Con este segundo artículo terminamos de establecer el contexto histórico que enmarcan los escándalos relacionados con las acciones de diferentes funcionarios y cuerpos colegiados, posteriormente abordaremos aspectos más específicos.
Para el ciudadano que no tiene tiempo de reflexiones sobre la calidad de la democracia, hoy el Estado y sus instituciones son vistos por una gran parte de personas como un estorbo y una carga económica, con funcionarios con sueldos multimillonarios, un modelo que sirve a unos pocos, con un rígido sentido burocrático, parasitario y corrupto. Esta indignación contra las instituciones públicas, este desencanto por el sistema democrático tiene sus antecedentes en una multitud de situaciones.
Las filtraciones de Wikileaks en noviembre de 2010 nos mostró el negocio militar de la guerra en Irak y Afganistán, a ello se sumaron los Panama Papers (2016) y los Pandora Papers (2021), develando los mecanismos de elusión y evasión fiscal,detallaban operaciones offshore de políticos, empresarios, celebridades y criminales. En la filtración de Pandora fueron más de 11.9 millones de archivos procedentes de 14 despachos legales especializados en servicios offshore, exponiendo a más de 300 políticos y funcionarios públicos de más de 90 países. Según datos del Ministerio de Hacienda, se identificaron 120 entidades costarricenses, entre personas físicas y jurídicas; los límites de lo verdadero y lo falso perecieron estar dando paso a un ethos individualista, tiránico y revanchista.
Tomemos en cuenta además que Costa Rica experimentó una seguidilla de escándalos indignantes de corrupción en obra pública. Casos como La trocha fronteriza o Ruta nacional 1856 Juan Rafael Mora Porras (2011), El Cementazo (2017), el caso Diamante (2021), empujaron al proceso electoral de 2022 a una segunda vuelta donde el cuestionado José Figueres Olsen (PLN) y Rodrigo Chaves Robles (PPSD), también altamente cuestionado, se enfrentaron por la presidencia de la República. El resultado era previsible, el cambio aunque incierto dejaba atrás al bipartidismo, al supuesto comunismo y al PAC, todo con el apoyo popular aunque significara un balazo en el pie, fue un cambio al fin. No todo cambio es para bien.
Es en este marco donde las acciones cometidas por funcionarios de la OEPI, el Consejo Universitario de 2024, y la administración Araya Leandro durante 2025, tienen una mayor repercusión y significado, pues han dotado de armas a los propios detractores de la universidad pública y a los enemigos de la autonomía universitaria.
Señala el filósofo francés Eric Sadin, que dada la acumulación de estas evidencias y decepciones producto de un sistema político global corrupto, estas cosas produjeron un ambiente propicio para un tipo de individuo que se ha convertido en un tirano, vota para castigar, de manera que vivimos en la era de la tiranía de los individuos con smartphone, una especie de totalitarismo de la multitud en la internet, apáticos con la democracia, y afines a un recambio que responda a los intereses personales y no a un proyecto colectivo sostenible, ¿estamos ante el fin de un mundo común? ¿Estamos ante el fin de un proyecto común de universidad?
Es como si existieran realidades paralelas, semejante a lo que acontece a lo interno de la UCR por parte del arayismo. ¿Pueden estas paradojas incidir en las prácticas de la vida democrática de una institución como la UCR? En el siguiente artículo continuaremos problematizando.
La autonomía universitaria fue uno de los logros más trascendentales de la Reforma de Córdoba de 1918. Nacida del impulso estudiantil frente al autoritarismo y el elitismo, esta conquista no se pensó como un privilegio corporativo ni como refugio para el poder impune, sino como garantía de una universidad democrática, crítica y comprometida con el pueblo.
En la actualidad, sin embargo, este legado está siendo distorsionado. En medio de cuestionamientos legítimos a la gestión de autoridades en la Universidad de Costa Rica (UCR), la autonomía ha sido invocada no como herramienta de democratización, sino como barrera frente a la rendición de cuentas. Esta actitud desconoce principios esenciales de la Reforma: el cogobierno efectivo, la renovación periódica del poder universitario y el deber de responder ante la comunidad que se representa.
Por eso publicamos hoy esta infografía: para recordar que defender la autonomía universitaria no es proteger cargos o estructuras cerradas, sino garantizar que la universidad sirva al bien común, fomente el pensamiento crítico y se rija por la ética pública. Usar este principio para justificar prácticas sin legitimidad política o social es traicionar su esencia. Reivindicar Córdoba implica actuar con coherencia con sus ideales.
Autonomía universitaria y bienes comunes: una alianza vital
La universidad pública no es un servicio ni un producto: es un bien común social, construido colectivamente y sostenido por la sociedad para garantizar el derecho a una educación crítica, libre y transformadora. En este marco, la autonomía universitaria no es un fin en sí mismo, sino una condición para que ese bien común se mantenga vivo, accesible y comprometido con el bien común.
Proteger la autonomía significa defender la capacidad de la universidad para pensar desde y para el pueblo, sin subordinaciones al mercado ni al poder político. Pero también implica abrir sus decisiones al control social, al diálogo democrático y al sentido ético de lo público.
Cuando se usa la autonomía para bloquear la participación, cerrar el debate o blindar estructuras de poder, se niega su función como garantía del carácter común, colectivo y transformador de la universidad. Por eso, defender la autonomía es también defender que la universidad siga siendo bien común y no capital simbólico o espacio corporativo.
En la Universidad Nacional de Colombia, estudiamos y nos formamos, en ejercicio de la autonomía universitaria. Esto no solo abarcó la no injerencia de fuerzas represivas en ella. Esta autonomía va relacionada con la interacción de la gobernanza universitaria, que implica garantizar la toma de decisiones internas. Prima en este modelo la libertad de cátedra; siendo inherente la participación de los estudiantes. Proyecta la función de factor de investigación y aplicación del conocimiento; hoy, conforme a lo interdisciplinario, en aplicación de lo científico, lo tecnológico y la inteligencia artificial. Autonomía en lo administrativo, implica que gira en torno a las directrices estatales gubernamentales de una universidad con función social y al servicio de la sociedad. En modo alguno aplica a comportamientos de intereses económicos; de factores de comportamientos del mercado; tampoco de búsqueda de medios financieros, para funcionar o subsistir. Eso corresponde al modelo de banca financiera anglosajona rochels y, por ende, asimilado al interés sionista. Rechaza el camino de la privatización tanto de la educación pública, como de la de la Universidad Nacional. Erradica el modelo de privatización en áreas de conocimiento de la U Nacional. Implica la toma de decisiones de los sectores estudiantiles, docentes, administrativos, de trabajadores y de egresados, como comunidad universitaria, que garantice el funcionamiento interior, independiente de presiones o intereses políticos y económicos externos, incluso de burocracia estatal. Es esa participación de la comunidad universitaria la que garantiza el ejercicio de la autonomía universitaria.
El actual conflicto en la Universidad Nacional de Colombia ha sido el resultado de la aplicación de fórmulas de conteo y aplicación de malabarismos matemáticos, en la labor de designación del nuevo rector, que implicó el sacrificio del ejercicio del voto directo universal y sus efectos inmediatos. Se trata de la utilización de una práctica napoleónica. El profesor Rodolfo Múnera obtuvo el reconocimiento consecuente de la mayoría universitaria y la telaraña de inspiración anglosajona, de derecha, sionista, impuso un atornillado de la caduca Administración, proveniente de gobiernos anteriores, en la rectoría de la universidad pública de todos los colombianos.
Transcribo el texto del artículo 69 de la CP91: “Se garantiza la autonomía universitaria. Las universidades podrán darse sus directivas. Y regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con la ley. / La ley establecerá un régimen especial para las universidades del Estado. /El Estado fortalecerá la investigación científica en las universidades oficiales y privadas y ofrecerá las condiciones para su desarrollo. / El estado facilitará mecanismos financieros que hagan posible el acceso de todas las personas aptas a la educación superior.”
Se requirió de un gobierno de inspiración popular, como el presente, para evitar que el atornillado vicerrector de administración, que representa lo anacrónico de la Universidad, fuera instituido como rector, vulnerando el deseo mayoritario de la comunidad universitaria.
Se puede resumir la situación en la U. Nacional, así: 1. No existe el acto admirativo del Consejo Superior Universitario, nombrando al nuevo rector. 2. La Dra. Dolly Montoya continúa siendo la rectora; subjudice por abandono del cargo. 3. La “posesión” del rector ante una Notaria es ineficaz. Viola la constitución y se trata de una tipificación penal de usurpación de cargo público. 4. Se impone integrar el quorum deliberativo del Consejo Superior Universitario, con la participación de la nueva representante de los estudiantes, dando al traste con la manía de impedir las sesiones. 5. De no lograrse, sea la Asamblea General de la comunidad universitaria y en ejercicio de su autonomía, constructora de mecanismos directos de participación y de representación en el Consejo Superior universitario, declarando la elección del nuevo rector. 6. Se trata de un caso más de estado de cosas inconstitucional (eci).
Por consiguiente, independiente de la decisión de la jurisdicción administrativa, sobre el mecanismo de recuento electoral que aplicó el Consejo en la escogencia del rector, en la fallida sesión del 21 de marzo de 2.024; se imponga el ejercicio del constituyente primario universitario, de derogar tal sistema de conteo, que permitió que un candidato con menor aceptación y posibilidades de elección pudiere ser nombrado rector.
La Universidad de Costa Rica se encuentra ante una encrucijada que amenaza con alterar su estructura interna y la calidad de la educación superior en el país. La implementación de la Ley Marco del Empleo Público, en marzo de este año, ha desatado debates cruciales sobre el futuro de la institución.
Uno de los puntos de mayor controversia es la posible adopción del «salario global». Esta medida, que implica asignar salarios según categorías predefinidas sin tener en cuenta la experiencia, antigüedad o talento individual, plantea serias preocupaciones. En un contexto de presión fiscal, donde la contención del gasto es primordial, la implementación del salario global podría poner en riesgo la capacidad de la universidad para atraer y retener profesionales altamente calificados.
En un país que ha destacado en la región por la calidad de su educación superior, el riesgo de desincentivar a los profesionales mediante salarios no competitivos es evidente. La Dra. Juliana Martínez Franzoni señala que Costa Rica ha perdido su rumbo, y este dilema amenaza con agravar la situación.
La discusión se amplía al impacto en la autonomía universitaria, un pilar fundamental de la democracia costarricense. La autonomía universitaria, según la Constitución Política, garantiza que las instituciones puedan organizarse y regularse sin interferencias externas. La propuesta del salario global amenaza directamente esta autonomía, otorgando al Poder Ejecutivo un control significativo sobre la política salarial de instituciones autónomas.
El profesor Mauricio Castro, experto en Derecho Laboral, destaca cómo el salario global representa una amenaza para la estabilidad laboral y la capacidad de negociación de los trabajadores. Además, la posibilidad de congelar salarios y la falta de pronunciamiento de la Sala Constitucional sobre ciertos aspectos generan incertidumbre.
En un contexto histórico que llevó a la democratización del poder tras situaciones de caos y corrupción, es crucial recordar la importancia de mantener límites al Gobierno Central y preservar la autonomía de las entidades públicas.
La comunidad universitaria, consciente de la necesidad de una revisión salarial, insta a un diálogo abierto y constructivo que permita encontrar soluciones equitativas sin comprometer la calidad educativa ni la autonomía institucional.
Compartimos tres breves videos explicativos de aspectos claves de este tema y una charla amplia del doctor Mauricio Castro:
Las Américas, 17 de noviembre de 2023. Organizaciones internacionales expresamos nuestro profundo rechazo a las recientes acciones de criminalización del Ministerio Público de Guatemala contra la oposición política, académicos, periodistas y personas defensoras de derechos humanos, en el llamado caso “Toma de la USAC: botín político”.
Este nuevo abuso de poder por parte del Ministerio Público se da en un contexto de persistente judicialización del proceso electoral, cuyo objetivo final es impedir que el presidente electo Bernardo Arévalo, la vicepresidenta electa Karin Herrera, y diputados electos tomen efectiva posesión de sus cargos el 14 de enero de 2024. La interferencia del Ministerio Público atenta una vez más contra el Estado de derecho y la democracia en Guatemala, aplicando indebidamente el derecho penal a acciones legítimas de defensa de la autonomía universitaria.
El 16 de noviembre se registraron allanamientos y órdenes de captura contra 27 personas vinculadas a los movimientos sociales, estudiantiles, la sociedad civil y al partido político Movimiento Semilla en un caso relacionado con la resistencia pacífica en la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), ante las anomalías que se dieron en el año 2022 en el proceso de elección de las autoridades universitarias. Todas estas personas hoy están siendo criminalizadas por su rol de denuncia de la corrupción en dicho proceso de elección y por ejercer pacíficamente la defensa de sus derechos de expresión, asociación y manifestación.
Entre las personas con órdenes de captura se encuentran el ex procurador de los derechos humanos Jordán Rodas Andrade, defensores de derechos humanos como Ramón Cadena y Helmer Velásquez, académicos de la USAC como Hada Alvarado y Eduardo Velásquez, líderes estudiantiles y periodistas. Al momento han sido aprehendidas 5 personas: la excandidata a diputada por Semilla Marcela Blanco, Rodolfo Chang Shuma, Eduardo Antonio Velásquez Carrera, Javier De León y Alfredo Enrique Beber.
El Ministerio Público informó que en las próximas horas presentarán solicitudes de antejuicio contra el binomio electo de Arévalo y Herrera, contra los diputados electos por el partido Movimiento Semilla Samuel Pérez, Román Castellanos, Raúl Barrera y contra los diputados Aldo Dávila, Adán Pérez y Carlos Taracena; lo anterior por haber estado en las instalaciones de la USAC haciendo manifestaciones en conferencia de prensa.
El Ministerio Público profundiza así su estrategia de criminalización enfocada hace años contra operadores de justicia, periodistas, y otras personas defensoras de derechos humanos. La actuación abusiva del Ministerio Público ha sido reconocida a nivel internacional en más de cinco ocasiones por el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA). El Consejo Permanente de la OEA aprobó una resolución el 15 de noviembre de 2023 expresando su grave preocupación respecto a la excesiva judicialización del proceso electoral e intimidación contra miembros del partido Movimiento Semilla y sus familias y resolvió “denunciar los intentos del Ministerio Público de desacreditar e impedir una transición pacífica del poder, que atentan contra el proceso democrático y los compromisos de Guatemala en virtud de la Carta Democrática Interamericana”.
Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha hecho llamados al Estado de Guatemala “a respetar el resultado de las elecciones generales y a cesar las acciones del Ministerio Público (MP) que ponen en riesgo el orden constitucional y la independencia de los poderes públicos”. En este sentido, hacemos un llamado a la CIDH a valorar de forma urgente las medidas cautelares solicitadas en el marco del proceso pacífico de defensa de la autonomía de la USAC (MC-638-23) para evitar daños irreparables a estas personas.
Guatemala vive momentos críticos donde se requiere de mayor veeduría internacional y pronunciamientos expresos hacia las autoridades de que Guatemala no será aceptada dentro del concierto de naciones si continúa en una lógica autoritaria manipulando las leyes para burlar los resultados de las elecciones.
FIRMAN La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) American Jewish World Service (AJWS) BeJust Fundación para el Debido Proceso (DPLF) Guatemala Human Rights Commission (GHRC) Article 19 Oficina para México y Centroamérica Abogados sin fronteras Canadá (ASFC) RFK Human Rights American Friends Service Committee (AFSC) Luis von Ahn Foundation International Service for Human Rights (ISHR) Comisión Internacional de Juristas Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras) Latin American Working Group (LAWG) Protection International (PI)
Estudiantes criminalizados por manifestarse durante las protestas del 2019 en defensa de la Educación Pública, tendrán que ir a juicio el próximo 7 de noviembre de 2023*.
San Ramón, Alajuela. Comunicado. – Los cuatro estudiantes de la Universidad de Costa Rica (UCR) criminalizados por el sistema por manifestarse en defensa de la autonomía universitaria y del presupuesto de la educación superior para los sectores populares tendrán que presentarse a juicio el próximo martes 7 de noviembre en los Tribunales de San Ramón.
En diciembre del 2019, los estudiantes tuvieron la audiencia preliminar oral y pública en los Tribunales de San Ramón. La fiscalía presentó su acusación y el juez resolvió que los estudiantes debían ir a juicio por cargos de obstrucción de la vía pública. Sin embargo, el proceso de juicio se puso en pausa debido a que la defensa presentó una acción de inconstitucionalidad en contra del artículo 263 bis del Código Procesal Penal.
La Sala Constitucional emitió su respuesta a dicha acción el pasado 23 de agosto de 2023, y declaró que la acción de inconstitucionalidad presentada contra este artículo no tiene mérito, lo que significa que no hay impedimento legal para continuar con el proceso judicial, incluyendo la celebración del juicio y la posterior emisión de una sentencia.
En resumen, la vía legal para avanzar en este asunto ha sido despejada.
Los estudiantes y el movimiento estudiantil esperan contar con el apoyo de organizaciones sociales aliadas en este juicio, para que no se siga criminalizando la protesta social en el país.
Los estudiantes han insistido en que NO incurrieron en ningún delito en ningún momento; únicamente ejercieron su derecho a la libertad de expresión y a la libertad de reunión y realizaron una acción que fue totalmente pacífica, no violenta y que no representó en ningún momento perjuicio ni daño a ninguna persona, ni perjudicó a los vehículos que transitaban en esa zona porque siempre se mantuvo un paso regulado.
Hacemos de conocimiento público que la Fuerza Pública actuó en contra los estudiantes de forma injustificada y desmedida, utilizando gases lacrimógenos y dando persecución cuando la manifestación estaba retirándose de forma pacífica. Consideramos que estos abusos de poder por parte de los cuerpos policiales representan una amenaza a la democracia, la libertad de expresión, libertad de reunión y al derecho a la protesta y a la comunicación.
¡Nos vemos el 7 de noviembre a las 6:00pm en los Tribunales de San Ramón de Alajuela en solidaridad con las y los estudiantes que defienden su derecho a una educación pública, gratuita y de calidad!
Dr. Gustavo Gutiérrez Espeleta, rector de la Universidad de Costa Rica.
Por Gustavo Gutiérrez Espeleta, rector de la Universidad de Costa Rica
El acuerdo resguarda la autonomía universitaria. A futuro, el reto como universidad es el tema de la redistribución, en el cual hay una comisión trabajando en el seno de Conare
En el Acta 160 de la Constituyente de 1949, intervino el diputado Rodrigo Facio Brenes indicando lo siguiente:
“Pues bien, en el momento de proyectarse el presupuesto nacional, ¿cómo suceden las cosas? Muy sencillo: cada ministro trata de atraer hacia su ministerio y a las oficinas dependientes del mismo, la mayor suma de caudales públicos posible. Cada ministro es el abogado de su ministerio y de sus dependencias”.
“(…) Solo la Universidad, señores diputados, solo la Universidad, ni tiene abogado ante el Fisco, ni produce por sí misma lo necesario para subsistir y progresar”.
“(…) Llegamos a la conclusión de que sólo un abogado puede haber para la Universidad; el propio texto de la Constitución”.
En esta tarde, me dirijo a ustedes al final de un proceso de negociación del FEES histórico, en un contexto desconocido hasta ahora para las universidades públicas y la comunidad nacional. El martes pasado, cerca de la media noche, en la décima sesión de la comisión de enlace y después de 10 horas de trabajo, llegamos a un acuerdo para el financiamiento del año 2024.
Sin embargo, este proceso fue más que una discusión fiscal y presupuestaria. A lo largo de estas semanas y de las 10 sesiones de la comisión de enlace, se colocó en la agenda nacional un debate mucho más amplio sobre la educación pública, la autonomía universitaria, la democracia y el Estado social de derecho que estamos llamados a defender desde la Universidad de Costa Rica.
En esa coyuntura, nos enfrentamos a un relato construido, según el cual las y los funcionarios públicos éramos la causa principal de una crisis presupuestaria, que se pretendió resolver con políticas profundamente severas en materia de austeridad, que iniciaron en el Gobierno anterior.
Teníamos entonces una avanzada de políticas que debilitaban el Estado, por un lado, y un funcionariado universitario golpeado, por el otro. Querían condenarnos a ver, desde la esquina del tablero político, el desmantelamiento del diseño constitucional de nuestro Estado.
Y entonces nos aferramos a lo que yo he denominado un hilo democrático, una reserva de conciencia lúcida que nos ha acompañado durante más de dos siglos y que ha sido tejida en nuestra República.
En ese sentido, nos dispusimos a realizar ajustes a nuestra estrategia y a apoyarnos en la inteligencia, la capacidad de análisis, la organización y la movilización que caracteriza a nuestra institución.
Este extraordinario esfuerzo de la UCR, sumado al trabajo de las demás universidades, nos permitió alcanzar un acuerdo que revierte la tendencia de debilitar el financiamiento de la educación superior pública mediante la pérdida del valor real del FEES.
Concretamente, sobre el acuerdo es posible enumerar los siguientes logros:
1. La primera propuesta del Ejecutivo no solo tenía un monto menor a la inflación estimada, sino que venía con un acuerdo que pretendía lesionar seriamente la autonomía universitaria.
Las pretensiones del Gobierno incluían desplazar los mecanismos constitucionales de financiamiento, organización, planificación y rendición de cuentas de las universidades en favor de los que determinara arbitrariamente el Ejecutivo. Incluso pretendían exigirnos aumentar matrículas e imponer una serie de investigaciones al antojo del Gobierno.
Ante este panorama, CONARE presentó una contrapropuesta que fue acogida prácticamente en su totalidad, asegurando que la autonomía universitaria permanezca intacta.
2. Se logró detener el decrecimiento del FEES en términos de valor real, proceso que se venía dando desde el anterior Gobierno con sus políticas fiscales y que se acentuó con el actual Ejecutivo.
3. Conseguimos un incremento que duplica la oferta inicial del Gobierno y se ajusta al promedio de inflación estimada por el Banco Central.
4. Incorporamos una salvaguarda de inflación novedosa, que obliga al Ejecutivo a un ajuste si la inflación supera lo estimado, no solo a la base del FEES, sino que en tal caso deberá presentar un presupuesto extraordinario para reconocer ese monto. Lograr esta novedad, en el contexto político actual, es algo digno de reconocer. Además, esta medida permite algo de suma importancia que fue discutido con el ministro de Hacienda, y está relacionado con la aplicación del artículo 85 de la Constitución Política. Cuando hablamos de un FEES que no decrece, no hablamos de términos nominales, hablamos de un valor real del FEES, traído a valor presente como dicta la Constitución. La salvaguarda incorporada en este acuerdo nos permitirá avanzar en esa línea.
5. Finalmente, logramos explicitar en el documento del acuerdo nuestro desacuerdo por el 1% pendiente, lo cual nos faculta para solicitar en la Asamblea Legislativa el reconocimiento de ese monto.
«Nos aferramos a lo que yo he denominado un hilo democrático, una reserva de conciencia lúcida que nos ha acompañado durante más de dos siglos y que ha sido tejida en nuestra República».
Como les mencionaba al inicio, este largo proceso significa mucho más que números. El proceso de lucha del FEES logró fortalecer la articulación que impulsa la administración con los movimientos sociales que buscan la defensa de la democracia y el fortalecimiento del Estado social de derecho. Que no les quepa duda de que seguiremos acompañando las manifestaciones en defensa del agro, la educación, la caja y la libertad de prensa, entre otros.
Nos parece indispensable la articulación de múltiples sectores para exigir el cumplimiento del artículo 78 de la Constitución y garantizar un financiamiento para la educación con el 8% del producto interno bruto. La crisis educativa actual exige ponernos metas ambiciosas como esta, que permitan a nuestra sociedad acceder a una educación de calidad y excelencia.
Este ciclo nos ha dejado una serie de aprendizajes que nos permitirán afinar y optimizar las estrategias para futuras negociaciones. Hemos construido mecanismos y dinámicas de trabajo que contribuirán a fortalecer el sistema universitario como un todo. Esto nos faculta para asumir en mejores condiciones la presidencia de CONARE, que estará a cargo de la UCR a partir del 1 de enero de 2024.
Los aportes brindados por el Informe de la Facultad de Derecho, construido a partir de los insumos de docentes constitucionalistas, nos permiten comprender con mayor amplitud los alcances de los artículos 78, 84 y 85 de la Constitución, y así tener un panorama más claro sobre los escenarios en la Comisión de Enlace y la Asamblea Legislativa.
Otro logro al margen del acuerdo, pero no menos importante, es que CONARE, y en particular la UCR, hemos demostrado que no es necesario ser complacientes con el Gobierno para lograr causas que son justas. Precisamente por eso el éxito del FEES es tan significativo, porque la justicia, la razón y la Constitución no pueden ser sometidas al cálculo politiquero y así lo demostramos. Así lo demostró la Universidad y así lo demostró la ciudadanía. Ese hilo democrático del que les hablo y que nos acompaña hace más de dos siglos está ahí, sigue vivo, y no vamos a renunciar a ese legado.
Tenemos un reto como institución que no es parte del acuerdo, y es el tema de la redistribución, en el cual hay una comisión trabajando en el seno de CONARE y donde estamos muy bien representados por don Gabriel Macaya, Karen Marín y Pedro Méndez.
Finalmente, quiero agregar que en la coyuntura regional, en medio del amedrentamiento y la eliminación de universidades centroamericanas por parte de gobiernos totalitarios, las universidades públicas están llamadas a dar la batalla cultural en contra de los fenómenos autocráticos latinoamericanos y de regímenes totalitarios como el de Nicaragua.
Quiero agradecer al equipo negociador, a los equipos técnicos, a las oficinas administrativas vinculadas a este proceso, a las profesoras y los profesores constitucionalistas de nuestra Facultad de Derecho, liderados por la Dra. Marcela Moreno, al Consejo Académico de Áreas, a nuestros profesionales en comunicación, a CONARE, a las fracciones legislativas que nos apoyaron abiertamente y, por supuesto, a toda la comunidad universitaria que se sumó a esta causa. Cada reunión, cada informe técnico, cada marcha, cada foro y participación de ustedes en el debate público fueron fundamentales para alcanzar los logros que hoy celebramos.
Agradezco especialmente a la compañera Karen Marín, presidenta de la FEUCR, que nos acompañó con la autonomía, alegría, entereza, seriedad, y no menos importante, el trabajo ad honorem que ha caracterizado al movimiento estudiantil durante décadas, un actor político fundamental no solo para esta Universidad, sino para este país.
Este proceso ha mejorado nuestro estado de ánimo, el orgullo de sentir que somos parte de la institución mejor valorada del país, de que vamos a cumplir el rol constitucional que nos asignaron las y los gigantes que forjaron nuestra Constitución y nuestra preciada Patria. ¡Que se eleve al máximo el orgullo de ser parte de la Universidad de Costa Rica!
Gustavo Gutiérrez Espeleta Rector de la Universidad de Costa Rica
Mediante el acuerdo UNA-SCU-ACUE-265-2023, los concejales de la Universidad Nacional (UNA) emitieron un pronunciamiento, en el cual reprochan el cierre de la Universidad Centroamericana (UCA) en Nicaragua y brindan su total apoyo a la educación como derecho humano fundamental.
En relación con los hechos suscitados, el Consejo Universitario de la Universidad Nacional repudia que se haya violentado la autonomía universitaria, la propiedad privada, entre otros.
Asimismo, se solidariza con los estudiantes, docentes e investigadores, así como con el personal administrativo de la UCA.
ACUERDO COMPLETO
TRANSCRIPCIÓN DE ACUERDO UNA-SCU-ACUE-265-2023
25 de agosto de 2023
Señores Comunidad Universitaria
M.ag. Maribelle Quirós Jara Directora de la Oficina de Comunicación
M.ag. Sara González Bonilla Directora de la Oficina de Relaciones Públicas
Estimadas señoras y estimados señores:
Les transcribo el acuerdo tomado por el Consejo Universitario de la Universidad Nacional, según el artículo cuarto, inciso primero de la sesión ordinaria celebrada el 24 de agosto de 2023, acta no 42-2023, que dice:
PRONUNCIAMIENTO DEL CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SOBRE EL CIERRE DE LA UNIVERSIDAD CENTROAMERICANA (UCA) EN NICARAGUA
El Consejo Universitario de la Universidad Nacional reprocha los actos acontecidos en contra de la Universidad Centroamericana UCA en donde no sólo se ha violentado la autonomía universitaria, la propiedad privada, entre otros, sino que como justificación de lo sucedido se ha utilizado la expropiación de bienes privados para motivar la dominación ideológica hacia el pueblo nicaragüense.
Tal y como lo establece la Unesco; la educación es un derecho humano fundamental que permite sacar a los hombres y las mujeres de la pobreza, superar las desigualdades y garantizar un desarrollo sostenible, y un catalizador para garantizar otros derechos humanos fundamentales.
La Universidad Nacional como institución de educación y promotora de la conciencia crítica en la sociedad en general y el Consejo Universitario en particular hace un llamado para que se respete la democracia, la libertad, el pensamiento crítico, el derecho a la educación del estudiantado de esta institución hermana, con la cual nos solidarizamos ante el ataque directo a su prestigio y sus aportes al pueblo nicaragüense.
Manifestamos nuestra solidaridad con los más de 5000 estudiantes, y 546 docentes e investigadores, así como con el personal administrativo, de la UCA; que, junto a sus familias se les ha violentado su dignidad y proyecto de vida.
Exhortamos a las demás instituciones de educación superior del país y de la región a denunciar y pronunciarse ante este ataque directo y deliberado hacia una institución educativa, motor del desarrollo social.
Instamos a la defensa de la educación, al respeto de los derechos humanos, la libertad de expresión y el pensamiento crítico sin acallar las voces críticas en detrimento del bien común.
Atentamente, Dra. Jeannette Valverde Chaves Presidenta del Consejo Universitario
Oficina de Comunicación Universidad Nacional, Costa Rica
Mesa de negocación de la comisión de enlace, este 22 de agosto del 2023, en el Consejo Nacional de Rectores.
Financiamiento de la educación superior pública tendrá un aumento del 2 % para el 2024
Las autoridades universitarias y la representación estudiantil logran la defensa de la Autonomía Universitaria y evitan interferencia del Ejecutivo en la gestión y planificación universitaria
En la décima sesión de la Comisión de Enlace, realizada este 22 de agosto, las autoridades universitarias y la representación estudiantil lograron un acuerdo de aumento para el Fondo Especial de Educación Superior (FEES) de un 2 %, más un ajuste automático si la inflación supera ese porcentaje. Además, se modificaron las propuestas del Ejecutivo que le permitían intervenir en la gestión y planificación universitaria.
El acuerdo que fue calificado por ambas partes como exitoso, logró evitar que la discusión terminara en el seno de la Asamblea Legislativa, un escenario que se vislumbró como posible, hecho que hubiera marcado un hito histórico. Sin embargo, el acuerdo llegó antes.
En una sesión maratónica de casi ocho horas, las partes lograron un acuerdo este 22 de agosto, uno en el que las universidades lograron duplicar la oferta inicial dada por el Ejecutivo y adicionalmente se acordó un aumento automático del monto, en caso de que la inflación a junio del próximo año supere ese porcentaje.
Adicionalmente las y el representante de Gobierno en la comisión de enlace permitieron todas las modificaciones al texto del acuerdo que comprometían la Autonomía Universitaria.
En un documento anterior, enviado por el Ejecutivo se condicionaba el financiamiento a las universidades a un listado de requisitos que fueron considerados por las autoridades de Conare como inaceptables.
El documento pretendía:
– Imponer que el mecanismo oficial de rendición de cuentas de las universidades hacia la ciudadanía sean solo los treinta indicadores, en los cuales tiene interés el Ejecutivo y orientar el presupuesto únicamente a esos indicadores. Lo anterior sería desconocer la herramienta de planificación universitaria (PLANES) que incluye más de 100 indicadores vinculados con el desarrollo sostenible y que sobrepasan la visión de corto plazo de un gobierno.
– Obligar a las universidades a diversificar sus fuentes de ingreso, incluido el incremento en el monto de la matrícula. Lo cual, es un paso inequívoco hacia modelos muy distintos de educación pública que tienden a su privatización.
– Desarrollar proyectos de investigación que respondan a criterios políticos. Lo que atenta contra el desarrollo de las ciencias en todos sus campos, especialmente en áreas como las artes y la cultura.
Así lo explicaron las representaciones estudiantiles de las cinco universidades públicas que se manifestaron la tarde del 22 de agosto para solicitar a la rectora y rectores de las Universidades Públicas no firmar el acuerdo del FEES bajo esas condiciones.
Miembros de la Comisión de Enlace previo a conferencia de prensa ofrecida en la noche de este 22 de agosto.
Sólida postura de Conare: Es 8 %
La rectora del Tecnológico de Costa Rica (TEC), María Estrada Sánchez; y los rectores Gustavo Gutiérrez Espeleta de la Universidad de Costa Rica (UCR); Francisco González Alvarado de la Universidad Nacional (UNA); Emmanuel González Alvarado, rector de la Universidad Técnica Nacional (UTN) y Rodrigo Arias Camacho, rector de la Universidad Estatal a Distancia (UNED); mantuvieron durante todo el proceso de negociación una postura unificada.
Con este acuerdo se cierra un proceso arduo que demostró a un Consejo Nacional de Rectores unido y firme en la defensa de la educación pública en todos sus niveles.
Las luchas de Conare incluyen el reciente archivo del proyecto de ley 23 380, con el cual la actual administración pretendió modificar las bases constitucionales del modelo de financiamiento de la educación superior pública, y fuertes movilizaciones sociales que evidenciaron la importancia país de no deteriorar la educación pública.
En ese sentido, las autoridades universitarias concluyeron la jornada con un llamado a mantenerse vigilantes del cumplimiento de los acuerdos del FEES y especialmente dar seguimiento a las acciones gubernamentales que permitan el financiamiento de la educación con el 8 % constitucional.
Acuerdo FEES 2024 reconoce la inflación
El acuerdo de FEES para el 2024 cumple con el mandato constitucional de reconocer al fondo el aumento por costo de vida. Con este crecimiento del 2 %, se está dando un monto que entra dentro del margen de inflación proyectado por el Banco Central de Costa Rica (BCCR), que es de 3 +/- 1 % para el próximo año.
Además, se incluyó una cláusula para revisar y ajustar automáticamente el FEES en el mes de julio 2024, en caso de que la inflación supere el 2 %.
Un punto en el que no se logró total acuerdo fue el reconocimiento a la base del 1 % adeudado del 2023. Las partes acordaron un monto para ello pero, aplicado al 2024.
Adicionalmente, en el contexto de este proceso y finalizada la negociación, el Conare reiteró su compromiso de continuar el análisis relacionado a un mecanismo de redistribución del FEES, en respuesta a la solicitud de las cinco representaciones estudiantiles y a la decisión propia del Conare.
Gabriela Mayorga López Editora digital y periodista, Oficina de Comunicación Institucional, UCR
¿Qué debemos aprender de la experiencia de Nicaragua? Esto es lo que pasa cuando la autonomía universitaria deja de existir
Las ‘Volcánicas’
¿Qué debemos aprender de la experiencia de Nicaragua? Esto es lo que pasa cuando la autonomía universitaria deja de existir. #FloredcemosEnAutonomía #lLargaVidaUCR #SiempreUCR
