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Etiqueta: AYA

SITUN convoca a la movilización del 24 de abril

El Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la UNA convoca a la Gran movilización del 24 de abril a las 9 am saliendo del Parque de la Merced. 

Convocan a la movilización por la defensa de los derechos de todos los costarricenses. Así mismo se posicionan en contra de las políticas neoliberales del gobierno. Buscan defender la CCSS, la educación, AYA, ICE, el medio ambiente, la agricultura y el Banco de Costa Rica.

Indican que saldrá un bus a las 8 am de la Plaza 11 de abril en la UNA.

Compartido con SURCOS por Efraín Cavallini Acuña.

Comunidades afectadas por falta de agua anuncian que se organizan y hacen demandas al Gobierno y al AyA

Comunicado de la Mesa Intercantonal por el Agua

Jueves 18 de abril, 2024

Organizaciones cantonales afectadas por la falta de agua de Alajuelita, Goicoechea, Hatillo, Moravia y Tibás, se han unido en un espacio desde el cual elevan sus reivindicaciones al Gobierno del presidente Rodrigo Chaves, a la Asamblea Legislativa, Acueductos y Alcantarillados y demás autoridades competentes con el manejo y distribución del recurso hídrico. Hacen un llamado a que las comunidades se organicen en defensa del agua.

Desde hace años, Alajuelita, Goicoechea y Hatillo han sufrido constantes interrupciones del servicio hídrico, que se agravan durante la estación seca. Este 2024 ha habido un salto en cuanto al acceso al recurso, que ahora se ha extendido a muchos otros cantones.

La contaminación con xileno en Coronado y en Turrialba, que se presume ha sido utilizado en la preparación de sustancias ilícitas y que afectó el abastecimiento de agua de decenas de miles de personas fue la gota que derramó el vaso. Es dramática la condición en que miles de personas quedaron ante la posición del Gobierno sobre la compra de agua ante la situación de la contaminación por xileno, que no consideraba las diversas situaciones económicas, con gente que debía escoger entre comprar agua o la comida del día siguiente.

Este ha sido un claro ejemplo del deterioro generalizado en que todas las anteriores administraciones permitieron que cayera el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. En este momento, por ejemplo, no se cuenta con un plano actualizado de las tuberías y alcantarillados a nivel nacional y se detuvo sin motivo aparente la construcción del proyecto Orosi II. En general, afrontamos un problema de distribución desigual del agua. Se han priorizado los sectores industriales y comerciales, las grandes empresas, frente a los intereses de las personas en sus comunidades. Así se pisotea la Constitución Política de nuestro país que prioriza sus ciudadanos ante los intereses económicos.

En el marco de la crisis climática global, la perspectiva se torna lúgubre para el pueblo costarricense, acostumbrado a pensar incluso en nuestra identidad nacional asociada al agua. La falta de acceso al recurso hídrico hace más difícil la vida para las amas de casas, para las mujeres trabajadoras, para las y los docentes en instituciones sin agua, para familias que no tienen agua para atender las necesidades de sus hijos o abuelos. 

Somos conscientes de que el agua es vida, y de que lastimosamente el Gobierno ha permitido el deterioro de los recursos naturales fundamentales para nuestra existencia y para nuestra identidad. Somos conscientes de que miles de vecinos y vecinas no pueden expresar su voz ni dar a conocer las condiciones cotidianas en que viven. Somos conscientes de que nuestra reivindicación por el acceso al recurso hídrico es parte de la necesidad de modificar nuestra relación con el medio ambiente para garantizar un futuro a las nuevas generaciones.

Nuestras peticiones se sintetizan en:

  • Abogamos por la protección de las fuentes naturales de agua, como nacientes y mantos acuíferos, los cuáles cada día se deterioran más con la construcción de nuevos condominios y su intervención para uso comercial.
  • Queremos agua en cantidad y calidad adecuada, tal como demanda la Constitución Política de Costa Rica; porque somos seres humanos y ciudadanos miembros de comunidades a las cuales no se nos está cumpliendo nuestros derechos.
  • Exigimos al AyA que se realicen las obras estructurales necesarias que asegure el flujo de agua para las generaciones actuales y futuras. Estas obras deben priorizarse y finalizar antes del 2026; así como la reactivación y financiamiento de Orosi II; la cuál sigue siendo necesaria para finalizar los problemas de agua en la Gran Área Metropolitana.
  • Clamamos por el desprocesamiento de los dirigentes y vecinos de Hatillo, que fueron cobardemente detenidos por la policía por exigir el acceso vital al recurso hídrico. Este tipo de detención y enjuiciamiento es en los hechos la criminalización de la protesta social, tal y como lo hemos visto en el caso de Orlando Barrantes, por ejemplo.
  • Denunciamos que este proceso tiene como objetivo desmovilizar a las y los Vecinos de Hatillo, que busca amedrentar a todos y todas las dirigencias cantonales y comunitarias que luchan por el agua. Es un accionar completamente antidemocrático de parte del Gobierno y las autoridades judiciales.
  • Por todo lo anterior comités cantonales de vecinos de Alajuelita, Guadalupe, Hatillo, Moravia y Tibás se han organizado en un espacio unitario y lanzan el llamado a todas las comunidades del país afectadas por falta de agua para que nos sumemos a una plataforma nacional de defensa de recurso hídrico para el pueblo de Costa Rica. Hemos dado el paso adelante en la conformación de la Mesa Intercantonal por el Agua, por la protección de nuestros derechos fundamentales.

Hacemos un llamado a movilizarnos el próximo 24 de abril, en el marco de la movilización

convocada por el Frente Nacional de Lucha, a las 09:00 a.m. para hacer escuchar nuestra voz de manera conjunta en la calle con las diversas organizaciones que ese día se movilizarán.

Representantes comunales de Alajuelita, Goicoechea, Hatillo, Moravia y Tibás.

Costa Rica retrocede en la gestión del agua

Alberto Salom Echeverría

Datos Espeluznantes

Los mejores estudiosos que en Costa Rica han sometido a análisis el tema del agua han llegado a un consenso preocupante: se ha producido un importante retroceso tanto en la calidad del agua que recibimos, como en la cobertura. Aunque todavía estamos en capacidad de recuperar el terreno cedido, el esfuerzo que hay que hacer para lograrlo, requiere de un drástico cambio de dirección en la manera como las principales instituciones responsables encargadas del manejo del recurso hídrico lo vienen haciendo. El gobierno de la República, lógicamente, queda determinantemente incluido en este aserto, por ser la cúpula que debería aupar a todos los demás entes y a la población en general.

En el sesudo documento del Estado de La Nación número XXIX, del 2022, se constata que del total del agua extraída en nuestro país por Acueductos y Alcantarillados un altísimo porcentaje del 57% se perdió por fugas, rebalses en los tanques, errores de micro medición y por la contaminación del recurso hídrico. En este mismo año, la población que recibió agua de calidad, potable y segura, descendió a un 91.2%.

El informe también destaca como uno de los principales hallazgos del estudio que, se hubiese producido una caída en un indicador siempre asociado con la salud de la población y el desarrollo humano, como es la cobertura de agua potable a nivel nacional, el cual mostró una caída de un 95.7% a un 89.9% en solo un año (más de cinco puntos porcentuales, como puede observarse).

De la lectura realizada por Delfino al XXIX informe del “Estado de la Nación”, elaboró sus propias gráficas que demuestran que la caída en la cobertura de agua potable descendió en todos los operadores: a nivel nacional lo ya descrito; en cuanto al agua suministrada por A y A también se produjo un descenso de la cobertura que registró un 96.7%; en el agua suministrada por las municipalidades el indicador evidenció una cobertura también descendente y reflejó un 91.6%; la cobertura de la ASADA/CAAR experimentó un descenso aún mayor en el mismo período para colocarse en un 75%.

En el mismo sentido se muestra un descenso en cuanto al saneamiento de las aguas residuales, volviéndose a estancar en el 2022, tal como ya venía ocurriendo. Destaca además Delfino que, de acuerdo siempre con el XXIX informe del Estado de La Nación, la mayoría de la población sigue careciendo de alcantarillado sanitario y que las tres cuartas partes dependen de un tratamiento apenas básico con tanques sépticos. (Cfr. https://delfino.cr/2023/11/pen-poblacion-con-acceso-a-agua-potable-se-redujo-en-2022).

Costa Rica padece, como en tantas otras iniciativas recientes relativas al progreso social, de una supina negligencia gubernamental. En efecto, las inversiones en el Plan Nacional de Saneamiento 2017-2045 se han ralentizado en forma considerable. Puesto que, de los seis proyectos de saneamiento establecidos como prioritarios en el plan para las zonas rurales, cinco de ellos se encuentran apenas en sus primeras etapas de desarrollo (Cfr, Ibidem).

La desigualdad social no la evidencia únicamente la enorme disparidad en los salarios

He venido insistiendo en este punto de vista en algunos otros de mis estudios y escritos anteriores. La desigualdad social, cada día más abrupta en Costa Rica, es mucho más grave que lo evidenciado por el coeficiente de Gini que, se basa en un rastreo de los salarios de la población ocupada. Ella -me refiero a la desigualdad- es palpable en la forma como está distribuida la riqueza; así como en las oportunidades para acceder a educación, salud, vivienda, hasta recreación y, desde luego, a los empleos de calidad. Ahora insisto, es bueno subrayarlo, en que las disparidades en la sociedad están presentes en el acceso al agua potable por parte de la población más vulnerable, tanto de la GAM como de las zonas rurales.

Ciertamente, el cambio climático que nos azota está contribuyendo decisivamente a disminuir el agua de los ríos y quebradas, así como el nivel de los pozos, como lo señala la expresidenta de “Acueductos y Alcantarillados”, Yamileth Astorga Espeleta. (Cfr. Astorga E.Y. “Ojalá ahora sí se resuelva el problema del agua en la GAM”. Foro de La Nación. 05.04.24 Pp.26). Sin embargo, desde mi óptica, un problema clave que, Yamileth Astorga lo menciona en su escrito, radica en “la ausencia o desacertada planificación territorial sin considerar los cuerpos de agua superficiales, falta de regulación del uso del suelo en zonas de recarga, irrespeto a las áreas de protección establecidas en la Ley de Aguas (1942) y la Ley Forestal (1996), y balances hídricos desactualizados por cuerpo de agua y aprovechamiento ilegal”. (Ibidem). Es decir, un problema que se deriva de una muy deficiente gestión del recurso hídrico, que tiene su origen en la falta de educación en la población desde la primera infancia, ya que se nos ha enseñado a creer que el agua es un recurso inagotable, y todavía actuamos como si en verdad lo fuera.

El académico de la UCR, Bernal Herrera, en la última miscelánea, da en el clavo, según mi opinión al afirmar: “Las fuentes de agua son abundantes en Costa Rica. Al mismo tiempo, miles de personas carecen de agua potable en sus casas, sea de forma permanente o cíclica, durante los racionamientos. Y la situación -agrega Bernal Herrera-, lejos de mejorar, va empeorando”. (Cfr. Herrera, Bernal. “El agua en Costa Rica: abundancia y escasez-2. Miscelánea en La Revista CR. Abril, 2024.).

No obstante, como también insiste Bernal Herrera, la explicación del problema del agua hoy, tanto en Costa Rica como en el resto de Centroamérica, no estriba en la falta de agua, porque si así fuera, en la vertiente Atlántica -o Caribe, mejor dicho- mucho más abundante en el recurso hídrico que la Pacífica, y no solo en Costa Rica, sino en todo el Istmo centroamericano, no escasearía el invaluable recurso para la población, y, como sabemos, esto no es así. Es un problema, insiste Bernal Herrera, de una deficiente gestión, protección, conservación e inversión en infraestructura adecuada.

De no ser así, la población limonense, por ejemplo, no tendría por qué estarse abasteciendo de agua por medio de camiones cisterna, igual que ocurre en los barrios pobres de tantas comunidades de la GAM como en los Hatillos, Alajuelita, Moravia, Goicoechea, o también en Orosi, Palomo, Navarro de Muñeco y Paraíso, solo para mencionar algunos de ellos, contenidos en el Escrito de Yamileth Astorga. Otro tanto acaece en comunidades rurales de la vertiente del pacífico, donde se han brindado en el pasado reciente, soluciones parciales. Para constatar la negligencia que ha habido para consolidar los proyectos en particular en esta administración, pueden consultar el artículo antes mencionado de Yamileth Astorga. En el documento queda en evidencia que la administración Chaves Robles, hasta muy recientemente, no había logrado coronar con éxito proyectos, como el de Orosi II, o Proyecto de Ampliación del Acueducto Metropolitano (PAAM), el cual requería finiquitar un contrato con el ICE, cuyos diseños habían progresado en un 80% para el 2021; no obstante que contaban hasta con una ley que había quedado aprobada desde el 2018, el A y A no formalizó los créditos correspondientes con diversas instancias del gobierno, por lo que el proyecto se perdió.

Conclusión

Un verdadero retroceso se ha producido en el acceso de miles de familias costarricenses al agua potable. Los datos evidencian, que los sectores sociales más afectados son las comunidades pobres de la GAM y de las zonas rurales.

Mientras que para los habitantes pobres el agua escasea, y en muchos casos sufren debido a la contaminación del valioso líquido, por el uso inadecuado de pesticidas en zonas como las cercanas a las fuentes de agua y zonas de recarga, hay otros sectores para los que el uso se extiende en abundancia a actividades como la práctica del Golf o como el riego de los sembradíos contaminados tales como la piña y otros.

Obviamente, no estoy opuesto a esas actividades, pues en el caso del Golf atrae población de nacionales y extranjeros que le dejan divisas al país. En el caso de los cultivos, el agua es un factor indispensable en su producción. El tema es otro, con frecuencia se autorizan estas actividades deportivas que requieren del uso abundante del agua, en zonas que desabastecen directamente a las poblaciones que requieren del líquido, pero se ven privados del mismo por la ausencia de políticas públicas adecuadas para construir infraestructura para su acarreo hasta las regiones pobladas donde hay viviendas, inclusive, en condiciones de precario, que requieren del agua para subsistir. Otro tanto podemos apuntar con relación a los sembradíos de piña u otros, en poder de grandes empresas a las que se les ha autorizado la actividad productiva, sin que existan previamente ni los estudios ambientales, ni mucho menos los planes reguladores que identifiquen las potencialidades apropiadas del uso del suelo. Existen numerosos ejemplos que dan muestran de la anarquía que persiste al respecto, en muchas regiones y territorios del país.

Por último, señalo junto con el tema de la educación a toda la población, desde edades tempranas, como lo consigné antes, la importancia de la gobernabilidad que, implica además, la incorporación de las comunidades debidamente informadas, en el proceso de planificación de los programas y proyectos relativos al desarrollo integral, en punto a asegurar el acceso de la población, sin discriminación de ningún tipo, al recurso hídrico, tal como lo manda la Constitución de La República.

 

Compartido con SURCOS por el autor.

Defensoría: Cúmulo de desaciertos del AyA agravó crisis del agua

El país actualmente enfrenta una situación crítica en relación con el suministro de agua potable, tal como se refleja en los extensos racionamientos programados y no programados en comunidades como Hatillo, Mata Redonda, Coronado, Desamparados, Alajuelita, entre otros. Esta situación se debe a causas multifactoriales que incluyen desorden territorial, falta de protección en las zonas de recarga acuífera, inadecuada planificación, falta de ejecución de proyectos y descoordinación a lo interno del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA). Estos factores, aunados al cambio climático y las modificaciones en el comportamiento de las lluvias, han contribuido a crear la severa problemática de abastecimiento que actualmente impide satisfacer la demanda de este servicio a nivel nacional.

El AyA ha informado de las acciones implementadas para abordar los problemas relacionados con el suministro de agua, particularmente en el Gran Área Metropolitana, entre las que se incluyen horarios de racionamiento, suministro con camiones cisterna, la incorporación de nuevos pozos al sistema del acueducto metropolitano, la instalación de tanques en las zonas de alta vulnerabilidad para acceso de los vecinos y otras medidas paliativas para atender la situación en el corto plazo.

No obstante, la Defensoría considera que los esfuerzos realizados no han sido suficientes y que una adecuada o más eficiente planificación y ejecución de proyectos de infraestructura a mediano y largo plazo para el mejoramiento de la capacidad hídrica e hidráulica de los sistemas de acueductos habrían podido contribuir a satisfacer la demanda del servicio de agua potable, aún en la época seca.

Al respecto, la Intendencia de Agua de la Autoridad Reguladora de los Servicios Público (ARESEP) elaboró en 2022 un diagnóstico de estudio tarifario del AyA, en el cual se concluyó: que la institución presenta un 57% de pérdidas de agua potable, que la ejecución de proyectos u obras de inversión no es completa y toma de 10 a 15 años, y que el 80% de los medidores presenta un subregistro del consumo. Además, advirtió sobre la ausencia de registros de grandes consumidores y de niveles de consumo, así como de planificación institucional orientada a la sustitución de activos, junto con el rechazo en las disponibilidades de servicios, y que un 70% de los sistemas de acueductos presentan estrés hídrico. También se concluyó que hay incumplimientos en la verificación de la calidad del agua en todos los prestadores de servicio del país, y la ausencia de una estrategia para mantener actualizada de forma anual la información de calidad del agua, por parte del Laboratorio Nacional de Aguas. Finalmente, el diagnóstico resalta la necesidad de un refinanciamiento de las obligaciones crediticias asociadas a proyectos u obras de inversión.

De hecho, desde años anteriores, la Defensoría ha llamado la atención del AyA por la falta de previsión e implementación de medidas para la satisfacción de las necesidades de abastecimiento de la población, de modo que se garantice el suministro de agua a las comunidades que, año tras año, sufren de racionamientos por períodos extensos y otras afectaciones del servicio, con el consecuente impacto negativo que esto implica para el pleno disfrute del derecho humano al acceso al agua potable, al derecho a la salud y a la educación y al desarrollo, entre otros.

Aunado a lo anterior, los habitantes han denunciado reiteradamente el incumplimiento de los horarios de abastecimiento y la falta de comunicación clara y asertiva de parte del AyA, en detrimento del derecho a la información de todas las personas que habitan en las comunidades afectadas, especialmente aquellas en condiciones de vulnerabilidad, tales como niños, niñas, adultos mayores, personas con discapacidad, mujeres embarazadas, enfermos encamados y otras.

La Defensoría sigue con su labor de exigir cuentas, y elaborará un informe específico sobre cada una de las comunidades que han denunciado la afectación del suministro de agua potable, con el fin de que el AyA tome las medidas e implemente las acciones requeridas para realizar una planificación integral de las necesidades de inversión y mejora de la prestación del servicio y una ejecución eficiente de los proyectos y obras de infraestructura necesarias para satisfacer la demanda actual y futura del servicio a nivel nacional, en aras de que se garantice efectivamente el derecho humano al acceso al agua potable.

Oficina de Comunicación Institucional
Defensoría de los Habitantes

Movilización por el Agua | Tibás por el agua

Diferentes grupos de la sociedad civil llaman a unir fuerzas en una movilización por el agua en el cantón de Tibás. La consigna es: ¡JUNT@S SOMOS MÁS FUERTES!

Fecha: 24 de abril del 2024.

Hora: 9 a.m. en el Parque la Merced, San José.

Tribunal declara con lugar recurso de amparo por contaminación en Puerto Viejo: ordenó medidas urgentes desde el 2019

La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en sesión celebrada el 3 de mayo de 2019, resolvió el Expediente número 19-002174-0007-CO, con la Resolución número 2019007689, relativo a un recurso de amparo presentado por Marco Levy Virgo contra la Municipalidad de Talamanca, el Ministerio de Salud y el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA).

Según consta en el expediente, el recurso de amparo fue recibido en la Secretaría de la Sala a las 08:21 horas del 12 de febrero de 2019. En dicho recurso, Marco Levy Virgo expuso que en la entrada principal a Puerto Viejo se encuentra una gran laguna de aguas negras que fluyen hacia la playa, lo que representa un riesgo para la seguridad y vida de los turistas nacionales e internacionales. Afirmó que, a pesar de haber solicitado una solución a las autoridades correspondientes, no se había tomado ninguna medida al respecto hasta la fecha de interposición del recurso. Además, argumenta que se vulneran sus derechos fundamentales y solicitó que se declarara con lugar el recurso y se obligará a los recurridos a resolver de manera inmediata el problema sanitario, colocando rótulos preventivos e implementando medidas para eliminarlo definitivamente.

La Sala Constitucional, tras analizar los argumentos presentados, resolvió declarar con lugar el recurso de amparo. En consecuencia, se ordenó a las autoridades pertinentes, incluyendo a la Presidenta Ejecutiva (Yamileth Astorga Espeleta) y al Gerente General del AyA (Manuel Antonio Salas Pereira), al Alcalde Municipal de Talamanca (Marvin Antonio Gómez Bran) y a la Directora del Área Rectora de Salud de Talamanca (Jennifer Jones Villiers) del Ministerio de Salud, o a quienes ocupen esos cargos, que en un plazo de tres meses, contado a partir de la notificación de la sentencia, brinden una solución al problema de contaminación en Puerto Viejo.

Asimismo, se instruyó al AyA a coordinar con las otras instituciones involucradas (Municipalidad de Talamanca y Ministerio de Salud) para implementar medidas temporales o provisionales mientras se trabaja en una solución definitiva al problema de contaminación. Se advirtió que el incumplimiento de esta orden podría conllevar sanciones de acuerdo con lo establecido en la Ley de la Jurisdicción Constitucional, de conformidad con el artículo 71, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado.

Finalmente, se condenó a la Municipalidad de Talamanca, al AyA y al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios causados por los hechos que dieron lugar a la presente resolución, los cuales se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. Adicionalmente, se dio la orden de notificar a las autoridades correspondientes.

Se adjunta la resolución completa para su consulta y análisis.

Imagen ilustrativa, UCR.

Respuesta de la ANEP ante lamentables declaraciones del presidente de AyA en contra de los trabajadores y la ciudadanía

Durante la mañana del martes 2 de abril del 2024, Albino Vargas Barrantes, secretario general de la ANEP, se refiere a las declaraciones del presidente ejecutivo de AyA, Juan Manuel Quesada, como temerarias. Vargas menciona el rechazo categórico por las graves declaraciones que culpan a los trabajadores y los usuarios de AyA por el desastre del instituto. Además, menciona que dichas declaraciones podrían ventilarse en los Tribunales de Justicia, ya que podrían potenciar o calificar por delitos de injuria, calumnia y difamación. También pide que el director retracte sus declaraciones y busque el diálogo.

Edwin Marín Bonilla, presidente seccional ANEP-AyA, le recuerda al nuevo presidente ejecutivo que dentro de la institución hay mujeres y hombres, trabajadoras y trabajadores, que aman la institución y han entregado su máximo esfuerzo durante años para mantenerla en pie, pero día con día se mete la mano neoliberal que tiene como finalidad privatizar AyA y afectar a dichas personas. Marín hace hincapié en que no se debe culpar a los trabajadores y usuarios de la gestión mediocre de la institución, ya que esto es una falta de respeto. 

El asesor de la ANEP en temas de ambiente y agua, Freddy Pacheco León, le recuerda a Quesada la suspensión del préstamo por casi 400 millones de dólares por parte del Gobierno de la República para ejecutar el proyecto Orosi dos. proyecto que generaría agua para quince cantones (800 mil personas) planteado como solución del abastecimiento de agua en el Área Metropolitana, sumado a otro más directo para abastecer cantones como Hatillo y Alajuelita, los que serían la solución ante la problemática de agua actual. Dichos proyectos fueron heredados y descartados por la nueva administración. Se le pide al director ampliar la transparencia con respecto a la situación que aqueja a miles de costarricenses.

Escasez y desperdicio de agua. La paradoja que afecta a Hatillo

Freddy Pacheco León

Freddy Pacheco León

Una de las pocas cosas buenas, que se podrían rescatar de la gestión por ocho años de «gente PAC» en el AyA, era el proyecto para mitigar, al menos, el gran DESPERDICIO de agua que se vive en el balneario de Ojo de Agua. Agua cristalina que brota desde el acuífero Barva, y que desciende por la «catarata», para después de fluir por las piscinas recreativas, antes de pasar al laguito artificial, donde se produce significativa infiltración y evaporación. Del laguito, el agua drena hacia la pequeña quebrada La Fuente, de pequeña cuenca tributaria, y mucho desarrollo urbano, por lo cual transfiere un muy bajo caudal. Leemos en el estudio de impacto ambiental realizado para la carretera San José – San Ramón, que el riachuelo juega un papel importante como receptor de agua de lluvia, pues en la región se muestran altos niveles de precipitación (de 146 a 148 mm/h), que provocan altos valores de escorrentía superficial en tiempo muy corto. Asimismo, e Inevitablemente, producto del desarrollo urbano poco ordenado, la quebrada es receptora de contaminantes aguas servidas, antes de terminar su corto recorrido en el río Segundo, que a su vez desemboca en el río Virilla.

Recordemos que en 1937, los estadistas el presidente León Cortés y su ministro de Fomento, Ricardo Jiménez, ante las necesidades de poblaciones de la vertiente del Pacífico, entregaron concluida una cañería de 80 kilómetros, desde donde brota esa riqueza natural, hasta Puntarenas, pues comprendieron que era irracional que, mientras donde hoy está el balneario, se estaba derrochando el líquido vital, muchos compatriotas, a lo largo de la línea del tren a vapor que corría de San José al puerto, no tenían agua suficiente para satisfacer sus necesidades familiares. Muy importante fue el que no se evidenciara mezquindad alguna, en contra del presidente y su ministro, por tomar agua de ese sitio para satisfacer la sed de compatriotas que la necesitaban.

Pasaron los años, y aparte de un aporte a los pobladores de San Rafael de Alajuela, el resto del agua se siguió utilizando para el hermoso y popular balneario, que tantas historias encierra para los ticos. Balneario que, a diferencia de la inmensa mayoría de las piscinas en el mundo, sus aguas, muy frías, por cierto, fluyen constantemente, a una velocidad de más de 350 litros por segundo. Agua, de gran pureza, que no se recircula, no se filtra, no se clora, y que ahorita, mientras usted nos honra con su lectura, está fluyendo desde el ojo de agua hasta el río Virilla, sin ningún aprovechamiento. Agua con capacidad de saciar la sed y satisfacer otras necesidades, de unas 140 mil personas, que, en el AyA, después de mucho «pensarlo», concluyeron que ese desperdicio irracional debía, al menos, mitigarse. Así surgió el proyecto «Ampliación de la Producción en los Sistemas GAM a través de la Captación del Manantial de Ojo de Agua”, con el que se podría captar, ¡durante las noches!, hasta aproximadamente, el 40% del caudal (150 L/s), cuidándose de que el laguito artificial y la quebrada que lo drena, mantuviera su caudal ecológico durante esas horas nocturnas. Por lo dicho, ha de aclararse, que, como se ha descrito, ni las piscinas recreativas, ni el laguito, ni la quebrada La Fuente, se irían a quedar sin agua suficiente para lo que se necesitare.

Como parte de dicho racional proyecto, se propuso construir una mini-cañería de tan solo 1,4 km (si se le compara con la magna obra construida hasta el bello puerto hace casi 90 años), que, desde el cercano Puente de Mulas, abastecería de agua potable, a las comunidades de Hatillo, Alajuelita, y otras comunidades sedientas del sur de San José, a las que se les incumple, impunemente, el precepto constitucional de que el acceso al agua, en calidad y cantidad suficientes, es un derecho humano.

Pero, como también con el tiempo, ha cambiado el comportamiento de algunos compatriotas, antes solidarios y siempre prestos a tender la mano a sus semejantes necesitados, no faltaron los que se opusieron a tan loable y digno proyecto. Así, mostrando poca solidaridad con los niños, ancianos y demás habitantes de las citadas poblaciones, ante la oposición de un comité, formado para defender «el balneario y el «gran» río», que se forma con las aguas que salen del laguito artificial, el presidente Chaves ordenó a los jerarcas del AyA (a los que estaban hace año y medio), que archivaran el proyecto, que se olvidaran de él, que buscaran otra solución a la escasez de agua en el sur de San José, pues él, en atención “al clamor popular” que escuchaba desde «las comunidades de Belén y San Rafael de Alajuela», tenía que escuchar al pueblo…

Sumado a ese pretexto populista, se alegó que había que obtenerse la casi imposible viabilidad ambiental de las autoridades ambientales, cual, si en la Setena fueren a rechazar un proyecto semejante, así porque así.

Ahora que la situación de escasez de agua, principalmente en Hatillo, es insostenible, por inhumana e irracional, los culpables de haber obstaculizado la solución concreta al gravísimo problema, ¡que sí fueron escuchados por Chaves!, guardan incómodo silencio, pues prefieren que nadie hable de la pírrica victoria obtenida, supuestamente en defensa de un importante “río”, que falsamente afirmaron, iría a secarse, al tiempo que se destruiría el querido balneario, dijeron.

25.3.2024

Parlamento Cívico Ambiental exige respeto al derecho humano al agua, el derecho a defenderlo y al cumplimiento de la misión de la institucionalidad obligada a garantizarlo

Comunicado

  • Por resolución de sus 39 organizaciones, manifiesta su apoyo a las comunidades que desde hace años vienen padeciendo de reiterados cortes y racionamientos en la provisión de agua potable en sus hogares.

  • Asimismo, manifiesta su oposición a la línea política del Poder Ejecutivo de debilitamiento, desfinanciación de la institucionalidad ambiental del país y de centralización de las decisiones.

  • Insta a las fracciones legislativas de la Asamblea Legislativa para que, en resguardo del compromiso país con la estabilidad democrática, condenen las acciones represivas ejecutadas.

Este 19 de marzo del 2024 el directorio del Parlamento Cívico Ambiental, comunicó el Acuerdo 10-24 en el que este foro cívico exige respeto al derecho humano al agua, el derecho a defenderlo y al cumplimiento de la misión de la institucionalidad obligada a garantizarlo. La resolución se refiere a la situación de las comunidades vulnerables cuyo suministro de agua ha llegado a ser tan irregular e insuficiente que es violatoria del derecho establecido en el Artículo 50 de la Constitución Política. En el acuerdo, se condena además la situación de la institucionalidad a cargo de garantizar el cumplimiento de ese derecho la cual hoy día carece de los recursos técnicos y financieros para garantizarlo y es víctima de decisiones erradas producto de la línea política de la administración de turno. Con vehemencia se exige que cesen las acciones represivas tomadas contra la dirigencia comunal que ha ejercido su legítimo derecho a la protesta.

La resolución insta a las y los diputados de la Asamblea Legislativa a que condenen esta situación y exijan su inmediata resolución. Se insta a las fuentes de cooperación internacional para que no estimulen con sus recursos iniciativas que atenten contra las políticas de Estado que le han brindado a Costa Rica el liderazgo a nivel ambiental en el ámbito internacional y que exijan la adopción de políticas congruentes con el cumplimiento de los compromisos del país en materia ambiental. Asimismo, llama a toda la sociedad civil costarricense, al sector académico y a las organizaciones ambientales internacionales a sumarse en una sola voz en oposición de estas acciones que atentan no solamente contra la buena marcha de las políticas sociales y ambientales en Costa Rica, sino que atentan también contra la estabilidad democrática del país. Señala que se dirigirá nota al Lic. David. R. Boyd Relator Especial Sobre los Derechos Humanos y el Medio Ambiente de las Naciones Unidas, con el fin de ponerle al tanto de la situación que se está dando en Costa Rica.

Carmen Caballero, de la Fundación Laberinto, segunda secretaría del directorio señaló que el parlamento con esta resolución reaccionó no sólo a la situación que se presentó en Hatillo sino al fuerte llamado que hicieron varias organizaciones de este foro cívico. Oscar Moya Cantero de Hidrobag, primer secretario y vecino de Hatillo afectado por la falta de suministro de agua, enfatizó que los vecinos exigen que si Acueductos y Alcantarillado no tiene capacidad operativa para resolver la situación, que convoquen a una reunión de emergencia para que casa presidencial asigne los recursos necesarios para atender las necesidades de las comunidades afectadas. Bernardo Aguilar, presidente del directorio, de la Asociación ARTES-JUSTECO, enfatizó que el derecho humano al agua es una de las áreas de mayor trabajo e interés del Parlamento Cívico Ambiental por lo que resulta lógica y consecuente la preocupación de las organizaciones con la situación de injusticia ambiental que se está presentado respecto al recurso hídrico en las comunidades vulnerables del sur del Valle Central y en otros lugares del país.

SURCOS comparte el documento del acuerdo:

UNDECA sobre crisis de suministro de agua

Autoridades deben resolver

5 días consecutivos y hasta más, deben soportar los vecinos de las comunidades de Hatillos, San Sebastián, sector oeste de San José, Moravia y otras localidades, sin que Acueductos y Alcantarillados les suministre agua potable para sus necesidades básicas.

El deterioro en el abastecimiento de agua es un problema que lleva décadas sin resolverse y lo único que se ofrece a los vecinos es un largo expediente de promesas sin solución. La ejecución de obras es lenta o nula respecto al crecimiento de la población, los fenómenos climáticos y contaminación descontrolada empeoran las cosas, al afectar las fuentes de agua desde donde, históricamente, se provee de este líquido a las comunidades.   

Debemos agregar también la falta de voluntad política de los diferentes gobiernos y autoridades del A y A, quienes incluso dan prioridad a la provisión de agua para intereses particulares, como es sabido a grandes condominios, industrias, entre otros.

Manifestaciones y detenciones de vecinos 

Son muchísimos años los que los vecinos han soportado las carencias de agua, los incumplimientos del A y A de sus promesas de solución y los horarios de suministro de agua.

Esto los ha llevado a salir a las calles a exigir soluciones. El desabastecimiento permanente de agua potable, que ha adquirido dimensiones nunca vistas, ha llevado a la desesperación.

Estas acciones tienen responsables, y no son los vecinos que salen a protestar o los nueve manifestantes que fueron detenidos lamentablemente el día de ayer. Los responsables son las autoridades del AyA y del Gobierno que no dan respuestas oportunas y soluciones viables.

Criminalizar la protesta no es solución, solo un detonante más para ver a más y más ciudadanos en las calles exigiendo sus derechos constitucionales.

El agua no es una mercancía, es un bien común, ¡Defendámosla!