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Etiqueta: Asamblea Legislativa

La jornada esclavista de 12 horas de trabajo a discusión amplia, en la Asamblea Legislativa

Vladimir de la Cruz

El expediente legislativo de la jornada esclavista que quiere establecer jornadas de trabajo de 12 horas diarias, sin pago de horas extras, con reducción proporcional del aguinaldo y de las futuras pensiones que los trabajadores podrían llegar a tener, se rechazó para ser discutido en el trámite parlamentario, bajo la modalidad de “trámite rápido”.

Este trámite permite discutir el expediente del proyecto de ley en trámite de una manera muy rápida, de allí su nombre, “trámite rápido”. De esa manera se reduce el tiempo de discusión de las mociones, y del mismo proyecto de ley, a fracciones ridículas de tiempo reloj de los diputados que quieran opinar sobre el Proyecto de Ley. Pero, especialmente, el «trámite rápido” está hecho para limitar el tiempo y reducirlo de los que se oponen al proyecto de ley bajo esa modalidad de discusión. En la práctica es para aprobarlo sin discusión.

Para establecer el trámite rápido de discusión se requiere una votación calificada de 38 diputados. Es natural que así sea por la importancia de reducir el tiempo y calidad de discusión del proyecto sometido a este trámite, de un tema tan sensible como es el establecimiento de jornadas de trabajo de 12 horas diarias.

El lunes pasado en la Asamblea Legislativa votaron en contra de la aplicación del trámite rápido nueve diputados del Partido Liberación Nacional, Dinorah Barquero, Oscar Izquierdo, Alejandra Larios, Luis Fernando Mendoza, Katherine Moreira, Rosaura Méndez, Francisco Nicolás, Pedro Rojas y Monserrat Ruiz, los cinco diputados Jonathan Acuña, Sofía Guillén, Antonio Ortega, Priscila Vindas y Rocío Alfaro del Frente Amplio y los diputados Gloria Navas, Kattia Cambronero, Cynthia Córdoba, Johana Obando, considerados “independientes”, además de Luz Mary Alpízar, presidenta del Partido Progresista Social Demócrata.

De estos diputados, Johana Obando, Cynthia Córdoba y Kattia Cambronero, a pesar de estar a favor del proyecto de la jornada de 12 horas, votaron en contra del trámite rápido porque responsable y conscientemente consideraron que por la importancia de la discusión el trámite debe ser el ordinario, con una discusión amplia, profunda, más seria, por la importancia de lo que se quiere aprobar. Bien hicieron estos diputados a favor de la democracia nacional y parlamentaria, de darle más pensamiento a este Proyecto de Ley. Además, señalaron estos diputados que se necesitaba que en el Proyecto de Ley de las 12 horas de trabajo diario, se establecieran propuestas que reforzaran la inspección laboral, las redes de cuido, las situaciones particulares de los trabajadores independientes, y negociaciones que incluyeran a otros sectores y actores sociales.

No es un problema de creer o no creer en el Proyecto, como el diputado Daniel Vargas señaló. Es un asunto que debe aprobarse no por creencias favorables, sino por datos que así confirmen y justifiquen la necesidad y bondad de la jornada de 12 horas diarias. En el mundo, en Europa particularmente, en los países de la OCDE, organización de la cual formamos parte, la tendencia es a reducir el tiempo de trabajo semanal a 36 horas o menos, y de rebajar la jornada diaria a 6 horas sin disminución del salario. Esto sí garantiza mayores oportunidades a más trabajadores. Esto sí garantiza turnos de trabajo con mayor contratación de trabajadores, mayor calidad en el trabajo y menor cantidad de accidentes de trabajo que se producen por el estrés de la extensión de las jornadas, como por las malas condiciones de seguridad e higiene ocupacional. En Costa Rica el promedio anual de accidentes de trabajo, atendidos por el Instituto Nacional de Seguros y su maravilloso Hospital del Trauma, atiende más de 110.000 (ciento diez mil) trabajadores, personas atendidas, por accidentes bajo la modalidad de jornadas de ocho horas. ¿Qué tal sería con jornadas esclavistas, extenuantes de 12 horas de trabajo, con menos horas garantizadas para el descanso diario?

El expediente legislativo de la jornada esclavista se discute en la Comisión de Asuntos Jurídicos. Actualmente tiene alrededor de 200 mociones presentadas para ser conocidas. Con el trámite rápido pudieron haberse cortado. Sin el trámite rápido pueden aumentarse las mociones de discusión, alargando su discusión a varios meses que se mezclarían con los meses del proceso electoral, lo que no quieren los representantes de los esclavistas en la Asamblea Legislativa, que así se mezcle. Recordemos una situación parecida, la discusión del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana.

El Tratado había sido negociado por los gobiernos socialcristianos de Miguel Ángel Rodríguez y Abel Pacheco. En diciembre del 2004 el presidente Pacheco firmó el Tratado, que se discute entre gobiernos, a nivel de los Poderes Ejecutivos. El trámite que seguía era presentarlo a los diputados para que le dieran el aval respectivo en el año 2005. Pero, el año 2005 era, como ahora, 2025, un año electoral. Las elecciones serían en febrero del 2006, como serán en el 2026.

Inteligentemente, Abel Pacheco, y los sectores que le apoyaban en ese Tratado, entendieron que no era un tema de discusión parlamentaria en período electoral. Así, Abel Pacheco le dio el trámite legislativo al Tratado en diciembre del 2005 que era, en ese tiempo, período de sesiones extraordinarias, que estaba suspendido por las elecciones. De esa manera, el Tratado iniciaría su discusión parlamentaria en febrero, pasadas las elecciones, ganara quien ganara, fuera Oscar Arias u Ottón Solís, finalistas principales de ese proceso electoral, con Ottón Solís, quien tenía una posición floja de oposición al Tratado, que terminó discutiéndose, con un amplio debate nacional durante el 2006 y 2007, cuando se resolvió su aprobación por la convocatoria de un Referéndum Nacional, en el gobierno de Oscar Arias, quien se impuso en las elecciones.

En mi opinión esto es lo que más le conviene a la discusión del proyecto de ley de la jornada esclavista de 12 horas diarias. Que se discuta en el 2026, pasadas las elecciones, con el nuevo gobierno y la nueva Asamblea Legislativa.

Si el actual gobierno de Rodrigo Chaves se siente afectado por el trámite ordinario y no rápido que se aprobó el lunes, no tiene nada que perder porque está confiado, el presidente Rodrigo Chaves, de que la próxima Asamblea Legislativa tendrá un mínimo de 38 diputados a su favor, que continuarán su obra de gobierno, y con ellos podría aprobar esa jornada de trabajo, si así de fácil fuera.

La decisión de los diputados del lunes pasado puso en evidencia algunas cuestiones políticamente importantes.

1.- El candidato presidencial del partido Liberación Nacional, Álvaro Ramos, se opuso al trámite rápido. No se ha opuesto de manera definitiva al fondo de la Ley, pero ya es algo. Hizo bien Álvaro Ramos de oponerse al trámite rápido. No fue suficiente su posición para haber logrado mayor cohesión en la fracción de diputados de ese partido, que solo puso nueve diputados de los 18 que tiene en contra del trámite rápido. Evidencia en cierta forma su débil candidatura, no tan consolidada como líder político interno en ese partido. ¿O, jugaron las dos cartas, a favor y en contra? Solo ellos, como partido lo saben. Liberación Nacional, con su tradición social demócrata, debió estar defendiendo la jornada de ocho horas diarias, así lograda desde 1920, fortalecida en 1943 y 1949, y respetada desde entonces en los nueve gobiernos que tuvo Liberación Nacional desde 1953 hasta el 2014.

Ninguno de los ministros de Trabajo de Liberación Nacional alzó su voz o se hicieron sentir en la actual discusión para imponer la jornada esclavista de 12 horas.

Liberación Nacional ha bajado sus banderas laborales, de defensa y de representación de sectores laborales. No tiene la influencia que antaño tenía en sindicatos, ¿o la tendrá negativamente, en el momento actual, haciendo que los sectores laborales organizados que se identifican con ellos no se pronuncien en contra de la jornada de 12 horas y de otros temas sensibles, como la defensa de los salarios y pensiones?

2.- El partido Unidad Social Cristiana con ocho de sus diputados, Horacio Alvarado, Melina Ajoy, Leslye Bojorges, María Marta Carballo, Carlos Felipe García, Carlos Robles, Alejandro Pacheco y Daniela Rojas, se abanderaron con el proyecto de las jornadas esclavistas. Con ellos estaban igualmente abrazados los expresidentes Miguel Ángel Rodríguez y Rafael Ángel Calderón Fournier, y el hasta ahora candidato presidencial de ese partido, Juan Carlos Hidalgo. Grave error político.

La Reforma Social más importante del país, la lograda en 1943, fue hecha en el gobierno de Rafael Ángel Calderón Guardia, en alianza con la Iglesia Católica, dirigida por Monseñor Víctor Manuel Sanabria, y con el Partido Comunista, dirigido por Manuel Mora Valverde.

Pilar esencial de la Costa Rica democrática a partir de la segunda mitad del siglo XX. La Reforma Social, en este campo fue respetada por el jefe y presidente de la Junta de Gobierno, José Figueres, lo que se materializó en la Constitución actual de 1949. Allí también quedaron inscritas, entre otras cosas, en letra de oro, la Caja Costarricense del Seguro Social y la Universidad de Costa Rica, instituciones atacadas a muerte por el actual gobierno de Rodrigo Chaves Robles.

El Partido Unidad Social Cristiano, impulsado por Rafael Ángel Calderón Fournier, hijo del caudillo de la Reforma Social, ha claudicado de la Reforma Social. Se ha empeñado con sus diputados en venir acompañando todas las políticas anti sociales, anti Reforma Social, que se han venido implementando desde 1990.

El Partido Unidad Social Cristiano que se decía el heredero de esa Reforma Social ya no existe. De hecho, ha eliminado su adjetivo de socialcristiano. Sus principales dirigentes son neoliberales en todas sus concepciones políticas y económicas. Cuando desde el 2012 Rafael Ángel Calderón Fournier y otros dirigentes de la Unidad Social Cristiana, iniciaron procesos de coalición, con sectores derechistas y neoliberales, echaron por la borda las banderas social cristianas de la Reforma Social, y borraron de la memoria histórica la figura de Rafael Ángel Calderón Guardia.

En las elecciones del 2014 la ruptura de Rafael Ángel Calderón Fournier con la Unidad Social Cristiana impulsando al Dr. Rodolfo Hernández, quien renunció a su candidatura, a pocos días del cierre de inscripción de candidato ante el TSE, les llevó a formar el partido Republicano Social Cristiano, que trataba de reivindicar para sí la figura de Rafael Ángel Calderón Guardia sin éxito alguno, al punto de que este partido ya ni existe ni sus dirigentes opinan de nada, relacionado con la defensa de los temas sociales de la Reforma Social de 1943. Rafael Ángel Calderón Guardia está casi convertido en un recuerdo antediluviano, que las lluvias del tiempo han ido borrando.

La Unidad Social Cristiana ante las próximas elecciones iza las peores banderas, las políticamente antisociales. Se alía y casa con el actual gobierno antidemocrático, autoritario, despótico, antisistema de Rodrigo Chaves. En nada se distingue de este gobierno. Están como si fueran el furgón de cola del gobierno. El expresidente Miguel Ángel Rodríguez avalando la jornada de 12 horas empieza a borrar la importante reforma laboral de su gobierno a favor de los trabajadores.

3.- El partido Nueva República, con sus diputados Rosalía Brown, Olga Morera, David Segura, José Pablo Jiménez y su candidato presidencial Fabricio Alvarado, estuvieron, como han estado de furgón de cola del actual gobierno de Rodrigo Chaves, apoyando las jornadas, nada cristianas y esclavistas de 12 horas de trabajo diario.

4.- Tres diputados del partido Liberal Progresista, Gilberto Campos, Luis Diego Vargas, y su candidato presidencial Eliécer Feinzaig, de igual modo se montaron en el tren antisocial del gobierno chavista.

Contradictorio comportamiento cuando al mismo tiempo Eliécer Feinzaig, y sus diputados, acusan al presidente de la República, ante la Fiscalía General de la República, por sus aviesas y perversas amenazas directas a la democracia, al sistema democrático, al Estado de Derecho y a la paz social.

5.- Los diputados del Frente Amplio, Jonathan Acuña, Sofía Guillén, Antonio Ortega, Priscila Vindas y Rocío Alfaro, hicieron honor a su trabajo parlamentario y a la defensa que han mantenido de los temas sociales. La única fracción parlamentaria que ha sido consecuente en esta lucha y con estas banderas.

Este fue el escenario político de la sesión parlamentaria del lunes. ¿Qué sigue? La lucha sostenida contra la Jornada esclavista de trabajo de las 12 horas diarias. El apoyo a los diputados que se oponen a ella. Llevar esta discusión hasta el nivel de las elecciones que se aproximan obligando a que los candidatos presidenciales y a diputados se pronuncien sobre este tema. Obligar a que los partidos políticos que participarán en las elecciones digan con claridad de qué lado están, del lado de las jornadas esclavistas o en contra de ellas. Hacer de la discusión de las jornadas esclavistas una jornada de lucha similar a la de la oposición contra el Tratado de Libre Comercio y del Referéndum.

6.- El Proyecto de Ley de la Jornada esclavista de 12 horas ya había sido aprobado en el 2023, pero fue rechazado por la Sala Constitucional, que lo anuló por vicios en el trámite de su aprobación legislativo.

7.- Ninguno de los partidos que ya están inscritos en el proceso electoral próximo, se ha pronunciado sobre este régimen de jornadas de trabajo. Por ahora siguen siendo partidos mudos, ciegos y sordos frente a la discusión de los grandes temas nacionales. ¿Qué esperan de los electores? ¿Qué ofrecen a los electores?

8.- La ley de 12 horas que se pretende imponer es violatoria de Tratados Internacionales, de Convenios de la Organización Internacional del Trabajo, aprobados por Costa Rica, de Tratados que tienen que ver con Derechos Humanos y con la propia Constitución Política nacional.

Compartido con SURCOS por el autor.

Centrales sindicales rechazan proyecto de jornadas 4×3 y solicitan intervención de la OIT

Cuatro centrales sindicales de Costa Rica manifestaron su rechazo al proyecto de ley sobre jornadas laborales 4×3 impulsado por la administración Chaves Robles, y solicitaron formalmente la intervención de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) mediante una carta abierta.

La Confederación de Trabajadores Unidad en la Acción Sindical (UAS), la Confederación Unitaria de Trabajadores (CUT), la Confederación Costarricense de Trabajadores Democráticos (CCTD) y la Central General de Trabajadores (CGT-Costa Rica) emitieron un comunicado conjunto en el que denuncian que el proyecto, identificado como expediente 24.290, representa «un retroceso y una clara desmejora de las conquistas históricas de la clase trabajadora».

Según expresan las organizaciones sindicales, el gobierno intentó aprobar este proyecto el 19 de mayo mediante el mecanismo de vía rápida en la Asamblea Legislativa, pero no tuvo éxito. La iniciativa pretende implementar una jornada laboral de 12 horas diarias durante cuatro días a la semana.

En el comunicado, las centrales sindicales destacan la decisión de la Asamblea de negar la vía rápida y exigen el rechazo total de este proyecto. «Afectaría negativamente la salud, seguridad y el equilibrio entre la vida laboral y familiar de los costarricenses», señala el documento, indicando que fue desarrollado sin considerar las necesidades y realidades de las personas trabajadoras del país.

Entre las razones de oposición al proyecto, las organizaciones mencionan:

  • El aumento del riesgo de enfermedades y accidentes laborales con jornadas de 12 horas

  • La contradicción con políticas de países miembros de la OCDE que promueven la reducción de jornadas laborales

  • El impacto económico negativo en la productividad según especialistas del Observatorio Económico y Social de la UNA

  • La discriminación hacia mujeres y familias trabajadoras

  • El retroceso en el avance educativo de quienes trabajan y estudian

  • La ausencia de diálogo social en la formulación del proyecto

Paralelamente, las mismas organizaciones enviaron una carta abierta a Eliel Hasson Nisis, director de la Oficina de la OIT para América Central, Haití, Panamá y República Dominicana, expresando su preocupación por la propuesta de ampliación de la jornada laboral.

En la misiva, las confederaciones sindicales indican que la medida «coloca en grave riesgo los derechos fundamentales de la clase trabajadora costarricense y retrocede más de un siglo las conquistas históricas derivadas de la lucha sindical obrera».

Las organizaciones recuerdan que desde la adopción del Convenio N°1 de la OIT en 1919, el principio de la limitación de la jornada laboral ha sido reconocido como un pilar del derecho internacional y solicitan un pronunciamiento público del organismo tripartito sobre esta situación.

«La sociedad costarricense espera de la OIT una posición clara en defensa de los derechos laborales, alineada con los convenios internacionales y con el principio de trabajo digno y equitativo enmarcado dentro del concepto de Trabajo Decente», concluye la carta.

Más de 100 organizaciones rechazan proyecto de ley de aguas y alertan sobre sus consecuencias políticas y ambientales

  • Recuerdan a los diputados el costo electoral de legislar en contra del ambiente y las comunidades

  • Exigen que la Asamblea Legislativa se abstenga de aprobar el proyecto

Una amplia y diversa coalición de más de 100 organizaciones sociales, comunitarias, indígenas, ASADAS, académicas y de múltiples sectores expresa su profunda preocupación por el avance del proyecto de Ley Marco para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico (Expediente 23.511), actualmente en discusión en la Asamblea Legislativa.

Para las organizaciones firmantes, este proyecto representa un serio retroceso en materia ambiental y social. Señalan que “en lugar de modernizar la legislación para promover una gestión justa, democrática y ecológica del agua, el texto actual abre peligrosos portillos que facilitan su explotación desmedida, en beneficio del sector extractivista”.

Las organizaciones advierten a las y los diputados que aprobar esta ley acarreará consecuencias políticas en los próximos comicios:

“Haremos visible su responsabilidad. No permitiremos que se entreguen nuestros bienes hídricos a los intereses agroindustriales, inmobiliarios y de la construcción. Les vamos a aguar la fiesta”.

Uno de los puntos más críticos del proyecto es la posibilidad de reducir las zonas de protección alrededor de nacientes y acuíferos, sin garantías mínimas ni estudios técnicos previos. La Procuraduría General de la República (PGR-OJ-095-2023) advirtió que esta disposición viola el principio precautorio y constituye una regresión ambiental.

Un ejemplo alarmante se da en la Zona Norte de Cartago, donde nacientes que abastecen a más de 50 mil personas presentan niveles de contaminación por clorotalonil degradado superiores a los permitidos. En lugar de tomar medidas para proteger estas fuentes, el gobierno elevó ilegalmente los límites permitidos. Según el AyA, el 80% del área de protección de esas nacientes está invadido: 44% por agricultura intensiva, 33% por pastos, 3% por infraestructura, y solo un 20% conserva cobertura forestal (UEN-GA-2024-00175).

El Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea (AL-DEST-CIV-0026- 2025) también advirtió que las reducciones propuestas en zonas de protección podrían provocar fragmentación del bosque, pérdida de biodiversidad, alteraciones del ciclo hidrológico y mayor vulnerabilidad ante fenómenos climáticos extremos.

El proyecto, además, deja temas clave —como el otorgamiento de concesiones, el caudal ecológico y la participación ciudadana— sujetos a reglamentación futura, sin garantías en el texto legal. Esto debilita el control ciudadano y limita la participación de comunidades rurales, costeras e indígenas.

Otro punto crítico es que se permitiría a desarrollos inmobiliarios, como condominios turísticos, perforar pozos propios si el AyA declara falta de disponibilidad, sin distinguir entre proyectos comunitarios y grandes emprendimientos privados. Esta medida puede generar desplazamientos, turismo descontrolado y graves impactos ecosistémicos, especialmente en zonas costeras.

También se plantea una amnistía general para legalizar pozos ilegales, sin estudios técnicos ni revisión de impacto, lo que premia la ilegalidad y compromete la sostenibilidad de los acuíferos.

Además, el proyecto no delimita claramente las competencias de las instituciones involucradas en la gestión del agua (MINAE, Ministerio de Salud, AyA, SENARA, municipalidades, ASADAS), lo que puede generar conflictos, descoordinación y vacíos de responsabilidad.

Aunque se menciona el cambio climático, no se establecen obligaciones concretas ni mecanismos eficaces para garantizar la adaptación, la protección de ecosistemas o una planificación hídrica con enfoque climático.

Frente a esta situación, las organizaciones firmantes hacen un llamado urgente a la Asamblea Legislativa:

Exigimos que se abstengan de aprobar este proyecto de ley. Antes de avanzar, es indispensable determinar si vulnera la Constitución y el derecho humano al agua. No se puede legislar a espaldas del pueblo y del ambiente”.

Las organizaciones firmantes: Alianza por la Defensa del Agua – Puntarenas, Amigos de los Árboles, Asada Guacimal Puntarenas, Asada San Miguel, Asada San Miguel de Cañas, Asoc. PROAL/Proyectos Alternativos, Asociación Civil Pro Natura, Asociación de Estudiantes de Biología UCR, Asociación de Indígenas de Sixaola Ngäbe (ATIGUSI), Asociación de Mujeres Artesanas de Santa Elena, Asociación de mujeres Meri Dirikä (Mujeres lideresas Ngäbe de Sixaola), Asociación de Progreso Barranca, Asociación de Siquirres, Asociación de Turismo Rural de Santa Elena de Pital, Asociación Ecologista Nido de Halcón, Asociación Ojo de Agua Legado Ancestral, Asociación Preservacionista de Flora y Fauna Silvestre (APREFLOFAS), Asociación Pro Guanacaste Integrado, Asociación Red de Coordinación en Biodiversidad, Asociación Regenerativa Matzù Insigne, Asociación Sindical Costarricense de Empleados de Telecomunicaciones y Electricidad, ASOOSTRAS Judas de Chomes, AGLOCAM Logística, Bloqueazul, Bloqueverde, Buen Vivir-Costa Rica, Casa AIKO, Meleruk, Talamanca, COECOCEIBA-Amigos de la Tierra Costa Rica, Colectiva por el Derecho a Decidir CR, Colectivo Agroecológico Campo Alegre, Colectivo Agroecológico Zurquí, Colectivo Ecologista Liberiano, Colectivo Trueque, Comisión Alianza Comunal del Corredor Biológico Paso de la Danta., Comité de vecinos Boquerón, Comité de vecinos Boquerón Abajo, Comité Punta Pelencho, Comunidad de Barrio el llano, Pérez Zeledón, Comunidad de Yerbabuena, La Unión., Concejal de Distrito, Sabanilla de Montes de Oca, CONCEVERDE Colectivo Ciudadano de San Rafael de Heredia, Confederación Unitaria de Trabajadores, Confraternidad Guanacasteca, Coordinadora por la Liberación Animal, Costa Rica por el Océano, Covirenas Caribe Sur, Defensores de la Casa Común, Eco Cipreses, Eco Vida ., Ecolur Compostaje Doméstico, Esparzol, Federación costarricense para la conservación de la naturaleza (FECON), Festival Madre Monte Longo Mai, Foro Político Filosófico Agenda Verde, Frente de Resistencia Animal y de la Tierra, Frente Ecologista Universitario (FECOU), Frente Nacional de Lucha, Fundación Caracara, Fundación CODEHMA, Fundación Orgánica, Fundación Suwo Di, Fundación TAIS, GreenWolf, Hatillo 4 Sur Organizado, Horizonte DEI, Junta de Salud de Sarchi, La Gallada del Golfo Dulce, Montaña Verde, Movimiento Cahuita Unida, Movimiento Costarricense de Solidaridad con Palestina, Movimiento de Resistencia y Formación, Movimiento de Trabajadores y Campesinos MTC, Movimiento Ríos Vivos, Longo Mai de Volcán de Buenos Aires, Movimiento Salvemos la Loma Salitral, Mujeres apoyando a Lucy y doña Digna, Mujeres Unidas en Salud y Desarrollo (Musade), Observatorio Ciudadano del Agua Quebrada Barreal, Observatorio Ciudadano del Agua Río 3 Amigos, Observatorio Ciudadano del Agua Río Agualote, Observatorio Ciudadano del Agua Río Cañas Aserrí. /Desamparados, Oilwatch Costa Rica, PIAPIAS: Comunicación Popular y Educación Antiespecista, Preserve Planet, Proyecto Geografía y Diálogos de Saberes del Programa Kioscos Socioambientales UCR, Proyecto Movimientos Socioambientales del Caribe Sur de Costa Rica de Kioscos Socioambientales, Radio Machete, Red de Agroecología Costa Rica, Ríos Vivos, Sindicato de Trabajadores Bröran del Agro, Artesanos y Gestores de la Cultura Crün Shürin (STABRÖCS), Talamanca Siempre Verde, UNAPROA, Unidos por el Agua, Voces Nuestras, Centro de Comunicación Educativa, Yunta Agroecológica de Mujeres.

Las personas firmantes: Alejandra Sandi Retana, Alfredo Jiménez Montero, Alix guerrero morales, Álvaro Fernández González, Amanda Carballo Córdoba, Amanda Gutiérrez Rodríguez, Ana Fonseca Moya, Ana Ligia Sanchez Rojas, Ana Tristán Sánchez, Ana yancy galagarza, Andrea Mora Villegas, Andriana Jiménez Marin, Antonio Castiglioni Espinoza, Ariana Gómez López, Ariana Lizeth Coca Barrera, Ariel Vindas Núñez, Ariela Álvarez arguedas, Arturo Carballo Madrigal, Bärbel Passeyer, Brenda Briceño González, Bruno de Jesús Coto Barboza, Carlos Alberto Mayorga Martinez, Carmen Díaz Castro, Carmen Luisa Madrigal Jirón, Catalina Carrillo Vargas, César Augusto Gómez Calderón, Christoph Burkard, Comite de vecinos Boqueron Abajo, Craig Schieber, Dafne Araya Vega, Daniel Moraga León, Daniela María Salas Monge, Dany Villalobos, Darío Antonio Rojas Venegas, David Villalobos Villalobos, Davide Giannotti, Dayana Rojas Venegas, Diana Mejías Villalobos, Diego Alfonso Amey Fonseca, Donel Alvarado Zapata, Dylan Zúñiga Villalobos, Eduardo Gardela Ramírez, Elber Alberto Solano Monge, Enid Cruz Ramírez, Escarleth Rodríguez Solano, Estrella Venegas Zamora, Fabián Arias Solano, Fanny Calvo Aguilar, Federico Campos Mora, Fiorella Biolley Solano, Freddy Alexander Peña Chavarría, Gabriel Delgado Álvarez, Gabriela Pérez Quintanilla, Gaus Monge Mora, Génesis Rojas Cruz, Gina Borrero, Giovanni Brenes, Greivin Núñez Mendoza, Guisell Duran Perez, Hannya leiton Zúñiga, Héctor González Pacheco,, Heidy Córdoba Guido, Ingrid Rodriguez Wolter, Isabel Méndez Garita, Italo Fera Fallas, Ivonne Jackelen, Jeff Hernández Castro, Jeremy Valverde Jiménez, Jorge Corrales Alpízar, Jorge Segura Ramírez, Jorge Sibas Vega, José Antonio Mora Calderón, Jose Coimbra, José Manuel Cerdas Albertazzi, José Pablo Zárate Montero, Juan Pablo Gutiérrez García, Juan Solano, Karen Fallas Corrales, Karen Romero Castro, Karla Ann Koll, Karla Borbón Meneses, Karla Milena Picado Valverde, Katherine Barquero Carrillo, Kattya Rodríguez Alfaro, Kenneth Alfaro Alvarado, Laura Carolina Garrigues Herrera, Laura Yuré Calvo Santana, Ligia Barrantes Cartin, Lucía Mahlich Barreto, Luis Diego Marín Schumacher, Luis Gabriel Coronado, Luis gustavo Moraga Rodríguez, Luis José López Miranda, Luz María Romero Miño, Madeline Kiser, Manuel Palacios Baker, Marcos Benicio Jimenez Montezuma, Maria Celeste Quesada Valverde, María Chaves Villalobos, Maria Daniela Chaves Mendoza, María del Rocío Chamorro Tasies, Maria Delgado Cordero, María Eugenia Delgado Marín, María Fernanda Chaves Rodríguez, María Fernanda Oviedo Zúñiga, María Gabriela Hernández López, Maria Hernandez, María Laura Gutiérrez García, María Soto Barrientos, María Trejos Montero, Mariana Porras Rozas, Mariana Taylor Retana, Marianela Quesada Navarro, Mario jose suazo palma, Marta Castro, Marvin Varela Solano, Maureen Leal Mora, Mauren Ramírez Carballo, Mauricio Alvarez Mora, Maylin Karlson Flores, Me uno a la defensa por El Agua = La Vida, Melanny Delgado Cordero, Melissa Céspedes Alvarado, Melvin Solis Blanco, Millaray Villalobos Rojas, Minor López, Miriam Valle Gutiérrez, Mónica Escalante Casco, Mónica Solís Ugalde, Movimiento de Resistencia y Formación, Nahomy Solís Cruz, Nancy Mendoza Diaz, Natalia Solano Corrales, Natalia Solís Rojas, NICOLAS MORALES LORIA, Noemi Canet, Orlando Barrantes Cartín, Orlando Castro Quesada, Oscar Beita Quesada, Osvaldo Durán Castro, Paola Carrillo Molina, Pascal Girot Pignot, Paulino Najera Rivera, Peggy Chamorro, Priscilla Rojas Alvarado, Rafael Villegas mayorga, Raquel Berrocal Sibaja, Raquel sagot, Rebeca Montero Castro, Ronulfo Morera Vargas, Rosa Cordero Guzman, Rosi Naranjo Segura, Ross Salazar Vargas, Roxana Gómez Zúñiga, Ruth Sancho Matamoros, Samantha Obaldia Calderón, Sandra Candela Restrepo, Seidy Boniche Reyes, Sergio Ortíz Pérez, Sofía Gutiérrez Rodríguez, Sofía Martorell Esquivel, Stefanny Castro Ramirez, Stefano Silvestri, Stephanie Rojas Merlo, Susan Barrantes Acevedo, Tamara Borrero, Thalia jimenez Tomas, Ulises Chavarría Chevez, Verónica Castro Ramírez, Virginia Murillo Murillo, Walter Benavides, Yendry Martínez Rivera, Yoel Buitrago

Con apoyo de proyecto ED-3526 Geografía y Diálogos de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios comunitarios de Costa Rica de la Escuela de Geografía y el Programa Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social Universidad de Costa Rica.

La beligerancia política, la guerra civil que ruge en Zapote y el camino al auto golpe de Estado

Vladimir de la Cruz

El inquilino de Zapote viene insistiendo desde hace varias semanas en el tema de la violencia nacional que puede desatarse alrededor de su figura, en caso de que pueda ser inquirido, indagado, sometido a trámite judicial para que la Asamblea Legislativa le levante la inmunidad de su cargo, y pueda ser sometido, en caso de que así proceda, ante los jueces de la República.

La Fiscalía de la República y el Ministerio Público, siguiendo los trámites constitucionales y legales ha elaborado las investigaciones pertinentes para con ellas solicitar el trámite de levantamiento de inmunidad, para enjuiciar a Rodrigo Chaves Robles, quien se desempeña en el cargo de la Presidencia de la República.

Reiteradamente el presidente ha venido deslegitimando al Poder Judicial, a sus altas autoridades, los Magistrados en pleno, enfatizando su ataque contra el presidente de la Corte Suprema de Justicia, los magistrados de la Sala Constitucional, que tienen que ver con los asuntos relacionados con la Constitución Política y los Derechos Ciudadanos, y contra los magistrados de la Sala III de la Corte que atiende los asuntos penales.

Obviamente, sus ataques están dirigidos, especialmente contra aquellos Altos Jueces, que les toca atender asuntos relacionados con acusaciones contra miembros de los Supremos Poderes, como es el caso del presidente de la República.

Los rugidos del Jaguar no solo se orientan a deslegitimar a la Corte, a sus Magistrados y Jueces de la República, sino a sembrar la imagen de la corrupción alrededor de ellos, la desconfianza a la labor que realizan, al trabajo general de la Corte Suprema de Justicia, ante la ciudadanía.

En la última conferencia de prensa montada que dijo claramente, en lenguaje enardecido de plaza pública, que en febrero próximo se cambiaría la Asamblea Legislativa, y que la nueva Asamblea a partir del primero de mayo del 2026, ante quien se dirigiría ñor última vez, estaría integrada por una mayoría de 38 diputados nuevos, totalmente nuevos, fuera de los partidos tradicionales, en capacidad de destituir a los Magistrados de la Corte, con ellos a los Magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones, a la Contralora General de la República, porque era el parte del camino que había que realizar para cambiar el régimen y el sistema político del país, para según él hacerlo más eficiente y moderno.

No satisfecho con los ataques a la Corte Suprema de Justicia, ha mantenido en alto los ataques contra el Poder Legislativo en la figura de los diputados que no le apoyan, que no fueron elegidos por el partido que lo llevó a la Presidencia, contra los partidos, que por su naturaleza legislativa son de oposición política a las fuerzas políticas que se agrupan alrededor del actual mandatario.

Su discurso envenenado contra todo lo que significa partidos políticos históricos, tradicionales o representados en la Asamblea Legislativa lo ha hecho caer claramente en la beligerancia política.

Su discurso contra los partidos políticos, contra los presidentes que esos partidos políticos pudieron elegir, contra los dirigentes políticos del pasado y del presente de esos partidos, y su llamado simultáneo a sustituirlos en el próximo proceso electoral, es como manifiesta su beligerancia política.

Su discurso contra la institucionalidad política, en su conjunto, como la presenta contra todos los Poderes Públicos, contra la estructura e integración de esos poderes, contra los cimientos democráticos de la sociedad y nacionalidad costarricense son las manifestaciones de su beligerancia política, orientada a sustituirla, si pudiera por la fuerza, convocando a los ciudadanos a integrar el movimiento de los jaguares, que trata de inscribir en varios partidos políticos, apoyando de esa manera electoralmente, con todo el aparato institucional que maneja, a quienes sí participen a su alrededor, o alrededor de quien él llegue a señalar o a escoger como el indicado para continuar desde el próximo gobierno sus políticas.

La beligerancia es su activa participación en esta campaña contra todos los partidos políticos, sus diputados y sus dirigentes, como la realiza desde su púlpito de los miércoles. Su beligerancia es la guerra que tiene declarada contra instituciones, poderes públicos, partidos políticos y personas que las identifica y presenta como sus enemigos, como enemigos públicos, como personas que hay que eliminar del escenario político nacional. Para ello acude también a señalar, y exhibir algunos en vallas publicitarias, como si fueran delincuentes, que así los llama, y los presenta al público fanatizado que altera, agita, excita, impacienta y eriza orientándolos a actuar por la fuerza, con violencia, provocándoles la idea y el sentimiento de la sedición, de la sublevación popular, de la rebelión política contra toda la institucionalidad que dice le afecta para gobernar en favor de esos sectores populares.

No satisfecho con esto ha señalado que todos los presidentes, que le precedieron desde 1953 hasta su gobierno, han sido tiranos y dictadores, que no han gobernado a favor del pueblo. Que solo han gobernado a favor de grupos económicos y camarillas de poder alrededor de esos gobernantes y partidos, mientras que él se presenta, al estilo de Hitler y de Mussolini, como representante genuino del pueblo, enfatizando que es el pueblo quien le manda, a quien le sirve, pero que “esas fuerzas” no le dejan gobernar.

En su última perorata llamó a prepararse para la guerra civil. Hizo comparaciones con la Campaña Nacional contra los filibusteros estadounidense que llegaron hasta la Hacienda Santa Rosa y a Sardinal en donde fueron derrotados y echados del territorio nacional el 20 de marzo y el 10 de abril de 1856, y finalmente expulsados de Nicaragua y de Centroamérica el 1 de mayo de 1857.

En este sentido llamó filibusteros a los representantes de los partidos políticos tradicionales y parlamentarios, a sus presidentes, dirigentes de los partidos políticos y a los diputados, a quienes el Jaguar de Zapote considera que hay que echar de los escenarios políticos nacionales. Cuando los trató de filibusteros seguramente se igualó a la pareja nicaragüense, que gobierna autoritariamente en Nicaragua, cuando ha echado de su país a opositores políticos de todo tipo, pensando que los puede echar de Costa Rica para que le dejen gobernar sin controles, sin oposición de ninguna especie.

Constantemente ruge el Jaguar contra políticos de esos partidos que él considera deberían estar en prisión, privados de libertad, por sus prácticas de gobierno.

En la letanía política que hizo el miércoles, invocando a Dios casi como su testigo, como todos los miércoles le cita, llamó a prepararse para la guerra civil, como se hizo en 1948.

No se anduvo por las ramas. Su mensaje fue claro: no le jalen el rabo a la ternera, la gente está preparada para una guerra civil, para defender no el resultado de unas elecciones, como fue la causa principal de la Guerra Civil de 1948, sino para defenderlo a él, al Jaguar, de cualquier trámite judicial que pudiera invocarse para llevarlo a los estrados de la Justicia, para defenderlo a él, por la fuerza del alzamiento militar, de cualquier situación que pudiera afectarlo como presidente de la República.

No contento con el llamado a la guerra civil señaló que las personas que están en su contra, que lo critican, que lo quieren someter a un proceso judicial, solo tienen un componente armado de 1000 oficiales del Organismo de Investigación Judicial, como lo afirmó, mientras él tiene 17.000, diecisiete mil oficiales, en toda la Fuerza Pública nacional. Claramente dijo que todo el aparato policial del país actuará como su ejército privado a su servicio. Enfatizó: “1 a 17”, señalando la cantidad de miembros del OIJ y de la Fuerza Pública. ¿Qué les parece? Así lo dijo.

El trámite de destitución de un presidente es de carácter constitucional, legal. No es por la fuerza. Por la fuerza puede ser que el presidente no acepte ser destituido y en ese sentido invoque a la rebelión popular, a la sedición, al alzamiento colectivo y violento contra lo dispuesto judicialmente, contra el orden público que emana de la propia Constitución Política, alterando la disciplina militar que debe estar orientada a apoyar la Constitución Política y a lo que constitucionalmente así se establezca.

Si se llegare a destituir al presidente, quedan los dos vicepresidentes que le sucederían en el orden de su nombramiento, para acabar con el ejercicio de su gobierno.

Pero, no olvidemos que tenemos un proceso electoral en marcha. Ya iniciado legalmente, con partidos en trámites finales de su inscripción. Algunos ya con candidatos presidenciales acordados. Igualmente, entendamos que algunos de los partidos que se impulsan al amparo de la piel del jaguar, que son varios, no están cumpliendo con los requisitos formales de inscripción y que pueden ser rechazados, como les anularon los partidos que habían presentado para las elecciones municipales. Ante esto el rugido del Jaguar ha empezado su campaña de desprestigio contra el Tribunal Supremo de Elecciones, contra su presidenta y magistrados.

En su campaña y beligerancia política institucional contra el Tribunal Supremo de Elecciones, el presidente ha señalado que se fragua un Golpe de Estado contra él, al tratar de impedirle participar con sus partidos y movimientos Jaguar. Este ha sido otro de sus argumentos para compararse con los sucesos de 1948.

En las elecciones de 1947, que culminaron en febrero de 1948, participaron, como candidatos principales a la presidencia Rafael Ángel Calderón Guardia y Otilio Ulate Blanco. Alrededor de Calderón Guardia se unieron los comunistas y con Ulate se unieron tres fuerzas políticas, los partidos Unión Nacional, el Demócrata y el Social Demócrata. La legislación de la época obligaba a que el resultado electoral se pasara en conocimiento al Congreso, a la Asamblea Legislativa, que debía avalar o no dicho resultado. El Congreso al conocer el informe que trasladó el Tribunal Nacional Electoral, que se había constituido en 1946, que declaraba presidente a Otilio Ulate anuló su triunfo, lo que constituyó la causa del levantamiento militar que jefeó exitosamente José Figueres, durante los meses de marzo y abril de 1948. Un mes de lucha militar y un saldo de 3000 muertos en términos generales fue el resultado de ese enfrentamiento.

¿Qué hubiera pasado si Figueres no se alza en armas? Lo que correspondía era una negociación política entre los diputados para escoger entre los candidatos que participaron. Si no hubiera habido acuerdo aún, probablemente se hubiera usado la fórmula de 1913, cuando no hubo acuerdo entre los tres candidatos presidenciales, y el Congreso procedió a nombrar a los Designados a la Presidencia, los vicepresidentes, y nombrado el Congreso decidió llamar a ejercer la Presidencia al designado Alfredo González Flores. Probablemente esto es lo que hubiera ocurrido parecido en 1948. Pero, los sucesos armados impidieron este desenlace.

La guerra se detuvo gracias a la inteligencia de quienes acordaron acabarla, reconociendo el triunfo de Ulate, y de terminar el gobierno de Teodoro Picado el 8 de mayo. Las Conversaciones del Pacto de Ochomogo y el Pacto de la Embajada de México sellaron ese final. Teodoro abandonó el país, quedando a cargo el Designado a la Presidencia, en ejercicio, Santos León Herrera, quien el 8 de mayo entregó oficialmente el Gobierno. ¿A Otilio Ulate? No. A José Figueres, que era el jefe del Ejército de Liberación Nacional, como se llamó su grupo insurgente. ¿Por qué a Figueres y no a Ulate? Porque Figueres le impuso a Otilio Ulate el Pacto del 1 de mayo, diciéndole que él iba a gobernar el país por un plazo de 18 meses, al término del cual le entregaría el poder, la presidencia. Así lo hizo. El Pacto Ulate-Figueres fue fácticamente un golpe de Estado contra Ulate. El presidente en ejercicio, Santos León el 8 de mayo le entregó el poder presidencial a José Figueres. El gobierno de Teodoro Picado había durado los cuatro años constitucionales de su ejercicio.

Eso si fue un golpe de estado.

¿Pero, qué Golpe de Estado invoca Rodrigo Chaves que le pueden hacer o dar? ¿Su fuerza pública, sus 17.000 armados, los que considera su fuerza militar para un conflicto? ¿Los grupos militares y armados de las organizaciones narco criminales, que al amparo de su gobierno ejercen controles territoriales en el país, que lo conocen y denominan como “Papa Chaves Republic”? ¿Los grupos armados que están tratando de reunirse, por convocatorias públicas, en los próximos días en la zona norte del país?

Lo que puede ocurrir no es un Golpe de Estado sino un autogolpe de estado, o el establecimiento de un estado de excepción forzado, que es lo que el presidente Chaves ha venido finamente preparando. ¿Cómo? Creando un ambiente de inseguridad nacional, política y electoral, que azuza todos los miércoles.

El presidente Chaves ha venido preparando un estado de inseguridad ciudadana, de inseguridad jurídica, de debilitamiento de la institucionalidad, de desprestigio de todos los organismos e instituciones democráticas del Estado y del país. La violencia social se ha cargado y ha sobresalido como parte de esa inseguridad.

Con las políticas de debilitamiento del bienestar social, presupuestos públicos de educación, de las universidades, la eliminación de subsidios sociales, como los comedores escolares, los transportes escolares, las becas a los estudiantes de escuelas y colegios públicos, el congelamiento de salarios y pensiones, el desempleo creciente e informal, la alta deserción escolar nacional, el encarecimiento real de la canasta básica con relación a los salarios.

Con el debilitamiento consciente de los servicios públicos para todos los usuarios de ellos, en salud, atrasos de citas, contrataciones de personal calificado, en educación, por los malos y caros transportes públicos, entre otros servicios.

Con los retenes de calles, por parte de cuerpos policiales y de tránsito, que hacen están acostumbrando a los ciudadanos a los registros personales, en carreteras, como los hacían en Centroamérica, hace algunos años los gobiernos militares y dictaduras. Están realizando golpizas y torturas, probablemente como prácticas de educación en este campo, con algunos detenidos, algunos de los cuales han fallecido en “custodia” policial, amedrentan sutil y subliminalmente a la población. ¿Quién ordena estas prácticas en los centros de detención? ¿Cuáles son los instructores policiales y dënde han sido preparados para estas prácticas?

Todo este ambiente, que prepara paso a paso el gobierno de Chaves, está orientado a justificar el malestar ciudadano que le permita, con su discurso violento, antisistema, antidemocrático, a invocar la posibilidad de un Estado de Excepción, de gobernar por la fuerza, de realizar de esa manera un auto Golpe de Estado, que pueda incluso, crear un clima de inseguridad política nacional que le permita, in extremis, suspender las elecciones y quedarse gobernando unos meses más a la fuerza.

Esto es lo que parece que está en marcha por parte de los grupos militares privados y oficiales que gravitan a las órdenes directas de Rodrigo Chaves Robles.

Esto es lo que hay que detener, el ambiente de miedo, de inseguridad, de terror, de dinamitar, como dijo una vez el presidente Chaves, todos los puentes del diálogo, de los acuerdos, que se genera con parlantes desde Zapote.

Convocatoria a las barras en defensa del ICE

El próximo jueves 22 de mayo a las 8:30 am, continúa en la Asamblea Legislativa la discusión del expediente 24.414 para la privatización del ICE.

¡Es urgente la presencia en barras para hacer presión contra esta amenaza!

¡El ICE no se vende, el ICE se defiende

Paperos costarricenses reportan pérdidas de hasta 15 000 millones por cambios en las normativas de importación

Por José Alejandro Sánchez Rodríguez | Con la voz experta de Dr. Arturo Brenes Angulo

El sector papero costarricense ha sido víctima de una serie de acontecimientos que, desde distintos frentes, han incrementado su ya maltrecha economía a lo largo de los últimos meses.

El pasado lunes 24 de marzo, tres representantes del sector papero nacional dieron declaraciones ante la Comisión de Cartago de la Asamblea Legislativa, denunciando pérdidas de hasta ¢15.000 millones a causa de políticas nacionales relativas al sector agrícola que —según indican— benefician al producto importado, el cual ha generado ganancias de hasta ¢4.500 millones a costa del producto nacional.

Los comparecientes hicieron referencia al decreto ejecutivo Nº 43853-MAG-MEIC-COMEX, aprobado en 2023, el cual facilita la importación de la llamada “papa industrial”, la cual es utilizada para la producción de alimentos procesados, como papas fritas o tostadas.

Debido al desabasto de papa en los meses recientes, que se debió en parte a la falta de estímulo en la producción por los bajos precios del tubérculo durante finales del 2023 e inicios del 2024 y la extensa temporada de lluvias de finales del 2024,  el Ministerio de Agricultura levantó también la restricción para el ingreso de papa para consumo fresco, con el objeto de mantener la oferta al consumidor. 

Sin embargo, esta medida tiene dos grandes inconvenientes: por una parte, la papa importada compite deslealmente con el producto nacional y segundo, esta importación representa una puerta más, abierta al ingreso de nuevas plagas o enfermedades para el cultivo de la papa, que podrían aún no estar presentes en nuestro país.

El Dr. Arturo Brenes Angulo, investigador del Centro de Investigaciones Agronómicas (CIA) explica que el sector se vería seriamente afectado por el bajo precio con el que ingresaría la papa importada.

Por consecuencia, según lo establecido en decreto, la papa importada pasaría de tener un arancel para la nación más favorecida equivalente a un 45% de Derechos Arancelarios a la Importación (DAI) a un impuesto 14% de DAI (sin tomar en cuenta, en ambos escenarios, el impuesto del 1% por Valor Aduanero Mercancías Importadas). 

Debido además a que los precios de la mayoría de las hortalizas nacionales son regulados por intermediarios, estos ofrecerían menos por un tubérculo nacional que es producido sin las subvenciones con que cuenta el sector papero en Estados Unidos, afectando aún más los pobres ingresos de nuestros productores, que cada vez tienen el panorama más difícil debido a los altos costos de las semillas e insumos para la agricultura.

De acuerdo a Brenes, las papas que usualmente se importan son tratadas previamente, en las bodegas donde se almacenan, con productos que evitan su brotación y se mantienen a bajas temperaturas para conservar su calidad. Cuando son exportadas, se mantiene la cadena de frío dentro de los contenedores en los cuales se envían. Al llegar a nuestros puertos, usualmente se rompe la cadena de frío, lo que provoca que la papa se brote y se deshidrate, afectando incluso su sabor.  

El Dr. Brenes puntualizó que existe la posibilidad de que las papas importadas puedan venir infectadas con la enfermedad conocida como Zebra chip, provocada por la bacteria Candidatus Liberibacter solanacearum. Esta enfermedad se ha extendido en varios países de América Latina y aún no existe evidencia de que se encuentre en el país, por lo que debe evitarse su llegada. 

Hasta ahora, se ha logrado evitar la entrada de muchas enfermedades del cultivo gracias a las medidas fitosanitarias vigentes. Es necesario recordar que la N° 7664, la Ley de Protección Fitosanitaria, resalta en el Artículo 45 la importancia de que el Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) “asegure” que las medidas fitosanitarias se basen en una evaluación adecuada de los riesgos existentes para la vida y la salud de las personas o la protección de los vegetales”. Sin embargo, esta misma ley facilita que los requisitos sean establecidos a través de decretos ejecutivos, lo que permite que se generen cambios en las normativas de importación.

Discusión en plenario

El pasado 21 de abril la diputada liberacionista Paulina Ramírez Portuguez usó su intervención de control político en el plenario para hacer referencia al levantamiento de las restricciones fitosanitarias para la importación de papa y cebolla.

Ramírez denunció que las consecuencias favorecen de forma desleal a cierto grupo de importadores, los sugeridos por el Gobierno y el Banco Central, afectaciones a los productores nacionales y la falta de beneficios reales para los consumidores. La congresista también  hizo referencia a las enfermedades que podrían traer estas importaciones y a la competencia que supondría con la papa de mesa producida en el país. 

Puede escuchar la intervención completa en el siguiente enlace: 

Pronunciamiento de la Corporación Hortícola Nacional

Dentro de este mismo marco, la Corporación Hortícola Nacional se pronunció en contra de las acciones del SFE, aludiendo al peligro que sufre el productor nacional desde  frentes como la competencia desleal, las enfermedades que traerán los productos y las consecuencias que vendrían con las importaciones ilegales. La organización, se manifestó siempre a favor de la defensa de los productores nacionales. 

También aprovecharon para resaltar la importancia de que el SFE vele por la seguridad de los productos, proponiendo que la institución revise las lavanderías en Cartago y Zarcero, presuntos puntos de comercio ilegal en Costa Rica

Vigilia contra TLC con Israel

Comunicado

A 77 años de la NAKBA (inicio de la catástrofe de ocupación en Palestina) les convocamos a una Vigilia frente a la Asamblea Legislativa, a donde llegará el borrador del Tratado de Libre Comercio que el Poder Ejecutivo está negociando con Israel.

Ante el secretismo con que se están llevando a cabo las conversaciones en el Poder Ejecutivo, nuestro mayor apoyo al pueblo palestino -en este momento- es hacer presión para oponernos a un TLC que nos haría cómplices de la mayor barbarie de este siglo.

Si tu corazón y tu conciencia dicen ¡NO!, hacete presente y compartí esta convocatoria.

– Jueves 15 de Mayo, 5-8 pm
– Llevá banderas, flores, velas y pancartas alusivas.

SINTRAJAP hace un llamado a las diputaciones para atender la crisis en JAPDEVA

El Sindicato de Trabajadores de JAPDEVA y Afines Portuarios (SINTRAJAP) emitió una carta dirigida hacia las diputaciones de la Asamblea Legislativa con el propósito de atender la crisis financiera y mediática que enfrenta la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica de Costa Rica (JAPDEVA). En la petición igualmente la organización agradece la aprobación de las leyes: Ley No. 10.633, Ley No. 10.669 y Ley No. 10.726 (pendiente de publicación en el diario oficial La Gaceta).

Este cuerpo normativo se dio con el propósito de contener la crisis financiera en la institución. Por medio de la autorización para que las instituciones del estado perdonen las deudas a JAPDEVA, así como permitir la utilización de recursos correspondientes al fondo del canon de explotación y desarrollo regional para el reconocimiento de los aportes patronales acordados en la convención colectiva de 2002, y más recientemente, brindar la posibilidad de ajustar las tarifas portuarias todos los años.

SINTRAJAP, recalca que la institución históricamente ha desempeñado un papel clave en el desarrollo de la provincia de Limón, no solo como Autoridad Portuaria sino también asumiendo funciones de infraestructura y apoyo económico en ausencia de intervención gubernamental. Así mismo reconocen que recientemente existe un deterioro de su imagen pública de la institución. Agregado a lo anterior se presenta la crisis financiera producto del Plan Maestro Portuario en el 2008 y de la firma de contrato de concesión con APM Terminals Moín S.A en el 2012, reduciendo significativamente los ingresos de la institución.

Ante esta crisis, se implementó la Ley 9764 para transformar la estructura de JAPDEVA y garantizar la protección de sus trabajadores. Con base en esta ley, se logró obtener financiamiento de entidades estatales no financieras, permitiendo la liquidación de gran parte del personal y la continuidad de las operaciones portuarias.

Finalmente, la carta denuncia que la Contraloría General de la República confirmó que el contrato de concesión de APM Terminals Moín, presenta contradicciones con la legislación vigente. De acuerdo con este órgano auxiliar la aprobación de dicha concesión afecta la capacidad de JAPDEVA para cumplir su función de desarrollo regional que históricamente ha sido un pilar en la provincia de Limón.

Seis “titanes” se rifan la vida en su camino a la Sala penal

Rafael A. Ugalde Q.

Seis “pesos pesados” en derecho penal presentaron sus nombres como candidatos a magistrados a la Sala III de la Corte Suprema de Justicia, confirmó la comisión de nombramientos de la Asamblea Legislativa presidida por la diputada Alejandra Larios Trejos.

Los méritos y capacidades de un mayor número de penalistas a tan importante cargo de nuestro Poder Judicial, pudo aumentar si no hubiera sido por la brevedad del concurso con que dicha comisión convocó al foro de jueces y litigantes nacionales.

El horario para la entrega de la documentación ante dicha comisión fue de lunes a jueves a partir de las 9:00 horas y hasta las 17 horas, los viernes a partir de las 9:00 horas y hasta las 11:00 horas, así versa en la convocatoria oficial. Se designará el sustituto de Jesús Ramírez Quirós, de 82 años, tras ocupar por 40 años la magistratura y acogerse a su jubilación.

Por disposición expresa un magistrado en nuestro país pierde el cargo solo sí 38 diputados de los partidos políticos en el congreso no renuevan su nombramiento.

La comisión, presidida entonces por la diputada del Partido Liberación Nacional (PLN), por la provincia de Guanacaste, Larios Trejos, conoció los atestados de Gustavo Adolfo Jiménez Madrigal, Norberto E. Garay Boza, Ronald Salazar Murillo, Giovanni Mena Artavia, Rafael Mayid González González y Rafael Segura Bonilla.

Jiménez Madrigal es actualmente juez de apelaciones, es políglota, es doctor en derechos humanos por la Universidad española Carlos III de Madrid, máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Palermo, Italia, especialización en filosofía y sociología, con graduaciones de honor en Universidades de Alemania y España, en materia penal, entre otras.

Durante su carrera en la Facultad de Derecho en la U.C.R obtuvo calificaciones honoríficas por su promedio y se graduó con honores; tiene en su hoja curricular una vasta lista de artículos publicados, tanto en el plano local como en el exterior.

Garay Boza tiene una amplia experiencia en el campo del derecho penal, es doctor en Derecho Constitucional por la Universidad de Buenos Aires, Argentina.

Candidato doctoral en Estudios de la Sociedad y la Cultura de la Universidad de Costa Rica, máster y especialista en Derechos Humanos por la Universidad de Buenos Aires, Argentina.

Mena Artavia tiene también una amplia experiencia como juez penal y amplios estudios en el doctorado de derecho de la U.C.R, maestría además en Criminología por la UNED

Sus atestados dan cuenta de su gran experiencia como magistrado suplente en la Corte Suprema de Justicia, Juez en Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Goicoechea, en el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago, Juez Suplente Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de San José Goicoechea, Juez Suplente Tribunal de Apelación de Sentencia Penal, entre otras funciones.

Salazar Murillo es máster en Ciencias Penales por la U.C.R., doctor en derecho por la Universidad Complutense de Madrid, especialista en Justicia Constitucional, otorgado por la Universidad de Castilla – La Mancha, España, así como máster en Derecho Constitucional por la UNED, entre sus amplios logros alcanzados dentro y fuera del país.

Su vasta experiencia incluye la docencia en la U.C.R., 30 años de servicio judicial en la Judicatura, 14 años como Magistrado Suplente en la Sala Constitucional y Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia.

González González, por su parte, tiene una extensa experiencia en asuntos administrativos y penales dentro y fuera del poder judicial. Integró el Consejo Superior, Poder Judicial, laboró en tareas para garantizar la independencia de los tribunales y procurar la eficiencia, corrección y decoro de las personas funcionarias en este importante poder de la república.

Ha laborado para el Poder Judicial durante 32 años. Actualmente dirige y coordina el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Hacienda, Sen el Segundo Circuito Judicial de San José. Además, es conocedor a profundidad en la dirección, coordinación y organización de despachos judiciales, en entornos de transformación digital, implementación de sistemas de teletrabajo y evaluación del desempeño.

Segura Bonilla durante su quehacer profesional alcanzó maestrías y doctorados en campos tan diversos como Ciencias Penales UCR., en Administración de Justicia, con énfasis en Derecho Penal, por la UNA y es doctor en Derecho por la UNED.

Es conocedor a fondo sobre crimen organizado, trata de personas, Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes: Salud, Sexualidades y Violencia, Justicia Restaurativa para las víctimas, entre otras especialidades.

Según el Semanario Universidad, edición del 16 de agosto de 2023, entre diciembre de 2020 y diciembre de 2022, se redujo en un 9% el atascamiento de expedientes a la espera de una resolución judicial. O que es decir lo mismo: resolvieron 75.712 expedientes que hacían presa.

El artículo 41 de la Constitución Política, de acatamiento obligatorio, pues no presenta reserva o excepción alguna, establece: “Ocurriendo a las leyes, todos han de encontrar reparación para las injurias o daños que hayan recibido en su persona, propiedad o intereses morales. Debe hacérseles justicia pronta, cumplida, sin denegación y en estricta conformidad con las leyes”.

Cualquier interpretación constitucional, tal como el constituyente plasmó solo un alcance de carácter ético a los jueces, al decir “debe hacérseles” justicia pronta y cumplida, y no un mandato categórico de “es obligatorio hacerles” tal justicia sin demora, no es más que una leguleyada o un fraude de mal gusto, a juzgar por el capítulo especial en nuestra Constitución asignado exclusivamente para el poder judicial, en torno a obligaciones, administración, independencia y el contenido financiero aportado por todos los costarricenses.

Durante una reciente reunión de la Corte Plena, hubo magistrados que expresaron su preocupación por la percepción de los costarricenses por el Poder Judicial.

Hablaron de medidas que contrarrestaran la mala imagen de este poder y hasta de contratar especialistas en ramas como la sociología, comunicación y antropología, a fin de posesionar mejor el gobierno de los jueces.

Solo el 44% de los costarricenses confía en el Poder Judicial, según un informe de la OCDE; porcentaje que, según el Programa Estado de la Nación, se considera relativamente alto, pero aún hay margen para mejorar la percepción de la justicia en el país, concluyó.

La oposición política en el nuevo Directorio Legislativo. Una ligera radiografía de su integración

Vladimir de la Cruz

El pasado de mayo se eligió el Directorio Legislativo, para la Cuarta Legislatura, que va desde ese primero de mayo hasta el 30 de abril del año próximo.

Para descalificarlo se ha afirmado que es un Directorio de Oposición Política. Pero ¿qué se esperaba?, si el gobierno no tiene mayoría de diputados propios, y los 8 diputados, que tiene, carecen de capacidad de negociación, lo que no les ha permitido, que al menos por “cortesía”, le dieran la posibilidad de que un diputado afín al gobierno presidiera la Asamblea Legislativa. Además, en este último año el presidente Chaves ha arreciado violentamente su discurso contra los poderes públicos y, especialmente, contra la Asamblea Legislativa y contra todos los diputados que no son afines al gobierno, o que no se someten a sus dictados y órdenes como trata de hacerlo, y los ha tratado como la escoria política nacional y como delincuentes.

En los dos gobiernos anteriores, del Partido Acción Ciudadana, con no más de 13 diputados electos, se le dio la posibilidad de que ejerciera la Presidencia de la Asamblea Legislativa. Hubo en ese sentido gobiernos respetuosos de la independencia de los Poderes públicos y capacidad de negociación para lograr esa presidencia legislativa. Fueron presidentes legislativos del Partido Acción Ciudadana, Henry Mora Jiménez del 2014 al 2015 y Carolina Hidalgo Herrera, del 2018 al 2019.

Las elecciones nacionales, las que se realizan para elegir presidente y vicepresidentes de la República, y los diputados del Poder Legislativo, son dos mundos aparte, son dos escenarios diferentes, son dos procesos en los cuales el pueblo electoral, los electores, los ciudadanos, el SOBERANO, como encarnación del PUEBLO, se divide en su votación y en sus resultados.

Por un lado, se elige al presidente y por otro a los diputados. La práctica histórica nos enseña que al elegir a los diputados NO SIEMPRE los votantes que le dan la mayoría al presidente, se la dan también con mayoría de diputados. Al contrario, dan PODER LEGISLATIVO a los otros partidos para que desde la Asamblea Legislativa CONTROLEN al presidente y a sus funcionarios de gobierno. Ese CONTROL POLITICO es un instrumento del equilibrio democrático que surge del mismo proceso electoral y de la existencia misma del Estado de Derecho en la constitución de sus Poderes Públicos, con funciones propias, exclusivas e indelegables.

Un presidente tiene que saber lidiar con esta situación si desea que su gobierno resulte airoso en sus proyectos y acciones políticas. Para ello, el presidente DEBE TENER capacidad enorme de negociación, de tolerancia política y de convencimiento para trazar líneas nacionales que puedan ser avaladas por los diputados de “oposición”, como “visión país”, en el que todos están interesados. Para eso surgió la figura del ministro de la Presidencia, para colaborar en la cogestión del gobierno entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, por lo que se escoge para ministro de la Presidencia a personas de extrema confianza del presidente, al punto que cuando el ministro de la Presidencia habla o se pronuncia, se entiende que habla o se pronuncia el presidente de la República. Un ministro de la Presidencia sin esa fuerza y relación es como un cuadro colgado en una pared. Es un puesto que equivale a un Jefe de Gabinete o un primer ministro, como se nombra en otros países.

El Ministerio de la Presidencia se estableció en 1961, empezando en 1962 con Mario Quirós Sasso, como su primer ministro, en el gobierno de Francisco Orlich. Las funciones que se le dieron fueron de coordinar las labores interinstitucionales e interministeriales, ser interlocutor entre el presidente y los Poderes públicos, el Legislativo, el Judicial y el Electoral. De allí el error político garrafal que ha manifestado el presidente Rodrigo Chaves de amenazar y de chantajear a la Asamblea Legislativa de no nombrar ministro de la Presidencia si se elegía, especialmente al frente de la misma, al diputado Rodrigo Arias Sánchez, sobre todo cuando durante los meses de mayo, junio y julio se está en Sesiones Extraordinarias, que son las que trabajan contra la presentación de Proyectos de Ley por parte del Poder Ejecutivo.

Quienes critican que el Directorio es de oposición no entienden la realidad del electorado que eligió una Asamblea Legislativa para que ejerciera control ciudadano y político sobre la gestión pública y gubernativa.

Esto ha sido así siempre en los procesos electorales. Una breve revisión histórica así lo comprueba.

En la experiencia histórica que ha tenido Costa Rica, durante el período de la Segunda República, 1948-2025, hubo años, 1948-1969, en que no se permitió participar a costarricenses con partidos propios. Sin haberles eliminado su condición de electores, se les prohibió votar por ellos mismos, por los candidatos que ellos querían. Así sucedió por el Decreto No. 105 de la Junta de Gobierno, de julio de 1948, y por el Segundo párrafo del Artículo 98 de la Constitución Política, que se aprobó el 7 de noviembre de 1949, que puso fuera de la ley al Partido Comunista de Costa Rica, a Partido Vanguardia Popular y a otros partidos, cuando aparecieran miembros de ese partido en algún trámite de inscripción de partidos, lo que permitía que por ello se impugnara su inscripción. Los excluidos, los proscritos sin partido, se veían obligados a votar por la opción política que consideraran más democrática o menos conservadora de lo que se ofrecía a los votantes. Así, por ejemplo, la izquierda comunista en las elecciones de 1953 llamó a votar por Fernando Castro Cervantes, en 1958 por Mario Echandi y en 1966 llamó a votar por Daniel Oduber contra José Joaquín Trejos. Esta es la Historia Política nacional, sin edulcorantes. ¿Por qué ponerse, por parte de algunas personas de izquierda, más papistas que el Papa cuando no encuentran o no tienen un partido por el qué votar? ¡Si lo tienen, a votar por él!

Lo que se define en esta decisión, en el momento actual de Costa Rica, es lo que se juega en el proceso electoral próximo, inmediato. MAS democracia o MENOS democracia, MAS Estado de Derecho o MENOS estado de Derecho. ¡Cuidado!, MAS libertades y derechos ciudadanos o MENOS libertades y derechos ciudadanos. ¡CUIDADO MAYOR!: la entronización de un gobierno más autoritario, avanzando hacia un gobierno dictatorial, tiránico, de tipo fascista…

En el período de la Junta de Gobierno, 1948-1949, hubo dos elecciones. La que se hizo para integrar la Asamblea Constituyente, que funcionó durante el año 1949, y la elección de diputados en 1949, para darle una Asamblea Legislativa, debidamente integrada a Otilio Ulate, a quien se le reconoció la Presidencia de la República, anulada en marzo de 1948, que empezó a ejercer el 9 de noviembre de 1949. Esto por cuanto la Asamblea Legislativa electa en 1948 fue anulada.

El grupo militar triunfante en la guerra civil de 1948 actuó como
Ejército de Liberación Nacional, lo que motivó en 1951, que José Figueres Ferrer y su grupo constituyeran, con ese nombre, el Partido Liberación Nacional el 12 de octubre de ese año, para seguir participando en las elecciones en el juego electoral democrático, pudiendo quedarse como grupo militar dominante por más años en el Gobierno y en el Poder. Desde entonces existe el Partido Liberación Nacional, siendo el más viejo de los actuales partidos de este período republicano.

De los sucesos de 1948 sobrevivieron solapadamente los grupos que fueron derrotados, excepto los comunistas que sí estaban bien identificados y debidamente proscritos.

De las fuerzas que se movieron con el figuerismo, en su lucha armada, los seguidores de Ulate y los seguidores de Mario Echandi Jiménez, se fueron distanciando del figuerismo y le ofrecieron resistencia electoral, junto a los calderonistas que empezaron a manifestarse electoralmente a partir de 1953.

Durante los procesos electorales de 1949, 1953 y 1958 la Asamblea Legislativa eligió 45 diputados. A partir de 1962 se estableció la cantidad de 57 diputados.

En la trayectoria parlamentaria no siempre el partido político que ganaba la presidencia de la República ganaba la mayoría de diputados.

En los procesos electorales de 1953 y 1958 Liberación Nacional dominó mayoritariamente la Asamblea Legislativa con 20 diputados en las dos ocasiones.

En las elecciones de 1953 participaron a nivel presidencial dos partidos, Liberación Nacional que impuso el primer gobierno constitucional de José Figueres. Su opositor fue Fernando Castro Cervantes, que movilizó, con el partido Demócrata, a seguidores de Ulate, de Mario Echandi que le inhabilitaron su participación electoral, a calderonistas, y a comunistas, opositores de Figueres. Los republicanos y comunistas no pudieron participar.

En esta elección de 1953 Liberación Nacional obtuvo 30 diputados de 45.

En 1958, con la candidatura de Mario Echandi, su partido Unión Nacional, derrotó a Liberación Nacional. También participó el partido Republicano que recogía el calderonismo sobreviviente del 48. En esta ocasión el figuerismo había tenido una ruptura, una separación, que llevó a Jorge Rossi Chavarría a separarse de Liberación Nacional, y participar con partido propio, que incluyó a Miguel Brenes Gutiérrez, como segundo vicepresidente, persona de confianza de las fuerzas calderonistas y comunistas antes de 1948.

El grupo de Echandi incluyó a Rafael Ángel Calderón Guardia como candidato a diputado, lo que facilitó su regreso del exilio forzado que tenía en México. El partido Liberación Nacional ganó la mayoría de los diputados, 20, de 45 diputados, el echandismo sacó 10 diputados, el partido calderonista 11 diputados y 4 diputados fueron electos por otros dos partidos. Así Echandi gobernó con una Asamblea Legislativa sin mayoría parlamentaria, y con un partido, Liberación Nacional, que prácticamente duplicaba los otros diputados. En esas condiciones Mario Echandi gobernó, vetando leyes que no le parecían y la Asamblea Legislativa resellándoselas, como era el camino constitucional establecido y respetado. Para la posteridad histórica, Mario Echandi elegantemente recogió en un libro todos sus Vetos presidenciales.

A partir de las elecciones de 1962 la cantidad de diputados que se elige es de 57, siendo la mayoría parlamentaria de 29 diputados.

De todas las 18 Asambleas Legislativas electas desde 1953 hasta el 2022, Liberación Nacional ha tenido 14 veces la mayoría de los diputados desde 17 hasta 33 diputados electos. La Coalición Unidad que eligió a Rodrigo Carazo tuvo la mayoría legislativa con 27 diputados en 1978 y fue la segunda fracción más grandes en 1982 con 18 diputados. La Unidad Social Cristiana tuvo la mayoría legislativa en 1998, con 27 diputados siendo la segunda Liberación Nacional, con 23, y en el 2002 la Unidad Social Cristiana logró 19 diputados, Liberación Nacional 17 y Acción Ciudadana, que surgía en ese momento, tuvo 14 diputados.

No se ha superado la cifra de 33 diputados para un partido político en la Asamblea Legislativa. El presidente Rodrigo Chaves, en su campaña abiertamente contra todos los partidos políticos existentes, y contra los que están en la Asamblea Legislativa, en sus tribunas políticas y beligerantes de los miércoles, ante cualquier micrófono y medio de comunicación que se le presente, como el pasado 5 de mayo, en la Asamblea Legislativa, ha venido insistiendo que SU MOVIMIENTO DE JAGUARES, debe sacar 40 diputados en el 2026.

En su perorata del 5 de mayo bajó la cifra a 38 diputados, que es el límite de la mayoría calificada de los 38 diputados importante para hacer grandes reformas institucionales.

En las elecciones del 2006, 2010, 2014, 2018 y 2022 Liberación Nacional mantuvo la mayoría de los diputados en 25, 24, 18, 17 y 19 correspondientemente.

En las elecciones del 2010 Acción Ciudadana obtuvo 11 diputados, el Movimiento Libertario 11 diputados y la Unidad Social Cristiana 6 diputados. En la elección de 2014 Acción Ciudadana, que era partido gobernante, obtuvo 13 diputados y en el 2018, que también fue partido gobernante, tuvo 10 diputados y la Unidad Social Cristiana tuvo 9 diputados.

En la elección del 2022, el Partido Progreso Social Democrático, que es el partido que llevó a Rodrigo Chaves a la Presidencia obtuvo 9 diputados, al igual que la Unidad Social Cristiana. Los otros partidos obtuvieron 6 diputados cada uno.

En 1962, con Francisco Orlich, Liberación Nacional ganó la presidencia y la mayoría de 29 diputados, de los 57 que constituían la Asamblea, como es hasta hoy su integración parlamentaria. El resto se lo repartieron tres partidos, entre ellos el Republicano Nacional con 18 diputados.

En 1966, bajo el gobierno de José Joaquín Trejos Fernández, que ganó con una coalición contra Liberación Nacional, se impuso una mayoría legislativa de Liberación Nacional de 29 diputados, y el resto se repartió entre tres partidos. De ellos, 26 de la Coalición Unidad.

En la elección de 1970, José Figueres se impuso y Liberación Nacional logró 32 diputados, la Unidad Nacional logró 22 y tres diputados más entre dos partidos. Dos de estos diputados abrían el camino de la participación de la izquierda en las elecciones, a partir de entonces, con la elección de Manuel Mora Valverde y Marcial Aguiluz Orellana.

En la elección de 1974, con Daniel Oduber, Liberación Nacional sacó 27 diputados y el resto se repartió entre siete partidos políticos, entre ellos Unidad Nacional con 16 diputados y 14 diputados repartidos entre seis partidos.

La elección de 1978 que ganó Rodrigo Carazo, con una coalición obtuvo 27 diputados, Liberación Nacional 25 y tres partidos más lograron el resto de 5 diputados. El gobierno de Carazo tuvo oposición mayoritaria legislativa.

La elección de 1982 impuso la presidencia de Luis Alberto Monge con 33 diputados. Los restantes se dividieron entre cuatro partidos, la Coalición Unidad tuvo 18 diputados.

La elección de 1986 que llevó a la primera presidencia a Oscar Arias, Liberación Nacional logró la mayoría de 29 diputados y los restantes 28 se los distribuyeron cuatro partidos.

La elección de 1990, que la ganó por primera vez la Unidad Social Cristiana con Rafael Ángel Calderón, también le dio la mayoría de 29 diputados al PUSC, y los restantes diputados se los distribuyeron cuatro partidos. Liberación obtuvo 25 diputados.

En la elección de 1994 que ganó José María Figueres Olsen, Liberación Nacional logró 28 diputados, el PUSC eligió 25 y cuatro partidos lograron 4 diputados.

En las elecciones de 1998 la presidencia la logra Miguel Ángel Rodríguez con 27 diputados, Liberación Nacional con 23 y cinco partidos logran 7 diputados.

A partir de las elecciones nacionales del 2002 surgen las segundas rondas electorales para definir la presidencia de la República. Pero, en cada una de esas elecciones se definieron desde las elecciones de febrero, en las primeras rondas, la composición de la Asamblea Legislativa.

Elecciones con segunda ronda electoral fueron la del 2002, 2014, 2018 y 2022.

La elección del 2002 la gana Abel Pacheco, con el PUSC, que logra 19 diputados, Liberación Nacional obtiene 17 diputados, y el Partido Acción Ciudadana, que participa por primera vez, logra 14 diputados. Otros 7 diputados se distribuyeron entre dos partidos.

La elección del 2006 condujo a Oscar Arias a su segunda presidencia constitucional, sin segunda ronda, en la cual Liberación Nacional logra 25 diputados, el partido Acción Ciudadana 17 diputados y seis partidos se distribuyen 15 diputados, entre ellos la Unidad Social Cristiana con 5 cinco diputados.

La elección del 2010 elige por primera vez a una mujer en la Presidencia de la República, a Laura Chinchilla Miranda del partido Liberación Nacional, que logra 24 diputados, el partido Acción Ciudadana 11, y 22 diputados se los distribuyeron seis partidos.

La elección del 2014, con segunda ronda, con un candidato presidencial de Liberación Nacional, Johnny Araya Monge, que públicamente rehusó participar en la segunda ronda, sin poderse retirar oficialmente, llevó a la presidencia de la República a Luis Guillermo Solís, candidato del partido Acción Ciudadana, momento histórico en que se superaba el tradicional bipartidismo presidencial entre Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana.

Hasta este momento la historia de las elecciones presidenciales había girado entre Liberación Nacional y sus opositores históricos que culminaron en la Unidad Social Cristiana. Se iniciaba la época del tripartidismo, cuando tres partidos políticos obtenían la Presidencia de la República.

La elección del 2014 impuso una mayoría parlamentaria de Liberación Nacional de 18 diputados, 13 de Acción Ciudadana, 9 del Frente Amplio, 8 de PUSC y 9 diputados de otros 5 partidos.

La elección del 2018, en segunda ronda electoral, de nuevo lleva al partido Acción Ciudadana al gobierno. Una elección muy reñida en la cual Liberación Nacional no quedó como alternativa final de las elecciones, siéndolo el partido Restauración Nacional que postuló a Fabricio Alvarado.

Por primera vez, en su historia Liberación Nacional no llegó a gobierno ni a finalista de una segunda ronda. La Unidad Social Cristiana ya estaba ausente de estas posibilidades desde la elección del 2006.

En la elección del 2018 Liberación Nacional logró 17 diputados, el partido Restauración Nacional 14, Acción Ciudadana 10, la Unidad Social Cristiana 9 y 7 diputados se los distribuyeron 3 partidos.

La elección del 2022 quebró la tradición. Impuso un nuevo partido político, recién hecho para esa elección, Partido Progreso Social Democrático, que llevó en una segunda ronda a Rodrigo Chaves Robles a la Presidencia, que se le termina en mayo del 2026, y sacó del escenario electoral al partido Acción Ciudadana, que no obtuvo ni siquiera un diputado, luego de tener dos gobiernos seguidos. Con Rodrigo Chaves inauguramos el tetrapartidismo en el gobierno: cuatro partidos han ejercido el gobierno de la República.

¿Iremos en la próxima elección, de febrero del 2026, a un pentapartidismo, a otro partido nuevo en el gobierno de la República, a uno de los jaguares que impulsa el presidente Chaves? Como posibilidad esto puede darse. No hay que dormirse si no queremos que esto suceda.

El comportamiento del electorado en las últimas dos elecciones es interesante. En la del 2018 en la primera ronda hizo surgir peligrosamente como primer finalista a Fabricio Alvarado con una bandera muy anti derechos humanos, y a Carlos Alvarado por el contrario, como el abanderado defensor de los derechos humanos. La segunda ronda se definió en un esfuerzo muy apretado a favor de Carlos Alvarado, que estaba en el segundo lugar finalista.

La elección del 2022 llevó a la segunda ronda a José María Figueres de Liberación Nacional, como primer finalista y, sorpresivamente, a Rodrigo Chaves como segundo finalista, triunfando Chaves en la segunda vuelta, con una desmovilización y abstencionismo grande en contra de Figueres y de Liberación Nacional, que fue lo que resultó electoralmente.

¿Se repetirá algo así, en el próximo proceso electoral, frente a una opción emergente, nueva, que enfrente en el leguaje beligerante del presidente Chaves a todos los partidos políticos, especialmente a los tradicionales, a todos los que han tenido diputados en el pasado y en esta Asamblea Legislativa?

Esto es parte de lo que está en juego en estas elecciones. La ciudadanía activa, consciente y preocupada por el devenir de la Patria debe poner las barbas en remojo.

El nuevo Directorio legislativo es lo mejor que le ha ocurrido a la Asamblea Legislativa, para su última Legislatura.

Presidencia: Rodrigo Arias Sánchez (PLN),

Vicepresidencia: Vanessa Castro (PUSC),

Primera secretaria: Carlos Felipe García (PUSC),

Segunda secretaría: Gloria Navas (independiente),

Primera prosecretaría: Luz Mary Alpízar (Progreso Social Democrático),

Segunda prosecretaría: Geison Valverde (PLN).

El oficialismo, con sus diputados independientes, intentó entrar en este Directorio. La presidenta del Progreso Social Democrático, Luz Mary Alpízar fue electa sin ser candidata oficial del grupo de diputados que constituye el apéndice legislativo del presidente Rodrigo Chaves.

La Presidencia en la figura del diputado Rodrigo Arias Sánchez se lució en el reconocimiento que le dieron los diputados en su nombramiento. Más se distinguió, y fue el ejemplo claro de la importancia de su nombramiento, cuando tuvo que contestar, el 5 de mayo, el discurso de plaza pública, de carácter electoral, que hizo el presidente Rodrigo Chaves, atacando a los diputados y a los poderes públicos, desmintiéndole y confrontando elegantemente su perorata, que no tenía nada de “relativo a los diversos asuntos de la Administración y al estado político de la República y en el cual deberá, además, proponer las medidas que juzgue de importancia para la buena marcha del Gobierno, y el progreso y bienestar de la Nación”, como establece su obligación constitucional de hacer.

Rodrigo Arias volvió a mostrar su Señorío, su Don de gentes, su cultura y educación que le caracterizan, su capacidad discursiva respetuosa, pero firme, sin dobleces, con la frente en alto y con la energía que le da el ser el Representante más distinguido del pueblo costarricense que dirige la Asamblea Legislativa.

Rodrigo Arias se levantó orgullosamente como el gran defensor del Estado de Derecho y de las libertades y derechos amenazados por el inquilino de Zapote.

Compartido con SURCOS por el autor.