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Etiqueta: autonomía institucional

UNDECA: ¡Autonomía no es impunidad!

UNDECA lamenta y expresa su profunda preocupación y rechazo a la decisión unánime adoptada por la Junta Directiva de la CCSS, de impugnar la orden N.º DFOE-BIS-ORD-00003-2025 de la Contraloría General de la República, que justamente exige medidas urgentes para detener el millonario desastre provocado por la salida forzada del sistema ERP-SAP.

Mientras la CGR actúa en defensa del interés público, la Junta Directiva, en un insólito acuerdo político, decide recurrir la orden del ente contralor y hasta solicitar medidas cautelares para suspender sus efectos.

Desde nuestra perspectiva esta acción representa un intento de blindar a la presidenta ejecutiva, como patrocinadora y al director del proyecto, responsables del caos del ERP, antes que asumir con transparencia las graves consecuencias del proyecto: cirugías suspendidas, desabastecimiento de medicamentos, pagos atrasados a proveedores, pérdida de control sobre activos públicos y riesgo para la salud y la vida de las personas.

El acuerdo aprobado -invocando la “autonomía”- distorsiona ese principio constitucional, pues la autonomía no justifica el abuso, la negligencia manifiesta, ni mucho menos, la evasión de la responsabilidad administrativa.

La Contraloría cumplió con su deber constitucional de fiscalizar el uso de los recursos públicos y de advertir que el ERP-SAP fue un fracaso operativo, logístico y financiero que pone en riesgo la sostenibilidad del sistema de salud costarricense.

La defensa de la autonomía no puede ser el escudo de quienes, ignorando advertencias técnicas, impusieron una “salida en vivo” que hundió los sistemas logísticos, financieros y de los centros de salud de toda la institución.

La Caja no es un botín político y la autonomía se defiende con honor y transparencia, no con impunidad.

¡UNDECA firme y vigilante!

Instituto de Estudios de la Mujer de la UNA respalda a la presidenta del TSE y llama a defender la institucionalidad

El Instituto de Estudios de la Mujer (IEM) de la Universidad Nacional de Costa Rica expresó su respaldo público y solidario a la magistrada presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), Eugenia Zamora Chavarría, ante los ataques verbales y políticos provenientes del Poder Ejecutivo.

El pronunciamiento, aprobado por unanimidad mediante el acuerdo 0183-2025, reafirma la defensa de la independencia judicial y electoral como pilares esenciales de la convivencia democrática y del Estado de Derecho.
El IEM subraya que desacreditar al órgano encargado de garantizar la transparencia y legalidad de los procesos electorales equivale a debilitar la legitimidad del poder político y a amenazar la paz social que ha caracterizado a Costa Rica desde 1949.

El documento destaca la valentía y el compromiso ético de la magistrada Zamora, primera mujer en presidir el TSE, y reconoce su trayectoria de servicio público en defensa de los derechos humanos, la participación política de las mujeres y el fortalecimiento democrático.
“La respuesta de la magistrada es un acto de responsabilidad institucional y de liderazgo cívico”, señala el comunicado, recordando que su intervención defiende no solo la institucionalidad, sino también el respeto y la verdad como fundamentos del debate público.

El Instituto llama a la sociedad costarricense, la academia y las instituciones públicas a proteger con firmeza los espacios democráticos, rechazar los ataques al Tribunal Supremo de Elecciones y respaldar a las mujeres que, desde el servicio público, defienden los valores republicanos y los derechos conquistados.

Finalmente, el IEM reitera su compromiso con la defensa de la institucionalidad democrática, la igualdad de género en la esfera política y la protección de quienes sostienen, con integridad y convicción, los principios de justicia, equidad y respeto mutuo.

Descargar aquí el documento completo.

Procuraduría respalda eliminación de ratificación del Poder Ejecutivo en nombramientos del Banco Popular

La Procuraduría General de la República (PGR) emitió el dictamen PGR-OJ-153-2025, en el que concluye que no existen vicios constitucionales en el proyecto de ley 24.627, el cual busca eliminar la ratificación del Poder Ejecutivo sobre los cuatro directores designados por la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular y de Desarrollo Comunal (ATTBPDC) ante la Junta Directiva Nacional del banco.

El dictamen, firmado por la procuradora Silvia Patiño Cruz el 2 de octubre de 2025, fue remitido a la Comisión Permanente de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa, instancia que tramita la reforma denominada “Reforma del inciso b) del artículo 15 de la Ley N.° 4351 del 11 de julio de 1969 y sus reformas”.

Un cambio que fortalece la autonomía institucional

Según la Procuraduría, la reforma se justifica en los principios de autonomía institucional, democracia interna y copropiedad social, ya que el Banco Popular es una entidad pública no estatal, propiedad colectiva de los trabajadores y trabajadoras del país.

El proyecto pretende fortalecer la autonomía de las organizaciones laborales y eliminar la injerencia política del Poder Ejecutivo en la elección de la Junta Directiva Nacional, al suprimir el requisito de ratificación de los representantes designados por la Asamblea de Trabajadores.

La PGR subraya que la medida no debilita el control público ni el interés general, pues los mecanismos de supervisión financiera a cargo de la SUGEF y el CONASSIF permanecen vigentes.

La eliminación de la ratificación contribuye a la consolidación de la autonomía funcional del banco, en coherencia con su naturaleza no estatal”, indica el documento, que además destaca que la evaluación de idoneidad y probidad debe realizarse por mecanismos técnicos bajo los entes supervisores del sistema financiero.

El Banco Popular: un ente público no estatal

En su análisis, la Procuraduría recordó que el Banco Popular y de Desarrollo Comunal (BPDC) fue creado como una institución de Derecho Público no estatal, con personería jurídica y patrimonio propio, lo que implica que no forma parte del Poder Ejecutivo ni del conjunto de instituciones estatales tradicionales.

El dictamen cita los artículos 1 y 2 de la Ley Orgánica del Banco Popular, que establecen que el banco es propiedad de los trabajadores por partes iguales, quienes ejercen sus derechos a través del ahorro obligatorio y la representación en la Asamblea de Trabajadores.

Asimismo, señala que la actual estructura de gobierno reconoce tres directores nombrados por el Poder Ejecutivo y cuatro por la Asamblea de Trabajadores, estos últimos sujetos a ratificación del Ejecutivo según el texto vigente.
La reforma únicamente eliminaría esa ratificación, manteniendo la potestad del Ejecutivo para designar a tres miembros.

Principio democrático y buen gobierno

La PGR sostiene que, dado el carácter participativo y asociativo del Banco Popular, la designación de sus autoridades debe observar el principio democrático. La reforma propuesta, al fortalecer la capacidad de decisión de la Asamblea de Trabajadores, se alinea con los principios de autogobierno, transparencia y eficacia.

La aprobación de la reforma se encuentra dentro del ámbito de discrecionalidad del legislador, quien goza de potestad para adecuar el régimen jurídico de instituciones públicas no estatales conforme a los principios democráticos y al interés público”, concluye la Procuraduría.

Conclusión general del dictamen

En síntesis, la Procuraduría concluye que:

  • El Banco Popular es una entidad pública no estatal de propiedad colectiva de los trabajadores.

  • La reforma al inciso b) del artículo 15 no presenta vicios de constitucionalidad.

  • La propuesta fortalece la autonomía institucional, la transparencia y el buen gobierno corporativo.

  • Su aprobación corresponde al ámbito discrecional del legislador.

Frente Nacional por la Seguridad Social se opone a proyecto que amenaza autonomía de la CCSS

El Frente Nacional por la Seguridad Social (Frenass) manifestó su rechazo a una iniciativa legislativa que busca modificar el régimen de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), al considerar que esta propuesta representa un retroceso histórico y un atentado contra la autonomía constitucional que ha protegido a la institución por más de ochenta años.

La organización calificó la propuesta como “vergonzosa” y denunció que responde a “intenciones perversas y mezquinas de los mercaderes de la salud en los diferentes gobiernos del turno”. En su pronunciamiento, Frenass llamó la atención sobre la gravedad de que se intente debilitar una institución que, desde su creación, ha sido pilar fundamental en la construcción de las garantías sociales y del Estado social de derecho en Costa Rica.

La Caja es autónoma y tiene que seguir siendo autónoma por todo lo que esta institución le ha dado a este país. La Caja no se vende, la Caja se defiende” concluyó la organización.

Más información en: www.facebook.com/share/v/16LyxMNL7N/?mibextid=wwXIfr

Movimiento sindical costarricense exige respeto a la autonomía de la CCSS, a la libertad sindical y a los derechos humanos

Comunicado

¡Basta de persecución a dirigentes sindicales y sociales!

El movimiento sindical costarricense denuncia de manera enérgica la persecución política contra dirigentes sindicales, comunidades indígenas, ambientalistas y demás sectores sociales que defienden derechos fundamentales en nuestro país. Estas acciones constituyen una violación grave a la dignidad humana y al marco jurídico nacional e internacional que garantiza la autonomía institucional, la libertad sindical y los derechos humanos.

El propósito de esta conferencia es reafirmar nuestro compromiso con la defensa integral de la clase trabajadora y de la institucionalidad democrática costarricense, en especial la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y la autonomía sindical, pilares del Estado social de derecho.

Reiteramos nuestro respaldo a la compañera Martha Elena Rodríguez González, víctima de una persecución sin precedentes. Su destitución, mediante un proceso viciado y espurio, dirigido por la Secretaría del Consejo de Gobierno -hoy convertida en candidata a diputada- evidencia la pretensión de conformar una Junta Directiva sumisa al presidente de la República, en abierta violación de la autonomía y Ley Constitutiva de la CCSS.

La libertad sindical y el derecho de organización se encuentran tutelados por instrumentos internacionales ratificados por Costa Rica, como los Convenios 87 y 98 de la OIT, el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Acuerdo de Escazú, además de la propia Constitución Política. Estos compromisos imponen al Estado la obligación de proteger a dirigentes sociales, la autonomía de la CCSS y garantiza el derecho de trabajadoras y trabajadores a organizarse libremente, sin temor a represalias.

Exigimos el pleno respeto a la autonomía de la CCSS y a la libertad sindical, como garantías indispensables frente a injerencias indebidas y persecuciones políticas del gobierno de Rodrigo Chaves Robles.

Hacemos un llamado urgente a la unidad amplia, inclusiva y solidaria de todos los sectores sindicales y sociales. La defensa de la autonomía institucional, de la libertad sindical y de los derechos humanos es una lucha del pueblo costarricense.

¡Ni persecución ni retrocesos! ¡Unidad, autonomía y libertad sindical!

Movimiento Sindical Costarricense
San José, 25 de agosto, 2025

Carta de la contralora al presidente y anexos que deben leerse en conferencia de prensa

La contralora general, Marta E. Acosta Zúñiga exigió al presidente Chaves un derecho de respuesta que debe leerse en la próxima conferencia de prensa. SURCOS transcribe la carta íntegra y ofrece en el último párrafo el enlace al documento anexo que contiene el texto que debe leerse. La exigencia de la contralora se da al “amparo del derecho de rectificación y respuesta dispuesto en la Ley de la Jurisdicción Constitucional”.

Señor
Rodrigo Chaves Robles
Presidente de la República
Señor Presidente:

El pasado miércoles 20 de agosto, al final de la conferencia de prensa semanal en Casa Presidencial y dirigida por usted, en el período de consultas, pero también en otros espacios públicos en los que participa, falsamente se atribuyen actuaciones a los funcionarios y funcionarios de la Contraloría General de la República; falsedad que se ha puesto de moda en sus conferencias y discursos públicos. Lo hace sobre temas sensibles en materia de educación y salud; entre otros, mintiendo de forma reiterada y con saña para engañar a costarricenses decentes y de buena fe. Utilizar a las comunidades de la forma en que lo hace; aunque sus mentiras no sean sostenibles en el tiempo, es más que deplorable.

Estupor causa que durante la conferencia y ante consulta de un periodista, su respuesta haya sido decir: “Uy don Nino, yo creí que ya le había dado suficiente a la Contralora. Bueno, a ella no se le puede dar suficiente porque nunca va a alcanzar, je je je”. Respuesta violenta y además misógina hacia mi persona, así como irrespetuosa hacia la entidad que represento. Han sido meses de agresiones; todas ellas debidamente documentadas como lo exige la ley para cualquier demanda o proceso judicial posterior.

Uno de los temas expuestos en la conferencia corresponde a las Escuelas Santa Elena en Monteverde y Portalón en Quepos, con respecto a las cuales se nos endilgan actuaciones ilegales cuando lo cierto es que la actuación de la División de Contratación Pública de la CGR se enfoca en resolver dos recursos de apelación, respetando los procedimientos BCIE y las condiciones específicas, a partir de las cuales se anuló la decisión del Ministerio de Educación Pública de declarar fracasadas las licitaciones.

No es ganancia para las comunidades que por aspectos intrascendentes se declaren fracasadas las licitaciones promovidas para construir las escuelas, ni tampoco plantear cuestionamientos que no fueron vistos en apelación. El MEP es quien puede seguir con los procedimientos y permitir la construcción. A las comunidades afectadas y al país debe decírseles la verdad, la resolución de la Contraloría General permite seguir con el trámite que el mismo Ministerio de Educación frenó en su momento por un tema intrascendente.

Si ya es nefasto pretender obstaculizar que se sigan los procedimientos iniciados para la construcción de las escuelas también lo es referirse al Hospital de Cartago para atribuirle a la Contraloría el supuesto incumplimiento de plazos para resolver. Le recuerdo que esta contratación cuenta con adjudicación en firme y que pese a ello la CCSS demoró un mes el envío de información necesaria para concluir el estudio del proceso de refrendo, siendo responsabilidad de la CCSS presentar los documentos completos oportunamente, máxime que se trata de la satisfacción de necesidades apremiantes de las personas.

A todo ello, se suma utilizar la inauguración de la nueva sede de Coopesalud, en el Llano de Desamparados, el 19 de agosto anterior como espacio para atacar a los funcionarios de esta Contraloría General en relación con el caso “Barrenador”, llamándonos “sinvergüenzas” y acusándonos de tener una alianza “inmoral” con otros funcionarios y de los delitos de colusión y corrupción.

Rechazamos las declaraciones difamatorias y calumniosas que con tanta facilidad y sin prueba alguna se lanzan contra funcionarios de la Contraloría General. Nuestras actuaciones ajustadas a la técnica y a la ley no han tenido nunca un afán intimidatorio como sí lo tiene la campaña sistemática de ofensas, violencia y mentiras que desde hace meses recibimos. Demandamos que cese inmediatamente ese tipo de manifestaciones y si tiene pruebas presente las denuncias que correspondan. La dignidad de nuestros funcionarios y la autonomía de esta institución son innegociables.

Por la extensión de sus declaraciones, las respectivas transcripciones y nuestros argumentos están en documento anexo, acompañados de los párrafos que exigimos sean leídos en la próxima conferencia de prensa al amparo del derecho de rectificación y respuesta dispuesto en la Ley de la Jurisdicción Constitucional y por brindar las declaraciones en un formato de amplia difusión en youtube y por redes sociales en el que se intercalan también presentaciones en videos previamente preparados.

Seguiremos cumpliendo con nuestra responsabilidad de forma firme e indeclinable.

Sin otro particular,
Marta E. Acosta Zúñiga
Contralora General de la República

Partido Vanguardia Popular denuncia abuso y arbitrariedad del gobierno

Partido Vanguardia Popular– PVP
Fundado el 16 de junio de 1931

El Partido Vanguardia Popular, denuncia el abuso y la arbitrariedad del gobierno autoritario del señor Rodrigo Chaves, que, bajo un subterfugio ilegal, que no aplica, y bajo un expediente de más de 200 folios, arguye falazmente un proceso de destitución contra la legítima representante de las y los trabajadores ante la Junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social. Es claro y así se desprende que el órgano director del procedimiento administrativo, se inventó un despido del cual no le asiste ninguna potestad legal.

Con más de 200 mil votos del movimiento sindical, Martha Rodríguez González, fue nombrada como representante legítima de los trabajadores ante la Junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social, juramentada el 11 de enero de 2021.

En dos oportunidades este gobierno, el cual se caracteriza por la visión de misoginia, el matonismo, la mofa, autoritarismo y la descalificación, del actual mandatario, ha atacado y perseguido, sin fundamento legal la posición política y de control sobre el papel que debe jugar la CAJA y, lo más importante, es que esta compañera ha sido abanderada de la defensa de nuestra emblemática institución del Seguro Social.

En el mes de diciembre del año 2022, irrespetando la autonomía de la CC.SS., en un acto de violencia extrema, el gobierno se arrogó el derecho ilegítimo de suspender a cinco miembros legalmente nombrados por las instancias correspondientes ante la Junta Directiva.

La persecución, la violencia política, el acoso y la violencia contra Martha Rodríguez, ha llevado visos de todo tipo. Buscaron callarla a como diese lugar. Por cuando un matón gobierna y ha perdido sus ideas, el único recurso que le queda es violentar políticamente a sus adversarios y, si son mujeres, el acoso político se hace aún más evidente.

Excluirla de las deliberaciones, cercarla psicológicamente, de los anteriores miembros, solo sobrevivió la entereza moral y política de la compañera Rodríguez, los demás doblaron su cerviz, para que dolorosamente el gobierno les diera su espaldarazo.

Hemos visto, dichosamente que, el movimiento sindical ha hecho pública su posición a favor de la compañera Rodríguez y a la vez, denunciando la arbitrariedad del gobierno “chavernícola”, que una vez más irrespeta la institucionalidad.

Pero, finalmente, qué es lo que este gobierno le cobra a la representante de la clase obrera costarricense. Digámoslo de manera muy sencilla. Primero, la denuncia sostenida contra privilegios que contravienen los principios institucionales de la Caja, la denuncia de encubrimientos e irregularidades que se hicieron públicas, la denuncia de desmontar la narrativa gubernamental que la Caja está quebrada. En ese marco, Martha fue la voz disidente para denunciar, como se desmantelaba el portafolio de proyectos y lo que la prensa conoció como el Caso Barrenador. También su voz a clamado para que el gobierno asuma la responsabilidad de pagar los cuatro billones de deuda que tiene con la CC.SS. En ese mismo orden, las denuncias sobre los sobreprecios y los brutales recortes a la salud, han sido parte de sus banderas de lucha. Pero no solo su denuncia y transparencia y control político se ha quedado ahí. Martha ha sido también un baluarte en la defensa de construir y mejorar la infraestructura de los hospitales.

Nuestra historia política está estructuralmente ligada al origen de la Caja Costarricense, de igual forma al PVP le asiste moralmente la defensa de la clase trabajadora, principalmente de los sindicatos clasistas y dígase de una vez por todas, Martha llegó con el aval de las centrales sindicales más importantes de este país y por eso su nombramiento debe respetarse.

Repudiamos nacional e internacionalmente esta arbitrariedad contra nuestra democracia y la institucionalidad. No a la violencia política, exigimos respeto la autonomía institucional y reclamamos la restitución de la compañera Rodríguez González ante el órgano de la Junta Directiva, al cual accedió por el voto del movimiento sindical confederado de este país y democráticamente electa.

¡Defendamos la Dignidad, la Verdad y la Autonomía de la CCSS!

Comunicado de UNDECA

La Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (UNDECA) expresa su más firme respaldo a nuestra compañera Martha Elena Rodríguez González, representante de los trabajadores en la Junta Directiva de la CCSS, ante la injusta, arbitraria y politizada persecución de la cual ha sido objeto por parte del Gobierno de la República.

Durante tres años, Martha ha enfrentado un proceso disciplinario viciado y desproporcionado, con evidentes motivaciones políticas que buscan acallar su voz crítica, transparente e incómoda para quienes pretenden secuestrar la Caja Costarricense de Seguro Social al servicio de intereses ajenos al bien común. No es casualidad que se le ataque por exigir estudios técnicos rigurosos, por denunciar sobreprecios, irregularidades en sistemas como el EDUS y el ERP, y por defender la construcción de infraestructura en regiones históricamente olvidadas como Cartago, Golfito y Limón.

El supuesto motivo de la sanción, el pago de 7.500 colones a los trabajadores de la Caja, tal como se le pagó al resto de trabajadores públicos, no es más que una excusa burda. Lo que realmente se castiga es su dignidad, su firmeza y su compromiso inquebrantable con los intereses de la clase trabajadora y la defensa de la seguridad social como derecho humano y no como negocio.

Esta persecución política, disfrazada de legalidad, es una expresión clara de violencia institucional y violencia política contra una mujer luchadora que se ha negado a someterse. UNDECA denuncia esta arremetida como parte de una ofensiva más amplia contra quienes defienden la autonomía de la Caja y enfrentan las políticas neoliberales que buscan debilitarla, deslegitimarla y abrir paso a la privatización de la salud pública.

Desde UNDECA reafirmamos al excelente trabajo fiscalizador de Martha Rodríguez, en defensa de los más preciados intereses de la patria.  La voz de Martha es también la voz de miles de trabajadores y trabajadoras que día a día hacen posible que la CCSS funcione, a pesar del abandono estatal, la sobrecarga laboral y la negligencia de quienes pretenden destruirla desde dentro.

Llamamos a las organizaciones sindicales, sociales y al pueblo costarricense a cerrar filas en defensa de nuestra compañera Martha Rodríguez, y a mantenernos vigilantes ante cualquier intento de represión institucional.

¡Martha no está sola!

¡La CCSS es del pueblo, no del Gobierno de turno!

Con dignidad, valentía y firmeza, seguiremos defendiendo nuestra Caja Costarricense de Seguro Social.

UNDECA – Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social

83 aniversario de la fundación de la CCSS

Manuel Hernández

El Seguro Social y la Caja se crearon en la ley N* 17 de 1/11/1941.

El artículo 1 de esa ley estableció que “bajo la vigilancia del Poder Ejecutivo “se creó esa institución, que le compete la administración del Seguro social.

Pero, ¿quién se podría imaginar que 8 décadas después, a pesar de la reforma constitucional de 1943, y con todo y la promulgación de la Constitución de 1949, la Caja volvería, en una arbitraria regresión del tiempo, a estar sometida, de nuevo, a la vigilancia del Poder Ejecutivo?

No es una ficción científica o literaria, es una cáustica realidad institucional y política.

Un disruptivo regreso al siglo pasado, al inicio de la segunda guerra mundial.

Por un lado, la Ley Marco de Empleo Público, y por otro lado, las actuaciones del actual Gobierno, constituyen intromisiones políticas que erosionan la autonomía de gobierno de la CCSS, cuya vulneración es necesaria para profundizar el proceso de privatización de la seguridad social.

El Dr. Calderón Guardia en el discurso que dio el 16 de mayo de 1942, cuando envió al Congreso el proyecto de reforma constitucional, para introducir a la Constitución el Capítulo de las Garantías Sociales, afirmó:

“(…) Falta, pues, completar la obra dando a la Caja Costarricense de Seguro Social las condiciones de autonomía, para que pueda llenar su cometido a plenitud, sin que sea vea entorpecido por intereses políticos susceptibles de poner en peligro su estabilidad.”.

Lo dijo el doctor hace 82 años, y hoy más que nunca, sus palabras resuenan en su ultrajada tumba del Cementerio General.

No creería mi amadísimo abuelo, quien fue un impenitente mariachi, combatiente del 48, que se haya retrocedido tanto, y que no hayamos tenido las hormonas para defender esa conquista social.

El mayor desafío que tenemos es recuperar la autonomía que fue hurtada.

¿Qué futuro podríamos tener sin la Caja?

Como dice Zizek:

Porque hoy el mayor riesgo es no hacer nada y dejar que la historia siga su curso”.

Las verdaderas causas de la alerta de racionamiento del ICE

Ing. Salvador López Alfaro
Exdirector del Centro Nacional de Energía, del ICE
Consultor en Mercados Eléctricos
Mayo 2024

Para empezar, diremos que dar una alerta de racionamiento en un país, es publicar la vulnerabilidad de un sistema eléctrico, a la variabilidad climática. Es una decisión muy delicada que compromete la económica del país y conmueve la confianza de los inversionistas en la solidez del Sistema Eléctrico Nacional.

Para entender las causas de porque llegamos a este punto, tenemos que entender que el ICE, como Institución técnica encargada de atender la demanda y la Operación del Sistema y Mercado Eléctrico, ha ido perdiendo gradualmente la autonomía, que fue la esencia de su éxito en décadas anteriores. Esto se ha dado por la intervención paulatina de los gobiernos, desde la creación de las presidencias ejecutivas en las instituciones autónomas en el año 1973. Esta legislación dio a los gobiernos de turno acceso a intervenir en la administración de las instituciones autónomas, cuya autonomía está establecida en la Constitución de la Republica.

Este proceso ha sido gradual y sostenido, pero que se ha agravado con la entrada de la Administración Chaves Robles, que además de destituir a todos los miembros de la Junta Directiva del ICE, para tener un control total, ha realizado un proceso de acelerado de intervención en las funciones técnicas nacionales, que como planificador y como operador del Sistema Eléctrico Nacional tenía que cumplir bajo los principios de independencia, neutralidad y transparencia.

Una de las acciones que lo demuestran fue la orden al ICE por el Gobierno, de rebajar las tarifas eléctricas, para cumplir promesas de campaña y desconociendo las necesidades y los procesos de la Institución.

Alineado con esta orden del Gobierno, la Administración Superior del ICE propone retirar plantas térmicas del Sistema, según declaraciones del presidente ejecutivo del ICE, en la Comisión de Energía de la Asamblea Legislativa, donde indicó que, con el fin de reducir tarifas eléctricas, se iban a retirar 226 MW de plantas térmicas, con el argumento que tenían tres años de no usarse. No se había comprendido que los tres años de usarlas muy poco, se debían a dos años de pandemia, traslapados con tres años del “fenómeno de la niña” o años con superávit de lluvia.

Otra medida aplicada, fue la solicitud a la ARESEP de no aplicar los aumentos de tarifas por los gastos de combustibles e importación de energía de la región, durante el año 2023. Esta es la tarifa que se denomina Costo Variable de Generación (CVG) y cuya aplicación se hace trimestralmente con aumentos anticipados por estimaciones hechas por el ICE y revisadas por la ARESEP. El ICE solicitó que se aplicara anualmente, hasta el año vencido, por lo cual la próxima correspondería hasta el año 2025, donde se aplicarán los gastos de CVG de los años 2023 y 2024, que hoy en día suman más 100.000 millones de colones.

Esta modificación de la normativa provoca que los gastos por combustibles e importación se recuperen dos años después de que se gastó y no cuando se está ejecutando el gasto, lo cual no da señales de precio real de la energía oportunamente.

Esto está teniendo un impacto muy fuerte en un año de El Niño, en el cual no tenemos señales de precios a la demanda para que se reduzca el consumo, lo cual contribuye a afrontar los periodos de mayor escasez de recursos de generación y estimular el consumo, cuando las tarifas son más bajas por la abundancia de recursos renovables en el invierno.

En estos momentos que enfrentamos una alerta de racionamiento, las tarifas deben ser mecanismos para desincentivar el consumo y no para estimularlo.

Todas estas señales que se dieron por parte del Ejecutivo y los Jerarcas de la Institución, que demostraban un desconocimiento de las competencias técnicas que tiene encargada la Institución, con el fin de atender la demanda y operar de manera segura el Sistema Eléctrico Nacional.

Estas decisiones mostraron finalmente, una subestimación del impacto del año de El Niño, del rol de la generación térmica de respaldo del SEN y de la importancia de las señales de precio a la demanda, para enfrentar un periodo del “fenómeno del niño” severo, pronosticado por el Instituto Meteorológico Nacional.

Esta subestimación de factores claves de la operación del Mercado Eléctrico Nacional, nos sirven para entender por qué se dio un tratamiento ordinario a las señales de déficit de desabastecimiento que advirtió el Planeamiento Operativo 2023 y 2024, también reflejaron la subestimación y desconocimiento de los efectos del “Fenómeno del Niño” y de la necesidad del respaldo de potencia térmica en el Sistema Eléctrico Nacional.

El Planeamiento Operativo identificó déficits de generación muy importantes para el año 2024, derivado de un incremento mucho más acelerado de lo esperado de la demanda, desde año 2023. Esto sumado al bajo nivel del embalse Arenal al final del año 2023, obligaba a medidas extraordinarias para cubrir los déficits encontrados para el año 2024 y evitar racionamientos.

Una de estas medidas extraordinarias, fue la recomendación de alquilar plantas térmicas para incrementar la potencia de respaldo para el año 2024.

Estas contrataciones se iniciaron en septiembre de 2023, pero se asumieron como una medida interna del ICE y no como una emergencia nacional, que permitiera garantizar la contratación oportuna de las plantas térmicas, para evitar un racionamiento. Esta requería de mecanismos agiles y seguros para contar con el respaldo para evitar el racionamiento, por las graves consecuencias que tiene para el país, no solo por el costo directo, sino por los costos en reputación y credibilidad en el Sistema Eléctrico Nacional, fundamentales en la atracción de inversiones.

El proceso ordinario empleado para el alquiler de plantas térmicas, del cual dependía evitar un racionamiento, creó condiciones para incumplimientos que se pueden considerar frecuentes en contrataciones ordinarias, como atrasos en tiempos de entrega, consecuencias que no se podían permitir en este caso.

Los retardos en la entrada de estas plantas de alquiler fueron los responsables del abatimiento anticipado de los embalses de seguridad de Cachi, Reventazón y Pirrís. Esto nos llevó muy cerca de perder la potencia de estas plantas para atender la demanda, al momento que se dio la alerta.

Finalmente, no son aceptables las justificaciones que da la Administración del ICE en el sentido de que el fenómeno del niño es responsable de estos racionamientos o el cambio climático. El ICE contaba con la información de un crecimiento mayor de la demanda y las informaciones de un niño severo para los años 2023 y 2024, por parte de los grupos de pronostico del ICE y las propias del instituto Meteorológico Nacional. El niño es un fenómeno recurrente, que se ha tenido en cuenta en operación del Sistema durante todos los años que lleva funcionando el Sistema Eléctrico Nacional y aun los escenarios más severos se consideran en el planeamiento operativo.

Esta es una actividad ordinaria del Operador del Sistema, la cual se cumplió correctamente, detectando los riesgos de déficit para el año 2024 y solicitando incrementar la capacidad térmica de respaldo. El no llegar a tiempo con estos recursos, fue el resultado de la mala gestión que hizo la Administración Superior del ICE de los procesos de alquiler de las plantas térmicas requeridas, al no darle el carácter de emergencia nacional a este riesgo de déficit de generación.

Todo lo señalado nos lleva a concluir que las causas de llegar a esta alerta de racionamiento se encuentran en el acelerado debilitamiento la autonomía de una institución de carácter técnico como es el ICE, en la presente Administración, que ha nombrado una Administración Superior inexperta, que ha impulsado acciones operativas erráticas y equivocadas, como: subestimar los efectos del “fenómeno del niño”, la falta de comprensión del rol de la generación térmica como respaldo del Sistema Eléctrico Nacional y finalmente esto ha llevado a no responder adecuadamente la señal clara de déficit de energía para el año 2024 del Planeamiento Operativo, que requería una declaratoria de emergencia nacional para el alquiler acelerado de plantas térmicas, para incrementar el respaldo necesario para la operación del Sistema Eléctrico Nacional.

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