La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) invita a toda persona interesada a integrarse a su junta de salud local. Las inscripciones estarán abiertas del 3 de julio al 5 de agosto de 2025, y las elecciones se realizarán el5 de setiembre.
Las juntas de salud son organizaciones auxiliares que colaboran con hospitales y áreas de salud, con el fin de mejorar la atención médica, optimizar la gestión de los servicios e impulsar la participación ciudadana. Están conformadas por siete personas representantes de distintos sectores.
Requisitos para postularse:
Ser mayor de edad
Tener cédula o DIMEX al día
Ser asegurado(a) de la CCSS
Vivir en el área de atracción del centro de salud
Tener tiempo para cumplir con las funciones
Estar al día con la CCSS
No haber sido condenado(a) penalmente
Si desea postularse, puede descargar el formulario y consultar los requisitos en: www.ccss.sa.cr/juntas-salud
“Usted puede ser parte del cambio que necesita su comunidad”
Radio Universidad, a través del programa Desayunos transmitido por la 96.7 FM, Canal 15 UCR y Facebook Live, dedicó una reciente edición a profundizar en los alcances y el impacto de la Ley 10.231 de Voluntades Anticipadas. Esta legislación, vigente desde el 5 marzo de 2022, busca garantizar el derecho de las personas a manifestar de forma anticipada, libre y voluntaria, sus decisiones respecto a tratamientos médicos en situaciones de salud límite.
El espacio contó con la conducción de José Carlos Chinchilla Coto y la participación de dos personas expertas en salud mental y cuidados paliativos: el Máster Celso Cruz, psicólogo del Hospital San Juan de Dios y docente de la Universidad de Costa Rica, y la Magister Maritza Rodríguez, psicóloga clínica y académica jubilada de la Universidad Nacional.
Durante el programa se abordaron aspectos fundamentales de la ley, como la posibilidad de que las personas, en pleno uso de sus facultades, establezcan por escrito qué intervenciones médicas aceptan o rechazan en caso de no poder expresar su voluntad en el futuro. Esta declaración no puede ser interpretada como eutanasia bajo ninguna circunstancia.
Se enfatizó que la ley permite designar representantes sanitarios titular y suplentes quienes hablarán en nombre de la persona en situaciones médicas críticas. La voluntad anticipada se formaliza mediante documento legal ante notario, en un centro de salud o en la Dirección General del Archivo Nacional, con acompañamiento de testigos no familiares.
Según lo discutido en el programa, el documento se incorpora al expediente clínico (EDUS) y se renueva cada cinco años. La legislación tiene como finalidad humanizar la atención médica, reducir el sufrimiento innecesario y evitar conflictos familiares y éticos entre equipos de salud y personas allegadas.
El Máster Cruz destacó que esta herramienta representa un alivio para el personal sanitario en contextos delicados, permitiendo centrar la atención en la calidad de vida. La Magister Rodríguez recalcó la necesidad de generar educación social sobre el proceso de morir como parte de la vida, superar los mitos que lo rodean y fomentar la toma consciente de decisiones desde una perspectiva bioética.
Pese a su importancia, se señaló que la ley ha tenido poca difusión: a la fecha del programa, solo 23 personas habían registrado sus voluntades anticipadas. Las personas participantes insistieron en la urgencia de abrir espacios educativos y de diálogo para informar a la población sobre esta posibilidad legal.
El jueves 12 de junio se transmitió en Desayunos, programa radial de Radio Universidad (96.7 FM), un programa sobre la ley N° 10231, Ley de voluntades anticipadas. La discusión al respecto de la ley estuvo a cargo del MSc. Celso Cruz (psicólogo especialista en cuidados paliativos del hospital San Juan de Dios) y Mag. Maritza Rodríguez (psicóloga clínica grupal, y académica retirada), esto bajo la dirección del programa por parte del MSc. José Carlos Chinchilla Coto (sociólogo y académico).
El programa aborda de forma accesible la importancia e implicaciones que tiene la ley, la cual fue aprobada desde mayo de 2022, en temas relacionados con el quehacer médico así como temas de derechos humanos al legislar en favor de la dignidad de cada persona.
Así, en el programa se discute cómo la ley brinda un marco jurídico así como un respaldo para el quehacer de equipos de salud -en especial aquellos de cuidados paliativos- al momento de actuar de una u otra forma ante situaciones de manejo del paciente. De este modo, se tiene seguridad en el actuar del centro de salud al respetar la voluntad expresa del paciente en cuidados paliativos en momentos de alto riesgo para su vida, por ejemplo, por un paro respiratorio. A su vez, la ley declara cómo el actuar del equipo médico ante la voluntad anticipada del paciente no se debe interpretar como algún tipo de eutanasia.
Siendo un avance importante en la materia, también se discute cómo esta ley aún resulta insuficiente al no abordar temas de educación alrededor de la muerte, los cuales resultan un tabú en nuestra sociedad.
Aún así, esta legislación representa un alivio para el equipo de salud debido a que permite les permite actuar de forma clara con base en las intenciones del paciente. Esto resulta importante ya que, actuando estrictamente bajo las preferencias del paciente, no estarían cayendo en encarnizamiento terapéutico; es decir, prolongación innecesaria de la vida induciendo en sufrimiento.
Adicionalmente, en el programa se discute cómo esta ley también pone de manifiesto una responsabilidad del individuo ante decisiones la cuales, similar a otras se les ha tendido a ser socialmente relegadas a otros actores, como puede ser la forma y calidad de la muerte.
Por Colectivo Antonio Saldaña Colaboración especial para el Observatorio de Bienes Comunes
A pesar de los múltiples marcos normativos nacionales e internacionales que reconocen los derechos de los pueblos indígenas, las comunidades originarias de Talamanca continúan enfrentando condiciones inaceptables en el acceso a la salud. Lo que debería ser un derecho humano garantizado se convierte día a día en un camino de sufrimiento, desprotección y maltrato institucional.
El Convenio 169 de la OIT, ratificado por Costa Rica, establece que los servicios de salud para los pueblos indígenas deben tomar en cuenta sus condiciones económicas, geográficas, sociales y culturales. Sin embargo, en la práctica, estas condiciones son ignoradas sistemáticamente.
Imagen: Estas son las condiciones de las vías de comunicación utilizadas para salir y llegar a los puestos de salud, lo cual influye directamente en el acceso a los servicios médicos, especialmente en situaciones de emergencia.
Un sistema que margina
En los territorios indígenas de Talamanca, muchas personas deben recorrer hasta 8 kilómetros o más para llegar al EBAIS más cercano. Sin embargo, estos centros de atención no cuentan con servicios especializados como pediatría, ginecología ni equipos de rayos X. En casos más complejos, las personas deben trasladarse al hospital de Valle La Estrella o al hospital Tony Facio en Limón, lo que representa distancias de más de 80 o 100 km. En escenarios aún más graves, el traslado se extiende hasta los hospitales centrales en San José, con todos los costos, tiempos y dificultades que esto implica. Esta situación obliga a realizar múltiples viajes para tratar un solo padecimiento, lo cual vulnera profundamente el derecho a la salud de estas comunidades.
La situación se agrava porque muchos EBAIS no cuentan con ambulancias y, en casos de emergencia, el traslado puede tomar horas. Durante este tiempo, las personas indígenas sufren dolor, angustia y, muchas veces, la indiferencia del personal de salud.
Deshumanización institucional
Uno de los aspectos más dolorosos señalados por el Colectivo Antonio Saldaña es el trato deshumanizante que muchas veces reciben por parte del personal médico, especialmente en el hospital de Limón. A pesar de su formación profesional, señalan que la sensibilidad humana brilla por su ausencia. La pérdida de una cita puede dar pie a gritos y humillaciones, mientras que el sufrimiento en urgencias se enfrenta con indiferencia, largas esperas y desatención.
Un sistema que no comprende ni respeta
Además del abandono físico, existe una violencia burocrática e institucional. El sistema SINIRUBE (Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado) descalifica a muchas familias indígenas del acceso a programas sociales, al compararlas con estándares económicos ajenos a su realidad de subsistencia. Esto ocurre sin transparencia ni criterios adecuados.
Por otro lado, la medicina tradicional indígena no es reconocida por el sistema de salud nacional, lo cual representa una forma de colonialismo institucional que invalida saberes ancestrales fundamentales para estas comunidades.
El CONASPI y la promesa incumplida
El Consejo Nacional de Salud de los Pueblos Indígenas (CONASPI) fue creado por decreto para articular y garantizar un enfoque intercultural en salud. Sin embargo, su inacción ha llevado a que las comunidades lo describen como “un decreto que duerme el sueño de los justos”, sin impacto real.
Anécdotas que duelen
El pasado 1 de mayo de 2025, un niño indígena de 13 años sufrió un accidente en motocicleta mientras era acompañado por un adulto. Sin embargo, el informe oficial indicaba que el menor conducía solo una “bicimoto”, lo que provocó la intervención de instituciones como el PANI, que lejos de proteger, actúan con base en prejuicios y suposiciones fuera de contexto. El caso fue usado, según denuncia el colectivo, para humillar a la familia del menor en lugar de apoyarla.
Un llamado urgente
El artículo 24.2 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas establece que los pueblos indígenas deben tener acceso sin discriminación a todos los servicios sociales y de salud. Lo que se vive en Talamanca es una violación sistemática de estos principios.
Desde el Colectivo Antonio Saldaña alzamos la voz por nuestros pueblos. Exigimos una transformación profunda del sistema de salud y de las instituciones del Estado, para que reconozcan la dignidad, la diversidad cultural y los derechos humanos de las comunidades indígenas.
Compromisos del Estado costarricense con el derecho a la salud
Costa Rica ha asumido múltiples compromisos nacionales e internacionales que garantizan el derecho a la salud como un derecho humano fundamental. Estos compromisos obligan al Estado a asegurar que todas las personas, sin discriminación, puedan acceder a servicios de salud adecuados, oportunos y culturalmente pertinentes.
Constitución Política de Costa Rica
El artículo 21 establece que la vida humana es inviolable, y el artículo 50 señala que es deber del Estado procurar el mayor bienestar de todos los habitantes mediante la organización y estímulo de la producción y el más adecuado reparto de la riqueza, así como la protección de la salud como parte de ese bienestar.
Ley General de Salud (N.º 5395)
Esta ley declara que la salud es un bien de interés público, y establece la responsabilidad del Estado en garantizar condiciones sanitarias adecuadas y en organizar un sistema nacional de salud accesible para toda la población.
Convenio 169 de la OIT
Ratificado por Costa Rica en 1993, este tratado internacional establece que los gobiernos deben garantizar a los pueblos indígenas el acceso a servicios de salud que consideren sus condiciones económicas, geográficas, sociales y culturales, e integren adecuadamente sus conocimientos y prácticas tradicionales.
Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas
Costa Rica ha respaldado esta declaración, cuyo artículo 24 reconoce que los pueblos indígenas tienen derecho a sus medicinas tradicionales y a mantener sus prácticas de salud, así como a acceder, sin discriminación, a todos los servicios sociales y de salud disponibles.
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC)
Como Estado parte de este pacto, Costa Rica reconoce el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, y se compromete a tomar medidas concretas para lograr progresivamente su plena realización.
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
En particular, el ODS 3: Salud y bienestar, compromete a Costa Rica a garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades, prestando especial atención a grupos en condición de vulnerabilidad, como los pueblos indígenas.
Racismo, colonialidad y discriminación: las raíces profundas del abandono
La situación que enfrentan los pueblos indígenas en Talamanca no es solo una crisis de acceso a servicios médicos: es la expresión de una histórica estructura de exclusión y racismo institucional que persiste en Costa Rica, a pesar del discurso oficial de paz, democracia y respeto a los derechos humanos.
Los patrones de desatención que sufren las comunidades indígenas están marcados por una lógica de colonialidad del poder, en la que el conocimiento, las formas de vida y los derechos de los pueblos originarios son subordinados o invalidados por sistemas construidos desde y para una cultura dominante. Esta colonialidad no se expresa únicamente en la omisión de servicios médicos, sino en el desconocimiento sistemático de la medicina tradicional, en la imposición de criterios burocráticos ajenos a sus realidades, y en la falta de formación intercultural del personal médico y administrativo.
El racismo estructural se evidencia cuando el sistema de salud no adapta sus servicios ni sus prácticas a las condiciones territoriales, económicas y culturales de los pueblos indígenas, sino que los obliga a desplazarse largas distancias, a esperar en condiciones inhumanas, y a ser juzgados o humillados por profesionales que actúan desde el prejuicio y la indiferencia.
Asimismo, los mecanismos de control y vigilancia institucional —como SINIRUBE o el accionar del PANI— terminan reforzando estereotipos coloniales que criminalizan o culpabilizan a las familias indígenas por su pobreza o por vivir fuera de los parámetros urbanos del “ciudadano ideal”. Estas formas de discriminación no son errores aislados; son parte de un sistema que sigue tratando a las poblaciones indígenas como sujetos de segunda categoría.
La salud, entendida como un derecho humano integral, solo será posible cuando el Estado reconozca y repare estas desigualdades históricas, y se comprometa con una verdadera descolonización institucional. Esto implica no solo políticas inclusivas, sino un cambio profundo en la ética pública, la formación profesional y la voluntad política, para garantizar el respeto, la dignidad y la autodeterminación de los pueblos originarios.
Una voz que resiste: el papel del Colectivo Antonio Saldaña en la defensa de la dignidad indígena
La labor del Colectivo Antonio Saldaña ha sido fundamental para visibilizar las múltiples formas de discriminación, abandono y violencia institucional que enfrentan los pueblos indígenas de Talamanca. A través de la denuncia pública, la documentación de casos y la incidencia política, el colectivo ha contribuido a generar conciencia crítica sobre la urgencia de transformar un sistema que sigue reproduciendo prácticas coloniales. Su trabajo no solo pone en evidencia las fallas estructurales del Estado, sino que también reafirma el derecho de las comunidades a ser escuchadas, respetadas y reconocidas en su dignidad y saberes propios. En un contexto donde el silencio perpetúa la injusticia, la voz del Colectivo Antonio Saldaña es un acto de resistencia y esperanza.
Costa Rica, reconocida globalmente por su sistema de salud público, se enfrenta actualmente a un desafío considerable debido al deterioro en los servicios ofrecidos por la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), la principal institución de atención médica del país. Esta situación ha generado inquietud y debates dentro de la sociedad costarricense, dando lugar a una serie de percepciones erróneas y mitos que, en gran medida, culpabilizan al personal de salud, especialmente a los médicos especialistas, por la crisis que atraviesa el sistema. Las conclusiones a las que se ha llegado es que la falta de trabajo extraordinario por parte de los médicos ha contribuido a esta situación, resultando en la migración de profesionales hacia otras instituciones públicas, el sector privado e incluso fuera de las fronteras del país.
La primera cuestión que surge es si Costa Rica enfrenta una escasez de médicos. Según la Organización Mundial de la Salud, la proporción óptima de médicos por cada mil habitantes se sitúa en torno a 3. En el país, existen alrededor de 15,000 médicos inscritos activos en el Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica, lo que representa un promedio de 350 médicos por cada mil habitantes, superando ampliamente el estándar recomendado. Sin embargo, no se cuenta con un estudio detallado sobre la distribución de especialistas para cubrir las necesidades específicas del país, siendo un obstáculo al evaluar adecuadamente la disponibilidad de recursos médicos.
No obstante, la contratación de más médicos especialistas no resolvería completamente el problema de saturación en la CCSS, ya que este no es el único inconveniente que enfrenta la institución; por ejemplo, la reducción en el número de camas hospitalarias a lo largo de los años, a pesar del crecimiento poblacional, es un factor que ha contribuido a agravar el problema. Además, la falta de equipamiento adecuado y condiciones de trabajo óptimas, como la escasez de quirófanos, la deficiencia en el mantenimiento de equipos médicos y la sobresaturación de los servicios de atención, también influyen en la capacidad de la institución para brindar atención de calidad.
Desde el punto de vista sobre las demandas de los médicos especialistas, estas van más allá del aspecto salarial. Si bien es cierto que existe una negociación en curso con las autoridades de la CCSS para mejorar las condiciones de remuneración, los médicos también buscan mejoras en infraestructura, reducción de la carga laboral, flexibilidad horaria, oportunidades de crecimiento profesional y reconocimiento por su labor. Sin embargo, respecto a estos temas resulta fundamental destacar que el salario ofrecido a los médicos especialistas no siempre refleja adecuadamente los riesgos asociados con su trabajo ni compensa los diversos aspectos del ejercicio médico, como los riesgos clínicos y laborales.
La migración del personal de salud de la CCSS hacia otras instituciones se atribuye a diversos factores, como las limitaciones impuestas por la Ley de Empleo Público y Salario Global, la deficiencia en infraestructura y condiciones laborales inadecuadas, la falta de apoyo para la educación médica continua y la sobrecarga laboral. Estos problemas afectan tanto a los pacientes como a los profesionales de la salud, y ponen en riesgo la calidad de la atención médica.
Sobre la decisión de los médicos de no realizar jornadas extraordinarias, esta no constituye una violación ética ni un incumplimiento de su juramento profesional, ya que están dentro de su derecho laboral cumplir con su jornada ordinaria de trabajo. La declaración de emergencia institucional por parte de la CCSS y las medidas adoptadas para mitigar la situación no abordan adecuadamente las preocupaciones planteadas por los médicos, lo que, se argumenta, podría agravar la escasez de personal médico en los centros de atención.
Actualmente el Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica ha participado en mesas de diálogo con las autoridades de salud para encontrar soluciones que garanticen la atención adecuada a la población costarricense, sin embargo, hasta el momento se declara que no se ha logrado un avance significativo en estas negociaciones. El Colegio está dispuesto a colaborar en la formación y registro de nuevos médicos, nacionales o extranjeros, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos.
El Dr. Walter E. Rodríguez Araya, Fiscal General del Colegio de Médicos y Cirujanos, destaca la importancia de abordar estos desafíos de manera integral y trabajar en conjunto con las autoridades de salud para garantizar la calidad y accesibilidad de los servicios de salud en Costa Rica. Para más información sobre la información, se puede contactar a través de wrodriguez@medicos.cr o al celular 8716-4960.
Información compartida con SURCOS por Colegio de Médicos y Cirujanos.
El desarrollo de la tecnología y la implementación de sistemas y tecnología de la información en la Caja Costarricense de Seguro Social, han contribuido a mejorar la gestión y prestación de los servicios de salud y la toma de decisiones administrativas y biomédicas, sin embargo, los datos recopilados tienen que ser protegidos del uso delictivo, que pueda poner en riesgo la confidencialidad de datos sensibles de los pacientes.
El ciberataque del cual ha sido víctima la CCSS ha puesto en riesgo la operación normal de los servicios, por lo que es crucial que se revise la pertinencia de los contratos a terceros para el desarrollo y mantenimiento de programas, reevaluar la tolerancia al riesgo, en su lugar, deben contratarse los profesionales, altamente competentes y capacitados, que necesita la institución, que garanticen el proceso operativo, la propiedad intelectual y seguridad de los datos y programas, así como el adecuado control de riesgos.
La realidad es que no se contaba con un plan de contingencia, lo que obligó a utilizar expedientes físicos que no están actualizados, lo que distorsiona o dificulta la atención médica, asimismo, las farmacias, laboratorios y otras unidades tienen grandes dificultades para atender la demanda.
Esta situación, que evidentemente no está bajo control, es una verdadera emergencia sanitaria que exige respuestas transparentes, confiables e inmediatas de los jerarcas responsables de garantizar la atención oportuna y segura de los pacientes.
UNDECA reconoce, nuevamente, a las y los trabajadores su gran mística y compromiso para atender las más sensibles necesidades de la población en esta crisis.
Condenamos a los autores materiales e intelectuales de estos actos de terrorismo contra la salud y el bienestar de la población.
Finalmente, hacemos un vehemente llamado a las autoridades de la institución para que divulguen y mantengan informada a la ciudadanía, acerca de los motivos que facilitaron la ilícita intervención de los sistemas informáticos institucionales y las medidas de contingencia que de manera inmediata se adoptarán para proteger la información de los usuarios y la normalización operativa de nuestra institución.
UNDECA como organización conformante tanto del Bloque Unitario Sindical y Social Costarricense (BUSSCO), como del Frente Nacional de Defensa de la Caja y la Seguridad Social, considera de urgente necesidad comunicar a ustedes, que es primordial la participación de sus organizaciones en el piquete en defensa de la salud pública de nuestro país que está programada para el próximo jueves 21 de mayo a las 08:30 a.m. frente a la Asamblea Legislativa.
En esta oportunidad estarán compareciendo ante una Comisión Legislativa especial que investiga denuncia de pacientes fallecidos por falta de condiciones para su atención oportuna, dos altas autoridades de la CCSS con responsabilidad acerca del tema como lo son la Sra. María del Rocío Sáenz Presidenta Ejecutiva y la Sra. María Eugenia Villalta, Gerente Médico de la institución.
Para confirmar su asistencia a esta protesta comuníquese al correo: undecacr@gmail.com o al tel: 8884-2347 con Marvin Ballestero.
Información enviada a SURCOS Digital por Marcela Zamora Cruz.
El Bloque de Organizaciones Sindicales y Gremiales del Seguro Social, realizamos un llamado al sector médico, profesional, tecnologías de la salud, farmacia, personal administrativo, enfermería, nutrición, lavanderías y personal de apoyo en todo el país para que se sumen al movimiento el 11 de noviembre (11 del 11) en todo el país.
Compartimos con el pueblo costarricense, los mismos males, consecuencia del sistema político neoliberal, que repercute sin distinción de clase social, en el sector público y privado, con el pueblo y las amas de casa, niños, jóvenes, adultos y abuelos.
“Hablamos de los serios problemas en la atención de salud pública, como el sacrificio que realizan los pacientes de madrugar desde las 3:00 a.m. por las largas filas de espera, la falta de medicamentos, los recortes presupuestarios y los efectos en la atención médica, etc.”, señaló Luis Chavarría, secretario general de UNDECA.
Igualmente con la privatización de los servicios públicos, la educación, la corrupción política, el costo de vida, los deteriorados salarios, aumentos en las tarifas de marchamos, combustibles y la entrega de nuestro patrimonio.
Estas son políticas neoliberales que debemos revertir a toda costa, ya que las cifras hablan, las estadísticas demuestran la precaria situación en lo económico y social, que solo favorecen a un pequeñísimo sector de ricos y millonarios.
Se equivocaron los partidos y políticos que siguieron fielmente los paso del capitalismo salvaje; le corresponderá al pueblo y los sectores sociales cambiar el modelo neoliberal.
Por lo tanto, en la jornada del
11 de noviembre demandamos:
La despolitización de la Caja con una reforma que elimine la figura de la Presidenta Ejecutiva, la democratización en la elección y concurso de los Gerentes y otros altos mandos.
La recuperación de las multimillonarias cifras que adeudan a la Caja:
500 mil millones de colones por incumplimiento al artículo 78 de la Ley de Protección al Trabajador.
400 mil millones de colones por el traspaso a los programas de Ministerio de Salud.
Cerca de 400 mil millones de colones de parte del Gobierno de Laura Chinchilla en el seguro del Estado y otros aportes de ley.
También exigimos revertir el despilfarro de más de 300 mil millones de contratación de servicios privados de vigilancia, transporte de pacientes, Cruz Roja, farmacias, redes, especialidades médicas, EBAIS, etc.
4. Demandamos promover profundas reformas a las leyes concernientes a hacer más efectivas y eficaces los trámites administrativos y judiciales contra todos los evasores y patronos morosos. No importa que éstos sean del Gobierno Central, instituciones públicas, sector privado o monopolios internacionales. Si fuera necesario, de clausurar todos aquellos centros públicos o privados en igualdad de condiciones.
