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Etiqueta: BANHVI

Defensoría detecta ocho debilidades de programas dirigidos a personas en pobreza

Una investigación realizada por la Defensoría de los Habitantes identificó ocho debilidades del Estado en el abordaje de programas sociales dirigidos a personas en condición de vulnerabilidad. Los principales hallazgos van desde ausencia de indicadores de resultados o impacto hasta ausencia de una Política Nacional de la Pobreza.

En un contexto global marcado por crecientes desafíos sociales y económicos, los programas sociales desempeñan un papel esencial para garantizar el acceso equitativo a derechos fundamentales a las personas.

En Costa Rica el Sector Bienestar, Trabajo e Inclusión Social se ha consolidado como un componente clave dentro de la estructura institucional, con la responsabilidad de atender a las poblaciones en situación de pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad. Las instituciones que conforman este sector están reguladas por el Reglamento Orgánico del Poder Ejecutivo N°43580-MP-PLAN, incluyen entidades clave como el Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI), el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) y la Dirección Nacional de Centros de Educación y Nutrición de Centros Infantiles de Atención Integral (CEN-CINAI).

La investigación de la Defensoría de los Habitantes se enfocó en algunos de los programas implementados por estas instituciones, con el propósito principal de analizar la planificación presupuestaria y la asignación de beneficiarios de estos programas para el periodo 2019-2024.

Los principales hallazgos fueron:

1. Ausencia de metodologías de costeo. No existen metodologías de costeo individuales que determinen el monto que debe recibir una familia o persona beneficiada. En muchos casos, los montos asignados parecen ser arbitrarios, sin un estudio de fondo.

2. Ausencia de indicadores de resultado o impacto. Ello dificulta evaluar si realmente están generando cambios positivos en la sociedad. Esta limitación impide identificar la necesidad de implementar mejoras que permitan beneficiar de manera más efectiva a la población.

3. Ausencia de criterios de regionalización. Las condiciones que generan pobreza y desigualdad son distintas según cada región del país, pese a ello, en la mayoría de los programas sociales analizados al realizar los costeos, asignaciones o replanteamientos de los programas, no se consideran factores relevantes como la región de planificación donde reside la persona beneficiaria, ni cómo afecta el vivir en esa región.

4. Ausencia de una Política Nacional de Pobreza. La Defensoría destaca la necesidad de una política pública nacional formal y de un único responsable que coordine y articule las estrategias de reducción de la pobreza e inclusión social, así como la importancia de centralizar las transferencias monetarias en una sola institución.

5. Carencia de evaluaciones de procesos y resultados. Resulta imperativo que las instituciones cuenten, si no con un sistema único, al menos con sistemas de registros administrativos eficientes, para gestionar la información, con precisión y accesibilidad de los datos. Un aspecto adicional que la Defensoría ha identificado es la falta de consistencia en la información proporcionada por algunas instituciones que utilizan hojas de cálculo, que no están diseñadas para la gestión de datos complejos y la integridad relacional.

6. Falta de módulos necesarios en las encuestas nacionales. Se carece de módulos específicos en las encuestas nacionales, como el de Red de Cuido, para que entidades como el PANI, el IMAS y la Dirección Nacional de CEN-CINAI puedan solicitar presupuestos acordes a los cupos requeridos. Esto facilitaría abordar la demanda insatisfecha de servicios de cuido para personas menores de edad a nivel nacional, permitiendo conocer con precisión las necesidades regionales.

7. Reducciones presupuestarias y/o ejecuciones presupuestarias inferiores al 90%. Algunos programas sociales han experimentado fluctuaciones notables en su asignación presupuestaria durante los últimos seis años, con reducciones significativas en 2020 y 2022. Estas variaciones reflejan una inestabilidad en los recursos asignados, lo que podría generar efectos importantes en la planificación y ejecución efectiva del programa. Aunque actualmente algunos de los programas no presentan recortes significativos en este periodo, sigue siendo preocupante la sub-ejecución presupuestaria, cuyos efectos son iguales a un recorte presupuestario.

8. Ausencia de mecanismos de transición. El actual mecanismo para la atención de la pobreza carece de criterios que permitan a la población consolidar su independencia económica. Se requiere urgentemente un rediseño de estos programas que incluya escalamientos graduales de beneficios y acompañamiento integral para garantizar una verdadera superación de la pobreza y así evitar que se retiren abruptamente los subsidios justo cuando las familias superan su situación de pobreza. Por ejemplo, actualmente, cuando una persona logra mejorar sus ingresos y deja de estar dentro de la línea, aunque sea por un solo colón, pierde automáticamente el acceso al servicio de cuido infantil para sus hijos o hijas. Esta situación crea un dilema insostenible: las personas se ven forzadas a elegir entre mantener su empleo y perder el apoyo estatal, o conservar el beneficio, pero limitando sus posibilidades de progreso económico.

Comunicación
Defensoría de los Habitantes

Defensoría revisará posibles recortes a entidades públicas en presupuesto 2025

La Defensoría de los Habitantes inició una investigación de oficio sobre el presupuesto que tendrán los 18 Ministerios para determinar si la asignación presupuestaria para el 2025 lleva implícita o no recortes que puedan poner en aprietos programas sociales.

A este listado de instituciones del Gobierno Central se suma el Banco Hipotecario de la Vivienda, el Instituto Mixto de Ayuda Social y el Patronato Nacional de la Infancia, debido a que son entidades del Estado que atienden a población en condición de vulnerabilidad.

La información se solicitó a la Dirección General de Presupuesto Nacional del Ministerio de Hacienda. El interés de este órgano de control es conocer el límite presupuestario máximo y el presupuesto aprobado del 2024 además, el límite presupuestario máximo del 2025 de cada entidad.

También se solicitó al director general de Presupuesto Nacional, José Luis Araya Alpízar, el listado de instituciones públicas que se les haya realizado recortes a la asignación presupuestaria en comparación con el ejercicio fiscal del año 2024 y las razones del por qué dichos ajustes.

La alerta para la Defensoría de los Habitantes proviene ante la posibilidad de una disminución en el presupuesto destinado a la educación para el próximo año y, los impactos que enfrenta este sector con la aplicación de la regla fiscal, pues el país debe seguir apostando a una inversión en el sistema educativo para transformar el futuro de los habitantes, disminuyendo la desigualdad social, ampliando las oportunidades y reforzando el conocimiento, práctica y defensa de los derechos humanos.

Oficina de Comunicación Institucional
Defensoría de los Habitantes

El Bloque de Vivienda se fortalece para enfrentar los desafíos del 2024

Por Ihann Paniagua

El Coordinador Nacional del Bloque de Vivienda, Orlando Barrantes, anunció el compromiso renovado de la organización para el año entrante. En un mensaje esperanzador, Barrantes destacó los esfuerzos realizados en el 2023 para recuperar el presupuesto del BANHVI, expresando confianza en los avances logrados hasta ahora.

«Este 2023 fue muy duro tratando de recuperar presupuesto para el BANHVI. Creo que lo logramos, por lo menos en parte», compartió el coordinador, subrayando la importancia de esta conquista como punto de partida para el próximo año.

El enfoque principal del Bloque de Vivienda para el 2024 será la preparación de proyectos destinados a las familias que necesitan vivienda. Barrantes reconoció la complejidad de esta tarea, pero enfatizó la determinación de la organización para superar los desafíos.

«Estoy seguro de que lo vamos a lograr», afirmó con convicción, resaltando la importancia de unir esfuerzos y voluntades para alcanzar este objetivo común.

El Coordinador Nacional anunció el inicio inmediato de acciones concretas a partir del 2 de enero, marcando el comienzo de una nueva fase en la labor del Bloque de Vivienda. Destacó la fortaleza y experiencia acumulada, instando a hacer de la lealtad una herramienta fundamental en la construcción de hogares.

«Cada paso que demos será firme. Estamos fuertes, tenemos más experiencia, hagamos de la lealtad nuestra férrea herramienta para construir muchas casas», expresó Barrantes, alentando a mantener viva la lucha por la vivienda.

El Bloque de Vivienda se posiciona así con renovada energía y determinación para enfrentar los retos venideros, demostrando su compromiso con las familias que anhelan un hogar propio.

Frente Nacional de Lucha convoca a participar en la gran manifestación nacional en protesta de la gestión neoliberal del actual gobierno

¡Las devastadoras políticas neoliberales se derrotan en las calles!

El Frente Nacional de Lucha (FNL) desea hacer del conocimiento de la ciudadanía y del pueblo costarricense que este próximo miércoles 25 de octubre se sumará a la gran manifestación nacional de protesta contra la gestión neoliberal del actual gobierno.

Al mismo tiempo, en tanto alianza de organizaciones de todos los sectores nacionales, el FNL extiende una invitación amplia a toda la ciudadanía para que se sume a esta gran movilización, con el fin de que, en nombre de la democracia real, demos cuenta ante el gobierno del gran descontento nacional existente debido a sus políticas neoliberales antisociales, con las que ha seguido beneficiando solamente al gran capital y a las grandes corporaciones, en detrimento abierto del pueblo y de la institucionalidad pública solidaria.

El Frente Nacional de Lucha (FNL) es una plataforma organizativa pluralista que integra a más de 60 organizaciones nacionales de todos los sectores sociales, la cual se conformó con el objetivo de encauzar, de manera organizada y planificada, y con base en el estudio y análisis riguroso, el enorme malestar presente en la sociedad costarricense ante las políticas neoliberales del actual gobierno, las cuales constituyen una continuación de las antisociales y antidemocráticas políticas y gestiones de los gobiernos del PLN, del PUSC y del PAC.

Con dichas políticas, y con base en un manejo irrespetuoso e irresponsable de la información y de la gestión institucional, el actual gobierno de Rodrigo Chaves está atentando contra la existencia de instituciones clave del desarrollo solidario del país, que han brindado por décadas bienestar, desarrollo y condiciones de convivencia pacífica a las familias costarricenses. Destacamos los sistemáticos ataques a instituciones como la Caja Costarricense del Seguro Social, el sistema de educación pública y el sistema de becas, el INA y el BANHVI, además de que se afecta de manera directa al campesinado, así como al pequeño y mediano productor del agro y de la industria nacional.

Desde el FNL hacemos un llamado al pueblo costarricense para que rechace y para que proteste contra estas políticas neoliberales del actual gobierno de Rodrigo Chaves, quien, demostrando su carencia de independencia respecto a los intereses de las élites vinculadas al gran capital transnacional, así como su desinterés en gobernar para el pueblo, se ha subordinado a las directrices del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional y se ha abocado a aplicar recortes irracionales a las instituciones públicas que, durante décadas, han establecido las condiciones básicas de la paz social que ha caracterizado al país.

Como parte de las motivaciones para participar en esta gran marcha del próximo 25 de octubre, el FNL desea manifestar su profunda preocupación, así como presentar la respectiva denuncia a la opinión pública nacional, ante los siguientes (entre otros) hechos relacionados con la gestión del actual gobierno:

  1. El empobrecimiento sistemático de la clase trabajadora y de los pequeños comerciantes y productores nacionales ante la ausencia de políticas económicas coherentes, lo cual se suma a la injusta y absurda política de salarios congelados.
  2. Los recortes en recursos para la vivienda de la case más empobrecida, así como los recortes en educación, comedores escolares y becas estudiantiles; recortes en cultura, en el presupuesto de las pensiones del régimen no contributivo y en programas de ayudas sociales para los más necesitados.
  3. Las intromisiones sistemáticas del gobierno en la administración de la CCSS para promover de manera subterránea su privatización, la incapacidad para resolver las listas de espera y la permanente negativa de cumplir las obligaciones legales de pago a la deuda de la Caja.
  4. El permanente irrespeto a la institucionalidad democrática, que se comete de manera permanente con la violación constante de la independencia de poderes y de las instituciones autónomas, así como de las obligaciones constitucionales.
  5. Las acciones irresponsables orientadas a promover, mediante varios proyectos de ley y mediante políticas públicas, la destrucción del modelo eléctrico solidario, que ha permitido al país ofrecer bienestar a través de una cobertura eléctrica superior al 99% de la población.
  6. Las miopes, reduccionistas y cortoplacistas políticas de atención al aumento exponencial de los índices de inseguridad y criminalidad asociados a las acciones de las mafias del narcotráfico, consistentes en priorizar recortes presupuestarios a las instituciones policiales, así como a instituciones públicas relacionadas con la oferta social solidaria de oportunidades, a pesar de que son las únicas que pueden potenciar el ascenso social, la mejora de condiciones salariales y la creación de alternativas laborales para las clases más empobrecidas, las cuales constituyen el sustrato de la actividad criminal en el país.
  7. El sistemático abandono de los agricultores y campesinos
  8. La ausencia total de políticas y acciones concretas de protección al ambiente, en general, y en particular en lo que respecta a la crisis climática, la situación del agua y el uso sistemático de agroquímicos tóxicos.
  9. El incumplimiento de la promesa de ataque al fraude fiscal, ante lo cual se sigue facilitando, normalizando y, de alguna manera, promoviendo la evasión y el fraude fiscal.

Ante este caótico escenario hacemos un llamado a toda la población para que salgamos este 25 de octubre a manifestar nuestro repudio a estas políticas neoliberales capitalistas radicales y demostremos a quienes gobiernan que el Pueblo va a dar pelea. Que esta movilización del 25 de octubre sea la demostración inequívoca de la unidad popular en defensa de las garantías sociales y las instituciones públicas que están al servicio de las mayo- rías y de los sectores populares.

No más pugnas de poder entre élites económicas sin conciencia cívica y sin amor patrio.
¡Si el presente es de lucha, el futuro es nuestro!
¡Abajo las políticas privatizadoras y antipopulares!
¡Arriba los sectores populares que se organizan para luchar por sus derechos!

Frente Nacional de Lucha, 23 de octubre 2023.

Bloque de Vivienda gestiona citas con jefaturas de fracciones legislativas en busca de financiamiento para el BANHVI

Dada la negativa de los partidos ante la moción que le reponía 25 mil millones al BANHVI, el Bloque de Vivienda está gestionando cita con las jefaturas de fracción para tratar de aclarar cuál es el escenario real sobre este tema urgente.

El tema clave, indica un comunicado del Bloque de Vivienda, es determinar la fuente viable para obtener los recursos que se requieren para vivienda social, tema que no puede posponerse más para asegurar una vida digna para las familias de menores ingresos.

¡No más pobreza! Unite al Bloque de Vivienda

“Vamos a recuperar los 40 mil millones en vivienda que el gobierno intenta quitarle al BANHVI y a las familias pobres. Preparémonos para visitar la Comisión de Hacendarios en la Asamblea Legislativa”. 

De esta forma, el Bloque de Vivienda anuncia que continuará luchando por el derecho a la vivienda de todas las personas, en especial las personas en condición de vulnerabilidad y pobreza. Durante el 2022, el Gobierno realizó un recorte al BANHVI dejando a 2.500 familias sin vivienda.

Una vez más, el Gobierno ha anunciado un nuevo recorte de 40 mil millones de colones, lo cual dejará a 4.000 familias sin bonos de vivienda, desglosados así:

  • ¢10.000 millones del Presupuesto Ordinario 2033, ya aprobado por los diputados.
  • ¢30.000 millones del Presupuesto Ordinario 2024, en discusión en este momento en la Comisión de Asuntos Hacendarios. En 2024, de acuerdo a la ley, del total de ingresos anuales de FODESAF por año, se le debe traspasar al FOSUVI el 18.07 %, o sea ¢162.000.000.000. Pero el gobierno le ha dicho a los diputados que solo le entregará el FOSUVI la suma de ¢132.000 millones. O sea, está desviando a otro lado ¢30.000 millones.

La ruta de esa recaudación durante los últimos 36 años ha sido muy clara: la CCSS cada mes le aplica un impuesto del 5% a las planillas laborales que reportan los empresarios. Ese dinero la CCSS se lo transfiere a FODESAF quien a su vez lo deposita en una cuenta especial que tiene en el Ministerio de Hacienda. Por ley, el Ministerio de Hacienda le transfiere al FOSUVI del BANHVI cada mes lo que indique FODESAF. Así, en doceavos, recibe el BANHVI los recursos para destinarlos a la construcción de vivienda de interés social.

Pero ahora el gobierno pretende que los dineros que van para FODESAF le sean transferidos al Ministerio de Vivienda (MIVAH). Esta acción absolutamente ilegal nadie que sea serio la puede entender. Ese ministerio ni siquiera tiene personería jurídica. Allí, el gobierno tendrá mano libre para manejar discrecionalmente esos importantes recursos sociales para la vivienda.

Ante esta situación, el Bloque de Vivienda ha decidido reunirse con los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios y con todos los jefes de fracción, y explicarles la posición de las familias. En caso de que el gobierno persista en el desfinanciamiento del BANHVI, las familias tomarían pacíficas pero enérgicas medidas de presión en rutas nacionales como Ruta 32 (Río Pacuare), puente sobre el Río Térraba  (Palmar), rotondas de San José Centro, Ruta 27, Upala y Liberia. 

Además, en forma solidaria, se decidió apoyar todas las gestiones y movimientos que impulsan el Frente Nacional de Lucha y Unidos por la CCSS en defensa de la Caja y del sistema de salud pública y participar en la marcha del 25 de octubre.

Para unirse al Bloque de Vivienda, escriba al 87135061 o al 85110038. 

Información compartida con SURCOS por Bloque de Vivienda.

¢30.000 millones pretende el gobierno quitarle al BANHVI

Comunicado del Bloque de Vivienda

  • El Bloque de Vivienda apoya y felicita a las familias que luchan en defensa de sus viviendas dignas.
  • Las familias pobres defenderán su derecho a la vivienda

En solo un año (2022-2023) más de 3.000 familias pobres han perdido su derecho a una vida mejor bajo un techo digno, al ser cercenado el presupuesto del Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI).

Eso se debe a los recortes que el presidente Rodrigo Chaves y su ministro de Hacienda, Nogui Acosta, les han aplicado a los recursos del BANHVI. Las familias pobres tienen derecho a protestar, a reclamar.

Los dineros con que el BANHVI financia sus programas de bonos no son del gobierno, sino que cada empresario aporta, a través de un impuesto específico, el 5% del valor total de las planillas de sus empleados que reporta cada mes a la CCSS.

Esta institución recoge ese dinero y lo deposita en una cuenta especial que tiene FODESAF en el Ministerio de Hacienda.

De acuerdo a la Ley 7052, durante los últimos 37 años ese Ministerio ha girado en doceavos lo que le corresponde al BANHVI, esto es el 18.07 % del total que le ingresa anualmente a FODESAF (Fondo de Desarrollo y Asignaciones Familiares).

De forma arbitraria y absolutamente insensible a las necesidades de miles de familias pobres y de forma totalmente ilegal, el pasado gobierno de Carlos Alvarado inició los recortes al BANHVI acudiendo a la regla fiscal. En su gobierno Alvarado les quitó a las familias pobres más de 6.000 viviendas.

Lo mismo está haciendo ahora el gobierno presente de Rodrigo Chaves, solo que esta vez, para el Presupuesto Ordinario 2024, pretende recortarle al BANHVI nada menos que ¢30.000 mil millones.

En esta ocasión el presidente no puede justificar sus recortes con la regla fiscal, pues desde al año pasado la Procuraduría General de la República mediante oficio PGR-150-julio 2022, ha aclarado con contundencia que la regla fiscal no puede ser aplicada a los recursos del bono de la vivienda.

Ante esta situación, el Bloque de la Vivienda le ha consultado al Ministerio de Hacienda cuáles son las razones con las que justifican semejante ataque a las ya deterioradas condiciones de las familias más obreras. No hubo respuesta del Ministerio de Hacienda.

Si el gobierno le cobra un 5% de impuesto a los empresarios para financiar los programas de vivienda social del BANHVI, ese dinero debe de ingresar al BANHVI, como destino específico que es y como lo establece una ley, la Ley 7052 Ley del Sistema Financiero para la Vivienda. Es ilegal que el gobierno le cambie el destino a esos recursos.

Bajo la anterior premisa, las familias pobres que están siendo afectadas en su condición de vida tienen todo el derecho a ejercer las presiones y denuncias que consideran convenientes.

El Bloque de Vivienda reitera públicamente su apoyo a las familias que hoy se movilizan, tal y como lo ha hecho el Bloque en otras ocasiones.

Asimismo, hacemos un llamado vehemente a los diputados y diputadas para que no aprueben el Presupuesto Ordinario 2024 tal y como lo ha presentado el gobierno y eviten así este nuevo recorte de los 30.000 millones al BANHVI.

Gobierno roba a los pobres el derecho a vivienda y derecho a estudiar

Ante la inercia que sufre el sector vivienda de interés social, donde el presidente de la república a demostrado claramente que no tiene el menor interés por las familias pobres que no tienen casa, con acciones que lo demuestran contundentemente, como las siguientes:

  1. A dos meses de la renuncia de la ministra y viceministro de Vivienda, el gobierno no ha nombrado sus sustitutos permanentes y mantiene un nombramiento provisional que no genera confianza a nadie dentro del sector
  2. Igual tiempo tiene la Junta Directiva del BANHVI sin presidente, por lo cual no puede sesionar para tomar acuerdos, con una larga lista de proyectos de vivienda y de bonos de vivienda individuales, muchos de ellos de zonas indígenas que solo esperan el acuerdo de esa Junta Directiva para que esas familias tengan sus casas.
  3. Que el ministro Nogui Acosta no ha querido cumplir con la obligación de girar los diez mil millones de colones que la Asamblea Legislativa asignó al BANHVI, en desacato de la Resolución 150 – 2022de la Procuraduría General de la República que es vinculante para el Gobierno y el ministro, quien se burla nuevamente de nuestra legislación y de las familias de mayor pobreza y vulnerabilidad, proponiendo un nuevo rebajo de treinta mil millones de colones en el nuevo presupuesto usando el engaño para que el pueblo y los diputados no se den cuenta, como el “bicho rastrero” que es y con toda desfachatez habla de aumento en vivienda.
  4. Conel BANHVI, el MIVAH e INVU cada día más ineficientes, sin un verdadero seguimiento a los Proyectos habitacionales, con menor producción de viviendas, con una ministra que sigue siendo provisional después de dos meses de estar en el cargo, nos genera una horrible impresiónde que la directriz es “patear la bola para adelante” y aprobar lo menos posible para que haya un alto superávit y así justificar recortes de Presupuesto, como el que plantean ahora mismo.
  5. Nose cuenta con una verdadera Política Nacional de Erradicación de precarios, este es un sector de la población que está en completo abandono desde hace varias administraciones gubernamentales sufriendo las peores humillaciones y estigmas, con una terrible y permanente penetración del flagelo del narcotráfico y el crimen organizado que aprovecha las difíciles condiciones en que viven para reclutar adolescentes para ponerlos a delinquir, convirtiéndolos en máquinas totalmente entrenados en la violencia, con métodos de gran crueldad y hasta cinismo con sus víctimas. Evidentemente la eliminación de miles y miles de Becas de FONABE y Avancemos propician mayormente esto porque son miles de jóvenes que dejan de estudiar.

Por estas razones y muchas más que no mencionamos por falta de espació, El Foro Nacional de Vivienda, la Asociación de Lucha Contra la Pobreza -COLUPOA-, Mujeres en Lucha Social, cansados de esta anarquía y desinterés del gobierno y las autoridades encargadas del Sector, hemos acordado una ACCIÓN DE CALLE (realmente calle) el próximo 20 de septiembre para solicitar al presidente que se coma de verdad esta bronca y que dejemos la palabra simple y sin contenido y que nombre formalmente quien será la o él ministro de Vivienda y presidente de la Junta Directiva de BANHVI y que se nombre de forma independiente Presidente (a) Ejecutivo (a) del INVU y se ordene este sacrificado Sector donde hay miles y miles de familias de PROBREZA EXTREMA Y ALTA VULNERABILIDAD, de las cuales hay más de veinte mil por ser tirados a la calle po desalojos.

AMIGO Y AMIGA, Grupo organiza con Proyecto de Vivienda, súmate a esta lucha, contáctanos

San José. 4 de septiembre 2023.

 

Manuel Salinas Salinas

Víctor Rojas Marín

Rocío Ramírez Varela

Teléfono 8381 6224

Teléfono 8993 0316

Teléfono 7015 4292

 

Imagen ilustrativa.

Bloque de Vivienda en pie de lucha

El pasado jueves 23 de marzo, el Bloque de Vivienda sostuvo una reunión presencial en la Casa del Pueblo, para analizar con urgencia el planteamiento del Gobierno sobre un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa para quitar el bono de vivienda, así como eliminar el Banco Hipotecario de Vivienda (BANHVI).

Orlando Barrantes, el coordinador del Bloque, reafirmó que siguen en pie de lucha. 

Sin dejar de lado el análisis crítico sobre el trabajo de los diputados, Orlando indica que estos han hecho una importante labor en la Comisión de Reforma del Estado, donde se encuentra dicho proyecto.

En esta Comisión, se ha estado convocando a sesiones a diversas personas para consultar su opinión, las cuales han comentado que el proyecto es poco comprensible y “de muy mala fe”, en palabras de Barrantes.