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Etiqueta: AYA

¿Qué pasó con la política nacional para el agua potable?

José Francisco Alfaro, de CONCEVERDE, envió a SURCOS un llamado de atención en torno a al anuncio de la “Política Nacional para el Subsector de Agua Potable”, el cual transcribimos:

Para el 23 de agosto pasado se anunció por Gobierno de la República y el AYA que se presentaría la “Política Nacional para el Subsector de Agua Potable”. Extrañamente teniendo todo listo para la presentación, integrantes del colectivo CONCEVERDE que se habían inscrito para ir a la actividad, recibieron un correo donde se les informaba que se suspendía. Esperemos que no sea que se quiera manosear la “POLÍTICA NACIONAL DEL AGUA” por algunos sectores que se puedan sentir perjudicados por las decisiones que podrían conllevar el objetivo del resguardo del recurso hídrico y aún más, no esperamos que sigamos en el país sin una política hídrica. Sabemos de sectores ligados a algunas cámaras de empresarios, que todo lo que sea protección del agua lo adversan si toca sus intereses económicos, aún cuando sea para el bien común, como pasó recientemente con la Cámara de la Construcción que entabló un juicio ante el Contencioso Administrativo contra el instrumento de protección del recurso hídrico denominado MATRIZ DE U SO DEL SUELO PARA LA PROTECCIÓN DEL RECURSO HÍDRICO. Por dicha los jueces del Tribunal Contencioso resolvieron en contra de la Cámara de la Construcción y otras 15 cámaras de empresarios ante tan odiosa y egoísta pretensión.

POR CONCEVERDE: José Fco. Alfaro.

Alfaro comparte con SURCOS el afiche alusivo a tal anuncio.

Que paso con la politica nacional para el agua potable

Proyecto de ley rompería y distorsiona el modelo de servicio público del agua

  • Proyecto convertiría acueductos comunitarios en entes privados
  • A pesar de la oposición de AYA,MINAE, UCR, ITEC, FECON y decenas de ASADAS

Este jueves pasado se dictamino el proyecto de “Autorización a las Cooperativas para Administrar Sistemas de Acueductos y Alcantarillados” (expediente 19.941) con el cual abre el portillo para transformar asociaciones sin fines de lucro conocidas como ASADAS (Asociaciones Administradoras de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados) en entes de carácter privado como lo son las cooperativas alejando la gestión comunitaria y participativa del agua como un derecho humano y de bien público.

Aunque el proyecto modificó la preocupación de la privatización que reclamaron muchos sectores- al señalar que se reinvertirían los dividendos de la prestación del servicio- el proyecto implica una distorsión o desigual competencia pues las cooperativas tienen mayores beneficios fiscales que AyA y las mismas ASADAS. Esto pues la ley de Asociaciones Cooperativas N° 4179, en su artículo 6 les otorga privilegios como: exención del pago del impuesto territorial por 10 años, exención de todo impuesto o tasa, nacional o municipal, sobre los actos de formación, rebaja del cincuenta por ciento en los impuestos de papel sellado y Exención del pago de los impuestos de aduanas sobre las herramientas, materias primas, vehículos automotores de trabajo, maquinaria, piezas de repuesto, equipo y enseres de trabajo, medicinas, herbicidas, fertilizantes, sacos y cualesquiera otros medios de empaque, simientes, animales y cualesquiera otros artículos que importen para las actividades que les sean propias.

El artículo 21 proyecto dictaminado abre el portillo para que las ASADAS se transformen en cooperativas por lo que es previsible que se dé una migración total a esta figura más permeable a los intereses privados y comerciales que las ASADAS. Al mismo tiempo se crearía un súper sector con mayor poder y privilegios fiscales que el AyA.

Sería un “botín político” potencial de 1500 nuevas cooperativas, tres veces la cantidad de cooperativas existentes del país, que se sumarian a la guerra entre los sectores del PLN y el oficialismo que disputa el control del sector cooperativo y sus jugosos préstamos, dietas y puestos directivos.

Este proyecto fue sacado de la Comisión de Ambiente al recibir decenas de criterios en contra de ASADAS y fue dictaminado este jueves pasado por la Comisión de Economía Social donde se reformó parcialmente, pero sigue siendo rechazado operador el AYA y el rector MINAE, UCR, ASADAS, Universidades, sindicados y FECON.

Bajo las leyes actuales, este servicio público esencial sólo puede ser prestado por instituciones públicas (Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, municipalidades o empresas públicas) y asociaciones sin fines de lucro de base comunal conocidas como Asociaciones Administradoras de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados (ASADAS). Las ASADAS son asociaciones comunales que están al servicio de la comunidad, prestan un servicio al costo, concebidas para garantizar el acceso al agua potable en zonas del país donde las instituciones públicas no han llegado. Funcionan con convenios de delegación con el operador o en coordinación y fiscalización del AYA. En este sentido, debe destacarse que en nuestro país los acueductos públicos han sido concebidos históricamente como un servicio social indispensable para la vida y la salud de las personas.

Sin embargo, con este proyecto de ley se abre una nueva posibilidad de romper el modelo de prestación del servicio al sumar “un” nuevo operador, que provocaría multiplicidad de distorsiones y competencia desigual.

La experiencia de las cooperativas en la administración de un servicio público como electricidad está pringada de malos manejos sobre créditos para hidroeléctricas y por la pésima gestión socio ambiental de los proyectos hidroeléctricos en la zona norte.

Involucrar a las cooperativas transforma al agua -nuestro bien común más estratégico- en un mundo de negocios. Es poner en manos de empresas disfrazadas con trajes de la economía social solidaria, pero con un funcionamiento como cualquier otra empresa privada, nuestro bien más preciado.

El sector cooperativo hoy explota intensivamente el agua mediante las cooperativas agrícolas y las de producción eléctrica abriéndolos la posibilidad de controlar y definir este nuevo uso en función de otros donde funcionan claramente cómo empresas. Como apunto el Instituto Tecnológico de Costa Rica que después de una análisis del marco jurídico actual concluye que “El agua como recurso estaría en mayor disputa, dado la escasez que se puede presentar por el cambio climático” (ITEC, Sesión Ordinaria No. 2916).

También la de Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados ANEP, calificó la propuesta como una “loca” iniciativa pues considera que “la provisión de los servicios de agua, como bien público, de carácter demanial y bajo la concepción de Derecho Humano Fundamental…Dada la gravedad que en un futuro cercano tendrá la lucha por el agua, no sería descabellado pensar que bajo la figura cooperativa se generen verdaderos consorcios corporativos empresariales privados que atenten contra su carácter demanial y de Derecho Humano Fundamental” (Prensa Libre, 09 -6-2015).

FECON alerta a la ciudadanía sobre las consecuencias de perder el modelo de gestión comunitaria y los avances en políticas, reglamentos y mejoramiento de este importante sector que presta hoy el servicio público con una óptica participativa y democrática y por ello llamamos a los Diputados de la República a archivar esa iniciativa.

defensa agua

*Imagen de portada con fines ilustrativos tomada de www.avina.net

Enviado a SURCOS por FECON.

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El valor del agua

El agua es un elemento básico. Se pensaba era inagotable. Es UN BIEN QUE NOS BRINDA LA NATURALEZA. En Costa Rica ES PROPIEDAD DEL ESTADO Y DEBERIA CONVERTIRSE EN UN DERECHO HUMANO.

El agua, en todos los casos, es agua.-Símbolo de transparencia.

Hay agua superficial y aguas subterráneas.

No hablaremos hoy de aguas residuales, ni de agua salada de mar.

 

Casi todos somos conscientes de los problemas del manejo y aprovechamiento del agua, en Costa Rica y en el resto del mundo.

Es irremplazable, para la vida humana, para la actividad económica (agricultura, ganadería, industria y otras) y es necesaria para la supervivencia del medio ambiente, donde existimos.

Costa Rica, no es un país desértico. Tiene lluvias promedio, con zonas más o menos beneficiadas. Con ríos, lagunas y humedales. El problema del agua NO ESTA ALLÌ.

El problema del agua de Costa Rica está en el pésimo manejo del recurso. Aquí, pretendemos hacer un planteo, que esperamos, sigan, profundicen y completen otros.

Y el primer punto es, sin lugar a dudas, identificar al responsable.

Su nombre es José Miguel Zeledón Calderón, Director de Aguas desde hace casi 20 años. No es electo. Es un funcionario superviviente, a los cambios políticos de varios y distintos gobiernos.

Él es quién desde siempre maneja todo el agua, las concesiones, los planes, el control, las inversiones, el costo para los usuarios.

Fue secretario de la Junta Directiva de GWP – Costa Rica, manejada por el Banco Mundial, presidida por la ex diputada Mauren Ballesteros.

Ahí podemos entender su tendencia ideológica hacia la privatización del recurso hídrico.

El señor Zeledón maneja, el 100% del recurso, todas las concesiones, de agua potable y para otros usos.

Conviene señalar que el agua que maneja AyA, las ASADAS y otros prestadores del servicio público, no llega al 15% del total. La campaña millonaria que se desarrolla para que “gota a gota el agua se ahorra” permitiría economizar un 1% del agua. El problema no está ahí.

Los desperdicios y malos manejos del agua, se dan principalmente con unos pocos grupos que manejan enormes caudales para sus actividades económicas de gran volumen y concentración. Todo a costos subvencionados, que se cargan sobre el resto de la población.

El sector que más consume agua, es el agrícola (60 a 70%).

Y dentro del agro, sobresalen los monocultivos de caña de azúcar, arroz, piña, etc. Existe una gran concentración, en muy pocas manos.

Ejemplo de ello son Azucarera El Viejo, CATSA e Ingenio Taboga en Guanacaste. Cada una de estas empresas consume más agua que toda la población de la provincia.

Ellas tienen, cada una, concesión por más de 4.000 litros por segundo– es decir 4 m3 por segundo. Las cuentas dicen que consumen 345.600 m3 por día y 10.368.000 m3 por mes. Y por eso pagan por mes 1.244.160 colones. Aplicando la tarifa de riego de SENARA – aprobada por ARESEP debieran pagar 29.548.800, es decir les regalamos la diferencia de 28 millones por mes y 339 millones por año.

Esto es posible por varios factores:

1.- El control total del manejo en manos de la Direcciòn Aguas – MINAE.

2.- La falta total de controles, (caudal, uso, prioridades, etc.) pues estos, están en las mismas manos.

3.- El poder de influencia de los sectores beneficiados, ligados siempre a actores políticos.

4.- Se suma últimamente otro sector que consume grandes cantidades de agua, es desarrollo de infraestructura para ricos -nacionales y extranjeros – Turismo- Hoteles- Condominios- Urbanizaciones- Canchas de Golf, etc.

El poder y la influencia de Zeledón, llega a niveles increíbles e insospechados. En las versiones de nueva Ley de Recurso Hídrico que están en la Asamblea Legislativa, existe el Transitorio VIII donde se lo nombra en el puesto de manejo del agua por dos años. Un nombramiento por ley, ni el Presidente podría despedirlo. Por la misma vía, quiere desaparecer las competencias técnicas de SENARA y asumir él esas funciones.

Llegamos, al fin, al tema del valor – precio- costo del agua.

En eso, el escenario es muy confuso. Se maneja de distintas maneras el monto que paga cada usuario, por m3 de agua.

ARESEP fija una tarifa distinta para AyA, otra para ASADAS y otro para las empresas municipales que prestan el servicio.

La ARESEP también fija un costo a los usuarios de agua del Sistema de riego de SENARA.

ARESEP, no fija el costo del agua para los concesionarios de la Dirección de Aguas de MINAE, que es el mayor caudal del agua de Costa Rica. Eso se fija políticamente por Decreto Ejecutivo, según propuesta de la Direcciòn de Aguas de MINAE.

Comparemos los dineros que pagan los usuarios, por un metro cúbico de agua es decir por cada 1000 litros. En colones

AyA -(ARESEP – RIA-009-2016)-inicio 2018- entre 346.oo y 1.742.oo

AyA – (ARESEP -RIA- 009-2016) aprobado para 2020 433.oo y 2.182.oo

SENARA – riego (ARESEP-RIA-009-2016) 2017 entre 1.96 y 5.02

SENARA- riego (ARESEP-RIA- 009-2016) para todos 2.41

DIRECCION DE AGUAS (Decreto 32868-MINAE-2005) entre 0.12 y 3.25

Debemos señalar varios puntos fundamentales:

  1. No hay causa, motivo o justificación, para que las aguas concesionadas por la Dirección de Aguas, tengan tarifas no fijadas por ARESEP como todo el resto. La fijación por el ente político – Dirección Aguas.-MINAE, se presta para abusos y descontrol. Esa es la realidad de hoy día. Desde 2005 – hace 12 años- a pesar de la inflación, no se ha actualizado los valores de ese Decreto Ejecutivo.
  2. La tarifa para el AyA, contempla una diferencia según sea para uso domiciliar o empresarial, y según volumen de consumo. Quienes gastan mucho pagan una tarifa más alta. Eso tiende a incentivar el ahorro. No ocurre lo mismo con los usuarios de SENARA o de Dirección Aguas. Se promueve la concentración del agua. Los grandes derrochadores del agua, pagan tarifas ridículas y no se toma en cuenta ni los fines de uso, ni los caudales consumidos. Esto debe modificarse para incentivar el cambio hacia sistemas de riego eficientes y modernos, los hay y deben usarse. El riego por goteo ahorra el 80% del agua. Ahorrar 80% del 70% es el 56%. Más de la mitad de todo el agua que se consume en el país. Es la solución.
  3. Una política de manejo transparente es necesaria. Hace falta que cada proyecto empresarial privado, asuma el costo de un bien tan importante como es el agua, y que no se de subsidios ocultos a través de concesiones o tarifas preferenciales, que se carguen sobre la espalda de los habitantes del país.

LAS PRIORIDADES

El señor Zeledón es un experimentado político y conoce todo lo que debe hacerse. Lleva 20 años como Director de Aguas. Lo que no ha hecho hasta ahora, lo hará hasta que él quiera, es decir nunca.

Ejemplo tenemos en el caso SARDINAL. El informe reciente dice que hay unos 50 pozos ilegales. Pero – no se cierran. ¿Cuántos hay en todo el país?

Hasta hoy, los grandes consumidores, no tienen medidores, para verificar los volúmenes de agua, como tienen las casas de Ustedes.

El cobro de los dineros por las concesiones, tiene una lista de más de 2000 morosos en el pago (anexo en Diario Extra 24/11/2015).

Es muy importante señalar que el 50% de los dineros que recauda la Dirección de Aguas, se debe destinar a protección del ambiente. Para proteger el agua. (25% para SINAC y 25% para FONAFIFO).

La prioridad de Zeledón, no es cumplir las leyes.

PROPUESTAS

  1. Debe impulsarse seriamente el cambio de tecnología de riego a sistemas modernos (Goteo y aspersión)
  2. Debe ordenarse el valor del agua para todos, tomando en cuenta prioridades, usos, volumen de consumo. Debe ser una tarifa progresiva que promueva el ahorro y castigue a los grandes consumidores – derrochadores. Fijada por ARESEP.
  3. Poner orden y control en las concesiones.
  4. Impulsar el uso de tecnología de desalinización para abastecer el agua a los proyectos costeros.

Agua, hay suficiente en Costa Rica.

Pero, nunca se alcanzará a suplir las necesidades, mientras se maneje como ahora, por los intereses personales del funcionario a cargo.

Hace falta un cambio. Aquí sugerimos claramente, con argumentos y documentos, por donde se debe comenzar.

¡¡¡El agua es vida y la vida se defiende!!!

Asociación Confraternidad Guanacasteca

 

Enviado por Asociación Confraternidad Guanacasteca.

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Agua en Sardinal: «Los pecados de ayer que no han sido corregidos y conducen a la misma piedra»

Confraternidad Guanacasteca envió a SURCOS un documento de la Contraoloría General de la República del 2009 «relativo a los controles ejercidos por el AyA en relación con los grandes proyectos de condominios, apartamentos, centros comerciales y otras edificaciones que se llevan a cabo en la zona El Coco-Ocotal», según indica el propio escrito.

La agrupación comunitaria guanacasteca señala en su envío a SURCOS: «Los pecados de AyA – de ayer- que no han sido corregidos y que pretende repetir en Sardinal. Se topará con la misma piedra».

Compartimos el documento enviado por Confraternidad Guanacasteca. Las conclusiones se encuentran a partir de la página 11.

DFOE ED 16 2009 ESTUDIO ESPECIAL EN AyA

 

*Imagen con fines ilustrativos tomada de http://tlc-no.blogspot.co

Enviado por Confraternidad Guanacasteca.

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Prácticas anti sindicales en AyA, una mancha más para Costa Rica ante la O.I.T

Central General De Trabajadores (CGT)

Comunicado de Prensa

 

En una decisión “sacada del estadio” la Junta Directiva de la institución con fundamento en un criterio de sus asesoría jurídica llegó a la “brillante” conclusión que ninguno de los permisos con goce de salario que no esté incluidos en la Convención Colectiva que se suscribe con una organización sindical, elimina derechos y garantías sindicales a otras organizaciones, así de un solo plumazo los secretarios generales de las organizaciones han quedado con solo la licencia para sesionar y debiendo de tramitar día a día permisos para representar a sus afiliados.

Tal decisión que puede ser típica de los hábitos de la empresa privada, está siendo desarrollados por esa institución constituyéndose en una práctica laboral desleal, debido a que cercena la actividad sindical, nuestra organización sindical SITRAA (Sindicato de Trabajadores de Acueductos y Alcantarillados) que se encuentra como una de las organizaciones mayoritarias quedará sin la posibilidad de representar a sus agremiados en los procesos disciplinarios, estudios de normas instituciones, labores sindicales en el campo, atención de denuncias de los trabajadores y atender los diferentes conflictos que diariamente se presentan en dicha institución.

Con la flexibilidad y voluntad de dialogo SITRAA y CGT le solicitamos la mediación del Ministro de Trabajo y Seguridad Social, se realizó una sesión donde parecía que la posición patronal se iba a negociar, se acordó una nueva sesión de trabajo el día de hoy 8 de Junio 2017 de junio en la oficina del Gerente General, sin embargo la posición obstinada de los representante patronales llevó a que se mantuviera la decisión ilegal de negarle al sindicato la licencia a la que tiene derecho su Secretario General.

Omite la administración del AyA y su Junta Directiva la vasta documentación y legislación Nacional e Internacional sobre los derechos y amparos de la Libertad Sindical y Autonomía que las organizaciones sindicales y sus representantes en este caso la Secretaria General deben de tener para de una forma rápida, transparente se puedan reunir con sus afiliados y plantear denuncias que van desde acosos laborales hasta el tema de acosos sexuales en las Instituciones.

Este acto discriminatorio obligará a las organizaciones a recurrir a otras instancias para hacer valer sus derechos, demostrar el daño a la organización sindical por estos actos y las repercusiones que esto genera a los trabajadores afiliados dejando les en indefensión, representación, y vías de reunión con sus dirigentes, así como plantearlo en el Comité de Libertades Sindicales como una violación del país a los convenios internacionales de la OIT ratificados por Costa Rica.

Esperamos Ante este conflicto como Central General de Trabajadores la verdadera intervención del Ministerio de Trabajo y Organización Internacional del Trabajo, para que la Administración del AyA conozca los verdaderos derechos de los dirigentes sindicales.

 

Carlos Cabezas Mora

Secretario general

Central General de Trabajadores CGT

 

*Imagen con fines ilustrativos.

Enviado por Carlos Cabezas.

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Inconcebible maltrato a las ASADAS

Freddy Pacheco León (*)

 

Existen en Costa Rica unas 1.500 ASADAS (acueductos rurales) que mediante contratos de concesión del vital bien público, abastecen a más de un millón y medio de personas. Son el mejor ejemplo de TRABAJO COMUNAL, de entrega voluntaria por garantizar el acceso al agua a sus comunidades, cuya función no es posible sustituir por municipalidades o el AyA, principalmente.

Pese a la trascendencia de su función, la situación financiera de la gran mayoría de ellas es sumamente precaria, pues aunque el AyA tiene el deber de acompañarlas en su función, generalmente solo lo hace excepcionalmente cuando se presentan problemas. Trabajan literalmente “CON LAS UÑAS”, muchas veces agobiadas por cumplirle a los vecinos que les confían sus gestiones, cual si fueren entes públicos. Merecen ser apoyadas, fortalecidas, comprendidas, acompañadas, valoradas, pero MALOS VIENTOS les anuncian todo lo contrario. ¡Veamos!

Resulta que en el proyecto “Ley para la gestión integrada del recurso hídrico” (expediente Nº 20.212) presentado en la Navidad pasada por los diputados Juan Marín, Antonio Álvarez y otros, se incluyen propuestas que a muchas de ellas les haría IMPOSIBLE cumplir con sus deberes.

En tres artículos se resume ese maltrato que esperamos puedan conocerse al interior de las ASADAS amigas. Junto al artículo 62 que las obliga como “personas jurídicas” a obtener UNA CONCESIÓN para aprovechar el recurso hídrico, en los artículos 110 y 111 se les obliga, ¡primera vez por ley!, a pagar “el canon del recurso hídrico”. A pagar UNA TARIFA por el agua que les es concesionada, que sería determinado y recaudado por el ávido de dinero Ministerio de Ambiente, que sustituiría a la Aresep en esa función, y que por tanto, quedaría a la acción caprichosa del funcionario a cargo de un director de aguas del Minae.

Pago que cubriría el valor que ellos determinarían para sí mismos, como un “INSTRUMENTO ECONÓMICO” que “se calculará según el volumen o CAUDAL del recurso hídrico, superficial o subterráneo”, que es precisamente el sustento fundamental de las ASADAS

Es reconocido ampliamente que tanto el AyA como la Dirección de Aguas del Minae han venido presentando problemas en el manejo de sus finanzas y el cumplimiento de SUS FUNCIONES, situación que es independiente de las ASADAS que, con presupuestos muchísimo menores, abastecen de agua potable a casi dos millones de habitantes. Es injusto pues, que se proponga resolver los problemas de gestión institucional de esos dos entes, estableciendo cargas financieras extraordinarias que evidencian un DESLEAL MALTRATO, de parte de quienes, paradójicamente, tienen que velar por su buen funcionamiento

Creemos que esa “factura”, producto de una sostenida MALA GESTIÓN administrativa no debe cargársele, ¡jamás!, a las organizaciones de acueductos rurales, a quienes, ¡y ellas son los mejores testigos!, las autoridades de ambos entes (AyA y Minae) LES HAN OCULTADO lo que se esconde en ese nuevo proyecto de ley, que insistentemente quieren aprobar, para sustituir la magnífica Ley de Aguas que siendo un legado valioso del Dr. Calderón Guardia, ha sido actualizada sustancialmente a través del tiempo

Como cada vez más los habitantes de Costa Rica comprenden que el agua tiene más valor que cualquier recurso natural no renovable, como el petróleo, por lo que los costarricenses tenemos el deber de defender el AGUA COMO BIEN SOCIAL, accesible en calidad y cantidad suficientes para todos. Así que, en lugar de desestimular a las decenas de miles de personas que se esfuerzan por mantener en función las ASADAS, maltratándolas de esta manera, el gobierno de la República ha de tomar acciones urgentes con el objetivo de fortalecerlas. Si se les obstaculiza su función insustituible, ese malestar podría traducirse en una CRISIS PROFUNDA en el abastecimiento de agua potable, que podría tener consecuencias que el Estado, sin la participación de ellas, quizá no podría resolver

(*)Dr. en Ciencias Biológicas

 

Imagen con fines ilustrativos tomada de ecoportal.net.

Enviado a SURCOS por el autor.

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Con erario público pagan daño causado por los empresarios piñeros

  • ¢2.226 millones costó uno de los acueductos destrozados
  • La expansión piñera no para y siguen apareciendo comunidades afectadas

 

Una buena noticia, la inauguración del nuevo acueducto para las comunidades de Cairo, Luisiana y La Francia de Siquirres, Limón, pero los culpables no pagaron un colón. El daño fue provocado por empresas piñeras pero pagado con dinero público. Se reporta que son ¢2.226 millones lo invertido por parte del AyA.

Volvemos al viejo esquema de socialización de perdidas y privatización de ganancias, o en la jerga popular uno “unos se comen la piña y a otros le duele la panza”. Sobre esto desde el Frente Nacional de Sectores Afectados por la Expansión Piñera creemos que es necesario hacer algunas aclaraciones.

A partir del año 2003 se detecta la contaminación con agroquímicos usados en las plantaciones de piña en el agua para consumo humano del acueducto que abastece a la comunidad de Milano de Siquirres. Sin embargo, es hasta el año 2007 que las autoridades toman medidas, por cierto insuficientes, e inician la distribución de agua potable mediante camiones cisternas a dichos pueblos. Esto ha tenido un costo mensual de 27.000 dólares, de acuerdo con datos del Estado de la Nación, que hasta el año 2016 sumaría un monto de casi tres millones de dólares.

Desde el momento en que se detectó la contaminación hasta la fecha, se han interpuesto numerosas acciones legales, ante todas las vías institucionales y jurídicas, dígase: Fiscalía Ambiental, Tribunal Ambiental Administrativo, Defensoría de los Habitantes, Sala Constitucional, entre otras. No obstante, la falta de acciones por parte del Estado llevó a las comunidades a presentar una queja ante la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA), en el año 2015. El gobierno actual, que no ha sido responsable de la negligencia de las administraciones anteriores, tuvo que afrontar dicho proceso ante la OEA.

Así mismo, en contraposición con lo que dice la nota de prensa, sí se han realizado numerosos estudios de la calidad del agua. Por ejemplo: el estudio que realizamos desde el Centro de Derecho Ambiental y de los Recursos Naturales (CEDARENA), en el que contratamos para los análisis de la calidad del agua al laboratorio acreditado del CICA de la Universidad de Costa Rica, y demostramos que la presencia de residuos de plaguicidas se mantenía constante hasta el 2015. Esto había sido también estudiado y analizado por el IRET de la Universidad Nacional.

Sin embargo, los laboratorios privados contratados por el AyA habían estado asegurando durante varios años que ya no existía contaminación del agua y que los niveles de plaguicidas en el agua no eran detectables. Por lo tanto, la demostración de que el agua para consumo humano seguía contaminada abre una serie de preguntas éticas sobre el funcionamiento de ciertos laboratorios acreditados, y el interés que puedan tener al mostrar resultados erróneos que colocan en riesgo la salud pública y ambiental.

La suma del costo de la provisión de agua mediante camiones cisterna, más la construcción de un nuevo acueducto suman 6.885.000 dólares, es decir, casi SIETE MILLONES de dólares. Además, a esto falta sumarle la construcción de un nuevo acueducto para la comunidad de Milano, que está fuera del proyecto que relata la nota de prensa y que es la que ha mantenido concentraciones más altas de agroquímicos en su agua. Cabe también señalar que han pasado ya 14 años desde que inició este conflicto.

La exposición a los plaguicidas durante todo este tiempo ha sido constante, ya que muchas personas han seguido tomando el agua contaminada, y las que no lo han hecho, la han utilizado para bañarse y para sus quehaceres diarios. Los efectos de esta exposición en la salud de las 7.000 personas que habitan estas comunidades, siguen sin conocerse, ya que no se han realizado los estudios epidemiológicos necesarios. Esto, debería ser un motivo de consternación pública y no una realidad silenciada, como ha sido hasta la fecha.

Es importante felicitar a Yamileth Astorga y a su equipo de trabajo, que como presidente del Instituto de Acueductos y Alcantarillados, ha sido sensible ante la problemática y ha mostrado compromiso e interés hacia las comunidades, como prueba la construcción del acueducto de Cairo, La Francia y Luisiana.

Sin embargo, es preciso y necesario que se responsabilice por el daño y el costo ambiental y social a las empresas piñeras. ¿Por qué debe el Estado asumir la deuda de la reparación del daño que han causado terceros? La impunidad que goza el sector piñero, debe acabar, de una vez por todas. Y como sociedad civil, debemos exigir y denunciar esto.

Así mismo, este caso no es un hecho aislado, la problemática de la actividad piñera ha sido uno de los mayores conflictos socio ambientales de los últimos 15 años. La falta de regulación y planificación de la actividad, así como el incumplimiento de la legislación nacional, ha provocado el deterioro ambiental y la vulneración de derechos humanos fundamentales de comunidades en todo el país.

 

Imagen con fines ilustrativos tomada de Youtube.

Compartido con SURCOS por Graciela Blanco Martén.

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Colectivo Agua es Vida, No Mercancía interpone recurso contra presidenta de AyA

El colectivo Agua es Vida, No Mercancía, interpuso un recurso de amparo contra Yamileth Astorga, jerarca del AyA, en el cual indican que no les ha contestado una nota en la solicitan respuesta a varios puntos relacionados con la gestión de Astorga, por lo que consideran que esto evidencia una labor deficiente.

El colectivo se opone a los proyectos de ley para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico No 17742 y 20212, por razones de regresión ambiental, asignación exagerada de potestades a un ente político y que ha demostrado incompetencia en sus responsabilidades como lo es el MINAE, exceso de trámites, centralización en lugar de integración y otros puntos no menos importantes.

En el siguiente enlace puede leer el recurso de amparo:

Recurso de amparo Yamileth Astorga

Para más informes al teléfono 8879 3244 con Sergio Ortiz.

 

Enviado a SURCOS por Colectivo Agua Es Vida, No Mercancía.

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La Defensoría de los Habitantes asume caso Sardinal

El pasado 17 de febrero la Defensoría de los Habitantes dio curso a la gestión contra los estudios técnicos que presentan las instituciones gubernamentales sobre el acuífero de Sardinal.

La denuncia se basa en los Estudios de Allan Astorga y en la falta de datos actualizados de los pozos y demás – aportados por el AyA.

Se adjunta documento oficial.

01689-2017-DHR-RP-231681-2017-SI

 

Imagen con fines ilustrativos tomada de http://tlc-no.blogspot.com/

Información enviada a SURCOS por Gadi Amit, Cofraternidad Guanacasteca.

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Confraternidad Guanacasteca cuestiona declaraciones de presidenta ejecutiva de AyA con respecto al Proyecto Sardinal

El domingo 13 de noviembre, en el periódico La Nación se publicaron declaraciones de Yamileth Astorga, Presidenta Ejecutiva de AyA, sobre el proyecto Sardinal.

En criterio de Confraternidad Guanacasteca, la presidenta ejecutiva de AyA debe aclarar si existen vínculos privados en la toma de decisiones con respecto al Proyecto, pues aseguran que el sábado 12 de noviembre sostuvieron una reunión con Astorga para dialogar sobre el tema y la conversación tuvo un rumbo diferente.

Según la agrupación, en el Informe de la Contraloría General de la República – DFOE-ED-22-2008 del 21 de noviembre 2008, se detalla que el AyA no fue quien construía el proyecto de Sardinal, era el grupo COCOWATER, cuyo abogado era el Lic. Pedro Muñoz, hoy presidente del PUSC; por otra parte, desconocen quién financia y pretende la construcción del proyecto de acueducto desde Sardinal para El Coco y Ocotal, temen que es por parte de un fideicomiso privado.

Para Confraternidad Guanacasteca resulta confuso el hecho de que el AyA esté trabajando con recursos públicos, en estudios, viabilidad, diseño y demás aspectos, de un proyecto privado.

Sostienen que Ricardo Sancho entregó en una ocasión, 4.129 pajas de agua a los empresarios de Cocowater, lo cual les genera dudas con respecto a los convenios y arreglos que pudieron haberse concretado entre estos empresarios y la señora Astorga.

Confraternidad Guanacasteca cree necesario que la presidenta de AyA responda las siguientes preguntas:

¿Cuál es la relación de Astorga con el grupo Mapache o Cocowater o GWP o el fideicomiso privado que pretende terminar esa obra?

¿Cuánto dinero público gasta en un proyecto privado?

“Entendemos las necesidades y los problemas creados por la escasez de agua, en la zona costera de Playas del Coco, Ocotal, Playa Hermosa y Playa Panamá.

Lo advertimos antes que nadie y la Sala Constitucional, ordenó al AyA y al MINAE, proteger esos acuíferos costeros (voto 2008 – 014092). ¡No lo hicieron!”, manifestó la agrupación guanacasteca.

Queremos un desarrollo ordenado

Para Confraternidad Guanacasteca se deben esclarecer los siguientes puntos:

  • La Municipalidad está terminando de hacer el Plan Regulador y AyA no lo toma en cuenta
  • No cumplieron lo ordenado por la Sala IV y la culpa y responsabilidad es de AyA y de otras instituciones
  • Causaron la salinización del acuífero de Playa Panamá, mediante la sobreexplotación
  • Hasta hoy en día, AyA opera el acueducto, enviando agua sucia y no potable, lo que viola las leyes vigentes
  • Los pozos están severamente contaminados. Los análisis oficiales dicen: “Las concentraciones de Calcio, Cloruros, Hierro, Dureza Total, Sulfatos y Magnesio, no cumplen con el Reglamento para la Calidad del Agua Potable 38924-S”

“Exigimos que la señora Astorga, cumpla con su promesa de hacer un nuevo estudio, según Reglamento de SENARA y con participación de todos. Cumpla con las leyes vigentes, asuma sus responsabilidades sobre los daños ocasionados, o renuncie a su puesto.

Desarrollo sostenible, planificado y construido, con y para el pueblo. Eso queremos en Guanacaste”, manifestaron.

 

Comité Pro Defensa y Conservación del Agua de Sardinal

Asociación Confraternidad Guanacasteca

 

Contactos

Eunice 6142-3774

Gadi 2672-0238

 

Imagen con fines ilustrativos.

Enviado a SURCOS Digital por Confraternidad Guanacasteca.

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