La Navidad es, siempre, una invitación a pensar. La encarnación —el misterio de Dios hecho hombre— ilumina nuestra mirada sobre la vida, al incorporar en nuestra historia una lógica distinta, hecha de cercanía, de verdad y de misericordia. Cuando el Evangelio proclama: “Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros” (Jn 1,14), afirma algo decisivo: Dios entra en nuestra experiencia humana sin reservas, comparte nuestra fragilidad y camina con nosotros en lo cotidiano.
Esa presencia cambia la forma de estar en el mundo porque nos enfrenta a una verdad imposible de eludir: si Dios tomó en serio la condición humana, nosotros no podemos vivirla con superficialidad. La encarnación nos recuerda que el poder se ejerce de otro modo, que la dignidad de cada persona es inviolable y que nuestras relaciones solo encuentran sentido cuando se construyen desde la responsabilidad y el cuidado mutuo.
Este marco resulta especialmente pertinente en Costa Rica, en medio de un proceso electoral que pone a prueba nuestra convivencia social. En momentos así, cuando proliferan interpretaciones interesadas de Jesús y de su mensaje, la Navidad nos llama a volver a su verdad. Desde esa claridad, se abre un espacio para discernir con más lucidez: cuidar la dignidad de la palabra, fortalecer la transparencia en nuestras relaciones y sostener la esperanza compartida que hace posible la vida en común.
En ese discernimiento emergen dos tentaciones recurrentes: La primera es la neutralización simbólica, frecuente en ciertos discursos progresistas. No rechazan a Jesús, pero lo diluyen: lo presentan como un humanista inofensivo, compatible con todo y, por lo mismo, exigente con nada. Un Jesús culturalmente cómodo, siempre que no cuestione ni incomode. Es un Jesús “sin encarnación”: estético, no transformador.
La segunda tentación aparece en algunos discursos de quienes se autoproclaman “conservadores”. Realizan la operación contraria: la apropiación. Se adjudican una custodia exclusiva de Jesús y lo convierten en un arma cultural, como si defender la fe fuera equivalente a defender su propia agenda ideológica. Se proyectan como cruzados modernos, convencidos de que proteger el Evangelio es lo mismo que proteger sus posiciones. Es un Jesús “militante”: útil, pero distorsionado.
Ambos movimientos —la neutralización y la apropiación— comparten un mismo error epistemológico y espiritual: buscan que Jesús legitime una agenda previa. Pero la encarnación no respalda ideologías: las desborda. No se alinea con progresistas ni con conservadores: confronta a ambos. Y no permite convertir el discurso religioso en munición retórica sin degradarlo en el proceso.
Conviene hacer una aclaración necesaria: no se trata de expulsar el Evangelio de la conversación pública. De él brotan implicaciones éticas profundas, con consecuencias humanas y sociales que interpelan por igual a todos. La dignidad de la persona, el bien común, la opción preferencial por los pobres, la solidaridad, la subsidiariedad, la justicia, la paz y el cuidado de la creación no pertenecen a la derecha ni a la izquierda; pertenecen al Reino.
Pero una cosa es dejarse iluminar por el Evangelio, y otra muy distinta pretender domesticarlo para que respalde nuestras posiciones. La Navidad, con su sobriedad y su lenguaje de humanidad concreta, nos recuerda precisamente eso: que Jesús no es un argumento, sino una persona; que su palabra no es un arma, sino un llamado; que su presencia no respalda trincheras, sino que las relativiza.
En el país se habla mucho de unidad —es la consigna de moda—, pero esa unidad es inviable mientras Cristo, el único capaz de sostenerla, sea reducido a una pieza más dentro de un tablero que solo pretende ganancias. Quizá ahí radique la mejor contribución que la Navidad puede hacer a la conversación pública en plena campaña: recordarnos que la fe no es un instrumento de persuasión, sino una verdad que interpela a todos por igual.
Nuestras campañas electorales se asemejan a los partidos de futbol: tienen dos tiempos separados por un intermedio que abarca – en el caso de nuestras campañas electorales – el mes de diciembre, porque en ese mes la gente se dedica a preparar y celebrar los festejos de fin de año. Pero ambos períodos son diferentes: el primero se destina a dar a conocer a los candidatos y sus partidos, cosa muy necesaria dado el (sin)número de partidos y candidatos que se exhibe como oferta electoral ante el electorado. No pocos de ellos son totalmente desconocidos y representan un “partido” igualmente poco conocido, por lo que aspiran tan sólo a lograr una diputación. En el “segundo tiempo”, que abarca el mes de enero, la campaña se centra en la figura de los candidatos, quienes deben confrontar sus ideas y programas de gobierno frente a sus adversarios políticos. Pero lo realmente importante de esta contienda electoral, como de toda actividad política, lo constituye el mayor o menor protagonismo del pueblo, pues son los ciudadanos – ¡y sólo ellos! – quienes deben decidir quiénes los gobernarán desde Cuesta de Moras y Zapote.
Lo más significativo de la actitud de la mayoría de nuestros compatriotas es su indecisión, que no es sinónimo de indiferencia, porque estoy convencido de que el costarricenses gusta de inmiscuirse en los asuntos políticos, cosa que en lo personal me parece muy bien. Por eso considero que la indecisión no necesariamente implica indiferencia y menos menosprecio o despreocupación sobre los destinos de la Patria, al menos en la mayoría. Ciertamente habrá un número –y mucho me temo que cada vez sea mayor- de quienes repudian la política en sí misma; esos son la verdadera y más radical “oposición”, pues, si bien hay un porcentaje que no puede ejercer el derecho al voto por razones válidas, como es estar enfermo o imposibilitado por alguna u otra razón, lo cierto es que aquellos que menosprecian a la clase política en no pocos casos ya no creen en el sistema político que nos rige. Por su parte, los ciudadanos conscientes deben convencer a sus conciudadanos de la importancia de que, si realmente quieren perfeccionar nuestro régimen democrático, deben tomar conciencia de la importancia de interesarse en la contienda electoral, porque allí se deciden en buena medida los destinos de la Patria. La campaña electoral debe servir para esos fines de educación cívica. Si se me permite el símil, el “primer tiempo” de esta campaña fue para conocer la oferta electoral; por lo que los costarricenses deben aprovechar la pausa decembrina para reflexionar seriamente en torno a la importancia de la misma para estar plenamente conscientes de la trascendencia de la decisión que tomen en la soledad del recinto electoral, dado que la conducción política del país no recae únicamente- si bien de manera prioritaria – en los miembros de los supremos poderes, ya que la democracia auténtica se rige por la participación directa, consciente y mayoritaria de los ciudadanos en los asuntos públicos. La democracia somos todos. El control político no debe estar en manos únicamente de los diputados de oposición, si bien es sobre ellos que recae esta responsabilidad a tenor de las normas constitucionales. Una ciudadanía organizada no sólo para las elecciones, sino para todos los asuntos que conciernen el bien común, es la única posibilidad de que podamos preservar el mayor y mejor legado de nuestros antepasados: el Estado Social de Derecho. La calidad y solidez de nuestra democracia se mide en proporción al nivel de la conciencia cívica de los ciudadanos. La campaña electoral debe ser considerada como un tiempo fuerte en que se inviertan esos inmensos recursos económicos y mediáticos a inculcar en la ciudadanía lo que realmente significa construir una comunidad nacional libre. Por eso debe comenzar por estar bien informado.
El “segundo tiempo” de la campaña debe servir para motivar. Nadie hace una actividad si no está debidamente motivado, lo cual sólo se logra cuando se valora lo que se hace. Los candidatos deben centrarse en los temas a tratar y en los debates en torno a los desafíos que enfrenta actualmente la democracia costarricense, con vehemencia, pero sin recurrir al insulto o a ataques que aludan a la vida privada de sus contendientes. El pueblo financia la campaña con el fin de conocer de primera mano a quienes va a elegir, delegando en ellos buena parte de su poder, sin por ello renunciar a ejercerlo a tenor de las normas constitucionales cuando lo crea necesario. Por algo la Constitución califica al pueblo como el único SOBERANO, porque su soberanía nunca se delega. Esto no significa que debamos pasar por alto los errores y vicios de quienes aspiran a gobernarnos. El ejercer el poder no es sólo un honor, es ante todo, demostrar fehacientemente ante la ciudadanía que se está en capacidad de asumir las responsabilidades que esto implica. Quienes confunden, como se ha hecho lastimosamente costumbre en tiempos recientes, sus intereses privados con los del bien común, sólo merecen que el pueblo les aplique “el voto castigo”. Quienes amamos a nuestra querida Costa Rica esperamos que así sea el próximo 1ro. de febrero.
LA DEMOCRACIA (con mayúscula) sólo se logra cuando se sustenta en la ética, cuando política y ética se identifican, como enseñaba Sócrates. Por eso una – y, quizás, la principal- razón de ser de esta campaña es luchar contra los prejuicios de quienes ven en la política algo intrínsecamente malo, hasta el punto de que para ellos hacer política e, incluso, hablar de política es incurrir en algo perverso. Por lo contrario, la política es algo noble y nos ennoblece hacerla con espíritu patriótico. Es aquí donde radica lo que he titulado “el ser y razón de ser de esta campaña”.
Cuando el padre, ya en su lecho de muerte, llamó a sus hijos y a la madre, les dijo con serenidad: “Aquí les dejo esta herencia. Es una finquita; no es la más grande, pero es lo que tenemos. ¿Para qué la van a usar?”
Entonces el hijo mayor, que era empresario dijo: Ah, la podemos vender y hacer negocios. Podemos poner el dinero en la bolsa de valores y capitalizar. ¡¡Sacarle plata!!
Y el menor que era músico y poeta dijo: podemos organizar grandes conciertos, actividades culturales, la finquita podría ser útil para la difusión de la música, la cultura, la poesía y la belleza…
Y así todos los hijos fueron diciendo según su criterio, para qué podía servir la heredad que dejaba el padre.
El sacerdote vio una iglesia y así sucesivamente.
Solo la madre dijo: esta herencia es la única que tenemos y tiene que servir para todos. Para hijos, nietos y bisnietos. Tiene que permitirnos cosechar el pan, tiene que permitirnos convivir, tiene que ser sostenible en el tiempo y también tiene que haber un espacio para el regocijo, la cultura y la alegría, por supuesto. Pero es de todos. No solo de dinero vive el hombre, ni solo de oraciones, o de música y belleza tampoco.
Este patrimonio no será exclusivamente para una cosa, o para las necesidades de uno u otro. Por pequeña que sea, tendrá que servir a todos, porque es patrimonio de todos, mientras estemos aquí.
Y así ocurre con todo.
Una de las características fundamentales del espectro radioeléctrico, es su enorme potencial económico. ¿Cómo no darse cuenta de ello? Es un patrimonio que permite capitalización, que permite generar grandes recursos económicos. Por supuesto que es carne de vaca para los negocios.
El otro aspecto del patrimonio radio eléctrico es que es potencial político. El manejo de la información, las noticias, la comunicación ha sido utilizado como un cuarto poder. Quien posea las ondas hertzianas tendrá participación y acceso al poder.
El otro aspecto que está presente en el espectro radioeléctrico es el campo del entretenimiento. Y cuando hablamos de entretenimiento hablamos de negocios y dinero. Pero hablamos también de identidad y cultura.
La cultura no es una mercancía ordinaria como algunos creen. Sino que está enormemente vinculada a la identidad de los pueblos. La cultura y la forma en que se mercantilizan los recursos culturales, permiten o niegan el manejo de identidad nacional y regional también.
El manejo del espectro radioeléctrico no es solamente un asunto de hacer negocios y de que cada cual pague un derecho y sacar una tajada para las arcas de Hacienda. Esta finquita es de todos, incluyendo los grupos específicos, las comunidades, las universidades, grupos profesionales sindicales, todos necesitan espacio y voz. Además de ser un negocio, las ondas hertzianas deben ser vistas como espacio para la comunicación educativa. Las universidades, los centros culturales tiene que tener un acceso al espectro radioeléctrico.
No todo en la vida puede ser comercializado. Por lo menos no todo debe ser comercializado en la misma medida. No podemos medir el valor de los espacios culturales, regionales y religiosos, con la misma vara de medir las grandes empresas.
Tampoco ganamos con grandes empresas transnacionales enquistadas en nuestro espectro radioeléctrico y en nuestra vida social comunitaria y nacional; si perdemos esta herramienta, este recurso necesario para el ejercicio del arte, la cultura, la acción política, la expresión, el conocimiento, y la ciencia de nuestros hijos y nietos.
Pienso que aquella madre tenía razón a la hora de repartir la finquita. Hay que pensar en todos estos aspectos. El espectro radioeléctrico tiene que ser para todos de acuerdo con sus necesidades, que al final y al cabo, son las necesidades de toda la colectividad.
Aunque viéndolo bien, esto no pasa solo con la finquita radio-eléctrica.
Toda la Finquita Nacional debería tener una repartición más o menos parecida. Porque la gran familia nacional tiene necesidades, no solo los poderosos. No solo los que pueden comprar las acciones en la gran subasta de la vida.
Pastoral Social Cáritas y Conferencia Episcopal manifiestan respaldo a personas agricultoras afectadas por la crisis en el sector agro
La Conferencia Episcopal de Costa Rica y la Pastoral Social Cáritas expresan su apoyo a las familias agricultoras del país, especialmente a quienes enfrentan serias dificultades por la caída en los precios, la importación de productos a gran escala y la falta de políticas públicas que garanticen condiciones dignas para el trabajo agrícola. En un comunicado oficial, ambas instancias llaman a fortalecer la solidaridad con quienes producen los alimentos que sostienen al país, urgen al Estado a adoptar medidas urgentes y animan a las comunidades e instituciones a sumarse a soluciones que garanticen el bien común, la justicia social y el derecho a una vida digna para las personas productoras.
A continuación, se transcribe íntegramente el comunicado:
Mensaje de Pastoral Social Cáritas en apoyo a los agricultores
El Secretariado de Pastoral Social Cáritas, departamento de la Conferencia Episcopal de Costa Rica, tiene el encargo de animar y apoyar el esfuerzo conjunto del servicio eclesial costarricense en favor del desarrollo humano integral del pueblo costarricense, al que entendemos como una familia, en consonancia con la Constitución Apostólica Gaudium et spes («Los gozos y las esperanzas»), del concilio universal Vaticano II. Este documento es el que afirmó: «Los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de cuantos sufren, son a la vez gozos y esperanzas, tristezas y angustias de los discípulos de Cristo. Nada hay verdaderamente humano que no encuentre eco en su corazón. La comunidad cristiana está integrada por hombres que, reunidos en Cristo, son guiados por el Espíritu Santo en su peregrinar hacia el reino del Padre y han recibido la buena nueva de la salvación para comunicarla a todos. La Iglesia por ello se siente íntima y realmente solidaria del género humano y de su historia» (n.º 1).
Por lo tanto, los gozos y esperanzas, así como las tristezas y las angustias del pueblo costarricense, son también nuestros, de la Iglesia en Costa Rica. Hoy, desde la Pastoral Social Cáritas, queremos llamar la atención sobre una parte del cuerpo, de la gran familia costarricense que viene expresando por décadas sus clamores, mientras cada vez más se va reduciendo y, gradualmente, desapareciendo. Se trata de los que trabajan la tierra para producir los alimentos que necesitamos los demás miembros de la familia costarricense. No solo los de hoy, sino, también, los del mañana, sobre una base productiva sólida y heredable. De hecho, los gobiernos no deben pensar solo en el momento presente, sino en su responsabilidad en la construcción de una Costa Rica sostenible, es decir, capaz de dejar, responsable y solidariamente, condiciones de vida óptimas para las generaciones futuras. De ahí la necesidad de pensar en la seguridad alimentaria de los habitantes de Costa Rica, tanto actuales como futuros.
La disponibilidad de alimentos, primer componente de la seguridad alimentaria, no puede quedar limitada al mercado internacional, porque su oferta y precios pueden volverse inestables o inaccesibles por causas climáticas, políticas, sanitarias, logísticas o especulativas, entre otras. Aunque es casi imposible alcanzar una seguridad alimentaria totalmente basada en la producción interna, un país como Costa Rica sí puede y debe reducir al máximo su dependencia de los alimentos básicos exteriores. Es posible, además, que el país, mediante medidas legislativas, blinde sus políticas agroalimentarias frente a presiones e intromisiones externas. Esto es lo que se denomina “soberanía alimentaria”.
Cuando un país pierde su capacidad productiva, es sumamente difícil volver a levantarla. Sólidos estudios, como, entre otros, los del Programa Estado de la Nación, han evidenciado que desde los años 90 del siglo pasado, el país ha experimentado un desplome de su aparato productivo, tanto en área cultivada como en volúmenes de producción y en la generación de empleo. La tendencia se agrava. El último informe del Estado de la Nación (2025), recién publicado, confirma que la tendencia no se revierte, sino que se agudiza. En efecto, habla de la «caída libre» durante 17 meses de la producción destinada al mercado local, así como de que «al segundo trimestre del 2025, los empleos generados por la agricultura son un 28% menos que los observados previo a la pandemia, con una caída constante desde el primer trimestre del 2021» (p. 130). Recientemente, en tan solo tres años, señala la Corporación Arrocera Nacional, se redujo la cantidad de hectáreas sembradas en un 59%.
En los últimos años, organizaciones de productores agrícolas y pecuarios, que representan a miles de familias del campo, han solicitado ser escuchados por los poderes Ejecutivo y Legislativo en sus angustias para mantenerse en pie. En este momento, algunos temas prioritarios en su agenda son «la determinación de una política cambiaria que respalde la producción nacional y su competitividad», «la suspensión inmediata de la importación masiva y sin controles de productos agrícolas», «la suspensión inmediata de la aplicación del Decreto de Trazabilidad (areteo) para los pequeños ganaderos, debido a las barreras tecnológicas existentes actualmente», «la no inclusión de Costa Rica al Acuerdo Transpacífico, ya que no ofrece oportunidad de comercio y/o de acceso para diversificar nuestras exportaciones», «la aprobación de FONARROZ (Fondo de Competitividad y Auxilio Arrocero)», que busca «respaldar financieramente a los productores, especialmente a los micro, pequeños y medianos, y promover prácticas agrícolas sostenibles para asegurar la disponibilidad del grano a largo plazo», entre otras.
Defendemos su derecho a manifestarse y a demandar su participación en el diseño de las políticas y normativas que les atañen, y que nos atañen a todos, por sentido de cuerpo (solidaridad) y porque consumimos alimentos del agro, y a los costarricenses del futuro también. Es parte del ejercicio de nuestra democracia, que debe ser participativa y no meramente formal, limitada al sufragio. El Mensaje de los Obispos de la Conferencia Episcopal con motivo de la campaña electoral 2025-2026 “Por una política al servicio del bien común y de la esperanza”, del pasado 28 de septiembre, recordaba la enseñanza de la Doctrina Social de la Iglesia, en boca de san Juan Pablo II: “La Iglesia aprecia el sistema de la democracia, en la medida en que asegura la participación de los ciudadanos en las opciones políticas y garantiza a los gobernados la posibilidad de elegir y controlar a sus propios gobernantes…”.
Deseamos enviar a nuestros agricultores y sus familias un fraterno y solidario saludo. Somos parte, con ustedes, de una misma familia. También, muchísimos de ustedes son parte viva y vibrante del cuerpo de la Iglesia en Costa Rica en los diferentes territorios. San Pablo nos enseña a entender la Iglesia como un cuerpo, el cuerpo de Cristo del que somos parte. En este, todos sus miembros, con sus diversas funciones, son importantes e imprescindibles (1 Corintios 12, 12-31). En ese cuerpo, «si sufre un miembro, todos los demás sufren con él. Si un miembro es honrado, todos los demás toman parte en su gozo» (1 Corintios 12,26). Conocemos sus sacrificios y sufrimientos. No nos lo tienen que contar otros. Para ustedes no tenemos más que gratitud, no solo por producir nuestros alimentos, sino por ser una fuerza espiritual indiscutible en nuestras comunidades eclesiales rurales.
Encomendando a Costa Rica a la intercesión de san Isidro Labrador, imploramos la bendición de Dios para todo nuestro pueblo.
San José, 24 de noviembre de 2025.
Pbro. Edwin Aguiluz Milla Secretario Ejecutivo de Pastoral Social Cáritas
La Conferencia Episcopal de Costa Rica emitió un mensaje al iniciar el proceso electoral del país, titulado “Por una política al servicio del bien común y de la esperanza”, en el que llaman a la ciudadanía y a los partidos políticos a vivir esta etapa con responsabilidad ética y vocación de servicio.
El pronunciamiento recuerda que Costa Rica cuenta con la democracia más antigua de América Latina y el Caribe, y resalta que el sufragio debe ejercerse en un marco de valores como la dignidad de la persona humana, el respeto a los derechos humanos y la búsqueda del bien común.
Los obispos advierten, sin embargo, sobre signos de deterioro institucional: confrontaciones entre poderes de la República, polarización social, violencia criminal, narcotráfico, emergencia educativa, problemas en la seguridad social, informalidad laboral y pérdida de credibilidad en los partidos políticos. También señalan la corrupción y la penetración del narcotráfico como factores que debilitan la democracia y la confianza ciudadana.
En este contexto, hacen un llamado a una conversión ética profunda, a propuestas viables y responsables y a la construcción de acuerdos interpartidarios sobre los grandes temas nacionales: seguridad, educación y salud. Piden a los partidos y candidatos reivindicar la política como vocación de servicio, con transparencia, responsabilidad y apertura al diálogo.
El mensaje también subraya la importancia de una ciudadanía activa, crítica y comprometida, que ejerza el voto de manera informada y responsable, y que no se limite a votar, sino que acompañe y exija cuentas a las autoridades electas. Asimismo, destacan el rol de los medios de comunicación como facilitadores del discernimiento político y garantes de un debate público veraz y ético.
Finalmente, los obispos invitan a cultivar la esperanza como virtud transformadora, que permita superar el desencanto y recuperar la confianza en lo público. El texto concluye con una oración a la Virgen de los Ángeles para que Costa Rica avance en justicia, paz y solidaridad.
El liberalismo radical y el antiprogresismo de Javier Milei y Agustín Laje, presentados como supuestas trincheras contra la izquierda posmoderna y el llamado “marxismo cultural”, no son en realidad una alternativa a ese fenómeno, sino su reflejo invertido. Ambos insisten en que el wokismo es socialismo, colectivismo o incluso marxismo en estado puro, pero nada más lejos de la verdad; lo woke no es marxismo, es liberalismo llevado hasta su extremo. Por eso, más que enemigos ideológicos, Milei, Laje y el wokismo son variantes de una misma raíz moderna: la disolución de todo lazo comunitario y la glorificación del individuo aislado (solitario). La aparente guerra entre ellos no es una confrontación de sistemas como lo venden, sino una disputa entre herederos de la misma matriz liberal.
La llamada cultura woke, donde se inscribe la ideología de género que muchos insisten en negar, no es un desprendimiento del marxismo, como suelen repetir sus críticos, sino la culminación más coherente del liberalismo. Rousseau ya lo había formulado en su célebre premisa: “el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe”. Con ella no anticipaba lo woke, desde luego, sino una lógica contraria a todo colectivismo: la sospecha hacia los vínculos comunitarios y la desconfianza frente a las instituciones clásicas —Estado, Iglesia, familia, nación— vistas como estructuras opresivas contra la supuesta bondad natural del individuo. Esta bandera, retomada por el liberalismo, se convirtió en doctrina: liberar al individuo de cualquier identidad o pertenencia común. Incluso el marxismo, consciente o no, terminó asumiendo sin crítica buena parte de estos supuestos liberales.
Ahora bien, surge la aparente paradoja: si lo woke es profundamente individualista, ¿cómo explicar que sus activistas se organicen como colectivos y luchen unidos? La respuesta es sencilla: no se trata de construir una verdadera comunidad, sino de disolver pertenencias más amplias —como la nación, la tradición o la familia— para fragmentar al individuo en microcolectivos cada vez más pequeños, cuya única cohesión es la identidad subjetiva. En vez de fortalecer lo común, esta lógica lo divide en pedazos, sustituyendo comunidades amplias y orgánicas por tribus identitarias tan débiles como volátiles.
El contraste ideológico con la premisa ilustrada de Rousseau se evidencia claramente al compararlo con la tradición católica. Para esta, el hombre se realiza en comunidad; es en el bien común donde se supera el pecado original, mediante la abnegación, el sacrificio y la ayuda mutua. Incluso desde más antes, Aristóteles, y posteriormente Santo Tomás, habían comprendido que la justicia social y la vida compartida son el orden natural del ser humano. El liberalismo, en cambio, niega ese principio y coloca al individuo en el centro, reduciendo la existencia a un cálculo de intereses privados, sin finalidad trascendental ni espiritual. Así, lo colectivo, lo común y lo trascendente son descartados como obstáculos frente a la razón individual, subordinando la vida compartida a la lógica del beneficio personal.
El protestantismo preparó este terreno al desligar la fe de las obras y convertir la riqueza material y su acumulación en signo de predestinación divina. De ahí se desprende el burgués liberal moderno: un ser definido por su interés individual y no por su capacidad de entrega al bien común.
El wokismo es visto como una fuerza de izquierda, sin embargo, su base doctrinal no es colectivista ni socialista: es liberal de cabo a rabo. Este parte de la supremacía del individuo sobre lo colectivo, de la desconfianza hacia el Estado y de la necesidad de deconstruir toda forma de identidad compartida tradicional. En nombre de los derechos individuales, relativiza cualquier noción de comunidad, tradición o verdad trascendente.
Esto no es herencia del socialismo, sino de la Ilustración liberal. Kant lo expresó con claridad en 1784 cuando definió la Ilustración como la “salida del hombre de su minoría de edad”, es decir, la emancipación de todo principio de autoridad externo —ya sea religioso, político o social— para que el individuo piense por sí mismo. Esa proclamación de autonomía absoluta no es una idea socialista ni comunitaria: coloca al individuo como juez supremo, por encima de cualquier jerarquía mayor, sea Estado, Iglesia o familia.
El mito de que antes del siglo XVIII no había derechos, ni libertad, ni civilidad —sino solo oscuridad y barbarie— fue invento de Rousseau, Locke, Voltaire y compañía. El marxismo adoptó ese relato en lugar de cuestionarlo. Pero lo que incorpora es un ADN ajeno: el ADN liberal. Por eso, cuando Laje denuncia que el wokismo es marxismo cultural, confunde los términos. No es marxismo real lo que late en el corazón de lo woke, sino la más pura exaltación (neo)liberal del individuo posmoderno desarraigado.
Aquí se revela la paradoja. Milei y Laje defienden el liberalismo económico extremo y combaten al wokismo como si fuera su enemigo. Pero en realidad tanto liberalismo como wokismo son dos expresiones de la misma raíz. Milei predica la disolución del Estado, la primacía absoluta del individuo y el mercado como árbitro supremo. El wokismo promueve la disolución de identidades colectivas, la primacía de la autoidentificación individual y el deseo personal como medida de la realidad. ¿Qué diferencia esencial hay entre ambos proyectos? Ninguna. Son dos caras de una misma moneda.
El error de Laje es creer que combate un enemigo externo cuando en realidad combate al hijo legítimo de la ideología que él mismo defiende. Y el error de Milei es pensar que el liberalismo puede sobrevivir sin producir exactamente esas derivas culturales que él repudia.
Ese es el verdadero debate que Milei y Laje evaden: el liberalismo no es el remedio contra el wokismo, es su condición de posibilidad. Mientras sigamos atrapados en ese falso dilema, las alternativas comunitarias, trascendentes y sociales seguirán siendo sofocadas en nombre de un individuo abstracto que, paradójicamente, termina más desprovisto de sentido y manipulado que nunca. Al final, la diferencia entre la izquierda cultural y la llamada nueva derecha no es de esencia sino de matiz, la primera es liberal progresista, la segunda liberal conservadora. Dos estilos, un mismo tronco; el del nuevo totalitarismo de nuestra época, que, bajo la máscara de libertad absoluta, impone sus normas y redefine lo que se puede pensar, decir o sentir.
Red Interuniversitaria de Estudios y Transformación de los Cuidados
La Red Interuniversitaria de Estudios y Transformación de los Cuidados, conformada por docentes e investigadoras de la Universidad de Costa Rica, la Universidad Nacional, la Universidad Estatal a Distancia y el Instituto Tecnológico de Costa Rica, celebra la notificación pública de la Opinión Consultiva OC-31/25 emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sobre el contenido y alcance del derecho al cuidado y su interrelación con otros derechos.
Esta resolución constituye un avance histórico al reconocer el cuidado como derecho humano autónomo y, a la vez, relacionado con otros derechos, expresado en tres dimensiones inseparables:
El derecho a cuidar
El derecho a recibir cuidados
El derecho al autocuidado
Este reconocimiento responde a una demanda histórica de los movimientos feministas y de los estudios críticos, y visibiliza el aporte fundamental de millones de mujeres que, dentro y fuera del hogar, han sostenido la vida en condiciones muchas veces invisibles y desiguales.
La Opinión Consultiva OC-31/25 no solo valida el cuidado como pilar esencial de las sociedades, sino que plantea un desafío claro al sistema interamericano y a los Estados de la región: definir estándares y diseñar políticas públicas integrales que garanticen el ejercicio pleno de este derecho en la vida cotidiana.
Desde la Red reiteramos nuestro compromiso académico, político y ético con la transformación de los cuidados como dimensión central de la justicia social y de género. Esta resolución de la Corte nos convoca a seguir construyendo marcos normativos, políticas públicas y prácticas sociales que reconozcan el cuidado como un bien común, una responsabilidad colectiva y una base para la justicia social y de género. Reafirmamos que el cuidado es un bien común y una responsabilidad colectiva.
San José, 7 de agosto de 2025.
Integrantes
Ana Lucía Fernández Fernández, CICDE-UNED
Natalia Dobles Trejos, CICDE-UNED
Marcela Pérez Rodríguez, CICDE-UNED
Juliana Martínez Franzoni, CIEP-UCR
Nancy Piedra Guillen, Posgrado Centroamericano en Sociología, UCR
Laura Rivera Alfaro, Escuela de Trabajo Social, UCR
Adriana Monge Arias, Sede de Occidente, UCR
Ana Cecilia Escalante, Posgrado Centroamericano en Sociología, UCR
Irma Sandoval Carvajal, IDESPO-UNA
Sharon Rodríguez Brenes, IDESPO-UNA
María Leonela Artavia Jiménez, Escuela de Economía, UNA
Rocío Chamorro Tasies, Sede de San Ramón-UCR
Mariángel Sánchez Alvarado, Escuela de Trabajo Social, UCR
Ana Rosa Ruiz Fernández, Oficina de Equidad de Género, TEC
Mariela Campos Lizano, Escuela de Economía, UNA
Iliana Espitia Sutachán, Maestría Evaluación de Programas y Proyectos EVAPRO, UCR
María José Herrera Madrigal, Escuela de Economía, UNA
Jimena Zeledón Pérez, Programa Desarrollo Educativo, Vicerrectoría de Extensión, UNED
Sharling Hernández Jiménez, Oficina de Equidad de Género, TEC
El tema de la conferencia de prensa de este miércoles fue la Caja y los contratos privados para los EBAIS. El presidente de nuevo distorsiona los hechos y se concentra en la forma y no en el fondo del tema. Dice que los allanamientos y las detenciones fueron arbitrarias y que no había ningún delito para justificarlas. Como se sabe, si no se investiga primero no es posible establecer un delito.
Al fiscal general no se le ocurrió hacerlo, sino que un juez lo promovió basado en la denuncia del auditor interno de la Caja, el héroe de la historia.
En cuanto a la forma de proceder, se hizo siguiendo el protocolo establecido como antes se hizo cuando un ex presidente de la República vino a dar la cara y se procedió de la misma forma. Quizá ese protocolo debe revisarse.
El presidente de nuevo atiza la confrontación en un país altamente polarizado en donde ya hubo amenazas de muerte para el presidente de la Asamblea Legislativa y el fiscal general, así como una amenaza de bomba en la fiscalía.
Debemos resolver los problemas pensando en el bien común, sin llamar a la confrontación y preservando la paz que no ha sido interrumpida durante muchos años.
Lic. Javier Francisco Cambronero Arguedas,
Tomada de: http://www.encuentromunicipal.com/
Lic. Javier Francisco Cambronero Arguedas 13-IX-24 Fiesta de San Juan Crisóstomo
Con el paso del tiempo, los costarricenses hemos sido capaces de construir una sociedad cada vez más inclusiva que ofrece mayores oportunidades y mejor calidad de vida a: adultos mayores, niñez, población en condición de discapacidad y mujeres. Es decir, prácticamente la mitad de la población no poseía las mejores condiciones para desarrollarse plenamente.
En la Francia revolucionaria de fines del siglo XVIII surge la proclama de los derechos humanos universales, reivindicando la existencia del ciudadano, ante el poder del monarca. El pueblo pasa a ser el soberano, en vez de un rey o figura similar. Francia y Estados Unidos, luego Haití, avanzan en esa dirección, reconociendo la existencia de derechos inalienables para todas las personas, sustentados en la libertad y en un claro delineamiento de lo que serán las relaciones entre el individuo y el Estado. Un Estado que ya no es absolutista ni unipersonal, sino que será democrático y bajo el principio de delegación. Las personas decidirán cada cierto periodo quiénes serán sus gobernantes, y sobre ellos descansa velar por la consecución del Bien Común y el progreso de los pueblos a la luz de la doctrina democrática.
De manera que los derechos humanos en su conjunto, están asociados a los logros históricos de los pueblos de luchar por mejores condiciones de vida y que implica el reconocimiento del derecho a la vida y a la libertad en primera instancia, posteriormente al derecho a la libertad de pensamiento, a la libre expresión y la promulgación de deberes por parte del estado de proveer derechos como el acceso a la educación, a la salud, a un trabajo digno para la población, especialmente la más necesitada. A la luz de este nuevo contrato social que surge entre semejantes, también se adquiere conciencia para financiar un estado que brinde los servicios más elementales para que la sociedad en su conjunto, funcione y surja el respeto a la ley, a la libertad a poseer bienes propios.
Surge el pago de tributos como tal. En el caso de Costa Rica, inicialmente, tras la independencia, para financiar gastos militares, policiales, mantenimiento de aduanas y la burocracia encargada de ello. Posteriormente, a partir de 1850 en los gobiernos de Mora Porras y Castro Madriz, empieza a aparecer el financiamiento de la educación como uno delo rubores más importantes en los presupuestos del Estado, sea poder ejecutivo o incipientes municipios que surgen en comunidades más organizadas. Se requiere contratar maestros, pagarlos y darles un espacio físico donde impartir sus lecciones a niños y párvulos. Hasta antes de 1885, sólo primaria, una escuálida Universidad de Santo Tomás y el colegio San Luis Gonzaga. Luego, tras la reforma de don Mauro y ponerse en práctica las ideas de don Julian Volio Llorente, con mayor participación activa del estado en lo público, surgen otros liceos como Instituto de Alajuela, Liceo de Costa Rica, Liceo de Heredia, Liceo de Señoritas, y escuelas en los municipios cabeceras de provincia y otros. Hay una gran claridad entre los gobernantes de nuestra época, sobre la importancia de impulsar la educación, facilitar el acceso a ella de la mayor parte de la población y que a partir de ahí se garantice el disfrute de otros derechos para la población. Además una población más alfabetizada, aún en una sociedad agrícola como la nuestra, a fines del siglo XIX e inicios del Siglo XX, con una incipiente industria y actividad comercial, es mucho más productiva. En la década de los veinte, surge la secretaría de Salubridad Pública y algunas leyes en protección de los derechos de los trabajadores. Allí el magisterio nacional jugó un papel muy importante, pues descubrió que la calle es otro espacio de lucha para las propuestas y reformas, y pode avanzar de esa manera, en el desarrollo social del pueblo. Se descubre la fuerza de la unidad y poder arrancar al poder político ciertas conquistas, sea a través de la promulgación de leyes más justas o de la negociación franca y transparente. El pueblo avanza con mayor acceso a servicios de educación y de salud. En esos mismo años veinte -hace cien años- llega el turno por mejores condiciones laborales, consolidar una jornada ordinaria, un salarios mínimo y un régimen de protección social que garantice una mejor atención en la vejez, la maternidad y ante la enfermedad.
La búsqueda de mejores condiciones de vida para la mayoría de la población, nunca ha sido una concesión graciosa de clase dominante alguna, sino que obedece a la legitima aspiración de los pueblos de buscar el Bien Común y emprender todas aquellas acciones que se consideren válidas. Surgen como una lucha contra la tiranía, en lo civil y lo político y luego se van configurando en lo económico, lo social, lo cultural. Mucho de lo cual queda plasmado tras la fundación de la Segunda República, en 1948, hasta la mitad de la década de los ochenta. Durante ese lapso las aspiraciones del pueblo costarricense, se han visto en mucho concretadas a través de la apertura de colegios y escuelas por todo el territorio nacional, la creación de clínicas y hospitales a lo largo y ancho de la geografía nacional. Y en el último cuarto del siglo veinte, la creación de sedes universitarias públicas y privadas que contribuyen a atender la brecha educativa en ese nivel, entre zonas rurales y urbanas, y la aparición de muchos puestos de salud, gracias a la estrategia Hospital sin Paredes. Así como brindar servicios de agua potable, letrinización, electricidad y telecomunicaciones a todo el país. Donde el Estado, para el servicio del sector privado, la producción y de la población, ha sido capaz de desarrollar diversas redes de servicios en rutas terrestres, cabotaje, y otras.
Durante todo ese periodo hemos disfrutado de gobernantes conscientes de esa ruta de crecimiento, desarrollo y bienestar y profundización de la convivencia democrática y la paz social.
Todo ello depende y dependerá de que NO DEJEMOS de invertir en lo social: salud educación, vivienda, alcantarillado, seguridad social. Los logros históricos que poseemos como pueblo costarricense, están fuertemente inspirados en la Doctrina Social de la Iglesia, en el pensamiento de pontífices como León XIII y Pablo VI. Esta exitosa cosecha no ha caído del cielo. Son fruto del esfuerzo de muchas décadas de apoyar y decidir sobre lo mismo, lo bueno, lo sano, lo justo. No nos debemos de cansar de preocuparnos por los demás, por los más desfavorecidos, los pobres, enfermos, inválidos y adultos mayores. Para eso pagamos impuestos y permitimos que parte de la riqueza que generamos, vayan a la atención de esas necesidades sociales para combatir la desigualdad y permite cerrar brechas de todo tipo.
Es decir, el edificio social construido con tanto esfuerzo, generosamente por varias generaciones, con grandes acuerdos nacionales, donde tejer esos acuerdos significa renuncia de alguien o algunos a algo, ha prevalecido sensatamente el fin último a perseguir; que es vernos todos como hermanos y forjar una patria en la que quepamos todos, que no se parezca mi país a un latifundio de gamonal. Llegar hasta aquí ha costado, y es por mucho, fruto del ahorro nacional. Estas condiciones no son inmóviles ni un regalo de nadie, o sea hay que cuidarlas y mantener los estándares de desarrollo social que hemos alcanzado con el paso del tiempo.
Pero si no hay inversión social, si no seguimos construyendo escuelas, buenas carreteras y atender la salud y la vejez como corresponde, veremos un marcado deterioro social. Que a su vez tendrá un impacto en las condiciones de equidad, seguridad, generación de empleo y búsqueda de oportunidades.
La incapacidad de llegar a acuerdos va a ser que aparezca el conflicto y la discordia. De ninguna manera debemos de permitir que ambos afloren en las relaciones entre las personas; con su insana y nada conveniente presencia, estamos a un paso que sea la violencia, el odio y la intolerancia quienes sustituyan las pacificas armas del diálogo y la paz social. Ello conduciría a una involución ante tanto progreso social que hemos logrado en la construcción de una sociedad más justa y solidaria; y el destructivo fantasma del retroceso estaría a la vuelta de la esquina.
Hoy preocupa imaginar, qué destino le espera a nuestra niñez y juventud, cuando en mi país, cada día 136 mujeres solicitan medidas cautelares ante la violencia intrafamiliar existente. Eso equivale vergonzosamente a más de 60 mil denuncias a año, dicho de otra manera, más de 5 por hora. ¡Qué horror! La degradación a la que nos estamos exponiendo en los últimos años, enciende las alarmas de que algo no lo estamos haciendo bien. Es penosa y descarnada expresión de una sociedad enferma, que pareciera irse quedando sin salidas.
No permitamos de ninguna manera, que nos inunde el sentimiento de derrota. Ese no es nuestro espíritu ni ese ha sido nuestro talante histórico. Eso sí, solo juntos podemos salir de allí y seguir construyendo.
Nuestra institucionalidad debe estar al servicio de la búsqueda del Bien Común, y como fin, debemos perseguirlo siempre y ahora. No claudiquemos, no tenemos ese derecho. Con el discernimiento espiritual que tenemos desde la fe, podremos retomar el camino. Debemos de ser capaces no sólo de ver las cosas, sino además de juzgar y actuar. Actuar con decisión y determinación desde cualquier espacio que ocupemos como ciudadanos.
Ante tan apremiante circunstancia, tal y como aconseja San Pablo, en la primera carta a los Corintios, ser indiferentes, no nos es lícito, no es una opción. Con sagacidad y humildad debemos retomar la ruta de la solidaridad que siempre nos ha hecho distintos.
El día de la multitudinaria marcha en apoyo de la educación pública circularon en redes sociales videos en los que se planteaba, entre otras cosas, que las universidades públicas costarricenses generaban muy pocas patentes y que esto era una señal de debilidad y de escaso aporte al desarrollo del país. Estos comentarios invitan a la reflexión.
¿Qué son las patentes?
Las patentes son un instrumento mediante el cual los estados confieren derechos exclusivos a las personas, instituciones o empresas que han desarrollado una invención, de manera que se impida a otros, dentro del territorio en cuestión, su utilización durante el período de tiempo en que rige la patente, si no se hace mediante autorización del titular de la misma. Para calificar como patente, estos desarrollos deben ser novedosos, tener carácter inventivo y potencial de aplicación industrial, diferenciándose de productos o procesos existentes. Los titulares de las patentes pueden licenciarlas a terceros para que estos las utilicen en la fabricación de bienes o la provisión de servicios.
¿Son las patentes un indicador de desarrollo científico y tecnológico?
El número de patentes que genera una institución o un país se ha considerado un parámetro que evalúa el grado de desarrollo científico-tecnológico y de innovación. En general, los países del norte global generan una mayor cantidad de patentes que los del sur global y Costa Rica no es la excepción. En nuestro país se concede un número escaso de patentes a personas costarricenses, lo cual es un indicador de un limitado nivel científico-tecnológico, como lo ha señalado el Informe del Estado de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. Pero se corre el riesgo de hipertrofiar el valor de las patentes como criterio valorativo de desarrollo científico-tecnológico al no verlas como un elemento más de un universo de parámetros mucho más amplio.
¿Es el escaso número de patentes otorgadas un signo de debilidad de las universidades públicas de Costa Rica?
No necesariamente. El crecimiento de la investigación científico-tecnológica y de innovación en un determinado país se acompaña, en términos generales, de un creciente número de patentes. Y el número de patentes concedidas a universidades públicas de Costa Rica es limitado; eso es verdad. Sin embargo, este tema debe analizarse con cuidado y a la luz del contexto nacional y de la misma filosofía que guía a las universidades públicas del país.
Patentar por patentar, como un fin en sí mismo, no tiene sentido, por al menos tres razones: (1) el proceso de patentamiento y el seguimiento a la protección de las patentes es caro y representa una erogación importante para las instituciones si se hace de una manera indiscriminada; por ello, se debe tener claro qué se requiere patentar y por qué. (2) Muchas patentes nunca se trasladan al plano real de la producción de bienes y la provisión de servicios. O sea, existen patentes que no son utilizadas y no redundan en beneficios para la colectividad. (3) La protección de los hallazgos científico-tecnológicos se puede hacer mediante otros mecanismos distintos de las patentes, los cuales también son reflejo de dicho desarrollo. La pregunta no sería entonces cuántas patentes tiene un país o una institución, sino más bien cómo la investigación impacta en la calidad de vida de la población, en el bien común, independientemente de si los descubrimientos se patenten o no.
Las universidades públicas costarricenses constantemente proyectan los resultados de sus investigaciones a amplios sectores de la sociedad mediante procesos que no involucran patentes. Estas universidades son el principal reservorio científico-tecnológico del país y generan un gran volumen de conocimiento, mucho del cual se vierte a la sociedad de diversas maneras.
Estos conocimientos se canalizan a través de la extensión o acción social, y tienen un impacto enorme en el desarrollo económico, social y cultural del país. Por lo tanto, el hecho de que las universidades públicas no generen muchas patentes no significa que las mismas no estén produciendo continuamente investigación científico-tecnológica de alto nivel y pertinencia, ni que esta no se proyecte a la sociedad de múltiples formas. La obsesión por las patentes no debe hacernos dejar de ver que la acción de las universidades públicas impacta de manera decisiva en el desarrollo, la prosperidad y la equidad del país.
A manera de ejemplo: lo que ha hecho el Instituto Clodomiro Picado
Estos conceptos se ilustran claramente con la evolución científico-tecnológica del Instituto Clodomiro Picado (ICP), una unidad de investigación de la Universidad de Costa Rica cuya misión es aportar soluciones al problema de los envenenamientos por animales ponzoñosos y contribuir con la biotecnología del país. Uno de los ejes principales de acción del ICP es el desarrollo tecnológico y la producción de sueros antiofídicos o antivenenos, no solo para Costa Rica sino también para el resto de Centroamérica, varios países de Sudamérica y también países del África sub-Sahariana.
En esta evolución, el ICP ha desarrollado importantes innovaciones en la tecnología para la producción de antivenenos. Algunos aspectos de esta tecnología eran susceptibles de protección y hubieran permitido efectuar una solicitud de patente. Pero el ICP decidió más bien que estos valiosos conocimientos sean de dominio público, de manera que los mismos puedan ser aprovechados por laboratorios productores de antivenenos de otras latitudes.
¿Por qué esa decisión? Porque la gran mayoría de laboratorios productores de antivenenos están ubicados en instituciones públicas de países del sur global, donde ocurren la mayoría de los envenenamientos por serpientes y escorpiones. Si se hubiera protegido estas tecnologías, este conocimiento no se habría utilizado por muchos de estos laboratorios, por motivos obvios. Por el contrario, el haber hecho público estos saberes ha permitido que países de América Latina y Asia hayan incorporado esta tecnología en sus procesos productivos.
Como consecuencia, se ha mejorado la producción y el abastecimiento de antivenenos en estas regiones y ello ha permitido salvar miles de vidas. La filosofía de la universidad pública, centrada en la procura de la excelencia y del bien común, sirvió de guía para esta decisión. No hubo patentes en este aspecto del trabajo del ICP. ¿Significa esto una debilidad? Todo lo contrario; se trata de una fortaleza que ha tenido gran impacto en la salud pública.
Por otra parte, el ICP desarrolló una tecnología novedosa para la producción de medicamentos derivados de sangre humana, tales como inmunoglobulina y albúmina. Aquí el análisis fue diferente. La producción de derivados de sangre humana está en manos de grandes empresas farmacéuticas privadas. Haber divulgado libremente dicha tecnología, como se hizo con los sueros antiofídicos, habría significado ‘regalar’ este conocimiento a dichas empresas.
En este caso se procedió de manera distinta: la Universidad de Costa Rica patentó esta tecnología en un gran número de países donde se ubican esas empresas, y la patente ha sido licenciada a una empresa colombiana, mediante un contrato que garantiza regalías a nuestra universidad cuando la empresa entre en la etapa de comercialización. Esto, además, fortalecerá la capacidad regional y la autosuficiencia en la producción de hemoderivados en América Latina. También se dejó planteada la posibilidad de producir estos medicamentos en Costa Rica para el sistema de salud pública nacional.
Conclusión
Estos ejemplos ilustran que el tema de las patentes en las universidades demanda un análisis crítico y no se puede tomar a la ligera. Lo esencial debe ser fortalecer el desarrollo científico-tecnológico endógeno, mediante una política decidida en la cual las universidades públicas tienen un papel central. Pero, además, se requiere garantizar que la ciencia y la tecnología beneficien a amplios sectores de las poblaciones y tengan como norte la procura del bien común.
El aporte científico-tecnológico de las universidades públicas permite conocer y brindar soluciones a muy diversos problemas del país y más allá. Y ese conocimiento lo vierten estas instituciones a la sociedad mediante variados mecanismos. El patentamiento y el licenciamiento de las patentes para su explotación son una forma, pero no la única ni la más importante, como el conocimiento fluye de los centros de investigación a la sociedad. Por lo tanto, juzgar el aporte científico-tecnológico de las universidades en términos de cuántas patentes tienen es una visión limitada y simplista que deja de ver un enorme abanico de contribuciones.
Las universidades públicas deben depurar continuamente su capacidad para generar nuevo conocimiento a través de la investigación y proyectar ese conocimiento mediante la docencia y la acción social o extensión. Pero deben hacerlo teniendo siempre como mira la procura del bien común, el bienestar de las mayorías y el desarrollo con dignidad y equidad. Para ello, entre otros requisitos, estos centros de educación superior necesitan recibir del estado el financiamiento que requieren, acorde con las necesidades del país y con el mandato constitucional. Por ello es fundamental asegurar un presupuesto justo para la educación pública en general y para la educación superior pública en particular.
*El autor agradece las valiosas discusiones que sobre este tema ha tenido con Mariángela Vargas, Guillermo León y demás colegas del Instituto Clodomiro Picado.
