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Declaración a la comunidad nacional sobre la solución a la deuda interna

Escrito en 01/10/2022. Publicado en Aportes para el desarrollo, Derechos.

El Movimiento de Ciudadanía que Construye Territorios Seguros, de manera responsable, como corresponde a la persona ciudadana que constitucionalmente debe asumirse como El Soberano, dio a conocer públicamente su posición sobre el tema de la deuda interna, desde el 2019, propuesta que fundamentamos debidamente en su momento, pero que, al mejor estilo de “lo políticamente correcto” del hacer nacional de distintos grupos y autodenominados dirigentes políticos, la discusión se pospuso en aras de esperar los resultados del paquete tributario aprobado en 2018, cuando nuestro Movimiento logró que se hiciera pública la lista de los Grandes Contribuyentes que no tributaron desde el 2008 y el desenlace de las elecciones que se avecinaban en febrero de 2022, donde muchos de ellos se veían protagonistas de primera línea.

Hoy el presidente Chaves ha presentado ante el Congreso su propuesta de vender a manos privadas el BCR y una parte del capital accionario del INS, lo que ha desatado -más por cálculo electoral, que de interés estratégico nacional- una polémica desde algunos “grupos y movimientos sociales” , como si la sola presentación del proyecto es ya una ley, dejando de lado que son los diputados, los que tomarán la última decisión, pero que curiosamente, no se les menciona como responsables de la situación, más bien, solidarizándose con ellos y ellas, como si estuvieran obligados a cumplir, contra su voluntad, el designio presidencial. Esa minimización y personalización del problema es sumamente peligrosa, pues aleja el debate de lo que realmente es.

Hay que reconocer que el tema de la deuda interna es ideológico y político, desde cualquier enfoque que se le quiera abordar, no es simplemente económico, ni mucho menos de ungidos que solo ellos entienden el problema, el tema es nacional y debe discutirse con profundidad, reconociendo que la situación que afrontamos es responsabilidad de todos, unos por su silencio cómplice y otros, especialmente aquellos que desde la representación política y social -donde hay responsables con nombres y apellidos-, por ser autores intelectuales de la situación que vivimos.

Entonces, el debate ideológico debe establecerse ya, teniendo como punto contundente de partida: “la clase política ya no le teme al pueblo” y “los pobres ya están acostumbrados a pasarla mal” para saber hacia dónde marcha el país y establecer de manera participativa, como lo manda el Art. 9 Constitucional, el país y la República Participativa que debemos construir en las actuales condiciones históricas y de crisis internacional, puesto que lo que nació en las administraciones ungidas desde 1982 por el Fondo Monetario Internacional, fue transformar nuestras más preciadas instituciones y posesiones, en una mercancía del sistema financiero y en una propiedad de alguno de ellos o ellas (porque en eso no existen problemas de género), profundizando la desigualdad existente y consolidando los niveles de violencia a los que poco a poco nos han ido acostumbrando.

También debe entenderse que nuestra banca nacionalizada, en procura del desarrollo nacional, dejó de serlo hace ya mucho tiempo, específicamente desde los periodos administrativos de Monge y Arias, quienes, atendiendo fielmente los mandatos del FMI, en una acción de venganza contra la Administración Carazo y con el aplauso de dirigentes sindicales, comunales, universitarios, del momento, propiciaron desde el INCAE y con el apoyo de la UCCAEP, la separación del Banco Central y la banca en la organización del desarrollo, para pasarlo al naciente sector financiero, para lo cual se establecieron leyes específicas, pasándolo a manos privadas a través del CONASSIF, órgano del que nadie quiere o se atreve a hablar, ni mucho menos señalar a sus integrantes y la responsabilidad directa en la construcción de la desigualdad nacional y disputar el liderazgo de Costa Rica en ese campo a nivel mundial, la facilitación para el blanqueo de capitales provenientes del narcotráfico o peor aún, haciendo de la moneda que es un factor de intercambio en el capitalismo para la construcción de riqueza, establecer ahora, que su posesión y su acumulación es ahora la riqueza, haciendo del sector financiero, el sector privilegiado.

De esa forma, es que nuestra banca sigue siendo “nacional” porque el capital accionario pertenece a los costarricenses, pero está sujeta y determinada por los estándares de la banca comercial internacional, desde la aplicación de las normas determinadas por el FMI, donde fuimos entregados a los intereses transnacionales financieros y donde perdimos nuestra soberanía.

La ausencia de transparencia, rendición de cuentas y evaluación de resultados, consignados en nuestra Carta Magna en el Art. 11, crea una distancia entre la población y los funcionarios públicos, aunado al sentimiento de que éstos se asumen dueños de la institución, su ley y sus reglamentos, lo que ha fortalecido la corrupción y la impunidad, de la que todos nos hemos enterado.

Nuestro Movimiento está consciente de que en nuestro país existe una gran cantidad de personas decentes, responsables, llenas de sentido de patria, que buscan sacar adelante nuestro país, en ella se encuentran personas ciudadanas, empresarios grandes, pequeños y medianos: funcionarios públicos, académicos, profesionales y especialmente mujeres y jóvenes, con quienes podemos contar, pues la esperanza en ellos no muere.

De esta forma, es necesario incorporar en la defensa de estas instituciones, las acciones correctivas aquí señaladas, pues de lo contrario las acciones mismas serán débiles en el horizonte de lo que el país debe ser y la institucionalidad que se requiere para lograrlo.

Estamos en una situación que hemos pospuesto, muy a lo tico, pero también es el momento, al igual que en 1821 con el Pacto de Concordia y aprendiendo de ello, establecer un Nuevo Pacto Social, donde desde los más profundos disensos, establezcamos el consenso necesario para tener a tiempo la Costa Rica que desafiará el futuro.

Es un momento de inflexión nacional, con una situación internacional de profundo contenido de cambio, no podemos torpemente verlo y desestimarlo, ya ese error lo cometimos profundamente en los últimos 30 años del siglo pasado. Debemos ser profundamente críticos de nuestros errores y asumir con la responsabilidad que lo hicieran los defensores de nuestra independencia y fundadores de nuestra república, raíces que obstinadamente un malinchismo ha querido destrozar.

Propuesta ciudadana para manejar la deuda interna disponiendo de bienes nacionales

La propuesta que hemos alentado, consiste en:

La deuda es interna, es decir, nos debemos a nosotros mismos, es entre familia.
El estado ha incumplido con su tarea, desde luego los responsables tienen nombres y apellidos, debemos saber quiénes son, pues pueden ser los mismos que tendrán ahora en sus manos la decisión estratégica, lo cual es un alto riesgo.
Dar en dación de pago, no es lo mismo que vender, es un principio comercial simple, pues es un acuerdo.
De esta forma, por acuerdo nacional, como parte de un Nuevo Pacto Social, se otorga en dación de pago el Banco de Costa Rica y el Instituto Nacional de Seguros a la Caja Costarricense del Seguro Social, por la deuda pendiente con la institución.
En estos momentos debe transparentarse el proceso, debemos ser vigilantes ante el intento de venta.
Ya “los expertos” se frotan las manos por la cuantiosa suma de dinero que se ganarán por validar lo que valen nuestras instituciones en disputa, afectando el principio de abonar a la deuda, pues de camino se enriquecen algunos de manera inmoral, pero legal, lo que prostituye el proceso y el principio que debemos atender.
Sabemos que la CCSS no tiene la experiencia para manejar bancos ni seguros, pero como el interés final es salvaguardar nuestros activos, debemos replantearnos en las actuales condiciones el papel de los mismos, dándole fortaleza estratégica al sistema de salud, estableciendo el acompañamiento necesario, como lo hace cualquier institución o empresa moderna.
La ciudadanía responsable debe sin discusión, dar un paso al frente y hacerse garante del presente proceso, consciente de que su ausencia irresponsable, permite el espacio a la corrupción y la impunidad.
Deberá establecerse un proceso de rendición de cuentas (que no es un informe de labores) y evaluación de resultados organizado desde la ciudadanía tal cual lo establece el Art. 11 Constitucional, para transparentar las acciones institucionales, pues al fin y al cabo los dueños del sistema de salud son las personas ciudadanas que son las que lo mantienen con sus cuotas, por lo tanto, son los accionistas de la empresa de salud más importante de Costa Rica.
Deberán revisarse con profundidad los procedimientos de compra de proveedores de la CCSS así como su manejo financiero, para no arrastrar a las entidades nuevas que se le suman (BCR – INS) a subsidiar los malos procedimientos que hasta ahora están en función.
Así como el sistema de salud busca democratizar el acceso a la salud, deberá hacerlo en democratizar la economía, abriendo el acceso de las pymes locales, especialmente las mujeres y jóvenes vulnerables, para transformarse en proveedores del sistema, en los diferentes órdenes de aprovisionamiento, para lo cual se revisará la normativa existente para facilitarlo.

Quedamos a sus órdenes sabiendo de su compromiso con nuestro país y convencidos de su espíritu de colaboración, nos manifestamos a la orden para aclarar cualquier duda, en nuestro teléfono 8769 8714 o al correo comusepo@gmail.com

De ustedes atentamente,

Carlos Campos Rojas
Coordinador Nacional

ES LA IDEOLOGÍA… es la ideología

Escrito en 21/09/2022. Publicado en Análisis, Coyuntura.

Oscar Madrigal

¿Alguien con una pizca de sentido crítico podrá pensar que la venta del Banco de Costa Rica (BCR) contribuirá significativamente a reducir la deuda del Gobierno? Los números aportados en muy diversas instancias señalan que el BCR es un gran negocio para el país y su venta una reducción importante de ingresos.

¿O que el aumento de salarios a las trabajadoras y trabajadores de la CCSS afecte el déficit fiscal y con ello la deuda del Gobierno? Los salarios que paga la Caja en nada afectan los gastos del Presupuesto Nacional porque no se pagan de allí.

El Presidente Chaves no solo arremetió contra el aumento de salarios en la Caja sino que hizo la siguiente afirmación de forma contundente e inapelable:

LA CAJA ESTÁ QUEBRADA

¿Qué sentido tiene esta afirmación? Una es proponer un nuevo modelo de financiación del sistema de salud aligerando las cargas a los patronos o empresarios, tema sobre el que vienen insistiendo desde hace años y la otra es privatizar servicios importantes que brinda la Institución.

Estemos claros, lo que persigue el Presidente Chaves es privatizar servicios trascendentales de la CCSS.

Igual sucede con la venta de la mitad del INS, otra fuente de ingresos para el Estado.

Recordemos que tanto el Presidente Rodrigo Chaves como la Primera Dama son exfuncionarios del Banco Mundial, cuyo catecismo privatizador prometen ejecutar. Así lo hizo Chaves en Indonesia. La máxima ideológica del BM y sus representantes es que el Estado y sus instituciones son por definición ineficientes, a diferencia de la empresa privada que, por las leyes del mercado, según el dogma, actúan o sirven mejor. El objetivo que persigue el Presidente Chaves es pasar a un sistema de mercado donde fluyan supuestamente libres las fuerzas de mercado, con la mínima participación estatal.

Chaves y su grupo íntimo están convencidos de eso y en dirección a la privatización están trabajando. Para ello están buscando apoyo e inversiones en el exterior. No es que quieran reducir la deuda pública, no es quieran racionalizar el gasto, es que quieren privatizar o vender el Estado de Bienestar. Los hechos están a la vista.

Y nosotros dejemos de dar vueltas, el actual Gobierno incluyendo a la Primera Dama, quiere y pretende -lo dice abiertamente- privatizar todo lo que pueda, empezando ahora por los bancos estatales, la aseguradora estatal y parte esencial de la Caja.

Es la ideología, sin más excusas.

El virus ideológico privatizador llegó con fuerza. Hay que inmunizar el país.

Nota: mientas escribo esto, llega la noticia que Alemania nacionalizó la mayor planta de gas del país. Nosotros caminamos de espalda.

BCR: El jugoso negocio del Estado que el Gobierno quiere vender

Escrito en 21/09/2022. Publicado en Derechos.

Las autoridades del Poder Ejecutivo en nuestro país contemplan dentro de sus iniciativas para mitigar la deuda pública, la intención de vender en su totalidad o de manera parcial algunas de las llamadas “joyas de la abuela”.

El Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Hacienda y del Sistema Aduanero Nacional (SITRAHSAN), respetuoso de la estrategia financiera presentada, comparte la publicación del Semanario Universidad, considerando dicha fuente como confiable y creadora de opinión sobre diversos tópicos nacionales.

Sin dejar de lado lo anterior, SITRAHSAN hace hincapié en el aporte que brinda la aplicación de la Ley 9430, el cual se estima entre dos y tres puntos del Producto Interno Bruto (PIB), si se suman mejores normas tributarias para unificar actuaciones en el Código Procesal Tributario, se puede contribuir entre uno a uno y medio del PIB y si se saca a la luz el Proyecto de Cánones presentado por la ex legisladora Ligia Fallas, se podría contemplar un uno y medio de más, es decir que se obtendrían seis puntos en total del PIB.

Además, en muchos Documentos Únicos Administrativos (DUAS), se deben de verificar los valores de transporte o seguros declarados; y la acción en sede Penal, cuando se comete el delito de Falso Testimonio contenido en el Artículo 323 del Código Penal, resultando necesario.

La soluciones alternativas están, la viabilidad política depende de los diversos caminos para llegar “a Roma”.

Las imágenes compartidas y su contenido son responsabilidad del Semanario Universidad, se muestran en el siguiente enlace: https://semanariouniversidad.com/pais/bcr-el-jugoso-negocio-del-estado-que-el-gobierno-quiere-vender/

La venta del Banco de Costa Rica es una cortina de humo

Escrito en 20/09/2022. Publicado en Análisis, Coyuntura.

Partido Acción Ciudadana
20 de setiembre de 2022

Recurrir a una medida como la venta del BCR o del INS para pagar, supuestamente la deuda interna, es económica y socialmente contraproducente para el país en el largo plazo. Las utilidades de los bancos estatales, solo en el primer semestre del 2022 alcanzaron más de ¢80.000 millones.

Los aportes de la venta de estas instituciones contribuirían muy poco en la reducción real del déficit fiscal. Además, nuestro sistema financiero, que adolece de mecanismos de competencia, con la venta del BCR, no se tendría garantía de la reducción de las tasas de interés. Recientes estudios e investigaciones acerca del sistema bancario nacional han revelado que el mercado está sumamente concentrado e impone costos muy altos a los costarricenses.

Si realmente el gobierno quiere reducir la deuda, entonces debe trabajar en la lucha contra la evasión fiscal y el contrabando; eliminar los portillos para la recolocación de utilidades imponiendo las normas BEPS de la OCDE, continuar y profundizar la ruta para reducir los costos de la deuda mediante los préstamos de apoyo presupuestario y la renegociación en el mercado interno; mejorar las compras del Estado; acelerar la dinamización de la economía para así aumentar la recaudación de impuestos, el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) y la reducción del endeudamiento público. Para alcanzar esas metas se requiere una banca estatal que dé soporte a esos programas e instituciones a intereses accesibles.

En concreto, ¿por qué nos oponemos a la privatización del BCR?:

1. Los bancos públicos son los que más han invertido en bancarizar al país entero. El Banco de Costa Rica cuenta con 226 oficinas y 592 cajeros automáticos, desde Aguas Claras de Upala hasta San Vito de Coto Brus, sitios en los que la banca privada no cubriría puesto que no son rentables desde una óptica de mercado. Los bancos estatales, no solo persiguen el afán de lucro, sino la bancarización y el servicio en sí mismo, que es un interés público. Esto no sucede usualmente con los bancos privados. Costa Rica es el tercer país de América Latina más bancarizado, es decir que cuenta con una experiencia acumulada exitosa y en donde los Bancos Públicos demuestran su valía.

2. El mercado de crédito de Costa Rica es de ¢27,7 billones, por lo que cada punto porcentual de más cobrado en intereses por los financieros privados significaría ¢270.000 millones por año de más que deberían pagar las familias y las empresas (PYMES principalmente). Solo esta última cifra valida cualquier esfuerzo por tener la banca pública que tiene Costa Rica hoy.

3. La venta del BCR, INS y cualquier otra institución pública sería un duro golpe para un desarrollo con equidad. Por ejemplo, las utilidades de los bancos públicos se asignan de la siguiente manera: CONAPE 5%, Comisión Nacional de Emergencias 3%, Sistema Banca de Desarrollo 5%, INFOCOOP 10%, Impuesto de Renta 30% y Régimen de Pensiones CCSS 15%. En otras palabras, con los 1.800 millones de dólares que según el gobierno generaría la venta de las empresas mencionadas, solo se amortiguaría una mínima parte de los 40.000 millones de dólares que representa la deuda del Estado, pero el país sí perdería instrumentos y recursos permanentes que son medulares para el desarrollo. El presidente ha dicho que recurrirá a impuestos para suplir estos fondos, pero cabe preguntar, ¿qué impuestos y quiénes los van a pagar? La falta de claridad de la propuesta pone en duda tanto su aplicación como el apoyo.

Ante la crisis global que se enfrenta producto de la pandemia, las confrontaciones bélicas y comerciales, el crimen organizado y el cambio climático, el PAC propone y confía que la principal tarea del gobierno sea centrarse en el fortalecimiento de las instituciones públicas necesarias para enfrentar los desafíos que nos demanda el momento y no en debilitar el Estado Social de Derecho.

Reiteramos nuestro compromiso por la defensa de una institucionalidad pública eficiente, transparente, oportuna y presente en todo el territorio nacional.

Comité Ejecutivo Nacional

Comisión Política

El camino fácil del gobierno: vender el Banco de Costa Rica (BCR)

Escrito en 20/09/2022. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Álvaro Vega Sánchez, sociólogo.

El señor presidente, don Rodrigo Chaves, ha optado por el camino fácil. Nos extraña de alguien que habla de tener capacidad y voluntad para comprarse las broncas, que por definición son difíciles. Su argumento, al parecer, más contundente es que el Banco de Costa Rica ya no cumple la función social de una banca de desarrollo, sino que opera como un banco privado o peor. Entonces, ¿por qué opta por el camino fácil de venderlo en lugar de reconvertirlo en un verdadero banco de desarrollo al servicio de la pequeña y mediana empresa?

El camino difícil es comprarse la bronca de hacer del sistema bancario nacional una institución financiera competitiva y eficiente para contribuir a la reactivación económica y social del país. Y esa es una tarea del gobierno, poner en cintura al sistema bancario nacional para que cumpla su función fundamental como banca de desarrollo. Los poderes Ejecutivo y Legislativo son quienes fijan la política de la institucionalidad financiera pública. Entonces, si el banco no está cumpliendo esa función, la responsabilidad recae sobre esos dos poderes, así como sobre la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF), y no solo sobre el banco. El banco no se manda solo. Entonces, ¿quién manda en este país?

El camino fácil de la privatización es el que ha llevado a la profundización de la pobreza y la desigualdad a los países de Suramérica, con Chile a la cabeza. Ahora, están de vuelta y, en ese país, a pesar del voto negativo al reciente proyecto de reforma de la Constitución, sigue habiendo consenso, entre tirios y troyanos, de que hay que revertir la privatización que quebró el sistema de pensiones y encareció los servicios públicos privatizados.

No hay explicación razonable para persistir en la chilenización, al estilo de Pinochet, de uno de los países, como Costa Rica, que ha sabido cultivar lo mejor de su patrimonio natural, humano y social levantando en alto la bandera -con algunos traspiés propiciados por quienes piensan más en su patrimonio que en el de la patria- de un Estado Social de Derecho, único frente de resistencia al neoliberalismo frívolo, injusto e inhumano.

Se replican hoy los intentos privatizadores de los gobiernos de don Oscar Arias y don Miguel Ángel Rodríguez. Don Oscar, en su primera administración, buscó privatizar las telecomunicaciones autorizando la operación ilegal de la empresa MILLICOM, algo que logró legitimar con la firma del TLC con Estados Unidos en su segunda administración. Asimismo, con la creación de una “Empresa Costarricense de Telecomunicaciones (ECOTEL)” para la venta de acciones y privatizar parcialmente al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), como se pretende ahora con el Instituto Nacional de Seguros (INS). Es decir, en este caso, estamos ante un mismo modelo. Por su parte, Don Miguel Ángel, buscó privatizar infructuosamente el ICE con el famoso paquete energético “Combo ICE”, lo que le costó la casi desaparición de su Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), algo parecido le ha sucedido a don Carlos Alvarado con el Partido Acción Ciudadana.

Los vientos virulentos de la privatización se pueden convertir, por efecto bumerang, en tempestades para los mismos partidos que los impulsan. Pareciera que viejos y nuevos partidos no han puesto en la balanza el comportamiento de una ciudadanía que todavía arrastra una cultura política afincada sobre los valores imperecederos de un Estado Social de Derecho. Hay una arrogancia globalista modernizante que busca tirar al tarro de la basura las conquistas sociales del pasado, incluso a quienes las promueven los tratan de “ningunear” con el mote de “nostálgicos”, pero resulta que esa herencia se resiste a morir, no por capricho de esos “cabezas calientes” o “anacrónicos”, sino por la misma fuerza de su vigencia para atender a las calamidades sociales de este tiempo “pandémico”, donde los más vulnerables continúan siendo las víctimas.

No estamos ante la venta de un “Rolex”, una mercancía de lujo. Se trata de una institución pública, socialmente rentable, porque sus dividendos sí contribuyen a paliar las necesidades de la “señora de Purral”, y funcionando como debe ser, ella podría emprender un negocio propio para no seguir viviendo del asistencialismo social. Pero, ahora, el señor presidente opta por el camino fácil, para no comerse la bronca con la reconversión del sistema bancario público nacional y con el FMI. Y, además, con esa venta no tener que comprarse la bronca de impulsar una verdadera reforma tributaria y parar, de una vez por todas, la evasión y la elusión fiscal. De seguir por este camino fácil, pobrecita la “señora de Purral”.

A la Historia, por media calle: La historia del Banco de Costa Rica

Escrito en 16/09/2022. Publicado en Derechos.

En el pasado Programa de Voces x Media Calle el conductor Vladimir de la Cruz comentó sobre la trayectoria del Banco de Costa Rica como institución de prestigio en el país, así como la actual coyuntura que amenaza a dicha institución.

En este recuento histórico sobre el Banco de Costa Rica, Vladimir menciona algunos logros, acciones y estrategias que han tenido beneficios para los y las costarricenses; en el año 2018 contribuyó a la construcción del nuevo edificio de la Asamblea Legislativa, asimismo, permitió la cancelación anticipada de emisión de bonos por 500 millones de dólares colocados en el extranjero, el Banco de Costa Rica ha definido planes estratégicos de desarrollo como la promoción de importantes fideicomisos. También, se ha lanzado una gran cantidad de novedades electrónicas y de tecnología para los clientes y los sectores productivos que se benefician de este ente.

La Banca nacional entre está incluida el Banco de Costa Rica, ha recibido premios y reconocimientos internacionales que demuestran la calidad y eficiencia de los Bancos costarricenses. Entre estos premios, se encuentra de la catalogación del Banco de Costa Rica entre los mejores bancos del sistema bancario tanto nacional como internacional.

A partir de todas las contribuciones históricas que ha realizado el Banco de Costa Rica en diferentes ámbitos de la sociedad costarricense, el señor Vladimir insta a cuestionar el por qué los motivos de vender esta institución tan apreciada, firme y promotora del bienestar social, económico, cultural y tecnológico de Costa Rica.

Si desea ver más sobre esta sesión del programa ingrese al siguiente enlace: https://fb.watch/fx2ICL9g-J/

La venta del BCR requiere una reforma parcial de la Constitución Política

Escrito en 15/09/2022. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Por Manuel Hernández, abogado

En estos días tan lluviosos, el Poder Ejecutivo presentó a la Asamblea Legislativa un proyecto denominado “Ley de venta del conglomerado financiero Banco de Costa Rica”.

El objetivo de este anunciado proyecto es vender, al mejor postor del mercado, el Banco de Costa Rica y sus sociedades subsidiarias.

Aparte de la discusión acerca de las razones de conveniencia o no de vender este importante activo del Estado, ya sean motivos de orden político, económico y social, incluso de orden fiscal, que es hasta ahora donde el debate se ha centrado, es necesario entrar a discutir, de manera imprescindible, si mediante un proyecto de ley ordinario, desde el punto de vista del Derecho de la Constitución, se puede realizar esta jugosa operación de privatización y venta de un banco estatal.

En mi opinión, considero que no es pertinente promocionar así la venta de esta institución autónoma, por los siguientes motivos que formulo de manera resumida:

1.- En primer lugar, es necesario recordar el Decreto Ejecutivo N° 71, de 21 junio de 1948, emitido por la Junta Fundadora de la Segunda República.

Este decreto fundamentalmente definió lo siguiente: por una parte, estableció que sólo el Estado, por intermedio de sus instituciones bancarias propias, podrá movilizar los depósitos del público.

Por otra parte, nacionalizó la banca privada, expropiando por motivos de utilidad pública, las acciones del Banco de Costa Rica, Banco Anglo Costarricense (qdep) y el Banco Crédito Agrícola de Cartago (qdep).

En una elocuente alocución que realizó en la radio el Presidente de la Junta de Gobierno, José Figueres Ferrer, prácticamente en la víspera de la promulgación de este histórico decreto, lo justificó de esta manera:

“(…) De ahí nace el tremendo poder social que disponen [los bancos privados] y que, en la actualidad- en el siglo veinte- constituye un verdadero anacronismo. La administración del dinero y el crédito no debe estar en manos particulares, como no lo están ya tampoco la distribución del agua potable ni los servicios de correos. Es al Estado, órgano político de la Nación, a quien corresponde esas funciones vitales de la economía. El negocio bancario es el más seguro y el más productivo de todos los negocios. (…) Semejante poder, repito, no debe estar en manos de particulares, sino de la Nación.”
Cualquier comentario se quedaría muy corto frente a la contundencia de estas vigorosas palabras, que resuenan con tanta fuerza en la actualidad, 74 años después, que sería recomendable que el señor Presidente de la República leyera integralmente.

2.- El decreto-ley de nacionalización bancaria fue complementado y catapultado por la Constitución Política, promulgada el 07 de noviembre de 1949.

La Constitución emergente dibujó un nuevo diseño de la arquitectura de la institucionalidad pública, basado en un esquema orgánico de descentralización política y administrativa, que comprende las instituciones autónomas y municipalidades.

El artículo 188, en su redacción original, dispuso que las instituciones autónomas del Estado gozan de independencia, en materia de gobierno y administración.

Luego, el artículo siguiente estipula:

“Artículo 189.- Son instituciones autónomas:

Los Bancos del Estado;
Las instituciones aseguradores del Estado;
Las que esta Constitución establece, y los nuevos organismos que creare la Asamblea Legislativa por votación no menos de los dos tercios del total de sus miembros.”

Al tenor del primer inciso de este artículo, el constituyente preceptuó que los Bancos del Estado son instituciones autónomas.

Esta declaratoria constitucional tiene efectos y alcances determinantes que obstaculizan que por la vía de un simple proyecto de ley pueda ser vendido un banco del Estado.

3.- Ahora bien, volviendo a lo que venimos, el proyecto de ley autoriza al Poder Ejecutivo a realizar la venta, total o parcial, de los activos y pasivos del Banco de Costa Rica, sus sociedades subsidiarias, y “su extinción como institución autónoma, a partir del momento en que la venta total sea válida y eficaz (…).” (artículo 1).

Una vez que se haya realizada la venta total de las acciones, “(…) se disolverá de pleno derecho el Banco de Costa Rica como institución autónoma y se deberá proceder con la liquidación correspondiente” (artículo 34).

Esta privatización del Banco de Costa Rica, en realidad, su reprivatización, y consecuente extinción, jurídicamente no es posible, porque la Constitución Política de manera expresa e inequívoca estableció, ad litteram, que los bancos del Estado son instituciones autónomas.

La voluntad del poder constituyente originario, plasmada en el texto del artículo 189.1 de la Constitución, consolidando la nacionalización bancaria decretada por la Junta Fundadora de la Segunda República, fue reforzar su naturaleza pública; pero, además, todos quedaron configurados constitucionalmente como instituciones autónomas del Estado, incluido el Banco Nacional de Costa Rica.

Es decir, por mandato de la Constitución, por un lado, se constitucionalizó la naturaleza pública de los bancos del Estado. Pero, por otro lado, se rediseñaron como instituciones autónomas del Estado.

Esta regulación constitucional le impone un límite a la venta y privatización de los Bancos del Estado.

4.- Así las cosas, jamás podría sostenerse, al amparo de un proyecto de ley ordinario, la despublificación del Banco de Costa Rica, transformándolo en un banco privado.

El proyecto implica, por tanto, una desconstitucionalización que enerva la naturaleza pública y el régimen de autonomía que el constituyente le atribuyó a dichos bancos.

La enajenación del Banco de Costa Rica, cuya naturaleza jurídica blindó la Carta Política Fundamental, norma normarun suprema, no se puede aprobar a merced de una reforma legislativa ordinaria; salvo que sea saltándose olímpicamente, con una buena garrocha fabricada en los astilleros del Banco Mundial (BM), la Constitución de 1949.

Si los bancos del Estado fueron configurados, ex constitutione como instituciones públicas y autónomas del Estado, sólo por una reforma constitucional podrían ser desposeídos de esta naturaleza jurídica, para que sin violentarse el ordenamiento jurídico, puedan ser susceptibles de un proceso de venta y transformarse en un banco privado (regla de contrarius actus o paralelismo jurídico de las formas).

La eventual venta del Banco de Costa Rica, desde la óptica constitucional, si de algo todavía vale la Constitución de nuestro país, no se puede realizar a cuestas de un proyecto de ley común; excepto que se reforme el artículo 189.1 de la Constitución, mediante el procedimiento garantista de reforma parcial previsto en el artículo 195 de la misma.

¡Ni 38 votos, y mucho menos, la cifra de 29 votos, son pertinentes para vender esta institución fundacional del Estado Social y Democrático¡ La reforma constitucional es insalvable.

Lamentablemente, en los últimos 4 años, aquella devaluada Constitución se ha convertido en un producto más de la canasta básica alimentaria: un rollo de papel higiénico, de una sola capa.

Compartido con SURCOS por el autor.

Como el cangrejo

Escrito en 14/09/2022. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Manuel Hernández

El artículo 2 del decreto de nacionalización bancaria, Nº 71, de 21/06/1948, promulgado por la Junta de la Segunda República estableció:

“(…)

Artículo 2.- Exprópiese por motivos de utilidad públicas, las acciones del Banco de Costa Rica, el Banco Anglo Costarricense y del Crédito Agrícola. (…)”

En una alocución radial, prácticamente en la víspera de la nacionalización bancaria, el presidente de la Junta de Gobierno, J. Figueres Ferrer, manifestó:

A la vuelta de varios años, el BAC y BANCREDITO ya los cerraron.

Ahora, pretenden vender el último banco, el BCR, que fue nacionalizado, hace 74 años.

Tanto poder, ese poder, como decía J. Figueres, no puede estar en manos privadas.

Sin duda, vamos como el cangrejo: cada vez más para atrás.

Federación de Trabajadores Financieros se opone a la venta de activos del estado

Escrito en 13/09/2022. Publicado en Coyuntura, Derechos.

La Federación de Trabajadores Financieros ( FETRAFI) envió un oficio al presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, en el cual expresan su oposición a la venta de activos del Estado y solicitan una audiencia “a la mayor brevedad posible, con la finalidad de exponer los motivos de nuestra justificada inconformidad con la venta de esta institución, que nos heredaron nuestros abuelos; que hoy, los costarricenses tenemos la obligación moral e histórica de defender este invaluable legado”.

FETRAFI expresa en la carta: “En momentos tan aciagos, como estos, que está pasando la Patria, no podríamos dejar de evocar el discurso de uno de nuestros próceres, Joaquín García Monge, frente al Monumento Nacional, que, por lo visto, ahora más que nunca, tiene tanta actualidad”:

(…) Si es sumamente grave que aventureros extraños se atrevan a comprar la Patria, lo sería mucho más, e ignominioso, que hijos del país de bruces se la vendan.” Joaquín García Monge.

SURCOS comparte el documento de FETRAFI que llegó a nuestra redacción:

Oficio-de-la-FETRAFI-para-el-senor-Rodrigo-Chaves Descarga

UNA MAÑANA EN EL COCAL

Escrito en 11/09/2022. Publicado en Derechos, Trabajo.

Por Memo Acuña. (Sociólogo y escritor costarricense)

Resulta evidente que las fuerzas sociales en el poder en Costa Rica han encontrado un terreno fértil para echar a andar la maquinaria privatizadora y recortista hacia el estado costarricense. Los vientos de ventas de activos como el Banco de Costa Rica presagian una temporada compleja en el campo ideológico y también en el político.

Lo vienen haciendo desde hace ya más de cuatro lustros, cuando posicionaron primero el discurso de la ingobernabilidad, luego el del déficit fiscal y posteriormente el del tamaño y eficiencia del Estado.

Al finalizar los años noventa ya la onda privatizadora había ganado sus primeros activos. He recordado durante estos días la compra de Fertilizantes de Centroamérica (FERTICA), empresa estatal, por parte de un consorcio empresarial chileno.

Ubicada en Puntarenas, en el Pacífico costarricense, su planta empleaba una importante cantidad de personas trabajadoras en diversas labores del proceso. Las mismas estaban organizadas en la defensa de sus derechos sociolaborales en la Asociación de Trabajadores de FERTICA (ATFE).

Al ser vendida, empezaron los conflictos y los despidos. Y la organización sindical, combativa, resistente, inició una feroz lucha que aún fuera ya de la empresa, despedidos todos sus miembros, se continuaba defendiendo de los embates del grupo empresarial comprador.

Realizo mis primeras armas como asistente de investigación social en aquella época. Acompaño un trabajo sobre la ruptura de acuerdos colectivos en el marco del estado costarricense como parte del contexto del Ajuste Estructural, realizado por la economista costarricense María Eugenia Trejos. Por esa razón me he citado con Don Marco, secretario general del sindicato de trabajadores de FERTICA en su casa. Es noviembre de 1996.

Es una mañana azul absoluta. Don Marco me da las coordenadas: El Cocal de Puntarenas, frente al mar. Nos disponemos en un pequeño rancho de techo de paja en la playa y enciendo la grabadora con un primer casette de 90 minutos.

Me relata el plan orquestado en el que supuestamente la empresa sería vendida a los propios trabajadores a través de acciones. De cómo ese proceso devino primero en la intromisión de consorcios con capital disponible, el aumento del valor de las acciones, impagable para las personas trabajadoras y la pérdida de su participación en la compra. Allí inició un camino de atropellos a los derechos laborales, que acabó con el despido de cerca de 50 personas trabajadoras.

Lo que en principio sería una entrevista individual con Don Marco terminó siendo un grupo focal frente a la playa. Recuerdo cerca de seis personas, todas pertenecientes al sindicato, conversando animadamente sobre su trabajo, la privatización y sus situaciones personales y familiares de aquel entonces.

Siete casettes con valiosa información sobre los derechos laborales y un aprendizaje para mí como incipiente investigador social, fueron el resultado de la jornada.

El inicio de la venta de FERTICA fue anunciado como un plan para “democratizar” su propiedad. Ciertamente ese fue el discurso original que luego se tradujo en participación empresarial de capital privado de altos manejos financieros.

Me temo que los vientos de venta de activos estatales en la actualidad van en la misma dirección y esta vez con una organización laboral debilitada, casi inexistente. El camino está servido y es posible que estemos ante la presencia del tramo final del proceso de reforma del estado costarricense.

Ante esta realidad es urgente diseñar una respuesta colectiva y plural. No queda otro camino.