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Etiqueta: Autodeterminación

Más allá de quién forme gobierno en Israel: un sistema que vota mucho y decide poco sobre Palestina

Escrito en . Publicado en Análisis.

Las elecciones israelíes dejaron un Parlamento bloqueado, una participación récord y a los partidos palestinos con ciudadanía como árbitros que nadie quiere admitir como socios. La pregunta de fondo no es si Netanyahu sigue o cae, sino si alguno de los que aspiran a sucederlo está dispuesto a desmontar el régimen de ocupación y desigualdad que todos administran.

Juan Carlos Cruz Barrientos para SURCOS

Las elecciones del 27 de octubre debilitaron a Benjamin Netanyahu, pero no pusieron en discusión lo esencial. Su coalición actual no logra reproducirse sin cambios, y aun así ninguna de las alternativas que compitieron en las urnas propuso cuestionar de fondo la ocupación ni reconocer la autodeterminación del pueblo palestino. El debate público israelí, y el internacional que lo replica, se concentra en una sola pregunta: ¿seguirá Netanyahu en el poder? Para los palestinos hay otra, mucho más incómoda: ¿qué cambiaría realmente si dejara de gobernar?

Daniel Lobato, en un artículo publicado en Diario Red antes de la votación, preguntaba quién quería manejar el «timón israelí». Más allá de sus conclusiones, la metáfora sirve: una cosa es cambiar al conductor y otra, muy distinta, cambiar el rumbo. Los resultados, y la manera en que fueron contados y comentados, confirman que lo que estuvo en disputa fue lo primero.

Un empate que no sacude al sistema

Con el escrutinio aún abierto, el recuento más reciente de medios israelíes ubica al bloque de Netanyahu entre 53 y 54 escaños y al de Eisenkot entre 48 y 49, con las listas árabes entre 17 y 19. Nadie llega a los 61. El Likud sigue siendo la primera fuerza, aunque cae respecto de los 32 escaños de 2022, y Netanyahu conserva la ventaja de su posición: sigue gobernando en funciones mientras se negocia. Como señaló el programa La Base (Canal Red), le basta con que nadie lo derrote. El bloqueo, que ya le sirvió entre 2019 y 2022, es su mejor aliado.

A ello se suma un dato que mantiene abierto el cuadro: faltan los llamados «dobles sobres», los votos de soldados en servicio, diplomáticos y personas hospitalizadas o desplazadas. Según La Base, son entre 600.000 y 650.000 sufragios, equivalentes a unos 15 escaños, que históricamente favorecen a los partidos sionistas. La foto de hoy puede moverse, y el resultado oficial no llegará hasta el viernes.

El otro dato central es la participación. Según la Comisión Central de Elecciones, citada por La Base, alcanzó el 77,7 %, la más alta desde 1999. Entre los ciudadanos palestinos de Israel habría rondado el 80 %, casi treinta puntos más que en 2022. No es un fenómeno espontáneo. Durante la jornada, Netanyahu acusó a los ciudadanos árabes de «robar las elecciones» por ir a votar, un discurso que movilizó a su base, pero todavía más a quienes señalaba. Es una movilización defensiva, frente a un sistema que los trata como una amenaza demográfica cuando votan.

La llave que el sistema fue diseñado para no usar

Con una oposición sionista que no llega a 61, los diputados palestinos de Israel quedan como la llave de cualquier alternativa. Lo revelador es que casi nadie en el sistema político quiere girarla. Netanyahu ya advirtió que un gobierno que dependa de partidos árabes sería inadmisible, y tampoco Eisenkot ni sus socios han dado señales de aceptarlos como parte de una coalición.

No es una improvisación de campaña, sino la consecuencia de un diseño institucional. Hasta 2014 el umbral para entrar a la Knéset era del 2 %. Una ley impulsada por Avigdor Liberman lo elevó al 3,25 %, con el propósito explícito de dejar fuera a los pequeños partidos árabes. La medida salió a medias, porque esos partidos se unieron en la Lista Conjunta y en 2015 fueron la tercera fuerza. En 2018 llegó la Ley del Estado-nación, que reserva el derecho a la autodeterminación al pueblo judío, rebaja el árabe de idioma oficial a lengua con «estatus especial» y declara el asentamiento judío un valor nacional. En setenta y ocho años, un partido árabe formó parte de un gobierno una sola vez: Ra’am, con la coalición de Bennett y Lapid en 2021, que duró apenas un año. Itzhak Rabin aprobó Oslo con apoyo árabe desde fuera, pero nunca dentro del gobierno.

La aritmética de la investidura lo vuelve explícito. Según el análisis de La Base, ni Netanyahu con 56 diputados ni Eisenkot con 48 pueden asegurarse el voto de confianza, porque la investidura exige más votos a favor que en contra, y los bloques sionistas rivales se cancelan entre sí. Eisenkot necesitaría no solo la abstención, sino el voto favorable de la Lista Conjunta, lo cual choca con sus promesas de no depender de ella. Cuando los políticos israelíes hablan de una «mayoría sionista», no están describiendo un deseo. Están describiendo cómo funciona el sistema.

La pregunta se impone: ¿qué clase de democracia es aquella en que una quinta parte de la ciudadanía puede votar, puede incluso decidir la mayoría, y a la vez su participación en el gobierno se considera ilegítima de antemano? Como se señaló en el debate del programa, pedirle el voto a un palestino es un «escándalo nacional» en Israel, mientras que bombardear Gaza se ha convertido en un consenso. Esa asimetría es el verdadero termómetro de la democracia israelí.

El «moderado» y el espejismo de la alternancia

Buena parte de la prensa occidental presentó estas elecciones como un ejercicio de normalidad democrática y a Gadi Eisenkot como la esperanza de devolver a Israel a la cordura. El perfil insiste en su discreción, su honestidad y la tragedia personal de haber perdido un hijo en la guerra. Lo que suele quedar al final, como dato circunstancial, es que él también rechaza un Estado palestino y respalda las campañas militares en Gaza, el Líbano e Irán.

La Base repasó el historial del exjefe del Estado Mayor. En 2008, al frente del mando norte, formuló la llamada doctrina Dahiya, que justifica la destrucción deliberada de barrios civiles como método de disuasión, aplicada primero en un distrito de Beirut. Entre octubre de 2023 y junio de 2024 formó parte del gabinete de guerra de Netanyahu, es decir, durante los primeros ocho meses de la ofensiva sobre Gaza. Su crítica a Netanyahu es de gestión: los rehenes, la comisión de investigación sobre el 7 de octubre, el servicio militar de los ultraortodoxos. No cuestiona la lógica de la ocupación.

No es una excepción dentro de su bloque. Naftali Bennett presidió el Consejo Yesha, la organización de los colonos, y sigue rechazando un Estado palestino. Liberman rompió con Netanyahu para exigir más mano dura en Gaza, no menos. El periodista Mehdi Hasan, en una columna citada por el programa, recordó además declaraciones de otros supuestos moderados: Benny Gantz, que presumió de haber devuelto partes de Gaza a «la edad de piedra», y Yair Golán, el «izquierdista» de la prensa occidental, que habría justificado impedir la entrada de ayuda humanitaria. Solo los Demócratas, con ocho escaños, defienden dos Estados y la derogación de la Ley del Estado-nación, y son la cuarta fuerza dentro del propio bloque opositor.

La advertencia de Hasan es la más inquietante: el peligro de Eisenkot es que sea un villano que proyecta moderación y por ello neutralice buena parte de las críticas liberales a Israel, mientras el ejército y los colonos continúan las mismas políticas de expansión y destrucción. En ese sentido, la alternancia puede cumplir una función de legitimación. Un genocida con rostro amable, o dicho con menos retórica, el mismo proyecto con mejor prensa, es funcional a un orden que necesita seguir pareciendo democrático ante el mundo. Es lo que el pensamiento gramsciano llamaría el trabajo de consenso de un bloque dominante que se renueva sin cambiar su naturaleza.

Esto no significa que las diferencias sean irrelevantes. Importan para el Poder Judicial, para el peso de los ultraortodoxos y de la extrema derecha, para la política militar y para las condiciones concretas de vida de los palestinos. Pero son diferencias dentro de un mismo marco. La oposición a un Estado palestino independiente y soberano ya no es patrimonio de Netanyahu, Smotrich o Ben-Gvir: está extendida en casi todo el espectro político judío israelí. Durante la campaña, fueron las fuerzas palestinas las que defendieron de manera explícita el fin de la ocupación y la autodeterminación.

Gaza: alivio inmediato, continuidad política

La salida de Netanyahu podría facilitar decisiones enormes para la población gazatí: más ayuda humanitaria, reconstrucción, apertura de pasos, reducción de las operaciones militares, retirada parcial de tropas o nuevos mecanismos de administración. Nada de eso debe minimizarse. Para una población devastada por la guerra, el desplazamiento y el hambre, una reducción efectiva de la violencia significa vidas salvadas. Debe decirse también, sin embargo, que la violencia no se ha detenido bajo el actual alto el fuego: La Base informó de un ataque en Jan Yunis, con varios muertos, horas antes de la votación, y de ataques de artillería continuos en el sur del Líbano, donde el número de víctimas en 2026 superaría las 4.400 personas, según la corresponsal Irene Zugasti. Son afirmaciones del programa que conviene contrastar, pero describen el escenario en que se vota.

Hay que distinguir entre cambio humanitario y cambio político. Puede mejorar sustancialmente la vida inmediata en Gaza sin que Israel reconozca el derecho palestino a decidir su futuro. Puede bajar la intensidad militar sin que termine la ocupación, y puede comenzar la reconstrucción sin reconocerse la soberanía. Un gobierno israelí menos extremo puede hacer una diferencia real en la vida cotidiana y dejar intacta la estructura que produce la subordinación. Tampoco debe olvidarse que las elecciones se celebraron un día después de que una comisión de la ONU concluyera, según recordó La Base, que Israel sigue cometiendo genocidio en Gaza. Ninguna de las fuerzas con opción real de gobernar convirtió ese hecho en eje de la campaña.

Cisjordania: el termómetro verdadero

Si hay un lugar donde medir un cambio de rumbo es Cisjordania. La expansión de los asentamientos, la confiscación de tierras, la violencia de los colonos, la fragmentación territorial y los avances hacia distintas formas de anexión son tan profundos que ya no pueden leerse como excesos de unos pocos ministros. Según el programa, la base de Sionismo Religioso son los colonos mesiánicos de Cisjordania, y su plataforma incluye anexar los asentamientos. Smotrich ha reivindicado, incluso tras las elecciones, la «revolución» de los asentamientos.

Una eventual salida de Smotrich y Ben-Gvir del gobierno sería significativa. Podría reducir la velocidad de ciertos proyectos de anexión, limitar el respaldo institucional a los colonos más radicales y aliviar algunos mecanismos de presión sobre la población palestina. Pero la prueba será otra: ¿se detendrá la colonización?, ¿se devolverán las tierras confiscadas?, ¿se reconocerá la continuidad territorial palestina?, ¿se aceptará, por fin, un Estado soberano? Si las respuestas siguen siendo negativas, habrá cambiado el gobierno, pero no el rumbo.

Jerusalén Este: democracia para unos, decisiones para otros

Jerusalén Este muestra la contradicción con crudeza. Cientos de miles de palestinos residentes allí no participaron en estas elecciones, aunque las decisiones del próximo gobierno afectarán sus viviendas, sus permisos de residencia, la planificación urbana, las demoliciones y su futuro político. Israel elige, mediante elecciones, un gobierno que ejerce un poder enorme sobre una población que no participa, en igualdad de condiciones, en esa elección.

Se puede discutir sobre la independencia judicial, la corrupción de Netanyahu, el servicio militar de los ultraortodoxos o el carácter secular del Estado. Son conflictos reales, y fueron los que ocuparon la campaña. Pero hay un problema democrático anterior que quedó fuera de la discusión: millones de personas viven bajo decisiones fundamentales del Estado israelí sin disponer de los mismos derechos políticos que quienes toman esas decisiones. La lectura colonial que propone Lobato adquiere aquí todo su sentido. Las elecciones pueden expresar conflictos profundos dentro de la sociedad dominante sin que se someta a votación la relación de dominación.

Lo que dicen quienes viven bajo ese régimen

Desde el sur del Líbano, Irene Zugasti recogió el pulso de las organizaciones palestinas, entre ellas el Frente Popular para la Liberación de Palestina. Su lectura es que el resultado despierta poco interés: votar entre «un genocida en general y un general genocida» no cambia sustancialmente el panorama. Valoran la movilización masiva del electorado palestino dentro de Israel, un electorado deshumanizado y señalado, que hoy debe oír en la televisión pública que se discute su eliminación política, pero consideran que ello no modifica la estructura de opresión. Para ellos, el fin de la ocupación no vendrá de una fractura interna del régimen, sino de la pérdida de legitimidad internacional, la solidaridad y el trabajo de la resistencia.

Es una advertencia que debería escucharse con atención, en especial en el momento en que la política europea celebra una eventual caída de Netanyahu. En campos de refugiados donde unas 100.000 personas viven en dos kilómetros cuadrados, con un solo hospital y sin derecho a poseer propiedad, la discusión sobre quién será primer ministro se vuelve secundaria frente a una pregunta mucho más antigua: cuándo, cómo y quién articulará el derecho al retorno.

Tres escenarios, un mismo dilema

Un nuevo gobierno de Netanyahu, otra vez aliado con la extrema derecha, significaría probablemente la continuidad, e incluso la profundización, de la colonización de Cisjordania, de la anexión de facto y de la presión sobre Gaza.

Un gobierno opositor sostenido directa o indirectamente por los partidos palestinos podría traer cambios concretos: reducir el poder de Smotrich y Ben-Gvir, frenar ciertos proyectos de anexión y adoptar otra política hacia Gaza. Serían cambios importantes, pero distan de ser el reconocimiento de un Estado soberano. Y habría que ver cuánto está dispuesta a ceder una Lista Conjunta que, según La Base, condiciona su apoyo al fin del genocidio en Gaza, o un Ra’am que ya aceptó reconocer a Israel como Estado judío y democrático.

Si ninguno de los bloques acepta depender de los representantes palestinos, Israel entraría en un nuevo período de bloqueo y, eventualmente, de elecciones repetidas, como ya ocurrió entre 2019 y 2022. Sería la señal más clara de que, para amplios sectores del sistema político, es preferible la parálisis a compartir el poder con los palestinos.

Cambiar el conductor o cambiar el rumbo

Sería erróneo afirmar que Netanyahu, Eisenkot, Bennett, Smotrich y Ben-Gvir representan exactamente lo mismo. Sus diferencias pueden traducirse en menos violencia, más ayuda humanitaria o menor expansión de ciertos asentamientos, y para quien vive bajo las bombas, pierde su tierra o teme la demolición de su casa, esas diferencias no son insignificantes. Pero tampoco debe confundirse el alivio con la justicia.

La cuestión de fondo permanece intacta: ocupación, colonización, desigualdad de derechos y negación de la autodeterminación palestina. Estas elecciones decidirán quién maneja el timón israelí en los próximos años; lo que no se votó, y que ninguna de las alternativas con posibilidades reales de gobierno parece dispuesta a someter a votación, es el rumbo. Hasta que esa pregunta tenga respuesta, cualquier cambio de gobierno israelí debe juzgarse menos por el nombre de quien ocupe la oficina del primer ministro que por hechos concretos: el fin de la ofensiva contra Gaza, la reconstrucción y el retorno de su población, la paralización y reversión de los asentamientos, el fin de la ocupación, la igualdad de derechos y el reconocimiento efectivo del derecho del pueblo palestino a decidir su propio futuro.

Israel puede cambiar de gobierno. ¿Qué cambia para el pueblo palestino?

Escrito en . Publicado en Análisis.

Las elecciones israelíes del próximo 27 de octubre podrían poner fin a la larga era política de Benjamin Netanyahu. Pero, independientemente de quién gane, las expectativas palestinas de un cambio sustancial son muy limitadas, porque el problema no es quién gobierna Israel, sino el desplazamiento de todo su sistema político respecto de la cuestión palestina.

Juan Carlos Cruz Barrientos para SURCOS

Israel celebrará elecciones generales el próximo 27 de octubre. Buena parte de la atención internacional está concentrada en la posibilidad de que Benjamin Netanyahu pierda el poder después de haber dominado la política israelí durante buena parte de las últimas tres décadas.

Para los palestinos, sin embargo, se trata de qué pueden esperar de un cambio de gobierno en cuanto al rumbo en la política israelí hacia Palestina. Las reacciones provenientes del campo palestino están marcadas por el escepticismo y la prudencia. No porque las elecciones sean irrelevantes, sino porque existe la percepción de que las principales fuerzas políticas israelíes comparten posiciones fundamentales sobre seguridad, asentamientos y rechazo a la creación de un Estado palestino independiente.

En otras palabras, Netanyahu puede perder sin que desaparezca el consenso político que se ha construido alrededor de la cuestión palestina. Las diferencias entre Netanyahu y sus principales adversarios son importantes en asuntos como la democracia israelí, la relación entre religión y Estado, el servicio militar de los sectores ultraortodoxos, la corrupción y el funcionamiento de las instituciones, pero esas diferencias se reducen considerablemente cuando se habla de Palestina.

Reuters señalaba el 22 de octubre que tanto Netanyahu como su principal rival, el exjefe militar Gadi Eisenkot, se oponen actualmente a la creación de un Estado palestino independiente. Ambos defienden además que Israel conserve el control último de seguridad sobre el territorio situado entre el río Jordán y el Mediterráneo.

La coincidencia no termina allí. Naftali Bennett, otro de los dirigentes importantes de la oposición, también rechaza un Estado palestino y la evacuación de los asentamientos. De esta manera, aunque los adversarios de Netanyahu prometen un nuevo comienzo para Israel, en asuntos centrales de seguridad y territorio comparten posiciones que limitan las expectativas palestinas de un cambio fundamental.

Esta percepción explica buena parte del escepticismo expresado por dirigentes y analistas palestinos durante la campaña: si cambia el gobierno pero permanecen las premisas fundamentales de la política hacia Palestina, el cambio electoral puede ser importante para Israel sin ser decisivo para los palestinos.

La paz ha desaparecido del centro de la campaña

Quizá uno de los datos más reveladores de estas elecciones sea precisamente aquello de lo que casi no se habla. Durante los años noventa, el conflicto palestino-israelí y la posibilidad de alcanzar la paz dividían profundamente a la sociedad israelí. Tres décadas después, la situación es muy diferente.

Un análisis publicado por The Jerusalem Post señala que la paz está prácticamente ausente de la campaña electoral de 2026. Pocos candidatos ofrecen una visión sobre las futuras relaciones con los palestinos y mucho menos un camino para resolver políticamente el conflicto. Según datos del Peace Index de la Universidad de Tel Aviv citados por ese medio, apenas un 29% de la población judía israelí apoyaba en julio alguna forma de negociación con la Autoridad Palestina. El dato resulta significativo porque permite comprender que el problema no puede atribuirse exclusivamente a Netanyahu.

La derecha israelí no solamente ha ganado elecciones. Durante las últimas décadas consiguió desplazar hacia la derecha una parte considerable del sentido común político del país. Posiciones que hace treinta años pertenecían fundamentalmente a la derecha nacionalista —el rechazo de un Estado palestino, la expansión de los asentamientos y el mantenimiento indefinido del control militar sobre los territorios ocupados— han penetrado progresivamente en el centro político.

Un examen reciente de las votaciones de la Knesset muestra que, en varias decisiones relacionadas con Palestina, partidos de oposición han coincidido con la derecha gobernante en asuntos como el rechazo de la estatalidad palestina y medidas contra la UNRWA. Por eso Netanyahu podría perder las elecciones y, sin embargo, sobrevivirle buena parte del paradigma político que contribuyó a consolidar.

Los palestinos saben que los matices existen

Pero sería un error concluir que para los palestinos «da lo mismo» quién gane. Las diferencias entre un gobierno y otro pueden tener consecuencias concretas y, en determinados casos, decisivas para la vida cotidiana.

Un gobierno menos dependiente de la extrema derecha podría contener la expansión de determinados asentamientos, reducir la tolerancia hacia la violencia de los colonos y abrir algunos espacios políticos hoy cerrados. Para una comunidad palestina amenazada por la confiscación de sus tierras, para una familia expuesta a la violencia de los colonos o para quienes intentan permanecer en sus viviendas, esas diferencias no son menores.

La socióloga palestina Areej Sabbagh-Khoury plantea precisamente esta distinción: las elecciones difícilmente transformarán por sí mismas la naturaleza fundamental del sistema, pero los diferentes gobiernos sí pueden modificar las condiciones en las que los palestinos viven, se organizan, protestan, defienden sus instituciones y permanecen en su tierra. Por eso el escepticismo palestino no debe confundirse con indiferencia. Una elección puede no producir emancipación y, sin embargo, ampliar o reducir las posibilidades de resistencia.

Gaza: la seguridad israelí sigue ocupando el centro, mientras sigue el genocidio

Las diferencias entre los principales candidatos se estrechan todavía más cuando se observa Gaza. Netanyahu y Eisenkot coinciden en que las fuerzas israelíes no deben retirarse completamente mientras Hamás no sea desarmado y ambos contemplan recurrir nuevamente a la fuerza militar para conseguirlo.

Eisenkot propone que Hamás deje de gobernar Gaza en un plazo de 18 meses, ya sea mediante el marco impulsado por Estados Unidos o mediante acciones militares. Así, la discusión electoral se concentra fundamentalmente en cómo garantizar la seguridad israelí y quién puede hacerlo mejor, mientras ocupa un lugar mucho menor la cuestión del derecho del pueblo palestino a decidir soberanamente su propio futuro. Esta es una de las principales limitaciones de las elecciones vistas desde Palestina.

Más allá de Netanyahu

Durante demasiado tiempo la política israelí hacia Palestina se ha explicado fundamentalmente a partir de la personalidad de Netanyahu y de su alianza con la extrema derecha. Esa explicación ya resulta insuficiente.

Netanyahu ha sido una figura decisiva en la derechización de Israel, pero las posiciones que representa han penetrado mucho más profundamente en la sociedad y en el sistema político.

Por eso la permanencia de Netanyahu no es la preocupación palestina. La cuestión fundamental es si alguna de las fuerzas con posibilidades reales de gobernar está dispuesta a modificar las condiciones estructurales que han hecho posible la ocupación, la expansión de los asentamientos y la fragmentación territorial palestina.

Hasta ahora, la respuesta parece ser negativa. La posibilidad de terminar con la ocupación, desmontar los asentamientos y reconocer plenamente el derecho palestino a la autodeterminación prácticamente ha desaparecido del horizonte inmediato de las principales fuerzas con posibilidades de gobernar.

¿Qué cambia entonces para Palestina? Puede cambiar mucho en el terreno concreto y muy poco en el terreno estructural. Puede cambiar el primer ministro. Puede desaparecer del gobierno la extrema derecha más radical. Puede disminuir la tolerancia hacia la violencia de los colonos. Pueden abrirse espacios políticos hoy cerrados. Pueden modificarse las condiciones de vida y de resistencia de miles de palestinos.

Todo eso importa, pero mientras permanezcan la ocupación, la expansión territorial de los asentamientos, la fragmentación de Cisjordania, los ataques cotidianos contra Gaza y la negativa a reconocer efectivamente el derecho palestino a la autodeterminación, la cuestión fundamental seguirá sin resolverse y por eso el escepticismo que llega desde Palestina está más que fundamentado.

Las elecciones del 27 de octubre pueden ser históricas para Israel y producir una modificación importante en su vida política. Pero para el pueblo palestino la pregunta decisiva no es simplemente quién gana las elecciones, sino qué proyecto político está dispuesto a reconocerlo como sujeto de derechos, como pueblo y como protagonista de su propio futuro.

El verdadero cambio para Palestina comenzaría cuando la autodeterminación palestina dejara de ser una cuestión marginal o una concesión negociable y pasara a constituir un principio fundamental de cualquier proyecto político para el futuro de la región.

Imagen: Un niño palestino y un soldado israelí frente al muro israelí en Cisjordania. Foto de Justin McIntosh / Wikimedia Commons.

Las afirmaciones y datos utilizados en este artículo se sustentan en las siguientes fuentes periodísticas, académicas y de investigación:

Referencias:

* Obeid, Lina, & Uriel-Beeri, Tamar. (22 de octubre de 2026). How would a Netanyahu election loss change Israel’s policies toward the Palestinians? Reuters.

* Eglash, Ruth. (22 de octubre de 2026). The Palestinian issue once defined Israeli elections. Now no one’s talking about it. Jewish Telegraphic Agency (JTA). Reproducido por The Jerusalem Post.

* Rosler, Nimrod, & Yakter, Alon. (julio de 2026). Peace Index July 2026. Tel Aviv University, The Peace Index Project.

* Sabbagh-Khoury, Areej. (12 de agosto de 2026). Amid genocide, Palestinian participation in Israel’s elections must be reimagined. +972 Magazine.

* Graham-Harrison, Emma. (18 de octubre de 2026). There’s a lot of racism, a lot of hatred: Far right gains predicted as Israel heads to the polls. The Guardian.

Lidiando con Washington: diplomacia y autodeterminación

Escrito en . Publicado en Análisis.

Álvaro Fernández González | Setiembre 2026

El encuentro de Xi Jinping con Donald Trump y los discursos de Trump, y del presidente de Irán y de la presidenta de Venezuela ante la ONU plantean una pregunta: ¿cómo lidiar con Washington sin renunciar a decidir el propio rumbo? La “estabilidad estratégica” convive con amenazas y acuerdos desiguales. Trump habló de “aniquilar” a Irán y reivindicó la operación estadounidense en Venezuela y el acceso posterior a su petróleo.

China tiene una capacidad económica y política que le permite negociar como gran potencia. Xi propuso cooperar, encauzar la competencia y gestionar las diferencias; también pidió reanudar las negociaciones con Irán. Beijing busca estabilidad para desarrollarse. Aquí la autodeterminación se expresa en poder dialogar, disentir y mantener opciones propias, sin que el otro dicte el desenlace.

Irán enfrenta una amenaza más inmediata. Masoud Pezeshkian defendió en la ONU la seguridad de su país y el uso pacífico de la tecnología nuclear, sin cerrar una salida negociada. Su firmeza recuerda que amenazar con destruir al interlocutor altera el sentido de la diplomacia. ¿Qué garantías permitirían negociar sin convertir la supervivencia en moneda de cambio?

Venezuela ensaya otra respuesta. Delcy Rodríguez agradeció la disposición de Trump a cooperar y destacó el acuerdo energético, a la vez que reclamó soberanía y ausencia de injerencia. La reconstrucción y el ingreso de recursos pueden hacer razonable negociar. Pero Trump presenta el petróleo como fruto de la victoria de las cañoneras. Importa entonces saber quién decide las ventas, administra los ingresos y puede revisar los compromisos. Una mejora económica no despeja el costo político del acuerdo.

Lidiar con Washington exige diplomacia; llamarla defensa de la autodeterminación requiere algo más.

La prueba está en el margen para rechazar exigencias, conservar socios y controlar los recursos, en las garantías frente a la fuerza y en la participación efectiva de cada pueblo en decisiones que comprometen su futuro.

Los viejos hábitos son difíciles de romper: llegó el momento de Limón

Escrito en . Publicado en Comunidad.

Bernardo Archer Moore, presidente de ACUDHECA.

Por: Bernardo Archer Moore
Adulto Mayor de Cahuita.

El Fin de los Esfuerzos Individuales en la Defensa de los Derechos Tribales.

Los viejos hábitos son difíciles de romper, pero los tiempos han cambiado de manera irreversible.

Durante generaciones, la lucha de nuestras comunidades se caracterizó por esfuerzos individuales, aislados y fragmentados. Esa era ha quedado en el pasado.

Hoy, la reivindicación de los derechos fundamentales del Pueblo Tribal Afrocostarricense cuenta con un sólido blindaje jurídico internacional y constitucional que exige una sola condición ineludible: Unidad y representatividad colectiva.

Un giro histórico en la justicia constitucional

El andamiaje legal de nuestra lucha ya no depende de voluntades políticas pasajeras, ni esfuerzos y protagonismos individuales, sino, de mandatos judiciales de la más alta jerarquía.

El reconocimiento y la aplicación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) —incorporado a la legislación costarricense mediante la Ley N° 7316— han sido ordenados con absoluta claridad por la Sala Constitucional a través de hitos jurídicos recientes:

✓ Sentencia N° 2025-029985 (19 de septiembre de 2025): Reafirma el derecho constitucional a la consulta previa, libre, informada, culturalmente adecuada y efectiva ante cualquier decisión estatal que afecte los derechos colectivos, el territorio o el futuro de la comunidad.

✓ Sentencias N° 2025-035746 y N° 2026-010993: Consolidan el estatus legal y la protección constitucional de estos derechos territoriales y culturales.

✓ Decreto Ejecutivo N° 43532-MP-MINAE-MCJ-MEP: Identifica formalmente al Foro Tribal Afrocostarricense como el único mecanismo institucional legítimo de diálogo entre nuestro pueblo y el Estado.

Riesgo de simulación de consulta derivado del intento de protagonismo individual o personal

Tras la Sentencia N° 2026-010993, la pérdida de vigencia legal del Foro Tribal Afrocostarricense abre la puerta a que los liderazgos aislados intenten asumir de forma unilateral la vocería de toda la comunidad.

Este intento de protagonismo individual o personal, al carecer de una estructura de representación jurídica y unificada, propicia que los procesos de diálogo estatales o municipales se reduzcan a una simulación de la consulta.

Al validar acuerdos con figuras particulares en lugar de un interlocutor formal legítimo, los proyectos de desarrollo, convenios de cualquier naturaleza, o planes reguladores resultantes quedan viciados de nulidad absoluta; por violar el derecho al consentimiento previo, libre e informado amparado en el Convenio 169 de la OIT.

El peligro del individualismo frente al Estado

Es precisamente en este nuevo escenario donde debemos romper los viejos hábitos. Los esfuerzos personales y aislados, que no nacen de las organizaciones de los pueblos tribales, representan hoy un riesgo crítico.

Aunque el protagonismo individual puede generar satisfacción personal, contribuir al desarrollo de la comunidad e incluso servir como medio de sustento económico personal, hoy sus riesgos superan ampliamente sus beneficios, tanto para la comunidad como para el legado de quienes deciden asumir ese camino.

Cuando se actúa al margen de los canales representativos institucionales, se debilitan los procesos colectivos y se abren de par en par las puertas para el incumplimiento por parte del Estado y las municipalidades.

Las acciones desarticuladas les dan la excusa perfecta a las instituciones públicas para eludir sus responsabilidades y fragmentar nuestra representatividad.

La ley es contundente: El sujeto de estos derechos fundamentales es el colectivo, representado legítimamente a través de sus propias instituciones, como el Foro Tribal Afrocostarricense.

«Hemos luchado durante demasiado tiempo y hemos sacrificado demasiado para permitir que esta generación pierda, por división o indiferencia, aquello que las generaciones anteriores conquistaron con tanto esfuerzo».

— Mensaje de los adultos mayores de Cahuita.

Conclusión: Cruzar la Puerta con Unidad.

La puerta constitucional para la autodeterminación y el respeto a nuestro territorio caribeño ya ha sido abierta por la Sala Constitucional.

No obstante, cruzarla con éxito requiere de disciplina colectiva, visión de futuro y un respeto absoluto por nuestras estructuras organizativas.

Dejemos atrás las gestiones individuales que debilitan la causa común.

El futuro de nuestras familias, de nuestros hijos y de las próximas generaciones se defiende con organización, legitimidad institucional y con la fuerza inquebrantable de la unidad tribal.

FESITRAES invita a conversatorio sobre la realidad del Sáhara Occidental y la lucha del pueblo saharaui por su independencia

Escrito en . Publicado en Portada, Solidaridad internacional.

La Federación de Sindicatos de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Superior (FESITRAES) invita al conversatorio «Realidad colonial del Sáhara Occidental y la lucha de las personas trabajadoras saharauis por su independencia», una actividad abierta al público que busca acercar a la comunidad universitaria y a la ciudadanía costarricense a la situación histórica, política y social que vive el pueblo saharaui.

La actividad se realizará el martes 14 de julio de 2026, a las 4:30 p.m., en las instalaciones del SINDEU, en San Pedro de Montes de Oca.

El conversatorio contará con la participación de Nafii Buda Ahmed Mohamed, secretario general de la Unión General de Trabajadores de Saguia el Hamra y Río de Oro (UGTSARIO), y del historiador Dr. Jorge Barrientos, docente de la Universidad de Costa Rica (UCR).

Nafii Buda Ahmed Mohamed nació el 16 de octubre de 1981 en El Aaiún, Sáhara Occidental. Además de dirigir actualmente la UGTSARIO, fue presidente de la Unión de Periodistas y Escritores Saharauis, director de la Radio Nacional Saharaui y responsable de la radio y televisión comunitarias en los campamentos de refugiados de El Aaiún y Auserd. También ejerció como docente en la enseñanza básica, secundaria y de formación profesional en los campamentos de refugiados saharauis, acumulando más de dos décadas de trabajo en comunicación y defensa de los derechos del pueblo saharaui.

El conversatorio permitirá conocer la realidad del Sáhara Occidental, territorio reconocido por las Naciones Unidas como pendiente de descolonización. Según la información institucional de la UGTSARIO, la organización considera que la ocupación del territorio y la negación del derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación constituyen el origen de las violaciones a los derechos políticos, civiles, económicos, sociales y culturales que denuncia desde hace décadas.

Fundada en 1974, la UGTSARIO se define como una organización sindical de resistencia que representa a las personas trabajadoras saharauis tanto en los campamentos de refugiados como en los territorios ocupados, la diáspora y otros espacios donde desarrolla actividad laboral. Entre sus principales objetivos figuran la defensa de los derechos laborales y sociales, la protección de los derechos humanos y el respaldo al derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación e independencia.

El documento institucional señala además que la organización denuncia la explotación de los recursos naturales del Sáhara Occidental sin el consentimiento del pueblo saharaui, la represión contra personas sindicalistas y defensoras de derechos humanos, la discriminación laboral y la exclusión de la población autóctona, al tiempo que desarrolla una labor permanente de sensibilización internacional sobre la situación del territorio.

La actividad es organizada por FESITRAES con el respaldo de las organizaciones sindicales SINDEU, SITUN, AFITEC, UTRAUTN y SIUNED, como un espacio para promover el conocimiento, el diálogo y la solidaridad internacional en torno a una de las últimas cuestiones de descolonización pendientes en el mundo.

Palestina: la dignidad y lucha de los pueblos

Escrito en . Publicado en Solidaridad internacional.

José A. Amesty Rivera

Durante años nos han dicho que Palestina es un conflicto lejano, complicado y difícil de entender, nos repiten que es un problema milenario lleno de matices que sólo los expertos pueden explicar, pero para muchos pueblos de América Latina la cuestión es bastante más sencilla de lo que pretenden hacernos creer.

Cuando un pueblo vive bajo ocupación, cuando su territorio se reduce cada año, cuando miles de familias son desplazadas, cuando los bombardeos destruyen escuelas, hospitales y viviendas, y cuando la comunidad internacional mira para otro lado, estamos frente a una injusticia que cualquier persona puede comprender.

Por eso Palestina ya no es solamente un tema de Medio Oriente, se ha convertido en una causa mundial, una causa que interpela a quienes creen en la soberanía de los pueblos, en la autodeterminación y en el derecho de las naciones a vivir libres de la dominación extranjera.

En América Latina esta realidad tiene un significado especial, ya que nuestros pueblos conocen bien lo que significa sufrir la intervención de potencias extranjeras, el saqueo de recursos naturales, los bloqueos económicos, las presiones diplomáticas y las campañas mediáticas destinadas a justificar lo injustificable.

Nuestra historia está marcada por siglos de colonialismo: primero fueron los imperios europeos, después llegaron nuevas formas de dependencia económica, política y cultural; cambiaron los métodos, pero muchas veces el objetivo siguió siendo el mismo, impedir que los pueblos decidan libremente su destino.

Por eso la causa palestina encuentra tanta solidaridad en nuestra región, no porque las realidades sean idénticas, sino porque existe una experiencia común de resistencia frente a formas de dominación, que adoptan distintos rostros según la época y el lugar.

Defender a Palestina no significa estar contra el pueblo judío ni contra ninguna religión, esto es importante decirlo con claridad.

El pueblo judío sufrió algunas de las persecuciones más terribles de la historia, como el antisemitismo que provocó sufrimiento, discriminación y tragedias inmensas, culminando en el horror del Holocausto, este hecho debe ser reconocido y condenado sin ninguna ambigüedad.

Pero precisamente porque conocemos esta historia, también debemos afirmar algo fundamental, ningún sufrimiento histórico puede justificar la negación de los derechos de otro pueblo. La defensa de los derechos humanos no puede aplicarse según la conveniencia política de las grandes potencias; si creemos en la dignidad humana, debemos defenderla siempre y para todos.

Por esto rechazamos el antisemitismo con la misma fuerza con que rechazamos la islamofobia, el racismo, la xenofobia y cualquier forma de discriminación.

También rechazamos una práctica cada vez más utilizada, presentar cualquier crítica a las políticas del gobierno israelí, como si fuera un ataque contra todo el pueblo judío; una cosa es cuestionar las decisiones de un gobierno, y otra muy distinta es discriminar a una comunidad o una religión, ya que no son lo mismo.

Criticar las decisiones de un gobierno es un derecho democrático, de la misma manera que se cuestionan las políticas de Estados Unidos, Francia, Rusia, China o cualquier otro país, también pueden cuestionarse las acciones de Israel. Confundir deliberadamente estas cosas sólo sirve para bloquear el debate y evitar que se discutan problemas reales.

Otro aspecto que merece atención es el papel de los grandes medios de comunicación internacionales. Durante décadas, buena parte de la información sobre Palestina ha llegado al mundo filtrada por intereses políticos y geopolíticos muy concretos.

Las víctimas palestinas suelen aparecer reducidas a números, sus historias rara vez ocupan las primeras planas, sus voces son muchas veces invisibilizadas.

Mientras tanto, determinados relatos reciben una cobertura permanente y una legitimidad, que pocas veces se concede a otros pueblos que sufren conflictos similares.

No se trata de conspiraciones ni de explicaciones simplistas, se trata de reconocer que la información también es un terreno de disputa política, ya que los pueblos tienen derecho a conocer todas las versiones de los hechos para formar sus propias opiniones.

La cuestión palestina también nos obliga a reflexionar sobre el mundo en que vivimos, durante muchos se intentó imponer la idea de que unas pocas potencias tenían derecho a decidir qué gobiernos eran legítimos, qué guerras eran aceptables y qué pueblos merecían solidaridad internacional.

Sin embargo, el mundo está cambiando, cada vez más países reclaman relaciones internacionales basadas en el respeto mutuo, la cooperación y la igualdad soberana entre los Estados.

Para América Latina, esta discusión es especialmente importante. La independencia política conquistada en el siglo XIX, sigue siendo una tarea inconclusa mientras persistan formas de dependencia económica, financiera y tecnológica.

Por esto la integración regional sigue siendo una necesidad estratégica, Bolívar soñó con una América Latina unida, porque comprendía que nuestros países aislados serían más vulnerables frente a los intereses de las grandes potencias, dos siglos después, esta lección mantiene plena vigencia.

La defensa de Palestina también nos recuerda la importancia de construir un mundo multipolar, donde ninguna potencia pueda imponer unilateralmente sus intereses sobre el resto de la humanidad.

Un mundo donde el derecho internacional se aplique a todos por igual, un mundo donde los derechos humanos no dependan del poder militar, económico o diplomático de quien los viola.

Desde una perspectiva latinoamericanista, la solidaridad con Palestina forma parte de una disputa más amplia, es la misma lucha por la soberanía que libraron nuestros libertadores, el combate de los pueblos indígenas que defendieron sus territorios, la pelea de quienes enfrentaron dictaduras, bloqueos e intervenciones extranjeras, la batalla de quienes creen que la dignidad no se negocia.

La izquierda latinoamericana tiene una responsabilidad importante en este debate, debe mantener una posición firme en defensa de los derechos humanos sin caer en prejuicios religiosos, étnicos o culturales, debe denunciar las injusticias donde ocurran, sin dobles raseros y debe recordar que los principios sólo tienen valor cuando se aplican de manera coherente.

Si estamos contra la ocupación de territorios, debemos estarlo siempre, si defendemos la autodeterminación de los pueblos, debemos hacerlo sin excepciones, si creemos en la igualdad entre las naciones, no podemos aceptar que algunas tengan más derechos que otras.

Palestina interpela precisamente esta coherencia; nos obliga a preguntarnos si los derechos humanos son realmente universales o si dependen de intereses geopolíticos, nos obliga a decidir si la soberanía es un derecho para todos o un privilegio reservado para unos pocos y nos obliga a recordar que la solidaridad internacional no es una consigna vacía, es un compromiso concreto con quienes sufren injusticias.

Por esto la causa palestina sigue despertando apoyo en sindicatos, movimientos estudiantiles, organizaciones populares, espacios culturales y comunidades de toda América Latina, ya que muchos reconocen en esta lucha algo que forma parte de nuestra propia memoria histórica.

La memoria de quienes resistieron la colonización, la memoria de quienes enfrentaron imperios, la memoria de quienes se negaron a aceptar que el poder de la fuerza estuviera por encima de la fuerza de la razón.

La solidaridad con Palestina no nace del odio hacia nadie, nace de una convicción profundamente humana y profundamente latinoamericana, que ningún pueblo debe vivir sometido, desplazado o privado de sus derechos fundamentales.

Y mientras exista un pueblo luchando por su tierra, por su soberanía y por su dignidad, esta causa seguirá encontrando eco en los corazones de millones de hombres y mujeres de Nuestra América.

Porque la lucha de Palestina, como todas las luchas por la libertad, nos recuerda una verdad sencilla pero poderosa, los pueblos pueden ser golpeados, pueden ser bloqueados, pueden ser silenciados durante un tiempo, pero nunca dejan de luchar cuando está en juego su derecho a existir y a decidir su propio destino.

El cambio sociopolítico más trascendental del último siglo

Escrito en . Publicado en Comunidad.

Por Bernardo Archer Moore

Bernardo Archer Moore

Costa Rica vive hoy, de manera silenciosa pero profunda, una de las transformaciones sociopolíticas más trascendentales de los últimos cien años.

Su carácter irreversible constituye, precisamente, la base de su fuerza presente y de su legado para las generaciones futuras.

La consulta previa, libre e informada de las comunidades afrocostarricenses frente a decisiones, políticas o proyectos que afecten sus territorios y derechos colectivos NO constituye una promesa política ni una concesión circunstancial.

Es un derecho reconocido por la República, con jerarquía constitucional, integrado al régimen de Derechos Fundamentales que protege no solo a los pueblos indígenas como se creía por mucho tiempo, sino, también, a los Pueblos Tribales Afrocostarricenses; frente a decisiones o proyectos que puedan afectar sus territorios, identidad cultural y derechos colectivos.

Algo que gran parte de la ciudadanía jamás imaginó presenciar en vida.

Y precisamente allí radica el mayor desafío: Lograr la plena comprensión, implementación y disfrute de este profundo cambio sociopolítico dentro de nuestra República.

La tribalidad afrocostarricense: una nueva realidad en el escenario político nacional

Escrito en . Publicado en Comunidad.

Bernardo Archer Moore
Presidente – ACUDHECA
Cahuita

Bernardo Archer Moore, presidente de ACUDHECA.

Preámbulo

Esta información no es solo relevante para comunidades como Cahuita. Su importancia alcanza a todo el país, porque se relaciona directamente con el respeto al Estado de Derecho y a compromisos internacionales como el Convenio 169 de la OIT.

Cuando estos principios no se cumplen, no solo se afecta a un grupo específico:
– Se debilita la legalidad de las decisiones públicas.
– Se compromete la institucionalidad del Estado.

En juego está algo mayor: el respeto a las reglas que protegen a todos los costarricenses.

¿Qué es el Foro Tribal Afrocostarricense?

El Foro Tribal Afrocostarricense es un espacio de representación y diálogo, creado a partir del Decreto Ejecutivo N° 43532-MP-MINAE-MCJ-MEP, que reconoce a la población afrodescendiente como pueblo tribal bajo el Convenio 169 de la OIT.

Objetivo del foro

Su función principal es:

Defender los derechos del pueblo tribal afrocostarricense, especialmente:

  • Derecho a consulta previa, libre e informada.
  • Protección de territorios ancestrales.
  • Preservación de la cultura e identidad. Y,
  • Derecho a la autodeterminación.

¿Cómo funciona?

Está integrado por representantes de comunidades afrodescendientes:
Líderes y lideresas de las 8 comunidades que participaron en los diálogos: Tortuguero, Siquirres, Estrada, Cahuita, Puerto Viejo, Sixaola, Limón y Guácimo.

□ Actúa como interlocutor ante el Estado
□ Participa en procesos donde se discuten proyectos o decisiones que afectan al pueblo tribal.

Ejemplo: turismo, uso de tierras, parques nacionales, carreteras.

¿Cuándo se activa?

Cuando el Estado quiere hacer algo que pueda afectar al pueblo tribal:

Debe consultar primero. La consulta debe ser: antes de decidir (previa)
Sin presión (libre)
Con información clara (informada)
Con intención real de acuerdo (buena fe).

Relación clave: Foro vs pueblos tribales (como Cahuita)

Los pueblos tribales (como Cahuita) son el sujeto de derechos.

El Foro es solo el mecanismo de representación y coordinación.

En palabras simples:

El Pueblo Tribal = el dueño del derecho

El Foro = el canal para ejercer ese derecho.

Importante: El Foro no sustituye al pueblo, ni decide por sí solo.

Debe responder a las comunidades y bajar la consulta a las bases.

¿Por qué es importante?

Porque permite que comunidades como Cahuita:
No sean excluidas de decisiones sobre su territorio.
Puedan detener proyectos ilegales sin consulta.
Defiendan su cultura frente al desarraigo.

Resumen final en una frase

Sin pueblo tribal organizado, no hay Foro legítimo;
y sin Foro operativo, no hay consulta real.

Compatriotas: Lo hecho, hecho está. El camino no es hacia atrás, sino hacia adelante.

Los derechos conquistados no son negociables ni reversibles.

Quienes intenten retroceder, se encontrarán con un límite claro:
El principio de no regresión en derechos humanos, que protege lo ya alcanzado.

El mensaje es simple y firme: Avanzar no es una opción, es una obligación histórica.

La época del silencio se acabó en Cahuita

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Durante años nos dijeron:
“calladitos más bonitos.”

Pero ese silencio no era paz… era control.

Hoy que hablamos, incomodamos.

Y cuando incomodamos, atacan:

“No es de Cahuita”
“Es extranjero”
“Divide”

Pero ya no funciona. Ese silencio acostumbrado – no es ley ni consentimiento – es estrategia para lograr lo deseado.

La realidad cambia todo:
La Sala Constitucional ordenó consulta del PRC al Pueblo Tribal de Cahuita; y ratificó al Foro Tribal Afrocostarricense como órgano por medio del cual debe realizarse la consulta. (Voto 2025-029985)

Pero también reconoció:

El Foro Tribal venció (Voto 2026-010993).

Y eso lo cambia todo:

● Sin organización, no hay representación.
● Sin representación, no hay consulta.
● Y sin consulta… otros deciden por nosotros.

Que no te engañen

No es inclusión.
Es sustitución.

Hoy es definitivo:
El silencio terminó.

Y un pueblo que despierta…
ya no se deja reemplazar.

(English):
Patience is an ancestral virtue—wisdom distilled across generations—captured in a simple truth: “It takes patience to ride a donkey.”

(Español):
La paciencia es una virtud ancestral —sabiduría destilada a lo largo de generaciones—, resumida en una simple verdad: «Se necesita paciencia para montar un burro.»

Uno para todos y todos para uno.

Bernardo Archer Moore
Adulto Mayor — que, con dignidad, decidió no callar más.

¿Unidad o simulación? La verdadera prueba del Convenio 169 en Cahuita

Escrito en . Publicado en Comunidad.

Por Bernardo Archer Moore

Bernardo Archer Moore.

En 1989, cuando la Organización Internacional del Trabajo (OIT) adoptó el Convenio 169 de la OIT para reconocer los derechos colectivos de los pueblos indígenas y tribales, que Costa Rica ratificó plenamente en 1993, el mundo era muy diferente al de hoy.

La segregación racial y étnica era una norma tácita, y la IA estaba más allá de la imaginación de cualquiera.

La esperanza generalizada era que este acuerdo entre naciones civilizadas se implementara tan pronto como concluye su breve proceso de ratificación en cada país.

Sin embargo, más de tres décadas después, su implementación en Costa Rica sigue siendo una promesa incumplida.

El problema hoy no es la falta de una ley, sino su evasión.

El artículo 6 del Convenio es claro: El Estado debe consultar a los pueblos interesados con el fin de llegar a un acuerdo o consentimiento. Esto no se trata de informarles sobre decisiones ya tomadas, ni de celebrar audiencias públicas. Se trata de garantizar el derecho a la participación colectiva en el proceso de toma de decisiones.

Sin embargo, como lo demuestra la resolución constitucional sobre el «Plan Regulador Costero de Cahuita», el Estado ha sustituido la consulta genuina por mecanismos de participación general, diluyendo así la voluntad de los titulares de derechos.

Aquí radica la distorsión central: confundir «población» con «pueblo».

El Convenio 169 no protege a todos los habitantes de un territorio, sino a los pueblos definidos por su autoidentificación, continuidad histórica y diferenciación cultural; y no por un linaje étnico directo.

En Cahuita, esto implica que el sujeto de consulta no es la totalidad de los residentes, sino el pueblo tribal afrodescendiente, definido conforme a criterios de autoidentificación, continuidad histórica y diferenciación cultural. En consecuencia, aquellas personas que no comparten dicha identidad colectiva —por carecer de vínculo histórico, cultural o de autoidentificación con el pueblo tribal— no forman parte del sujeto titular del derecho de consulta.

En este punto resulta imprescindible apelar al juicio humano, en lugar de depender exclusivamente de la inteligencia artificial, cuya interpretación de los hechos contemporáneos suele estar condicionada por las proyecciones y supuestos de sus desarrolladores sobre un futuro incierto, más que por la complejidad de la realidad presente.

En esta línea de pensamiento, surge un fenómeno contemporáneo ineludible: La creciente complejidad de la identidad, resultado de los procesos de migración, mestizaje y asimilación cultural.

Ante la ausencia de normas claras basadas en la realidad de nuestras comunidades, la ambigüedad genera conflictos internos.

Y este tipo de conflictos, lejos de conducir a soluciones, benefician los intereses del Estado.

Durante el último año, el incumplimiento de la Convención ha encontrado la excusa perfecta en las divisiones internas de las comunidades: permite seguir eludiendo la consulta, justificando la inacción y trasladando la responsabilidad a las propias comunidades afectadas.

Así, el problema deja de ser una cuestión estatal y se convierte convenientemente en una cuestión comunitaria.

Ante este escenario, la comunidad tribal afrodescendiente de Cahuita se enfrenta a un dilema histórico: definirse como sujeto colectivo de acuerdo con los criterios del Convenio 169, o permitir que la ambigüedad siga facilitando la simulación de consulta.

No hay una tercera vía.

La unidad, en este contexto, no es un ideal abstracto. Es una condición jurídica.

Sin ella, no hay consentimiento válido, ni consulta legítima, ni posibilidad de autodeterminación.

En este escenario, incluso los prejuicios históricos —como la narrativa de que «los pueblos afrodescendientes no pueden llegar a acuerdos»— dejan de ser meros estigmas y se convierten en herramientas funcionales de despojo.

La cuestión ya no es jurídica, sino histórica:

¿Permitiremos que se confirme esta narrativa («los negros no se unen«), o construiremos, desde la unidad, el verdadero fundamento de nuestros derechos?

Cahuita, Talamanca