grupo de al menos 50 antimotines de la Fuerza Pública que golpeó a hombres y mujeres, apoyados por altos funcionarios de la seguridad interna del edificio legislativo.

En ese momento expresamos “Somos los habitantes originarios de esta Madre Tierra, nuestros derechos ancestrales y milenarios, de antes que llegara la conquista, están siendo usurpados e irrespetados, ni siquiera se respeta el Convenio #169 de la OIT, que está ratificado por el Estado Costarricense”.

Lastimosamente, siete años después de estos hechos y dos décadas de que este proyecto de Ley este en discusión en la Asamblea legislativa, no ha sido aprobado, y las amenazas han crecido, como presión de los invasores no indígenas ilegales por nuestras tierras, casas quemadas, mujeres golpeadas, hombres baleados, macheteados, enjuiciados y encarcelados, sin sentencia alguna, además de amenazas de proyectos como REDD+, hidroeléctricas, entre otras.

No olvidamos este lamentable hecho de racismo y desprecio para con una de las raíces de la sociedad costarricense. A partir de este hecho, la asamblea de FRENAPI decidió regresar a sus comunidades a construir la Autonomía recuperando sus territorios y otros derechos Humanos de los Pueblos Indígenas.

Para mayor información comunicarse al teléfono 2223-4472 ó al correo serpajcostarica@gmail.com

 

Enviado por Coecoceiba.

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Docentes de Ciencias Penales de UCR se pronuncian sobre Extinción de Dominio

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Un comunicado de un grupo de docentes de la Maestría de Ciencias Penales de la Universidad de Costa Rica expresa, mediante un comunicado, varias dudas acerca del Proyecto de Extinción de Dominio que se tramita en la Asamblea Legislativa bajo el expediente No. 19571. Entre otras conclusiones, señala que el proyecto: “pretende desvincular la decisión que se adopte sobre el patrimonio criminal del procedimiento penal”.

El escrito, redactado por la profesora de esa maestría doctora Patricia Vargas González, señala en sus conclusiones:

“El proyecto de extinción de dominio que se tramita bajo el expediente N° 19.571 (en su texto actualizado al 8 de febrero de 2017), pretende desvincular la decisión que se adopte sobre el patrimonio criminal del procedimiento penal. A pesar de las buenas intenciones, se trata de una iniciativa problemática pues conserva su carácter penal y este inconveniente no se supera con un simple cambio de etiquetas. Su característica principal es el ejercicio del poder de imperio del Estado, lo que en Costa Rica excluye, al menos en el plano del deber ser, cualquier pretensión de regularlas ignorando los principios, derechos y garantías que se prevén en el ámbito de lo punitivo.

No se desconocen las dificultades que enfrenta el Estado cada vez que debe demostrar el vínculo entre los bienes cuya incautación pretende y una determinada actividad delictiva. Sin embargo, en ningún caso la parte acusadora debe resultar exenta de su deber de demostrar la comisión de actividades criminales, sobre todo las que se han realizado durante largos periodos. Tampoco el responsable debe ser favorecido con no ser sancionado penalmente por cometer esas actividades delictivas, bajo el entendido de que solo experimentará la pérdida de su patrimonio.

En síntesis, la respuesta no debe implicar crear vías de recuperación de activos al margen del proceso penal, exentas de todos los derechos y garantías asociados a este. Al contrario, se deben hacer las reformas dentro de este proceso, dotando al Estado de las herramientas para acabar con las riquezas de la criminalidad y, a la vez, permitiendo que la ciudadanía que pueda ser afectada esté en plenas condiciones de ejercer sus derechos. Contrario a lo que se ha asumido por muchos, el procedimiento penal no un obstáculo para la recuperación de los bienes de la criminalidad, todo lo contrario, es un instrumento que podría usarse con ese propósito siempre y cuando sea remozado”.

El comunicado de respaldo al escrito de la docente Patricia Vargas González es suscrito en un comunicado por los profesores Dr. Francisco Castillo González (Profesor Emérito); Dr. Alfredo Chirino Sánchez, Decano Facultad de Derecho; Dr. Erick Gatgens Gómez, Vicedecano Facultad de Derecho; Msc. José Manuel Arroyo Gutiérrez; Dr. Álvaro Burgos Mata; Dr. Gustavo Chan Mora; Msc. Rosaura Chinchilla Calderón; Msc. Rosaura García Aguilar; Dr. Javier Llobet Rodríguez; Dr. Roy Murillo Rodríguez; Dr. Manuel Salas Rojas; y Dr. Carlos Tiffer Sotomayor.

En el siguiente enlace puede conocer el documento completo del comunicado:

Extinción de dominio

 

*Ilustración tomada de página oficial de la Asamblea Legislativa de Costa Rica.

Información compartida con SURCOS por Nicolás Boeglin.

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Alerta costarricenses, diputados despilfarran fondos del pueblo en edificio absurdo y de costo impredecible

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Cuatro años ha consumido la Asamblea Legislativa en diseñar una nueva sede que tendremos que pagar los costarricenses, con el desastroso resultado que se ha visto: un gigantesco cajón de concreto de 21 pisos, que parece más una cárcel que lo que se esperaría de un parlamento democrático.

Después de haber contratado un proyecto que fracasó y que nos costó más de 2 millones de dólares perdidos, se realizaron dudosas negociaciones en que se adjudicó a dedo al mismo arquitecto del primer proyecto fracasado, para que diseñara el proyecto del cajón, a un costo de otros 3 millones de dólares.

Una obra que se había estimado en $76 millones ha aumentado a $100 millones, pero se espera que aumente aún más por varias razones, como una excavación gigantesca, una estructura de concreto del cajón nada convencional que consumirá miles de metros cúbicos de concreto reforzado. Ya el mismo Director Ejecutivo de la Asamblea, Antonio Ayales, promotor del proyecto, ha admitido públicamente que el costo aumentará significativamente.

Un edificio de condiciones laborales lesivas para cientos de funcionarios, que tendrían que laborar dentro de la caja de concreto y muchos bajo el nivel del suelo, totalmente aislados visualmente del exterior, lo cual incidiría negativamente en aspectos de salud ocupacional y sicológica.

Hasta dónde llega la irresponsabilidad de nuestros legisladores, que obligarían al pueblo costarricense a pagar por el edificio más absurdo jamás concebido. Se hacen números alegres de ahorros en alquileres, vigilancia y otros por ¢1.500 millones al año, pero no se dice que el pago al Banco de Costa Rica aumentará a ¢7.500 millones al año.

Ya adjudicaron la licitación de movimiento de tierras por ¢3.000 millones, pero hay una apelación que deberá resolver la Contraloría General. Si la Contraloría rechaza la apelación quedará en firme y tendrá una consecuencia funesta: la Asamblea tendría que construir el edificio CUESTE LO QUE CUESTE y tendríamos que pagarlo.

¿Seguiremos tolerando a estos diputados tan irresponsables?

 

Enviado a SURCOS por Marité Valenzuela.

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Grupo ciudadano hace advertencia a presidente legislativo en relación con nuevo edificio

Escrito en . Publicado en Comunidad.

SURCOS recibió para su publicación el siguiente comunicado:

Pese a la reticencia de las autoridades legislativas y los diputados en general, a escuchar a la sociedad civil, nos permitimos exponer lo siguiente:

Somos un grupo ciudadano consciente de que es necesario solucionar el problema de la planta física de la Asamblea Legislativa, no sólo por precarias condiciones, sino porque es muy importante que un país cuente con una sede emblemática, al mismo nivel de otras naciones. Desgraciadamente creemos que Costa Rica y sus gobernantes legislativos con esto lo que harán es el ridículo y pondrán al país en ridículo internacional.

Es inexplicable cómo funcionarios públicos, de varios niveles, o los banqueros encargados y otros participantes, hayan aprobado ese proyecto y que se pretenda gastar el dinero no de los bancos, sino de los costarricenses, en algo tan absurdo y descabellado.

Como ciudadanos estamos en la obligación de advertirle de buena fe al Presidente de la Asamblea, como principal responsable en estos momentos, los riesgos implicados en la materialización de ese proyecto, tal como está concebido:

Cualquiera, con un mínimo de entendimiento se puede dar cuenta de lo que significará el levantamiento de esa gigantesca mole, cerrado como una prisión, de espaldas al pueblo, estropeando el entorno urbano patrimonial, que aunque a los diputados no interese, pertenece al pueblo costarricense. Ampliamente criticada ha sido la autorización del Centro de Patrimonio, en la que se amparan los diputados, pero en nada cambia la realidad física.

Los diputados del Directorio anterior aprobaron el proyecto sin absolutamente ningún análisis objetivo sobre el funcionamiento interno, confiados únicamente en lo que les dijeron los subalternos, como si se tratara de algo intrascendente, pero siempre corresponsables. Ahora el Presidente en funciones asume la continuidad de esa responsabilidad.

Señor Presidente, usted como empresario de vasta experiencia, si el dinero que financia esa obra fuera suyo, ¿aprobaría esa construcción sin un análisis a fondo de su funcionalidad? ¿Arriesgaría usted su patrimonio en una obra perenne sin medir los riesgos de fracaso y pérdida de la inversión? ¿Está usted consciente de que estaría malgastando el dinero de los costarricenses, en una obra defectuosa para toda la vida?

En todo caso, esto también repercutirá en su vasta carrera política, razón por la que usted debería reflexionar y asesorarse objetivamente, porque tarde o temprano surgirán los reclamos y con razón. No se trata de que el fisco pierda lo que se ha gastado, pues mucho más se perderá en esa construcción de toneladas y toneladas de concreto armado, sino de que se escuchen alternativas sensatas sin pérdida de tiempo, que superen los errores de este equivocado proceso.

Ahora bien, si se continúa con los oídos sordos y se persiste en materializar esa obra, todo está documentado y en el momento del caso, las responsabilidades surgirán y habrá que rendir cuentas.

 

Firma responsable María Teresa Valenzuela Hernández

Cédula 14191055

 

Enviado a SURCOS Digital por María Teresa Valenzuela Hernández.

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Análisis UNA: Recorte de ingresos al PANI atenta contra derechos humanos de la niñez

Escrito en . Publicado en Derechos.

  • En la presente Administración, bajo la presidencia ejecutiva de la doctora Ana Teresa León, el PANI ha venido desarrollando importantes esfuerzos de trabajo en prevención y educación, áreas donde se suele invertir poco, pese a que son precisamente las que brindan los mejores resultados a largo plazo

 

El Instituto de Estudios Interdisciplinarios de la Niñez y la Adolescencia (INEINA) de la Universidad Nacional (UNA) comunica a la opinión pública su posición acerca del recorte presupuestario a la inversión en niñez aprobado por la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa.

  1. El Estado costarricense ha tenido una deuda histórica con los recursos que se deben destinar por Ley al Patronato Nacional de la Infancia (PANI), pues o estos se entregan incompletos, o son recortados o se entregan tardíamente, perjudicando directamente la sostenibilidad, oportunidad y calidad de los servicios que esta institución brinda a la niñez y a la adolescencia de todo el país.
  2. Los recursos con los que cuenta el PANI no sirven únicamente a los importantes servicios que brinda esta institución, sino que además permiten financiar a numerosas organizaciones que brindan servicios de alimentación, cuido, hospedaje y atención integral a personas menores de edad en todo el país.
  3. En la presente Administración, bajo la Presidencia Ejecutiva de la Doctora Ana Teresa León, el PANI ha venido desarrollando importantes esfuerzos de trabajo en áreas preventivas y educativas, donde se suele invertir poco, pese a que son precisamente estas acciones las que suelen brindar los mejores resultados a largo plazo.
  4. Tal como la evidencia resultante de varios estudios internacionales demuestra, la educación a padres y madres de familia logra resultados significativos en el desarrollo a largo plazo de la niñez y la adolescencia, incidiendo en una menor presencia de conductas delictivas.
  5. Los niveles de retorno que muestra la inversión en niñez y adolescencia son muy grandes, puesto que se estima una proporción de 10 dólares por cada dólar invertido, lo que representa una costo-efectividad del 1000%, lo cual implica un factor clave en el desarrollo humano del país como un todo.
  6. Como lo han venido indicando diversos organismos internacionales, la inversión en niñez es una de las más eficaces y estratégicas que existen, por cuanto tiene implicaciones sistémicas; es decir, que impactan en diversos aspectos del país, tales como su nivel de educación, salud, empleo, crecimiento económico, competitividad y bienestar general.
  7. Por el contrario, la no inversión en niñez es una genuina hipoteca del futuro que pasa facturas elevadísimas a aquellos países que toman esta clase de decisiones, puesto que tendrán múltiples implicaciones relacionadas con la fractura del desarrollo nacional. Esto implica una visión del desarrollo que no contempla al ser humano y que ignora a la niñez como ciudadana sujeta plena de derechos.
  8. Mientras los niveles de pobreza general en el país afectan a cerca de una quinta parte de toda la población (según las estimaciones más conservadoras), lo hacen a un nivel de cerca de una tercera parte con respecto a la población infantil, lo cual tiene consecuencias nefastas en todos los aspectos del desarrollo humano de esta población. Un niño no puede crecer ni desarrollarse adecuadamente en medio de la miseria.
  9. El Estado costarricense, en tanto firmante y ratificador de la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989, se compromete a invertir el máximo posible de sus recursos y esfuerzos para garantizar el cumplimiento de todo los derechos establecidos en este instrumento jurídico internacional de acatamiento obligatorio.
  10. Pese a los esfuerzos realizados, según la Comisión de Derechos del Niño de Naciones Unidas, el Estado costarricense se mantiene en mora en el cumplimiento de los derechos de esta población, donde la inversión reflejada en los presupuestos es una condición necesaria para avanzar en su realización efectiva, de manera que al recortarse los recursos hacia la niñez y la adolescencia se está dando la espalda a los Derechos Humanos de esta población vital del desarrollo nacional presente y futuro.

Por todo lo anterior, concluimos que:

No se justifica que un tema de tanta importancia como es la inversión en niñez y adolescencia, que debería incluso ser considerado sagrado por todas sus múltiples y delicadas implicaciones, aún no cuente con todo el respaldo político necesario para responder a las obligaciones legales, sociales y éticas que este involucra, razón por la cual exhortamos a las señoras y señores diputados a enmendar este gravísimo error en que se ha incurrido al recortar tales recursos, y proceder a devolverlos con prontitud a la niñez, que los requiere con urgencia.

Instituto de Estudios Interdisciplinarios de la Niñez y la Adolescencia (INEINA-UNA)

***Mayores detalles con Ana Arguedas, directora del INEINA, teléfono 2562-6465 o en la Oficina de Comunicación 2277-3067.

 

Imagen tomada de http://www.pani.go.cr/

Enviado a SURCOS Digital por oficina de Comunicación UNA.

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UCR: Sede de Occidente abre espacio para reflexionar sobre la economía social solidaria

Escrito en . Publicado en Derechos.

Empresarios, legisladores y académicos dan su aporte

 

Grettel Rojas Vásquez,

Periodista, Sede de Occidente

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En la actividad el M.Sc. Wilberth Mejías Cruz del Centro Educativo Pindeco presentó la ponencia Cambiamos la forma de educar (foto Grettel Rojas).

Con el objetivo de ofrecer un panorama claro del estado de la economía social solidaria a nivel nacional y de compartir algunas experiencias, recientemente se llevó a cabo el foro “Hacia una nueva economía: reflexiones sobre economía social solidaria en emprendimientos sociales y educativos en la región de Occidente”.

La actividad contó con la participación del diputado M.Ed. Javier Cambronero, del encargado de la Dirección de Economía Social Solidaria del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) Lic. Moisés Mora, así como de representantes de organizaciones que trabajan bajo este sistema.

El Lic. Moisés Mora, se refirió a los principios de la economía social solidaria y a la creación de la dirección en el MTSS. Mencionó que la economía social solidaria es una actividad empresarial de origen privado la cual cuenta con valores y principios solidarios, de justicia social y democráticos.

Señaló que la dirección en el MTSS fue creada en el 2015 con el objetivo de “impulsar y articular distintas políticas públicas para fortalecer el sector privado de la economía social solidaria que existe en Costa Rica” el propósito es la generación de empleo, combatir la pobreza y la desigualdad.

Desde dicha dirección se ofrece a los que califican en este sistema: capacitación, transferencia de conocimiento y crédito.

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El diputado Javier Cambronero, habló sobre el marco legal en que se encuentra actualmente la economía social solidaria (foto Grettel Rojas).

Por su parte, el M.Ed. Javier Cambronero hizo un recorrido histórico de la economía social solidaria. Explicó que la mejor forma de entender la economía social es el cooperativismo. “No es algo casual, es una construcción viva, patriótica, de mucha gente, de hace muchos años que arrancó entre 1900 y 1910” aseguró.

El diputado explicó que desde la Asamblea Legislativa, por medio de la Comisión Especial Economía Social Solidaria, se ha trabajado en la construcción de un instrumento jurídico, cuyo dictamen ya fue aprobado por 29 diputados y en la actualidad se encuentra en el puesto 110 de la corriente legislativa.

Cambronero indicó que el proceso ha sido rápido y que se ha ido trabajado en acciones paralelas como la creación de una dirección especial en el Ministerio de Trabajo y la conformación de una Cámara Nacional de Economía Social Solidaria.

Por su parte, diferentes organizaciones como Coopecep R.L., Coopecañera, ASODES-Fundación Costa Rica-Canadá y otras compartieron sus experiencias con el público presente.

Un esfuerzo en conjunto

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Estudiantes, funcionarios y personas de la comunidad participaron en el foro (foto Grettel Rojas).

El foro Hacia una nueva economía: reflexiones sobre economía social solidaria en emprendimientos sociales y educativos en la región de Occidente se llevó a cabo gracias al esfuerzo en conjunto del programa de investigación Perspectivas y retos de la Educación en la región de Occidente y de los proyectos de Trabajo Comunal Universitario (TCU) Capacitación a Microempresarios de la zona de Occidente y Apoyo a entidades Comunales.

Según la profesora Alejandra Rodríguez, encargada del programa, desde el punto de vista de investigación esta actividad se realizó con el propósito de fortalecer la línea de investigación denominada convivencia democrática en la educación costarricense.

Además, señaló que es importante mostrar a los estudiantes experiencias diferentes en cuanto al mercado laboral, ya que la mayoría ve como empleador único al Ministerio de Educación, “no es mentira que sea el mayor empleador, pero deberían abrir los ojos a otras opciones” aseguró.

Rodríguez expresó que por medio de las experiencias mostradas se les enseña que hay opciones que “pueden emprender y cambiar por ellos mismos, pero que deben hacerlo de forma responsable socialmente”.

Por su parte, la docente Roxiris Fallas del proyecto Capacitación a Microempresarios, destacó que desde el TCU hay mucho interés de ofrecerles herramientas a los microempresarios para que establezcan alianzas que los potencien y que les permitan salir de sus necesidades de forma conjunta. “Los problemas y necesidades son las mismas, ellos necesitan aliarse para minimizar los obstáculos que tienen para desarrollarse” afirmó.

Destacó que la información ofrecida en este foro será replicada por los estudiantes colaboradores en cada una de las microempresas con las que se trabaje.

 

Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/

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ANEP invita a diputada a vivir realidad del servicio público y le sugiere 12 posibilidades

Escrito en . Publicado en Trabajo.

  • Empleo público y pluses salariales: reto público de la ANEP a la honorable diputada Rosibel Ramos Madrigal
  • Ni “canillera” ni “pendejada”: solamente justicia y equidad. El matonismo político no conduce a la paz

 

La diputada socialcristiana Rosibel Ramos Madrigal, presidenta de la comisión parlamentaria de Asuntos Hacendarios, destaca (junto a su colega legislativo de similar ideología, Otto Guevara Guth), como parte del conjunto de las figuras políticas de mayor virulencia que se han venido manifestando en la actual Asamblea Legislativa, en contra del Empleo Público y en contra de la clase trabajadora asalariada del Estado.

En una pose de matonismo político, muy característica del pensamiento neoliberal, la indicada legisladora la arremetió contra aquellos colegas suyos en el seno del bloque opositor al Gobierno, que pudieran pensar diferente a ella en el debate parlamentario sobre el empleo público que ya empezó.

Los términos por ella empleados, “canillera” y “pendejada”, para catalogar eventuales posiciones distintas a la suya en materia de empleo público en el seno del grupo parlamentario de la oposición, expresan conceptos intimidatorios que se utilizan cuando no se tienen los argumentos suficientes para sostener una determinada tesis.

En tal sentido, la legisladora Ramos Madrigal no se diferencia mucho de quienes emplearon términos de agresión verbal inaceptables que se pronunciaron días atrás en las barras legislativas contra congresistas de signo neoliberal como lo es ella.

Así que la ANEP, de manera pública y respetuosa, reta a la diputada Rosibel Ramos Madrigal para que saque un poquito de tiempo de su apretada agenda (eso sí, tramitando el debido permiso) y realice, aunque sea por algunos instantes, las siguientes tareas de servicio público ejecutadas por empleados públicos cargados de “privilegios” por los pluses salariales que reciben.

En caso cada caso, le recomendamos preguntar por el salario total (base más pluses) que devengan esas personas empleadas públicas y cuántos años de servicio acumulan para haber llegado a tener tal nivel salarial.

Para la ANEP será un gran honor acompañarle a cada visita, con nuestros personeros y dirigentes respectivos, a fin de facilitar su importante presencia. Eso sí, si ella lo tiene a bien.

De seguido le presentamos doce sugerencias para que conozca, más integralmente, el fondo del problema del empleo público. Hay muchas más situaciones como las que se ejemplifican a continuación. Si aparte de las citadas, puede haber otras de su interés, háganoslo saber. ¡Aquí van las primeras!:

PRIMERO: Móntese en una radio patrulla de la Fuerza Pública y acompañe a los policías en un recorrido por un barrio marginal capitalino cargado de pobreza, droga, crimen organizado, niñez en riesgo, gente desempleada y viviendas destartaladas. Luego del recorrido, ellos le compartirán un poquito de la alimentación que reciben en la delegación policial de pertenencia.

SEGUNDO: Visite La Reforma, súbase a un fortín, acompañe al policía penitenciario por un ratito como vigía y ojalá no le den ganas de ir al servicio en ese momento. O bien, pase unas dos horas en un módulo de reclusión de la cárcel de San Sebastián, en total hacinamiento, para ayudar a atender la dinámica de los privados de libertad en una mañana cualquiera.

TERCERO: Acompañe a un policía migratorio en algún puesto fronterizo y ayúdele unos minutos en tareas administrativas porque ahora este oficial debe hacer las dos tareas por un único salario. Usted puede trasladarse en avioneta o helicóptero para que no gaste mucho de su valioso tiempo.

CUARTO: En ese mismo medio de transporte, vaya a un parque nacional o área protegida y colabore con el oficial guardaparques en una persecución, aunque sea cortita, a un cazador furtivo. Mejor no le pedimos que ayude a enfrentar una situación con el narco de las muchas que se dan en el área verde del país.

QUINTO: Acompañe a un oficial de tránsito en una carretera de alto volumen vehicular, ojalá a hora pico y ayúdele, al menos, a llenar la boleta por infracción o una colisión que le toque presenciar. Ya no los mandan en pareja por falta de efectivos.

SEXTO: Coordine para que le participen de un operativo policial de defraudación fiscal y aunque sea por unos instantes, sea testigo de lo que es robo de impuestos en tiempo real, en concreción concreta y cómo hace falta más personal.

SÉTIMO: Podría visitar, por ejemplo, el CEN-CINAI de Los Cuadros de Guadalupe, ayudándole un ratito a la servidora que cuida los chiquitos de las madres solas jefas de hogar que se dejan en ese centro de servicio público. Tal vez en su visita usted podría ayudar a repartir el almuercito de los güilitas.

OCTAVO: Acompañe a un trabajador de AyA a efectuar una corta de agua, a una familia pobre o que está en problemas para pagar el recibo; ojalá no le toque a ir a una barriada típica del fenómeno de exclusión social. La gente se enoja mucho cuando le cortan el agua y la emprende contra los trabajadores.

NOVENO: Acompañe a un asistente de pacientes en un hospital metropolitano de la Caja, a asear a los enfermos, a darles el baño personal en su propia cama de convalecencia, en la pura mañanita y porque esa persona no puede moverse.

DECIMO: Haga un pequeño recorrido junto a un camión recolector de basura, con los empleados municipales que luego de varios años de exposición a la intemperie, en especial ahora que por el cambio climático la exposición a los rayos solares es más peligrosa, esperan recibir una cesantía compensatoria de una pensión que les quedará bajita.

ONCEAVO: En avioneta puede usted trasladarse a un poblado de la zona atlántica y acompañe al personal de campo del Ministerio de Salud, a un recorrido de combate al dengue, al zika, a la chikungunya.

DOCEAVO: Talvez le interese estar cerca de un operativo delicado de combate al tráfico de drogas, ahora que el país está inundado por la actividad del narcotráfico. Los oficiales de la Policía de Control de Drogas, con seguridad, le compartirán la naturaleza peligrosa de su tarea.

En esto de los pluses salariales en el empleo público, las generalizaciones son tremendamente injustas. Todos estos meses, desde que ella llegó a la curul parlamentaria, miles y miles de empleados públicos han sido víctimas de una cruel campaña político-mediática de agresión psicológica y de terrorismo ideológico, culpabilizándoles del déficit fiscal, lo cual no es cierto. En cada uno de los doce casos mencionados (y los muchos más que no podemos citar ahora), los servidores públicos con pagadores de impuestos rigurosos y responsables, no se los roban. Los pluses salariales que devengan no tienen ninguna característica de privilegio.

Quedamos en espera de la respuesta de la diputada Rosibel Ramos Madrigal.

San José, viernes 16 de setiembre de 2016.

 

Albino Vargas Barrantes

Secretario General ANEP

 

**Lea también:

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Imagen tomada de: http://www.anep.or.cr/

Enviado a SURCOS Digital por ANEP.

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“Ahogaron” la Ley de Iniciativa Popular

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Freddy Pacheco León (*)

 

Al aprobarse hace una década, la Ley de Iniciativa Popular (Nº 8491) era para algunos diputados, una gran oportunidad para que se ampliara la democracia, para que el Soberano, el pueblo representado en al menos un 5% del padrón electoral, pudiera presentar proyectos de ley a la Asamblea Legislativa. Antes de ello, no era posible que por esa vía, los señores diputados se vieran en la obligación de votar un proyecto de ley generado por ese mecanismo.

Así ingresó en el 2010 el proyecto de una nueva LEY DE AGUAS, acompañado por más de 150.000 firmas avaladas por el TSE, en hojas que decían en su encabezado, que el proyecto garantizaba “el derecho humano de acceso al agua potable EN CANTIDAD Y CALIDAD para las presentes y futuras generaciones”. Así fue fácil recolectar más firmas que el mínimo necesario.

Pero, las decenas de miles de ciudadanos que firmaron por ese proyecto, no se preocuparon de lo que diría EL TEXTO que se entregaría al Directorio Legislativo, y que, de acuerdo con la Ley, se votaría en un plazo máximo de DOS AÑOS. La buena fe de los que firmaron era tal, que jamás se imaginaron el VIL ENGAÑO que se estaba gestando a sus espaldas.

Pues resulta que a punto de finalizar el plazo de los dos años, los diputados de la Comisión de Ambiente corrieron para dictaminarlo y enviarlo al Plenario Legislativo para su votación. Carrera en la cual “olvidaron” algo fundamental, algo elemental, algo lógico, explicado por los señores magistrados Fernando Cruz y Gilbert Armijo, al responder una consulta legislativa.

Dicen: “no es constitucionalmente admisible que el legislador, con ocasión de un proyecto de iniciativa popular, le introduzca cambios y variaciones sustanciales al proyecto, que impliquen SU DESNATURALIZACIÓN, como ha sucedido en este caso. De la comparación entre lo que establecía EL PROYECTO ORIGINAL con el proyecto QUE FUE APROBADO en primer debate, se observa, muy claramente, que hubo un exceso del legislador, al variar aspectos sustanciales sobre las medidas de las áreas de protección, que implicaron una evidente VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE CONEXIDAD”.

Y es que no podía haber sido de diferente manera, pues los señores diputados de comisión y los que lo aprobaron en Primer Debate el lunes 31 de marzo del 2014, obviaron que el “DERECHO DE ENMIENDA” ejecutado en proyectos de ley regulares, NO es posible practicarlo cuando se trata, por ejemplo, de convenios internacionales y aquellos regidos por la Ley de Iniciativa Popular. Y en estos últimos con mayor razón, porque podría suceder que al hacerle cambios sustanciales que lo afectaren negativamente (como sucediera en este caso) se desnaturalizaría TODO EL CONCEPTO DE LA INICIATIVA POPULAR. Podían, los señores diputados, aprobar o improbar el proyecto que les sometió para su votación el Soberano, pero no podían “aprovecharse” de él para, según intereses antidemocráticos, cambiarlo como producto de “UNA NEGOCIACIÓN”. Hacer tal cosa, haría aumentar la DESCONFIANZA que se tiene en la institución legislativa. La democracia ha de ser una realidad, no un “saludo a la bandera”. Mas, sin embargo, así lo hicieron.

Sin necesidad de entrar en detalles de la violación flagrante al desdeñado “Principio de Conexidad” que ha de existir entre la voluntad de los que firmaron en las hojitas, y lo que eventualmente se aprobaría (como por ejemplo el HABER ELIMINADO la expresión “EN CANTIDAD Y CALIDAD ADECUADAS” en el Principio sobre el acceso al agua como un Derecho Humano, y la inserción del agua como “BIEN ECONÓMICO” en lugar de “BIEN SOCIAL”) la misma comisión legislativa en su dictamen, LE CONFESÓ cándidamente al Plenario Legislativo algo insólito.

LE DIJERON: “Antes de aprobar EL TEXTO SUSTITUTIVO, las y los legisladores que formamos parte de la comisión dictaminadora promovimos un ACUERDO POLÍTICO intersectorial, donde participaron, entre otras organizaciones, la Alianza Nacional para la Defensa del Agua (ANDA), la Red Centroamericana de Acción del Agua (FANCA), la Alianza de Redes Ambientales (ARA), la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep) y la Unión de Pequeños y Medianos Agricultores Nacionales (Upanacional). También participó el Poder Ejecutivo”.

O sea, confiesan con una desfachatez superlativa, que el texto ingresado con las decenas de miles de firmas fue sustituido, FUE DESECHADO, que el que se votaría fue producto de una negociación con entes privados y políticos. Que, en otras palabras, SE HABÍA ENGAÑADO a los ciudadanos que creyeron estar participando de una nueva forma de participación democrática en la elaboración de las leyes.

Hoy, siguiendo ese mal “ejemplo”, hay algunos diputados que quieren no solo aprobarlo así, sino además, HACERLE MÁS CAMBIOS al “texto sustitutivo”. Cabe recordar que al aprobarse la Ley de Iniciativa Popular a inicios del 2006, algunos legisladores expresaron que ellos hubieran preferido que los proyectos ingresados por esa vía, se pudieren modificar como cualquier otro proyecto. Pues, aunque sus propuestas NO fueron acogidas, diputados actuales están actuando cual si eso se hubiere aprobado de esa manera, mal sustentados en “dictámenes” jurídicos “jalados del pelo”, que solo servirán para hacer más grande el embrollo. Para ellos, lo que importa es aprobar el proyecto de la nueva Ley de Aguas, aunque éste sea IMPOPULAR E INCONSTITUCIONAL por su forma y su fondo.

TRISTE FINAL para la bien intencionada Ley de Iniciativa Popular, pues con lo sucedido, la misma Asamblea Legislativa se han encargado de “AHOGAR” una legislación que prometía ser un mecanismo efectivo de acercar al Soberano, al pueblo que ha de respetarse, a la Asamblea Legislativa, a través de un mecanismo que le permitiría participar directamente en el Primer Poder de la República. A partir de ahora, muy pocos, O QUIZÁ NADIE, estaría dispuesto a sumar su valiosa firma en un proyecto semejante.

(*)Dr. en Ciencias Biológicas.

 

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