El domingo 13 de noviembre, en el periódico La Nación se publicaron declaraciones de Yamileth Astorga, Presidenta Ejecutiva de AyA, sobre el proyecto Sardinal.
En criterio de Confraternidad Guanacasteca, la presidenta ejecutiva de AyA debe aclarar si existen vínculos privados en la toma de decisiones con respecto al Proyecto, pues aseguran que el sábado 12 de noviembre sostuvieron una reunión con Astorga para dialogar sobre el tema y la conversación tuvo un rumbo diferente.
Según la agrupación, en el Informe de la Contraloría General de la República – DFOE-ED-22-2008 del 21 de noviembre 2008, se detalla que el AyA no fue quien construía el proyecto de Sardinal, era el grupo COCOWATER, cuyo abogado era el Lic. Pedro Muñoz, hoy presidente del PUSC; por otra parte, desconocen quién financia y pretende la construcción del proyecto de acueducto desde Sardinal para El Coco y Ocotal, temen que es por parte de un fideicomiso privado.
Para Confraternidad Guanacasteca resulta confuso el hecho de que el AyA esté trabajando con recursos públicos, en estudios, viabilidad, diseño y demás aspectos, de un proyecto privado.
Sostienen que Ricardo Sancho entregó en una ocasión, 4.129 pajas de agua a los empresarios de Cocowater, lo cual les genera dudas con respecto a los convenios y arreglos que pudieron haberse concretado entre estos empresarios y la señora Astorga.
Confraternidad Guanacasteca cree necesario que la presidenta de AyA responda las siguientes preguntas:
¿Cuál es la relación de Astorga con el grupo Mapache o Cocowater o GWP o el fideicomiso privado que pretende terminar esa obra?
¿Cuánto dinero público gasta en un proyecto privado?
“Entendemos las necesidades y los problemas creados por la escasez de agua, en la zona costera de Playas del Coco, Ocotal, Playa Hermosa y Playa Panamá.
Lo advertimos antes que nadie y la Sala Constitucional, ordenó al AyA y al MINAE, proteger esos acuíferos costeros (voto 2008 – 014092). ¡No lo hicieron!”, manifestó la agrupación guanacasteca.
Queremos un desarrollo ordenado
Para Confraternidad Guanacasteca se deben esclarecer los siguientes puntos:
La Municipalidad está terminando de hacer el Plan Regulador y AyA no lo toma en cuenta
No cumplieron lo ordenado por la Sala IV y la culpa y responsabilidad es de AyA y de otras instituciones
Causaron la salinización del acuífero de Playa Panamá, mediante la sobreexplotación
Hasta hoy en día, AyA opera el acueducto, enviando agua sucia y no potable, lo que viola las leyes vigentes
Los pozos están severamente contaminados. Los análisis oficiales dicen: “Las concentraciones de Calcio, Cloruros, Hierro, Dureza Total, Sulfatos y Magnesio, no cumplen con el Reglamento para la Calidad del Agua Potable 38924-S”
“Exigimos que la señora Astorga, cumpla con su promesa de hacer un nuevo estudio, según Reglamento de SENARA y con participación de todos. Cumpla con las leyes vigentes, asuma sus responsabilidades sobre los daños ocasionados, o renuncie a su puesto.
Desarrollo sostenible, planificado y construido, con y para el pueblo. Eso queremos en Guanacaste”, manifestaron.
Comité Pro Defensa y Conservación del Agua de Sardinal
Asociación Confraternidad Guanacasteca
Contactos
Eunice 6142-3774
Gadi 2672-0238
Imagen con fines ilustrativos.
Enviado a SURCOS Digital por Confraternidad Guanacasteca.
En la acción se acusa a ese instituto y a su representante de no cumplir con voto 2008 – 14092 de Sala Constitucional, para proteger los mantos acuíferos costeros de Playas Ocotal, El Coco, Hermosa y Panamá, todas del cantón de Carrillo.
Según la Asociación Confraternidad Guanacasteca, se ordenó hacer estudios y tomar medidas “porque los acuíferos costeros son sumamente vulnerables”. Los estudios se hicieron, pero no se respetaron, en clara desobediencia a la Sala Constitucional y en total violación a un ambiente sano y equilibrado.
Por causa de la baja en las lluvias, disminuyó la recarga. Sin embargo, no se tomó ninguna medida de racionamiento.
Esta falta de control, produjo la sobre explotación de este acuífero, se inició un proceso de salinización y envenenamiento, con magnesio, cloruros, calcio, hierro, sodio y sulfatos,en cantidadesmuy superiores a los máximos establecidos en el decreto que regula la calidad del agua.
“Acueductos y Alcantarillados, lo descubrió, hace muchos meses (antes de octubre 2015), pero hasta el día de no detuvola explotación de varios pozos que alimentan el acueducto que ellos administran; los siguen explotando, abasteciendo de agua salada y contaminada a los usuarios de ese acueducto.
Creemos que este recurso de amparo, evitará que se repitan los hechos en otras playas y zonas costeras que están en peligro.
Solicitamos se condene a los responsables de la salinización del acuífero, al pago de costas, daños y perjuicios”, manifestó Confraternidad en el correo difundido en días pasados.
*Para más información, copia de documentos, entre otros, escriba al correo electrónico: confraternidad_gte@yahoo.com
Imagen con fines ilustrativos tomada de ecosistemasdecostarica.blogspot.com
Enviado a SURCOS Digital por Asociación Confraternidad Guanacasteca.
El pasado 03 de noviembre, el Comité Pro Defensa y Conservación del Agua de Sardinal, recibió a Yamileth Astorga, Presidenta Ejecutiva de AyA.
En un tenso, pero respetuoso diálogo, se analizó la situación del agua en la zona y el histórico conflicto de Sardinal.
Se presentó el rechazo total, al “estudio” del manto acuífero que presentaron hace unas semanas funcionarios del MINAET, de SENARA y de AyA.
Este rechazo se basó en el análisis técnico de varios expertos en la materia. Entre ellos Alan Astorga Gattgens Doctor en Geología y Catedrático de la Universidad de Costa Rica.
Luego de escuchado, y visto los sólidos argumentos expuestos, la señora Yamileth Astorga se comprometió con el comité a realizar un nuevo estudio, que cumpla con la legislación vigente y con los criterios técnicos modernos.
También se comprometió a dar atención a la instalación de servicio de alcantarillado para manejo de aguas residuales de Sardinal. Igualmente dará prioritaria atención para que los diversos barrios de Sardinal que carecen de ello tengan agua potable en sus casas.
Comité Pro Defensa y Conservación del Agua de Sardinal
Se adjunta el análisis de Alan Astorga y otro más:
Nuestra Organización Sindical desde el pasado 20 de Enero del 2016, señalo mediante el oficio SITRAA 2016-06, el incumplimiento de la jornada laboral, al personal de Alcantarillado Sanitario de diferentes Regiones, pues no se les pagó tiempo extraordinario laborado.
Gracias a nuestra intervención logramos que la Administración realizará las gestiones necesarias, para cumplir con la legislación nacional en este tema, pagando a los trabajadores los dineros dejado de percibir con el no pago de tiempo extraordinario, situación que se daba desde el 2011.
Hoy con nuestras gestiones, 14 funcionarios de la región Pacífico Central ven plasmado su justo pago.
Además hemos llamado a la Administración para el efectivo cumplimiento a futuro de las leyes nacionales en materia laboral y realizar las gestiones necesarias, para abrir los procedimientos disciplinarios a los responsables de este incumplimiento cual data desde el 2011.
Respeto de las normas nacionales en materia laboral, nuestro mayor trabajo como organización sindical.
¡Sanciones disciplinarias para jefaturas que incumplieron estos pagos!!!!
Diferentes personas, comunidades y ONG que no están de acuerdo con la aprobación del Proyecto de Ley de Aguas, emitieron un comunicado con 32 razones para no apoyar este proyecto de ley:
El proyecto de ley irrespeta el PRINCIPIO DE CONEXIDAD porque mutiló y modificó el texto original presentado por el mecanismo de INICIATIVA POPULAR que tuvo el respaldo de más de 170 mil personas firmantes.
El proyecto de ley es obsoleto porque excedió el plazo de DOS AÑOS para la aprobación que rige para las leyes de “iniciativa popular.”
El proyecto de ley muere al enviarlo a segundo debate en forma extemporánea.
El proyecto de ley concentra la tutela del recurso hídrico en un órgano descentralizado INDEPENDIENTE y TÉCNICO desmantelando al AyA y al SENARA, institución a la que le quitan las funciones de investigación y manejo de las aguas subterráneas, dejando en el limbo a los funcionarios especialistas.
El proyecto de ley debilita e invisibiliza a las más de 1500 ASADAS que solo son mencionadas 1 vez en 130 artículos y a las que les dejan 1 solo representante en el Consejo de Unidad Hidrológica, dominado con 4 representantes del sector privado, 3 representantes de las 81 municipalidades.
El proyecto de ley privilegia a las SOCIEDADES DE USUARIOS, les mencionan en 4 artículos en los que les permiten además de administrar el agua para riego y agricultura les permiten competir con las ASADAS en la administración de las aguas para el consumo humano.
El proyecto de ley eliminó el texto que obligaba a las SOCIEDADES DE USUARIOS a convertirse en ASADAS.
El proyecto de ley eliminó que el acceso al agua fuera en CANTIDAD Y CALIDAD ADECUADAS, tal y como lo establece la ONU y la Encíclica del Papa Francisco.
El proyecto de ley eliminó el CONSUMO HUMANO como el uso PRIORITARIO del agua La ley actual de aguas protege los usos consuetudinarios y no consuntivos del agua
El proyecto de ley establece que el agua tiene un valor económico en todos sus diversos usos, incluido el de consumo humano, por lo que al convertirse en un bien económico produciría que las 338776 personas que viven en pobreza y pobreza extrema en Costa Rica tengan menos opción de accesar el agua potable.
El proyecto de ley eliminó la prohibición de la EXPORTACIÓN DEL AGUA.
El proyecto de ley reduce el radio de protección de las nacientes 10 veces y el área en 100 veces, lo que significa reducir el radio de protección de 200 a 20 metros y reducir el área de protección de 12560 a 1256 metros cuadrados.
La ley actual no impide al Estado planificar la gestión y administración del agua. Esto no debe ser excusa para aprobar el proyecto de ley.
La ley actual no impide que el Estado garantice la participación de las comunidades en la gestión del agua. Esa participación está garantizada en leyes nacionales y convenios internacionales ratificados por Costa Rica.
La ley actual no impide que se apliquen sanciones donde corresponde. Las sanciones se pueden hacer mediante reformas, inclusión de un capítulo a la ley actual.
La ley actual no impide que se puedan estimar daños al ambiente y al agua.
La ley actual no impide que se tomen acciones para la adaptación al cambio climático. Esto debe ser una política de Estado y ya existe normativa y agenda al respecto.
La ley actual no impide tener una visión integral del agua como recurso, integrado a la biodiversidad.
La ley actual no contradice los convenios internacionales que declaran el agua como bien de dominio público y como derecho humano. Por el contrario, se complementan y se puede reformar la ley actual o reformar la constitución para que se establezca como tal.
La ley actual no impide cuidar el agua.
La ley actual resalta la importancia social y no valor económico del agua.
La ley actual protege los procesos de participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones
La ley de Aguas vigente posee un capítulo con 15 artículos con consideraciones ambientales.
La ley actual no impide la aplicación de los radios y áreas de protección de las nacientes.
La ley actual no representa una dificultad de acceso a la información para los administradores y usuarios. Los sistemas informáticos actuales y el programa de Gobierno Digital superan esa barrera.
La ley actual vigente ha sido actualizada mediante reformas que han abarcado 48 de los 216 artículos que contiene, lo que representa el 26%. Se dieron 48 reformas en el año 2009, 6 reformas en el año 1972 y 4 reformas en el año 2009.
Las ASADAS se deben pronunciar contra el proyecto de ley de aguas. Las ASADAS son personas que no conocen el alcance del proyecto de ley de aguas, antes de pronunciarse, se les debería informar adecuadamente.
Los grupos ecologistas se deben pronunciar contra el proyecto de ley de aguas. Los que están a favor del actual proyecto de ley se han vinculado con grupos y organizaciones que están al servicio del Banco Mundial y favorecen la privatización del agua.
Las asociaciones de desarrollo integral y las asociaciones de cualquier tipo se deben pronunciar contra el proyecto de ley de aguas. Estas asociaciones generalmente son integradas por personas que no conocen el proyecto de ley y más bien, por sus vínculos y dependencia con ciertos políticos que los pueden inducir a error, antes de pronunciarse deberían documentarse e informarse.
La escasez y la sobreexplotación del agua y la contaminación de pozos y nacientes no se solucionan con un proyecto de ley.
El acceso al agua tiene que ser gratuito y obligatorio. No se puede comercializar.
El derecho humano al agua, ni se compra ni se vende.
Enviado a SURCOS Digital por Ma. Elena Fournier S.
El sindicato de Trabajadores de AyA ha llamado a huelga el día de hoy en el plantel de la Uruca debido a un agotamiento de la paciencia con la administración del Instituto de Acueductos y Alcantarillados, en su actitud de continuar violando derechos pactados en la convención colectiva vigente.
SITRAA exige el reconocimiento de la cena de los trabajadores que laboran jornada nocturna, el pago de viáticos a los 10 km y el acoso laboral que sufren por parte de algunas jefaturas los y las trabajadoras.
Estas acciones de protesta fuertes son el resultado de la incapacidad administrativa demostrada y una voluntad de dañar los derechos de los trabajadores.
La Central General de Trabajadores brinda su solidaridad con la lucha justa frente a las autoridades del AyA por garantizar que las normas laborales sean cumplidas y que no sea tratadas como de segunda categoría, tal y como es parte de la cultura de incumplimiento de derechos laborales en nuestro país.
Para mayor información con Álvaro Espinoza Alfaro, Secretario de Información al 8911-6841.
Información enviada a SURCOS Digital por Carlos Cabezas.
Celebran foro para celebrar 20 años de la Escuela de Salud Pública
Kátheryn Salazar Zeledón, Periodista, Oficina de Divulgación e Información
Otto Salas Murillo, Periodista Oficina de Divulgación e Información
Una de las conclusiones de este foro organizado por la Escuela de Salud Pública es que las bases de una política de sostenibilidad financiera para la CCSS incluye una ampliación de la cobertura contributiva, asignación de recursos e inversión estratégica, y mejorar la eficiencia de la gestión de los servicios (foto Archivo ODI).
El corazón de la salud del país se divide en la sostenibilidad financiera de la seguridad social y el acceso al agua apta para el consumo humano, así lo considera el Dr. Mauricio Vargas Fuentes, director de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Costa Rica (UCR),
Es por esto que para el 20º aniversario de esta Unidad Académica invitaron al gerente financiero de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Lic. Gustavo Picado Chacón, y a la presidenta ejecutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), M.Sc Yamileth Astorga Espeleta, para hablar de los retos y posibilidades de acción de estas instituciones dentro del sector salud.
El Lic. Picado Chacón aseguró que la CCSS se encuentra en una situación de equilibrio económico y explicó que se habla de estabilidad cuando hay equilibro financiero por un periodo, es decir, cuando se puede garantizar a largo plazo las prestaciones actuales.
Asimismo, manifestó que el tema de la sostenibilidad financiera es una discusión que se da en muchos países, porque existe una creciente preocupación sobre cómo mantener el sistema de salud que cada día se encarece más.
Ante esto, el Lic. Picado Chacón agregó que uno de los elementos que van a presionar la sostenibilidad financiera del seguro de salud, a corto y mediano plazo, es la atención de adultos mayores que consumirá el 30% del presupuesto para el año 2050. Así es como, en ese mismo año el 40.7% de los egresos del 56,8% de las instancias será consumido por esta población.
En el tema de las enfermedades crónicas, en el año 2020 el número de casos de cáncer aumentara en un 48.2% respecto al actual, lo que ocasionara que el monto que se gasta en medicamentos, que actualmente es del 8%, sufra un incremento; a esto se le debe sumar el aumento en los costos de la tecnología médica.
El Lic. Gustavo Picado Chacón hizo hincapié en que un sector público bien remunerado en salarios favorece al Seguro Social, pues así obtiene más recursos (foto Laura Rodríguez).
“La prestación de servicios de salud se caracteriza porque debe ser eficiente, oportuna y de calidad; lo cual pasa por la técnica, el protocolo y las normas. Por esta razón aunque la Caja está en una mejor situación financiera que en el 2011, no es suficiente para satisfacer todas las necesidades y brechas en infraestructura, equipamiento y personal”, argumentó el Lic. Picado Chacón.
Inversión pública
El gerente financiero de la CCSS indicó que el 7.6% del gasto público se invierte en los servicios de salud, monto que supera el gasto promedio en los países de América Latina que es del 4%; del mismo modo, acotó que tienen claro que el resultado de la buena salud de las personas no depende sólo de la CCSS, pues tiene que ver con el acceso y la calidad el agua, la electrificación, los hábitos y la educación; es así como con $714 el país logra lo que otros realizan con $2800.
Otro de los datos expuestos por el Gerente Financiero de la CCSS es que en el año 2013, del total de consultas médicas hechas en el país el 37% consultó por vía privada y el 58% acudió a la Caja.
De las personas que acudieron a los servicios de la Caja, el 75% son parte del decil más pobre y el 43% son parte del más rico. Respecto a la consulta que se da en centros privados, el Lic. Picado Chacón destacó que el 4% de las personas más pobres fueron quienes accedieron a este servicio, “no es un mérito que esta parte de la población tenga que consultar en lo privado, por lo que es un llamado de atención para la institución”, indicó.
Cuando se habla del porcentaje de hospitalizaciones, el 96.9% de los casos son atendidos por la CCSS y 3% por hospitales privados, en donde sólo las personas que ocupan el sexto decil más rico tienen la posibilidad de pagar por estos servicios.
Dos aspectos medulares de la realidad costarricense, el seguro social y el agua, fueron abordados durante uno de los foros en conmemoración del vigésimo aniversario de la Escuela de Salud Pública (foto Laura Rodríguez).
Cargas sociales
“En términos reales las cargas sociales ya no crecen como antes por la baja actividad productiva”, comentó el Lic. Picado Chacón, ya que la tasa de contribuciones está creciendo a una tasa muy inferior a las que crecían hace algunos años, por ejemplo: en 1997 el 86% de los ingresos eran contribuciones y hoy en día es apenas el 78%.
Asimismo, explicó que aunque el sector público es solamente el 20% de los asalariados, es el grupo que aporta el 47% de las cuotas, “el que los empleados públicos ganen más tiene su beneficio para la Caja”, mencionó el Lic. Picado Chacón, y agregó que cuando hay crisis económica la institución tiene la capacidad de defenderse porque depende del empleo público, de la empresa privada formal y las transferencias del gobierno, las cuales han aumentado desde el 2012 hasta la fecha en un 9%.
El Gerente Financiero anunció que para el 2016 las inversiones en equipamiento, infraestructura y mantenimiento de las áreas de salud tendrán un aumento de 3.7 veces, con lo que el próximo año se tendrá la relación histórica más alta entre inversiones, contribuciones e inversiones respecto al gasto total, “el próximo año el presupuesto total de la institución será de 3.2 billones de colones, más o menos 6 mil millones de dólares, lo cual equivale a una tasa de crecimiento de un 8%”, detalló.
El Lic. Picado Chacón cerró su intervención dejando claro la necesidad del diálogo social para mantener la sostenibilidad y mencionó que los tres ejes para el desarrollo de una política de sostenibilidad financiera de la CCSS son: ampliar la cobertura contributiva, asignación de recursos e inversiones estratégicas y mejorar la eficiencia de la gestión de los servicios de salud.
Acceso al agua
Este foro llamado Retos y posibilidades de acción en la Salud Publica costarricense se llevó a cabo el 22 de setiembre en el Auditorio del Edificio de Educación Continua de la UCR; aparecen en primer plano la M.Sc. Yamileth Astorga Espeleta y el Dr. Mauricio Vargas Fuentes (foto Laura Rodríguez).
La presidenta ejecutiva del AyA, M.Sc Yamileth Astorga Espeleta, manifestó que actualmente el país tiene menos lluvias y las pocas fuentes de agua que hay están contaminadas, “tenemos que buscar el recurso hídrico más lejos y antes de tener seguridad de que el agua es apta para el abastecimiento poblacional debemos analizarla, ya no con los parámetros básicos, sino que ahora tenemos que estudiar metales pesados, pesticidas y antibióticos que están presentes ahí”, señaló.
La M.Sc. Astorga Espeleta afirmó que lo más básico es tener sostenibilidad de fuentes de agua y para esto es necesario la planificación y ordenamiento del territorio; acto seguido comentó el caso que se está dando en Limón, en donde casi todas las fuentes de agua analizadas aparecieron alteradas debido a los contaminantes que generan las actividades agrícolas de la zona.
La única cuenca con agua limpia es la del río Banano, dijo la M.Sc. Astorga Espeleta, sin embargo una empresa privada está extrayendo piedras del río para construir la base del nuevo puerto de Limón. Ante esta situación tomaron la decisión de proteger ese río y asegurar el servicio público de abastecimiento de agua.
“Si tuviéramos la oportunidad de hacerlo en todo el país y de conservar la fuente, ahí estaríamos asegurando el servicio más básico que garantiza la salud de la población, protegerlo para las demás poblaciones que van a vivir, eso es sostenibilidad”, acotó la M.Sc. Astorga Espeleta, quien añadió que la idea es hacer algo similar en Guanacaste y en el Valle Central, en donde las municipalidades han quedado debiendo en planificación territorial.
La Presidenta Ejecutiva del AyA explicó que los distribuidores de agua privados son prohibidos, “en el caso de las ASADAS (Asociaciones Administradoras de Acueductos y Alcantarillados) en materia de servicios de abastecimiento, cuando es comunal se va al AyA y se pide autorización para la delegación del servicio”. Actualmente hay 1500 acueductos comunales en donde se ocasionan conflictos entre comunidades cuando se contamina una fuente y se presenta el escenario de compartir el agua.
“Las personas se sienten dueñas del agua, cuando es un bien público. Las comunidades se apropian de la fuente y no la comparten con otras aunque haya suficiente agua para satisfacer la demanda”, resaltó la M.Sc. Astorga Espeleta. En Bagaces y Cañas no solo existe el problema de afectación de la sequía, precisó la jerarca, pues hay que sumarle la contaminación por arsénico, situación que se presenta desde el 2010 y que ha dejado un déficit de agua de hasta 60 mililitros por segundo.
Asimismo, indicó que se están llevando procesos sociales de gestión del agua en diferentes partes del país, por ejemplo en Guanacaste, donde hay un proyecto de búsqueda de arreglos para el acueducto, “cuando uno hace participes a las personas de la comunidad, se empiezan a encontrar soluciones”, concluyó.
Cada vez se suman más y diversos sectores, instituciones, incluso instancias gubernamentales contra la propuesta de ley que busca autorizar a las cooperativas a prestar servicios de abastecimiento de agua potable (expediente 19.441) y el cual se discute actualmente en la Asamblea Legislativa.
A la férrea oposición de MINAE y AyA ante este proyecto de ley se une el Consejo Institucional Instituto Tecnológico de Costa Rica que después de una análisis del marco jurídico actual concluye que “esta ley, tal y como está escrita, vendría a competir con las ASADAS que por años han brindado un servicio a sus comunidades ad honorem y sin ánimo de lucro…El agua como recurso estaría en mayor disputa, dado la escasez que se puede presentar por el cambio climático” (ITEC, Sesión Ordinaria No. 2916).
“Como está concebido el proyecto de ley podría permitir que una transnacional haga uso de cooperativas para lucrar con el suministro de agua, aún más de lo que ya hacen hoy con la venta del líquido embotellado” así advirtió la Alianza de Redes Ambientales (ARA) frente al proyecto que se autorice por Ley de la República que las cooperativas explotación comercial de los acueductos públicos. Además ARA sostiene que al mismo tiempo hay complicidad por parte de Alianza Nacional Opositora para que quede en firme la privatización antes de la nueva ley rectora del recurso hídrico que está por aprobarse y que vendría a cerrar posibilidades de privatización.
Ya se han manifestado contra esta iniciativa decenas de ASADAS o Asociaciones Administradoras de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados que bajo la normativa vigente prestan hoy el servicio sin fines de lucro y reinvirtiendo las ganancias en la prestación del mismo servicio. Entre las ASADAS que se manifestaron están: Pueblo Nuevo de Rivas, Barrio El Carmen Piedades Sur de San Ramón, Carmen Lyra, Santuario de Atenas, Vicente Tayutic de Turrialba y la de Pavón de los Chiles.
La ASADA de Santuario de Atenas asegura que “el proyecto de ley no contempla ni respeta la variedad de acueductos comunales, así como su finalidad y el compromiso social de sus dirigentes para garantizar la prestación de igualdad de condiciones a todos los costarricenses. Este proyecto no clarifica que en los acueductos rurales o ASADAS no se lucra con el servicio de agua, más bien deja portillos legales y no se limita las condiciones en las que las cooperativas prestaran el servicio y los criterios normativos que las regirán”( ver criterio).
El Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa (Informe, 4-5- 2015) advirtió que, en el tema tributario, las cooperativas podrían llegar a gozar de mejores beneficios fiscales respecto de las ASADAS, pues además de recibir el mismo trato que ASADA, que implica exención de varios impuestos y cargas, se suma a otros beneficios fiscales que hoy gozan las cooperativas en la Ley de Asociaciones Cooperativas (art 6).
Por su parte Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados ANEP, calificó la propuesta como una “loca” iniciativa pues considera que “la provisión de los servicios de agua, como bien público, de carácter demanial y bajo la concepción de Derecho Humano Fundamental, no debe tener inspiración en el lucro mercantil, en la generación de ganancias, por más manto cooperativo que se le quiera dar. Dada la gravedad que en un futuro cercano tendrá la lucha por el agua, no sería descabellado pensar que bajo la figura cooperativa se generen verdaderos consorcios corporativos empresariales privados que atenten contra su carácter demanial y de Derecho Humano Fundamental” (Prensa Libre, 09 -6-2015).
Ex magistrada asesora al gobierno y lo representa en Fundación
En audiencia del Tribunal Contencioso Administrativo (11 -5-15), para definir si se mantiene o se elimina la medida cautelar que impide la operación del Tajo Asunción, destacó la presencia de la exmagistrada Ana Cristina Calzada quien es ahora la representante judicial de la empresa minera.
La exmagistrada «pro minera» se mantuvo en silencio durante la sesión y sólo gesticuló cuando el otro abogado de la minera aceptó la debilidad de la Viabilidad Ambiental al declarar que si fuera necesario hacer los puentes sobre el Río Banano para cruzar el material ellos lo harían.
Nos preguntamos si no existe algún impedimento para que un ex magistrado litigue siendo ahora asesora del gobierno en materia de libertad de expresión y representante del Poder Ejecutivo en la Junta Directiva de la Fundación de Parques Nacionales, pues nos parece impropio que por el cargo ostentado lo haga y además se presente ante jueces que posiblemente pudieran haber sido subalternos, amigos, conocidos y que implique presión sobre su gestión.
Nos preguntamos si su nuevo trabajo y el nombramientos en el Ejecutivo no tuvo que ver con la luz verde para el cuestionado Tajo Asunción, donde el Presidente de la República y el Ministro de Ambiente vuelven a apartarse de criterios técnicos de AyA y sin mayor problema le facilitan la apertura a la mina no metálica más grande de todo el Caribe costarricense.
No es cualquier mina ni cualquier magistrada. El ex diputado Claudio Monge y ecologistas han señalado que gracias a la ausencia de los exmagistrados Paulino Mora, quien falleció, y de Ana Virginia Calzada, por jubilación, la Sala Constitucional rechazó – por unanimidad- una acción interpuesta por la empresa minera Infinito Gold en el histórico caso «Crucitas» que buscaba cuestionar el fallo del Tribunal Contencioso Administrativo (TCA). En aquel momento Monge dijo que podía deberse su ausencia y declaró: “siempre pensé que protegían a Óscar y Rodrigo Arias” (Semanario Universidad, 26-6-2013).
Esta acción de inconstitucionalidad impugnaba “la jurisprudencia de la Sala Primera y del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, sobre cosa juzgada material de las sentencias de la Sala Constitucional.” La acción fue presentada en noviembre del 2011 y fue rechazada de plano en octubre del 2013, ya que no cumplía con un requisito básico propio de este tipo de casos, que es estar relacionado con un proceso judicial o un procedimiento administrativo cuya discusión se encuentre aún abierta.
Dos años de estudio de la acción de inconstitucional puso en evidencia la posición de Calzada como presidenta del tribunal en las notas de sus votos de sentencias donde insistía en que las resoluciones de la instancia, aún cuando se declaren sin lugar, se convierten en “cosa juzgada”. (Semanario Universidad, 16-5-2012).Además, en aquel momento hubo una división de criterios sumamente marcada y retrasos para que fueran los magistrados propietarios quienes resolvieran finalmente, en ausencia de estos otros dos magistrados, la decisión que rechazó la acción fue por unanimidad.
Mora y Calzada habían mostrado cierta simpatía hacia Industrias Infinito, según la percepción del abogado Alvaro Sagot, que participó en el caso desde los primeros recursos de amparo (Semanario Universidad, 26-6-2013).
Esa complicidad y simpatía por la empresa quedó en evidencia en Setiembre de 2009 en la visita judicial de Sala IV a la mina en Crucitas. Ambos magistrados legitimaron una serie de anomalías con los opositores a las minas, exdiputados que recibieron malos tratos y discriminaciones que nos colocaron en absoluta desventaja para realizar dicha diligencia legal. Durante la vista, los Magistrados solo visitaron los sitios que la mina les mostró, nunca escucharon a los demandantes, ni a los vecinos y vecinas de la comunidad que les intentaban mostrar los desastres ocasionados (Semanario Universidad, 16 -9-2009).
No bastó con declararle la guerra a los mares en los últimos días (Diario Extra Opinión, 27-3-2015). Con la luz verde para el cuestionado Tajo Asunción, el gobierno abrió otro frente, en esta ocasión contra el futuro abastecimiento de agua en Limón.
El AyA aseguró que el megaproyecto del Tajo Asunción pone en riesgo tanto la cuenca del Río Banano, área protegida estratégica desde hace décadas, como la construcción del nuevo acueducto de Limón, que significaría nada más y nada menos que agua potable para 94.000 personas y para los próximos 200 años.
El Presidente de la República y el Ministro de Ambiente vuelven a apartarse de criterios técnicos de semejante calibre, y sin mayor problema le facilitan la apertura a uno de los principales tajos que abastecería de materiales de construcción a otro megaproyecto como lo es la construcción de la Terminal de Contenedores en Moín por APM Terminals, operación que necesitará miles de toneladas de material rocoso para reseñar y sustituir más de 10 millones de metros cúbicos de sedimento y fondo lodoso y construir una isla del tamaño del Parque la Sabana.
Cada día queda más en evidencia que por encima del ambiente para el gobierno están las incuestionables inversiones y megaproyectos de infraestructura: aval a la destrucción del humedal Cariari, desalojo del refugio de vida silvestre y hogar de Jairo Mora, el retorcido aval ambiental al muelle de APM terminal, la refinería China, la regresión ambiental que incluye el proyecto de la ruta 32, la eliminación de la moratoria a la incineración por la presión de alcaldes del “PLUSC” o impulsar Diquis, todo amalgamado por el provechoso continuismo en Setena.
Estos escandalosos casos tan siquiera parecen ruborizar a quienes llegaron al poder ganando votos con un Pacto Ambiental que ya quedó en el olvido en menos de un año de gestión, señal clara de activar todas las alarmas de parte del sector ambiental y la ciudadanía en general.
Así que al menos en materia ambiental, no aconteció el mentado gobierno del cambio, sin embargo sí cambió el movimiento social y comunitario, bajamos la guardia, y nos volvimos más pasivos: hemos tolerado lo que no hubiésemos dejado pasar a un gobierno del “PLUSC”.
¿Qué fue lo que pasó? Sabemos que no corresponde otorgarle al gobierno toda la responsabilidad, por eso con el Pacto Ambiental las expectativas fueron de trabajo conjunto. Asimismo ha actuado la fracción del FA en su alianza legislativa, cosa que estuvo bien al principio para facilitar la estabilidad, pero que no han sabido leer a tiempo la necesaria ruptura en más de una ocasión, siguiendo el estilo cantinflesco del gobierno del PAC en su vaivén de apoyo a cuestionables proyectos como la ruta 32, que al final no ha hecho más que contribuir a dar señales confusas y desmovilizar a la sociedad civil, confirmando la necesaria autonomía de organizaciones sociales de la línea y dinámica de partidos políticos, y aunque se compartan “camisetas”, no se disminuya la capacidad de disentir y cuestionar.
Una tras otra mala decisión ha llevado a que el MINAE sea una mala copia de la anterior administración, y ante su actuación hemos incurrido en un grave descuido como movimiento ambiental: no hemos anticipado y rechazado a tiempo los tremendos retrocesos en la protección al ambiente por parte del Gobierno, cosa que sí hicimos ante la anterior administración. Es un año perdido, con un gobierno sin la mínima intención de cumplir la palabra, es sí, solo si se trata de un negocio, un proyecto de infraestructura, o la sumisión colonial a holandeses, chinos y gringos.
El caso del Tajo Asunción nos dejó dos lecciones: Primero nos confirmó que ya un criterio técnico o principio precautorio no aplica en grandes inversiones o proyectos, ya nos debió haber quedado claro cuando presentamos un extenso recurso de revocatoria por la manera en que se otorgó la viabilidad ambiental a APM Terminals, con una “contorsión olímpica” se reinterpretó la normativa en la Comisión Plenaria de la Setena y se separó del criterio de su Unidad Técnica, con muy poca argumentación de fondo se conviertió en defensora de la empresa para aprobar, a como diera lugar, el proyecto. Segundo, que si bien hay gente sensible y amiga en el gobierno, los más altos jerarcas se apartan del criterio técnico para facilitar los negocios de “otros”. El tema es que ya se empieza a sospechar que esos “otros” no necesariamente son del régimen anterior.
En conclusión, este gobierno fijó su norte en megaproyectos e infraestructura a cualquier precio y por encima de cualquier criterio, lo cual nos lleva a separarnos de defender esta continuidad de guerra contra la naturaleza e interiorizar que seguimos gobernados por “otros” que trabajan para los negocios de los “mismos.”
