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Etiqueta: autonomía universitaria

Kakistocracia y universidad pública: cuando la lealtad puede sustituir al mérito

Escrito en . Publicado en Educación.

MBA Lic. Bach. Luis G Martínez Sandoval
Académico Universitario
Carreras Comercio Exterior, Administración Aduanera
Especialista en Relaciones Económicas y Políticas Internacionales
MBA Administrador de Empresas énfasis Mercados Globales y
Negocios Internacionales
Exfuncionario Banco Mundial IFC – Ecuador- y, América Latina
Especialización en Cambio Climático y Gestión Integral de Riesgos de Desastres,
Negociación y Mediación – INCAE, Calidad Total y Alta Gerencia
Dirigente Sindical ANEP, Escritor
Contacto: luis.martinez.sandoval@gmail.com
Cel. 62764133

Hay palabras que incomodan porque obligan a mirar realidades que preferimos no nombrar. Una de ellas es kakistocracia.

El término proviene del griego kákistos, «el peor», y kratía, «gobierno». Tradicionalmente se utiliza para describir el gobierno de los peores o, en un sentido más amplio, un sistema en el que la incompetencia, la mediocridad, la arbitrariedad o la lealtad personal pueden terminar imponiéndose sobre el mérito, la capacidad y el interés institucional.

Aplicar este concepto a las universidades públicas costarricenses no debería interpretarse como una acusación contra personas determinadas. Debe entenderse como una pregunta incómoda sobre la calidad de nuestras instituciones.

¿Estamos construyendo universidades donde prevalecen el mérito, la capacidad, la experiencia y la independencia de criterio, o estamos permitiendo que otros factores-clientelismo, amiguismo, ascensos futuros, estabilidad laboral, otros- tengan un peso excesivo en la selección de quienes ejercen el poder universitario?

La universidad debería ser el último lugar donde el mérito pierda valor

Una universidad no es simplemente una organización administrativa. Es una institución cuya razón de ser está vinculada con el conocimiento, la investigación, la formación profesional, el pensamiento crítico y el desarrollo de la sociedad. Por eso, cuando el mérito comienza a perder importancia dentro de una universidad, el problema trasciende a las personas que ocupan temporalmente determinados cargos.

Se deteriora la cultura institucional.

La kakistocracia universitaria no necesariamente aparece de manera repentina. Puede comenzar con pequeñas señales:

  • un nombramiento cuyos criterios no son suficientemente claros;

  • un procedimiento cuya transparencia puede ser cuestionada;

  • una decisión que carece de mecanismos eficaces de revisión;

  • una estructura donde la lealtad tiene más valor que la independencia;

  • una cultura institucional en la que cuestionar una decisión resulta más difícil que aceptarla.

Ninguna de estas situaciones, por sí sola, permite afirmar que existe una kakistocracia. Pero sí puede justificar una pregunta:

¿Estamos diseñando nuestras instituciones para que los mejores criterios -experiencia, capacidad demostrada, liderazgo, consciencia institucional, capacidad de negociación, capacidad de resolución de conflictos y otros- prevalezcan?

Rectorías y consejos universitarios: donde la pregunta adquiere mayor importancia

Si queremos analizar el gobierno de las universidades públicas, debemos observar los espacios donde se concentra la mayor responsabilidad institucional. Las rectorías y los consejos universitarios son ejemplos fundamentales. No porque quienes ocupen esos cargos sean necesariamente incompetentes o actúen incorrectamente. Afirmarlo respecto de personas concretas requeriría evidencia objetiva.

El punto es otro, y es mucho más de fondo.

El verdadero problema no es la idoneidad moral de los individuos, sino la complacencia de un diseño institucional que suele confundir la legitimidad democrática con la aptitud técnica y estratégica. Precisamente porque son cargos de enorme responsabilidad, los requisitos y mecanismos para acceder a ellos deberían ser especialmente exigentes, blindados contra la política interna de favores y el clientelismo académico. Sin embargo, estos liderazgos se eligen mediante sistemas de votación que arrastran un sesgo democrático de origen: el derecho al voto se reserva casi exclusivamente para el personal con plaza en propiedad, excluyendo por completo a la población docente interina.

Una Rectoría no es simplemente un puesto administrativo, ni un premio de consolación a la veteranía.

Quien ejerce la Rectoría participa en la conducción estratégica de la universidad, representa a la institución, administra recursos públicos y toma decisiones capaces de producir efectos durante muchos años. No basta con ser un académico destacado para saber gestionar presupuestos multimillonarios o negociar con el entorno político y social.

Los consejos universitarios, por su parte, participan en decisiones fundamentales para la vida académica y administrativa. Sin embargo, con frecuencia se convierten en asambleas corporativistas donde se defienden intereses de sector, de facultad o de gremio, por encima del interés superior de la institución.

Por eso cabe preguntar de forma frontal: ¿Qué tan exigentes son nuestros sistemas para seleccionar a quienes aspiran a gobernar las universidades públicas? ¿Se privilegia realmente la capacidad, la visión estratégica y la ética pública? ¿O el sistema electoral universitario castiga la independencia de criterio y premia al candidato que ofrece discursos cómodos, promesas corporativas y continuismo?

¿Cómo hablar de democracia universitaria cuando se normaliza la precarización de una enorme masa de docentes atrapados bajo la figura de la estabilidad impropia, sosteniendo cotidianamente las aulas, pero privados del derecho a ser electores?

¿Hemos diseñado filtros que evalúen de manera objetiva la trayectoria y la capacidad de administrar recursos, o permitimos que las campañas universitarias se conviertan en concursos de popularidad condicionados por el miedo a perder el nombramiento o por la promesa clientelar de obtener, finalmente, una plaza en propiedad?

Evadir el debate sobre la profesionalización del gobierno universitario y la exclusión democrática de sus propios trabajadores bajo la excusa de defender la autonomía es una contradicción. La autonomía se defiende con excelencia, inclusión y rendición de cuentas, no con opacidad, precarización laboral o endogamia institucional.

Estas preguntas no debilitan la universidad. La fortalecen, porque la obligan a mirarse en el espejo de sus propias inconsistencias antes de que factores externos utilicen esas debilidades para desmantelarla.

El problema de la selección negativa

Uno de los riesgos más serios que puede enfrentar cualquier organización es la selección negativa.

En una institución saludable, las personas más preparadas deberían tener posibilidades reales de asumir responsabilidades. Pero una organización puede desarrollar, consciente o inconscientemente, una dinámica diferente: aquella en la que prosperan más fácilmente quienes se adaptan al sistema que quienes lo cuestionan.

  • El profesional independiente pregunta.

  • El académico crítico cuestiona.

  • El especialista advierte riesgos.

  • El funcionario responsable señala posibles errores.

Todos ellos pueden resultar incómodos. Pero precisamente por eso son indispensables.

Una universidad que pierde la capacidad de escuchar a sus voces críticas comienza a perder una parte esencial de su naturaleza.

Porque una universidad debe enseñar pensamiento crítico, no solamente transmitir conocimientos. Y sería contradictorio enseñar a los estudiantes a cuestionar mientras dentro de la propia institución se desalienta el cuestionamiento.

Lealtad personal no es compromiso institucional

Existe una diferencia fundamental entre lealtad personal y compromiso institucional. El compromiso institucional consiste en defender la universidad, sus principios, sus estudiantes, sus funcionarios y el interés público. La lealtad personal consiste en respaldar a determinadas personas. Cuando ambos conceptos se confunden, aparece un riesgo.

Una universidad pública no debería necesitar personas leales a individuos. Debería necesitar personas leales a la institución, a la legalidad, al conocimiento y al interés público. La verdadera lealtad universitaria no debería preguntarse:

«¿A quién debo apoyar?» Sino: «¿Qué es lo mejor para la institución?»

La autoridad también debe poder ser cuestionada

Una universidad necesita autoridad. Pero ninguna autoridad debería considerarse infalible. La verdadera fortaleza institucional aparece cuando alguien puede decir:

«Esta decisión puede estar equivocada».

Y cuando la institución puede responder: «Vamos a revisarla». Eso es institucionalidad. Una universidad saludable no teme la discrepancia. La utiliza para mejorar.

El problema comienza cuando la crítica se interpreta automáticamente como deslealtad, enemistad o ataque. La discrepancia profesional no debería ser castigada. Debería ser escuchada.

La universidad pública pertenece a la sociedad

Las universidades públicas son patrimonio de Costa Rica. Sus recursos, infraestructura, legitimidad y misión tienen una dimensión pública. Por eso, defender la universidad pública no significa defender automáticamente a quienes la administran.

A veces, defenderla significa precisamente exigirle más.

  • Más transparencia.

  • Más mérito.

  • Más eficiencia.

  • Más rendición de cuentas.

  • Más responsabilidad.

  • Más respeto por la legalidad.

  • Más apertura al debate.

La universidad pública no debería ser patrimonio de grupos, personas o administraciones. Debe estar al servicio de la sociedad.

La solución no es cambiar nombres: es mejorar las reglas

Si una institución presenta problemas de gobierno, la solución no debería consistir únicamente en sustituir personas. Porque mañana pueden llegar otras y reproducir exactamente las mismas dinámicas. La verdadera solución está en fortalecer las instituciones.

Necesitamos:

  • procesos transparentes para acceder a cargos de responsabilidad;

  • criterios objetivos de selección;

  • evaluación del desempeño;

  • rendición de cuentas;

  • transparencia en los nombramientos;

  • independencia de criterio;

  • respeto a la libertad académica;

  • mecanismos eficaces de revisión;

  • órganos de control efectivos;

  • protección para quienes planteen cuestionamientos de buena fe;

  • y una verdadera cultura institucional del mérito.

La excelencia no puede depender de quién ocupa un despacho. Debe estar incorporada al sistema.

La pregunta que deberíamos hacernos

La pregunta fundamental para nuestras universidades públicas no debería ser únicamente:

¿Quién manda? Deberíamos preguntar: ¿Cómo llegó a ese cargo? ¿Con qué criterios fue seleccionado? ¿Cómo se evalúa su desempeño?

Y, sobre todo: ¿Qué sucede cuando alguien demuestra que una decisión puede estar equivocada?

Si la institución escucha, analiza, investiga y corrige, existe salud institucional. Si la respuesta sistemática fuera silenciar, marginar o desestimular la discrepancia, tendríamos un problema que merecería ser examinado. No necesariamente porque exista corrupción. No necesariamente porque exista mala fe.

Sino porque una institución que pierde la capacidad de reconocer sus errores y corregirlos comienza a debilitarse.

Kakistocracia: una advertencia, no una sentencia

Debemos ser cuidadosos con esta palabra. No corresponde utilizar «kakistocracia» como una etiqueta para descalificar personas o instituciones sin evidencia. Su verdadero valor está en utilizarla como una herramienta de análisis y una alerta democrática.

Nos obliga a preguntarnos si nuestros sistemas están seleccionando y promoviendo a quienes poseen las mejores capacidades, preparación, independencia de criterio y compromiso con el interés público.

Porque una democracia no solamente necesita buenos gobernantes. Necesita buenas instituciones. Y una universidad pública no solamente necesita excelentes profesores. Necesita excelentes sistemas para seleccionar, administrar, evaluar, corregir y rendir cuentas.

El verdadero examen

La verdadera prueba de una universidad no está en que nunca se equivoque. Eso sería imposible. La verdadera prueba está en qué hace cuando se equivoca.

¿Escucha? ¿Investiga? ¿Corrige? ¿Acepta la crítica? ¿Protege al que plantea una preocupación legítima? ¿Reconoce que ninguna autoridad es infalible?

Una universidad que responde afirmativamente a estas preguntas demuestra fortaleza. Porque el verdadero peligro no es que alguna vez se tome una mala decisión.

El verdadero peligro comienza cuando una institución pierde la capacidad de reconocerla, cuestionarla y corregirla.

Es ahí donde la palabra kakistocracia deja de ser solamente un concepto político. Se convierte en una advertencia sobre la calidad del gobierno de nuestras instituciones. Y quizá la pregunta más importante que Costa Rica debería hacerse respecto de sus universidades públicas sea esta:

¿Estamos formando profesionales para transformar el país mientras construimos, dentro de nuestras propias universidades, instituciones capaces de transformarse a sí mismas? Entendiendo como autotransformarse mediante un proceso continuo de sana crítica, concertación, diálogo, espacios abiertos, evaluaciones y escucha, entre otros.

Si la respuesta es sí, el futuro es prometedor.

Si la respuesta es no, la discusión apenas comienza.

Los amortiguadores de la República

Escrito en . Publicado en Análisis.

Roger Ríos Duarte

Costa Rica construyó, quizá sin proponérselo del todo, uno de los entramados de amortiguadores más densos de América Latina. Un Poder Judicial que, dentro de sí, alberga una policía de investigación —el OIJ— deliberadamente separada del Ejecutivo, para que quien investiga el delito no dependa de quien gobierna. Una Sala Constitucional capaz de anular los actos del poder. Un Tribunal Supremo de Elecciones tan autónomo que se ganó el apodo de cuarto poder. Una Contraloría que vigila el gasto público. Universidades con autonomía constitucional, encargadas de pensar el país sin pedir permiso. La Caja, la Defensoría, la prensa independiente, las municipalidades. No son adornos institucionales: son los diques que han hecho de Costa Rica una excepción en la región.

Tienen un nombre antiguo: los cuerpos intermedios. Montesquieu los llamó pouvoirs intermédiaires, los poderes interpuestos entre el soberano y el súbdito, que impiden que el poder fluya sin diques desde el centro. Tocqueville, un siglo después, vio en ellos el secreto mismo de la libertad: las asociaciones, los tribunales independientes, la prensa, los gobiernos locales, las universidades. Son, a la vez, un freno y un refugio. Frenan al poder porque lo obligan a rendir cuentas; y le dan al ciudadano común un punto de apoyo para no quedar solo, inerme, frente a la maquinaria del Estado. Una democracia sin cuerpos intermedios no es una democracia más ágil: es un individuo aislado frente a un poder sin contrapeso.

Esos diques están siendo erosionados, y hay que decirlo con nombres. El Ministerio de Hacienda —hoy en manos del mismo Rodrigo Chaves, que además concentra la cartera de la Presidencia en un arreglo sin precedentes en nuestra historia— se ha negado a girar más de ₡8.600 millones que la Asamblea ya había aprobado para reforzar al OIJ y al Ministerio Público, mientras engrosaba la Fuerza Pública que responde al Ejecutivo. El oficialismo mantiene bloqueado, ronda tras ronda, el nombramiento de los magistrados suplentes que la Sala Constitucional necesita para operar. Y sobre las universidades públicas pende, año con año, la amenaza del recorte y el discurso que las pinta como privilegio y no como patrimonio. El patrón es reconocible: no se abolen las instituciones autónomas —eso sería escandaloso—, se las asfixia, se las bloquea, se las desprestigia. Se las vacía por dentro, con formas legales y en nombre del pueblo.

Hay una escena que lo resume. El 14 de mayo de 2025, en Casa Presidencial, el entonces presidente Chaves comparó en voz alta los cerca de 17.000 efectivos de la Fuerza Pública con los cerca de 1.000 agentes del OIJ. La comparación fue tan cargada que un diputado le preguntó si imaginaba a ambas policías dándose de balazos, y un periodista le consultó sin rodeos si aquello no era un llamado solapado a un golpe de Estado. El presidente esquivó la pregunta. Pero el mensaje implícito ya estaba dicho, y era el más primitivo de todos: nosotros somos más.

La pregunta no es quién tiene más fuerza; esa la responde cualquier autócrata. La pregunta, la que funda toda democracia, es cómo se logra que la fuerza se transforme en autoridad legítima y no en mera dominación. Weber lo vio con claridad: el poder desnudo, el que solo cuenta cabezas y fusiles, es preinstitucional; la civilización política empieza cuando ese poder acepta límites que no puede fijar él mismo. Tocqueville, por su parte, advirtió sobre dos tiranías, no una. La del poder central que absorbe a los cuerpos intermedios hasta dejar al ciudadano a solas con el Estado. Y la tiranía de la mayoría: aquella en la que un gobierno que invoca al pueblo y se sabe más numeroso atropella los límites que protegen a las minorías y a las instituciones. Lo inquietante de nuestro momento es que las dos operan juntas, y que la segunda se anunció con todas sus letras aquel 14 de mayo. «Somos más» no es un dato: es un programa.

Nada de esto niega que algunas de estas instituciones tengan defectos reales: un Poder Judicial con permanencias de décadas, procesos lentos, opacidades que irritan con razón. Pero hay una diferencia decisiva entre reformar un contrapeso y demolerlo. A un tribunal enquistado se lo renueva con reglas transparentes; no se lo deja sin presupuesto. A una universidad se le exige rendir cuentas; no se la ahoga. Quien confunde deliberadamente las dos cosas —reforma y demolición— no busca mejores instituciones: busca instituciones más dóciles.

Por eso hay que decirlo ahora, y no después. Los amortiguadores de la República no son obstáculos para gobernar: son la garantía de que, el día en que a cualquiera de nosotros le toque enfrentar el poder, no estará solo. Se los defiende cuando todavía están en pie, no cuando ya hicieron falta. Protegerlos no es asunto de tal o cual gobierno: es la condición para que siga habiendo democracia cuando los gobiernos cambien.

El peligro de la ignorancia

Escrito en . Publicado en Educación.

Dr. Oscar Aguilar Bulgarelli

Es bien sabido que la ignorancia es atrevida, pero si la misma es lo que ocupa el espacio del cerebro en una persona es peligroso, y si el individuo de marras, además, tiene poder el peligro puede ser catastrófico. Pues esta semana he tenido motivos suficientes para que, como simple ciudadano mortal, sienta pavor por este mi querido país.

Escuché a don Nogui Acosta, con su decena de procesos pendientes en la Fiscalía a cuestas y bien resguardado en la red de cuido oficial a través de su inmunidad como diputado, decir que la Asamblea Legislativa no debían discutir y hablar y votar, al referirse a opiniones de los diputados de oposición que, a pesar de su dicho, han votado responsablemente a favor de proyectos importantes como el tren eléctrico, por ejemplo. El problema de estas mentalidades fascistas de nuevo cuño que nos gobiernan es que, además de ignorantes, desean ejercer la dictadura del silencio y olvidar que una curul en el parlamento, no es un yugo atado al pescuezo de un buey para que simplemente siga el camino que le indica su amo con el chuzo de la obediencia. No, en una democracia y todavía lo somos o pretendemos seguir siéndolo, en la Asamblea Legislativa como poder parlamentario, se discute, se habla, se intercambia ideas y se pretende que haya consenso y no imposición, por eso Don Nogui, se llama parlamento. Pero, además, y aunque no le guste a sus jefes del ejecutivo, que parece eso son para la fracción oficial, es una obligación constitucional, política y ciudadana para los partidos de oposición, establecer la sana vigilancia a través del control político, que no es un «ratico» den el Plenario, sino una actitud y acción permanente. Pero, en fin, son las cositas que nos pasan, cuando se envía a la Asamblea Legislativa a los que creen que hacer evidente su ignorancia supina, es su deber.

Por otro lado, también don Nogui dio una declaraciones al periódico Universidad, que, si uno las lee con sentido del humor y las interpreta como un libro de chistes, pues si, dan ganas de reír; pero como no es así, sino que lo dicho para Don Nogui fue en serio, entonces dan ganas de llorar al pensar en manos de quien ha caído este país. Además de poner en evidencia que sobre educación pública y en especial la universitaria no tiene la menos idea, don Nogui tiende el poder suficiente para hacerlas trizas junto con el bicéfalo y todopoderoso ministro Chaves. Cree que las universidades son simplemente fábricas artesanales de títulos y de trabajadores para las empresas privadas y que la investigación y la extensión no deben existir. Ignora por lo tanto los inmensos aportes que dan todos los días los centros de educación superior a la sociedad, más allá de su labor fundamental de preparación profesional a sus estudiantes.

En esa entrevista, don Nogui dijo muchas incongruencias y como leal seguidor del populismo fascista que nos caracteriza, fue incoherente y se valió de la posverdad en más de una oportunidad. Dos ejemplos, señaló que las universidades debían tener «mayor productividad que significa mayor pertinencia, mayor incorporación entre las necesidades…los graduados no tienen las habilidades para encontrar trabajo…» FALSOOOOO don Nogui, ya sabemos que usted y el ministro bicéfalo creen que los datos de las universidades al discutir el FEES son «listas de supermercado», por ciento muy propio de su mentalidad de pulpero o bartender en Tamarindo, porque si los estudiaran se darían cuenta la altísima empleabilidad que tienen los graduados de nuestras universidades, ubicadas dicho sea de paso, entre las mejores de Latinoamérica y el mundo. Y para terminar dijo esta frase lacerante: la periodista María José Núñez le indicó que las universidades generan conocimientos y aportes a la sociedad, y respondió el diputado Acosta: «Las universidades, por favor, dígame cuánto le damos a las universidades… cuántos estudiantes bilingües saca la universidad… ¡por lo menos deberíamos decir que todos los estudiantes que salen de la UCR debían ser bilingües!!!»

Con semejante criterio valorativo de la labor universitaria, qué importan entonces las investigaciones médicas, agrícolas, técnicas y, aunque a don Nogui le den escalofríos, humanistas. Así se comprende la persecución despiadada a la inteligencia, al final lo único que les importa es la lengua…que hablen y, al graduarse no entregarán un título, sino grilletes.

SiUNED: Carta abierta al Consejo Universitario, la Rectoría y la Comunidad Universitaria sobre el FEES y la rendición de cuentas institucional

Escrito en . Publicado en Educación.

Considerando:

1- Que la lucha por el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) constituye un proceso estructural y prolongado, cuya resolución no será inmediata, sino que se proyecta en el mediano y largo plazo, en un contexto de restricciones fiscales y decisiones políticas que afectan el financiamiento de la educación pública.

2- Que existe una necesidad urgente de generar conciencia, organización y movilización en la comunidad universitaria —personas funcionarias, académicas y estudiantes— frente al debilitamiento progresivo del financiamiento público de la educación superior.

3- Que el Consejo Universitario, como máximo órgano de dirección política de la UNED, debe asumir un rol activo de liderazgo en la defensa de la universidad pública, su autonomía, su financiamiento y su compromiso social con el país.

4- Que otras universidades públicas han iniciado procesos de reflexión crítica y movilización académica, utilizando los espacios universitarios como escenarios de debate, formación política y construcción de posicionamientos frente al FEES.

Por tanto, solicitamos al Consejo Universitario:

1- Asumir públicamente una posición firme, clara y protagónica en defensa del financiamiento de la educación superior pública y de la autonomía universitaria, frente a los escenarios presupuestarios restrictivos planteados por el gobierno.

2- Acoger y adaptar, en el contexto de la UNED, iniciativas impulsadas por otras universidades públicas, mediante el desarrollo de acciones permanentes de discusión, reflexión y movilización, mediante un paro activo, en todos los ámbitos institucionales.

3- Declarar el período comprendido entre mayo y agosto como una etapa institucional de análisis crítico, formación política y articulación universitaria en torno al FEES, que permita:

a- Informar a la comunidad universitaria sobre el contexto y escenarios.

b- Generar espacios de debate académico, foros y asambleas informativas virtuales y presenciales en todos los territorios.

c- Fortalecer la conciencia colectiva sobre la defensa de la educación pública.

4- Instruir a las distintas instancias académicas, administrativas y estudiantiles para que promuevan activamente estos espacios, para integrarlo a la vida universitaria de forma continua y sistemática, por ejemplo, mediante la incorporación de información en los entornos estudiantiles, espacios de atención académica, actividades académicas, insumos de imagen institucional, etc.

5- Convocar a la comunidad universitaria a participar de manera activa y consciente en este proceso, entendiendo que la defensa de la universidad pública es una responsabilidad colectiva.

La coyuntura actual exige claridad política, compromiso institucional y capacidad de conducción. Dejar de actuar en este momento implicaría ceder espacios estratégicos en la defensa de la educación superior pública.

El Consejo Universitario y el Rector, quien lo preside, están llamados a ejercer un liderazgo activo, articulador y comprometido con la historia, la misión y el futuro de la UNED.

Junto a todo lo anterior, seguimos esperando la convocatoria a una espacio público y de diálogo, para conocer la realidad financiera de la institución, tal y como lo anunciaron el 26 de marzo en la sesión abierta del Consejo Universitario en el Paraninfo de la UNED, solicitud hecha en reiteradas ocasiones por el Sindicato SIUNED, ante las preocupaciones de la comunidad universitaria.

También hacemos un llamado a la Rectoría a establecer un espacio de diálogo en donde se dé a conocer a la comunidad universitaria la estrategia y criterios que lleva la UNED a la Comisión de Enlace que negocia el FEES y su relación con la defensa del financiamiento de la educación superior y de los intereses institucionales. Consideramos necesario que cualquier acuerdo sobre el FEES sea consultado con la comunidad universitaria.

¡La defensa del FEES no es un hecho coyuntural: es una lucha estructural por el derecho a la educación pública!

¡Es necesario que la comunidad universitaria se prepare de forma unitaria y clara!

Paro activo en la UNA busca fortalecer discusión sobre el FEES

Escrito en . Publicado en Educación.

La Universidad Nacional convocó a un paro activo que permitirá abrir espacios de reflexión y análisis sobre el FEES 2027, sin suspender las clases ni las labores académicas y administrativas de la institución.

La Universidad Nacional (UNA) convocó a un paro activo del 6 al 15 de mayo con el fin de abrir espacios de reflexión, información y análisis sobre la negociación del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) 2027 y el contexto actual de la educación superior pública en el país. La medida implica un cambio temporal de actividades institucionales para facilitar la participación de estudiantes y personal universitario en distintas actividades organizadas por la Rectoría y la Rectoría Adjunta.

La convocatoria surge en medio de la discusión nacional sobre el financiamiento universitario y luego de que el Poder Ejecutivo presentara ante la Comisión de Enlace una propuesta de crecimiento del 0% para el FEES 2027. Según la Rectoría, este escenario requiere que la comunidad universitaria cuente con espacios para comprender el proceso, analizar sus implicaciones y participar de manera informada.

Durante esos días se desarrollarán actividades sobre temas como los orígenes y retos del FEES, el análisis de la propuesta presentada por el Consejo Nacional de Rectores (CONARE), y la autonomía universitaria ante el contexto político nacional.

La Rectoría solicitó a decanaturas, direcciones y jefaturas facilitar la participación en las actividades mediante ajustes en procesos académicos y administrativos cuando sea necesario. Jorge Herrera Murillo, rector de la UNA, destacó que este llamado busca fortalecer la participación y el análisis colectivo dentro de la institución.

“Este paro activo no significa detener la Universidad, sino abrir espacios para que la comunidad universitaria pueda informarse, reflexionar y comprender lo que está en discusión alrededor del financiamiento de la educación superior pública. El FEES tiene un impacto directo en las oportunidades de acceso, permanencia, investigación, acción sustantiva y desarrollo regional que las universidades públicas brindan al país”, indicó Herrera.

La convocatoria también establece que las actividades deberán desarrollarse bajo principios de respeto institucional, pluralidad, autonomía universitaria y formación crítica.

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

UCR declara paro activo hasta julio ante incertidumbre por financiamiento universitario

Escrito en . Publicado en Educación.

La Rectoría de la Universidad de Costa Rica (UCR) anunció la implementación de un período institucional extraordinario denominado “paro activo”, que se extenderá del 11 de mayo al 4 de julio de 2026, como respuesta a la situación generada tras la imposibilidad de finalizar las negociaciones del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) 2027 entre el Gobierno y las universidades públicas.

Según la resolución R-298-2026, la medida busca propiciar espacios de reflexión, análisis crítico y participación informada de la comunidad universitaria frente a los posibles efectos que tendría una redistribución de los recursos históricos del FEES, la cual podría afectar el funcionamiento de la UCR y el desarrollo de sus funciones sustantivas.

La Rectoría aclara que el “paro activo” no implica suspensión de labores ni constituye una huelga, sino una modalidad organizativa excepcional amparada en la autonomía universitaria. Asimismo, se enfatiza que deberán mantenerse la continuidad de la docencia, la investigación, la acción social y los servicios institucionales.

Durante este período, las unidades académicas y administrativas podrán incorporar foros, clases públicas, asambleas informativas y otras actividades relacionadas con el debate sobre la educación superior pública y el financiamiento universitario.

La resolución también subraya que la participación en las actividades será voluntaria para estudiantes y personas funcionarias, y que deberán respetarse tanto la libertad individual como el normal funcionamiento institucional.

El rector Carlos Araya Leandro fundamenta la medida en la autonomía universitaria reconocida por el artículo 84 de la Constitución Política, así como en la necesidad de defender el financiamiento de la educación superior pública como condición indispensable para el desarrollo social, científico y cultural del país.

Movimiento estudiantil de la UNA exige cuentas al gobierno, al CONARE y a las comunidades universitarias

Escrito en . Publicado en Educación.

En el marco del V Congreso Universitario, los estudiantes de la Universidad Nacional (UNA) dieron a conocer un manifiesto, que fue aprobado por la Asamblea Universitaria. En el escrito, recuerdan el papel de las universidades públicas de Costa Rica, lo que representan para las familias y comunidades del país, denuncian la violencia estructural de la que son objeto, las implicaciones de su desfinanciamiento e invocan al diálogo. El documento presenta una petitoria de nuevo puntos.

Se reproduce textualmente el manifiesto.

Manifiesto del movimiento estudiantil (FEUNA) en el V Congreso de la Universidad Nacional

Universidades públicas: raíz, memoria viva y lucha por el presente y el futuro de Costa Rica

“VIOLAR LA LEY DEL IMPERIO ES DEFENDER LOS DERECHOS DEL PUEBLO”

Reunidos en el Centro Universitario Emilia Prieto Tugores, de la Universidad Nacional, Heredia, el 24 de abril, 2026, las personas estudiantes señalamos que el V Congreso evidencia la fortaleza de la universidad pública costarricense, basada en el diálogo y la construcción de conocimiento, en colaboración con la sociedad y el estado, que procura contribuir a la atención de las demandas de los sectores y comunidades vulnerabilizadas por el sistema económico, social, político y cultural vigente. En consecuencia, sometimos al apoyo de las y los congresistas el presente pronunciamiento con el beneplácito mayoritario que hacemos de conocimiento público.

Las universidades públicas de Costa Rica no son cifras aisladas ni instituciones desconectadas entre sí; constituyen, en conjunto, una red viva que expresa una identidad compartida como país. Desde la Universidad Nacional, la Universidad de Costa Rica, el Instituto Tecnológico de Costa Rica, la Universidad Estatal a Distancia y la Universidad Técnica Nacional no solo se forman profesionales, se forma ciudadanía. En nuestras aulas convergen personas provenientes de distintos territorios, realidades y contextos, que aprenden no solo contenidos académicos, sino también a convivir, debatir y construir colectivamente. Esa experiencia compartida va tejiendo un profundo sentido de pertenencia que trasciende lo individual y que fortalece un proyecto común de país.

En nuestras aulas, cada estudiante que accede a la educación superior pública encarna una historia colectiva: la de familias que depositan esperanza, comunidades que proyectan desarrollo y territorios que encuentran en la universidad una presencia transformadora. La universidad pública representa, para muchas personas, la posibilidad real de movilidad social, de romper ciclos de exclusión y de generar nuevas oportunidades donde antes no las había. Lo que una persona aprende en la universidad no permanece únicamente en el aula, se comparte, se multiplica y se traduce en desarrollo local, liderazgo comunitario y mejores condiciones de vida.

Esta identidad común se sostiene, además, en una convicción histórica: el conocimiento es un bien público y un derecho, no un privilegio. Por eso, el impacto de las universidades públicas no se mide únicamente en indicadores, sino en las trayectorias de vida que logran transformar. Cada beca otorgada, cada sede regional fortalecida y cada proyecto de investigación vinculado con la realidad nacional representan una apuesta concreta por un país más equitativo, más cohesionado y con mayor capacidad de construir su propio futuro.

En ese esfuerzo por democratizar el acceso al conocimiento, la Universidad Nacional ha desarrollado históricamente un compromiso particular con la regionalización, entendida no solo como presencia territorial, sino como una apuesta ética por la equidad. A través de sus sedes regionales, sus carreras itinerantes y un sistema de admisión que reconoce las desigualdades estructurales del país, la universidad ha impulsado mecanismos que permiten discriminar positivamente en favor de quienes provienen de contextos con mayores barreras de acceso. Este modelo no responde únicamente a criterios académicos, sino a una comprensión profunda de las brechas históricas entre el centro y las regiones, y al deber institucional de generar oportunidades reales donde más se necesitan.

Hoy, más que nunca, en un mundo atravesado por guerras, autoritarismos y múltiples formas de violencia estructural que generan crisis complejas en la geopolítica global, las universidades tienen la obligación ética y social de sostener y defender los valores democráticos, el pensamiento crítico y el bien común. Esto implica asumir con claridad la responsabilidad que nos corresponde como espacios de reflexión, de producción de conocimiento y de formación de una ciudadanía comprometida con la justicia social.

Las universidades no pueden limitarse únicamente a transmitir saberes técnicos o profesionales; deben ser también territorios de debate, de cuestionamiento y de construcción colectiva de alternativas frente a los desafíos de nuestro tiempo. En ellas se cultiva la capacidad de pensar críticamente el mundo, de imaginar otros futuros posibles y de formar personas con sensibilidad social, capaces de intervenir de manera responsable en la vida pública.

En este contexto, la amenaza de un presupuesto de crecimiento cero no es una cifra abstracta: tiene rostro humano. Es el de las personas estudiantes de zonas rurales, de territorios costeros, de comunidades históricamente excluidas, que ven en la universidad pública una posibilidad real de transformación. Un 0% no impacta únicamente en estructuras institucionales; impacta directamente en trayectorias de vida, en oportunidades que se reducen y en brechas que se profundizan.

Reconocemos, además, que la universidad pública no es una institución perfecta. Se encuentra en un proceso constante de revisión, adaptación y mejora frente a las nuevas realidades y desafíos del país. Como comunidad, asumimos la responsabilidad de cuestionar nuestras propias estructuras, de identificar nuestras limitaciones y de trabajar activamente para garantizar una formación cada vez más pertinente, inclusiva y de excelencia.

Un pueblo sin educación es un pueblo sin futuro. Por ello, quienes habitamos la universidad tenemos la responsabilidad histórica de contribuir activamente a la construcción de ese futuro. Defender la educación pública no es únicamente proteger una institución, es resguardar una de las herramientas más poderosas para la igualdad, la movilidad social y el desarrollo humano.

Hoy, más que nunca, las universidades deben asumir su papel como actores fundamentales en la sostenibilidad de una sociedad viable, digna y profundamente humana. Esto significa fortalecer los vínculos con las comunidades, dialogar con las distintas fuerzas sociales y colocar el conocimiento al servicio del bienestar colectivo, de la democracia y de la vida en común.

PETITORIA

En consecuencia, como comunidad estudiantil universitaria, exigimos al gobierno, al CONARE y a las comunidades universitarias en lo que corresponda:

  1. Garantizar un financiamiento digno y sostenido para la educación superior pública, en cumplimiento del marco constitucional.
  2. Reconocer la educación como eje estratégico para la movilidad social, la equidad territorial y el desarrollo nacional.
  3. Fortalecer las sedes regionales y los programas que amplían el acceso a poblaciones históricamente excluidas.
  4. Reafirmar el papel de la cultura como componente esencial en los procesos educativos y en la construcción de ciudadanía crítica.
  5. Defender el carácter público del conocimiento frente a lógicas que buscan reducirlo a un bien de mercado.
  6. Incremento anual real atado al costo de la vida, la inflación y el crecimiento del PIB, con un piso mínimo de crecimiento nominal que impida cualquier deterioro en el poder adquisitivo universitario.
  7. Volver a las negociaciones quinquenales, garantizado por un mínimo de cinco años, que asegure la ampliación de sedes regionales, el fortalecimiento del régimen de becas, el mantenimiento de infraestructura y la continuidad de proyectos de investigación y extensión universitaria.
  8. Cláusula de revisión y compensación automática si los recursos aprobados no se transfieren en tiempo y esto provocara la imposibilidad de su ejecución, por decisiones unilaterales del Poder Ejecutivo.
  9. Garantizar la participación vinculante y efectiva de las representaciones estudiantiles en los espacios de toma de decisión, particularmente en la mesa de negociación de la Comisión de Enlace y en la Comisión de Asuntos Hacendarios, reconociendo su legitimidad como actor clave en la defensa, definición y fiscalización del financiamiento de la educación pública.

Porque cuando una estudiante cruza la puerta de una universidad pública, no lo hace sola. Entra con ella su historia, su familia, su comunidad y, en muchos sentidos, el país entero. Y en ese acto, aparentemente individual, se juega también el destino colectivo de Costa Rica.

Heredia, Centro Universitario Emilia Prieto Tugores, UNA: 24 de abril de 2026

Estudiante Myriam Jara Watson
Vicepresidenta del Directorio
V Congreso Universitario de la Universidad Nacional

Organizaciones socioambientales respaldan al movimiento estudiantil de la UCR

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Comunicado
Costa Rica, 23 de abril de 2026

Las organizaciones socioambientales firmantes manifestamos nuestro respaldo firme a las y los estudiantes de la Universidad de Costa Rica (UCR), quienes hoy se encuentran en primera línea en la defensa de la educación pública, la autonomía universitaria y los principios democráticos que sostienen nuestro Estado Social de Derecho.

Hoy, las y los estudiantes de la UCR no solo defienden su universidad, defienden a Costa Rica y su historia. En un contexto marcado por la ruptura del diálogo en torno al financiamiento de la educación superior pública (FEES), el debilitamiento de los espacios institucionales de negociación y una creciente conflictividad social, su movilización constituye una respuesta legítima frente a decisiones que afectan directamente su derecho a la educación pública de calidad.

Desde los colectivos socioambientales, reivindicamos el derecho legítimo a la protesta social, el cual encuentra sustento directo en la Constitución Política de Costa Rica, particularmente en el artículo 26 (derecho de reunión) y el artículo 29 (libertad de expresión). Estos derechos han sido reiteradamente protegidos por la jurisprudencia de la Sala Constitucional de Costa Rica, que ha reconocido la protesta como una manifestación esencial de participación democrática y control ciudadano.

En ese marco, las acciones de protesta estudiantil, incluida la ocupación de espacios institucionales como mecanismo de presión, deben ser comprendidas en su contexto y no tratadas como actos aislados. La realidad es que son expresiones de una acumulación de tensiones legítimas frente a decisiones que comprometen el financiamiento público, y el acceso a la educación.

En este contexto, resulta insostenible omitir el profundo cuestionamiento que recae sobre la actual rectoría de la Universidad de Costa Rica. La gestión del rector Carlos Araya Leandro atraviesa una crisis de legitimidad sin precedentes recientes, marcada por decisiones altamente controvertidas en el marco de la negociación del FEES, tensiones internas acumuladas y crecientes señalamientos sobre el manejo institucional. Esta situación ha erosionado gravemente la confianza de amplios sectores de la comunidad universitaria y ha comprometido la capacidad de conducción en un momento crítico para la educación pública.

Frente a este escenario, la exigencia de renuncia planteada por el movimiento estudiantil no solo es comprensible, sino que se inscribe dentro de un ejercicio legítimo de control democrático y responsabilidad política. Sostener una autoridad sin respaldo social suficiente, en medio de una crisis abierta, profundiza el conflicto y debilita aún más la institucionalidad universitaria. La responsabilidad política no puede ser eludida.

Por ello, manifestamos:

  1. Exigimos el respeto absoluto a la integridad física, psicológica y emocional de las y los estudiantes movilizados.

  2. Demandamos garantías claras, inmediatas y verificables de no represión, incluyendo el cese de cualquier forma de represalia contra las personas integrantes del movimiento estudiantil.

  3. Respaldamos la exigencia de instalación de una mesa formal de diálogo, con participación efectiva y vinculante de representantes estudiantiles, como condición mínima para una salida democrática al conflicto.

  4. Rechazamos cualquier intento de criminalización, estigmatización o deslegitimación de la protesta estudiantil, prácticas incompatibles con un Estado democrático de derecho.

  5. Reiteramos que la exigencia de renuncia del rector, planteada por el movimiento estudiantil, constituye una expresión legítima en el marco de la actual crisis de gobernabilidad universitaria.

Advertimos que cualquier actuación que vulnere estos derechos fundamentales no solo implicaría responsabilidad jurídica, sino que profundizaría la crisis institucional que hoy atraviesa el país. Las luchas socioambientales han demostrado históricamente que la movilización social ha sido determinante para la defensa de los bienes comunes, los territorios y los derechos colectivos. En esa misma línea, reconocemos en el movimiento estudiantil un actor clave en la defensa del interés público y en la construcción de un país más justo. La protesta es un derecho, no un delito.

La UCR sale a las calles en defensa del FEES: comunidad universitaria convoca a marchar unida este 24 de abril

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La Universidad de Costa Rica (UCR) vivirá este viernes 24 de abril una jornada de movilización convocada por sectores estudiantiles y respaldada por autoridades universitarias, en defensa del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) y de la universidad pública. La cita será a las 9:00 a.m. en El Pretil, desde donde se realizará un recorrido simbólico por la milla universitaria bajo un llamado a la unidad institucional y la participación pacífica.

La Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica (FEUCR) difundió la consigna “Marchemos con las bandas”, invitando a que el movimiento estudiantil se haga escuchar en defensa del FEES. El mensaje señala que resguardar ese fondo es también defender la educación pública, las oportunidades para las nuevas generaciones y el futuro de la UCR.

“¡Que suenen las bandas! ¡Que se escuche el movimiento estudiantil! ¡Que la UCR salga a las calles!”, expresa una de las convocatorias compartidas por la organización estudiantil.

Llamado del Vicerrector de Docencia

El Vicerrector de Docencia, M.Sc. Jáirol Núñez Moya, dirigió un mensaje a la comunidad docente señalando que la defensa de la Universidad constituye una de las lecciones más profundas que hoy pueden transmitirse a la sociedad.

En su pronunciamiento pidió facilitar condiciones para que personal académico y equipos de trabajo puedan participar e invitar también al estudiantado. Añadió que salir a las calles en esta coyuntura es también una forma de hacer docencia de cara al país.

Asimismo, recordó que la movilización coincide con el 24 de abril, fecha vinculada a luchas sociales históricas en Costa Rica, así como con el Día de la Persona Funcionaria Universitaria.

Consejo Académico de Áreas llama a la unidad

Por su parte, el Consejo Académico de Áreas, integrado por decanaturas, la Dirección de la Escuela de Estudios Generales y representación de sedes regionales, advirtió que la sostenibilidad institucional está en juego y que solo una universidad unida podrá defender el presupuesto y, con él, la educación superior pública.

El pronunciamiento, firmado por el Dr. José Antonio Blanco Villalobos, coordinador de ese órgano, insiste en la necesidad de diálogo, mediación y articulación entre todos los sectores universitarios para enfrentar la coyuntura.

Defensa del modelo universitario público

La movilización ocurre en medio del debate nacional sobre el financiamiento de las universidades públicas. Para los sectores convocantes, el FEES no representa únicamente una partida presupuestaria, sino la posibilidad de sostener investigación, regionalización, becas estudiantiles, acción social y acceso a educación superior de calidad.

La jornada del 24 de abril busca proyectar una imagen de cohesión institucional y recordar el papel histórico de la universidad pública como motor de movilidad social, pensamiento crítico y desarrollo nacional.

FESITRAES rechaza propuesta de 0% para el FEES 2027 y llama a movilización nacional

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La Federación de Sindicatos de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Superior (FESITRAES) advirtió, en un pronunciamiento titulado “En defensa del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES)”, que la propuesta del Gobierno de fijar en 0% el incremento del FEES para 2027 constituye un congelamiento presupuestario con efectos reales de recorte. La organización sostiene que esta medida compromete el funcionamiento de las universidades públicas, las becas estudiantiles, la regionalización, la investigación y las condiciones laborales del sector universitario.

El documento señala que no se trata de una discusión meramente técnica, sino de una decisión política que debilita uno de los pilares del desarrollo social y económico del país. Según FESITRAES, mantener sin crecimiento el FEES en un contexto de aumento de costos y mayor demanda estudiantil implica retrocesos para el acceso a la educación superior pública, especialmente para sectores históricamente excluidos.

Cuestionamiento al argumento de la “inflación negativa”

La federación rechaza la justificación oficial basada en una supuesta “inflación negativa”, al considerar que se trata de un pretexto para encubrir un recorte presupuestario. El pronunciamiento recuerda que gastos esenciales como infraestructura, servicios, tecnología, investigación, salarios y becas no disminuyen automáticamente, por lo que un 0% nominal no representa una mejora real para las universidades.

Defensa de la autonomía universitaria

Otro de los ejes del documento es la denuncia de intentos por condicionar el financiamiento universitario mediante criterios externos como empleabilidad, áreas prioritarias o indicadores definidos fuera del sistema universitario. FESITRAES afirma que esto abre la puerta al control político de las universidades públicas y vulnera su autonomía. En ese sentido, insiste en que el financiamiento de la educación superior pública es una obligación constitucional del Estado y no una concesión sujeta a condicionamientos discrecionales.

Críticas a CONARE y llamado a una estrategia distinta

La organización también cuestiona la estrategia seguida por el Consejo Nacional de Rectores (CONARE), al considerar insuficiente confiar exclusivamente en la negociación técnica o en la vía judicial. A juicio de FESITRAES, los antecedentes recientes muestran incumplimientos gubernamentales y limitaciones en esas rutas, por lo que se requiere liderazgo político, articulación social y una respuesta más firme y unitaria.

Propuesta de Frente Universitario de Lucha

Ante este escenario, la federación convoca a estudiantes, personas trabajadoras universitarias, movimientos sociales y comunidades a organizar un Frente Universitario de Lucha en Defensa de la Educación Pública, capaz de enfrentar no solo la negociación del FEES 2027, sino una política sostenida de debilitamiento de la educación pública en todos sus niveles. Además, plantea impulsar una gran movilización nacional en defensa del FEES.

“El FEES no se negocia a la baja”

En el cierre del documento, FESITRAES sostiene que aceptar la propuesta del 0% significaría validar una política de retroceso y abrir la puerta a recortes mayores en el futuro. Por ello, llama a la unidad, la organización y la lucha en defensa de la universidad pública, afirmando que el futuro de la educación superior se define en la coyuntura actual.