Ir al contenido principal

Etiqueta: autonomía universitaria

Pronunciamiento de la Universidad de Costa Rica en defensa de la Universidad Centroamericana de Nicaragua (UCA)

Aula en el campus de la UCA, Managua, Nicaragua.

La Universidad de Costa Rica hace un llamado a la comunidad internacional, a las instituciones de educación superior y a todas las personas defensoras de la libertad y la justicia a condenar este acto atroz de represión

La Universidad de Costa Rica (UCR), consciente de la importancia de la educación superior y el libre pensamiento en la construcción de sociedades justas y democráticas, denuncia con vehemencia el cierre de la Universidad Centroamericana (UCA) en Nicaragua por parte de la dictadura de Ortega y Murillo. Este lamentable acto refleja el temor del régimen a las voces críticas y al pensamiento independiente y autónomo que ha caracterizado a esta destacada institución a lo largo de su existencia. No es casualidad que con esta acción, la dictadura orteguista haya clausurado ya a más de 30 universidades.

La UCA, universidad jesuita fundada en 1960, ha sido un pilar en el desarrollo educativo, social, económico y cultural de Nicaragua. Concebida con el objetivo de ofrecer una educación superior de calidad, inspirada en valores solidarios y profundamente comprometida con el desarrollo humano, social y ambiental, ha sobrepasado ampliamente ese propósito, convirtiéndose en un referente universitario en Centroamérica.

El legado académico de la UCA es indiscutible. Fue la primera universidad en Nicaragua que tuvo la visión de ofrecer carreras tan vitales para el desarrollo humano y social como psicología, sociología, comunicación social y economía. Pero no solo su oferta académica la hace destacable: la UCA también fue pionera en la creación de centros e institutos de investigación sobre asuntos cruciales como los derechos humanos, el medio ambiente, la cultura, la política y la educación.

La UCA ha sido siempre una voz crítica y constructiva frente a las diferentes realidades históricas de Nicaragua. Ortega y Murillo no deberían olvidar la posición de la UCA en la lucha contra la sombría dictadura somocista, que apoyó valientemente el movimiento popular que anhelaba el cambio social y la democracia.

Campus UCA Managua, Nicaragua. Foto: flickr.com.

Pero esta firmeza y compromiso con la verdad y la justicia no estuvieron exentos de riesgos. Recordamos con profundo dolor los atroces actos de violencia y represión que la UCA ha enfrentado. En 2018, en medio de protestas contra el régimen, grupos paramilitares armados de la dictadura atacaron a estudiantes inocentes que buscaban refugio dentro del campus.

Finalmente, el 13 de agosto de 2023, bajo el pretexto de incumplimientos administrativos, el gobierno de Ortega y Murillo ha clausurado a la UCA. Esta medida es una flagrante violación a la autonomía universitaria y una violación más de los derechos humanos.

La Universidad de Costa Rica hace un llamado a la comunidad internacional, a las instituciones de educación superior y a todas las personas defensoras de la libertad y la justicia, a condenar este acto atroz de represión y a unirse en solidaridad con el pueblo nicaragüense y su derecho a una educación libre, crítica y de calidad. La educación es un derecho inalienable.

Desde la Universidad de Costa Rica, levantamos nuestra voz en solidaridad, esperanza y resistencia, confiados en que la luz del conocimiento y la verdad siempre prevalecerán sobre las sombras de la opresión.

Los ODS y las U Públicas

Por Ma. Elena Fournier Solano. Extensionista universitaria/ambientalista mefourniercr@gmail.com

El origen de conceptos como: desarrollo sustentable, sostenible, sostenido, fue a raíz del informe Nuestro Futuro Común, 1987 para la Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, Río de Janeiro, Brasil, 1992.

Eduardo Galeano en su libro: Úselo y tírelo, 1997, expresó:

«Las empresas gigantes de la industria química, la industria petrolera e industria automovilística han pagado buena parte de los gastos de la Eco-92, la conferencia internacional que en Río de Janeiro se ocupó de la agonía del planeta. Y esa conferencia, llamada Cumbre de la Tierra, no condenó a las transnacionales que producen contaminación y viven de ella, y ni siquiera pronunció una palabra contra la ilimitada libertad de comercio que hace posible la venta del veneno».

Estos conceptos han sido ya discutidos, cuestionados desde hace más de 20 años, superados, implica un desarrollo y crecimiento económico sin límites, extensiva, intensiva, infinito en sociedades desiguales nos decía un profesor de derecho que son una justificación para permitir, por ejemplo, la declaratoria de «interés público» secar y destruir humedales. Ejemplo: La Trocha 1856 Juan Rafael Mora Porras, de la expresidenta Laura Chinchilla.

Desde 2015, se imponen los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Asamblea General de la ONU 2015, aprobando la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible como un instrumento.

Costa Rica fue el primer país del mundo en firmar el pacto nacional (¡pero no ratificamos ni firmamos el Acuerdo de Escazú!), entonces estamos obligada-os a terminar con el hambre, luchar contra la pobreza, la desigualdad, promocionar la educación, salud, protección del ambiente y fortalecimiento de la justicia (UCR: Desarrollo sostenible aportes de la UCR para el alcance de la Agenda 2030, de Henning Jensen y Yamileth Angulo).

Nuestra autonomía universitaria es violentada:

La Procuraduría General de la República, dictamen C-147-1994, indica sobre la autonomía política que «es la capacidad de autogobernarse o autodirigirse políticamente, de fijarse el ente a sí mismo sus propios objetivos fundamentales, dentro del marco de su competencia constitucional o legal».

La posición de la señora Mirian Vilela, representante de la Carta de la Tierra de la ONU, en entrevista realizada acerca de los ODS, expresa que es un agente de cambios, en donde menciona valores, principios, fuente de transformación social y en dónde señala que las universidades públicas debemos de repensar nuestro papel, entre otras ¿sugerencias?

Como muchas personas y colectivos, sentimos estos lineamientos como una imposición, un adoctrinamiento de la política de la Agenda 2030 con una versión sencilla, popular y engañosa.

No debemos de trabajar la agenda de la muerte, tenemos la opción de construir la filosofía o cosmovisión indígena de muchos países del mundo, incluyendo los nuestros acerca del “Buen Vivir”.

Producir sí, pero ecológicamente, como el mensaje inspirador del activista francés Jean-Luc Mélenchon en París, Unión Popular Ecológica y Social en una de las grandes manifestaciones contra el neoliberalismo: «la clave de un futuro ecológico es trabajar mejor y trabajar menos, si producimos ecológicamente, vamos a tener tiempo y ejercer el derecho para vivir, amar, no hacer nada, cuidar a los nuestros, descansar, pintar, cantar, hacer poesía, el cansancio podrá ser repartido equitativamente entre todos”.

Se han manifestado un colectivo costarricense de mujeres amas de casa, técnicas y profesionales:

Objetivos oficiales

Objetivos reales

1. Fin de la pobreza.

1. Reducción de la población.

2. Hambre cero.

2. Monopolio de los alimentos.

3. Salud y bienestar.

 3. «Vacunación» cíclica obligatoria.

4. Educación de calidad.

4. Adoctrinamiento.

5. Igualdad de género.

 5. Feminización y división de la sociedad.

6. Agua limpia y saneamiento.

 6. Privatización de toda el agua del Planeta.

7. Energía asequible y no contaminante.

7. Energía cara e impuestos verdes abusivos.

8. Trabajo decente y crecimiento económico

8. Explotación laboral y esclavitud fiscal.

9. Industria, innovación e infraestructura.

 9. 4ta. Revolución Industrial.

10. Reducción de las desigualdades. Transhumanismo.

 10. Leyes únicas para todos los países.

11. Ciudades y comunidades sostenibles.

 11. Vigilancia y control absolutos. Totalitarismo.

12. Producción y consumo responsable.

 12. Alimentos transgénicos. Granjas de insectos.

13. Acción por el clima.

 13. Geoingeniería climática

14. Vida submarina.

14. Control absoluto de los alimentos marinos.

15. Vida de ecosistemas terrestres.

15. Control absoluto de los recursos naturales.

16. Paz, justicia e Instituciones sólidas.

 16. Estados policiales. Fin de la libertad.

17. Alianzas para lograr los objetivos.

17. Gobierno global: Nuevo Orden Mundial.

Entre los reclamos contra ODS está que no incluye el apoyo a las luchas indígenas, campesinas por sus tierras, agua (…), pero no se menciona nada acerca del final de los paraísos fiscales, continúa el modelo de desarrollo basado en el crecimiento económico, sometiendo a la dimensión económica, la social y ecológica. 

Comparto para esta reflexión del Dr. Jenaro Diaz Ducca: «(…) nunca ha sido la costumbre en las universidades públicas aceptar a ciegas políticas impuestas desde organismos internacionales que nos comprometen sin tener completamente claro a qué estaremos obligados desde la enseñanza, la investigación y la acción social como «conciencia lúcida de la Patria», según lo definiera el prócer Rodrigo Facio».

No permitamos que nos adoctrinen, que nos impongan agendas externas, que nos amenacen.

 

Imagen ilustrativa, UCR.

La educación urgentemente hay que atenderla

Vladimir de la Cruz

La educación es hoy uno de los temas nacionales más importantes. Tenemos un saldo importante en la atención educativa de generaciones, de estudiantes actuales y un saldo, sin dudas, hacia la Costa Rica del futuro, la Costa Rica que dejaremos a las futuras generaciones.

Las acciones y políticas del actual gobierno de Rodrigo Chaves Robles se empeñan constantemente en arremeter contra todo el aparato educativo, contra los profesores y maestros, contra el presupuesto nacional de Educación en lo que atañe la educación de niños, de jóvenes y adolescentes, de universitarios, de trabajadores en general. Las posibilidades y oportunidades educativas tienden a cerrarlas, disminuirlas y si fuera posible hasta de eliminarlas.

Se puede entender que el Presidente odie y deteste el sistema educativo nacional por su experiencia personalísima. Pero no es comprensible que desde el solio presidencial no se preocupe por impulsar, fortalecer y desarrollar el sistema educativo, especialmente, en el ámbito público, para crear posibilidades y oportunidades para miles de niños y jóvenes que representan la Costa Rica del futuro, una mejor Costa Rica, con menos pobreza y menos extrema pobreza, con una mano de obra más y mejor calificada para el proceso industrial y tecnológico, y para poder enfrentar mejor los desafíos del moderno desarrollo empresarial, productivo, tecnológico y científico.

Por su práctica anti educativa nacional, para mí está claro que el inquilino de Zapote pasó por algunos establecimientos educativos del país, sin que ellos hubieran pasado por él… desde entonces se le cayó el zapote, que no ha podido levantar ni recoger desde Zapote… teniendo esa oportunidad para reivindicarse personal y nacionalmente, para superar su atávica experiencia educativa, que probablemente aún le pesa como un fardo que no ha podido desprender.

En el pasado histórico desde los días de la Independencia hasta el siglo pasado, principalmente, los gobiernos, sus gobernantes, y los partidos que ejercieron el papel conductor desde los ámbitos legislativo y ejecutivo se preocuparon por desarrollar, ampliar y fortalecer todo el aparato educativo del país. La educación fue un factor muy importante de movilidad social, de oportunidades y posibilidades de ascenso social, de mejoramiento económico, para salir y superar la pobreza.

Desde nuestro primer Jefe de Estado, Juan Mora Fernández, 1823-1833, que fue educador, se enfatizó en la educación como alternativa, para empezar a formar las generaciones que les tocaría construir la Costa Rica de la Independencia y para dirigir, en ese momento, las instituciones políticas gubernativas que se estaban forjando. Otros gobernantes le siguieron en su empeño, en su visión forjadora de futuro, de desarrollar un pueblo educado, entre ellos, José María Castro Madriz, Jesús Jiménez, Bernardo Soto, Próspero Fernández, Ricardo Jiménez, Alfredo González Flores, Rafael Angel Calderón Guardia, Teodoro Picado, José Figueres, y en la práctica, casi todos los presidentes de la Segunda República hasta entrado el siglo XXI. Con ellos y sus ministros de educación se amplió el espectro de oportunidades educativas, para niños, jóvenes y adultos, para hombres y mujeres, en educación formal, en educación diversificada, agropecuaria, técnica y tecnológica, en educación de adultos y nocturna para dar mayores posibilidades, incluso a trabajadores en sus oficios, para lograr un país con alta tasa de alfabetización, una de las más distinguidas de todo el continente. En 1890 teníamos un 90% de analfabetismo y llegamos a tener menos del 5% de analfabetismo, cifra que hoy está aumentada enormemente, sin contar el analfabetismo por desuso, de los que aprendieron a leer y escribir y dejaron de practicar la lectura y la escritura, por lo que se les olvidó y dejaron de leer y escribir. Un país que llegó a exportar la idea de que se tenía más maestros que soldados cuando en otros países, incluso cercanos, había más soldados que educadores.

En gobiernos hubo figuras extraordinarias que brillaron como luceros transportando la luz del saber, del conocimiento… Mauro Fernández, Miguel Obregón Lizano, Omar Dengo, Carmen Lyra, Joaquín García Monge, Roberto Brenes Mesén, Uladislao Gámez, Emma Gamboa, los directores y profesores de la Escuela Normal, hombres y mujeres que con sus talentos hicieron de la educación un apostolado y formaron maestros y profesores, que como apóstoles, con una mística por su profesión se trasladaron por diversas partes del país, llevando esa luz, ese saber, el conocimiento, formando conciencia nacional y patriótica; y los grandes Rectores de las universidades públicas, entre otros, principalmente.

Desde los días de las luchas independentistas tuvimos también la presencia de los próceres de la Independencia latinoamericana que se preocuparon, como parte de su lucha liberadora, por la educación. En Centroamérica la Universidad de San Carlos, de Guatemala, especialmente en su Facultad de Medicina, y luego la Universidad de León, de Nicaragua fueron importantes para la llegada de jóvenes costarricenses, donde iluminaron sus mentes, y también sus corazones, con sus profesiones y con la pasión por la Libertad y la lucha anticolonial. Educadores influyeron en los próceres. Simón Rodríguez en Simón Bolívar; Pedro Molina en Pablo Alvarado.

Me detengo en Bolívar, en su ideario y su legado educativo.

Bolívar tenía una visión de educación, una vocación de pedagogo, una idea de educar al pueblo a partir de su propia práctica política y de su visión emancipadora y por la libertad.

En Angostura estableció la Cámara de la Educación junto con la Cámara de la Moral, un tribunal para la moralidad, para cuidar y conservar las buenas costumbres, y otros elementos que ahora se atienden como corrupción.

En Bolívar influyó el enciclopedismo, la ilustración, una formación humanista, que pareciera faltarle al ocupante de Zapote. Para Bolívar Libertad y Educar eran tareas de una misma naturaleza. El primer deber de un gobierno, decía, es dar educación al pueblo, pero dar una educación uniforme y general. La salud de la República, para Bolívar, iba a depender de la moral que por la educación se adquiere en la infancia.

Educar, decía él, para ejercicio y uso de la Libertad. Sin educación no hay democracia. La educación permite, en la idea de Bolívar, conocer y medir los derechos de los ciudadanos. Luz, como decía él. Luces para la democracia, luces para un pensamiento libre.

Educación y Probidad para actuar beneficiosamente en la sociedad. “El talento sin Probidad, decía Bolívar, es un azote”.

Educación oficial, universal, igual para todos. Educación libre de dogmas. Educar, además, en lengua hispánica, en “la sangre de su espíritu”, de nuestro espíritu.

Consideraba Bolívar que en todo el proceso educativo, en toda la formación de la gestación de textos, de libros para la educación, en todos los afanes, en lo que él se comprometía, para proyectar esa educación a la niñez, a la adolescencia, a los pueblos, procuraba que esa educación fuera en la lengua hispana. El mismo era un acucioso de la lengua hispana, aunque dominaba el francés a la perfección. Algunos de sus estudiosos, en el campo de la lengua, decían que él pensaba en francés para expresarse en español, otros dicen que era al revés, que pensaba en español para expresarse en francés, lo cual evidencia el manejo de los dos idiomas que hacía.

En aquellos tiempos no se preocupaba por la educación bilingüística porque el proceso productivo no lo exigía, como hoy.

Preocupación mostraba por la edición de textos, porque los textos fueran verdaderamente en español. Aún, cuando él hacía uso de galicismos, muy importantes de su época, los que han estudiado esta faceta de Bolívar señalan, que eran los galicismos propios de la época, y que eran inevitables sobre todo en lenguaje de hombres cultos, que como él habían vivido en Europa, pero no era un galicista en el sentido de un afrancesado, de acuerdo a los términos de la época, o alguien que quisiera afrancesar a la América, o a Venezuela, o a la Gran Colombia, o la Revolución Americana. Educar pero en lengua hispana, era su objetivo.

Hoy hay gobernantes, y miembros de las camarillas gobernantes, que piensan en otros idiomas, y quisieran la aculturación lingüística de la población, como parte del sometimiento que impone la globalización y las nuevas formas de colonialismo cultural, renunciando al idioma materno nacional. Tenía claro Bolívar que la dominación española impuso el español como parte de su violencia dominadora y de identificación del dominado con el dominador.

En materia educativa Bolívar crea, como una obligación importante, las rentas para mantener los establecimientos educativos. No solo había que crear los establecimientos sino que había que darles contenido económico a los mismos. Para él había que dar dinero a la educación, había que invertir en educación. No consideraba que la educación fuera un gasto. Consideraba que era una inversión nacional para el futuro. Esta idea permanece en muchas de las filosofías educativas de América. En Costa Rica, por ejemplo, existe la obligación de que si se crea una escuela automáticamente el Congreso de la República tiene que darle contenido económico. Bolívar pensaba que si no se dotaba del dinero suficiente a la escuela podría convertirse la educación en una farsa, y podría servir nada más para que los gobiernos estuvieran haciendo escuelas de papel.

Bolívar no quería escuelas de papel. Por eso crea la necesidad de que al establecer el colegio, la escuela o el establecimiento educativo había que crear la renta para que funcionara. Este principio Bolivariano nosotros lo tenemos incorporado en nuestra filosofía educativa. Lamentablemente, desde 1980 hasta 1998 no se hicieron escuelas en Costa Rica. No se le dio contenido a ese sentimiento Bolivariano.

¿Cuántas escuelas y colegios se han creado públicamente desde 1998 hasta hoy en correspondencia con la población infantil y juvenil que ha nacido? Este año, 2023, a principios, se anunció el cierre de casi 1000 establecimientos educativos, entre otras causas, por razones sanitarias. ¿Se han mantenido cerrados?

Bolívar ordenaba dar cuentas del estado de los establecimientos educativos. Y esto era una cuestión muy importante en Bolívar, porque no solo era impulsar el aspecto de la educación, impulsar los aspectos relacionados a la creación de escuelas, sino señalar, periódicamente, en qué situación se encuentran esas escuelas, porque cuando hoy en Costa Rica vemos un desastre en todo el proceso educativo nacional, nadie se ha detenido a pensar si ese desastre en la educación nacional tiene que ver con la calidad de los establecimientos de la educación, con la ausencia o la falta de los instrumentos para la educación, libros, textos, pupitres, por la calidad de formación de los maestros y profesores, en lo cual tienen un importante papel, y de gran responsabilidad, los mismos sindicatos magisteriales. Sabemos de escuelas en Costa Rica, porque me lo han contado maestras, que atienden escuelas en zonas pobres y marginadas, en las que los niños se pelean el pupitre a la hora de entrar al aula. Y un niño que se pelea un pupitre a la hora de entrar al aula no puede recibir ya, inevitablemente, una clase en su sano juicio, porque tampoco va a poder salir a recreo porque le quitan su pupitre, y su lucha va a ser por defender su asiento, su espacio, y no una lucha para su aprendizaje y enseñanza.

Bolívar impulsa una escuela para huérfanos, para redimir el abandono de los padres y le atribuyó un papel importante. Nosotros, por ejemplo, que le hemos dado un impulso importante la educación en el siglo XIX y XX, en Costa Rica, no desarrollamos, que yo recuerde, una escuela de huérfanos, aunque sí un Hospicio. En esas escuelas había una idea de formación para la sociedad, para la vida.

Bolívar creó establecimientos especiales para educar a las niñas e impulsó profunda y poderosamente la educación de las mujeres. La educación de las mujeres, decía Bolívar, es la base de las familias y pone a funcionar, además, escuela de ambos, sexos. Le gustaba Bolívar que las mujeres fueran cultas. En Costa Rica desde el gobierno de Juan Mora Fernández se impulsó la educación de las mujeres con compromiso municipal. En 1847, con el Dr. José María Castro Madriz se fortaleció y, más tarde, con las reformas educativas de Mauro Fernández y con la de coeducación, a principios del siglo XX, se amplió la educación de mujeres.

Bolívar también impulsó escuelas de oficios, ciencias, artes y militares.

Impulso y fortaleció las universidades en Perú, Caracas y Colombia. No solo eso; creó la autonomía administrativa, una de las bases que quizá es después lo que vamos a rescatar en la Reforma de Córdoba en 1918, la Autonomía Universitaria, que contiene, entre sus pilares, la autonomía administrativa de la Universidad. Elimina en el concepto de la educación superior universitaria la discriminación religiosa y de razas. Y, eso nos lleva, también, a conceptuar una educación integral, general. Seculariza el personal universitario, desarrolla los elementos de una educación laica.

Educación para la convivencia pacífica americana era uno de sus propósitos. Para él la educación sobre el sistema militar que es el de la fuerza, y la fuerza no es el gobierno.

A los libros y textos, y el uso de ellos, Bolívar les concede una enorme importancia. Primero, a los libros básicos. Segundo, que los libros que fueran bien hechos para poder motivar más en la educación de niños y a los hijos. Se enfrentaba por todos los medios posibles aquellos textos que él consideraba mediocres y atrasados.

Por eso se preocupaba porque la educación fuera un instrumento de esta enseñanza y de este control cívico.

Para Bolívar los libros tienen que recordar y afirmar los derechos y los deberes. Los libros, consideraba, eran importantes porque compensaban la ausencia o la falta de los maestros permanentes. A los libros siempre se puede acudir y consultar, mientras que si hay que acudir a un maestro, y no lo hay, no se puede consultar.

En Bolívar se encuentra un enfrentamiento de conceptos, entre la educación del Emilio de Rosseau y una nueva concepción educativa que impulsa Bolívar. Mientras que en el Emilio es casi la educación personal con maestros, en Bolívar se va a impulsar una educación popular, una educación pública, una educación sustentada fundamentalmente en los textos.

La Cámara de Educación, que concibió e impulsó, estableció la norma de publicar en español, y estimular los escritos sobre los usos, costumbres y el gobierno.

Para Bolívar, la educación debe inspirar ideas, sentimientos de honor y probidad, amor a la Patria, a las leyes y al trabajo. “El hombre, dice, no puede servirse de su inteligencia mientras fuerzas extrañas lo presionan para esclavizarle”.

La educación era también un instrumento de liberación. Entre más educado, entre menos ignorante fuera el pueblo, más posibilidades para incorporarse a la lucha por la Independencia, y más capacidad y más conciencia tenía para saber quiénes lo explotaban, quiénes lo oprimían, y quiénes constituían las cadenas del atraso en América.

Parte de su concepción sobre la educación lo atribuía a la prensa y al periodismo, lo que trataré en otro artículo, porque en esto veía la gestación de la educación cívica y ciudadana, de la opinión pública. Para él, el periodismo provocaba una educación de masas.

En su visión de gobernante, su acción era de educador. La justicia social, la educación y la economía eran los tres pilares que gravitaban siempre en su actuar gubernativo.

La UNED no está evitando el salario global

La información que publicó el 12 de marzo de 2023, el medio CRHoy.com en la nota titulada UNED declara a todo su personal “exclusivo y excluyente” para evitar salario global, y cuyo cuerpo de la nota indica “para así escaparse del salario global”, es completamente falsa e induce a error a la persona lectora.

No es real que la UNED esté “escapando” o “evitando” el salario global, ya que el acuerdo del Consejo Universitario, en sesión 2951-2023, Art. III-A, inciso 9), celebrada el 09 de marzo del 2023, que la misma nota informativa menciona, tiene como finalidad, precisamente, incluir el salario global como forma de remuneración a las personas funcionarias de la institución.

El acuerdo se toma en estricto cumplimiento de la Ley Marco de Empleo Público, que establece en sus artículos 31, 32, 33 y 34, que la Metodología de valoración de trabajo, Grados dentro de las familias laborales, Clasificación de puestos de trabajo en familias laborales y grados, y Columna salarial global, deben ser establecidas por las instituciones de educación superior, al ser una Universidad pública con autonomía organizativa.

Ante la nueva modalidad de pago que será establecida por las casas de enseñanza superior, las cinco universidades públicas del país, incluida la Universidad Estatal a Distancia (UNED), trabajan en forma conjunta en la formulación del Régimen de Empleo Superior Universitario (RESU), el cual, entre otras cosas, establecerá el salario global que regirá para las universidades.

Mientras los equipos profesionales de las cinco universidades terminan con esta formulación del RESU, el Consejo Universitario de la UNED ha instruido a la Administración, en el mismo acuerdo referido en la nota, para que elabore una propuesta de salario global transitorio para el personal universitario que ingrese a la institución, bajo la vigencia de la Ley Marco de Empleo Público, como se indicó al inicio, justamente para el cumplimiento de lo establecido en la Ley.

El RESU es formulado desde el seno del Consejo Nacional de Rectores (CONARE), en concordancia con lo destacado por la Sala Constitucional en las consultas realizadas cuando entonces dicha ley era un proyecto de ley, que declaró inconstitucionalidad en algunos artículos debido a que no excluían a personas funcionarias que realizan labores propias de la actividad universitaria.

Asimismo, no se establecía que, en atención a la Autonomía Universitaria, la construcción de la familia de la columna salarial y sus características corresponde en forma exclusiva y excluyente a los máximos órganos de los entes universitarios.

“Es claro que este es un elemento esencial que afecta a la Autonomía Universitaria en relación con el funcionariado que se desempeña en la docencia, en la investigación, en la extensión social y cultural, así como aquellos funcionarios, profesionales y técnicos, que realizan labores administrativas vinculadas con la materia universitaria. De ahí que los órganos competentes para construir la familia y sus características, desde la óptica constitucional, lo hacen con independencia de las directrices y disposiciones reglamentarias que en este ámbito emita el MIDEPLAN o el Poder Ejecutivo”, dictaminó la Sala Constitucional.

Es así como en mayo del 2022, mediante oficio CNR-181-2022 del 2022, a solicitud de la coordinación del RESU y siendo la UNED la Universidad que presidía el CONARE, se procede a la declaración de que “la totalidad de los puestos existentes en las universidades y el CONARE se encuentran vinculados en forma exclusiva e incluyente, al cumplimiento del PLANES (Plan Nacional de la Educación Superior), de tal manera que ningún puesto podrá quedar excluido del sistema de empleo público universitario y sometido a la administración del Poder Ejecutivo”.

Por esta razón es que también el Consejo Universitario de la UNED acordó el 9 de marzo declarar a su personal, sin excepción alguna, como exclusivo y excluyente “para el ejercicio de las competencias constitucionalmente asignadas, así como para cumplir la misión, visión, objetivos y funciones encomendadas a la universidad”, no para evadir el salario global, sino para defender la autonomía universitaria consagrada en el artículo 84 de nuestra Constitución Política.

Así las cosas, solicitamos al medio CRHoy.com que se publique la información real sobre los procesos internos que sigue la UNED frente al cumplimiento de la Ley Marco de Empleo Público.

Nota de la edición: Derecho de respuesta solicitado por la UNED al diario CRHoy y enviado a SURCOS.

Resolución de la rectoría de la UCR: «Todas las clases de puestos… de la Universidad de Costa Rica quedan absolutamente excluidas de las regulaciones dictadas por el Mideplan»

POR TANTO

LA RECTORÍA DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA

ÚNICO: En virtud de la anterior declaratoria, todas las clases de puestos de trabajo que conforman la estructura ocupacional de la Universidad de Costa Rica quedan absolutamente excluidas de las regulaciones dictadas por el Mideplan, en resguardo de la autonomía constitucionalmente otorgada. En esa misma línea, la Universidad se encuentra plenamente facultada para construir sus propias familias de puestos y definir su sistema de remuneración de la función pública.

Por lo tanto, en estricto apego a lo dispuesto en el numeral 35 del Estatuto Orgánico de la Universidad de Costa Rica, que establece de cumplimiento obligatorio los acuerdos tomados por el Consejo Universitario, esta Rectoría procederá con la operacionalización -dentro del marco de sus competencias- de las acciones debidas, según los principios rectores de la LMEP, en el tanto estas sean compatibles con los principios constitucionales y la autonomía universitaria.

SURCOS comparte la resolución del rector de la Universidad de Costa Rica, doctor Gustavo Gutiérrez Espeleta:

La conciencia lúcida de la patria entre la penumbra y la incertidumbre

“Dónde empieza la niebla que te esconde? (Benedetti)

Manuel Hernández

La Ley Frankenstein de Empleo Público (LFEP),remendada y reconfigurada en los astilleros de la Sala Constitucional, estipuló que las relaciones de empleo de aquellas personas servidoras públicas, que desempeñan funciones administrativas, profesionales o técnicas, que sean exclusivas y excluyentes para el cumplimiento de las competencias constitucionales asignadas al Poder Legislativo, Poder Judicial, TSE y entes públicos con autonomía de gobierno u organizativa, según la determinación que realice la respectiva institución, no están sujetas a la gobernanza y rectoría de MIDEPLAN (art. 6 y siguientes).

La gobernanza y rectoría de la gestión de la relación de empleo público, constituye el núcleo duro de dicha ley, la cual le pone en bandeja de plata al Poder Ejecutivo, la intervención política y control de la gestión del empleo y salarios de las instituciones reguladas por la ley.

No obstante, únicamente aquellos poderes y entidades quedaron excluidos del ámbito de la rectoría política del emergente Leviatán, a pesar de que no fueron excluidas de la cobertura de la ley.

Amparándose en esa clausula de “salvaguarda” de ley, la Corte Suprema de Justicia definió, a finales de 2022, que todas y todos los funcionarios judiciales desempeñan funciones exclusivas y excluyentes, en orden al cumplimiento del cometido constitucional asignado al Poder Judicial.

Sin duda, una posición constitucional y políticamente correcta, que pone a buen resguardo la independencia del Poder Judicial y la división de poderes, consagrada en el artículo 9, 154 y 156 de la Constitución Política.

Por otra parte, los gobiernos locales no se quedaron rezagados, y en un aluvión de acuerdos de sus órganos jerárquicos supremos, también declararon que todas las personas funcionarias municipales realizan funciones exclusivas y excluyentes, sin las cuales no podrían cumplir su cometido constitucional.

Otra definición política y constitucionalmente correcta, fundamentada en el artículo 169 y 170 de la Constitución, cuya determinación fragua un poderoso dique contra la intromisión política del Ejecutivo.

Pero, hasta ahora, se echan de menos las determinaciones que le corresponde tomar al Poder Legislativo, TSE, Caja Costarricense de Seguro Social y las universidades públicas.

No deja de extrañar que a estas alturas, ya casi al cierre de la cuenta regresiva para que entre a regir aquella ley, los órganos supremos de las universidades aun no hayan tomado los acuerdos pertinentes.

No deja de sorprender por dos razones principales.

En primer lugar, porque las universidades se consideran la conciencia lúcida de la patria. Esta conciencia crítica implica un compromiso con el pueblo, con el sistema democrático, la soberanía nacional, el desarrollo económico, social y cultural del país, contra cuyos valores y principios del Estado Social y Democrático se vuelve la Ley de Empleo Público.

En segundo lugar, porque las universidades tienen un nivel de autonomía plena, no sólo de gobierno, sino también organizativa, de conformidad con el artículo 78, 84 y 85 de la Constitución Política.

La jurisprudencia constitucional ha desarrollado los alcances de esta autonomía, la cual estableció, desde muy temprano, que comprende el “poder reglamentario (autónomo y de ejecución); pueden autoestructurarse, repartir sus competencias dentro del ámbito interno del ente, desconcentrarse en lo jurídicamente posible y lícito, regular el servicio que prestan y decidir libremente sobre su personal (Voto de Sala Constitucional No.495-92, N° 1313-93, que destacan entre los primeros votos que abordaron este tema).

La autonomía de las universidades fue enérgicamente defendida por los más preclaros constituyentes.

En una brillante intervención, el diputado Baudrit Solera, manifestó: “Ya lo dije, sino estuviéramos viviendo el régimen actual, la Universidad habría desaparecido, o bien se hubiera convertido en una dócil dependencia del Poder Ejecutivo.”

Estas premonitorias palabras del exrector de la Universidad de Costa Rica, no podrían tener más resonancia contemporánea y vigencia, que hoy día, en que se pretende degradar a las universidades públicas en simples y sumisos despachos administrativos de MIDEPLAN.

Por estas significativas razones, a punto del banderazo de salida de la Ley Frankenstein, aunque nada esté preparado, la falta de definición de las universidades, no solo sorprende, sino que, además, preocupa, porque se mantiene a los y las trabajadoras universitarias, en total incertidumbre, a contrapelo del principio de seguridad jurídica, un principio elemental del Estado de Derecho.

Entonces, en este escenario tan incierto y prudencialmente reservado, cualquiera se pregunta: ¿cuáles serán las cábalas que están haciendo los ilustres académicos, a quienes les compete resolver esta histórica y relevante cuestión?

¿Cuál oráculo, en los campus universitarios, están invocando para tomar la decisión correcta?

¿Será que a los académicos no los deja dormir tranquilos la crispación del Presidente de la República, quien públicamente manifestó su inconformidad con los acuerdos adoptados por el Poder Judicial y las Municipalidades?

Los consistorios universitarios no pueden seguir esperando que se aclaren los nublados del día.

Ya no pueden, ni deben, continuar amurallados en el claustro, dándole más largas a la determinación que está urgiendo la comunidad universitaria, y más allá, que exige la sociedad costarricense, porque las universidades públicas son del pueblo.

Los rectores y los consejos universitarios no pueden defraudar a Rodrigo Facio Brenes, Baudrit Solera, que, con tanta lucidez y consecuencia, defendieron un principio de nuestro ordenamiento democrático, que ahora está en el ojo de la tormenta: la autonomía universitaria.

Las universidades públicas, mucho menos, podrían dejar de tomar la determinación histórica, política y constitucionalmente correcta, aunque la hayan postergado.

Lucem aspicio.

Reflexiones acerca de la circular r-012-2023 de la rectoría referida al teletrabajo en la Universidad Técnica Nacional

Luis G. Martínez Sandoval.

MBA Lic. Bach. Luis G Martínez Sandoval
Académico Universitario,
Ex Integrante Comisión de Vinculación con los Sectores Productivos y,
Comisión de Trabajos Finales de Graduación COEX, AA
Sede Central UTN www.utn.ac.cr
Ex Directivo Nacional Propietario JD ANEP,
Secretaría de Organización y Conflictos, Seccional Sindical Nacional ANEP-UTN
Ex Funcionario Banco Mundial IFC Sede Ecuador y, América Latina,
Escritor, Científico Social

El REGLAMENTO DE TELETRABAJO DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA NACIONAL fue aprobado por el Consejo Universitario mediante Acuerdo 9 tomado por el Consejo Universitario en la Sesión Ordinaria No. 8-2022, celebrada el jueves 28 de abril del año 2022, a las nueve horas, según el Artículo 14 del Capítulo IX. Comisión de Reglamentos Internos. Publicado en el diario oficial La Gaceta No. 90 del 17 de mayo del 2022, sección Reglamentos).  Es un documento oficial y, es nuestro Reglamento Interno de Trabajo. ¡Nuestro Código de Trabajo! dada nuestra autonomía universitaria.

En el mismo se establece los lineamientos legales, técnicos y administrativos necesarios para promover, regular e implementar el teletrabajo en la Universidad Técnica Nacional (UTN), según con lo establecido en la Ley para Regular el Teletrabajo (N.º9738).

El teletrabajo es la prestación de servicios de carácter no presencial fuera de las instalaciones del patrono. La jornada laboral se desarrolla desde su propio domicilio o lugar que se destine tal fin. En su alcance es aplicable a las personas servidoras UTN cuyas funciones y tareas respondan al perfil de un puesto teletrabajable. La modalidad de teletrabajo es voluntaria.

Se establecen tres modalidades de teletrabajo. Modalidad Externa (domicilio establecido y autorizado por la instituciónModalidad Intermitente (las tareas se alternan en distintos días de la semana en la institución o domicilioModalidad Extraterritorial (previa aprobación de la Rectoría, se le autoriza ejecutar sus funciones, en un plazo definido, fuera del país). Se rige por un contrato y lo firma la persona teletrabajadora. En su jornada laboral esta ajustado a las cuarenta horas semanales establecidas en la institución. Se debe contar con un puesto teletrabajable. El teletrabajo modifica únicamente la organización y forma en que se efectúa el trabajo y, bajo ninguna circunstancia, afecta las condiciones de relación laboral de la persona servidora. No genera derechos adquiridos. En cuanto a los riesgos de trabajo aplicarán las condiciones y pólizas previstas para el trabajo presencial. Se firmará un contrato o addendum de teletrabajo que contiene las labores a ejecutar, los medios tecnológicos y de ambiente requeridos, los mecanismos de comunicación con la persona teletrabajadora, la forma de ejecutar la labor y, los días y horarios.

La vigencia del contrato de teletrabajo es de un año. Tiene criterios de medición, evaluación y control de la persona teletrabajadora. Es potestad de la UTN otorgar y revocar la modalidad de teletrabajo, cuando así lo considere conveniente.

En cuanto a los requisitos para ingresar a la Modalidad de Teletrabajo se debe cumplir con el perfil y los lineamientos que definirá la Dirección de Gestión de Desarrollo Humano. Algunos de ellos son: estar nombrado al menos seis meses de manera continua, al menos el 50% de las actividades, tareas y funciones que se realizan en el puesto, sean teletrabajables, aprobación de la jefatura, disponer de un espacio de teletrabajo acondicionado, contar con la conectividad y accesibilidad (DGTI), estar dispuesto a que se realicen inspecciones y, firmar un contrato.

Hay deberes y responsabilidades que se adquieren. Por ejemplo, proveer y garantizar el mantenimiento de los equipos y programas propiedad de la UTN. Si el equipo informático es propiedad de la persona teletrabajadora, esta deberá permitir a la UTN el libre acceso a la información propiedad de la misma, ya sea durante el desarrollo de la relación laboral, o bien, al momento de finalizar el vínculo contractual. La persona teletrabajadora deberá guardar confidencialidad respecto a la información propiedad de la UTN. Se brindará capacitación en uso de los equipos y programas necesarios para desarrollar sus funciones. Se debe cumplir con las normas y directrices relacionadas con la salud ocupacional y prevención de los riesgos de trabajo.

En cuanto a las obligaciones y responsabilidades de las Jefaturas estas deben coordinar, dar seguimiento y evaluar a la persona servidora en teletrabajo. Atenderlas y aclaración de dudas, contratiempos, conflictos, entre otros.

Las personas teletrabajadoras deben comprometerse a que su lugar de trabajo, cumpla con las condiciones mínimas establecidas en el contrato de teletrabajo, relacionadas con la seguridad, ergonomía e higiene, así como de conectividad. Cumplir con los criterios de medición, evaluación y control determinados en el contrato o addendum, así como sujetarse a la normativa institucional. Cuando las fallas en el equipo y/o herramientas impidan el normal desarrollo de las funciones de la persona teletrabajadora y se afecte el adecuado cumplimiento de sus labores, se podrá suspender temporalmente el teletrabajo. La persona teletrabajadora debe cumplir con el horario establecido, su jornada laboral y estar disponible para la institución durante dicho horario y jornada. El incumplimiento de la jornada u horario de trabajo, o bien, el no estar disponible para la institución durante dicho horario y jornada serán considerados como abandono de trabajo. Permitir el acceso de la persona servidora de la UTN designada para realizar la inspección de las condiciones ergonómicas, de seguridad y de higiene del puesto de trabajo. Participar y aprobar de las pruebas psicológicas, que eventualmente la Dirección de Gestión de Desarrollo Humano, aplique a las personas teletrabajadoras. Son causas de reincorporación a la modalidad de trabajo presencial la disolución del contrato de teletrabajo como la revocatoria o incumplimiento de algunos de los requisitos establecidos en el contrato. Y queda prohibido solicitar incorporación presencial cuando la modalidad de teletrabajo ha sido acordada desde el inicio de la relación laboral. Corresponde a la autoridad competente en todos los casos en que se solicite la reincorporación a la modalidad presencial, resolver las solicitudes con base en lo normado por este Reglamento y en los principios de conveniencia y oportunidad, rectores del instituto del teletrabajo. Por último, se establecen Disposiciones Transitorias que definen plazos para la elaboración y comunicación de los perfiles de los puestos sujetos a la modalidad de teletrabajo y la cantidad de horas laborables.  A la fecha se cuenta con Reglamento, el procedimiento y las herramientas necesarias para la implementación del teletrabajo en la Universidad, modelo y formato de Contrato a ser utilizado por la persona servidora y el patrono. Además, el “Instrumento de Análisis de Funciones”, así como, la declaración jurada respectiva para su análisis y valoración.

A MODO DE CONCLUSIÓN

Por razones y fundamentos que no conocemos hubo intención de ciertos Decanos de Sede (Central, Atenas, Guanacaste) de frenar la implementación de los Contratos de Teletrabajo lo que habría generado una gran afectación a la comunidad docente y administrativa de la UTN como el avance de la UTN hacia la digitalización que en pandemia fue nuestra razón de ser (2.5 años) guiados por Entornos Virtuales de Aprendizaje (EVA) guiados por CFPTE.

¡Hay buenas noticias! Con fecha 28 de febrero de 2023 la Rectoría liderada por el Dr. Emmanuel González Alvarado, remite la comunidad universitaria una CIRCULAR R-012-2023. En la cual expone la: CONTINUIDAD INMEDIATA DE LA VALORACIÓN Y APROBACIÓN DE PERMISOS DE TELETRABAJO.

Aplaudimos dicha circular que nos vuelve a colocar en el camino lógico del teletrabajo, la virtualidad y, los entornos virtuales de aprendizaje online.  Nos agrada saber que se habilita de nuevo la valoración y aprobación de los permisos de teletrabajo a partir del 01 de marzo de 2023. Agrada saber que el rendimiento de las personas funcionarias en teletrabajo en términos generales ha sido el esperado, y, (…) como razón de los buenos resultados (…) se ha decidido aumentar a tres días el permiso para realizar teletrabajo, puntualmente, a partir del 01 de agosto de 2023. Medida que aplica a las personas funcionarias que así lo soliciten.   No omitimos exponer que durante la pandemia sin experiencia en teletrabajo, sin contratos, sin Reglamento de Teletrabajo y sin Instrumentos para el Teletrabajo la comunidad DOCENTE y ADMINISTRATIVA durante casi 2.5 años dio MUY BUENOS RESULTADOS sin afectar el aprendizaje y la marcha de la UTN.   Por lo anterior, aquellos Decanos de Sede que criticaron que el teletrabajo se daban rendimientos decrecientes del personal DOCENTE y ADMINISTRATIVO deberían “guardarse de escupir al viento” o “dejar de mirar la paja en el ojo de los seres humanos y mirar la viga en su propio ojo”…

Las prácticas de control y seguimiento de cara a la mejora continua – nos expone el Rector UTN- son responsabilidad de las jefaturas directas y de las jerarquías correspondientes, en cada sede recae el compromiso final de revisión y aval en las respectivas decanaturas, todo esto de conformidad con el debido proceso sustentado en la normativa interna y nacional.

Agrada leer que hay un manifiesto compromiso con el mejoramiento continuo en  beneficio de toda la comunidad universitaria y nacional. Y aplaudimos la política de puertas abiertas en pro de la defensa del bien común con la comunidad universitaria y a sus familias.

Esta CIRCULAR R-012-2023 marca una hoja de ruta que tiene más ventajas para la UTN que desventajas y existe mucha evidencia objetiva de las ventajas del teletrabajo. Hay más beneficios que perjuicios que citamos: la flexibilidad y autonomía. El ahorro de tiempo. La mejora de la motivación y la productividad. Mayor conciliación de la vida familiar y laboral. Permite la integración y la universalidad. Reduce de costes. Menor absentismo laboral. Acceso a mejores profesionales. Promueve la innovación y el emprendimiento. Mayor cumplimiento de los objetivos. Contribuye a bajar la huella carbono. Se impacta menos en la infraestructura.  Da mayor seguridad a estudiantes, docentes y administrativos ante la emergencia de violencia y criminalidad en Costa Rica. Presiona a los teletrabajables a contar con tecnología TiCs de punta.

¡Al César lo que es del César! Damos un fuerte aplauso por la visión y compromiso de la Rectoría de la UTN con el Teletrabajo y la Virtualidad para la educación superior universitaria pública y nuestra alma mater: UTN.  Es un gran mensaje para los docentes y administrativos en un año electoral (2023). Ahora solo resta esperar que fluya el aval de las jefaturas correspondientes para poder firmar muchos contratos de teletrabajo especialmente de aquellos funcionarios docentes o administrativos que, por razones de edad, quebrantos de salud, distancia geográfica, o problemas financieros – económicos les será de gran ayuda para ellos y ellas y sus economías domésticas (familias).

Gira “Misión Costa Rica” define ruta de lucha en defensa de los derechos laborales y autonomía universitaria

La Confederación de Trabajadores y Trabajadoras de las Universidades de las Américas (CONTUA) comunica:

“El día 7 de febrero del 2023 inició la segunda jornada de gira denominada “MISIÓN COSTA RICA” en las instalaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) donde recibieron representantes de la Confederación de los Trabajadores y Trabajadoras de las Universidades de las Américas (CONTUA) con la participación de los vicepresidentes Walter Merkis de FATUN Argentina; Lourdes Zea de STUNAM México, Damián Espino Castillo de SINTUP Panamá y el Secretario Ejecutivo de la CONTUA, Marcelo Di Stefano y los dirigentes sindicales de las Universidades Públicas, Kendy Chacón Víquez secretaria general de la Asociación de Funcionarios del Instituto Tecnológico de Costa Rica (AFITEC); Álvaro Madrigal Mora, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional (SITUN) y Harold Chavarría Vásquez del SINDEU. 

Como lo escribieron los de la OIT de Centro América en un mensaje en Twitter se “sostuvo hoy un espacio de diálogo con representantes sindicales de universidades públicas de Costa Rica, México, Panamá”… Argentina y se habló “sobre derechos laborales fundamentales: libertad sindical y negociación colectiva”, cerró el comunicado.

Posteriormente, se sostuvo la segunda reunión en las instalaciones del SITUN en la Universidad Nacional en Heredia; quien se unió a la gira el representante de la Internacional de los Servicios Públicos (ISP) Oscar Rodríguez. En este espacio, el secretario ejecutivo de la CONTUA Di Stefano, recordó el objetivo de esta misión que como él mismo lo expresó, “ustedes más que nosotros los tienen muy claro”, porque aquí hay un ataque en dos miradas, porque si atacan a la Universidad nos atacamos a nosotros mismos. 

Continuo el mensaje diciendo que “viendo ese diagnóstico que se dio en el Congreso de Guadalajara de la CONTUA en México en donde vimos necesario ingresar a estos espacios, donde se condena la violación a los derechos laborales y a la Ley del Empleo Público que condiciona la autonomía universitaria.

Durante la tarde, los representantes de la CONTUA y de los Sindicatos Universitarios se reunieron con los rectores que conforman CONARE en donde se exigió de una vez por todas una ruta de acción para la defensa de las Universidades Públicas.

Con respecto a la Ley de Empleo Público, el rector de la Universidad Técnica Nacional, Emmanuel González Alvarado expresó que CONARE había sacado un acuerdo en donde aseguraba que ninguna universidad va a dividir a los funcionarios administrativos de los docentes, donde fueran excluyentes (ante el MIDEPLAN) y concluyó “ese fue el primer acuerdo que llegamos”. 

Además, enfatizó que CONARE ha emitido comunicados de forma constante, en donde expresan su oposición a las Leyes de la Regla Fiscal y Empleo Público y el proyecto de ley llamado “Ley Reguladora del Fondo Especial para el Financiamiento de la Educación Superior Estatal”, expediente N° 23.380. La ruta es seguir unidos en esta lucha. A nivel de la OIT se canalizarán las denuncias respectivas a nivel internacional.

“Unidos somos más y más fuertes” 

Página web del SINDEU: http://www.sindeu.ucr.ac.cr/ 

Facebook: https://www.facebook.com/sindeu.universidadcr 

Para más información: Por WhatsApp 8510 5531 con Lillianne Sánchez Angulo, 8343 4986 SINDEU 2511 1960 y Oficina central del SINDE”.

El compromiso con la autonomía universitaria en Costa Rica

En 1981 se reformó de nuevo la Constitución para crear el Fondo para el Financiamiento de la Educación Superior Estatal (FES), que no solo conserva las rentas que les son propias, sino que el presupuesto global será el producto de un plan quinquenal, aprobado conjuntamente con el gobierno, pero que nunca puede ser inferior al anterior, más la inflación; además establece que estas rentas no pueden ser abolidas o disminuidas, sino no se crean antes otras que las sustituyan

ÓSCAR AGUILAR BUGARELLI

Pablo Santana

La clausura de la vieja Universidad de Santo Tomás

La autonomía de las universidades, es uno de los logros más apreciados hasta hoy, por la sociedad costarricense. Desde la clausura de la vieja Universidad de Santo Tomás en 1888, el país no contó con otra universidad sino hasta 1941 con la creación de la Universidad de Costa Rica durante el gobierno de orientación social cristiana de Rafael Ángel Calderón Guardia.

Sin embargo, la idea de crear una universidad se había dado a conocer desde el año 1935, con la llegada al país de la llamada “Misión Chilena” que ese año hizo público un extraordinario informe sobre las grandes y necesarias reformas que urgían a la educación costarricenses. El Tomo III de dicho documento elaborado por el Dr. Luis Galdames se titula precisamente: La Universidad Autónoma, ya que a su juicio “no se concebiría, pues, una corporación docta que careciese del poder dinámico brotado de su propia vida interna, para renovarse y prosperar constantemente” pues corresponde a la propia universidad para ser tal, patrocinar sus propias “reformas más o menos trascendentales en frecuentes lapsos”.

Y lo más importante, concibió que “en gracia de la completa autonomía que se le confiera, la Universidad de Costa Rica va a encontrarse en condiciones más ventajosas que cualquiera de sus hermanas del continente, para desenvolver un plan de vasto alcance, con unidad y continuidad de miras. NO ENTRAÑARA SU ACCIÓN NINGÚN PREJUICIO, NINGÚN INTERÉS TRADICIONAL, NINGUNA SECTA NI NINGÚN PARTIDO, NINGÚN INFLUJO TRANSITORIO O IMPRUDENTE, EXTRAÑO A SUS FINES…” y obviamente señala que para lograrlo se necesita total independencia corporativa, absoluta y amplia “tanto cuanto sus normas de acción lo justifiquen. Es a esa independencia y a ese poder de medirse y determinarse según su propio criterio, a lo que llamamos AUTONOMÍA UNIVERSITARIA”.

Este histórico sistema de garantía a las libertades universitarias, siempre ha sido visto con positivo apoyo por la inmensa mayoría del pueblo costarricense, que ha sabido cuidar de ese patrimonio; aunque no han faltado ni faltan quienes quisieran acabar con él

Garantía constitucional

Además, aparejada a esa autonomía de gobierno, y que no puede existir la una sin la otra, está la más irrestricta LIBERTAD DE CÁTEDRA, como garante del pensamiento académico y científico sin ninguna restricción.

Este informe fue la base sobre la cual se estructuró la ley que creó la Universidad de Costa Rica en agosto de 1940 y que abrió sus puertas en marzo de 1941. Así, desde el principio, esos dos hitos fundamentales para que una universidad se repute de seria, estuvieron presentes en todo el proceso de creación de la universidad. 

Sin embargo, aquella garantía legal no era suficiente. Por ello, después de los hechos políticos de 1948, que nos llevaron a nuestra última guerra civil y la necesaria convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente; ésta introdujo en el texto de la nueva Constitución de 1949 el concepto de autonomía institucional para varios entes especializados del estado e incluyó a la Universidad de Costa Rica, a la que  otorgó plena autonomía  y capacidad jurídica para “adquirir derechos y contraer obligaciones, así como darse su organización y gobierno propio” garantizando en ese momento, que sus rentas anuales serían el 10% del presupuesto dedicado a educación, cuyo manejo era absolutamente de su incumbencia y de nadie más.

Pablo Santana

Democraticación en el acceso

Con esto se garantizaba, nada menos que por vía constitucional, la más autónoma de las autonomías, como se dijo en su momento, y además con rentas claramente establecidas para ella y no fueran motivo de su manipulación. Si agregamos que, además, la libertad de cátedra quedó establecida también en la Constitución al señalar que es un principio fundamental de la enseñanza universitaria, el círculo de la UCR quedaba blindado y seguro en aquellos dos principios fundamentales.

Pasaron los años, la población del país aumentó, la gratuidad de la enseñanza secundaria que también estableció el nuevo texto fundamental y  que, a su vez, complementó la ley de 1869 con relación a la educación primaria, incrementó la necesidad y demanda universitaria; por lo que entre 1970 y 1977 se crearon tres nuevas instituciones: Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR), Universidad Nacional (UNA) y la Universidad Estatal a Distancia (UNED), amparadas a una reforma constitucional, por la  que todas las universidades que fueran creadas posteriormente al año 1949, gozarán todas de aquellos mismos derechos y garantías constitucionales de autonomía y libertad de cátedra.

Gracias a la existencia de otras leyes, las universidades recibían diferentes rentas que ayudaban a complementar los ingresos que señalaban sus leyes de creación; pero era obvia su insuficiencia e inconveniente disputa por obtener mayores recursos.

aparejada a esa autonomía de gobierno, y que no puede existir la una sin la otra, está la más irrestricta LIBERTAD DE CÁTEDRA, como garante del pensamiento académico y científico sin ninguna restricción

Fondo para el Financiamiento de la Educación Superior Estatal (FES)

Por eso, en 1981 se reformó de nuevo la Constitución para crear el Fondo para el Financiamiento de la Educación Superior Estatal (FES), que no solo conserva las rentas que les son propias, sino que el presupuesto global será el producto de un plan quinquenal, aprobado conjuntamente con el gobierno, pero que nunca puede ser inferior al anterior, más la inflación; además establece que estas rentas no pueden ser abolidas o disminuidas, sino no se crean antes otras que las sustituyan.

Una vez establecido el nuevo fondo quinquenal, son las universidades las que, por medio de Oficina de Planificación de la Educación Superior y el Consejo Nacional de Rectores, organismos totalmente universitarios, aprobarán el plan de desarrollo y repartición porcentual de aquellos ingresos. Desde su vigencia, nunca se han dado conflictos insalvables entre las universidades, por este motivo,

Este histórico sistema de garantía a las libertades universitarias, siempre ha sido visto con positivo apoyo por la inmensa mayoría del pueblo costarricense, que ha sabido cuidar de ese patrimonio; aunque no han faltado ni faltan quienes quisieran acabar con él.

Los huestes neoliberales son su principal enemigo, tanto que, en este momento, hay en la Asamblea Legislativa un proyecto de ley enviado por el actual Poder Ejecutivo, de sueños autocráticos, que pretende que ese fondo sea creado por una comisión integrada por los ministerios de Educación, Hacienda y Planificación que también supervisarían que las carreras que se ofrezcan estén dentro del Plan Nacional de Desarrollo y de las necesidades de la empresa privada.

Si bien el Poder Ejecutivo solo tiene 9 diputados de 57, podrían encontrar que algunos de otros partidos apoyen semejante desafuero, por lo que la lucha que nos espera a los universitarios y pueblo costarricense, es grande.

 

ÓSCAR AGUILAR BUGARELLI, Catedrático Universidad de Costa Rica UCR y Universidad Nacional UNA.

Publicado en https://www.espaciosdeeducacionsuperior.es y compartido con SURCOS por el autor.

UCR: Los rectores presentaron sólidos y contundentes argumentos en contra del proyecto de ley 23.380

Las universidades públicas atienden muy diversas poblaciones, zonas geográficas y una gran variedad de áreas constitutivas del desarrollo socioeconómico del país. Para realizar esta tarea, su autonomía y seguridad presupuestaria son garantías de que podrán cumplir con la misión que constitucionalmente les fue encomendada.

Audiencia ante la comisión de la Asamblea Legislativa

Tal propuesta desconoce la institucionalidad costarricense

El proyecto de ley 23.380 Ley Reguladora del Fondo Especial para la Educación Superior, que fue enviado a la Asamblea Legislativa por el actual Gobierno, representa una clara amenaza al funcionamiento y quehacer de las universidades públicas. Además, es un proyecto plagado de inconsistencias, falsos argumentos e inconstitucionalidades. En síntesis, ese fue el planteamiento que el Consejo Nacional de Rectores (Conare) expuso y sostuvo en la comparecencia ante la Comisión Especial de Educación de la Asamblea Legislativa, el pasado 23 de enero.

Los cinco rectores de las universidades públicas enfatizaron que el texto en cuestión es un peligro para la educación superior pública, pues busca que sea el Poder Ejecutivo de turno quien las administre. Eso, entre otros muchos peligros, podría limitar lo que se investiga y enseña en las universidades costarricenses cuando estas no se ajusten a los intereses del Gobierno.

Ante las diferentes consultas y comentarios de los diputados y diputadas de la Comisión Especial, los rectores de Conare dejaron muy en claro todos los aspectos que este proyecto de ley desconoce y desvirtúa sobre la naturaleza y papel de las universidades públicas en la institucionalidad del país.

Durante la audiencia, los rectores demostraron que el proyecto 23.380 redimensiona la autonomía de organización, administración, gobierno de las universidades públicas y libertad de cátedra, todo lo cual origina la nulidad absoluta de la propuesta, por violentar y vaciar de contenido los artículos 78, 84, 85 y 87 de nuestra Constitución Política.

Los señores rectores subrayaron que, sin el menor de los desenfados, ese proyecto busca otorgar potestades regulatorias al Poder Ejecutivo de turno sobre la planificación de la educación superior universitaria estatal y la distribución del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), al otorgarle la autorización para regular estas materias mediante Decretos Ejecutivos.

Los rectores advierten que este proyecto pretende cortar la independencia constitucional de la universidad pública frente a los demás poderes del Estado, ya que elimina su autonomía organizativa, administrativa, de gobierno y económica. Además, le inventa potestades al Banco Central sobre el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), las cuales están alejadas de su naturaleza, pues el financiamiento de las universidades públicas está garantizado en la Constitución Política. Esa pretensión del proyecto no explica la procedencia de los recursos, con lo cual deja así un gran vacío en la garantía del financiamiento.

Los cinco rectores de Conare mostraron gran aplomo y un sólido manejo de los alcances negativos y las oscuras intenciones que el proyecto 23.380 encierra. Así lo manifestaron ante la Comisión Especial de Educación de la Asamblea Legislativa. Foto: archivo Conare.

Un punto álgido en la exposición de los rectores fue su análisis en torno a una devastadora pretensión que presenta el proyecto de ley, con la cual se persigue la creación de un nuevo consejo coordinador de la educación. Este tendría un solo representante de las universidades públicas y cuatro del Gobierno de turno: MEP, Ministerio de Hacienda, Mideplan y Micitt.

Ese nuevo consejo vendría entonces a sustituir a la Comisión de Enlace que ha funcionado. Así las cosas, se violenta otra vez la autonomía universitaria y se deja en las manos del Gobierno del momento la definición de prioridades en la educación superior pública del país. Con esto, se desconoce la competencia para elaborar el Plan Nacional de Educación Superior (Planes), dada a Conare (Convenio de Coordinación de 1974 y Ley N.° 6162 del 30/11/1977) y que la Ley N.° 6580 del 18/05/1980 eleva a rango constitucional (artículo 85).

En cuanto a los falsos señalamientos del proyecto sobre la ejecución del FEES y la rendición de cuentas de las universidades públicas, los rectores dejaron muy claro que toda renta universitaria (propia y del FEES) está constitucionalmente destinada a financiar el Plan Nacional de Educación Superior (Planes), el cual posee más de cien indicadores de evaluación de ejecución del FEES que comprenden todas las áreas del quehacer universitario. Además, el Planes incide en la política  pública de nuestro país mediante la integración en ciento nueve comisiones nacionales. Los rectores fueron contundentes al sostener que la formulación, evaluación y liquidación de los presupuestos universitarios son conocidos y aprobados por la Contraloría General de la República.

Finalmente, los rectores también les mostraron a los diputados de la Comisión Especial que existen varios pronunciamientos, análisis  y criterios en nuestra institucionalidad que sostienen las particularidades constitucionales de las universidades públicas y que no le permiten al citado proyecto 23.380 sostenerse ante las contundentes evidencias de Conare.

VEA la audicienca de los rectores de Conare de forma completa.

Criterio de la Contraloría General de la República del 24 de enero del 2023

Este 24 de enero, la Contraloría General de la República emitió su criterio en torno al proyecto de ley 23.380. El criterio del ente contralor fue solicitado por el Área Asamblea Legislativa, Comisión de Asuntos Económicos. A continuación, compartimos un resumen de este reciente criterio.

Al cierre de la audiencia, los rectores enfatizaron ante los miembros de la comisión que las universidades públicas han sido una piedra angular en el desarrollo histórico, social y económico de Costa Rica. Pero, a pesar de eso, ya las universidades públicas llevan varios años luchando constantemente ante los embates de quienes buscan debilitarlas por múltiples vías.

En el artículo 1 del proyecto de ley en cuestión se dispone la creación del Fondo Especial para la Educación Superior, el cual se define como un mecanismo específico con un propósito particular. Al respecto, el criterio de la Contraloría General de la República (CGR) aclara que: “(…) sin embargo, siendo que la creación de dicho fondo ya se encuentra dispuesta en el artículo 85 de la Constitución Política, la propuesta legislativa debe centrarse en desarrollar la norma constitucional respetando las condiciones establecidas en ella”.

En cuanto al uso de los recursos del citado fondo, señalado en el artículo 3 del proyecto propuesto, que dice “… Cualquier excedente que quede, al finalizar el ejercicio económico pasará a caja única del Estado”, la CGR señala: “… el fondo especial para el financiamiento de la educación superior estatal posee la característica de que sus recursos tienen un destino específico asignado por la Constitución Política, concretamente, financiar la educación superior estatal. Desde esta óptica, estos fondos «atados» en el lenguaje de la Sala Constitucional (voto n.° 5754-94), no pueden destinarse a ningún otro fin de aquel que ha sido fijado por la Carta Fundamental…”.

Sobre la creación de un Consejo de Coordinación de la Educación Superior Universitaria Estatal y sus funciones, propuestas en los artículos 4 y 5 del citado proyecto de ley, la CGR recuerda la importancia de “definir de forma clara el rol, el proceso de toma de decisiones, las responsabilidades de sus integrantes, la estructura requerida, así como los recursos que serán necesarios para su funcionamiento, con la finalidad de brindarle eficacia a la norma. Además, definir ante cuál ente u órgano deben las universidades públicas presentar las propuestas de los planes definidos en el artículo 6 del proyecto de ley, pues no se indica en el contenido de la redacción [sic]”.

Por otra parte, en el artículo 9 del proyecto de ley, en el cual se dispone que: “… Las Universidades Públicas deberán presentar anualmente al Consejo de Coordinación de la Educación Superior Universitaria Estatal y a la Contraloría General de la República un informe financiero de la ejecución de los recursos del Fondo Especial para la Educación Superior… La CGR deberá emitir su criterio respecto al informe rendido, por parte de Conare, cuyo incumplimiento injustificado constituirá falta grave contra la Hacienda Pública…”.

La redacción del citado artículo 9, señala la CGR, “… presenta deficiencias y ambigüedades, ya que no se especifica cuál es el informe que debe rendir el Conare…, además, se hace referencia a términos jurídicos indeterminados como “incumplimiento injustificado” o “correcta distribución”, sin que se defina de forma clara el alcance conceptual de los mismos, generando una eventual inseguridad jurídica en su aplicación…”. “No se omite recordar que la Contraloría General mantiene su potestad de fiscalización sobre la Hacienda Pública, en función de lo establecido en el artículo 183 de la Constitución Política y en el Capítulo II de su Ley Orgánica, N° 7428, por lo que no se considera procedente la definición de la citada función, siendo que ya existe un marco jurídico que define una serie de roles y responsabilidades en materia sancionatoria”.

Por último, la CGR sugiere consultar el texto a los actores involucrados, por la relevancia del proyecto que pretende regular un fondo creado constitucionalmente.

 

María Encarnación Peña Bonilla
Periodista, Oficina de Divulgación e Información, UCR