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Etiqueta: AYA

Mensaje de Frente Ecocipreses

Escrito en . Publicado en Agua, Comunidad, Derechos, Madre Tierra, Salud.

Fabián Pacheco e Isabel Méndez Garita, representantes del Frente Ecocipresis compartieron por medio del video un resumen de las medidas más recientes que se tomaron en torno a la problemática con las fuentes de agua de las comunidades del norte de Cartago en zonas como Oreamuno y Cipreses.

Fabían Pacheco indica primero que se realizó una conferencia en la cual se reunieron representantes del gobierno, el ministerio de salud y del AYA. En esta reunión el AYA presentó los resultados del reciente monitoreo de las muestras de agua por grados de concentración de partes por millón en el agua por cada químico encontrado en las muestras. No obstante, la preocupación surge cuando la presentación de los mandatarios arroja un punto de vista de cada químico por aparte y nunca se consideró la afectación del cúmulo de estos para el momento de ser ingeridos por lo que resulta preocupante la ausencia de una perspectiva integral en los análisis.

Por otra parte, se resalta que en la reunión hubo participación de muchas asadas atendiendo al llamado de compromiso para cuidar sus fuentes de agua.

La señora Isabel Méndez también comentó sobre su preocupación por la contaminación de las nacientes por metabolitos de Clorotalonil y que a partir de este momento están quitando las restricción en las cantidades de estos metabolitos aunque esto signifique que el agua sigue estando contaminada. Pacheco añadió también que ahora se estableció una cantidad más elevada de metabolitos por millón de químicos en el agua sin embargo lanza la pregunta: ¿Y la suma de cada cantidad de metabolitos, qué impacto tiene sobre nuestra salud? De esta forma lanzan este mensaje para que la forma de arrojar estos resultados no sea un mecanismo para minimizar la preocupación y el esfuerzo por defender ell derecho a fuentes de agua realmente potable sin residuos de ningún tipo de metabolitos de agroquímicos. Por esta razón, como representantes del Frente Ecocipreses se mantienen en el compromiso de hacer un llamado para que se cuiden las nacientes y que continúe la lucha.

Le invitamos a obtener más información viendo el video en el que aparecen Fabián e Isabel dando sus comentarios sobre el tema.

Agua contaminada para Guanacaste

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Gadi Amit
Confraternidad Guanacasteca

Acabo de oír la presentación del ministro de Agricultura Víctor Carvajal y unos subordinados, el 28 de octubre en la comisión de Guanacaste, sobre proyecto de Agua contaminada para guanacaste.

El MAG y SENARA trabajan para hacer un embalse en rio Piedras para tener más agua para riego. Este proyecto es inviable económicamente, así lo indican todos los estudios de factibilidad. La ministra Laura Fernández señaló que todo el capital del préstamo para las obras y los intereses serían asumidos por el Gobierno, es decir el Estado, es decir por cada uno de los habitantes del país.

Tratan de justificar la enorme inversión, diciendo que llevarán agua potable a toda la provincia. Pero el agua que traen está contaminada.

Y en Guanacaste, está el acuífero del rio Tempisque, que puede abastecer miles de m3 de agua de los acuíferos subterráneos, de buena calidad y distribuida en los diversos cantones, Liberia, Carrillo, Santa Cruz, Nicoya.

Hoy esas aguas se usan en riego. Pero son del Estado y se le pueden pasar al AyA sin costo o gastos.

No hace falta agua, no hace falta potabilización, no hace falta transporte, no hace falta PAACUME – SENARA – MAG.

AyA no quiere el agua contaminada para guanacaste.

El presidente Chaves y su equipo, SI quieren venderle eso a los guanacastecos.

¿Usted qué opina?

Emergencia ambiental: más de 69 fuentes de agua en Cartago estarían contaminadas

Escrito en . Publicado en Agua, Derechos, Salud.

El gobierno podría proponer aumentar los límites de plaguicidas para evitar declarar una emergencia y así destinar recursos para resolver el problema de contaminación de más de 50 mil personas. 

Desde marzo, la ARESEP, junto con la academia, grupos comunitarios, ambientalistas y diputados, había solicitado la declaratoria de emergencia. Se basaron en informes institucionales, precedentes legales y el principio de precaución, que permitirían agilizar los recursos para el proyecto Orosi II.

Por Mauricio Álvarez Mora
Geógrafo docente en las Escuelas de Geografía y Políticas
Programa Kioscos Socio ambientales de la UCR e IDELA UNA

Una fuente interna de una institución pública nos aseguró que todas las 69 muestras de agua resultaron contaminadas con metabolitos del fungicida clorotalonil, es decir, productos derivados de la molécula original. A principios de mayo, Acueductos y Alcantarillados (AyA) realizó un muestreo en la zona norte de Oreamuno y Alvarado, en Cartago. Se tomaron 45 nacientes gestionadas por las Asociaciones Administradoras de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados Comunales (Asadas) y 24 nacientes de acueductos municipales de Oreamuno, afectando así a aproximadamente 50,000 personas.

Entre las fuentes muestreadas se encuentran: ASADA Buena Vista de Pacayas (2 fuentes), ASADA Cipreses de Oreamuno (2 fuentes), ASADA Cot de Oreamuno (6 fuentes), ASADA Norte de Pacayas (2 fuentes), ASADA Paso Ancho y Boquerón (2 fuentes), ASADA Potrero Cerrado (5 fuentes), ASADA San Juan de Irazú (2 fuentes), ASADA San Pablo de Santa Rosa (9 fuentes), ASADA San Rafael de Irazú (7 fuentes), ASADA Santa Rosa de Oreamuno (7 fuentes), ASADA Santiago de Paraíso (2 fuentes), Municipalidad de Alvarado (13 fuentes) y el Consejo Municipal de Cervantes (11 fuentes).

Según datos divulgados por el gobierno, el muestreo abarca un área aproximada de 8,500 hectáreas y es la primera de cuatro etapas de muestreo (AYA, 1-7-24). Este monitoreo fue una respuesta del gobierno a la solicitud de declaratoria de emergencia de diversas instituciones y fuerzas políticas. En su momento, se indicó que “a partir de sus resultados definiremos la ruta a seguir” (AYA, 1-7-24).

Algunas de estas fuentes ya estaban clausuradas por contaminación, como las de Cipreses, San Pablo y Santa Rosa, afectando a unas 10,000 personas. En el caso de Cipreses, el 12 de octubre se cumplieron dos años de suministrar agua mediante cisternas, y otras comunidades pronto alcanzarán el mismo plazo.

Declaratoria de emergencia: Mediante un oficio dirigido a la Primera Vicepresidencia de la República y a los jerarcas de los ministerios de Salud, Ambiente, Energía y Agricultura, así como al Presidente Ejecutivo del AyA, la ARESEP solicitó el 4 de marzo de 2024: “Se insta a declarar Estado de emergencia en la zona norte de Cartago, dada la contaminación por agroquímicos de las fuentes de agua utilizadas por las Asadas de Potrero Cerrado, Paso Ancho, Boquerón, Cipreses, San Pablo, Norte de Pacayas, San Rafael de Irazú, Buena Vista, Santa Rosa, Cot y San Juan de Irazú, afectando directamente a 33,000 habitantes” (OF-0131-IA-2024).

El 9 de abril, representantes del Frente Ecologista de Cipreses, la Universidad de Costa Rica (UCR) y diputados de los partidos Frente Amplio, Liberal Progresista y Liberación Nacional pidieron al Gobierno declarar “estado de emergencia” en la zona norte de Cartago, debido a la contaminación con agroquímicos en las fuentes de agua que afectan a 50,000 habitantes.

Los informes internos son contundentes. Advertían que el 80% del área de protección de 35 nacientes estudiadas estaba invadido por cultivos, infraestructura y ganadería, con un uso agrícola intensivo del 44%, un 33% para pastos, un 3% para infraestructura y solo un 20% de uso forestal. El estudio indica que “en las zonas ubicadas aguas arriba de cada naciente predominan sectores con cultivos agrícolas” (UEN-GA-2024-00175).

Según informe anterior (14-4-23) de los ministerios de Salud, Ambiente y AYA, que fue clave para que la Sala Constitucional solicitará la prohibición del clorotalonil en junio del 2023, en las áreas cercanas a Cartago había aproximadamente 65,000 personas dependientes de suministros de agua en condiciones similares, con una agricultura tan cercana a las fuentes que “afectaba la calidad del agua” y generaba “una alta probabilidad de contaminación por el uso de productos químicos”.

¿Por qué era predecible la contaminación del agua? Este tipo de contaminación no se estaba midiendo en nuestro país, ya que el Laboratorio Nacional de Aguas carece de los recursos y la infraestructura necesaria. En Costa Rica hay más de 200 plaguicidas registrados, pero el laboratorio sólo puede evaluar 24 en el agua potable. Fue gracias a la insistencia de la comunidad de Cipreses que IRET pudo evaluar estos metabolitos en 2019 y que se logró una resolución que busca fortalecer las capacidades del Laboratorio Nacional de Aguas.

Dada la alta movilidad del clorotalonil en el agua, la intensidad y cantidades de uso del producto (tercero a nivel nacional), es casi un hecho que donde se aplique habrá este tipo de contaminación; solo es cuestión de contar con los recursos y capacidades para analizarlo.

Francia y Suiza enfrentan una situación similar a la de las comunidades de Cartago. En Francia, un tercio del agua está contaminada con estas mismas moléculas, a pesar de la prohibición hace más de cuatro años, lo que demuestra la persistencia de esta sustancia. En Suiza, alrededor de 700,000 personas están expuestas a metabolitos de clorotalonil en su agua potable, y el costo de la descontaminación podría aumentar el precio del agua en un 75% (Public Eye, 5-2023).

Impacto del clorotalonil en la salud. A nivel internacional, la Unión Europea prohibió el uso del plaguicida clorotalonil en 2019 debido a la contaminación de sus metabolitos en aguas subterráneas. El Ministerio de Salud aseguró que “la Autoridad Europea no pudo descartar un posible problema de genotoxicidad de los residuos a los que se verían expuestos los consumidores y detectó un alto riesgo para los anfibios y los peces en todos los usos evaluados. Asimismo, el clorotalonil está clasificado como carcinógeno” (MS-DPRSA-0668-2022).

Los informes de la CCSS muestran que en el Área de Salud Oreamuno – Pacayas – Tierra Blanca, que cubre parte de la zona muestreada y contaminada, se ha detectado un aumento en la mortalidad por enfermedades cardiovasculares, cáncer y tumores malignos. Además, se destaca el “alto uso de agroquímicos en el área de atracción”. Según el “Análisis de la Situación en Salud (ASIS) 2019-2020 en Oreamuno, Pacayas y Tierra Blanca”, los agroquímicos más peligrosos son los nematicidas, seguidos de herbicidas, insecticidas y fungicidas, lo que se debe al uso agrícola y ganadero en la región. El ASIS también resalta que “la principal fuente de contaminación se encuentra en los lugares donde la actividad agrícola es predominante, debido al uso indiscriminado de plaguicidas que penetran en la capa freática contaminando los mantos acuíferos”(Semanario Universidad 31-5-2023).

Según estudios del Instituto Regional de Sustancias Tóxicas (IRET) de la Universidad Nacional (UNA), la zona norte de Cartago es una de las áreas del país con mayor uso de plaguicidas debido a factores como la intensidad de cultivo, las condiciones climáticas y la cultura de aplicación de estos químicos. Un estudio en una microcuenca entre las quebradas Pacayas y Plantón identificó el uso de 84 plaguicidas y un centenar de fertilizantes. Una hectárea puede recibir entre una y cuatro toneladas métricas de fertilizante por año, y el uso de plaguicidas varía entre 11 y 163 kilogramos de ingrediente activo por hectárea al año, cifras que son relativamente altas en comparación con otros cultivos como arroz (18-24 kg ia. /ha/año), banano (40), piña (15-20) y melón (70-140) (IRET, 2010).  

¿Aumentar los límites de contaminación del agua de consumo humano? A finales de julio, el vuelco de un camión cisterna derramó 17,000 litros de fungicida Mancozeb en una quebrada que desemboca en el río Barranca, afectando tomas de agua que abastecen a miles de personas. El Ministerio de Salud (MINSA) autorizó niveles de contaminación en el agua que superan en más de 60 veces lo estipulado por la legislación nacional. Esta autorización se llevó a cabo sin modificar legalmente el Reglamento de Calidad de Agua Potable, basándose en el informe MS-DPRSA-USA-1536-2024, que justificó un cambio temporal en los parámetros de presencia de agroquímicos.

Ante la falta de transparencia —ya que se solicitaron formalmente los datos en su momento—, organizaciones ecologistas interpusieron un recurso de amparo contra Acueductos y Alcantarillados por la falta de acceso a información, exigiendo los resultados de monitoreos realizados desde el 27 de julio. Estos análisis revelan altas concentraciones de Mancozeb en el río Barranca y en el agua suministrada a las comunidades de Esparza y Puntarenas (Bloqueverde, 2-9-24).

En este caso, se establecieron nuevos límites “temporales” a la medida de los resultados de los muestreos realizados, lo que fue presentado a la Sala Constitucional en un recurso de amparo que fue acogido para estudio. La Fiscalía de la República abrió una investigación sobre los posibles delitos. Esta medida es ilegal y contradice el principio de precaución, así como varios artículos de la Constitución Política y el derecho constitucional al agua potable.

El Ministerio de Salud justificó la medida asegurando que era temporal para “proteger la salud pública mientras se implementan las acciones de remediación necesarias” y alegó que la falta de agua potable “también genera riesgos sanitarios para la población” (MINSA, 4-9-24).

Conclusiones. Si el gobierno intenta eludir su responsabilidad de declarar una emergencia utilizando este irresponsable precedente, podría enfrentar un revés legal en la Sala Constitucional. No se pueden hacer excepciones tan groseras a la ley, los reglamentos y los tratados internacionales.

Se espera que la ministra de Salud no comprometa aún más su reputación con una medida tan cuestionable. Ya se ha dejado a Cartago sin hospital, y exponer aún más a la población a esta contaminación sería una grave agresión contra la salud pública. Este asunto debe ser tratado con la seriedad y la transparencia que merece.

Además, es fundamental poner fin a la persecución de los empleados públicos honestos que están alertando sobre los resultados y las maniobras que se están evaluando desde el gobierno. Esperamos que el gobierno busque asesoramiento adecuado y reflexione para descartar este escenario, y así decrete la emergencia solicitada hace meses.

Finalmente es crucial que las autoridades realicen un estudio sobre las afectaciones por la exposición crónica a plaguicidas en la zona, ya que se desconoce desde hace cuántos años el agua ha estado contaminada y si las personas, al estar tan cerca de los cultivos, están ingiriendo contaminantes a través de otras vías o mediante los productos agrícolas que consumen.

Imagen: AyA.

AyA y Ministerio de Salud vuelven a Sala Cuarta por incumplimiento de protección de nacientes en Cartago

Escrito en . Publicado en Agua, Derechos, Madre Tierra, Salud.

  • Frente Ecologista de Cipreses presenta diligencia de inejecución de sentencia por el incumplimientodel AyA  y del Ministerio de Salud, condenadas a formalizar su obligación y deber de protección de las nacientes de agua así como del fortalecimiento del Laboratorio Nacional de Aguas del AYA.

  • Frente Ecologista señala que “no va a descansar hasta ver fortalecido el Laboratorio Nacional de Aguas” ya que la Sala Cuarta les dio la razón y ordenó fortalecer dicho laboratorio.

  • Consultorio Ambiental de la Facultad de Derecho de la UCR acompaña en proceso de denuncia al Frente Ecologista de Cipreses ante la Gestión de Desobediencia que es analizada por la Sala Cuarta

Comunicado

El Frente Ecologista continúa en pie de lucha y recientemente presentó una diligencia de inejecución de sentencia por el incumplimiento del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, y del Ministerio de Salud, de la Resoluciones N° 022027086 y Nº 2023013384 de la Sala Constitucional de las 9:30 horas del 15 de noviembre del 2022 y las 13:41 del 6 de junio de 2022, de resolver la contaminación del agua de las nacientes Plantón, y Carlos Calvo con clorotalonil, sumado al incumplimiento de las instituciones condenadas a formalizar su obligación y deber de protección de las nacientes de agua así como el fortalecimiento del Laboratorio Nacional de Aguas del AYA como medida preventiva y mayor capacidad de análisis.

Los ecologistas señalan que todo sigue igual, que se siguen fumigando las nacientes y que el Laboratorio Nacional de Aguas sigue sin tener la capacidad técnica instalada para hacer análisis de todos los productos de degradación del agrotóxico contaminante clorotalonil.

“El clorotalonil ha sido prohibido en la Unión Europea y recientemente en Costa Rica, por lo que solicitamos en aras de proteger la salud que se ordene al Laboratorio Nacional de Aguas conseguir los reactivos y equipos tecnológicos necesarias para analizar todos los subproductos de clorotalonil y meter de oficio esos análisis en todos los muestreos N4 que se hacen en Costa Rica. También solicitamos que se le ordene tener la capacidad técnica de monitorear todas las partículas de plaguicidas registrados en Costa Rica. No queremos que el Laboratorio Nacional de Aguas siga siendo el cuchitril que ha demostrado ser y que siga sin tener capacidad técnica instalada. Costa Rica merece un Laboratorio Nacional de Aguas de vanguardia y con capacidad de proteger la salud humana y ambiental” Indicó el agro biólogo y ecologista Fabián Pacheco del Frente Eco Cipreses

Los ecologistas señalan que acuerdo a la normativa anterior y el bloque de constitucionalidad que rige sobre esta materia, se está dando una omisión evidente y descarada a tal punto que ya existen tres recursos de amparo presentados con vista positiva de la Sala Constitucional con respecto a la tutela del derecho fundamental de acceso al agua potable de las personas de la comunidad de Cipreses de Oreamuno y alrededores, y aun así no se han visto en la realidad que se cumplieran estas tres órdenes extendidas por la Sala Constitucional.

En el recurso de inejecución de sentencia por el incumplimiento interpuesto por los y las ecologistas señalan que existe un evidente incumplimiento de obligaciones por parte del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

Dentro de las pretensiones del recurso de gestión de desobediencia el Frente Ecologista de Cipreses respaldado por el Consultorio Ambiental de la Universidad de Costa Rica solicita:

  • Se declare con lugar en todos sus extremos la presente gestión por desobediencia de lo ordenado por la Sala Constitucional en la sentencia No.2022027086 y No. 2023013384, de conformidad con el artículo 71 de la Ley de Jurisdicción Constitucional.
  • Así mismo señalan que se le ordene al Ministerio de Salud establecer las medidas necesarias de coordinación con las autoridades correspondientes del MINAE, AyA y MAG, en el respectivo ejercicio de sus competencias, para que se ejecute lo indicado por Sala Constitucional en sus resoluciones No.2022027086 y No. 2023013384, además de dar atención a lo solicitado en el informe sin número “Informe Técnico Clorotalonil”
  • Se le ordena al AyA realizar las gestiones pertinentes que permitan garantizar al Laboratorio Nacional de Aguas los recursos necesarios para la cuantificación de los metabolitos del clorotalonil, así como implementación a nivel nacional un programa de vigilancia y control en agua para consumo.
  • Se solicita que, en caso de continuar el incumplimiento de estas disposiciones, la Sala Constitucional ordene la apertura del procedimiento administrativo disciplinario, así como el traslado de piezas al Ministerio Público por la eventual comisión del delito de desobediencia por parte de los funcionarios responsables de dicho incumplimiento, según lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.

El Frente Ecologista de Cipreses señala que lograr que el Laboratorio Nacional de Aguas sea fortalecido es un logro de su lucha y trabajo y que no descansará hasta ver dicho laboratorio fortalecido. Así mismo señalan que el acompañamiento legal y jurídico del Consultorio Ambiental de la Universidad de Costa Rica es de singular importancia en lograr dicho cometido.

Kioscos Ambientales UCR

7 de cada 10 personas se manifestarían en defensa del agua

Escrito en . Publicado en Agua, Derechos.

  • Dos terceras parte de la población no está de acuerdo en que el servicio de agua potable sea brindado por empresas privadas.

  • 45,2% de encuestados asegura que ha experimentado algún corte en el suministro

UNA Comunica. 27 de setiembre de 2024. El 70% de la ciudadanía costarricense estaría dispuesta a manifestarse públicamente en defensa del recurso hídrico. Además, el 94% está de acuerdo en presentar denuncias en relación con problemas en la calidad del agua potable.

Estos son algunos de los resultados contenidos en la encuesta Percepción de la población costarricense y extranjera sobre temas ambientales en el país, del Instituto de Estudios Sociales en Población (Idespo) de la Universidad Nacional (UNA). Los datos fueron recolectados entre el 29 de setiembre y el 10 de octubre de 2023.

El objetivo del estudio fue determinar la opinión ciudadana sobre la relación que existe entre fenómenos como el cambio climático, el Niño-Oscilación del Sur (ENOS) y la gobernanza institucional con la situación del acceso y calidad de agua en el país.

Justamente, en el ámbito de la gobernanza, para un 84,4% de la muestra es importante defender la forma de abastecimiento de agua potable que tiene el país. Un 10,9% dijo estar en desacuerdo con este enunciado, mientras que un 4,7% indicó no estar ni de acuerdo ni en desacuerdo.

El porcentaje a favor aumenta a un 93,7% si se trata aprobar más leyes para asegurar la protección de las fuentes de agua y a un 95,2% si se trata de fortalecer la estructura del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) para que atienda las necesidades en agua potable y saneamiento.

Sin embargo, solo un 41% de los encuestados estaría dispuesto a pagar más para mejorar el servicio, mientras que la mitad de la muestra (49,6%) aseguró que está en desacuerdo con esta medida.

De igual manera, dos terceras partes de la población consultada (66,8%) está en contra de la idea de que el servicio de agua potable sea brindado por empresas privadas.

Aunque los datos recolectados corresponden al segundo semestre de 2023, se presenta en un año donde ha sido crítica la situación del agua en el país, con casos comprobados de contaminación de fuentes. La más reciente se dio el 14 de setiembre anterior luego de que se confirmara el vertido de hidrocarburos en la plata potabilizadora de Guadalupe, en Goicoechea, que afectó a 40 comunidades.

Esta situación se suma a los cortes en el suministro del líquido que ha generado manifestaciones públicas, cierres de vías y confrontaciones con la policía.

Cambio climático

En el capítulo de agua y cambio climático, casi la mitad de la población encuestada (45,2%) mencionó que ha experimentado cortas en el suministro programadas regularmente. Otro 39,7% indicó que ha vivido racionamientos o suspensiones con horario, mientras que un 38,6% aseguró que en sus viviendas el líquido llega con baja presión.

Dentro de las valoraciones que hizo la ciudadanía a la luz del estudio, se determinó que para el 93% de las personas entrevistadas existe una relación entre la calidad del agua potable y la salud pública. Además, el 89,4% lo identifica como un servicio público.

Sobre el nivel de satisfacción del servicio que brindan empresas proveedoras, tanto el AyA, como la Empresa de Servicios Públicos de Heredia, las municipalidades y las asociaciones administradoras de los sistemas de acueductos y alcantarillados (Asadas) obtuvieron una nota favorable que ronda entre 87,1% y el 79,7%.

El estudio profundizó en los criterios ciudadanos sobre la relación entre los efectos del cambio climático y el ambiente. Una gran mayoría (92,8%) está convencida de que este fenómeno aumenta los eventos climáticos extremos como lluvias fuertes, sequías y huracanes.

Para el 93,9% de la muestra, las áreas con vegetación reducen el calor en las zonas urbanas, mientras que el 91% considera que el aumento en el nivel del mar ocasiona la desaparición de comunidades costeras.

En orden de descendencia, lo asocian con una alteración del clima en la tierra (88,4%), que es causado por las acciones del ser humano (76,7%).

Otro aspecto que contempló la encuesta es el nivel de conocimiento en torno al ENOS y sus modalidades del fenómeno de El Niño y La Niña. En el caso de este último, 9 de cada 10 personas lo asocian con un incremento en las lluvias y bajas temperaturas. También, para el 83,4% es el causante de inundaciones y fuertes oleaje.

En el caso de El Niño (en contraste con La Niña), un 89,8% lo relaciona con pocas lluvias y altas temperaturas. También, el 87,2% hizo mención de sequías e incendios forestales.

En lo que sí existe concordancia en la percepción ciudadano, en ambos fenómenos, es que existe una relación de estos fenómenos con el desabastecimiento de agua potable en los hogares. Así opinó el 79,8% de los consultados.

El Idespo-UNA consultó si las personas conocían el concepto de “estrés hídrico” a lo que el 93,8% de los encuestados respondió negativamente. Al respecto, el estudio indicó que es un término que hace referencia al impacto del uso excesivo del líquido, ya sea por extracciones o consumo, según su disponibilidad.

La encuesta abarcó a una población de 1.118 personas, con un error de muestreo del 2,9% y un 95% de confianza. Se aplicó a personas costarricenses o extranjeras con más de cinco años de vivir en Costa Rica, de 18 años o más usuarios de telefonía celular, de manera que se abarcó el 97,6% de la población.

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

Informe del estudioDescarga

Tribunales investigan crímenes ambientales por invasión en la zona de extrema vulnerabilidad hídrica de Belén

Escrito en . Publicado en Madre Tierra.

1.Mapa de Afectaciones de Pozos, Nacientes y Vulnerabilidad a la Contaminación del Agua Subterránea Según Legislación Vigente y de Amenazas Naturales Potenciales Según la Comisión Nacional de Emergencias para el Cantón de Belén-Mapa Vulnerabilidad y Pozos. Fuente: Unidad de Topografía / Base de datos Municipalidad de Belén CATMUBE.

Entre los investigados se encuentran el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), la Municipalidad de Belén, y Grupo Pedregal.

Comunicado

FECON. Los Tribunales de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda han iniciado una investigación exhaustiva sobre presuntos crímenes ambientales cometidos en la zona de extrema vulnerabilidad hídrica del cantón de Belén. La demanda, presentada por la Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (FECON) y ciudadanos afectados, denuncia la violación de diversas leyes ambientales y regulaciones que protegen los mantos acuíferos esenciales para el abastecimiento de agua de la Gran Área Metropolitana.

La investigación se centra en las actividades ilegales realizadas en áreas de protección absoluta, que ponen en riesgo el suministro de agua potable para miles de personas en la provincia de San José. Entre los principales señalados en la demanda se encuentran el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), la Municipalidad de Belén y el Grupo Pedregal, este último involucrado en construcciones no autorizadas en terrenos que deben ser preservados para garantizar la calidad del agua subterránea.

Inacción de la Municipalidad de Belén fue corroborada por la Auditoria Interna

A pesar de que la Municipalidad de Belén ha estado al tanto de estas actividades desde al menos el año 2020, según lo documentado en el Memorando DTO-151-2020, emitido por la Dirección Área Operativa y Desarrollo Urbano, no ha tomado las acciones necesarias para detener las construcciones ilegales en la zona. En dicho documento se detallan diversas obras realizadas sin permisos de construcción y la omisión por parte de las autoridades municipales detener dichas actividades​.

2.Portal de Mapas y Aplicaciones del CATMUBE-Ortofoto del año 2006. Fuente: Unidad de Topografía / Base de datos Municipalidad de Belén CATMUBE.

Más grave aún, en el año 2022 la Auditoria Interna municipal ya había emitido una advertencia en donde declaraba que la Administración municipal de Belén ‘’denota un accionar pasivo ante la necesidad de salvaguardar el medio ambiente y evitar un daño ambiental continuado por la desatención de éste durante el tiempo que ha transcurrido, desde la situación presentada, en el 2012’’.

Esta es una de las conclusiones a las que llegó la Auditoria Interna de la Municipalidad de Belén en su informe AAI-010-2021 ADVERTENCIA SOBRE TEMAS VARIOS DEL COMPLEJO PEDREGAL, ante la gran cantidad de pendientes que viene arrastrando Pedregal y la clara omisión de la Administración para poner a la empresa a derecho.

En su conclusión 12, la Auditoría interna de hecho señala que ‘’en general se logra observar que, a través de tiempo, el comportamiento en el accionar por parte de la empresa Pedregal, es de realizar las gestiones respectivas posterior a la construcción de las obras, inobservándose así la normativa correspondiente en materia constructiva y ambiental, en pro de la conservación del ambiente, según lo establecido en la Ley Orgánica del Ambiente’’.

SENARA confirmó la inviabilidad de legalizar construcciones ilegales

El Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA), mediante un dictamen técnico emitido en junio de 2022, determinó que en la zona de extrema vulnerabilidad no se deben permitir actividades que generen vertidos de sustancias contaminantes que puedan alterar negativamente la calidad del agua subterránea. Este dictamen, basado en estudios hidrogeológicos, refuerza la prohibición de legalizar construcciones ilegales en estas áreas protegidas.

De acuerdo con el estudio elaborado y aprobado por el SENARA denominado “Estudio Hidrogeológico y de Vulnerabilidad Hidrogeológica mediante el método Drastic para el cantón de Belén” (2016), la fuente Zamora-AyA y los componentes del proyecto Patio de Operaciones, se ubican en la zona de vulnerabilidad extrema. De acuerdo con SENARA (2016), debido a las condiciones de destape y exposición del acuífero Colima Superior, esta área es altamente susceptible a la contaminación.

Belén, Costa Rica, 9 de setiembre del 2024

3.Portal de Mapas y Aplicaciones del CATMUBE-Ortofoto del año 2020. Fuente: Unidad de Topografía / Base de datos Municipalidad de Belén CATMUBE.

José Andés Wong y María Alfaro nos cuentan cómo su relación con la UCR ha cambiado sus vidas y las de sus comunidades

Escrito en . Publicado en Comunidad, Derechos.

José nos cuenta que participa en un grupo folclórico de baile llamado “Al son de la vida”, menciona que ser parte del grupo le ha servido para tener muchas amistades, participar en diversas actividades y que se mantiene con salud porque constantemente se ejercita al mismo tiempo que disfruta bailar.

Lo llena de felicidad cuando hace presentaciones con su grupo, que ha sido un programa excelente para el adulto mayor, asimismo, invita a todos los adultos mayores a participar en este tipo de actividades porque es un gran beneficio.

María Alfaro quien tiene 21 años de ser presidenta de acueductos y alcantarillados en Santa Gertrudis Sur Grecia, menciona que existe hace 50 años y la Universidad de Costa Rica está vinculada desde el 2000, quien ha tenido un papel importante en AyA ya que les han ayudado en las pruebas de agua cuando la naciente estuvo muy contaminada.

Y de las misma manera ha ayudado con muchos estudios que los ha beneficiado sobre todo para proteger las nacientes de agua. María nos cuenta que la lucha del agua es lo más importante porque sin ella no somos nadie

Le invitamos a ver los videos de José Andés Wong y María Alfaro quienes nos cuentan cómo su relación con la UCR ha cambiado sus vidas y las de sus comunidades.

 

Imagen ilustrativa, UCR.

Condenas al AyA reflejan las fallas en la gestión del agua, asegura Defensoría

Escrito en . Publicado en Agua, Derechos.

Dará seguimiento a cumplimiento de planes de inversión y del plazo establecido por la Sala Constitucional

La Defensoría de los Habitantes afirmó que las recientes condenas contra el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) y la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) por parte de la Sala Constitucional son un reflejo que el regulador y operador del servicio de agua han fallado a la población.

Para tal efecto requiere, de manera urgente, una planificación e inversión que permita garantizar el derecho al acceso del agua potable a las comunidades, en especial, a las más afectadas durante los últimos años con faltantes del líquido por periodos prolongados.

La Defensoría de los Habitantes ha venido alertando sobre la crisis que ha atravesado el país en esta materia debido a racionamientos prolongados y contaminación, al punto que, ha sido necesario, incluso, presentar como institución, informes técnicos ante el Tribunal Constitucional. Es por ello, que cómo órgano de control de legalidad dará seguimiento al cumplimiento del plazo otorgado por la Sala IV para satisfacer las necesidades de las poblaciones afectadas y además, seguirá pidiendo cuentas de los avances en los planes de inversión anunciados.

La Defensoría viene insistiendo en que el país debe implementar, con prioridad y previsión, una adecuada gestión integral del recurso hídrico, pues de lo contrario, el impacto para el próximo verano podría ser muy grave para las comunidades del Gran Área Metropolitana.

“Hay que aceptar que existe una crisis de gestión hídrica y en ese sentido, se vuelve indispensable que las medidas a implementar se dirijan más allá de acciones paliativas, porque es evidente que han resultado insuficientes ante la grave problemática. Se necesita una planificación y ejecución más eficiente de proyectos de infraestructura a mediano y largo plazo. Es imperativo que todos los prestatarios del servicio de agua potable actúen con urgencia para resolver los problemas existentes y aseguren una gestión sostenible del recurso hídrico”, recalcó la Defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank Lambert.

Denuncian ante el AyA a la ASADA de Cipreses de Oreamuno por su mala administración

Escrito en . Publicado en Agua, Derechos.

La población que recibe agua de la ASADA de Cipreses de Oreamuno ha denunciado múltiples veces la mala administración que tiene el AyA en la misma, debido a que sólo los ingenieros del AyA a cargo de la visita evidencian lo que se denuncia, como la falta de mantenimiento y planes operativos en esta ASADA a los tanques de agua «potable», amparados por el ente rector.

Estos han tomado una nueva denuncia en contra de la administración del AyA elevando y dirigiendo la denuncia al Ministerio de Salud, ya que la población al abrir la llave para adquirir agua potable directamente de los tanques de la ASADA sale el agua con líquenes o musgo. Prueba clara que nadie los lava.

En tal caso hay una sistemática violación del decreto n• 38942-S por parte de los funcionarios de esta ASADA, la cual la comunidad no ha pasado desapercibida, donde estos exigen que se haga una aplicación del mismo, ya que estos se encuentran con gran molestia el estar cancelando cada mes un recibo por servicio de agua el cual no es potable, pagando casi el mismo monto cuando son más de 8 horas diarias de desabastecimiento. 

Carta presentada para la denuncia:

Estimados señores, con gran molestia me dirijo nuevamente a ustedes para denunciar lo que debería de ser una vergüenza para ambas instituciones a cargo de salud  pública y del agua potable para la población más vulnerable (zonas rurales).

Está semana leí dos informes elaborados por ambos despachos, sobre las visitas o atención de denuncias a la ASADA de Cipreses de Oreamuno dónde se contradicen, sólo los Ing del AyA cargo de la visita evidencian lo que a continuación denuncio, la falta de mantenimiento y planes operativos en esta ASADA a los tanques de agua «potable», amparados por el ente rector.

El pasado 08 de junio del presente me dirijo con otra persona al tanque ubicado al costado del edificio de la ASADA para recoger agua en cubetas previamente lavadas, y no puedo decir que pra mi sorpresa, porque cuando se trata del agua por años ya hemos visto de todo, al abrir la llave sale el agua con líquenes o musgo. Prueba clara que nadie los lava.

 Señores es como para sentir vergüenza de sus labores, es con la salud de más de 3.000 personas con las que JUEGAN, por favor cuanto se van a tomar sus labores con seriedad y responsabilidad? ¿Qué esperan una epidemia? O algo peor? Cuánto tiempo tenemos que esperar a ver que YA tomen cartas en este asunto y cumplir primero desde adentro el reglamento para la calidad del agua potable??

La sistemática violación del decreto n• 38942-S por parte de los Funcionarios de esta ASADA no ha pasado desapercibida pro que los mismos despachos encargados de salvaguardar y aplicarlo se hagan de la vista gorda es inaudito por favor tomen un poquito de conciencia, espero poder ver un cambio de actitud de parte de ustedes y se tomen  cartas en el asunto, pro más aún ACCIONES y prontas!!

Me parece sumamente vulgar y descarado cancelar cada mes un recibo por «servicio» de agua que NO es potable, pagando casi el mismo monto cuando son más de 8 horas diarias de desabastecimiento y ahora sumando la  desconfianza que ustedes nos generan en cuanto al manejo y abordaje de este tema y otros relativos a esta ASADA.

La nota fue enviada a SURCOS por Ricardo Rivera Rojas.

Concejo Municipal de Montes de Oca exige al AyA respetar derecho humano de acceso al agua potable y poner fin a los racionamientos

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El pasado lunes 3 de junio, el Concejo Municipal de Montes Oca aprobó en forma unánime una moción presentada por el regidor Jorge Mora Portuguez y apoyada por otras regidurías, para solicitar al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) el fin de los racionamientos de agua y el respeto al derecho humano de acceso a esta reconocido en nuestra Constitución Política. A continuación, se transcribe el acuerdo suscrito:

Considerando:

Primero. Que el acceso al agua potable en calidad y cantidad aceptables son un derecho humano fundamental reconocido por la Asamblea General de las Naciones Unidades desde el año 2010; y así establecido en el artículo 50 de nuestra Constitución Política:

Artículo 50. “Toda persona tiene el derecho humano, básico e irrenunciable de acceso al agua potable, como bien esencial para la vida. El agua es un bien de la nación, indispensable para proteger tal derecho humano. Su uso, protección, sostenibilidad, conservación y explotación se regirá por lo que establezca la ley que se creará para estos efectos y tendrá prioridad el abastecimiento de agua potable para consumo de las personas y las poblaciones”. 

Segundo. De conformidad con la Sala Constitucional y con la Procuraduría General de la República: “El denominado servicio público universal de suministro de agua potable se relaciona de forma inherente con la garantía del derecho fundamental al agua potable. En este sentido, el suministro de agua potable constituye un servicio público esencial y oneroso. La jurisprudencia de la Sala, en materia de suministro de agua potable, se ha dirigido fundamentalmente a la protección del derecho a la vida y a la salud de las personas físicas. Esos derechos implican la posibilidad de exigir ciertas prestaciones del Estado, ámbito en el cual el Estado se ve obligado a proporcionar algunos servicios públicos, sobre todo los que resultan esenciales para mantener condiciones sanitarias favorables a la preservación de la vida y la salud de las personas. De este modo, garantizar la pureza del líquido para consumo humano, así como la continuidad en el suministro de éste, forman parte de un debido y eficiente servicio al abonado, y a su vez garantiza sus derechos fundamentales más elementales. Por consiguiente, se puede asegurar que el abastecimiento de agua potable constituye un servicio público esencial, al que le son aplicables también los principios generales de los servicios públicos establecidos por el artículo 4° de la Ley General de la Administración Pública y lo dispuesto por la Sala Constitucional sobre el derecho fundamental al buen funcionamiento de los servicios públicos (sentencia número 2386-2006 de las 10 horas 57 minutos de 24 de febrero de 2006. Voto no. 17397-2019 de las de las 12 horas 54 minutos de 11 de setiembre de 2019 y dictamen de la PGR PGR-C-067-2022.

Tercero. Que a pesar de lo anterior el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados viene aplicando desde el 22 de marzo de este año, racionamientos de agua en el cantón de Montes de Oca, y otros cantones del país; que ocasionan graves perjuicios a la población en materia de salud, higiene, alimentación. Pero que también afecta a los niños y niñas en edad escolar, atenta contra el derecho a la educación y genera graves impactos en comercios, especialmente de venta de comidas.

Cuarto. Que estos racionamientos no solo son producto de la escasez de lluvias que se preveía que habría este año; del cambio climático global, y de fenómenos como la Niña; sino que se deben sobre todo a la mala planificación, a la falta de previsión y a los recortes presupuestarios que ha sufrido el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA). Proyectos como Orosi 2 y otros similares que fueron paralizados por la actual administración son fundamentales para garantizar la continuidad en la prestación del servicio de abastecimiento de agua potable a nuestra población.

Por lo tanto, este Concejo Municipal acuerda:

Primero. Solicitar al AyA suspender de forma inmediata los racionamientos de agua en el cantón de Montes de Oca y en los demás cantones donde estén dando.

Segundo. Solicitar al AyA la puesta en marcha de todas las acciones necesarias, las medidas de contingencia que correspondan y el desarrollo de la infraestructura, entre esta del proyecto Orosi II, dirigidas a garantizar el suministro de agua potable en forma continua tal como es el deber de esta institución.

Tercero. Solicitar a la Administración en la persona del señor Alcalde que se realicen los estudios y cálculos financieros para determinar los costos de la eventual colocación de tanques para agua potable en las escuelas y colegios públicos del cantón, CEN-CINAI, CECUDI, centros de atención de adulto mayor, para garantizarles un suministro constante de agua potable.

Cuarto. Enviar este acuerdo a todos los demás gobiernos locales del país para que se pronuncien en la misma forma, así como a la Defensoría de los Habitantes, la Junta Directiva del AyA y a Casa Presidencial.