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A dos años de su asesinato, una reflexión con ocasión de la Independencia

Dr. Bernardo Aguilar González
Presidente del Parlamento Cívico Ambiental

Este 14 de septiembre, mientras Costa Rica entraba en la víspera de sus fiestas patrias, Centroamérica recuerda también un aniversario incómodo: hace exactamente dos años fue asesinado en Tocoa, Honduras, Juan Antonio López, líder laico católico, defensor del agua y de los bienes comunes, e integrante de la resistencia comunitaria frente a proyectos extractivos en el Bajo Aguán. Había recibido amenazas, acoso y vigilancia; la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le había otorgado medidas cautelares. Aquella noche, después de una celebración de la Palabra, fue atacado a tiros.

López no fue solamente “un ambientalista”. Fue padre de familia, delegado de la Palabra, articulador de la pastoral social, servidor público local y miembro de redes eclesiales dedicadas al cuidado de la creación. En su vida, la fe y la defensa del territorio no ocupaban compartimentos separados: proteger los ríos, acompañar a las comunidades y denunciar aquello que consideraba injusto eran expresiones de una misma responsabilidad moral. Esa coherencia explica por qué su muerte trascendió las fronteras hondureñas.

Su asesinato obliga a una precisión. No existe todavía una sentencia firme que permita convertir en certeza jurídica el móvil último del crimen. Esa cautela es indispensable. Pero sería igualmente poco serio tratar su defensa ambiental como un dato accidental. En 2025 la CIDH llamó a investigar el crimen considerando su papel como defensor del ambiente entre los posibles móviles; y en 2026 la causa avanzó contra presuntos autores intelectuales. El proceso sigue abierto y el móvil final no ha sido establecido por sentencia. Las dudas procesales permanecen; el contexto, sin embargo, no puede borrarse.

El reciente artículo del cardenal Michael Czerny y Luca Colacino convierte el caso de López en algo más que una tragedia individual. Lo ubica en una realidad latinoamericana donde degradación ecológica, desigualdad estructural, captura institucional y violencia contra defensores pueden encontrarse en un mismo territorio. Allí aparece uno de los costos menos contabilizados de la minería a gran escala: no solo toneladas removidas, agua comprometida o pasivos de restauración, sino miedo, criminalización, ruptura comunitaria y, en los extremos, vidas humanas (https://iglesiasymineria.org/wp-content/uploads/2026/08/Articulo-Cardenal-CZERNY.pdf).

Esa fue también una de las conclusiones más importantes del Congreso Latinoamericano sobre Impacto Socioambiental de la Minería celebrado en julio en la Pontificia Universidad Católica de Costa Rica: la discusión no puede reducirse a una consigna a favor o en contra. La pregunta seria es quién decide, quién recibe los beneficios, quién asume los riesgos y quién repara el daño. Una actividad puede producir divisas y empleo, pero si sus costos se concentran en comunidades vulnerables y sus beneficios salen del territorio, el balance económico dice muy poco sobre el desarrollo humano real.

Pedro Landa defensor ambiental y de los derechos humanos formuló en ese congreso otra advertencia necesaria: la transición energética y digital no elimina el extractivismo; puede multiplicar la presión minera mediante la demanda de minerales llamados “críticos”. Su pregunta de fondo es incómoda: ¿críticos para quién? Un mineral puede ser estratégico para cadenas globales de tecnología y, al mismo tiempo, poner en riesgo el agua, la salud o la estabilidad social de la comunidad donde se extrae. Una transición que cambia combustibles, pero conserva zonas de sacrificio no es suficientemente justa.

El padre Patricio Sarlat ofreció asimismo el criterio para no perderse entre cifras y tecnicismos: dignidad humana y cuidado de la Casa Común. La ecología integral no sustituye a la ciencia, al derecho ni a la economía; obliga a integrarlos. Si la crisis ecológica y la crisis social tienen raíces comunes, ninguna solución puede considerarse completa cuando salva el recurso y abandona a la comunidad, o cuando promete crecimiento a costa de debilitar la convivencia, la salud y la confianza institucional.

Esta mirada importa especialmente para nuestra situación en Crucitas. Costa Rica enfrenta allí una emergencia verdadera: minería ilegal, redes criminales, deforestación, sustancias tóxicas, vulnerabilidad social y pérdida de control territorial. Negarlo sería irresponsable. Pero también sería irresponsable concluir que la única alternativa a la ilegalidad es legalizar una explotación a cielo abierto bajo condiciones que reproduzcan otros riesgos de larga duración.

El Congreso de Minería propuso una ruta más exigente y, precisamente por eso, más útil: contener, restaurar, transformar y acompañar. Contener significa recuperar control territorial, seguridad y capacidad efectiva de fiscalización. Restaurar implica agua, suelos, ecosistemas y garantías financieras que eviten trasladar al Estado el costo futuro. Transformar exige alternativas económicas locales —agroforestería, turismo, economía circular, educación y empleo— que reduzcan la dependencia de la extracción. Acompañar significa que las comunidades no sean espectadoras del arreglo, sino sujetos de información, participación y decisión.

Crucitas necesita una solución integral, no una salida rápida. Cualquier propuesta debería superar, como mínimo, pruebas de legalidad y no regresión ambiental, evidencia científica independiente, distribución justa de costos y beneficios, acceso público a la información, trazabilidad, eliminación efectiva de sustancias tóxicas y garantías previas para cierre, restauración y monitoreo.

Este 15 de septiembre, conviene recordar que independencia no significa solamente soberanía frente a poderes extranjeros. También significa que una sociedad conserve la capacidad de decidir sobre su territorio sin que el miedo, la ilegalidad, la corrupción o la urgencia sustituyan al discernimiento democrático.

Juan Antonio López no debería ser utilizado como argumento automático contra toda minería. Su memoria exige algo más serio: que cuando evaluemos un proyecto extractivo contabilicemos también aquello que nunca aparece en el precio internacional del oro. El agua. La paz social. La confianza. La dignidad. Y, sobre todo, la vida humana. Esa es la patria que vale la pena defender.

Imagen: https://www.religiondigital.org/america/anos-justicia-asesinato-ambientalista-juan_1_1466426.html