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Martín Rodríguez Espinoza

La propuesta de Laura Fernández de vender el Banco de Costa Rica (BCR) y el Banco Internacional de Costa Rica (BICSA) para supuestamente fortalecer el régimen de pensiones IVM es una aberración y constituye un chantaje político inaceptable.

Esta iniciativa se presenta como una «solución» para inyectar fondos al IVM, pero en realidad encubre un problema creado por el propio Estado, la deuda multimillonaria que el gobierno ha acumulado con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y particularmente con el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).

Por ley, el Estado debe financiar parte de este régimen, y el incumplimiento de esa obligación legal es lo que ha estrangulado las finanzas del IVM (el Estado adeuda unos ¢689.000 millones a este fondo). Mientras tanto, los recursos que no se aportan a la Caja terminan destinados a otros fines, enriqueciendo a sectores cercanos al poder. En lugar de asumir su responsabilidad y pagar lo adeudado, se pretende sacrificar dos instituciones bancarias públicas para tapar “el hueco” fabricado por ellos, lo cual es inadmisible.

Es alarmante que, en vez de procurar saldar esa deuda, se recurra a vender bancos públicos. Vender el BCR y BICSA no solo significaría perder activos del Estado; también sienta un precedente peligroso de privatizar el patrimonio público para resolver un problema que el propio gobierno creó.

Llamar a esta maniobra «oxigenar el IVM» es engañoso, en realidad, se está condicionando la estabilidad del sistema de pensiones a la entrega de nuestras instituciones bancarias en bandeja de plata a intereses privados, vinculados a su campaña. Eso equivale a un chantaje, se hace creer a la ciudadanía que solo vendiendo el patrimonio público se podrán salvar sus pensiones. Nada más lejos de la verdad y falso. Terminarían vendiendo los bancos públicos y aumentando la edad y el monto mensual para pensionarse, además, por supuesto, reduciendo el monto de la pensión.

Lo que realmente salvará al IVM es que el Estado cumpla con su obligación legal de financiarlo, la clase trabajadora aporta y se lo reducen de su salario mes a mes, los patronos aportan, pero el gobierno de turno, de este y gobiernos anteriores, no quieren aportar. Es el Estado quien debe honrar su deuda con la CCSS y el IVM, en vez de trasladar la carga al país mediante privatizaciones encubiertas.

Por todo lo anterior, esta propuesta de Laura Fernández es inaceptable y debe ser condenada. No podemos permitir que, bajo pretextos falsos, se desmantele la institucionalidad pública en beneficio de unos pocos. El país necesita soluciones responsables, fortalecer la CCSS y el IVM con los recursos que por ley les corresponde al gobierno de turno, en lugar de malvender nuestros bancos a cambio de promesas vacías.

Promesas falsas, superficiales y reprochables, de eso está lleno el “programa de gobierno” de la oficialista Laura Fernández, ¿Por qué no dice nada de la Evasión y Elusión Fiscal, del contrabando, de los odiosos privilegios arancelarios de los grandes importadores y exportadores, de la falta de vivienda, de los campesinos sin tierra, de los agricultores arruinados y en quiebra, de la pobreza y la miseria en la viven miles de familias costarricenses, de los niños y jóvenes que abandonan las aulas, los colegios y que no tienen acceso a las universidades pero son presa de las bandas narcotraficantes que financian campañas electorales?

Las cárceles con las que sueña, señora Laura, tendrían sentido si las propone para encerrar a los contrabandistas, evasores, elusores al Fisco, y a los narcos que financian candidatos.

Su “programa de gobierno”, señora Laura Fernández, no sirve ni para papel higiénico.

Despertemos costarricenses, exijamos compromiso con el bien común y digamos no a los chantajes con el futuro de nuestras pensiones.