Osvaldo Durán-Castro, sociólogo ITCR, ecologista FECON

Cuando reescribamos la historia de Costa Rica 3 fechas deben aparecer porque marcan cortes determinantes: 18 de marzo de 2019 por el asesinado Sergio Rojas Ortíz, 24 de febrero de 2020, por el asesinato de Jerhy Rivera Rivera y 30 de diciembre de 2021, porque ese día Leonel García casi pierde la vida en una descomunal agresión con machete. Si estos hombres pertenecen al pueblo Brorän, Bribri o Cabécar, pasa a un segundo plano. Lo que importa es que representan a todos los pueblos originarios de Costa Rica y muestran que las agresiones dirigidas contra esas personas y contra sus territorios no tienen límites. Importa también que esos nombres se suman a otros miles de ausentes de pueblos indígenas de todo el mundo que enfrentan y sufren hoy día la violencia vigente desde hace siglos.

Por Sergio Rojas Ortiz y Jerhy Rivera Rivera apareció Costa Rica en las listas de asesinatos registrados por la organización Global Witness de los años 2020 y 2021, y pesar del dolor para sus familias y sus pueblos originarios, tal registro ha servido para que el mundo se entere de que la defensa efectiva de la vida, de los derechos humanos y el reconocimiento pleno de los derechos de los pueblos originarios, son una farsa que se ha consolidado en Costa Rica. El mundo está comprendiendo por qué es que se puede afirmar que éste es un país con muchas manifestaciones racistas, pero en particular contra los pueblos originarios. Que es un país cuya institucionalidad no juzga los crímenes contra personas indígenas como crímenes de odio, de racismo y de etnocidio, y que incluso se niega a juzgarlos de la manera que sea. Pero que además, desconoce sus propias leyes y los Convenios internacionales que ha firmado, y no asegura la protección de la gente indígena aún cuando hay medidas y resoluciones de organismos internacionales que le ordenan hacerlo.

Esa debilidad del Estado se demuestra, por ejemplo, con el incumplimiento de Medida Cautelar (Resolución 16/15) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que le indicaba al Gobierno de Costa Rica su deber de que “a) Adopte las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad personal de los miembros del pueblo indígena Teribe y del pueblo indígena Bribri de Salitre…,… b) Concierte las medidas a implementarse con los beneficios y sus representantes; c) Informe las acciones adoptadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la adopción de la medida cautelar y así evitar su repetición”. Lo mismo ocurre con el Convenio 107 de la OIT (Ley No 2330) vigente desde el 9 de abril de 1959), “Relativo a la Protección e Integración de las Poblaciones Tribuales Indígenas y Semitribales en los Países Independientes”, aprobado por la Organización Internacional del Trabajo en el año 1957.

De muchísimas formas se le ha recordado al Estado costarricense la copiosa legislación existente con la cual se podrían hacer valer los derechos violentados de los pueblos originarios, sin que se logre su cumplimiento. Entre tanto, varios puntos son claros:

• Las innumerables agresiones contra indígenas se agravaron desde el 2010 y sigue prevaleciendo la resistencia del sistema judicial para no resolver el expediente judicial 19-000178-0990-PE, de Sergio Rojas Ortiz. Esa evasiva incluye la petición de la Fiscalía de archivar el caso, lo cual no se logró por presión nacional e internacional.
• En el caso de Jerhy Rivera Rivera, tampoco hay avances notables aunque hay al menos un acusado bien identificado y había suficientes testigos en el mismo sitio y hora del asesinato.
• En el caso de Leonel García, ya señalamos el riesgo de que procese el caso como un atentado de violencia ordinario y el sinsentido de que él mismo esté acusado por su agresor.
• Los asesinatos y la violencia contra esas personas de los pueblos originarios, lo mismo que las usurpaciones de sus tierras, no se deben juzgar como casos penales ordinarios o aplicando la legislación agraria y cualquier otra, pues se trata de situaciones originadas en el incumplimiento de derechos de propiedad que el mismo Estado otorgó.
• Los asesinatos y agresiones contra personas indígenas como los que hemos señalado no son hechos aislados. Son parte de un patrón histórico de colonialismo que se ejecuta por medio de usurpaciones y violaciones de los derechos básicos de las personas y los pueblos indígenas.
• La violencia es parte de la denigración que se vive desde la época colonial, y que se manifiesta en distintas formas de racismo, odio, vejaciones, desconocimiento y falta de equiparación de derechos humanos, sociales, económicos y culturales, para la gente de los pueblos originarios.
• En esas condiciones, en general, la gente de los pueblos originarios, hasta llega a “aprender” a vivir con miedo e incertidumbre.

Sergio, Jerhy y Leonel se convirtieron en “peligrosos” porque desafiaron el colonialismo, el racismo, la falta de derechos, el desconocimiento de su condición de personas de pueblos originarios. Fueron un peligro cuando trataron de recuperar su territorio, su identidad, su organización social; cuando se rebelaron ante el control político impuesto, cuando desafiaron la aplicación discriminatoria de leyes en su contra y cuando pidieron que se cumplieran las leyes que les aseguraban sus derechos, empezando por el derecho a la tierra. Aunque la muerte de Sergio, y la de Jerhy que conmemoramos hoy 24 de febrero, son golpes dolorosos e indignantes, han servido para evidenciar y desenmascarar cuán lejos está el Estado de Costa Rica de garantizar el respeto de los derechos fundamentales de los pueblos originarios. Ése es uno de sus legados póstumos.