Que el cansancio no decida nuestro futuro
Por Rodrigo H. Campos Hernández
Hay una contradicción que debería interpelarnos: vivimos una época de extraordinarias capacidades científicas y tecnológicas, mientras una vida digna sigue siendo una promesa incumplida para millones de personas. Las guerras destruyen comunidades; la incertidumbre atraviesa los hogares; trabajar no siempre permite vivir con seguridad. La pregunta por el futuro se ha convertido, para demasiada gente, en una pregunta por cómo sobrevivir al presente.
Las protestas que recorren distintos países tienen historias y demandas propias. Sería un error atribuirles una misma conciencia o un destino común. Sin embargo, muchas expresan un límite: el rechazo a seguir pagando con precariedad, endeudamiento y agotamiento decisiones sobre las cuales las mayorías tienen escasa influencia. Ese malestar cuestiona la promesa neoliberal de que la expansión del mercado terminaría asegurando el bienestar colectivo.
En Costa Rica, necesitamos discutir qué proyecto de sociedad se construye cuando la educación y la protección social se presentan como gastos que deben contenerse, mientras el castigo adquiere protagonismo como respuesta política. La seguridad es una necesidad real. Precisamente por eso, debe incluir prevención, investigación eficaz, justicia independiente y condiciones materiales para vivir. Su evaluación no puede reducirse al número de celdas ni a la dureza de los discursos.
También debemos exigir que las transformaciones de los servicios públicos se discutan abiertamente, con evidencia sobre sus consecuencias. Recuperar recursos para una institución no debería convertirse en moneda de cambio para aprobar reformas de otra sin suficiente deliberación. La ciudadanía merece conocer qué se negocia, quiénes se benefician y qué compromisos se adquieren en su nombre.
La controversia sobre el Acuerdo Transpacífico plantea una pregunta igualmente seria. La presidenta manifestó que no había revisado su borrador, mientras la ministra de Comercio Exterior sostuvo que las condiciones negociadas ya no podían renegociarse. Aunque la adhesión todavía requiere decisiones pendientes, esa tensión obliga a preguntar qué capacidad efectiva tienen los sectores convocados al diálogo para influir en el resultado. Escuchar sus preocupaciones exige explicar cuáles pueden atenderse, mediante qué instrumentos y con qué recursos. Contabilizar reuniones no demuestra, por sí solo, que sus planteamientos hayan incidido en lo negociado.
Exigimos información suficiente para evaluar los compromisos, sus beneficios y sus costos por sector, así como respuestas verificables para quienes podrían resultar perjudicados. Las oportunidades comerciales deben discutirse junto con sus efectos sobre el empleo, la producción nacional y la seguridad alimentaria. Concluir una negociación no elimina la obligación de justificarla ante la ciudadanía. La participación democrática pierde sustancia cuando se invita a hablar, pero se presenta lo fundamental como fuera de discusión.
Esa exigencia alcanza a la oposición. Denunciar al gobierno no constituye, por sí solo, una alternativa. Hacen falta propuestas, coherencia y capacidad de sostener acuerdos. Si cada sector defiende su espacio de manera aislada, podemos agotar nuestras fuerzas mientras se debilitan las condiciones que todos necesitamos.
Por eso hacen falta diálogos más exigentes y una comunicación más compartida. Espacios donde podamos contrastar diagnósticos, reconocer diferencias y acordar acciones sin exigir unanimidad. Espacios que escuchen también a quienes no participan en nuestros círculos y cuyas preocupaciones no siempre encuentran lugar en nuestros análisis.
Movilizarnos forma parte de esa tarea. Una protesta puede incomodar, interrumpir la rutina y ejercer presión sin agredir a las personas. Su fuerza crece cuando tiene continuidad, objetivos reconocibles y vínculos entre sectores. Salir a la calle permite afirmar una presencia; organizarnos permite sostenerla.
No hay garantía de victoria. El deterioro puede profundizarse y el hartazgo puede ser aprovechado por proyectos autoritarios. Una esperanza responsable debe reconocer esos riesgos y construir razones para actuar: compromisos concretos, responsabilidades distribuidas y formas de participación que no consuman hasta el agotamiento a quienes las sostienen.
Este es un llamado a encontrarnos. A pasar de las voces dispersas a una conversación capaz de producir acuerdos y acción colectiva. Podemos comenzar por aquello que estamos dispuestos a defender juntos y por una primera tarea que podamos cumplir.
Esta discusión tiene también una dimensión jurídica. El poder público está sujeto a obligaciones que ninguna mayoría electoral puede dispensar. Los artículos 9 y 11 de nuestra Constitución establecen un gobierno participativo y responsable, sometido a la legalidad y a la rendición de cuentas. Los derechos de petición y acceso a la información, reconocidos en los artículos 27 y 30, permiten exigir respuestas y conocer los fundamentos de las decisiones públicas. Cuando esas garantías se vulneran, existen mecanismos para reclamar su protección.
El financiamiento universitario tampoco queda a la libre disposición de los acuerdos partidarios: debe respetar la autonomía y las garantías de los artículos 84 y 85. De igual manera, concluir la negociación de un tratado comercial no reemplaza su aprobación legislativa ni el control previo de constitucionalidad exigido por el ordenamiento. Una decisión anunciada como políticamente concluida puede tener todavía controles jurídicos pendientes.
La política de seguridad encuentra límites igualmente precisos. El debido proceso, la prohibición de tratos crueles o degradantes y la independencia judicial obligan también cuando el miedo impulsa demandas de mayor castigo. A su vez, organizarse, expresarse y reunirse pacíficamente son derechos constitucionales, no concesiones del gobierno. Su ejercicio y su protección forman parte de la vida democrática.
No toda decisión que rechazamos es ilegal. La crítica adquiere fuerza jurídica cuando identifica la actuación cuestionada, la obligación incumplida y las pruebas que permiten exigir su revisión. Ese rigor debe acompañar la movilización: documentar, solicitar información, fiscalizar y acudir a los mecanismos de protección correspondientes. Defender el futuro común exige también hacer efectivas las garantías que el ordenamiento reconoce.
Seguimos de pie, aunque estemos cansados. Que ese cansancio encuentre solidaridad, organización y relevo. El futuro común merece algo más que nuestra resignación.
