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Etiqueta: AYA

Afectados con arsénico no pagarán facturas al AyA

Gracias a una gestión realizada por la CONFRATERNIDAD GUANACASTECA la Intendencia de Aguas de la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos ARESEP le informó al AyA que: 

“Debido a los incumplimientos con arsénico detectados:

Los abonados del servicio de acueducto que reciben agua que incumple las normas y principios de calidad establecidas, siempre y cuando dicho incumplimiento no sea atribuible a, caso fortuito, fuerza mayor o daño a terceros; sino atribuible al prestador, durante el período de incumplimiento pagarán únicamente el cargo fijo, en el caso de que no exista cargo fijo, pagarán el 50% de la factura del servicio.”

Es decir, que, por ser el agua no potable por contaminación con arsénico, los abonados de AyA afectados no pagaran lo que marca el medidor de caudal de consumo, en aplicación del artículo 97 del Reglamento Técnico “Prestación de los Servicios de Acueducto, Alcantarillado Sanitario e Hidrantes”

En el caso del agua con arsénico, declarado emergencia sanitaria por Decreto Ejecutivo N°38524-S, desde 2014, no puede alegar el AyA ninguna excusa válida. Son tortas de la administración de Yamileth Astorga.

Velar por el debido y justo abastecimiento de Agua Potable a la población por parte de ASADAS y de AyA, la protección del recurso hídrico y su apropiado y planificado uso en el desarrollo sostenible de Costa Rica, ha sido, es y será el deseo y el esfuerzo de nuestra Asociación Confraternidad Guanacasteca.

Se adjunta oficio la-ARESEP

Compartido con SURCOS por Asociación Confraternidad Guanacasteca.

Belemitas preocupados por futuro del balneario Ojo de Agua

SURCOS comparte el siguiente comunicado de prensa

  • Concejo Municipal pedirá explicaciones sobre alcance de proyecto de captación del manantial por parte del AyA

  • Señalan importancia de proteger el río La Fuente y atractivo turístico del balneario

  • Alertan sobre la situación a la Municipalidad de Alajuela y organizaciones de sociedad civil del distrito vecino de San Rafael

Oficina de prensa de Unión Belemita

Las preocupaciones en torno al proyecto de Acueductos y Alcantarillados (AyA) para aumentar la captación de mayores niveles de agua del manantial Ojo de Agua llegaron al Concejo Municipal de Belén

En moción aprobada por unanimidad en la sesión 28-2021 y que quedó en firme la noche del martes 18 de mayo, los ediles belemitas manifiestan sus dudas sobre el proyecto y solicitan información oficial al AyA y al MINAE sobre el impacto ambiental del mismo.

En el mismo acuerdo, el Concejo Municipal de Belén advierte de su preocupación a otras instituciones y organizaciones de la sociedad civil del vecino distrito de San Rafael. La Municipalidad de Alajuela, la asociación de desarrollo integral de San Rafael y la Asada de San Rafael, esta última de especial importancia por ser la que ha trabajado durante años en la protección del río La Fuente.

La inquietud del Concejo Municipal no es para menos, tras darse a conocer el año pasado el Proyecto del AyA en medios de comunicación, la preocupación por el futuro ecológico del río La Fuente cobró realce, siendo que este río, que cuenta con el reconocimiento del programa bandera azul ecológica, podría ver afectado parte de su caudal, que proviene del lago del Ojo de Agua, mismo que se abastece del continuo correr de las aguas de las piscinas.

Río La Fuente.

Afectación al principal patrimonio turístico de Belén

Además, los belemitas temen el hecho de que, al dejar de correr el agua de las piscinas, el balneario pierda su atractivo turístico, repercutiendo así en la economía local que se ha visto influida por la presencia del balneario.

Para el regidor Ulises Araya, el AyA no ha sido suficientemente claro, dado que la única información conocida sobre este proyecto, ha sido revelada a través de medios de comunicación y no se dispone de mayor información sobre el impacto ambiental que se tendría. Además, el proyecto parte de una concepción antropocéntrica y por eso no se estaría contemplando el rebalse natural del manantial para asegurar la supervivencia del ecosistema del río La Fuente.

‘’El AyA afirma que captará en un primer momento el agua de las 5 pm a las 6 am y en una segunda etapa estaría captando toda el agua de manantial, dejando sin uno de sus principales afluentes al río La Fuente que ha existido aquí desde hace cientos o miles de años, esa es una visión altamente antropocéntrica, donde no importa la salud del ecosistema’’ afirmó Araya.

El proyecto del AyA

En una nota publicada en el diario La Nación, el AyA informó que se pretende bombear 150 litros de agua por segundo (l/s) de la captación del balneario y luego colocar 1,4 kilómetros de tuberías hasta la estación de bombeo de Puente de Mulas, en Belén en donde se captaría el líquido.

La entonces jerarca del AyA Yamileth Astorga, explicó que el agua atendería hogares en la zona Oeste del Gran Área Metropolitana, principalmente los Hatillos.

San Antonio de Belén, 22 de mayo del 2021

En el siguiente enlace se podrá encontrar la moción original aprobada por el Concejo Municipal y el enlace del acta del Concejo Municipal 28-2021, en donde se podrá apreciar la presentación y discusión de la moción en el Artículo 24 de la misma (https://www.belen.go.cr/documents/20181/108094/28-2021.pdf)

Para más información pueden contactar al regidor Ulises Araya Chaves al teléfono 8470-4094.

 

Imagen principal: Lago del Ojo de Agua.

Enviado por Unión Belemita.

Que el Ojo de Agua siga siendo el mismo para hoy, mañana y siempre

¿Se imaginan que las aguas de las piscinas del Ojo dejaran de correr continuamente y en vez de eso, tuviéramos agua empozada y clorara como la de cualquier otra piscina? Bueno, esta es una posibilidad que no está lejos de convertirse en realidad, si se cumple el proyecto que anunció el AyA en el año 2019.

Quienes amamos disfrutar de la medicina que es el Ojo, creo que no le hemos puesto suficiente cuidado a este proyecto de captación total del manantial, que además pondría bajo amenaza al río La Fuente, cuyo principal afluente proviene del lago del Ojo, mismo que a su vez se alimenta del continuo correr del agua de las piscinas.

Por eso, atendiendo esta preocupación valida de varios belemitas y considerando que el Ojo ha influido en la vida y desarrollo de nuestro cantón de Belén, presentamos esta noche en el Concejo Municipal una moción con la que solicitamos la información actualizada del susodicho proyecto a las instituciones a cargo y además enviamos una voz de alerta a varias organizaciones comunales del área de influencia del Ojo, que estoy seguro, una vez enterados nos ayudarán en la defensa de este patrimonio ambiental no solo de los belemitas, y sanrafaeleños, sino de todo el pueblo costarricense.

Agradezco el voto unánime que dio el Concejo Municipal a esta moción. Muestra de que ese manantial, presente en el escudo de Belén, tiene que ser defendido por todas y todos los belemitas sí o sí.

La moción fue aprobada por unanimidad

En el siguiente enlace se puede encontrar el vídeo sobre la discusión y aprobación de la moción:

https://bit.ly/2RauaVO

Día Mundial del Agua. Momento de exigir

Freddy Pacheco León

Los funcionarios encargados de los discursos oficiales del DÍA MUNDIAL DEL AGUA no deberían desdeñar el DESPERDICIO inhumano que exhibe Costa Rica. Solo en el balneario de OJO DE AGUA, se derrocha constantemente agua suficiente para abastecer a unas 140.000 personas.

Así, cuando vemos que hace casi 90 años, el expresidente Ricardo Jiménez hizo construir una larga cañería desde ese balneario hasta la costa puntarenense, no se entiende cómo, en pleno siglo XXI, sea tanta la incapacidad exhibida por jerarcas del AyA que les hace imposible detener esa vergonzosa irracionalidad, que se resuelve con ¡recircular el agua que hoy fluye a través de las piscinas y el laguito, para conducirla por una cañería de solo 1 km! hasta Potrerillos o Puente de Mulas.

Otro ejemplo de enfermiza indolencia es el otro gran desperdicio que se hace en Guanacaste con las aguas del embalse del Arenal, luego de que ha cumplido con generar electricidad en tres plantas del ICE, ¡para fluir hacia el mar!

El Proyecto «AGUA PARA GUANACASTE», que se dijo que estaba financiado por el BCIE, vendría a darle un gran impulso al desarrollo de la región Chorotega, con el riego de 17.000 hectáreas de suelo productivo, el abastecimiento de agua potable para más de 60 acueductos rurales (ASADAS) y para el TURISMO, la principal fuente de empleo y divisas de nuestro país.

Aunque paradójicamente, unos políticos libertarios y hasta una federación conservacionista, le ha puesto obstáculos en los tribunales para atrasar su ejecución. Y a lo anterior le agregamos el casi desconocido hecho (¿por conveniencia?) de que alrededor del 50% del agua que «produce» el AyA, ¡agua para más de DOS MILLONES de personas!, se pierde por FUGAS desde sus viejas cañerías, sin que ese problema de INFRAESTRUCTURA, el más relevante de Costa Rica, merezca ni unas pocas palabras de los participantes del «gobierno de unidad nacional» que nos han impuesto.

Como también el manejo irresponsable que se hace con el prometedor proyecto de Orosi II para abastecer el área metropolitana, que pasan los años y no da signos de vida.

POR eso la gente ha abierto sus ojos y mente y logrado entender que el importante DERECHO HUMANO que establece que el ACCESO al agua en cantidad y calidad adecuadas, NO se cumple con una «nueva» Ley de Aguas redactada por comerciantes del insustituible líquido vital, sino más bien con una nueva visión gubernamental que ubique al ser humano en el centro, pero que dolorosamente no se cumple.

Por eso, parafraseando respetuosamente al Papa Francisco, DEFENDAMOS el agua nuestra de cada día. El agua que no se le ha de negar a ningún ser humano. El agua que no debe ser sujeto del comercio insaciable del capitalismo salvaje. El agua necesaria para las semillas que siembra el agricultor. El agua que no se ha de desperdiciar por incompetencia administrativa. El agua como BIEN SOCIAL, y no como la »cosa económica» que impulsa el Banco Mundial. El agua amenazada por proyectos de ley que circulan en la Asamblea Legislativa.

Comunidad de Los Jardines continúa lucha por su calidad de vida y el agua

Demandas de la Comunidad educativa y del Comité del Asentamiento expuestas ante Subsistema de Niñez y Adolescencia, desde el 23 de junio 2020.

SURCOS comparte la siguiente información:

El equipo Interdisciplinario MEP, la Comunidad Educativa de las Escuelas de Atención Prioritaria, Los Jardines, Alberto Manuel Brenes y Comité de Lucha y Bienestar Asentamiento Los Jardines plantean a diferentes instituciones gubernamentales como la Defensoría de los Habitantes, AyA y PANI, una propuesta para salvaguardar el subsistema Local de Niñez y Adolescencia en las comunidades de San Ramón de Alajuela.

Está lo que plantea es lograr determinar el estado actual de la Niñez y Adolescencia en el Asentamiento Los Jardines, que se encuentra ubicado en Caserío Los Jardines, las personas que habitan este lugar se encuentran en condiciones de exclusión social y de riesgo debido a la pandemia del Covid-19.

En el margen de fundamentación de la propuesta se adhiere a los siguientes hechos:

  1. Se conoce la existencia de 41 personas menores de edad.
  2. Dentro de las personas que están en edad escolar, algunos de ellos se encuentran suscritos a instituciones educativas
  3. Se valoriza el riesgo sanitario que corre la población que habita este asentamiento y se ejecutarían medidas alternativas para subsanar el riesgo.

Ahora bien, en ese marco lo que se demanda es:

  1. Determinar la condición del estado del cumplimiento de los derechos de las personas menores de edad (PME).
  2. Que el Ministerio de Salud brinde información detallada sobre el estado de las condiciones sanitarias del asentamiento y de acceso a la salud integral.
  3. DINADECO informe sobre el apoyo y el acompañamiento que se le está brindando a esta población.
  4. La Municipalidad de San Ramón informe acerca de la posible gestión de estudios, pactados el 17 de marzo del 2020.
  5. Instituciones como el AyA, Fuerza Pública, CCSS, CEN CINAI, MEP, CONAPDIS, IMAS y todas las mencionadas en el documento formal, brinden información detallada sobre los mecanismos de acción y proyectos que se destinan para el asentamiento.

La respuesta por parte de las autoridades, específicamente la Defensoría de los Habitantes fue el oficio N00859-2021-DHR, del 28 de enero del 2021, aborda en términos generales los siguientes puntos:

  1. Presentar la documentación que haga constar que todas esas situaciones que exponemos anteriormente sean verdaderas.
  2. Responder a los siguientes interrogatorios ¿El asentamiento El asentamiento cuenta con fuente pública o servicio de camiones cisterna? ¿Conoce la entidad si existe disputa judicial sobre la legalidad del asentamiento? ¿Cuáles han sido las negociaciones y acuerdos de la instancia que Ud. representa para mitigar los posibles efectos del COVID-19, ante la población menor edad, discapacidad, personas adultas mayores y personas con riesgo de salud?

Adjunto encuentra los documentos oficiales a los que se hizo alusión en la nota:

Pronunciamiento de la Asociación para el Desarrollo de la Ecología: Aguas negras desde el Balneario Los Baños hasta Moin

SURCOS comparte el siguiente pronunciamiento de la Asociación para el Desarrollo de la Ecología:

Limón, 16 de diciembre de 2020 AEL-099-2020

Señora y señores
Lic. Néstor Mattis Williams
Alcalde Municipal
Lic. Jorge Madrigal G.
Director Regional Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (ICAA)
Dr. Alexander Salas López Director
Región Huetar Atlántica
Dra. Guiselle Lucas Bolívar Directora
Área Rectora de Salud de Limón S. D.
Ref: Aguas negras desde el Balneario Los Baños hasta Moin

Estimado señor Alcalde y señora y señores Directores:

La Sala Constitucional ha sido del criterio de que, tanto al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, como a las Municipalidades y al Ministerio de Salud les corresponde, dentro de sus respectivos ámbitos de competencia, velar por la debida recolección, tratamiento y disposición final de las aguas negras. Así, en el caso específico del ICAA, su propia Ley Constitutiva No. 2726 de 14 de abril de 1961 y sus reformas, dispone lo siguiente:

“Artículo 1.-Con el objeto de dirigir, fijar políticas, establecer y aplicar normas, realizar y promover el planeamiento, financiamiento y desarrollo y de resolver todo lo relacionado con el suministro de agua potable y recolección y evacuación de aguas negras y residuos industriales líquidos, lo mismo que el aspecto normativo de los sistemas de alcantarillado pluvial en áreas urbanas, para todo el territorio nacional se crea el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, como institución autónoma del Estado.”

Por lo que a dicha institución le corresponde, conforme a lo dispuesto en el artículo 2° de ese mismo cuerpo normativo (…) Dirigir y vigilar todo lo concerniente para proveer a los habitantes de la república de un servicio de agua potable, recolección y evacuación de aguas negras y residuos industriales líquidos y de aguas pluviales en las áreas urbanas (…)”. En lo referente a las Municipalidades, debe indicarse que el artículo 169 de la Constitución Política le otorga a éstas la competencia para planificar y vigilar el desarrollo urbano de su localidad, como derivación de su deber de administrar los intereses y servicios locales en cada cantón. En razón de lo anterior, corresponde a cada municipio establecer una política integral de planteamiento urbano, que garantice un desarrollo en congruencia con el funcionamiento eficiente de un sistema de provisión de agua potable y de recolección, tratamiento y disposición final de las aguas negras. De igual forma, la Ley General de Salud -Ley No. 5395 de 30 de octubre de 1973-, dispone, en su artículo 2°, que le corresponde al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Salud, la definición de la política nacional de salud, la normación, planificación y coordinación de todas las actividades públicas y privadas relativas a salud, así como la ejecución de aquellas actividades que le competen conforme a la ley. De igual forma, el artículo 341 de la referida ley establece, dentro de las atribuciones del Ministerio de Salud, la de ordenar y tomar las medidas especiales que habilita esa normativa para evitar el riesgo o daño a la salud de las personas o que estos se difundan o se agraven y para inhibir la continuación o reincidencia en la infracción de los particulares. En cuanto al tema específico, la Ley General de Salud, en su Libro 1, Título 3, Capítulo 3, “De las obligaciones y restricciones para la evacuación sanitaria de excretas y aguas servidas”, dispone -en lo conducente-, lo siguiente:

“Artículo 285.- Las excretas, las aguas negras, las servidas y las pluviales,deberán ser eliminadas adecuada y sanitariamente a fin de evitar la contaminación del suelo y de las fuentes naturales de agua para el uso y consumo humano, la formación de criaderos de vectores y enfermedades y la contaminación del aire mediante condiciones que atenten contra su pureza o calidad.” (El destacado no es del original).

“Artículo 287.- Toda persona, natural o jurídica, propietaria de viviendas o de establecimientos o edificios en que las personas desarrollen sus actividades, responderá de que tales bienes dispongan de un sistema de disposición de excretas y de aguas negras y servidas aprobado por el Ministerio y los usuarios de viviendas, establecimientos o edificios estarán obligados a mantener dicho sistema en buenas condiciones de funcionamiento.” “Artículo 288.- Todo propietario queda obligado a conectar el sistema de eliminación de excretas de aguas negras y servidas de su propiedad al alcantarillado sanitario en los lugares en que éste estuviera en funcionamiento, salvo en los casos de excepción que los reglamentos pertinentes reconozcan como procedentes.” Asimismo, de dicha normativa se colige la obligación de las autoridades del Ministerio de Salud de velar por la aplicación y el control del cumplimiento de las disposiciones de esa ley y de su reglamentación, sin perjuicio de las facultades y obligaciones que leyes especiales otorguen e impongan a otros órganos o entes públicos dentro de sus respectivos campos de acción (artículo 337). Se corrobora, así, las distintas funciones y obligaciones que el ordenamiento jurídico le impone al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, al Ministerio de Salud y a las municipalidades, en materia de recolección, tratamiento y disposición final de las aguas negras. Funciones y obligaciones que, además -y como ya se adelantó en los párrafos anteriores -, se deben ejercer de forma coordinada, para asegurar así la eficacia y eficiencia administrativas.”

Con fundamento en la normativa transcrita, muy respetuosamente les solicitamos coordinar lo pertinente a fin de dar una solución adecuada al problema de las aguas negras del cantón central de Limón, situación que constituye una amenaza a la salud pública en general y de manera especial a los niños que se ven expuestos a contagios y enfermedades.

Por lo anterior, le agradeceremos suministrarnos una respuesta sobre las acciones de coordinación que ustedes deben instrumentar y que mediante esta respetuosa nota les requerimos con la procedencia, pertinencia y oportunidad que señala el Artículo 27 Constitucional, para lo cual oiremos notificaciones al correo electrónico machore@gmail.com

A la espera de sus noticias nos suscribimos de ustedes, con toda consideración y estima, Marco Vinicio Levy Virgo.

 

Imagen con fines ilustrativos.

Peores escenarios se avecinan para el agua

Osvaldo Durán-Castro/Sociólogo-ITCR

Hoy, 15 de diciembre 2020, el proyecto “Ley para la gestión integrada del recurso hídrico”, Expediente 20.212, podría ser archivado. Se discute en un momento crucial de ataque a la humanidad y a los ecosistemas por parte del sistema corporativo mundial, ya que están consumando sus aspiraciones de mercantilizar el agua en la Bolsa de New York/Wall Street. Llegamos al momento aciago que el poeta Silvio Rodríguez cantara hace años: “Me pregunto qué negocio es este, en el que hasta el deseo es un consumo, qué me haré cuando facturen el sol”. En ese pantanoso escenario, es más que indispensable y de primerísimo orden que Costa Rica asegure las más estrictas medidas de protección del agua y evite su explotación comercial sobrepasando los ya perniciosos márgenes que tenemos hoy día.

Son muchísimos los aspectos por analizar pero ahora hago un resumen sobre lo público-privado y ausencia de participación. El texto como tal no reza que se vaya a privatizar el agua, pero sí contempla mecanismos que consolidan prácticas de explotación privada y crea otras que la propician. Las experiencias de control y manejo del agua con participación y privilegio del sector privado nunca han generado resultados positivos para lo pueblos. En 2003 analizamos los caminos diversos del agua privada y aunque no nos ocuparemos de este gran tema ahora, si debemos reiterar que lo público y lo privado no se dibujan en blanco y negro, ni como opuestos dado que la privatización es un ejercicio normado desde los Estados neoliberales como parte de las estrategias corporativas para trasladar servicios públicos al sector privado (ver Agua: Lucha mundial entre capital privado y justicia https://doi.org/10.15359/rca.25-1.5 y otros textos del autor relacionados). Privatizar no consiste únicamente en entregar la operación de sistemas de distribución de agua a empresas privadas de manera directa, como ocurrió en Bolivia, Argentina, Chile, México, Canadá, etc. Las alianzas público-privadas y las concesiones, que ocupan un lugar del privilegio en esta propuesta de ley, son una de las vías principales usadas en todo el mundo para estimular la competencia entre lo público y lo privado, en detrimento de lo social, colectivo y solidario.

El proyecto 20.212 no se acerca a la aspiración de regular en favor de lo público, justo y solidario. La sola y contundente propuesta de convertir a las ASADAs en concesionarias y colocarlas como competidoras por el agua, es suficiente para advertir el sesgo anti-público del proyecto. La propuesta crea todo un abanico de riesgos mediante múltiples propuestas como las concesiones (ver Capítulo III. Concesiones), las “sociedades de usuarios” (artículos 102-104), el “Uso colectivo de las aguas en condominio” (artículo 105), la posible consolidación del negocio privado de exportación de agua (artículo 57) y la reconcentración de poder en la DINA para la toma de desiciones técnicas y políticas sobre el agua (múltiples artículos).

El Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo, en su “Informe de desarrollo humano 2006. Más allá de la escazes: Poder, pobreza y la crisis mundial del agua”, fue contundente al advertir sobre los riesgos de crear espacios de control del agua por parte del sector privado: “La característica distintiva del agua reside en su rol fundamental en los medios de sustento de los individuos y el medio ambiente de un país. Esta propiedad excepcional señala la necesidad de implementar sistemas de normas e instituciones altamente desarrollados que permitan garantizar que los objetivos de política pública fundamentales como la justicia social y la sostenibilidad ecológica no estén subordinados a la búsqueda de beneficios privados”.

Lo público debe primar en una legislación que a futuro procure blindar el agua ante los riesgos que desde hace años advirtió el PNUD, y repetimos, sobre todo ahora que llegamos al extremo previsible y ansiado del mundo privado de tranzar el agua en Wall Street. Sobre este particular podemos adelantar que Costa Rica debería contar una política pública que prohiba elevar los niveles actuales de lucro con el agua y, de manera absoluta, evitar la exportación de agua incluso a nivel de rango constitucional. Si el agua sale del país debería ser únicamente por fines humanitarios y nunca para negocios públicos ni mucho menos privados. La realidad actual de Costa Rica enseña que el agua ya es un elemento sujeto a la explotación y lucro privados. Ante eso lo que se esperaría de una nueva ley es que estableciera regulaciones que limiten, inhiban y prohíban los usos y explotación privada del agua y aseguraran una visión o nuevo paradigma orientado sin ambigüedades al bien común. Pero esa no es la visión del proyecto.

Si reconocemos, como debe ser, que la privatización no es sólo transferir directamente a entes privados la operación de un servicio o empresa, si no entregarlo por concesión o mediante la creación nuevos entes operadores, aunque sea para segmentos reducidos que los aprovechan en beneficio privado, este proyecto apunta a fortalecer los espacios de control no públicos del agua. Ese debate sobre las vías para disminuir lo público, entendido como el control demanial, social, colectivo, solidario y justo en precio y acceso del agua, que se ejerce desde el Estado y desde lo social-comunitario a través de organizaciones de base, como las ASADAS, seguirá pendiente más allá de lo que ocurra con este proyecto.

Más exclusión y menos participación social-comunitaria

Si hubiera que evaluar este proyecto de ley con un criterio básico y fundamental como la participación efectiva y la garantía de inclusión real de las personas a través de sus organizaciones de base comunitaria en la gestión del agua; habría que rechazarlo.

Desde que el 31 de marzo del 2014 a media noche y con extraño sigilo fue aprobado en primer debate este proyecto, sabíamos que se había liquidado cualquier vestigio de participación incluida en la iniciativa popular, contenida en el Expediente legislativo 17.742. Un segundo debate y aprobación sellaría el ataúd con el cadáver de la participación efectiva de la ciudadanía en el manejo democrático del agua (el proceso del proyecto de iniciativa popular del agua puede consultarse en trabajo de Barquero Mata, Sofía. (s.f.). Leyes de Aguas: análisis completo. Sobre el procedimiento de la iniciativa popular).

En el texto del proyecto que circulaba antes del 3 de diciembre 2020 ni siquiera se mencionaba a las ASADAS, y posiblemente por tan desmesurado error, fue que en la versión que empezó a circular ese día ahora fueron incorporadas en el artículo 5 indicando que el “sector hídrico del Estado…está constituido por la Administración Pública centralizada, descentralizada, autónoma, semiautónoma, las municipalidades, las empresas públicas y del Estado y las asociaciones administradoras de acueductos comunales (ASADAS), que tengan dentro de sus competencias la gestión sectorial y multisectorial del agua”.

Los mecanismos mediante los cuales se podría hacer efectiva la participación de las comunidades, no son claros y más bien podemos decir que no existen como tal en el proyecto. El artículo 2 “Principios generales” indica “l) Participación: el sector hídrico del Estado promoverá la participación de todos los sectores vinculados en la gestión integrada del recurso hídrico, en el ámbito nacional”. Esa es una generalidad que puede interpretarse como sea, y es claro que por vía reglamentaria no se asegurará esa participación. “Todos los sectores” es un postulado que coloca en igualdad de condiciones a todos los potenciales concesionarios que pretendan usar el agua para cualquier uso. No se podría augurar nada positivo si retomamos la competencia desproporcionada a la que someten, por ejemplo, los agronegocios y las hidroeléctricas a las comunidades, y las dificultades extremas de estas últimas para tener al menos acceso al diálogo con instituciones como el MINAE y particularmente con la Dirección de aguas y SETENA, que sistemáticamente las ignoran o anulan. De ninguna manera resulta suficiente la promesa contenida en ese artículo 2. Una legislación que verdaderamente busque garantizar el agua como derecho humano, de consumo humano y resguardada por el Estado en cualquier circunstancia o amenaza, debe establecerlo con claridad.

Lo más cercano a participación que el proyecto propone es el artículo 22 “Información y consulta pública”. Según el texto “Las propuestas del Plan Hídrico Nacional, el balance hídrico nacional y los planes hídricos de unidad hidrológica se someterán a consulta pública, a fin de que la población pueda formular observaciones, aclarar dudas y presentar modificaciones a dichas propuestas”. Esa limitadísima participación es contradictoria con el optimismo que desde el 2017 había expresado la Directora de AyA Yamilet Astorga, quien “asegura que ley de aguas mantiene la esencia de la Iniciativa Popular”. La funcionaria se contenta con que la población “pueda formular observaciones, aclarar dudas o presentar modificaciones a dichas propuestas”. Para ella es suficiente que “podemos llegar a crear los Consejos de Unidades Hidrológicas, mediante decreto ejecutivo, como una forma de operacionalizar esta ley”, https://www.informa-tico.com/8-11-2017/presidenta-aya-asegura-ley-aguas-mantiene-esencia-iniciativa-popular) lo cual no pasa de ser una laxa promesa que no asegura, de ninguna manera la participación efectiva de las organizaciones sociales de base, como las ASADAS.

Es evidente que las decisiones técnicas, financieras y políticas seguirán siendo un ejercicio centralizado y controlado desde la nueva DINA, si se aprobara el proyecto. Limitar la participación a “Información y consulta pública”, es una debilidad absoluta e insalvable que desde la aprobación del proyecto en 2014 habíamos señalado como gravísima y suficiente por sí misma para rechazar el proyecto en su totalidad. Esa exclusión revela que el “lobby” local del agua que promueve el proyecto concilió con las presiones e intereses del sector empresarial, además de resellar un desprecio total por la participación democrática y efectiva de la gente en los procesos de diálogo, generación de consensos, negociación y decisiones colegiadas sobre el agua.

En el proyecto no hay una sola frase que busque fortalecer a las ASADAS como entidades que aseguren el manejo comunitario y democrático del agua. Tampoco nada que procure que el Estado asegure espacios oficialmente reconocidos y vinculantes en la definición de políticas públicas y mecanismos de control del agua, con inclusión efectiva de las comunidades por medio de sus organizaciones. Ese aspecto está directamente asociado con principios como que la institucionalidad involucrada con el agua esté comprometida y obligada a respetar su condición de bien demanial y público y que genere confianza y seguridad de que los intereses colectivos primen frente a los particulares y privados.

La exclusión de las ASADAS y los riesgos asociados con la reducción de su perfil en el manejo del agua, valga decir en contraposición con la creación de espacios para entidades privadas, fue expuesta con claridad por el Colegio de Geólogos de Costa Rica (2020) que en su oficio 2020 CGCR 267-2020 dirigido a los y las diputadas, expresan: “Acerca de las ASADAS. Lejos de regular y fortalecer la situación actual de las ASADAS el proyecto de ley las excluye, les obliga a solicitar concesiones y pagar por ellas a pesar de ser entes que prestan el servicio mediante un Convenio de Delegación de Administración con el AyA (Art. 5 y Art. 58). Las ASADAS deben ser consideradas en cualquier legislación sobre el recurso hídrico debido a la importancia de la labor que realizan, ya que cubren un 33% de la población del país”.

Otro aspecto que no se puede dejar de lado es que el consumo humano es una prioridad cuestionable e incierta en el proyecto. Las definiciones son tan generales que abren la puerta para que cualquiera, sea público o privado, proponga, compita y obtenga concesiones. En el artículo 61, que como en muchos otros se norma el otorgamiento de concesiones, se indica: “Requisitos y procedimiento para otorgar concesiones. Toda solicitud de concesión para el aprovechamiento del recurso hídrico deberá cumplir los requisitos generales y específicos propios para cada tipo de aprovechamiento que se establecerán en el reglamento de esta ley; además, cumplir con el procedimiento aplicable para el otorgamiento”. Ni en este ni en otros artículos se enfatiza ni especifica el uso público, solidario y equitativo del agua, del tal manera que los concesionarios, de cualquier tipo, tendrán que “pujar” de acuerdo a sus intereses. Además, los requisitos quedan sujetos a nuevos reglamentos en cuya creación no está prevista ninguna forma de participación ciudadana. Como dijo una impulsora del proyecto, la Diputada Paola Vega, “se necesita una concesión independientemente de quien la pida”.

El único artículo del proyecto de ley que establece con claridad cuáles son los usos prioritarios del agua, es el 95 referido a la “Declaratoria de déficit temporal del recurso hídrico”. Esa condición se declarará “cuando (la Dirección de aguas) haya constatado técnicamente la disminución atípica de la disponibilidad del recurso; valorará, entre otras, las condiciones meteorológicas, hidrológicas, hidrogeológicas, hidrobiológicas, agrícolas, geográficas, sociales, ambientales, económicas y de calidad del recurso”. La realidad es que hasta hoy día muchísimas comunidades se han quedado sin agua y las autoridades no han hecho, por la razón que sea, los estudios pertinentes, ni mucho menos han declarado emergencia como corresponde. Esto ha sido así porque se han protegido los intereses privados sobre lo público y comunitario, y obviamente sobre los derechos de los ecosistemas, que más bien quedan desprotegidos con las definiciones y usos de los “caudal ambiental”.

Una legislación verdaderamente orientada a la protección integral y ecosistémica del agua, lo mismo que a usos justos y solidarios desde lo público y comunitario, debe icluir algunos principios que este proyecto no contiene. Algunos de los principios son:

  • que el Estado, como garante de los derechos colectivos del pueblo, ejerza soberanía total para asegurar el control del agua para su uso en favor del bien común,
  • que la población tenga seguridad de que el agua será considerada efectivamente y sin manipulaciones, controles políticos ni económicos, en las decisiones sobre los usos prioritarios y su protección ecosistémica,
  • que el Estado asegure espacios oficialmente reconocidos y vinculantes en la definición de políticas públicas y mecanismos de control del agua, con inclusión efectiva de las comunidades por medio de sus organizaciones,
  • que se tenga garantía de que por ser un derecho humano no esté sujeta de ninguna manera a la competencia comercial; mucho menos cuando se comprometan la salud de los ecosistemas y el acceso de la población,
  • que sea distribuida con equidad, solidaridad y hasta entregada de gratis a la gente más pobre que no pueda pagarla,
  • que haya seguridad absoluta de que será protegida frente a cualquier forma de explotación lucrativa y privada (esto sabiendo que en Costa Rica operan múltiples mecanismos de lucro con el agua),
  • que los usos prioritarios estén explícitamente estipulados y que no existan opciones, como las concesiones, sociedades de usuarios, etc, para que los usos públicos y colectivos tengan que competir con los negocios privados de cualquier tipo, como sucede ahora mismo en Costa Rica,
  • que la institucionalidad involucrada con el agua esté comprometida y obligada a respetar su condición de bien demanial y público, y en ese tanto no facilite su explotación privada,
  • que la institucionalidad genere confianza y seguridad de que los intereses colectivos primen frente a los particulares, y que respete y escuche a los actores sociales comunitarios,
  • que el Estado garantice los recursos económicos necesarios para que el sistema jurídico y operativo, la investigación científica y el seguimiento, permitan la efectiva protección ecosistémica del agua y su distribución equitativa.

¿Se cumplen esos atributos fundamentales en el proyecto de ley de agua número 20.212? Definitivamente no.

Imagen: Juan Pablo Ugalde

Héroes de la higiene al servicio público (SITRAA)

Héroes de la higiene al servicio público

21 de octubre día histórico de trabajo a favor de más de medio millón de habitantes.

DESDE SITRAA, EN SUS TRES PILARES:

Defensa de los Derechos Laborales
Defensa de la Institución
Defensa del Recurso Hídrico

Instalación de válvula de 100 tipo mariposa, manejada automáticamente, en tubería más grande de transporte de agua para potabilización en Costa Rica.

Gracias trabajadores y trabajadoras del Acueducto de Orosi, SON ÚNICOS EN AMERICA LATINA, LLEVANDO AGUA PARA POTABILIZAR, con un SERVICIO PÚBLICO.

URGE YA EL TEMA DE VER OROSI II EN BENEFICIO PÚBLICO.

UCR: Muestreo de SARS-CoV-2 en aguas residuales ya se efectuó en seis provincias del país

Avance del proyecto Ucrea-UCR

El 75 % de las plantas de tratamiento estudiadas hacen una remoción importante de indicadores de contaminación viral

El 11 de junio de 2020, la Universidad de Costa Rica (UCR) comunicó el trabajo que dos científicas del Instituto de Investigaciones en Salud (Inisa-UCR) están liderando a fin de cuantificar, en las aguas residuales de todo el país, la carga viral del SARS-CoV-2 (el virus que causa la enfermedad del COVID-19).

Las investigadoras son la Dra. Luz Chacón y la Dra. Kenia Barrantes y, al 21 de septiembre de 2020, ya se tienen los primeros avances.

Las profesionales, en conjunto con Eric Morales Mora, especialista en salud ambiental de la UCR; y el Laboratorio de Aguas del Instituto de Acueductos y Alcantarillados (AyA), efectuaron el muestreo de las aguas residuales en seis provincias de país.

Lo anterior ha permitido analizar el funcionamiento de las plantas con respecto a la eliminación de virus patógenos y obtener algunos resultados preliminares.

“Si bien, aún no se ha podido determinar la carga viral del SARS-CoV-2 debido a la carencia mundial de los insumos necesarios para hacer las pruebas, si se ha determinado que cerca del 75 % de las plantas de tratamiento estudiadas están haciendo una remoción importante de colifagos somáticos. Esto indica que esas aguas son seguras para su descarga en ríos”, afirmó la Dra. Chacón.

¿Colifagos somáticos?

Los colifagos somáticos son indicadores de contaminación viral que tienen la ventaja de ser más baratos y fáciles de analizar en los laboratorios.

Estos microorganismos no enferman al ser humano pero, al igual que los virus dañinos, se reproducen dentro del intestino y pueden llegar al ambiente de la misma manera que los virus que sí enferman a las personas. ¿Un ejemplo? El virus que causa la enfermedad de la hepatitis A.

Pero no solo eso. Ante los procesos de tratamiento de las aguas, los colifagos somáticos también tienen una respuesta de eliminación o supervivencia similar a los virus potencialmente dañinos. Esto los hace excelentes marcadores porque, en términos simples, si hay poca presencia de colifagos somáticos, es probable que también haya poca presencia de virus patógenos.

Por esa razón, las científicas, mientras esperan la llegada de los insumos para cuantificar el SARS-CoV-2, en estos momentos usan los colifagos somáticos para evaluar otros virus generadores de enfermedades como el Norovirus, Enterovirus y, el que ya se mencionó, el virus de la hepatitis A.

“En estudios realizados entre Inisa-UCR, el AyA y la Universidad del Sur de Florida determinamos que, después de un tratamiento de aguas, cuando se descargan menos de 3000 UFP/100 mL de colifagos somáticos, el riesgo de que esas aguas carguen virus patógenos es mínimo”, indicó la Dra. Chacón.

El aporte de este estudio genera una contribución fundamental en el marco de la pandemia ocasionada por el COVID-19.

Por lo general, las aguas residuales tratadas caen en los ríos, la cual luego es usada para otros fines. Ante esto, de acuerdo con la Dra. Chacón, es muy importante garantizar que el líquido que sale de esa planta de tratamiento realmente tenga cantidades mínimas de virus que se puedan diluir y no afectar la salud personas.

“Es muy importante que las instituciones públicas se unan y realicen proyectos conjuntos para el bienestar de la sociedad. En esta caso, la UCR con su trayectoria y el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), específicamente con el Laboratorio Nacional de Aguas, para trabajar en proyectos de interés con resultados de alto impacto y confianza. Trabajar con las doctoras ha sido muy gratificante y esperamos que siga siendo muy provechoso”, destacó Pablo César Rivera Navarro, microbiólogo especialista del Laboratorio Nacional de Aguas del AyA.

En la imagen se puede visualizar un cultivo de bacterias para identificar presencia de fagos. En este caso particular son colifagos, virus que infectan a una bacteria conocida como Escherichia coli. Si hay presencia, los fagos rompen las bacterias y hacen hoyos. En la imagen, los diferentes espacios que se ven en la capa (como de color gris) son los fagos.

Más allá de los virus

Las científicas también están analizando si existe la presencia de parásitos como el Cryptosporidium spp y Giardia sp en las aguas residuales. Estos microorganismos se encargan de generar diarreas muy fuertes en las personas y, si el individuo tiene un sistema inmune comprometido, su vida puede correr riesgo.

La Dra. Chacón mencionó que, en el caso de encontrar estos microorganismos o gran cantidades elevadas de virus patógenos, es probable que la remoción no sea óptima en esas aguas, lo que permitiría que agentes dañinos sean descargados.

Lo curioso aquí es que, si se encuentran esos virus, no necesariamente se hallaría al SARS-CoV-2. Justo por esta razón se requiere la prueba molecular que están esperando.

“En las aguas residuales se podrían descargar grupo de virus como rotavirus, Norovirus, Hepatitis A, por ejemplo, pero es poco probable que esto ocurra con SARS-CoV-2. La razón es porque la estructura viral lo hace más vulnerable a los procesos de tratamiento. Por ese motivo es necesario el análisis molecular”, dijo la Dra. Chacón.

Lo que sigue

Las científicas esperan que en el transcurso de un mes reciban los kits de extracción de ARN viral de muestras de aguas y los reactivos de biología molecular para realizar la determinación de SARS-CoV-2 y su carga viral.

Asimismo, planean incluir la provincia que hace falta: Cartago, en donde se prevé valorar una planta privada para tener la representatividad completa.

“Estamos realizando muestreos de acuerdo con un programa que se estableció con colaboradores estadísticos. Además, estamos realizando los análisis de virus indicadores y almacenando las muestras para que en el momento que se nos entreguen los reactivos necesarios iniciar el análisis de carga viral”, dijo la Dra. Chacón.

Cuando ese proceso culmine, lo que sigue es la divulgación de los resultados a las autoridades de salud, con el propósito de que estos puedan ser utilizados como insumos en la toma de decisiones asociadas a la pandemia.

Este proyecto es financiado por el Espacio Universitario de Estudios Avanzados (Ucrea) de la Universidad de Costa Rica (UCR).

 

Jenniffer Jiménez Córdoba
Periodista, Oficina de Divulgación e Información

Los resultados del desarrollo regional y la importancia del enfoque territorial

German Masís

La Administración Alvarado ha presentado los resultados del desarrollo en las regiones Chorotega y Huetar Atlántica, los primeros el 25 de julio como parte de la celebración del 196 aniversario de la Anexión de Guanacaste y los segundos el 31 de agosto durante la celebración del día de la Cultura Afrocostarricense.

En ambas actividades los coordinadores de los programas regionales, la primera Dama Claudia Dobles del programa para la región Chorotega y en la segunda el Primer Vicepresidente Marvin Rodríguez del programa Mesa Caribe, presentaron un recuento de los resultados obtenidos en las diferentes áreas de la acción gubernamental.

Entre los resultados en la región Chorotega, se mencionaron los siguientes:

– la inversión de 26.693 millones de colones en el mejoramiento del acceso al agua potable en Guanacaste para 90 mil personas, gracias al impulso de 8 proyectos en los cantones de Liberia, Bagaces, Nicoya, Cañas, Abangares, Santa Cruz y La Cruz.  Estos proyectos son parte del Plan de Infraestructura y Gestión Integrada del agua de la región Pacífico Norte 20-30, que contempla la inversión de $ 1.130 millones en 71 proyectos, entre los que se encuentre el PAACUME sobre el embalse del río Piedras.

– se realizó el asfaltado de las rutas Garza-Nosara, Hojancha-Nandayure y Quebrada Honda-Carrillo, se mantienen trabajos en diversas rutas de Nicoya, Tilarán, Cañas y Abangares y se ha recuperado el avance en la obra Cañas-Limonal.

– el INDER invirtió mil millones de colones en proyectos de riego y continúan en ejecución por 250millones de colones del proyecto Agrolajas II en Abangares.

– INDER y SENARA construyen el proyecto de riego de Sardinal de Carrillo con una inversión de 360millones de colones para beneficiar a 24 familias que podrán ampliar y diversificar su producción agrícola.

-el INDER también destinó 7.400 millones en obras de infraestructura, producción y seguridad alimentaria

– el INDER entregó una donación de 241 millones de collones para comprar equipos de secado del café producido por 380 familias ligadas a la Cooperativa CoopelDos, en los cantones de Tilarán, Abangares y Monteverde.

– un grupo de 310 pescadores de la Cámara de Pescadores de Guanacaste ubicados en Nicoya, Paquera, Santa Cruz y San Juanillo, reciben equipo de enfriamiento, pesaje y acopio, con una inversión del INDER por 19.2 millones de colones.

-proyectos como Santa Luisa, Las Palmas, Villas Marcel, La Joya, Malinche y la Esmeralda, dan cuenta de la fuerte inversión en vivienda en Guanacaste en cantones como Hojancha, Liberia y Abangares.

– obras como la escuela Recaredo Briceño y san Francisco en Nicoya, Dionisio Leal en Santa Cruz, los Colegios técnico-profesionales en barrio Irving La Cruz y el de Corralillo de Nicoya, apuntan a que miles de estudiantes encuentren mejores condiciones cuando regresen a las aulas.

– puestos de salud como el puesto de visitación periódica y el EBAIS de Santa Elena en La Cruz ya están disponibles para los habitantes de esas comunidades.  Están en ejecución proyectos como el área de salud de Santa Cruz y la unidad de terapia renal de Liberia.  La inversión total de la Caja del Seguro Social en Guanacaste supera los 22.500 millones de collones

– para enfrentar las consecuencias de la emergencia sanitaria se entregaron cerca de 30 mil diarios en toda la provincia y cerca de 94 mil personas se beneficiaron con el bono Proteger y el IMAS y el área regional de desarrollo social Chorotega dieron protección social a más de 18 mil familias en pobreza y en pobreza extrema (ElPaís.com, 25-7-2020)

Por su parte, en la presentación de los resultados de la Mesa Caribe, se mencionaron los siguientes:

– en infraestructura vial, el CONAVI ha invertido cerca de ₡5.900 millones en el mantenimiento y rehabilitación de carreteras en los 6 cantones de la provincia de Limón, además de la construcción del Puente Binacional sobre el río Sixaola entre Costa Rica y Panamá que presenta un avance de un 90%.

– en infraestructura educativa, de setiembre de 2019 a la fecha, la Dirección de Infraestructura Educativa (DIE) ha entregado siete proyectos educativos, once se encuentran en ejecución y cuatro en proceso de contratación, ubicados en los seis cantones de la provincia.  En total, la inversión de agosto de 2019 a la fecha asciende a ₡19.060 millones y beneficia a 9.310 estudiantes.

– el Senara ha ejecutado proyectos con una inversión total de ₡14.000 millones en beneficio de 23.600 familias de la Región Huetar Caribe.

– la inversión de Acueductos y Alcantarillados a lo largo de la provincia de Limón es de ₡37.4 mil millones en 11 proyectos de agua potable y saneamiento de los cuales 3 se han concluido este 2020 y 5 más se encuentran en ejecución, Entre ellos, destaca la construcción del alcantarillado sanitario en Puerto Viejo.

– en las áreas de Salud de Cariari, Guápiles, Guácimo, Valle de la Estrella y Talamanca, la Caja Costarricense del Seguro Social ha destinado una inversión total ₡1.100 millones para llevar bienestar a cerca de 86.000 habitantes.

– el Ministerio de Trabajo por medio del Programa Nacional de Empleo, ha logrado desarrollar las competencias necesarias para el empleo en 18.400 personas, lo que ha representado una inversión social superior a los ₡3.896 millones.

– el INA ha destinado más de ₡3.327 millones invertidos para la formación y capacitación para el empleo de 7.785 personas.   A esto se suma la construcción de 48 mil metros cuadrados del Centro Polivalente del INA, con una inversión que supera los ₡6.479 millones, que permitirá la capacitación de hasta 3.500 estudiantes al año.

el Inder ha realizado una inversión social de más de ₡7.538 millones en los 6 cantones del país, entre los que destacan la ruta turística Guácimo y el mejoramiento de los caminos de La Lidia, Maravilla, San Jorge, el Millón, Aguas Frías, la Fortuna y Maná.

– Dinadeco ha logrado plasmar siete proyectos y se ejecuta otros cinco que benefician a 5 mil personas. Inversión para el desarrollo comunal de Limón supera de más de ₡194 millones.

– el proyecto de ventanilla única municipal de la Región Caribe se encuentra a un 35% de avance por parte del IFAM, representando un aporte de $230.000 no reembolsable de la institución, impactará en municipalidades más eficientes y efectivas.

– el Ministerio de Vivienda y el BANVHI han invertido alrededor de ₡14.200 en el desarrollo del Bono Comunal Limón 2000 -impactará en la calidad de vida de 3.000 habitantes de la comunidad- y otros proyectos de Vivienda en los cantones de Pococí, Guácimo, Matina, Talamanca y Limón Centro, donde se han otorgado 681 bonos de vivienda.

– mediante sus diferentes programas, el IMAS ha atendido a más de 79.800 personas, con una inversión social superior a los ₡28.000 millones para la Región, mientras el Conapam, y Pani han invertido más de ₡1.900 millones aproximadamente para el beneficio de más de 3.000 personas de la población adulta mayor, niñez y adolescencia.

– el MEP mediante sus diferentes programas ha dirigido alrededor de ₡23.100 millones, apoyando a más de 133.000 estudiantes; mientras que la Junta de Protección Social ha invertido ₡1.400 millones para beneficio de 600 personas beneficiarias.

– en la atención de la emergencia Covid-19, la Comisión Nacional de Emergencias y los Comités Municipales se han entregado de 22.542 paquetes de alimentos para 111.000 personas; el MEP, ha realizado la entrega a estudiantes de 553.800 paquetes de alimentación con una inversión de ₡8.380 millones y a través del Ministerio de Trabajo y el IMAS se han destinado ₡23 mil millones en Bonos Proteger logrando llevar alivio a 61.400 personas. (ElPaís.com,31-8-2020).

Los resultados de la acción institucional en las regiones muestran un esfuerzo de coordinación institucional, una fuerte inversión de recursos en algunas áreas del desarrollo regional y un impacto en grupos específicos de la población.

No obstante, en las presentaciones de los resultados, se evidencia la ausencia de un enfoque de desarrollo territorial, que defina las dinámicas territoriales que se pretende generar en cada región y cómo éstas están en función de que los espacios regionales se conviertan en escenarios de crecimiento económico, inclusión social y sustentabilidad ambiental. (Berdegué, J. et al, Rimisp,2015).

En ellas se puede observar también la falta de análisis y de vinculación de las acciones regionales, con los factores que determinan la estructura social, económica y política de los territorios, tales como las tendencias del entorno, las estructuras sociales y valores arraigados en la práctica de los actores sociales. la dotación, el acceso y el uso de los recursos naturales, el desarrollo de la actividad económica y el surgimiento nuevas alternativas productivas, la importancia de la inversión pública en las dinámicas territoriales y la relación de los pueblos y comunidades con las ciudades intermedias.

Los resultados de la acción institucional en las regiones son una sumatoria de acciones centradas fundamentalmente en el factor de la inversión pública en infraestructura vial y social especialmente efectuada con recursos del INDER y en las transferencias estatales de las instituciones de asistencia social, y con poca referencia a la intervención en áreas estratégicas del desarrollo territorial, como el Plan de gestión integrada del agua 2020-30 de la región Chorotega.

No es posible propiciar transformaciones importantes en los territorios, si no se logra comprender las tendencias económicas, políticas, culturales y ambientales generales, intensificadas por la globalización, pues el cambio progresivo nunca proviene sólo desde dentro del territorio y los procesos del entorno nacional y externo inciden fuertemente y reducen la autonomía de los territorios.

La historia de los territorios tiene un peso fundamental en la formación del desarrollo regional, la cual se manifiesta en una cierta cultura y en prácticas sociales que determinan las sociedades territoriales y la distribución del poder y los recursos en cada región.

La dotación, el acceso y el uso de los recursos naturales, es clave en el potencial de las dinámicas territoriales, en su utilización productiva, en la generación de riqueza, en las posibilidades de crecimiento económico y la sustentabilidad ambiental de los territorios.

El desarrollo de las actividades económicas y el impulso de estrategias productivas regionales de conexión con mercados dinámicos, el acceso a inversión pública y privada y los enlaces y encadenamientos productivos, deben estar dirigidos a crear estructuras económicas más diversificadas y equitativas y a generar oportunidades de crecimiento económico más inclusivas y más sustentables.

El papel de la inversión pública es clave en catalizar cambios significativos en las dinámicas territoriales mediante la creación de bienes y activos públicos o privados, aunque por ser mediados por instituciones formales e informales, deben incorporar la participación de los actores en la toma de decisiones, así como en su implementación, para garantizar una dirección distributiva hacia los más pobres y la solución de las necesidades de la población.

La relación de los pueblos y comunidades con las ciudades intermedias en los territorios es esencial, ya que éstos ya no se conforman principalmente de pueblos dispersos y aislados, con poco acceso a servicios y dependiente de la agricultura.   El centro urbano y el interior rural ahora constituyen un territorio funcional en el que cada sector depende del otro y los vínculos que los unen son diversos.

Los territorios en las regiones son rurales-urbanos, y esta condición les brinda un conjunto de ventajas que facilitan el crecimiento económico y un crecimiento más socialmente inclusivo o, más propicio para una más rápida reducción de la pobreza, a través de un mejor acceso al mercado para los productores rurales, acceso a servicios especializados y una mayor demanda de empleos no agrícolas (Berdegué, J. et al,2015).

Los programas de desarrollo en las regiones Chorotega y Huetar Atlántica, debieran incluir objetivos estratégicos y metas de desarrollo territorial, que permitan analizar impactos en el acceso y uso equitativo de los recursos naturales, en un desarrollo productivo más diversificado, inclusivo y sustentable, en una inversión pública y privada bien direccionada con participación de los actores, en la generación de capacidades y capital social en la población local y en la reducción de la pobreza y la desigualdad en los territorios.

 

*Imagen ilustrativa, CONARE, desarrollo regional.