Etiqueta: autonomía

PRONUNCIAMIENTO PÚBLICO. Integrantes de Grupo de Garantes Administración Alvarado Quesada (2018-2022)

Escrito en 24/03/2021. Publicado en Análisis, Coyuntura.

Los abajo firmantes, como parte del grupo de garantes de la ética del gobierno encabezado por el señor Presidente Carlos Alvarado Quesada, queremos dejar manifiesta nuestra posición con respecto al proyecto “Ley de Empleo Público” (Expediente No. 21.336) en discusión en la corriente legislativa.

La Constitución Política vigente establece con claridad la división de poderes de la República y distintos grados de desconcentración y autonomía para instituciones con misiones especializadas como el Poder Judicial, la Caja Costarricense de Seguro Social, las municipalidades, las universidades y las instituciones autónomas. Estas autonomías van desde lo estrictamente administrativo (autogestión de un ente sin dependencia de otro), hasta la autonomía política (capacidad de autogobierno) y la autonomía organizativa (capacidad de auto-organización). El caso de las universidades públicas incluye las tres modalidades de autonomía constitucionalmente previstas.
La norma 191 C.P., por su parte, prevé la creación de un Estatuto de Servicio Civil, concebido para regular la relación entre los servidores públicos y el estado, sin hacer, ciertamente, distinciones. Sin embargo, una interpretación histórica de este mandato, confirma que la intención del constituyente fue asegurar el acceso al empleo público, creando un ente descentralizado que, en condiciones objetivas de independencia e idoneidad, así como lejos de la influencia y control del gobernante de turno, condujera los procesos de designación del funcionariado y demás empleados de este sector. No hay que olvidar que esta fue una de las cuestiones detonantes de la crisis de 1948. Una visión también histórica del desarrollo de las entidades autónomas en el país a lo largo de casi setenta años, han afianzado el principio de división de poderes y de autonomías en distinto grado, con diversos estatutos especializados que han permitido apartar las influencias político-partidarias en la gestión, organización y autogobierno de las instituciones públicas. A nuestro entender, el espíritu del constituyente, aunque nunca se concretó en la existencia de un estatuto único, se ha afianzado y fortalecido a través de los años, incluso con la labor interpretativa de la Sala Constitucional.
Las cuestiones relacionadas con la definición de perfiles de los servidores, sus requisitos, las calificaciones de idoneidad, rendimiento y régimen disciplinario, así como escalas salariales deben considerarse como parte de la autonomía de que gozan estas instituciones. Es muy riesgoso poner en manos de un ente controlado absolutamente por el Poder Ejecutivo, la determinación última de estos aspectos en alguna instancia no especializada, sino que pueda, además, ser proclive a la manipulación tratándose, por ejemplo, del nombramiento de jueces, autoridades y docentes universitarios y técnicos especializados en distintas entidades públicas. Por el contrario, cualquier tipo de exceso o contradicción que pueda haberse dado en este campo, es perfectamente corregible y mejorable, sin sacrificar la misión esencial que cada institución autónoma tiene. Para ello se cuenta con instancias controladoras que ninguna institución autónoma puede obviar.
Si bien entendemos que esta es una discusión también de carácter ideológico-política por tratarse de la administración del Estado, siendo que respetamos las distintas posiciones que hay al respecto, no podemos ignorar en este debate la existencia de una arista ética, puesto que durante la campaña electoral pasada, el actual Presidente Alvarado Quesada fue claro al señalar que la cuestión del empleo público no podía reducirse a un tema eminentemente fiscalista, -como evidentemente lo está siendo-, y que había que dar un tratamiento integral que respetara la complejidad y especificidad de un ámbito vital para la prestación de servicios públicos esenciales, en un régimen democrático de derecho -como evidentemente no lo está siendo-. Encontramos pues, en este punto, un incumplimiento de orden moral a los compromisos asumidos para con el electorado nacional.

Margarita Bolaños Arquín José Manuel Arroyo Gutiérrez

San José, 23 de marzo de 2021.

0,67% de los salarios de ‘U’ públicas compiten con los de Alemania

Escrito en 05/03/2021. Publicado en Análisis, Coyuntura.

-Derecho de respuesta del Comité de Personas Interinas de la Universidad de Costa Rica a publicación del periódico La Nación–*

El día 22 de febrero de 2021, el periódico La Nación publicó, en su portada, un titular que dice “Salarios de ‘U’ públicas compiten con los de Alemania”. El reportaje que acompaña dicho titular asevera que los salarios de las personas funcionarias de las universidades públicas costarricenses son equivalentes a los de las universidades alemanas, a pesar de las enormes diferencias que existen entre ambos países en materia económica y social. En medio de una coyuntura compleja como la que atravesamos actualmente, en la cual se está impulsando el proyecto de Ley de Empleo Público, nos parece necesario hacer algunas aclaraciones con respecto a esta publicación.

Existe una marcada diferencia entre el titular y el contenido del artículo. Por un lado, el titular hace una generalización errónea, pues, al no precisar cuáles sectores de las universidades públicas costarricenses tienen salarios que compiten con los de Alemania, hace pensar que son todos los salarios de todas las personas funcionarias de las universidades costarricenses. Como se demuestra en el siguiente punto, esto es categóricamente falso. De esta manera, el titular es tendencioso y exhibe una intención de manipular la opinión pública a interpretaciones equivocadas, pues hasta los datos expuestos en el artículo lo contradicen.
El artículo del periódico La Nación presenta una retórica de evidencia incompleta. Debemos entender por retórica una técnica oratoria con base psicológica que busca conducir a la persona lectora para que llegue a conclusiones erróneas. En este caso, se hace utilizando la falacia de evidencia incompleta que presenta a la persona lectora una versión manipulada de la verdad para conducirle hacia el sesgo de confirmación de que las universidades públicas son culpables de la situación económica actual por sus salarios altos. Como ya se indicó, esta conclusión es completamente falsa. Esta retórica se da, como indicamos desde el título. Sin embargo, la propia La Nación menciona que menos del 1% de todas las universidades públicas tiene salarios altos (0,67% para ser exactos, un número cercano a cero). Luego, para añadir más confusión en la persona lectora, convierte ese grupo en el total y hace afirmaciones como “hay 21 empleados con sueldos superiores a los ¢7 millones, es decir, el 13%”. En dicho punto recurre de nuevo a la retórica o engaño psicológico para producir un efecto negativo en el lector hacia las universidades públicas. Sin embargo, ese es el 13% del 0,65%, es decir el 0,1% aproximadamente. Este número es aún más cercano a cero. Este artículo sería un caso de estudio para el propio “No coma cuento” de La Nación, lo cual demuestra la hipocresía intelectual del periódico.
Ciertamente, existen grandes desigualdades salariales a lo interno de las universidades públicas costarricenses, como se puede inferir a partir de una lectura cuidadosa del artículo. Debido a que esta desigualdad es clara y evidente, si se examina el funcionamiento de las universidades, su denuncia no es mérito de La Nación. Más aún, cabe preguntarse con qué interés este periódico presenta un titular engañoso, sabiendo que la mayoría de personas no lee atentamente los artículos y se limita a la impresión que le causan los titulares de portada. A partir de esto se puede afirmar que la publicación de la La Nación no tiene como fin mejorar los sistemas de educación superior pública, sino otra cosa, porque, de lo contrario, ¿para qué se propondría engañar a sus lectores?
Desde el Comité de Personas Interinas de la Universidad de Costa Rica estamos convencidos y convencidas que estas desigualdades deben ser revisadas y corregidas y que ello significa defender y mejorar la educación pública costarricense. Sin embargo, a quien le corresponde revisar y corregir esta situación es a la propia comunidad universitaria, de acuerdo con el principio de autonomía reconocido en los artículos 84 y 85 de la Constitución Política.

Consideramos irrespetuoso e irresponsable publicar un titular y un reportaje como este, el cual contribuye a desprestigiar y descalificar, ante la opinión pública, la destacada labor que realizan las universidades públicas costarricenses a nivel nacional e internacional. Los aspectos financieros por mejorar en estas instituciones se deben hacer luego de realizar un análisis serio y riguroso, con miras a encontrar soluciones razonables y justas. Se esperaría de parte del periódico La Nación, uno de los medios de mayor difusión en Costa Rica, mayor rigor científico y periodístico. La sociedad costarricense lo merece.

* El periódico La Nación se negó a publicar este derecho de respuesta.

A las compañeras y compañeros de las universidades públicas, y al país en general

Escrito en 18/02/2021. Publicado en Coyuntura, Derechos.

San José, 18 de febrero del 2021

A las compañeras y compañeros de las universidades públicas, y al país en general:

Costa Rica vive momentos complejos, que requieren soluciones complejas y un consenso social amplio, en las actuales circunstancias debemos reconstruir nuestro pacto social para pensar en la nación que queremos para el futuro, al tiempo que protegemos nuestros logros del pasado. Pero nos preocupa que en lugar de soluciones complejas recurramos a procesos de ajustes únicamente centrados en buscar una solución fiscal de corto plazo, motivados por recetas que han fracasado en otras latitudes y que pueden tener un alto costo social y productivo.

La solución de nuestros problemas no debe desatender, desfinanciar o incluso destruir, el Estado Social de Derecho que hemos creado durante décadas, por medio de políticas públicas destinadas a beneficiar a la mayor parte de la población. Esta inversión en las personas y en su desarrollo particular, nos ha puesto en una posición privilegiada frente a otras naciones, con índices de vida mucho mejores que otros países de la región y, en algunos casos, cerca de naciones desarrolladas. Pero ese logro está hoy en riesgo, los avances en materia de salud, educación y protección social, están en peligro por seguir una línea de ajustes carentes de una verdadera reflexión y de estudios adecuados y adaptados, tampoco se está tomando en cuenta la necesidad de atender a una población afectada por una pobreza que creció, un desempleo que no logramos reducir y una vergonzosa desigualdad que se nos sale de las manos, al tiempo que nos rehusamos a pedir un esfuerzo mayor a los que más tienen y a los sectores gananciosos de la pandemia.

Esta actitud de promover un ajuste fiscal de gran tamaño, en un plazo muy corto, sin razonar en sus consecuencias, sumado a ideas de austeridad extrema que ya demostraron su fracaso social y productivo por el mundo, también pretenden poner en riesgo la universidad pública, su autonomía administrativa e incluso su financiamiento. De acuerdo con la Constitución Política de Costa Rica, las universidades públicas del mayor rango de autonomía en su gestión, precisamente para darles independencia del poder político y la libertad suficiente para que la ciencia, las letras y las artes puedan florecer, así como para que las universidades cumplan el importante papel de brindar oportunidades de crecimiento personal por medio del desarrollo profesional. Un sistema universitario libre e independiente del poder político, es un signo inequívoco de una sociedad moderna y de una democracia madura.

Nos preocupa que el proyecto de ley de empleo público ponga esto en riesgo, dejando en manos de una entidad con nulo conocimiento del quehacer universitario, así como una baja capacidad operativa, la gestión del recurso humano de las universidades, afectando el trabajo de estas y sometiéndolas a restricciones que afectarán negativamente la formación de profesionales, la investigación científica, la extensión, la acción social universitaria o la promoción artística.

Quitar a las universidades lo relativo a su regulación en materia de empleo es una ruptura inaceptable de su autonomía, que podría seguir acompañada de medidas para limitar el alcance de su trabajo y el pensamiento de sus académicos, en momentos en que en el mundo se desdeña la ciencia y se pone en tela de juicio los resultados de siglos de conocimiento. La ciencia necesita libertad, necesita mantener separadas la política y las creencias particulares del quehacer científico, limitar la autonomía de las universidades públicas, por tanto, es cercenar la promoción del conocimiento y el desarrollo de las ideas.

Somos conscientes de la necesidad de ajustes en la política de remuneración a lo interno de las universidades, tenemos claro que lo que existe hoy no es funcional y debe ser corregido, pero debemos ser los universitarios quienes definan la manera en que mejor se ajusta con el desarrollo de nuestras organizaciones. Estamos comprometidos y comprometidas con un uso adecuado de los recursos públicos y una gestión encaminada en lograr los mayores resultados sociales, en beneficio de la población, para tener universidades que sean sostenibles financieramente en el largo plazo, para seguir contribuyendo a la construcción de ese Estado Social de Derecho que hoy vemos en riesgo.

Es por eso que les hacemos a todas y a todos, un llamado a la acción, a pedirles que se expresen y hagan mostrar su inconformidad con lo que estamos viviendo. Defendamos la universidad pública de los que pretenden reducirla, arriesgando su papel en la construcción y desarrollo de la nación, al tiempo que nos comprometemos a cuidar los recursos públicos que los contribuyentes de este país apostaron por nosotros. Defendamos la libertad que requiere el quehacer académico, así como evitamos salidas fáciles a crisis complejas recortando sin miramientos, mientras muchos siguen sin contribuir a nuestro pacto social, sin sonrojo ni pena.

Las circunstancias actuales nos obligan a replantear nuestra reacción, por lo que les invitamos a compartir este mensaje en sus redes sociales y unirse a nosotros por medios electrónicos. Abajo firmamos un grupo de universitarias y universitarios preocupados, pero sabemos que somos más:

Fernando Rodríguez Garro, céd. 401650895
Greivin Salazar Álvarez, céd. 109710643
Roxana Morales Ramos, céd. 111670990
Henry Mora Jiménez, céd. 105120548
Nora González Chacón, céd. 106990620
Jesús Guzmán Castillo, céd. 304360204
Tania Rodríguez Echavarría, céd. 110680515
Yamileth González García, céd. 202460555
Luis Felipe Arauz Cavallini, céd. 104860636
Edgar Gutiérrez Espeleta, céd. 104530822
Ana Rosa Ruiz Fernández, céd. 302480440
Rony Mauricio Rodríguez Barquero, céd. 205340821
Patricia Ramos Con, céd. 205470695
Noemy Quirós Bustos, céd. 205470695
Laura Queralt Camacho, céd. 107250821
Shi Alarcón Zamora, céd. 112910818
Rocío Alfaro Molina, céd. 108280886
Sofía Cortés Sequeira, céd. 113360901
Nelson Andrés Ramírez Rojas, céd. 303890841
William Delgado Montoya, céd. 303440456
Maritza Agüero González, céd. 206450725
Mayela Acuña Calderón, céd. 302400541
Carlos Rodolfo González Zúñiga, céd. 503450978
José Alberto Martínez Villavicencio, céd. 900830116
Paula Arzadun, 103200178200
Osvaldo Durán Castro, céd. 106370047
Hellen Melania Cordero Araya, céd. 303630653
Marlon Iván Pérez Pérez, céd. 602700010
Ana Catalina Espinoza Ortíz, céd. 303550126
Yendry Alexandra Jiménez Pérez, céd. 206270045
Andreina Esquivel Rodríguez, céd. 206600795
María José Chaves Groh, céd. 110810478
Alicia Coto Guzmán, céd. 109800481
Rodrigo Campos Cordero, céd. 108560885
Pablo Diaz González, céd. 205960614
Natalia Dobles Trejos, céd. 110790825
Luis Paulino Vargas Solís, céd. 203270373
Marinela Córdoba Zamora, céd. 302970351
Luis Miguel Esquivel Sancho, céd. 206950800
Marcel Hernández Mora, céd. 303490836
Pablo César Rodríguez Vargas, céd. 206820364
Francisco Esquivel Villegas, céd. 601090101
Nancy Castro Barrantes, céd. 204350643
Luis Gerardo Meza Cascante, céd. 105130774
Fabio Sanchez Peña, 184001281001
Ronald Bustamante Medina, céd. 109130086
Marco Antei, 138000248128
Samaria Montenegro Guzmán, céd. 112090158
Luis Alberto Barboza Chinchilla, céd. 111090348
José Alexander Ramírez González, céd. 401570340
Daniel Campos Salas, céd. 113770721
Juan Gabriel Calvo Alpízar, céd. 112120635
Adriana Cristina Sánchez Chavarría, céd. 112940271
Pedro Méndez Hernández, céd. 108270664
William Ugalde Gómez, céd. 107380639
María Estrada Sánchez, céd. 109740643
Arnaldo Moya Gutiérrez, céd. 302230941
Patricia Fumero Vargas, céd. 302270116
Nora Garita Bonilla, céd. 103820064
Yolanda Rojas Rodríguez, céd. 900120762
Ana Lupita Chaves Salas, céd. 104550585
Susan Francis Salazar, céd. 107210975
Elizabeth Fonseca Corrales, céd. 400970783
Albin Gerardo Guerrero Mora, céd. 106050324
Alejandra Fernández Bonilla, céd. 105740192
Erika Henchoz Castro, céd. 105700927
Víctor Hugo Acuña Ortega, céd. 103730844
Melania Monge Rodríguez, céd. 105730482
Patricia Blanco Picado, céd. 105380707
José Pablo Mora Vargas, céd. 2 0581 0912
Lady Meléndez Rodríguez, céd. 105410868
María Peña Bonilla, céd. 106570340
María Elena López Núñez, céd. 103410135
Julio Alberto Brenes Arroyo, céd. 108920767
Wendy Yorleny Rojas Calero, céd. 701790272
Adilia Eva Solís, 155803301923
Ana Lucía Gutiérrez Espeleta, céd. 156010866
María Cecilia Dobles Izaguirre, céd. 103270166
Alvar Saborío Ruiz, céd. 500840552
Ivette Rojas Zeledón, céd. 107780131
Ivonne Lepe Jorquera, céd. 800650908
Isabel Avendaño Flores, céd. 106020245
Ana Carcedo Cabañas, céd. 800470010
Evita Henríquez Cáceres, céd. 206260679
Darío Alberto Mena Arias, céd. 113020444
Bryan Roberto Vargas Vargas, céd. 401940928
Francisco Piedra Vargas, céd. 107470054
Francisco Guevara Quiel, céd. 108560452
Alberto Hernández Alvarado, céd. 303610785
Larraitz Lexartza Artza, céd. 801240792
Jorge Guier Acosta, céd. 107650767
Camila Ordoñez Laclé, céd. 111390314
Ronald Bonilla Rodríguez, céd. 401460933
Javier Trejos Zelaya, céd. 105550580
Maikol Picado Cortés, céd. 401890288
Ana Laura Rivera Vargas, céd. 304450568
Francisco Robles Rivera, céd. 304050666
Ana Gabriela Víquez Paniagua, céd. 205710047
Francisco Frutos Alfaro, céd. 105930011
Daniel Briceño Lobo, céd. 105160339
Cindy Fernández García, céd. 110380095
Leonardo Castellón Rodríguez, céd. 109270673
Eduardo Chavarría Saborio, céd. 105870907
Alberto Cortés Ramos, céd. 900750815
José Ralph García Vindas, céd. 800920363
Hugo Hidalgo León, céd. 107340170
William Poveda Fernández, céd. 303500256
Roberto Antonio Ulloa Esquivel, céd. 402000107
Jennifer de los Ángeles Loría Sorio, céd. 304550852
Maikol Solís Chacón, céd. 112060753
Marco Vinicio Alvarado Peña, céd. 107370600
Viviana Solano Monge, céd. 304500312
Ericka Masís Garita, céd. 303550694
Alexander Berrocal Jiménez, céd. 109440034
Tania Molina Villalobos, céd. 108140765
Alexandra De Simone Castellón, céd. 105320906
Norma Lucía Ruiz Fernández, céd. 900630855
Boris Allan Larios Cruz, céd. 205370932
Nathalie Vásquez Ramírez, céd. 30392346
Jeannette Alvarado Retana, céd. 105270618
Mariela Hernández Ramírez, céd. 205270338
Adriana Sánchez Lovell, céd. 111510909
Rosibel Orozco Vargas, céd. 302580920
Marilú Rodríguez Araya, céd. 204120789
Carmen María Méndez Navas, céd. 104170492
Roberto Castillo Rojas, céd. 301770017
Raquel Picado Navarro, céd. 109430726
Fernando Bermúdez Kuminev, céd. 114600552
Wagner Moreno Moreno, céd. 502180988
Héctor Ferlini Salazar, céd. 104540856
María Cecilia Aguilar Lara, céd. 202520321
Sandra Cartín Herrera, céd. 203430634
Vera Victoria Sancho Mora, céd. 104111454
Virginia Ramírez Cascante, céd. 105430030
Lisbeth Araya Rojas, céd. 104011290
Ana María Botey Sobrado, céd. 104730692
Gilberto Alfaro Varela, céd. 501490053
Marcela Dumani Echandi, céd. 900680173
Ana Isabel Porras Thames, céd. 103700435
Ana Leonor Ramírez Montes, céd. 104830426
Marie-Claire Vargas, céd. 105890240
Laura Vargas Vargas, céd. 104340593
Olga Goldenberg Guevara, céd. 102870168
Francisco Javier Rojas Rojas, céd. 106150202
Laura Hernández Alpízar, céd. 106910588
Jorge Andrey Valenciano Salazar, céd. 205420447
Carlos Leonardo Arguedas Campos, céd. 401400752
Javier Rodríguez Ramírez, céd. 110230342
María Fernanda Vega Solano, céd. 304360323
María C. Víquez Ramírez, céd. 401340973
José Millán Araujo, céd. 800820978
Gerardo Villalobos Rodríguez, céd. 204610636
Gabriela Pino Chacón, céd. 105160449
Jorge Herrera Murillo, céd. 205330454
Marianela Rojas Garbanzo, céd. 303260030
Randall Hidalgo Mora, céd. 401680374
Christian González Hernández, céd. 401850130
Marjorie León Gómez, céd. 204420043
Francisco González Alvarado, céd. 204510487
Álvaro Martín Parada Gómez, ced. 800700955
Julio César Espinoza Rodríguez, céd. 107740181
Javier Durán Fallas, céd. 105660979
Karen Herrera Benavides, céd. 112160849
Sara Emilia González Bonilla, céd. 401240885
Erika Vásquez Salazar, céd. 108320129
Yuri Morales López, céd. 110250819
Felipe Alpízar Rodríguez, céd. 110490305
Evelyn Apú Álvarez, céd. 110600969
Roxana Salazar Bonilla, céd. 104940776
Lorena Uribe Lorío, céd. 106020577
Willy Calderón Guerrero, céd. 602850917
Norberto Rivera Romero, céd. 302440121
Javier Fernández Lara, céd. 108940323
Alejandra Amador Salazar, céd. 111600259
Magaly Gutiérrez Saborío, céd. 110120383
Ana Gabriela Blanco Víquez, céd. 110130676
Liz Marie Robles Hernández, céd. 109900186
Zaida Siles Rojas, céd. 105760128
José Antonio Santamaría Rivera, céd. 107180586
Leidy Abarca Picado, céd. 108020813
Allan Ulate Angulo, céd. 114090313
Cristina Romero Solera, céd. 302800094
Leonora Córdoba Roldán, céd. 302900126
Brenda Bustamante Vega, céd. 304830900
Andrea Jiménez Murillo, céd. 110810533
María del Pilar Rojas Briceño, céd. 107800170
Edwin Retana Araya, céd. 206450503
Rosario Hernández Hernández, céd. 108480342
Manuel Delgado López, céd. 113030307
Vivian Bonilla Gamboa, céd. 115780208
Wilberth Sequeira Gómez, céd. 106510795
Isaac Flores Bertozzi, céd. 108710765
Alicia López Fernández, céd. 106450643
Yamileth Garbanzo Guzmán, céd. 106370553
Shirley Campos Mesén, céd. 106830878
Nicole Cisneros Vargas, céd. 112450713
María del Milagro Castro Solano, céd. 206030429
Juan Miguel Herrera Delgado, céd. 107270410
María Laura Arias Echandi, céd. 106180948
María José Cascante Matamoros, céd. 111660261
Oldemar Rodríguez Rojas, céd. 203940778
José Ángel Vargas Vargas, céd. 203710866
Gustavo Gutiérrez Espeleta, céd. 106600352
Miguel Román Díaz, céd. 107300659
Marisol Gutiérrez Rojas, céd. 105720906
Jeannette Campos Salas, céd. 105890202
María Marta Durán Rodríguez, céd. 302910123
Rosalina Alvarado Delgado, céd. 104080901
Helvetia Cárdenas Leitón, céd. 203790551
María Pérez Yglesias, céd. 103690624
José Pablo González Chaverri, céd. 41720701
Carmen Monge Hernández, céd. 109000461
Priscilla Mena García, céd. 603410602
Roberto Rojas Benavides, céd. 602160911
Alejandra Gamboa Jiménez, céd. 109490166
Alice Brenes Maykall, céd. 106630878
Marlene Flores Abogabir, céd. 800900409
Nancy Astorga Miranda, céd. 110910744
María Eugenia Restrepo Salazar, céd. 109750470
Idaly Cascante Herrera, céd. 401380017
Norma Salazar Baltodano, céd. 108410237
Mayela Avendaño Salas, céd. 105640280
Ronny Hernández Álvarez, céd. 601960957
Rocío Carvajal Sánchez, céd. 401210625
Gabriela Ortiz Valverde, céd. 603420251
Zita Soto Poveda, céd. 106080795
Esteban Picado Sandí, céd. 110630040
Victor Julio Baltodano Zuñiga, 204310502
Mayela Coto Chotto, céd. 106090382
Grace Wong Reyes, céd. 601650096
Manuel Luna Ángulo, céd. 502580797
Karol Vanesa Monge Hernández, 112220685
Ronald Alvarado Cordero, céd. 108500771
Juan Carlos Beckles Araya, céd. 106600600
Adriana Alvarado Cerdas, ced. 109090671
Manuel Antonio Villalobos Morales, céd. 402000227
William García Morera, céd. 700950002
Arabella Salaverry Pardo, céd. 900290602
Marielos Castro Umaña, céd. 103690927
Elisa Donato Monge céd. 105140512
Dulce Umanzor Alvarado, céd. 600990608
Juliana Martínez Franzoni, céd. 800820470
Adrián Pignataro López, céd. 113160599
Gerardo Hernández Naranjo, céd. 106770083
Brayan Jara Ureña, céd. 117330757
Susan Ugalde Monge, céd. 107790137
Carlos Humberto Cascante Segura, céd. 109640964
Ivonne Vásquez Esquivel, céd. 2026940462
Juan Miguel Camacho Hernández, céd. 401390077
Flor Esquivel Rodríguez, céd. 204600251
Hannia Sánchez Mora, céd. 107280976
Olga Patricia Villalobos Garita, céd. 401420372
Minor Oviedo Segura, céd. 401540950
Jenny González Murillo, céd. 109840829
Gloriana Moya Muñoz, céd. 402040926
Gabriela Quirós Cuadra, céd. 401390322
Diana Vargas Benavides, céd. 110320526
Magaly Solís Vargas, céd. 603320741
Paula Vargas Segnini, céd. 109060623
Yury Alfaro Arias, céd. 206240050
Iris Cubero Campos, céd. 203520729
Dayan Murillo Campos, céd. 702310012
Sofía Vásquez Bolaños, céd. 206330979
Georgina Morales Solano, céd. 401340731
María Isabel Hidalgo Vargas, céd. 112410115
Roxana Cubero Conejo, céd. 108860383
Ana Rosa Orozco Morales, céd. 110230234
Marcela Bagnarello Kepfer, céd. 110950939
Tatiana Roldán Cordero, céd. 109040003
Maria Victoria Ruiz Ruiz, céd. 401350490
Rosalba Mora Royo, céd. 110960294
Johanna Acuña Garita, céd. 304720718
Gustavo Garita Hidalgo, céd. 401700916
Luis Gustavo Delgado Vásquez, céd. 207050713
Laura Cruz Ruiz, céd. 502620127
Juan Diego Gómez Navarro, 105250351
Yalile Jiménez Olivares, céd. 108520207
Sergio Fernández Rojas, céd. 107440183
Ericka Jiménez Espinoza, céd. 108920601
Rita Picado Arroyo, céd. 303160938
Fred Luis Jiménez Hernández, céd. 111890900
José Joaquín Montero Zúñiga, céd. 107580845
Deborah Castillo García, céd. 701130362
Bernal Martínez Gutiérrez, céd. 302710189
Erick Francisco Salas Acuña, céd. 205680321
Eric Alfredo Chirino Sánchez, céd. 106230155
Sebastián Saborío Rodríguez, céd. 111660309
Eva Carazo Vargas, céd. 108930621
Luis Alonso Rojas Herra, céd. 112510165
Gustavo Gatica López, 13200254014
Patricia Oliva Barboza, céd. 107480251
Marcela Pérez Rodríguez, céd. 106440146
María Alexandra Medina Pérez, 117000187730
Natalia Dobles Trejos, céd. 110790825
Paulo Coto Murillo, céd. 11056-0998
Backtori Golen Zúñiga, céd. 112920729
Megan López La Touche, céd. 114710234
Francis Muñoz Calvo, céd. 114490629
Juan Antonio Gutiérrez Slon, céd. 112450785
Edgar González Quesada, céd. 303990404
María de los Ángeles Segura Carmona, céd. 106200161
Idaly Cascante Herrera, céd. 401380017
Melissa A. Castro Quirós, céd. 111330022
Elías Córdoba Chaves, céd. 110830032
Nancy De la O Arce, céd. 401690110
Laura Delgado Rojas, céd. 108710641
Marlene Garita Loaiza, céd. 112050111
Lucía Quesada Acuña, céd. 111720187
Cilene Trejos Quesada, céd. 107470321
Ana Yansy Ugalde Gómez, céd. 204080004
Viviana Umaña Porras, céd. 107540465
Adriana Jazmín Ureña Castro, céd. 111980373
Kattia Vanessa Vargas Fallas, céd. 111000035
Luis R. Víquez Rodríguez, céd. 205690776
Andrea Zamora Quesada, céd. 110140666
Gerardo Fonseca Sanabria, céd. 700920242
Gréttel Castro Céspedes, céd. 112000156
Ma. Rosibel Ruiz Fuentes, céd. 206630849
Marjorie Chavarría Jiménez, céd. 106800326
David Josué Barquero Castro, céd. 113530776
Alejandra Navarro Navarro, céd. 303920963
Roxana Cabalceta Rubio, céd. 114070999
Sergio Moya Mena, céd. 108240261
José Manuel Arroyo Gutiérrez, céd. 103991073
Hugo Vargas González, céd. 107880210
Daniel Matul Romero, 132000001412
Nidya Cecilia Nova Bustos, céd. 800990603
Allan Monge Cordero, céd. 107760834
Lidieth Garro Rojas, céd. 602270142
Gabriela Arguedas Ramírez, céd. 108310136
Rafaela Sierra Ramos, céd. 800460989
Julieta Dobles Yzaguirre, céd. 103120144
Albert Torres Vargas, céd. 108360857
Danny Mora Cordero, céd. 112840747
Luis Alberto Rojas Campos, céd. 206050213
Jimmy Castro Rodríguez, céd. 110190121
Dary Andrea Moya Chavarría, céd. 603180476
Juan José Padilla Vindas, céd. 111790739
Luis Felipe Cordero Jara, céd. 401800910
Andrea Brenes Rogades, céd. 701580878
Marilyn Núñez Badilla, céd. 109820019
José María Gutiérrez Gutiérrez, cédula 104610499
Efraín Cavallini Acuña. céd. 104640098
Gerardo Cerdas Vega, céd. 108970131

La organización autónoma de las comunidades genera instituciones eficientes

Escrito en 12/01/2021. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Miguel Sobrado

Proyectos como el Hospital sin Paredes, en San Ramón, en los años 70, con escasos recursos institucionales, pero con la participación activa de 160 comunidades, logró en poco tiempo, a través de un proceso de cooperación orgánica, entre equipo médico y comunidades, índices de salud tan destacados que le merecieron premios de la Organización Panamericana (OPS) y Mundial de la Salud (OMS).

Algo similar ocurrió con los proyectos de Reforma Agraria de autogestión productiva que transformaron, en varios países latinoamericanos a miles de obreros agrícolas desplazados y campesinos sin tierra organizados en cooperativas en exitosos empresarios. ¿Por qué estas experiencias de incorporación de la gente en programas de desarrollo de alto rendimiento y bajo costo no han podido ser replicadas posteriormente a pesar de millonarios programas institucionales que han incorporado entre sus metas participación de la gente?

Muchas razones se han alegado para no haber alcanzado los mismos resultados, o por lo menos parecidos. Han sobrado razones para estas justificaciones, desde los cambios de condiciones y coyunturas imperantes hasta, los más frecuentes, atribuidos al carisma y calidades personales de sus promotores el Dr. Juan Guillermo Ortiz en el caso del Hospital sin Paredes y Clodomiro Santos de Morais, en el caso de la metodología de capacitación masiva aplicada en tres continentes.

Aunque no existen dos momentos iguales en la historia, ni los promotores son repetibles con todas sus calidades personales, si existen diferencias en el enfoque epistemológico que se expresan en los resultados obtenidos.

Diferencias epistemológicas en la aplicación del mismo concepto

La antropóloga norteamericana Lynn Morgan, analizando las diferencias de aplicación del concepto participación entre los impulsores del proyecto original de salud rural que dio origen al Hospital sin Paredes y la de los sucesores que le dieron versión institucional en la Caja Costarricense de Seguro Social, perfiló una interpretación, que es esclarecedora de las diferencias.

El “Hospital sin Paredes” partía de: a) Una comunidad solicitaba su incorporación al programa y nombraba a una miembro de dicha comunidad que era entrenada por el equipo médico para recoger la información sanitaria de cada familia. b) Se realizaba un diagnóstico conjunto de la situación de la comunidad, entre el equipo médico y el comité de salud. c) se analizaba un plan de trabajo con tareas tanto para la comunidad como para el equipo de salud del hospital. d) se le daba seguimiento y evaluaban los avances y resultados del trabajo realizado.

En el plan de trabajo, centrado en la salud de la comunidad, había tanto actividades propias del equipo médico como del comité de salud que era el que se encargaba de mantener el puesto de salud, garantizar la construcción de letrinas y acueducto, como de promover la construcción de caminos y de cooperativas para obtener mejores ingresos.

Se establecía así una estrecha relación de simbiosis que sacaba del hospital los alcances preventivos tradicionales del programa de salud rural y estimulaba el desarrollo regional y comunal, donde el interés y la autonomía de la comunidad era el motor que impulsaba y dinamizaba el proceso.

La reforma de la Ley de Salud que consagró el principio de participación de las comunidades, trasladó el programa del ministerio de salud a la Caja del Seguro Social bajo la figura de EBAIS, desconcentrando la atención primaria en el país.

La aplicación institucional burocrática

Es aquí donde la participación cambia y se adapta a la dinámica institucional burocrática. Ya no se promoverá la organización de la comunidad en comités de salud, como sede de los EBAIS, sino que estos se definen en el plan de la institución. Ya no se trabajará con “enfermeritas” de la comunidad, sino con Asistentes Técnicos de Atención Primaria (ATAP) formados por la Caja, pero lo más importante es que cambia el concepto de participación de la comunidad. En el nuevo contexto no es protagonista con el equipo médico que participa definiendo las causas de sus problemas. Tampoco en la elaboración y aprobación del plan de trabajo, ni en la evaluación de resultados. La comunidad se convierte en una especie de convidado de piedra al que se le comunican los resultados emanados de los técnicos en salud y se le solicita apoyo puntual para labores secundarias, como limpieza del local o renovación de sábanas. De tal forma que el concepto de participación se asemeja más a la que mantiene el cura con el sacristán en la iglesia. En este contexto, no es de extrañar que las comunidades no muestren ningún interés y vean la actividad de los EBAIS como una obligación institucional para la cual cotizan.

Las diferencias en la aplicación del concepto de participación tienen sus raíces epistemológicas en la visión que tienen las instituciones y los técnicos de las comunidades que estimulan o inhiben la autonomía.

Visiones epistemológicas subyacentes

En el primer caso la comunidad es vista como fuente de información y aliada indispensable en la consecución de la salud de la comunidad. El conocimiento sobre la salud y sus soluciones emanan de la realidad y trascienden al conocimiento que cada uno de los actores, los técnicos y la comunidad tienen de sí mismos. No solo crece el conocimiento, sino los recursos y las voluntades para enfrentar conjuntamente los problemas.
La relación entre el equipo técnico y la organización de los comités de salud se convierte en una simbiosis generadora de cambio. Es una nueva realidad que incorpora los recursos y la voluntad de transformación organizada de las comunidades, a la consecución de una salud en el sentido más amplio que se mimetiza con el desarrollo local. Es importante destacar que el concepto de participación aplicado en el Hospital sin Paredes, se basa en un margen de autonomía que concuerda con los principios de la educación de adultos. Al mismo tiempo coincide con los principios de la capacitación a través de la actividad objetivada. Se trata de una relación que, partiendo de la necesidad de la gente, busca soluciones en una relación en una atmósfera de colaboración horizontal, donde los técnicos aportan su conocimiento a una realidad donde esta cobra vida, y encuentra respuesta en la voluntad y recursos de la comunidad.

En el segundo caso partimos de un enfoque ideológico diferente que podemos sintetizar en: las comunidades deprimidas son los perdedores en el proceso de desarrollo y deben ser ayudadas por los técnicos y las agencias de donantes, para poder salir adelante. Desde esta perspectiva, los miembros de la comunidad, para poder salir adelante deben escuchar y seguir las recomendaciones de los técnicos que son los saben.

Detrás de esta visión se expresan también relaciones de poder, tanto políticas, que visualizan el quehacer institucional como parte del entramado clientelista que busca ante todo lealtades, como de los técnicos ubicados dentro la esta estructura institucional. La relación con las organizaciones locales, cuando existe, son de negociación con los dirigentes locales; a cambio de hacer las tareas solicitadas buscan prebendas para sus familias y amigos, lo que no estimula a ninguna de las partes.

En conclusión

Me he concentrado en explicar las diferencias en el caso de la salud rural, por la riqueza del material fáctica disponible, y por la necesidad de utilizar esta experiencia frente a las pandemias y los problemas de salud crecientes como el cáncer y la obesidad, aplicando las posibilidades que abre la nueva tecnología digital.

Pero también por la importancia que puede tener su experiencia para el rediseño de muchos programas sociales, de bajo rendimiento, que pueden transformarse en exitosos con la cooperación entre las comunidades y una institucionalidad renovada que las incorpore como actores activos del desarrollo.

Carta abierta a los presidentes de los supremos poderes de la República: Costa Rica está en deuda con los pueblos indígenas

Escrito en 04/12/2020. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo, Coyuntura.

SURCOS comparte la siguiente carta abierta:

Carta abierta a los presidentes de los supremos poderes de la República

Sr. Carlos Alvarado Quesada, presidente de la República

Sr. Fernando Cruz Castro, presidente del Poder Judicial

Sr. Eduardo Newton Cruinshank Smith, presidente de la Asamblea Legislativa

Muy distinguidos señores presidentes:

Desde el Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE) de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), queremos unir nuestra voz a la de diversas organizaciones y personas que en días recientes han expresado su preocupación por el acoso continuo y las amenazas a la vida y la tranquilidad, que afectan a Pablo Sivas Sivas y a otros líderes y lideresas de los pueblos indígenas.

Debemos reconocer que Costa Rica está en deuda con los pueblos indígenas. En un país que presume de su Estado de derecho, el derecho, en lo que compete a los pueblos indígenas, ha sido irrespetado reiteradamente. Y no hablamos de derechos en abstracto, sino de obligaciones explícitas recogidas en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas y tribales, la ley 6172 “Ley Indígena” de 1977, y la Declaración sobre los defensores y las defensoras de los derechos humanos (declaración de la Asamblea General de la ONU, A/RES/53/1448, marzo de 1999). Por más de 20 años, la Asamblea Legislativa ha ignorado y mantenido en el congelador, un proyecto de ley destinado a garantizar una más eficaz aplicación de sus derechos, incluyendo el ejercicio de su autonomía territorial. Recordemos, además, que, en abril de 2015, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), le impuso a Costa Rica, Medidas Cautelares (MC 321-12), de acuerdo con las cuales el Estado costarricense tiene la obligación de velar por la vida e integridad de las personas indígenas.

Se ha irrespetado el derecho de los pueblos indígenas a su territorio y a su autonomía de gobierno, como se ha violentado su derecho a la paz y a una vida digna. En resumen, es claro que, a lo largo de muchos años, los sucesivos gobiernos, la Asamblea Legislativa y el Poder Judicial, de una u otra forma, por vías más o menos directas o indirectas, han sido cómplices de la violencia contra las comunidades indígenas, y, en particular, contra quienes lideran la lucha por sus derechos. La mayor parte de las veces, la prensa, con contadas y honrosas excepciones, ha sido partícipe de esta atrocidad.

Permanecen impunes, cubiertos por un manto de indiferencia y abulia, los homicidios de dos líderes indígenas: Sergio Rojas Ortiz, asesinado el 18 marzo de 2019, y de Yerhy Rivera Rivera, muerto el 24 de febrero de 2020. También permanecen impunes los reiterados actos de violencia e intimidación contra las personas, familias y comunidades indígenas que, valientemente, han querido hacer valer el derecho a sus territorios, el cual les es reconocido por todas las normas vigentes, pero que nuestra institucionalidad sigue negándoles. Todo lo cual evidencia el incumplimiento de las medidas cautelares dictadas por la CIDH.

Conocemos más de cerca el caso de Pablo Sivas Sivas, indígena Brorán del territorio de Térraba, como también el de Mariana Delgado Morales, indígena Bribri del territorio de Salitre, ya que él y ella son parte de nuestros equipos de trabajo, con los que han colaborado a lo largo de años, en calidad de “investigadores comunitarios”. Sabemos que Pablo ha sufrido hostigamiento y ha recibido graves amenazas. Sabemos que Mainor Ortiz Delgado, hijo de doña Mariana, recibió una brutal golpiza. Sabemos, asimismo, del ambiente de amenaza e intimidación, que permanentemente viven estas familias y sus comunidades.

Hemos investigado en profundidad los hechos de violencia acaecidos en el territorio de Salitre, y los hemos documentado amplia y rigurosamente, como podrán ustedes confirmarlo en el siguiente enlace que, respetuosamente, les invitamos a explorar: https://cicde.uned.ac.cr/investigaciones/5-15.

Con todo respeto, pero de la forma más vehemente, urgimos a la institucionalidad pública de Costa Rica, cuya representación al más alto nivel corresponde a ustedes tres, para que proceda a tomar las decisiones y adoptar las medidas que esta situación demanda con carácter urgente: en reconocimiento de los legítimos derechos de los pueblos indígenas de Costa Rica y en protección de su vida y su tranquilidad, en especial la de su líderes y sus lideresas, pero, igualmente, las de sus familias y de la de sus comunidades. Por favor, tengan presente que respetar la dignidad de nuestros pueblos indígenas, dignificará a Costa Rica entera.

Tenemos una enorme deuda con nuestros pueblos indígenas, la cual debe ser saldada a la mayor brevedad posible.

Atentamente

P/Consejo Científico del CICDE Dr. Luis Paulino Vargas Solís Director a.i. CICDE

UNED

Principios para una política a favor de los pueblos y territorios indígenas costarricenses

Escrito en 04/12/2020. Publicado en Derechos.

El miércoles 02 de diciembre, en el marco de la conferencia de prensa “Costa Rica, amenazas de muerte a Pablo Sibar y demás recuperadorxs de territorios indígenas”, el Secretario General del Sindicato de Empleados de la Universidad de Costa Rica (Sindeu), Trino Barrantes Araya, compartió las siguientes palabras:

Principios para una política a favor de los pueblos y territorios indígenas costarricenses

Trino Barrantes Araya
tbarrantesa@gmail.com
San Pedro de Montes de Oca

Miércoles 2 de diciembre de 2020

Un pequeño preámbulo:

Debieron pasar 427 años, después de la conquista, para que el tema indígena se pusiera en el tapete de los organismos internacionales. Efectivamente, es a partir de 1919 que el tema indígena procura la atención de los Estados-nacionales.

De igual forma es importante tener presente el papel del Tribunal Russell, pues con todas sus variables, es una primera de las instancias que posicionó el tema del respeto a los Derechos Humanos a los pueblos ancestrales. Aunque ciertamente el tema había sido considerado desde 1943, será en el año 1966, con el filósofo y literato Jean Paul Sartre, que el tema logra dimensionarse de manera universal.

Señalemos que ya, a partir del Convenio 107, la Organización Internacional del Trabajo presta una atención permanente a incorporar a los pueblos indígenas como actores de una realidad socio histórica y cultural de la cual son parte.

En el caso de Costa Rica, existe un buen cúmulo de leyes en torno a este eje. Así, de manera sucinta indicamos lo siguiente:

1973 – Ley 5251 Creación de la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas-CONAI

1977 – Ley 6172 Se sanciona la Ley Indígena.

1992 – Ley 7316 El gobierno de Costa Rica, ratificó el Convenio 169 de la OIT.

No es, sin embargo, este el tema que nos ocupa en este momento. Nos interesa sobre todo llamar la atención a favor de la integridad física y psicológica de Pablo Sibar Sibar, las lideresas indígenas y otros miembros de los territorios indígenas que son permanentemente amenazados de muerte.

Algunas ideas para una política indigenista:

1.- En enero de 1971, en Barbados se da una declaración que adquiere hoy en día una validez universal. “El derecho de los indígenas es previo al Estado”. No significa lo anterior que dichos derechos sean superiores al Estado, ni que la protección de la ley de desarrollo autónomo de los pueblos indígenas deba considerarse como una independencia absoluta del conjunto de normas, leyes y valores en que se sustenta el Estado. Pero la propuesta que estuvo en discusión hace unos años en la Asamblea Legislativa en el Proyecto Ley 14.352, precisaba que los derechos indígenas sobre sus tierras y territorios anteceden en mucho al cuerpo legal que dio la estructura jurídica al Estado costarricense.

2.- Aunque los derechos de los pueblos indígenas no hayan estado escritos en papel o en un cuerpo de leyes previamente articulado, estos existían previos a la conformación de los Estado-nación, que son construcciones sociohistóricas que se dan más tarde.

3.- Existe un principio que une y acerca a la lucha indígena con otro gran sector que es el campesinado. Hacemos referencia en este apartado al trabajo como fuente de derecho sobre la tierra. Sobre los grandes territorios indígenas los blancos no tenían ningún derecho. “La tierra es para quien la trabaja” y 2000 años antes de la conquista y el mal llamado descubrimiento, los pueblos ancestrales, nuestros pueblos originarios habían desarrollado una gran cultura productiva. El indígena exige, no por capricho, la tierra para sus pueblos, porque lo recurrente es ese largo derecho a lo que les pertenece.

4.- Convenio No.169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes.

Sin lugar a dudas este apartado es clave: Parte I. Política General, Artículo 1, 1. Este convenio es sin duda un instrumento legal que valida lo que anteriormente hemos venido señalando, pues el mismo refiere a las condiciones sociales, culturales y económicas propias de los territorios indígenas que los distingue de la colectividad nacional, pero además este artículo refiere con gran convicción que en dichos pueblos se reconoce un principio ancestral de sus propias costumbres y tradiciones bajo una legislación propia y especial.

5.- En el Congreso referido anteriormente celebrado hace ya medio siglo, se reconoce al territorio y al grupo social indígena como verdaderas unidades políticamente viables e independientes del Estado. No obsta lo anterior, sin embargo, para eximir al Estado de sus obligaciones de apoyar y contribuir con el desarrollo de sus pueblos ancestrales, respetando, eso sí, su independencia y autonomía.

6.- El desarrollo nacional no puede entrar en contradicción con el desarrollo de los pueblos ancestrales, pero lo anterior exige por parte del Estado respetar la armonía de los pueblos con su naturaleza y el buen vivir.

Para finalizar, cuento con algunos recortes, tal vez del diario más reaccionario y mediático de este país, hago referencia al periódico la Nación. De la lectura del contenido de estos artículos, podemos arribar a importantes conclusiones. El abogado Carlos Tiffer, en su artículo: Crimen sin castigo, del domingo 6 de setiembre del 2020, página 28, es enfático en señalar que estamos en un “estado de impunidad”. Por eso, crímenes como el de Sergio Rojas Ortiz y el de Jehry Rivera, se deslegitiman y los actores materiales de dichos crímenes quedan impunes. Por su parte los periodistas Katherine Chaves y Carlos Arguedas, en su artículo: “Fiscalía pide desestimar causa contra sospechosos en crimen de indígena”, La Nación, sábado 26 de octubre de 2020, P.11. dejan claro a la opinión pública nacional e internacional, el juego sucio y el manipuleo en estos crímenes perpetrados contra las dirigencias históricas de los pueblos ancestrales.

Más insultante aún son los argumentos que logra descubrir el comunicador Arguedas en su artículo: “Fallo de tribunal agrario frena plan de indígenas para rescatar sus tierras”, La Nación, domingo 11 de octubre de 2020, p. 10.

Termino diciéndoles, a todas y todos los que estamos hoy participando de esta conferencia de prensa, que tenemos que convertirnos en abanderados en la defensa de la integridad física y psicológica de Pablo Sibar Silbar y de todas y todos los recuperadores de sus tierras ancestrales.

Pandemia violenta autonomía de personas mayores

Escrito en 19/09/2020. Publicado en Derechos, Salud.

Acompañada de un discurso generalizante que identifica a toda la población mayor de 65 años con enfermedad y riesgo inminente de muerte, la pandemia ha generado la “infantilización” de las personas mayores en el seno de familias costarricenses, donde se ha asumido el control de sus decisiones, lo cual constituye violencia psicológica, según expertas de la UNA.

“Nosotros tenemos a mamá encerrada” o “mis hijos no me dejan salir”, son algunas frases que ya resultan comunes en las conversaciones, en el contexto de la pandemia de la covid-19, acompañada de un discurso generalizante que identifica a toda la población mayor de 65 años con enfermedad y riesgo inminente de muerte. Sin embargo, para las gerontólogas Maribel León, Noelia Alfaro y Fanny Arce, estas frases son muestra fehaciente de violación al derecho a la autonomía de las personas mayores y de violencia psicológica.

Las expertas participaron en el coloquio “Violencia hacia las personas mayores en distintos escenarios en el contexto del covid-19” -organizado en el marco del 45 aniversario del Instituto de Estudios Sociales en Población de la Universidad Nacional (Idespo-UNA)-, donde coincidieron en que la emergencia sanitaria ha agudizado distintos tipos de violencia hacia las personas mayores y ha sacado a relucir los mitos y estereotipos que prevalecen en la sociedad costarricense en relación esta población.

Violencia al desnudo

Coordinadora del Programa de Atención Integral a la Persona Adulta Mayor del (Paipam) del Centro de Estudios Generales de la UNA, León destacó la violencia psicológica como una de las principales que se puede observar en tiempos de covid-19.

En la pandemia –enfatizó la especialista- lo que se hizo fue infantilizar a las personas adultas mayores porque muchos de los hijos tomaron el control de la vida de ellas y les dijeron “usted no sale”, “usted no hace…”, como si las personas mayores no tuvieran capacidad de analizar la situación y de decidir por sí mismas. “Dejaron por fuera la autonomía de estas personas, su derecho a tomar decisiones; entonces aquí hay un abuso psicológico palpable”.

Y es que, además, el discurso sanitario relacionado con la covid-19 –según León- irrespetó la diversidad de esta población, asumiendo que toda era enferma o estaba por enfermarse, a pesar de que muchas personas mayores de 65 años están saludables y antes de la pandemia salían de sus casas para realizar distintas actividades.

Además, como consecuencia del confinamiento prácticamente obligatorio que se recomendó para esta población, a algunas personas mayores que antes salían a trabajar y eran independientes económicamente, se les afectó en el área patrimonial, lo cual les puso en riesgo ante otros tipos de violencia.

También han enfrentado violencia social porque el confinamiento les impidió asistir a centros diurnos u otras modalidades de atención, donde ejercían, entre otros, su derecho a la recreación, el cual está consignado en la Ley integral para la persona adulta mayor, tal como destacó Fanny Arce, gerontóloga y abogada con especialización en derechos humanos de esta población.

Arce reconoció que, a propósito de la covid-19, se han violentado muchos derechos, como producto del aislamiento, otra forma de violencia que sufren las personas adultas mayores.

“Todos estos abusos y maltratos, de una u otra forma, han estado presentes en la pandemia, que reveló que siguen los problemas estructurales que ya teníamos. Esto quiere decir que tenemos que desaprender todo lo que estamos haciendo y ver de qué manera vamos a mitigar todo esto”, advirtió la coordinadora del Paipam.

“La pandemia no puede ser una excusa para el maltrato y no podemos mantenernos en una situación donde se siguen visibilizando y perpetuando los mitos y estereotipos sobre las personas adultas mayores”, insistió.

Discurso paternalista

Una manera de desaprender y de fomentar una actitud positiva hacia la vejez y un trato digno, respetuoso y considerado hacia la persona adulta mayor -como lo establece la Convención Interamericana para la protección de los derechos de las personas mayores, ratificada por Costa Rica- es generar un proceso de cambio en el discurso, según estima Noelia Alfaro, gerontóloga y coordinadora del programa Envejecimiento: Cambios poblacionales y retos sociales del Idespo.

El discurso prevaleciente durante la pandemia, más bien vulnerabiliza a la población mayor de 65 años, haciendo referencia a esta con frases paternalistas, como es el caso de “nuestros adultos mayores”, la cual es muy utilizada, incluso por autoridades institucionales.

Alfaro fue enfática en que cuando se dice “debemos proteger a nuestros adultos mayores”, suena posesivo e implica que las personas mayores son de las familias y estas toman decisiones por ellas, con lo cual se irrespeta su autonomía.

La investigadora del Idespo comentó que esto sucede también en el ámbito internacional, por ejemplo, en Argentina, donde se emitió un decreto para que las personas mayores pidieran permiso para salir, el cual causó gran controversia.

El discurso que asocia vejez con enfermedad, dependencia e improductividad se refleja en las noticias que difunden los medios de comunicación, lo que contribuye a que estas ideas se perpetúen.

“Estamos interiorizando todo este bombardeo y estamos generando representaciones sociales negativas y estereotipadas sobre el envejecimiento y la vejez”, subrayó Alfaro.

“¿Qué ideas están interiorizando los niños, por ejemplo, con respecto al proceso de envejecimiento, la vejez y las personas adultas mayores?”, cuestionó.

Ante este panorama, insistió en la necesidad de generar una sensibilización y una concientización en todos los ámbitos de la sociedad, en los diferentes profesionales, autoridades de instituciones, periodistas, así como en las escuelas y los colegios, donde debería generarse un contenido sobre este tema, sobre todo en un país como Costa Rica, donde hay un acelerado proceso de envejecimiento poblacional.

En su criterio, no solo es preciso promover un cuidado minucioso del uso del lenguaje y desarrollar nuevas estrategias comunicativas más neutrales, sino también asegurarse de socializarlas, interiorizarlas y llevarlas a la práctica, con el objetivo de crear una sociedad para todas las edades, que implica nuevos discursos y repensar y resignificar la vejez.

***Mayores detalles con periodista Oficina de Comunicación 8334-4150.

*Imagen ilustrativa, UCR.

La participación involucra y moviliza, la participulación desmoviliza las comunidades en la lucha contra la pandemia

Escrito en 23/07/2020. Publicado en Análisis, Comunidad.

Miguel Sobrado

En un artículo anterior señalé que la pandemia se propagaría si no se involucra a las comunidades en su control y mencioné la experiencia del Hospital sin Paredes de San Ramón en los 70s. Algunas personas me han pedido que de mayores detalles sobre el método utilizado para descentralizar la actividad institucional involucrando e incorporando a las comunidades activamente en la lucha contra la pandemia en su dimensión más amplia incluyendo la generación de ingresos.

En primer lugar mi propuesta no pretende transformar de la noche a la mañana el sistema de Ebais, sino recuperar en una primera instancia la experiencia ramonense en forma de proyecto piloto que pueda ser extendido en las organizaciones comunales que lo demanden.

El problema de las palabras gastadas

Casi todas las políticas sociales mencionan la importancia de la participación de las comunidades y beneficiarios para el logro de sus metas. Pero, aunque mencionamos la misma palabra, ¿estamos hablando de lo mismo? Pues no y la diferencia es sustancial en cuanto a los resultados.

Las diferencias de enfoque en la aplicación de la salud comunitaria en la Costa Rica de los 80s las destacó la antropóloga norteamericana Lynn Morgan en su libro “La política de atención primaria en Costa Rica” traducido y publicado por CENDEIS en 1997. Señala la Dra. Morgan que el sector primigenio inspirado en el Hospital sin Paredes, procuraba involucrar a las comunidades desde el diagnóstico de la situación de la salud, en la elaboración de los planes de acción y su ejecución.

El grupo que le sucedió en el poder, aunque aceptaba nominalmente el concepto de participación comunal lo ubicaba en un papel pasivo dependiente, esto es de apoyo y colaboración a las acciones definidas por los técnicos y autoridades.

Esta diferencia generó prácticas diametralmente opuestas en el involucramiento y resultados de la acción de la comunidad. Mientras que en la experiencia del Hospital sin Paredes se fusionaba y enriquecía el conocimiento sobre la salud y se obtenían resultados extraordinarios que integraban a la comunidad con el Hospital, en otros casos la “participación” comunal se limitaba a prestar servicios de limpieza. Lamentablemente este concepto de participación fue el que prevaleció en el montaje de los Ebais por parte de CCSS.

Aunque en la Ley de reforma del sector salud de inicios de los 90s del siglo pasado exigía la participación comunal en los Ebais, el concepto de participación como ayuda pasiva no pegó en las comunidades. Las evaluaciones realizadas por la CCSS, señalan esta de manera reiterativa, pero esto no ha sido suficiente para revisar su aplicación. Ahora, con la pandemia la realidad se impone y el manejo centralizado de la pandemia están poniendo en evidencia la necesidad de descentralizar y de incorporar aunque sea poco a poco a las comunidades.

Procedimiento que le permitió conseguir la participación de las comunidades, previniendo, curando y generando ingresos en las comunidades

Visita a las comunidades donde se les informaba de las limitaciones de personal del Hospital y se les invitaba a organizarse en Comités de Salud locales, para poder brindar una mejor atención sanitaria.
Las comunidades que aceptaban y se organizaban, debían: a) nombrar una “enfermerita” de la comunidad que trabajara con el Comité de Salud y b) destinar una habitación en una casa o local comunal para ser utilizada para las reuniones del Comité y la atención a los pacientes, cuando llegaran los médicos.
La enfermerita debería prepararse en un curso que impartía el Hospital para reconocer los síntomas más frecuentes y llena una boleta de cada familia, casa por casa.
La información recogida por la enfermerita era analizada por el equipo médico y el Comité de Salud local. Sobre la base de este diagnóstico se fijaban las prioridades de trabajo de salud, tanto de las tareas que tocaban al equipo médico como a la comunidad.
El equipo médico le entregaba a cada Comité un plano de las viviendas de su comunidad que se fijaba en una pared. El comité colocaba en cada vivienda “banderas” de colores de acuerdo con la sintomatología.
En el Hospital la información, de los cinco cantones que cubría el Hospital, era procesada manualmente, ya que no existían computadores, por un médico especialista en estadísticas, de tal forma que manejaba un censo actualizado de salud.
El análisis de la salud que realizaba la comunidad no se limitaba a lo preventivo y curativo, sino que también incluía el concepto de bienestar e ingresos.
En este sentido la participación de la comunidad, no se limitaba a actuar sobre las causas inmediatas de las enfermedades gastro intestinales, tales como la carencia de agua potable o letrinas, sino que incluía el problema de caminos, el mercadeo de los productos o la tenencia de la tierra.
Producto de la gestión de los 161 comités de salud creados por el Hospital sin paredes se crearon múltiples cooperativas de servicios múltiples, comités de vecinos para resolver el problema del transporte e incluso gestiones ante las municipalidades locales para expropiar y repartir tierras ahí donde los terratenientes no pagaban salarios mínimos y los hijos de los peones sufrieran desnutrición.
Se trata de una experiencia impulsada desde el Hospital, que le permitía al equipo médico tener una visión y conocimiento sobre la realidad que no tenían en sus oficinas, pero que al mismo tiempo operaba con gran iniciativa local basada en la autonomía plena de las comunidades. Un contexto de cogestión en que no cabía la participulación institucional.

Santa María de Dota 21 de julio de 2020

Imagen: Actividad participativa con la comunidad para evaluar las condiciones de salud. Documental de Víctor Ramírez sobre el Hospital sin Paredes.

Una dictadura en democracia

Escrito en 27/06/2020. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Hernán Alvarado

El gobierno de «unidad nacional» ya ha mostrado sus garras y dientes, puesto que ha unido a la clase política alrededor de una agenda laboral regresiva que solo complace a unos cuantos. Comenzó concediendo enormes exenciones y cuantiosas amnistías y continuó desfalcando pensiones, autorizando despidos, congelando salarios y cargando sobre las espaldas de quienes menos tienen los costos de las crisis fiscal, sanitaria y económica.^[1] Así engendró un consenso que ha saboteado sistemáticamente el pacto social de 1949 sin ofrecer nada a cambio, pues a la religión del mercado le basta con su dios fetiche: el dinero. Pero eso no se puede llevar a cabo sin quebrantar la Constitución de la República y sin atizar un conflicto social que ya hierve en su confinamiento.

Un depredador de la norma superior

Ese gobierno de unidad «nacional» reforzó la coalescencia de poderes que la voluntad del constituyente quiso independientes (artículo 9, entre otros), reduciendo la oposición en el Legislativo y debilitando más la independencia judicial. Esto se volvió evidente a partir de la segunda elección de Oscar Arias y es consecuencia de que los diputados nombran acomodaticia y secretamente a los magistrados.

En vez de pagarle su voluminosa deuda a la CCSS, ese gobierno y sus grandes empresarios han puesto en riesgo su autonomía y sostenibilidad (artículo 73). Mientras cierta prensa se ha dedicado a desprestigiarla, igual que a otras instituciones públicas. Asimismo, las universidades ven amenazada su autonomía (artículos 84 y 85), blanco predilecto de todo tirano. El informe legislativo que se acaba de presentar da vergüenza ajena y pasará a la historia como un monumento a la arrogancia de esta legislatura, basada, como suele suceder, en la «ignorancia oceánica» de quienes votan hasta sin leer.^[2] Ni por su forma, ni por su contenido es de recibo; sin embargo, fue aprobado sin sonrojarse por 31 diputados.^[3] No se sabe qué es más alarmante, si ese informe de mayoría o su aprobación.^[4]

Por otra parte, la ley 9635 para el «Fortalecimiento de las finanzas públicas» fue una falsa solución a una crisis falsa. Fue impuesta contra una multitud de voces que trataron de negociarla, configurando la más clara contravención del artículo 9 vista hasta ahora. La solución es falsa porque no resuelve el problema, ni erradica su causa; es una reforma remendona y regresiva que el Covid-19 dejó desarropada, junto a su dogmática regla fiscal. Pero así se evitó eficazmente la cuestión de fondo: evasión, elusión y contrabando (sin que casi nadie mencione el narcotráfico). Tal reforma deshonró el artículo 50 que manda al Estado a procurar «…el más adecuado reparto de la riqueza». Por cierto, que Costa Rica forme parte hoy de los diez países más desiguales del mundo es un resultado de política económica anticonstitucional y necesita ser urgentemente revertido. En buena ley habría que despedir por eso a todos los responsables.

La crisis fiscal es falsa pues las fuentes de ingreso sobran y bastaría con cobrar bien los impuestos. Pero falta voluntad política; si no se permitiese el robo del impuesto de ventas, por ejemplo, el déficit caería más del 2,5% del PIB. El principal problema es que las mayores fortunas desaparecen por el arte prestidigitador de la «ingeniería fiscal». Al respecto, la propuesta del grupo de economistas heterodoxos, en el cual figuran Thomas Piketty y Joseph Stiglitz, acierta al proponer un mínimo impositivo del 25% sobre las grandes corporaciones para salir de la crisis.^[5]

Aún así el sistema tributario costarricense seguiría siendo regresivo, ya que a un pensionado se le quita hasta un 69%. El sistema es tan regresivo que las exenciones se otorgan a quienes más pueden y no a quienes menos tienen. ¿Por qué se le cobraría a un pensionado un 55% de impuestos, mientras a una gran corporación como Appel, Amazon, Google o Facebook apenas un 25%? En rigor, a una pensión se le debería cargar únicamente lo que a cualquier otro ahorro, es decir, nada. Por definición, el ahorro sale de un ingreso neto, es decir, después de pagar los impuestos respectivos. Por tanto, recargarlo con otro -como quiera que se le llame- es doble imposición a un dinero ya gravado. Un segundo impuesto es en sí mismo regresivo, ni qué decir de un tercero o un cuarto. Cualquier monto resulta así discriminatorio y desproporcionado, es decir, abusivo y falta entre otros al artículo 33. Una pensión no es ni un salario ni un dividendo, es un derecho o beneficio social que adquiere el trabajador a través de un financiamiento tripartido. Por cierto, pretender liberar al Estado de financiar pensiones, como se ha querido hacer creer, también es anticonstitucional (artículo 73).

La ley 9796 que obliga a los pensionados a ser súper solidarios ha resultado ser otro disparate legislativo que se contradice a sí mismo. No solo es regresiva sino que además viola el artículo 34, porque «ninguna ley», «para ninguna persona», puede ser «retroactiva» y, desde luego, ninguna puede estar por encima de la norma superior. Su corolario, la ley 9836, que pretende usar ese «ahorro» para subsidiar a los más pobres, también choca con el artículo 73 sobre los seguros sociales, que no pueden ser transferidos ni utilizados «(…) en finalidades distintas a las que motivaron su creación (…).»^[6] En el mismo sentido, la Asesoría técnica de la Asamblea Legislativa había advertido que usar una pensión con otra finalidad distorsiona el instrumento, atropella el derecho adquirido y la expectativa del propietario.^[7] Unos diputados ignorantes del problema han encontrado una medicina que es peor que la enfermedad.

Por otra parte, la ley 9808 «Para brindar -ni que fuera cuestión de licor- seguridad jurídica sobre la huelga y sus procedimientos» se propuso restringir todo lo posible el derecho a huelga, especialmente las «huelgas políticas». Se deshonró así, una vez más, el artículo 9 de la Constitución que todos parecen pasar por alto, tal vez porque constituye, desde que se reformó en el 2003, la principal salvaguarda contra el autoritarismo de Estado. Para honrarlo, los legisladores debieron haberse dedicado más bien a garantizar la organización de los trabajadores del sector privado, quienes no pueden sindicalizarse sin ser despedidos, a pesar de los artículos 25 y 60. Alguno debió recordarle a la UCCAEP que no son esclavos. Pero eso no cabe en esa agenda de «unidad nacional». Ahora, en plena pandemia, estos trabajadores han tenido que verificar dolorosamente que a su trabajo se le trata como a una «simple mercancía», lo cual viola abiertamente el artículo 56.

Para colmo el Presidente presentó el 1 de mayo pasado otro informe mamarracho que está lejos de cumplir con la «evaluación de resultados» y la «rendición de cuentas» que exige el artículo 11. Este rápido recuento revela que el gobierno de «unidad nacional» ha conculcado o desconsiderado cuando menos los artículos 9,11, 25, 33, 34, 50, 56, 60, 73, 84 y 85 de la Constitución. A lo cual hay que sumar la presunta violación del artículo 24 por parte del Presidente en relación con la UPAD. Por eso los gobernantes han quedado expuestos cada vez más a denuncias y recursos; solo el Presidente encara ya cinco causas penales por incumplimiento de deberes y prevaricato.

En pocas palabras, nuestros representantes no cumplen con su juramento (artículo 194) porque en vez de estar aprobando leyes democráticamente progresivas, se han dedicado a burlar el diseño participativo y popular de la República. El pueblo tiene todo el derecho a pedir que renuncien, en primer lugar a sus pretensiones y en segundo lugar a sus puestos, por incumplimiento de deber, por actuar contra su juramento y compromiso moral; aunque hayan tenido el cuidado de no incluir en su agenda la revocatoria de mandato. ¡Qué se vayan todos!

El convidado de piedra

A ese desgobierno de «unidad nacional» le persigue, desde el principio, una sombra: el pueblo brilla por su ausencia. Así que no es casualidad que premie a los más ricos y perjudique a la clase trabajadora que es la columna central de esta democracia. El pueblo es el dueño de la República y la fuente de cualquier otro poder; pero nadie nota a ese señor, que también es señora, en Casa Presidencial, ni en Asamblea Legislativa. Y cuando se manifestó masivamente, en oposición a la ley 9635, se le ninguneó como «cuatro gatos», además de vacilar a sus dirigentes.

El Presidente no vio pasar al pueblo que le gritaba en la calle, ni porque salió vestido de maestra. Dado que es medio sordo, requiere una movilización más contundente. Mientras el Soberano permanezca pasivo, como dice don Carlos que le gusta, el representante tiende a ejercer arbitrariamente el poder que se le ha delegado. Volvió a pasar durante el presente encierro con las múltiples propuestas que le llegaron. Él solo prestó oídos a la UCCAEP, aunque representa únicamente a los más grandes empresarios o «grandes contribuyentes», que sería mejor comenzar a llamar de otra manera.^[8]

Así, por ejemplo, Guillermo Zúñiga, ex Ministro de Hacienda, ha venido haciendo en su blog una serie de oportunas, comedidas y certeras sugerencias sin dejar de apuntar la necesidad de renovar el pacto social tomando la senda del diálogo, pero nadie responde desde la otra acera.^[9] Lo mismo le ocurre al grupo de economistas pluralistas. Para el gobierno hay una verdad única y la tiene en el bosillo. Sin embargo, al decir de José Luis Sampedro, hay dos tipos de economistas: los que se dedican a hacer «más ricos a los ricos» y los que trabajan para hacer «menos pobres a los pobres».

Todo indica que estamos atravesando por lo que Rogelio Cedeño ha llamado, evocando una expresión altanera de Oscar Arias, una «dictadura en democracia».^[10] No es que una mayoría aplaste a una minoría, como cabe cautelar en derechos humanos. Se trata de que un pequeño grupo se ha empeñado en hacer retroceder derechos adquiridos, porque la «clase política no le tiene miedo al pueblo» (a confesión de parte relevo de prueba). Se trata de una minoría que atropella a la mayoría que la eligió. Ignorando el límite de la carta magna, ese grupo se arroga un poder que no tiene. Por eso se deslegitima con cada decisión que toma contra los trabajadores. En consecuencia, para estos el gobierno del bicentenario está resultando ser un ruidoso fiasco.

La hora que os anuncié

Solo hay una manera de detener tanto abuso de poder: el Soberano debe presentarse en la escena política y exigir cuentas. No basta con que sea un supuesto, ni una romántica ficción jurídica. El pueblo debe tomar el camino de la democracia participativa directa para sacudir ese andamiaje que carcome, como un cáncer, la democracia representativa. Del confinamiento habrá que salir a la calle, antes de que los cuatro gatos -ahora sí y con el perdón de tan magníficos animales- terminen de destruir lo que tanto ha costado edificar durante décadas. Contrariamente al criterio de Oscar Arias, los problemas de la democracia solo se solucionan con más democracia; porque como dice un cartel anónimo: «Lo que le pasa al país es que la solución está en manos del problema».

Dada la pandemia, cabe calcular el momento, pero actuar con la contundencia que ha caracterizado al pueblo costarricense en cada hito histórico. No hace mucho hubo que parar el Combo del ICE y casi se logra detener el TLC en una jornada cívica inolvidable. Ahora, con más fuerza, razón y convicción que nunca habrá que defender nuestra República participativa y popular. Ha llegado la hora de parar el neoliberalismo que actúa como absoluto, al punto de querer pasar leyes por encima de la Constitución. Aunque los días del capitalismo «salvaje» (patriarcal, colonial y depredador) estén contados, no será posible salir de la pandemia a la solidaridad, sin derrotar a esa dictadura disfrazada de democracia que ha venido a ponerse al servicio de la insolidaridad.^[11] Ha llegado la hora de la «hipercreatividad» del pueblo (E. Dussel), empezando por las jornadas de diálogo y pedagogía social como las que viene organizando Surcos y la Alianza por una vida digna. ¿Qué más podríamos perder? Solo los grilletes mentales que nos atan a un grupúsculo dominante que no halla el hilo de su hegemonía ni de su proyecto país, extraviado como está en el laberinto de sus mezquindades y auto eximido del glamur político de otrora.^[12]

^[1] Manuel Hernández: «La suspensión unilateral del ajuste salarial es manifiestamente ilegal». En: Surcosdigital.

^[2] Rogelio Cedeño: «Los enemigos de la universidad pública y sus desvaríos». En: elpais.cr

^[3] Walter Antillón: «Autonomía constitucionalmente garantizada» y Yamileth González: «Algunas observaciones sobre el informe de mayoría de la comisión FEES». En: Surcosdigital.

^[4] Ver al respecto el excelente comunicado del Instituto de estudios latinoamericanos de la Universidad nacional.

^[5] Francisco Guerrero: «Piketty y Stiglitz proponen impuesto mínimo de 25% sobre grandes corporaciones para superar la crisis». En: latercera.com

^[6] Msc. Francisco Esquivel: «El financiamiento de las ˝pensiones˝ no contributivas.» En: cambiopolítico.com.

^[7] Hernán Alvarado: «El autogol político 9796.» En: Surcosdigital.

^[8] Oscar Madrigal: «Murió la oportunidad.» En: Surcosdigital.

^[9] Guillermo Zúñiga: «La carreta delante de los bueyes»; Gilberto López: «El mundo unilateral de la UCCAEP»; Mario Hidalgo: «Con falsedades intenta apropiarse de la historia del país». Ver también videforo: «¿Hacia qué tipo de sociedad nos quiere llevar la UCCAEP?» Idem.

^[10] Rogelio Cedeño: «Entre la indefensión y la mentira más descarada». Idem.

^[11] Álvaro Vega: «Del distanciamiento a la convivencia digna». Idem.

^[12] Según una broma de Mafalda: «vivimos en un país raro donde la clase obrera no tiene obras, la clase media no tiene medios y la clase alta no tiene clase.»

Imagen aportada por el autor.