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Etiqueta: AYA

Condenas al AyA reflejan las fallas en la gestión del agua, asegura Defensoría

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Dará seguimiento a cumplimiento de planes de inversión y del plazo establecido por la Sala Constitucional

La Defensoría de los Habitantes afirmó que las recientes condenas contra el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) y la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) por parte de la Sala Constitucional son un reflejo que el regulador y operador del servicio de agua han fallado a la población.

Para tal efecto requiere, de manera urgente, una planificación e inversión que permita garantizar el derecho al acceso del agua potable a las comunidades, en especial, a las más afectadas durante los últimos años con faltantes del líquido por periodos prolongados.

La Defensoría de los Habitantes ha venido alertando sobre la crisis que ha atravesado el país en esta materia debido a racionamientos prolongados y contaminación, al punto que, ha sido necesario, incluso, presentar como institución, informes técnicos ante el Tribunal Constitucional. Es por ello, que cómo órgano de control de legalidad dará seguimiento al cumplimiento del plazo otorgado por la Sala IV para satisfacer las necesidades de las poblaciones afectadas y además, seguirá pidiendo cuentas de los avances en los planes de inversión anunciados.

La Defensoría viene insistiendo en que el país debe implementar, con prioridad y previsión, una adecuada gestión integral del recurso hídrico, pues de lo contrario, el impacto para el próximo verano podría ser muy grave para las comunidades del Gran Área Metropolitana.

“Hay que aceptar que existe una crisis de gestión hídrica y en ese sentido, se vuelve indispensable que las medidas a implementar se dirijan más allá de acciones paliativas, porque es evidente que han resultado insuficientes ante la grave problemática. Se necesita una planificación y ejecución más eficiente de proyectos de infraestructura a mediano y largo plazo. Es imperativo que todos los prestatarios del servicio de agua potable actúen con urgencia para resolver los problemas existentes y aseguren una gestión sostenible del recurso hídrico”, recalcó la Defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank Lambert.

Denuncian ante el AyA a la ASADA de Cipreses de Oreamuno por su mala administración

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La población que recibe agua de la ASADA de Cipreses de Oreamuno ha denunciado múltiples veces la mala administración que tiene el AyA en la misma, debido a que sólo los ingenieros del AyA a cargo de la visita evidencian lo que se denuncia, como la falta de mantenimiento y planes operativos en esta ASADA a los tanques de agua «potable», amparados por el ente rector.

Estos han tomado una nueva denuncia en contra de la administración del AyA elevando y dirigiendo la denuncia al Ministerio de Salud, ya que la población al abrir la llave para adquirir agua potable directamente de los tanques de la ASADA sale el agua con líquenes o musgo. Prueba clara que nadie los lava.

En tal caso hay una sistemática violación del decreto n• 38942-S por parte de los funcionarios de esta ASADA, la cual la comunidad no ha pasado desapercibida, donde estos exigen que se haga una aplicación del mismo, ya que estos se encuentran con gran molestia el estar cancelando cada mes un recibo por servicio de agua el cual no es potable, pagando casi el mismo monto cuando son más de 8 horas diarias de desabastecimiento. 

Carta presentada para la denuncia:

Estimados señores, con gran molestia me dirijo nuevamente a ustedes para denunciar lo que debería de ser una vergüenza para ambas instituciones a cargo de salud  pública y del agua potable para la población más vulnerable (zonas rurales).

Está semana leí dos informes elaborados por ambos despachos, sobre las visitas o atención de denuncias a la ASADA de Cipreses de Oreamuno dónde se contradicen, sólo los Ing del AyA cargo de la visita evidencian lo que a continuación denuncio, la falta de mantenimiento y planes operativos en esta ASADA a los tanques de agua «potable», amparados por el ente rector.

El pasado 08 de junio del presente me dirijo con otra persona al tanque ubicado al costado del edificio de la ASADA para recoger agua en cubetas previamente lavadas, y no puedo decir que pra mi sorpresa, porque cuando se trata del agua por años ya hemos visto de todo, al abrir la llave sale el agua con líquenes o musgo. Prueba clara que nadie los lava.

 Señores es como para sentir vergüenza de sus labores, es con la salud de más de 3.000 personas con las que JUEGAN, por favor cuanto se van a tomar sus labores con seriedad y responsabilidad? ¿Qué esperan una epidemia? O algo peor? Cuánto tiempo tenemos que esperar a ver que YA tomen cartas en este asunto y cumplir primero desde adentro el reglamento para la calidad del agua potable??

La sistemática violación del decreto n• 38942-S por parte de los Funcionarios de esta ASADA no ha pasado desapercibida pro que los mismos despachos encargados de salvaguardar y aplicarlo se hagan de la vista gorda es inaudito por favor tomen un poquito de conciencia, espero poder ver un cambio de actitud de parte de ustedes y se tomen  cartas en el asunto, pro más aún ACCIONES y prontas!!

Me parece sumamente vulgar y descarado cancelar cada mes un recibo por «servicio» de agua que NO es potable, pagando casi el mismo monto cuando son más de 8 horas diarias de desabastecimiento y ahora sumando la  desconfianza que ustedes nos generan en cuanto al manejo y abordaje de este tema y otros relativos a esta ASADA.

La nota fue enviada a SURCOS por Ricardo Rivera Rojas.

Concejo Municipal de Montes de Oca exige al AyA respetar derecho humano de acceso al agua potable y poner fin a los racionamientos

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El pasado lunes 3 de junio, el Concejo Municipal de Montes Oca aprobó en forma unánime una moción presentada por el regidor Jorge Mora Portuguez y apoyada por otras regidurías, para solicitar al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) el fin de los racionamientos de agua y el respeto al derecho humano de acceso a esta reconocido en nuestra Constitución Política. A continuación, se transcribe el acuerdo suscrito:

Considerando:

Primero. Que el acceso al agua potable en calidad y cantidad aceptables son un derecho humano fundamental reconocido por la Asamblea General de las Naciones Unidades desde el año 2010; y así establecido en el artículo 50 de nuestra Constitución Política:

Artículo 50. “Toda persona tiene el derecho humano, básico e irrenunciable de acceso al agua potable, como bien esencial para la vida. El agua es un bien de la nación, indispensable para proteger tal derecho humano. Su uso, protección, sostenibilidad, conservación y explotación se regirá por lo que establezca la ley que se creará para estos efectos y tendrá prioridad el abastecimiento de agua potable para consumo de las personas y las poblaciones”. 

Segundo. De conformidad con la Sala Constitucional y con la Procuraduría General de la República: “El denominado servicio público universal de suministro de agua potable se relaciona de forma inherente con la garantía del derecho fundamental al agua potable. En este sentido, el suministro de agua potable constituye un servicio público esencial y oneroso. La jurisprudencia de la Sala, en materia de suministro de agua potable, se ha dirigido fundamentalmente a la protección del derecho a la vida y a la salud de las personas físicas. Esos derechos implican la posibilidad de exigir ciertas prestaciones del Estado, ámbito en el cual el Estado se ve obligado a proporcionar algunos servicios públicos, sobre todo los que resultan esenciales para mantener condiciones sanitarias favorables a la preservación de la vida y la salud de las personas. De este modo, garantizar la pureza del líquido para consumo humano, así como la continuidad en el suministro de éste, forman parte de un debido y eficiente servicio al abonado, y a su vez garantiza sus derechos fundamentales más elementales. Por consiguiente, se puede asegurar que el abastecimiento de agua potable constituye un servicio público esencial, al que le son aplicables también los principios generales de los servicios públicos establecidos por el artículo 4° de la Ley General de la Administración Pública y lo dispuesto por la Sala Constitucional sobre el derecho fundamental al buen funcionamiento de los servicios públicos (sentencia número 2386-2006 de las 10 horas 57 minutos de 24 de febrero de 2006. Voto no. 17397-2019 de las de las 12 horas 54 minutos de 11 de setiembre de 2019 y dictamen de la PGR PGR-C-067-2022.

Tercero. Que a pesar de lo anterior el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados viene aplicando desde el 22 de marzo de este año, racionamientos de agua en el cantón de Montes de Oca, y otros cantones del país; que ocasionan graves perjuicios a la población en materia de salud, higiene, alimentación. Pero que también afecta a los niños y niñas en edad escolar, atenta contra el derecho a la educación y genera graves impactos en comercios, especialmente de venta de comidas.

Cuarto. Que estos racionamientos no solo son producto de la escasez de lluvias que se preveía que habría este año; del cambio climático global, y de fenómenos como la Niña; sino que se deben sobre todo a la mala planificación, a la falta de previsión y a los recortes presupuestarios que ha sufrido el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA). Proyectos como Orosi 2 y otros similares que fueron paralizados por la actual administración son fundamentales para garantizar la continuidad en la prestación del servicio de abastecimiento de agua potable a nuestra población.

Por lo tanto, este Concejo Municipal acuerda:

Primero. Solicitar al AyA suspender de forma inmediata los racionamientos de agua en el cantón de Montes de Oca y en los demás cantones donde estén dando.

Segundo. Solicitar al AyA la puesta en marcha de todas las acciones necesarias, las medidas de contingencia que correspondan y el desarrollo de la infraestructura, entre esta del proyecto Orosi II, dirigidas a garantizar el suministro de agua potable en forma continua tal como es el deber de esta institución.

Tercero. Solicitar a la Administración en la persona del señor Alcalde que se realicen los estudios y cálculos financieros para determinar los costos de la eventual colocación de tanques para agua potable en las escuelas y colegios públicos del cantón, CEN-CINAI, CECUDI, centros de atención de adulto mayor, para garantizarles un suministro constante de agua potable.

Cuarto. Enviar este acuerdo a todos los demás gobiernos locales del país para que se pronuncien en la misma forma, así como a la Defensoría de los Habitantes, la Junta Directiva del AyA y a Casa Presidencial.

¿Y el agua?

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El pasado 4 de mayo de 2024 se le envió al presidente de la república Rodrigo Chaves y al presidente ejecutivo del AyA un correo electrónico junto con una recolecta de firmas, esto para solicitar la declaratoria de emergencia de la situación del agua y el ambiente, considerando, en el caso general de la situación del acceso del agua en calidad, cantidad, etc., como lo indica el artículo 50 de nuestra Constitución y convenios internacionales ratificados por Costa Rica, es indispensable una buena administración y planificación por parte del AyA para las comunidades que les hace falta este vital líquido: el agua, expresado en el presente texto.

San José, Costa Rica

Sábado 4 de mayo del 2024

Al señor Presidente de la República

Sr. Rodrigo Chaves Robles

Estimado Señor,

La crisis de acceso al agua potable en Costa Rica es indiscutible. Las familias costarricenses sufren desabastecimiento y contaminación en las zonas de captación. Lo que limita su derecho humano al recurso hídrico. Ante esta situación y considerando:

  1.     Que el pasado 23 de abril el señor Juan Manuel Quesada Espinoza, como Presidente Ejecutivo del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, declara desafortunadamente e incompetentemente que no puede ejercer su labor de dar agua a las comunidades.
  2.   Que el Informe del Estado de la Nación 2023 indica que “las razones que explican los problemas de disponibilidad de agua varían según el sistema y la zona geográfica. Sin embargo, en términos generales, varios factores los originan, tales como la variabilidad y el cambio climáticos, el estado de la infraestructura hídrica, la contaminación antropogénica y natural, la poca planificación urbana, el crecimiento de la población, así como la baja inversión que realizan algunos acueductos —principalmente comunales en temas de protección de fuentes y control de fugas” (PEN 2023, Pág. 39). Este informe también señala que, en 2022, del total de agua extraída por el AyA, “el 57% se perdió por fugas, rebalses de tanques, errores de micromedición, entre otros.” (PEN: 2023, Pág.27)
  3.   Que la Contraloría General de la República indica que “la gestión del portafolio de proyectos de inversión para el abastecimiento de agua potable y saneamiento de aguas residuales del AyA, no ha sido eficaz en incidir en las poblaciones en condición de vulnerabilidad, ya que únicamente el 1,6% de los distritos con mayor condición de vulnerabilidad del país, según el Índice de Desarrollo Social de 2023, tienen inversiones programadas en saneamiento y solo el 16,7% en agua potable; asimismo, solo el 41,6% de los distritos identificados como más vulnerables según el Índice de Vulnerabilidad Comunitaria al Agua Potable del AyA de 2021, tienen inversión programada.” (Informe DFOE-SOS-IAD-00003-2024, Pág.32
  4. Que las condiciones climáticas son cada vez peores y que el Secretario General de la ONU ha indicado que “la era del calentamiento global se ha terminado; ha llegado la era de la ebullición global”, (…) tras alertar a la comunidad científica de que julio de 2023 ha sido el mes más caluroso de los últimos 120.000 años.” (ONU: 2023). En particular, “las temperaturas promedio anuales en Costa Rica aumentaron de 27,9°C en 1990, a 28,4°C en 2022 (IMN, 2023)” (PEN: 2023, Pág. 46), lo que pone en riesgo la disponibilidad del agua potable en el transcurso de la variabilidad climática anual.
  5.   Que, mediante resolución de la Sala Constitucional, profesionales del SENARA, acompañados por técnicos del Minae, Salud, MAG, INVU y AyA, elaboraron un procedimiento (matriz) que permite proteger las aguas de fuentes subterráneas. Dicha matriz, eventualmente reafirmada por el Tribunal Contencioso Administrativo, según la vulnerabilidad de los acuíferos, considera aspectos, como, la localización de los mismos, el espesor de las capas geológicas, la profundidad del agua, las actividades a desarrollar en la superficie, los materiales contaminantes que pudieren usarse, según sean las características del suelo y las particularidades de los proyectos a desarrollar. En conjunto, permite clasificar cuán vulnerable es o no un acuífero.

Clasificación que va de NULA a EXTREMA, con calificaciones intermedias de baja, mediana y alta. Así, según sea la ubicación, así también serán las medidas que habrán de cumplirse para garantizar que tan fundamentales fuentes de agua potable (¡más del 70% del abastecimiento proviene de acuíferos subterráneos!) pueda mantenerse en el tiempo, por lo que es imprescindible aplicar la Matriz para proteger las aguas subterráneas.

  1.   Que el crecimiento territorial desordenado y la gentrificación de algunos territorios pone en riesgo la protección de las zonas de recarga acuífera y la distribución equitativa y sostenible del recurso hídrico. Al respecto, el Informe del Estado de la Nación 2023 detalla que “se debe reiterar la ausencia de regulación local en gran parte del país (Sánchez, 2021; Pérez et al., 2022; PEN, 2022) (…) En la actualidad, once cantones de la GAM carecen de PRC [Plan Regulador Cantonal]. (…) La mayoría de los cantones de Heredia y el cantón de Poás, carentes de PRC, incluyen las zonas de recarga de los acuíferos más importantes del país. (…) De forma adicional, los instrumentos de ordenamiento territorial existente muestran problemas de actualización: de veinte cantones con PRC vigentes, solo seis los han actualizado (o implementado por primera vez) durante la última década (Pérez, 2023).” (PEN 2023, Págs. 212-213).
  2.   Que la gran cantidad de vecinos de diversos sectores del país, cantones como Alajuela, San Vito de Coto Brus, Alajuelita, Desamparados, Goicoechea, Moravia, Coronado y Cantón Central de San José (incluido Hatillo, San Sebastián, Pavas y La Carpio) han realizado manifestaciones públicas solicitando soluciones prontas y cumplidas que en pocas ocasiones se han materializado. A la fecha de emisión de este documento, muchas de estas comunidades siguen reportando disminución o ausencia total del servicio de agua potable lo que afecta la salud de las familias, dificulta el cuido de adultos mayores, niños y personas enfermas, ralentiza el comercio e impide inclusive la asistencia a centros educativos, vulnerando así no solo el derecho humano al agua potable sino al trabajo y a la educación.
  3.   Que el Artículo 50 de nuestra Constitución Política establece que “toda persona tiene el derecho humano, básico e irrenunciable de acceso al agua potable, como bien esencial para la vida. El agua es un bien de la nación, indispensable para proteger tal derecho humano. Su uso, protección, sostenibilidad, conservación y explotación se regirá por lo que establezca la Iey que se creará para estos efectos y tendrá prioridad el abastecimiento de agua potable para consumo de las personas y las poblaciones.” El acceso al agua potable es, por tanto, un servicio necesario para la vida y la salud de la población. En donde, el derecho a la vida y a la salud de las personas es un derecho fundamental, los cuales se tornan en bienes jurídicos de interés público y ante ello, el Estado tiene la obligación inexorable de velar por su tutela.
  4.   Que el Artículo 140 de nuestra Constitución política faculta al Poder Ejecutivo a adoptar y generar medidas de salvaguarda inmediatas cuando tales bienes jurídicos, como la vida y la salud, están en amenaza o peligro. Y que de ahí se deriva la facultad contenida en el Artículo 29 de la Ley N°8488 Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo.

Por lo tanto, solicitamos respetuosamente que el Poder Ejecutivo Se declare Estado de emergencia hídrica para las comunidades del Valle Central ( Zapote, Desamparados, Goicoechea, Coronado, Carpio, Hatillo, Paso Ancho, San Sebastián, San Pedro Montes de Oca, Alajuelita, Moravia, Pavas y en las Provincias cantón de San Vito de Coto Brus, cantón de San Ramón, cantón Central de Alajuela, la Guácima, debido a la situación de emergencia del recurso hídrico, el desabastecimiento de agua potable y contaminación de zonas de captación de la Zona Norte, Faldas Volcán lrazú, Cantones de Siquirres, Guápiles, Cariari, de esta manera se priorice de forma inmediata la inversión en infraestructura y mantenimiento para garantizar que las comunidades actualmente vulneradas cuenten con el servicio pleno, según el artículo 50 de la Constitución Política.

Imagen ilustrativa, UCR.

Defensoría expone ante Sala IV deudas del AyA con los Hatillos

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Entre febrero y mayo del presente año, la Defensoría de los Habitantes ha registrado un total de 80 denuncias de residentes de Hatillo, quienes aseguran que su derecho al acceso al agua potable se ve afectado y vulnerado, pues requieren del preciado líquido para satisfacer las necesidades básicas de consumo e higiene.

Producto de un recurso de amparo presentado por habitantes en marzo anterior contra el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) por la falta de acceso a este servicio público y a solicitud de la Sala Constitucional, la Defensoría remitió un informe técnico sobre las afectaciones de los y las vecinas de esa comunidad del sur de la capital.

Si bien se encuentra en un proceso de aprobación del informe final con recomendaciones del caso Los Hatillos, en términos generales la Defensoría expuso al Tribunal Constitucional que ha constatado que las acciones realizadas por el AyA no han sido suficientes ni oportunas para dotar del servicio en cuanto a cantidad, calidad y, especialmente continuidad para la población.

La Defensoría comparte el criterio de las personas recurrentes de responsabilizar al AyA para que se planifique, desarrolle y construya las soluciones que Los Hatillos y las demás comunidades afectadas por desabastecimiento requieren a corto, mediano y largo plazo, en aras de cubrir la demanda del servicio de acueducto, de modo que todas las personas puedan tener acceso al agua potable y satisfacer sus necesidades básicas.

Para esta Defensoría, Hatillo está enfrentando una situación crítica debido a los racionamientos programados y no programados, al incumplimiento de los horarios de abastecimiento comunicados, los extensos períodos de desabastecimiento, las dificultades que enfrenta la población para acceder al reparto de agua en camiones cisternas. Todo esto con la consecuente afectación del derecho al acceso al agua potable, el derecho a la salud y demás derechos vinculados a disponer de agua potable en cantidades suficientes para atender las necesidades básicas de la población, especialmente de aquellas personas en condición de vulnerabilidad, tales como niños, niñas, personas enfermas y adultas mayores.

De acuerdo con la información facilitada por el AyA a la Defensoría, el desabastecimiento y racionamiento que enfrenta Hatillo y muchas otras comunidades, dentro y fuera del Gran Área Metropolitana, se debe a causas multifactoriales, tales como el Fenómeno El Niño, el aumento en la demanda y consumo de la población en época seca, la reducción en las fuentes de producción durante la época seca, y la modificación en el comportamiento de las lluvias, así como factores asociados a una desordenada planificación territorial y a la falta de protección de las zonas de recarga acuífera.

No obstante, la Defensoría considera que uno de los factores de la crisis de abastecimiento de agua que enfrenta tantas comunidades, se debe a la inadecuada planificación y falta de ejecución de proyectos por parte del AyA, algunos se encuentran en desarrollo o incluso en una etapa incipiente, pese a ser una problemática de larga data que se extiende a la actualidad en perjuicio de las personas usuarias, deviniendo en una eventual responsabilidad administrativa de esa institución.

La Defensoría considera necesario que el AyA tome las medidas que se requieran con el fin de implementar las acciones útiles y conducentes para una planificación integral de las necesidades de inversión y mejora de la prestación del servicio, así como una ejecución eficiente de los proyectos y obras de infraestructura requeridas para satisfacer la demanda actual y futura del servicio en el sector de los Hatillos, contando con períodos razonables de ejecución y con rigurosidad y seriedad en el cumplimiento de los plazos de los procesos, en aras de que se garantice efectivamente el derecho humano al acceso al agua potable.

Oficina de Comunicación Institucional
Defensoría de los Habitantes

Comunidades, sindicatos y grupos sociales, exigen decreto de emergencia hídrica y ambiental en más de 20 cantones del país

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El pasado sábado 4 de mayo organizaciones sociales, sindicatos y grupos organizados de comunidades participaron del Foro por el Agua y Acciones, llevado a cabo por las Centrales Sindicales CGT, CUT, CCTD, dicha actividad contó con panelistas de importante conocimiento sobre el AyA, el agua, las comunidades y la contaminación, problemáticas que está viviendo con emergencia el país. Entre los y las panelistas estuvieron: la diputada Sofía Guillén, el biólogo Freddy Pacheco, Guido Barrientos del Programa Estado de la Nación y Mario Rodríguez del sindicato del AyA.

En esta actividad se destacó información relevante sobre los proyectos de AyA, como la poca o nula acción para proteger zonas de captación de agua, la problemática del cambio climático y las no acciones para resolver la crisis de abastecimiento de comunidades como: Zapote, Desamparados, Goicoechea, Coronado, Carpio, Hatillo, Paso Ancho, San Sebastián, San Pedro Montes de Oca, Alajuelita, Moravia, Pavas y en las provincias y cantones de la periferia como el cantón de San Vito de Coto Brus, cantón de San Ramón, cantón Central de Alajuela, la Guácima, y contaminación de zonas de captación de la Zona Norte, faldas del Volcán Irazú, cantones de Siquirres, Guápiles y Cariari.

Asimismo, criticaron las declaraciones del presidente ejecutivo de AyA Juan Manuel Quesada al decir que «No es posible dar agua a las comunidades» incumpliendo así su función como funcionario público, mismo que gana casi los 4 millones de colones al mes. 

Al problema del agua se le suma el posible tráfico de influencias y presiones por tener nuevos servicios, afirmación denunciada por el sindicato del AyA. En esto se dice que está involucrado un ex presidente ejecutivo de AyA que participa abiertamente en las solicitudes para servicios de agua del Condominio Terra Verbena en Alajuelita y Diamante Verde en Montes de Oca. 

Todos los presentes reconocieron la urgencia de brindar agua e infraestructura a las comunidades. También reconocieron las pocas acciones realizadas por el Gobierno en la búsqueda de soluciones reales para brindar agua y resguardar las zonas donde se capta el líquido vital para la población.

Tras la realización de este foro se creó un documento solicitando el decreto de emergencia hídrica y ambiental al Presidente de la República, el Sr. Rodrigo Chaves Robles. Este decreto se basó en una serie de argumentos, 9 en total, entre ellos los siguientes:

  1. Que el Informe del Estado de la Nación 2023 indica que “las razones que explican los problemas de disponibilidad de agua varían según el sistema y la zona geográfica. Sin embargo, en términos generales, varios factores los originan, tales como la variabilidad y el cambio climáticos, el estado de la infraestructura hídrica, la contaminación antropogénica y natural, la poca planificación urbana, el crecimiento de la población, así como la baja inversión que realizan algunos acueductos —principalmente comunales— en temas de protección de fuentes y control de fugas” (PEN 2023, Pág. 39). Este informe también señala que, en 2022, del total de agua extraída por el AyA, “el 57% se perdió por fugas, rebalses de tanques, errores de micromedición, entre otros.” (PEN: 2023, Pág.27).
  2. Que la Contraloría General de la República indica que “la gestión del portafolio de proyectos de inversión para el abastecimiento de agua potable y saneamiento de aguas residuales del AyA, no ha sido eficaz en incidir en las poblaciones en condición de vulnerabilidad, ya que únicamente el 1,6% de los distritos con mayor condición de vulnerabilidad del país, según el Índice de Desarrollo Social de 2023, tienen inversiones programadas en saneamiento y solo el 16,7% en agua potable; asimismo, solo el 41,6% de los distritos identificados como más vulnerables según el Índice de Vulnerabilidad Comunitaria al Agua Potable del AyA de 2021, tienen inversión programada.” (Informe DFOE-SOS-IAD-00003-2024, Pág.32). 
  3. Que el crecimiento territorial desordenado y la gentrificación de algunos territorios pone en riesgo la protección de las zonas de recarga acuífera y la distribución equitativa y sostenible del recurso hídrico. Al respecto, el Informe del Estado de la Nación 2023 detalla que “se debe reiterar la ausencia de regulación local en gran parte del país (Sánchez, 2021; Pérez et al., 2022; PEN, 2022) (…) En la actualidad, once cantones de la GAM carecen de PRC [Plan Regulador Cantonal]. (…) La mayoría de los cantones de Heredia y el cantón de Poás, carentes de PRC, incluyen las zonas de recarga de los acuíferos más importantes del país. (…) De forma adicional, los instrumentos de ordenamiento territorial existente muestran problemas de actualización: de veinte cantones con PRC vigentes, solo seis los han actualizado (o implementado por primera vez) durante la última década (Pérez, 2023).” (PEN 2023, Págs. 212-213).
  4. Que la gran cantidad de vecinos de diversos sectores del país, cantones como Alajuela, San Vito de Coto Brus, Alajuelita, Desamparados, Goicoechea, Moravia, Coronado y Cantón Central de San José (incluido Hatillo, San Sebastián, Pavas y La Carpio) han realizado manifestaciones públicas solicitando soluciones prontas y cumplidas que en pocas ocasiones se han materializado. A la fecha de emisión de este documento, muchas de estas comunidades siguen reportando disminución o ausencia total del servicio de agua potable lo que afecta la salud de las familias, dificulta el cuido de adultos mayores, niños y personas enfermas, ralentiza el comercio e impide inclusive la asistencia a centros educativos, vulnerando así no solo el derecho humano al agua potable sino al trabajo y a la educación. 
  5. Que el Artículo 50 de nuestra Constitución Política establece que “toda persona tiene el derecho humano, básico e irrenunciable de acceso al agua potable, como bien esencial para la vida. El agua es un bien de la nación, indispensable para proteger tal derecho humano. Su uso, protección, sostenibilidad, conservación y explotación se regirá por lo que establezca la ley que se creará para estos efectos y tendrá prioridad el abastecimiento de agua potable para consumo de las personas y las poblaciones.” El acceso al agua potable es, por tanto, un servicio necesario para la vida y la salud de la población. En donde, el derecho a la vida y a la salud de las personas es un derecho fundamental, los cuales se tornan en bienes jurídicos de interés público y ante ello, el Estado tiene la obligación inexorable de velar por su tutela. 
  6. Que el Artículo 140 de nuestra Constitución política faculta al Poder Ejecutivo a adoptar y generar medidas de salvaguarda inmediatas cuando tales bienes jurídicos, como la vida y la salud, están en amenaza o peligro. Y que de ahí se deriva la facultad contenida en el Artículo 29 de la Ley N°8488 Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo. 

Para mayor información sobre esta temática puede dirigirse a los documentos adjuntos.

Comunicado-Foro-del-AguaDescarga
Solicitud-de-estado-de-emergencia-por-agua-y-contaminacion-1Descarga

Vergonzosa contaminación hacia el Pacífico

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Freddy Pacheco León

Las playas Tárcoles, Bajamar, Tarcolito y Guacalillo, son receptoras permanentes, más en época lluviosa, de los desechos que recibe el río Grande de Tárcoles, el más contaminado del istmo centroamericano.

Río receptor de las peores inmundicias captadas desde el valle central, a lo largo de los recorridos de los inmundos ríos María Aguilar, Torres, Virilla, y afluentes.

Dolorosamente, los desechos sólidos y líquidos, de los vertederos de basura, se unen a los de la deficiente planta de tratamiento del AyA en tajos de la Uruca, e incontables «aportes» directos de aguas negras, descargas de fluidos de tanques sépticos y basureros clandestinos.

¡Basurero conocido y desdeñado por las autoridades ambientales y sanitarias!, que desemboca en el mar, al lado de esas, comprensiblemente, poco visitadas playas.

El esfuerzo que buenos compatriotas hacen, por recolectar plásticos en ellas, principalmente, es poco «rentable», pues en pocos días la situación «se normaliza», en virtud de que no es un asunto de visitantes cochinillos, sino de los residentes metropolitanos, que estamos a unos 70 u 80 km de la desembocadura del río, cerca de la boca del golfo de Nicoya.

Cabe mencionar, que la barda instalada para recoger desechos plásticos hace un año, con la participación de un organismo de la ONU, y empresarios privados, recogió una tonelada de plásticos en 12 meses, pero que ello no es suficiente, pues no se capturan partículas menores, ni los lixiviados de la basura, así como las aguas negras, desechos de tanques sépticos ni los contaminantes, que salen de la planta Los Tajos del AyA.

Señor Juan Manuel Quesada presidente ejecutivo de AyA … El agua es un derecho humano y se requiere su uso diario

Escrito en . Publicado en Agua.

Asociación Confraternidad Guanacasteca

El agua es un derecho humano y se requiere su uso diario.

Desde la CONFRATERNIDAD GUANACASTECA afiliada a FECON y al FRENTE NACIONAL DE LUCHA exigimos AGUA YA MISMO para todas las comunidades del país.

Los niños, adultos, comunidades no tienen por qué esperar.

El AyA debe asumir su responsabilidad. Solo maneja el 10% del agua. La mayoría del recurso hídrico – 90 % – está en manos privadas vía concesiones tramitadas por MINAE.

La Constitución dice:

Toda persona tiene el derecho humano, básico e irrenunciable de acceso al agua potable, como bien esencial para la vida. El agua es un bien de la nación, indispensable para proteger tal derecho humano. … tendrá prioridad el abastecimiento de agua potable para consumo de las personas y las poblaciones.

La Ley de Aguas 276 dice: artículo 137:

“El Ministerio del Ambiente y Energía, de oficio o a instancia de parte, está facultado para modificar, sin exponerse a pago de daños y perjuicios por ningún motivo, los derechos al uso de las aguas públicas, cualquiera que sea el título que ampare el aprovechamiento, riego, usos industriales y fuerza motriz, en los siguientes casos: a.- Si se necesitan las aguas para abastecimiento de poblaciones …

Por eso exigimos que de inmediato, el AyA invoque el artículo 137 de la Ley de Aguas y paralice o reduzca las concesiones existentes para otros usos, en toda región que falte agua para abastecimiento humano de sus habitantes.

Los funcionarios públicos juran defender la Constitución y las leyes. Venimos a exigir que cumplan con ese juramento.

SITUN convoca a la movilización del 24 de abril

Escrito en . Publicado en Derechos.

El Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la UNA convoca a la Gran movilización del 24 de abril a las 9 am saliendo del Parque de la Merced. 

Convocan a la movilización por la defensa de los derechos de todos los costarricenses. Así mismo se posicionan en contra de las políticas neoliberales del gobierno. Buscan defender la CCSS, la educación, AYA, ICE, el medio ambiente, la agricultura y el Banco de Costa Rica.

Indican que saldrá un bus a las 8 am de la Plaza 11 de abril en la UNA.

Compartido con SURCOS por Efraín Cavallini Acuña.

Comunidades afectadas por falta de agua anuncian que se organizan y hacen demandas al Gobierno y al AyA

Escrito en . Publicado en Agua, Comunidad, Derechos.

Comunicado de la Mesa Intercantonal por el Agua

Jueves 18 de abril, 2024

Organizaciones cantonales afectadas por la falta de agua de Alajuelita, Goicoechea, Hatillo, Moravia y Tibás, se han unido en un espacio desde el cual elevan sus reivindicaciones al Gobierno del presidente Rodrigo Chaves, a la Asamblea Legislativa, Acueductos y Alcantarillados y demás autoridades competentes con el manejo y distribución del recurso hídrico. Hacen un llamado a que las comunidades se organicen en defensa del agua.

Desde hace años, Alajuelita, Goicoechea y Hatillo han sufrido constantes interrupciones del servicio hídrico, que se agravan durante la estación seca. Este 2024 ha habido un salto en cuanto al acceso al recurso, que ahora se ha extendido a muchos otros cantones.

La contaminación con xileno en Coronado y en Turrialba, que se presume ha sido utilizado en la preparación de sustancias ilícitas y que afectó el abastecimiento de agua de decenas de miles de personas fue la gota que derramó el vaso. Es dramática la condición en que miles de personas quedaron ante la posición del Gobierno sobre la compra de agua ante la situación de la contaminación por xileno, que no consideraba las diversas situaciones económicas, con gente que debía escoger entre comprar agua o la comida del día siguiente.

Este ha sido un claro ejemplo del deterioro generalizado en que todas las anteriores administraciones permitieron que cayera el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. En este momento, por ejemplo, no se cuenta con un plano actualizado de las tuberías y alcantarillados a nivel nacional y se detuvo sin motivo aparente la construcción del proyecto Orosi II. En general, afrontamos un problema de distribución desigual del agua. Se han priorizado los sectores industriales y comerciales, las grandes empresas, frente a los intereses de las personas en sus comunidades. Así se pisotea la Constitución Política de nuestro país que prioriza sus ciudadanos ante los intereses económicos.

En el marco de la crisis climática global, la perspectiva se torna lúgubre para el pueblo costarricense, acostumbrado a pensar incluso en nuestra identidad nacional asociada al agua. La falta de acceso al recurso hídrico hace más difícil la vida para las amas de casas, para las mujeres trabajadoras, para las y los docentes en instituciones sin agua, para familias que no tienen agua para atender las necesidades de sus hijos o abuelos. 

Somos conscientes de que el agua es vida, y de que lastimosamente el Gobierno ha permitido el deterioro de los recursos naturales fundamentales para nuestra existencia y para nuestra identidad. Somos conscientes de que miles de vecinos y vecinas no pueden expresar su voz ni dar a conocer las condiciones cotidianas en que viven. Somos conscientes de que nuestra reivindicación por el acceso al recurso hídrico es parte de la necesidad de modificar nuestra relación con el medio ambiente para garantizar un futuro a las nuevas generaciones.

Nuestras peticiones se sintetizan en:

  • Abogamos por la protección de las fuentes naturales de agua, como nacientes y mantos acuíferos, los cuáles cada día se deterioran más con la construcción de nuevos condominios y su intervención para uso comercial.
  • Queremos agua en cantidad y calidad adecuada, tal como demanda la Constitución Política de Costa Rica; porque somos seres humanos y ciudadanos miembros de comunidades a las cuales no se nos está cumpliendo nuestros derechos.
  • Exigimos al AyA que se realicen las obras estructurales necesarias que asegure el flujo de agua para las generaciones actuales y futuras. Estas obras deben priorizarse y finalizar antes del 2026; así como la reactivación y financiamiento de Orosi II; la cuál sigue siendo necesaria para finalizar los problemas de agua en la Gran Área Metropolitana.
  • Clamamos por el desprocesamiento de los dirigentes y vecinos de Hatillo, que fueron cobardemente detenidos por la policía por exigir el acceso vital al recurso hídrico. Este tipo de detención y enjuiciamiento es en los hechos la criminalización de la protesta social, tal y como lo hemos visto en el caso de Orlando Barrantes, por ejemplo.
  • Denunciamos que este proceso tiene como objetivo desmovilizar a las y los Vecinos de Hatillo, que busca amedrentar a todos y todas las dirigencias cantonales y comunitarias que luchan por el agua. Es un accionar completamente antidemocrático de parte del Gobierno y las autoridades judiciales.
  • Por todo lo anterior comités cantonales de vecinos de Alajuelita, Guadalupe, Hatillo, Moravia y Tibás se han organizado en un espacio unitario y lanzan el llamado a todas las comunidades del país afectadas por falta de agua para que nos sumemos a una plataforma nacional de defensa de recurso hídrico para el pueblo de Costa Rica. Hemos dado el paso adelante en la conformación de la Mesa Intercantonal por el Agua, por la protección de nuestros derechos fundamentales.

Hacemos un llamado a movilizarnos el próximo 24 de abril, en el marco de la movilización

convocada por el Frente Nacional de Lucha, a las 09:00 a.m. para hacer escuchar nuestra voz de manera conjunta en la calle con las diversas organizaciones que ese día se movilizarán.

Representantes comunales de Alajuelita, Goicoechea, Hatillo, Moravia y Tibás.

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