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Etiqueta: asesinato

Tres años de impunidad. ¡Sergio Rojas tu semilla florece!

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Coordinadora de Lucha Sur Sur-CLSS.

Viernes 18 de marzo de 2022. Hace 3 años las voces del odio acabaron con la presencia física del compañero Sergio Rojas Ortiz, Uniwak del Pueblo Bribri de Salitre, al sur de Costa Rica.

Ante la ocupación ilegal de los territorios de los Pueblos Originarios por parte de personas no indígenas y la inacción del Estado; Sergio y el Pueblo Bribri de Salitre comenzaron a recuperar las tierras – territorios que les pertenecen, luego otros Pueblos siguieron su ejemplo.

Ante este ejercicio del derecho a la tierra, la respuesta de los ocupantes ilegales y grupos de poder ha sido la violencia, y por parte del Estado la violación a los derechos humanos de estos Pueblos perpetuando además la impunidad.

Ante las múltiples agresiones contra los Pueblos Originarios, ninguno de los agresores ha sido sancionado penalmente; el único que estuvo privado de libertad 7 meses por razones políticas fue Sergio Rojas en el 2014; en una causa judicial donde hasta el día de hoy  no se ha presentado la pieza acusatoria.

A pesar de las amenazas de muerte y las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del 2015 a favor del Pueblo Bribri de Salitre y el Pueblo Brörán de Térraba, el Estado de Costa Rica fue incapaz de garantizar la vida e integridad de Sergio y de los Pueblos Originarios.

Después de 3 años de su asesinato, el Poder Judicial ha sido incapaz de avanzar en el establecimiento de los autores intelectuales y materiales del crimen, esto a pesar de que en el Buenos Aires de Puntarenas es «vox populi» o de conocimiento público quienes mandaron a asesinar a Sergio.

A pesar de que la Fiscalía General conformó un equipo «especial» para atender el caso; 3 años después no hay ningún avance significativo, ni resultado alguno para que se haga justicia.

La misma Fiscalía solicitó en el 2020 el archivo temporal del caso y el Juzgado Penal de Buenos Aires se había negado a ordenar  allanamientos y otras diligencias importantes para el caso.

Ante esta impunidad, los Pueblos Originarios han continuado con los procesos de recuperación de sus territorios y denunciando la agresiones y violaciones a sus derechos humanos por parte del Estado de Costa Rica por omisión o acción; exigiendo justicia.

¡Sergio vive, la lucha sigue!

¡Alto a la impunidad!

¡Justicia para Sergio, Jerhy y los Pueblos Originarios!

 

Publicación en Facebook:

https://www.facebook.com/111882987093775/posts/481878606760876/ 

Sergio Rojas Ortiz 1960-2019 / Jerhy Rivera Rivera 1974-2020

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Sergio Rojas Ortiz, del clan Uniwak del Pueblo Bribri de Salitre, fue un líder fundamental en la defensa de los Derechos, cosmogonía y modos de vida de los Pueblos Originarios que habitan Costa Rica. Sergio fue clave en los procesos de recuperación de tierras-territorios ancestrales, acciones que son una respuesta a las décadas de violencia estructural contra los Pueblos Originarios.

Otro de los grandes líderes de los pueblos originarios fue Jerhy Rivera Rivera específicamente del sector de Térraba. Ambos líderes mencionados anteriormente comparten el hecho de que sus muertes siguen impunes en cuanto no se han castigado a los causantes de sus fallecimientos. 

Si desea observar el video, ingrese en el siguiente enlace: https://fb.watch/bPjAoCAQSQ/

OIJ dará cuenta de la actuación de casos de violencia en pueblos originarios

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Comunicado de Prensa

El pasado viernes 11 de marzo, indígenas y defensores de derechos humanos se reunieron con el director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) Walter Espinoza Espinoza, para solicitar acceso real a la justicia, ante los hechos de extrema violencia de los últimos meses y la gran cantidad de casos acumulados de intentos de asesinato, agresiones, amenazas de muerte y muchas otras denuncias que sufren cotidianamente, los pueblos originarios del país.

En la reunión demandaron el compromiso para que se inicien nuevas investigaciones, y que las pendientes o en curso indicadas, sean realizadas con absoluta imparcialidad, diligencia y libres de racismo y cualquier otra discriminación por parte del OIJ. Esto debido a que muchas causas no han sido recibidas por funcionarios de OIJ y otras han sido archivadas casi de oficio, lo que evidencia, en algunos casos, el racismo y discriminación con el que son atendidas las personas de Pueblos Originarios, cuando realizan diligencias ante distintas instancias judiciales, incluido el OIJ; por lo cual el director dijo que esa situación “no es aceptable y se va a trabajar sobre eso”.

En otro de los puntos solicitados, el director del OIJ informó que acaba de ser elaborado un protocolo para investigaciones del Organismo Judicial para establecer un manual de procedimientos culturalmente apropiado para la atención de casos en los cuales estén involucrados Pueblos Originarios, el cual ahora debe ser consultado con los Pueblos Originarios.

Sobre la solicitud de establecer los canales de comunicación adecuados, ágiles y oportunos entre las partes, el director del OIJ se comprometió, desde hoy lunes en adelante, que, a todas las denuncias interpuestas ante esta instancia por personas de los pueblos Originarios, se les daría una copia física para respaldarla.

Finalmente, el OIJ aseguró que dará respuesta al documento presentado en el plazo establecido por la ley y ofrecerá todos los contactos y mecanismos necesarios para mejorar la comunicación entre el OIJ y los Pueblos indígenas. 

En la reunión se solicitó un informe pormenorizado del actuar del OIJ en al menos 22 causas y expedientes que se ventilan en los Tribunales de Matina, Pérez Zeledón, Buenos Aires de Puntarenas y en San José.

Destaca el caso del de tentativa de Homicidio contra el dirigente cabécar Leonel García Segura y por la misma causa del dirigente Bribri Mainor Ortiz que fue archivada con solicitud de desestimación en el 2013.

Otro de los hechos donde se piden mayor explicación, son los ataques del 7 de marzo 2020 y 25 de feb 2022, donde turbas atacaron a personas recuperadoras del Pueblo Cabécar de China Kichá, agrediendo físicamente a varios, amenazando de muerte a otros, quemando casas y fincas. En esta misma comunidad se realizó la detención arbitraria del cabécar Carlos Antonio Zúñiga Ríos por agentes del OIJ el pasado 25 de marzo de 2021.

En la reunión se hizo especial énfasis en el asesinato de Sergio Rojas Ortiz, al acercarnos al tercer aniversario de estos hechos aún impunes, como los casos entre 2020 y 2021 de varios líderes y lideresas de Pueblos Originarios de la zona sur que han recibido amenazas de muerte, como es el caso de Efraín Fernández Zúñiga, Doris Ríos Ríos, Clarita Quiel Torres, Minor Ortiz Delgado, Pablo Sibas Sibas y otras personas indígenas, que a pesar de las denuncias públicas y judiciales, éstas no han sido resueltas satisfactoriamente por el Poder Judicial.

– Territorio Cabécar de Bajo Chirripo.

– Concejo Ditsö Iriria Ajkönul Wakpa de Salitre.

– Consejo Iriria Sat Kök deYamabï Dí (Cabagra).

– Recuperadoras/es Cabécar de Kono Jú.

– Recuperadoras/es Cabécar de Yuwi Senaglo.

– Recuperadoras/es Cabécar de Sekero Kaska.

– Recuperadoras de Saka Duwë Senaglo.

– Recuperadoras/es Cabécar de Kelpego.

– Recuperadoras/es Naso Brörán de Crun Shurin.

– Recuperadoras/es Naso Brörán de San Andrés.

– Consejo Indígena Regional Pacífico Sur de Yimba Cäjc.

– Red Indígena de Gestores Locales del Pacífico Sur.

– Cootraosa.

– Comité de lucha por la tierra Finca Chánguina.

– Voces Nuestras.

– Coordinadora de Lucha Sur Sur.

– Bloque Verde.

Tercer aniversario sin Justicia del asesinato del líder Bribri Sergio Rojas

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SURCOS comparte la siguiente información.

El próximo miércoles 16 de marzo a las 5:00 pm, el programa Voces y Política estará dedicado a conversar sobre el “tercer aniversario sin Justicia del asesinato del líder Bribri Sergio Rojas”. Se contará con la participación de representantes del Concejo Ditsö Iriria Ajkönul Wakpa de Salitre, con voces de los pueblos originarios y personas defensoras de los derechos humanos. 

Esperamos su participación en nuestras redes sociales o por medio de llamada telefónica al 2234-3233. Miércoles 5:00 pm en Radio Universidad 96.7 FM ¡Nos escuchamos!

Berta Cáceres, defensora ambientalista hondureña. Se cumplen 6 años de su brutal asesinato

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Por Manu Mediavilla, colaborador de Amnistía Internacional

En la madrugada del 2 al 3 de marzo de 2016, cuatro hombres armados dispararon a Berta Cáceres, valiente defensora de los derechos medioambientales e indígenas, en su casa de La Esperanza, en el sur occidental de Honduras. Berta falleció a consecuencia de los disparos poco después de la medianoche en un día aciago para el activismo social. Hoy se cumplen seis años de su asesinato.

¿Qué defendía Berta Cáceres?

Berta Cáceres fue una prominente líder indígena de Honduras, cofundadora y coordinadora general del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) asesinada en 2016 por su oposición a la construcción del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, una represa en el río Gualcarque, que es un lugar sagrado y vital para las comunidades nativas de esa zona del noroeste hondureño.

Berta no fue la única defensora de los derechos humanos asesinada aquel año debido a su trabajo pacífico. Y, desde entonces, han muerto violentamente centenares de defensores y defensoras más. Los responsables rara vez son llevados ante la justicia, lo que da pie a que continúen los ataques. Honduras, el país natal de Berta, sigue sin firmar el Acuerdo de Escazú, el primer tratado de derechos humanos ambientales de América Latina y el Caribe, que entró en vigor el 22 de abril de 2021 y que obliga a los Estados firmantes a proteger a las personas defensoras del medio ambiente.

Berta Cáceres fue una mujer indígena Lenca y una de las defensoras medioambientales más conocidas de Honduras. © Goldman Environmental Prize. (Amnistía Internacional).

¿Quién mató a Berta Cáceres?

El pasado 5 de julio de 2021, el Tribunal de Sentencia de Honduras declaró culpable a David Castillo (exgerente de la empresa Desarrollos Energéticos DESA S.A. y responsable del proyecto) como coautor intelectual del asesinato de Cáceres, tras un juicio en el que se presentaron 62 pruebas para acreditar sus vínculos con los autores materiales del asesinato y con las siete personas ya condenadas en 2018. Castillo es la octava persona condenada por la muerte de Cáceres. Anteriormente fueron condenados tres sicarios y cuatro personas vinculadas a DESA y al Ejército.

Pero la sentencia de David Castillo sigue pendiente, lo que llevó al COPINH a protestar el pasado 12 de octubre ante la Corte Suprema de Justicia. El Poder Judicial aclaró en su cuenta oficial de Twitter que el tribunal “está en proceso de redacción de la sentencia condenatoria”.

En COPINH se considera una «victoria popular» la declaración de culpabilidad de Castillo, cuyos vínculos con personas ya condenadas por el asesinato de Berta Cáceres quedaron acreditados en el juicio, así como su conocimiento de un fallido primer intento de acabar con su vida. La activista sufrió una persecución constante durante años, que obligó a parte de su familia a abandonar Honduras durante varios meses y a ella misma a dormir cada noche en un lugar diferente para evitar un posible secuestro.

“La activista sufrió una persecución constante durante años, que obligó a parte de su familia a abandonar Honduras durante varios meses y a ella misma a dormir cada noche en un lugar diferente para evitar un posible secuestro.”

Incluso así, su discurso firme y su capacidad movilizadora lograron que el conflicto se visibilizara en el exterior, lo que movió a algunas compañías internacionales –como la china Sinohydro o la Corporación Financiera Internacional adscrita al Banco Mundial– a retirar sus inversiones. Y en Honduras, como subraya su hija Laura Zúñiga, “su vitalidad, su compromiso y su valentía siguen vivos en nosotros”, porque “no está muerta, está multiplicada” y sigue “presente en cada una de las personas que continuamos con la lucha”. Convertida ya en un auténtico símbolo de la comunidad lenca, remarca: “mi madre me dejó muchas enseñanzas y toda su fuerza. Las personas que luchan por la vida, nunca mueren”.

Desde Amnistía Internacional, su directora para América, Erika Guevara-Rosas, ha insistido en que “las autoridades hondureñas deben poner fin a la impunidad», porque “no habrá nunca una completa justicia para Berta hasta que todos los que participaron en el crimen, incluidos los que lo planearon, sean llevados ante la justicia».

Berta Cáceres fue galardona con el Premio Goldman, el mayor reconocimiento del mundo para medioambientalistas. © Goldman Environmental Prize. (Amnistía Internacional).

Berta Cáceres, Premio Goldman y Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia

Berta recibió el Premio Goldman (el mayor reconocimiento del mundo para medioambientalistas, el denominado Nobel Verde o Nobel de Medioambiente) en 2015, un año antes de su asesinato. Y en el 2021, a título póstumo, el Parlamento Europeo le otorgó el Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia, un galardón que comparte junto a personalidades como Nelson Mandela.

El informe de Global Witness revela que tres cuartas partes de los ataques letales registrados contra activistas ambientales y de la tierra en 2020 tuvieron lugar en América Latina. Unas 165 personas fueron asesinadas en la región por defender su tierra y el planeta. A nivel mundial, se registraron 227 ataques letales, lo que supone un incremento por segundo año consecutivo. Honduras es el quinto país del mundo donde más personas defensoras de la tierra y del medioambiente fueron asesinadas durante el 2020, con 17 asesinatos.

10 frases por las que Berta Cáceres será siempre recordada

Berta Cáceres fue una prominente defensora de los derechos humanos. En la imagen, junto a gente de su pueblo. © Goldman Environmental Prize. (Amnistía Internacional).
  • «Y creo que en todo eso también hemos aprendido a que pese a que es muy duro, muy doloroso, hemos aprendido también a luchar con alegría. A luchar con alegría, con esperanza, con fe. Hemos aprendido a luchar en diversidad. Hemos aprendido a luchar con musica, con ceremonias, con espiritualidad. Donde nos acompañan nuestros ancestros y ancestras, nuestros Nahuales, nuestros espíritus. Eso es. Creo que eso es lo que nos alienta. Y saber que aquí no hay otro planeta de repuesto. Solo hay uno».
     
  • “Cuando iniciamos la lucha contra Agua Zarca, yo sabía lo duro que iba a ser. Pero también sabía que íbamos a triunfar. Me lo dijo el río”.
     
  • “Vos tenés la bala… Yo la palabra… La bala muere al detonarse… La palabra vive al replicarse”.
     
  • “Lo que nos inspira no son los premios, sino los principios. Aquí, con reconocimientos o sin ellos, hemos luchado y lo vamos a seguir haciendo”.
     
  • “Aquí es muy fácil que a uno lo maten. El coste que pagamos es muy alto. Pero lo más importante es que tenemos una fuerza que viene de nuestros ancestros, herencia de miles de años, de la que estamos orgullosos. Ese es nuestro alimento y nuestra convicción a la hora de luchar”.
     
  • “¡Despertemos! ¡Despertemos Humanidad! Ya no hay tiempo. Nuestras conciencias serán sacudidas por el hecho de sólo estar contemplando la autodestrucción basada en la depredación capitalista, racista y patriarcal”.
     
  • “¡Los pueblos indígenas somos fuertes! A pesar de 522 años de opresión, de esclavitud, de exterminio. ¡Existir hoy como pueblos quiere decir haber demostrado la fuerza que tenemos!”.
     
  • “No es fácil ser mujer dirigiendo procesos de resistencias indígenas. En una sociedad increíblemente patriarcal las mujeres estamos muy expuestas, tenemos que enfrentar circunstancias de mucho riesgo, campañas machistas y misóginas”.
     
  • “El reconocimiento de los derechos de las mujeres no es un favor: es una obligación del Estado”.
     
  • “De los ríos somos custodios ancestrales el pueblo lenca, resguardados además por los espíritus de las niñas que nos enseñan que dar la vida de múltiples formas por la defensa de los ríos es dar la vida para el bien de la humanidad y de este planeta…”.

 

Publicado en https://www.es.amnesty.org/

Sergio y Jerhy: 2 muertes que desenmascaran al Estado de Costa Rica

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Osvaldo Durán-Castro, sociólogo ITCR, ecologista FECON

Cuando reescribamos la historia de Costa Rica 3 fechas deben aparecer porque marcan cortes determinantes: 18 de marzo de 2019 por el asesinado Sergio Rojas Ortíz, 24 de febrero de 2020, por el asesinato de Jerhy Rivera Rivera y 30 de diciembre de 2021, porque ese día Leonel García casi pierde la vida en una descomunal agresión con machete. Si estos hombres pertenecen al pueblo Brorän, Bribri o Cabécar, pasa a un segundo plano. Lo que importa es que representan a todos los pueblos originarios de Costa Rica y muestran que las agresiones dirigidas contra esas personas y contra sus territorios no tienen límites. Importa también que esos nombres se suman a otros miles de ausentes de pueblos indígenas de todo el mundo que enfrentan y sufren hoy día la violencia vigente desde hace siglos.

Por Sergio Rojas Ortiz y Jerhy Rivera Rivera apareció Costa Rica en las listas de asesinatos registrados por la organización Global Witness de los años 2020 y 2021, y pesar del dolor para sus familias y sus pueblos originarios, tal registro ha servido para que el mundo se entere de que la defensa efectiva de la vida, de los derechos humanos y el reconocimiento pleno de los derechos de los pueblos originarios, son una farsa que se ha consolidado en Costa Rica. El mundo está comprendiendo por qué es que se puede afirmar que éste es un país con muchas manifestaciones racistas, pero en particular contra los pueblos originarios. Que es un país cuya institucionalidad no juzga los crímenes contra personas indígenas como crímenes de odio, de racismo y de etnocidio, y que incluso se niega a juzgarlos de la manera que sea. Pero que además, desconoce sus propias leyes y los Convenios internacionales que ha firmado, y no asegura la protección de la gente indígena aún cuando hay medidas y resoluciones de organismos internacionales que le ordenan hacerlo.

Esa debilidad del Estado se demuestra, por ejemplo, con el incumplimiento de Medida Cautelar (Resolución 16/15) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que le indicaba al Gobierno de Costa Rica su deber de que “a) Adopte las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad personal de los miembros del pueblo indígena Teribe y del pueblo indígena Bribri de Salitre…,… b) Concierte las medidas a implementarse con los beneficios y sus representantes; c) Informe las acciones adoptadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la adopción de la medida cautelar y así evitar su repetición”. Lo mismo ocurre con el Convenio 107 de la OIT (Ley No 2330) vigente desde el 9 de abril de 1959), “Relativo a la Protección e Integración de las Poblaciones Tribuales Indígenas y Semitribales en los Países Independientes”, aprobado por la Organización Internacional del Trabajo en el año 1957.

De muchísimas formas se le ha recordado al Estado costarricense la copiosa legislación existente con la cual se podrían hacer valer los derechos violentados de los pueblos originarios, sin que se logre su cumplimiento. Entre tanto, varios puntos son claros:

  • Las innumerables agresiones contra indígenas se agravaron desde el 2010 y sigue prevaleciendo la resistencia del sistema judicial para no resolver el expediente judicial 19-000178-0990-PE, de Sergio Rojas Ortiz. Esa evasiva incluye la petición de la Fiscalía de archivar el caso, lo cual no se logró por presión nacional e internacional.
  • En el caso de Jerhy Rivera Rivera, tampoco hay avances notables aunque hay al menos un acusado bien identificado y había suficientes testigos en el mismo sitio y hora del asesinato.
  • En el caso de Leonel García, ya señalamos el riesgo de que procese el caso como un atentado de violencia ordinario y el sinsentido de que él mismo esté acusado por su agresor.
  • Los asesinatos y la violencia contra esas personas de los pueblos originarios, lo mismo que las usurpaciones de sus tierras, no se deben juzgar como casos penales ordinarios o aplicando la legislación agraria y cualquier otra, pues se trata de situaciones originadas en el incumplimiento de derechos de propiedad que el mismo Estado otorgó.
  • Los asesinatos y agresiones contra personas indígenas como los que hemos señalado no son hechos aislados. Son parte de un patrón histórico de colonialismo que se ejecuta por medio de usurpaciones y violaciones de los derechos básicos de las personas y los pueblos indígenas.
  • La violencia es parte de la denigración que se vive desde la época colonial, y que se manifiesta en distintas formas de racismo, odio, vejaciones, desconocimiento y falta de equiparación de derechos humanos, sociales, económicos y culturales, para la gente de los pueblos originarios.
  • En esas condiciones, en general, la gente de los pueblos originarios, hasta llega a “aprender” a vivir con miedo e incertidumbre.

Sergio, Jerhy y Leonel se convirtieron en “peligrosos” porque desafiaron el colonialismo, el racismo, la falta de derechos, el desconocimiento de su condición de personas de pueblos originarios. Fueron un peligro cuando trataron de recuperar su territorio, su identidad, su organización social; cuando se rebelaron ante el control político impuesto, cuando desafiaron la aplicación discriminatoria de leyes en su contra y cuando pidieron que se cumplieran las leyes que les aseguraban sus derechos, empezando por el derecho a la tierra. Aunque la muerte de Sergio, y la de Jerhy que conmemoramos hoy 24 de febrero, son golpes dolorosos e indignantes, han servido para evidenciar y desenmascarar cuán lejos está el Estado de Costa Rica de garantizar el respeto de los derechos fundamentales de los pueblos originarios. Ése es uno de sus legados póstumos.

Conmemoración del segundo aniversario del asesinato de Jerhy Rivera

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Este miércoles 23 de febrero se cumplen dos años (24-2-20) del asesinato de Jerhy Rivera, defensor de los derechos humanos, ambientales y territoriales del pueblo Brörán. Para conocer el contexto del crimen, el programa Voces y Política, contará a las 5:00 p.m. con la participación de Osvaldo Durán, docente del ITEC y ecologistas, además de la representación de las voces del pueblo Brörán, familiares de Jerhy Rivera y otros pueblos originarios. 

Se invita a la participación en redes sociales o por medio de llamada telefónica.
Teléfono: 2234 3233

Radio Universidad 96.7 FM.

Joven ambientalista asesinado en Colombia

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Asociación Colombiana de Salud Publica – comunicado

La Madre Tierra recibe al joven Breiner David Cucuñame, valiente guardia ambientalista, perteneciente a la comunidad Nasa, asesinado el pasado 14 de enero, en medio de enfrentamientos por la defensa del territorio y la vida digna de los pueblos originarios.

En el enfrentamiento también murió Guillermo Chicame, escolta de la UNP de Colombia. Por lo que se incrementa la incertidumbre y se genera la interrogante principal ¿Qué ha pasado con la ratificación del Acuerdo de Escazú, instrumento fundamental para proteger a nuestros líderes-as ambientalistas?

 

Compartido con SURCOS por Luis Bernardo Villalobos.

Recolecta de firmas, ¡no más impunidad ante el feminicidio de Keyla Patricia Martínez!

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¡Justicia para todas las víctimas de feminicidios en Honduras!

¡No más impunidad ante el feminicidio de Keyla Patricia Martínez!

En Honduras, país que se encuentra entre los primeros de mayor índice de feminicidios de América, la joven integrante de los pueblos originarios Lenca Keyla Martínez Rodríguez fue víctima de feminicidio en las celdas de la Unidad Policial N°10 de La Esperanza, Intibucá.

Ella era estudiante universitaria del último año de la carrera de Enfermería en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en Tegucigalpa (UNAH). Después de ser detenida por agentes de la policía a las 11:30 pm del 6 de febrero, en menos de 3 horas después, el 7 de febrero a las 2:55 am fue llevada sin signos vitales por tres agentes policiales al Hospital Dr. Enrique Aguilar Cerrato.

El 22 de febrero de 2021 el portavoz del Ministerio Público, Yuri Mora, leyó los resultados preliminares de la autopsia donde se certifica que la muerte de Keyla fue por asfixia mecánica, la que es calificada como homicidio por estrangulamiento y sofocación respiratoria (nariz y boca). Su cuerpo presentaba golpes contundentes o traumas contusos provocados con objeto romo sin filo en la cabeza, cuello y boca; a la vez, había sido sometida por varias personas que, ante la fuerza con que, al parecer, la joven se defendió, la golpearon y la aplastaron contra el suelo. Durante el velatorio la familia de Keyla abrió el féretro y observaron que en las manos presentaba heridas como de arma corto punzante, los dedos amoratados y con evidencias de fracturas, además de marcas y lesiones alrededor de sus muñecas, como si hubiera sido esposada.
De la totalidad de los policías y oficiales que estaban de turno la noche del feminicidio, solo fueron suspendidos de sus cargos el Subinspector Bryan Isaac Bánegas López y el policía Jarol Perdomo (único acusado, primero de homicidio agravado y luego el delito fue recalificado como homicidio simple por la Corte de Justicia de Apelaciones de Comayagua). 

Hasta dos días después del homicidio, la Agencia Técnica de Investigación Criminal ATIC revisó la escena del crimen, luego de haber sido lavada por detenidos, borrando cualquier evidencia y sin haber sido asegurada por el fiscal de turno John César Mejía. Por lo tanto, en conformidad con el respeto de los Derechos Humanos, en general, y a los Derechos Humanos de los Pueblos Originarios, en particular, las organizaciones y personas abajo firmantes exigimos de manera respetuosa pero categórica a la Corte Suprema de Justicia de Honduras, lo siguiente:

  • Que el Ministerio Público proporcione a familiares y abogadas que llevan el caso el Dictamen definitivo de la autopsia; ya que diez meses después, aún no ha sido entregado. 
  • Que se tome en cuenta las observaciones de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH) donde recomienda que la investigación se realice bajo el Protocolo de Minessota, porque los hechos pueden ser constitutivos de una ejecución extrajudicial y debe orientarse a identificar, no sólo a los autores directos, sino también a los demás responsables de la muerte, incluidos los funcionarios cómplices en la cadena de mando.
  • Que se rectifique la recalificación del delito como Feminicidio Agravado.
  • Que haya una pronta resolución ante Recursos de Amparo presentados desde el 1° de noviembre de 2021, por Ministerio Público y por COFADEH (Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras), con apoyo de otras organizaciones internacionales de Derechos Humanos, contra la recalificación del delito. 

La fecha límite para firmar la petición es el 20 de febrero, adjuntamos el link para firmar la petición: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeLPjn6RVqznuOjXLocuRvgunOs6yTwcHrqenUtb_3NnVSjFw/viewform

DENUNCIA INTERNACIONAL: CRIMEN DEL LÍDER LENCA HONDUREÑO PABLO HERNÁNDEZ RIVERA

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ASOCIACIÓN COSTARRICENSE DE DERECHOS HUMANOS Y COLECTIVO DE SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO DE HONDURAS

La Asociación Costarricense de Derechos Humanos ACODEHU y el Colectivo de Solidaridad con el Pueblo de Honduras en Costa Rica repudiamos el vil asesinato de Pablo Hernández Rivera, joven líder comunitario lenca; comunicador social; defensor de los Derechos Humanos de las comunidades indígenas; impulsor y gestor de la Universidad Indígena y de los Pueblos; director de Radio Tenán  “La Voz Indígena Lenca”; coordinador de las comunidades eclesiales de base y miembro del grupo pastoral indígena de AELAPI/Honduras en Gracias (Lempira); alcalde mayor de la Auxiliaría de La Vara alta de Caiquín y presidente de la red de agro-ecólogos de la biosfera Cacique Lempira, Señor de las Montañas. En  resumen, un joven y gran líder de la comunidad Lenca, cuyos asesinos truncaron su proyecto de vida junto a su pueblo.

El hecho ocurrió el pasado domingo 9 de enero a las 7:30 de la mañana cuando se dirigía a la iglesia, en la comunidad de Tierra Colorada, aldea de San Marcos de Caiquín, departamento de Lempira, Honduras.

Según nos informan desde la comunidad, los responsables de este vil asesinato se adscriben a los intereses político-económicos de la zona que han estado atentando contra la población y líderes como Pablo por defender los derechos legítimos y territorios ancestrales de la comunidad lenca, y denunciar acciones de corrupción por parte de una autoridad local.

Destacamos que ocurre en el presente momento de transición de un régimen de naturaleza dictatorial encabezado por Juan Orlando Hernández, irrespetuoso de los Derechos Humanos en todas las dimensiones, frente al cual, la ciudadanía lo ha descalificado al elegir democráticamente a Xiomara Castro como Presidenta de Honduras.

Como organizaciones de Derechos Humanos y solidaridad Internacional, exigimos que se haga justicia y este crimen, junto a múltiples crímenes, no quede en la impunidad. También, exhortamos a la comunidad internacional para que se manifiesten en denuncia y solidaridad.

¡PABLO HERNÁNDEZ RIVERA VIVE!

¡NO MÁS IMPUNIDAD!

San José, Costa Rica, 11 de enero de 2022. 

Asociación Costarricense de Derechos Humanos – ACODEHU

Colectivo de Solidaridad con el Pueblo de Honduras en Costa Rica

 

Imagen tomada de; https://articulo19.org/