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Etiqueta: bienes comunes

Ese oro también es suyo

Freddy Pacheco León

Freddy Pacheco León

Y de los adultos mayores de su familia. Está enterrado, todo el mundo sabe dónde, es imposible guardarlo y es un sinsentido regalarlo.

El yacimiento de oro en Crucitas, por muchas razones, es único, fue como encontrar una aguja en un pajar, muy bien conocido desde hace unos 20 años, en que se ubicó al explorar la zona, por el frustrado concesionario canadiense Infinito Gold. Por tanto, los posibles concesionarios que participarían en una anunciada exploración por invitación, sabrían que el trabajo mayor ya fue ejecutado y que seguramente tendrían acceso a una información que, literalmente, “vale oro”.

Importante recordar que, por aprobación unánime de la Asamblea Legislativa votada en diciembre del 2010, en Costa Rica no se pueden otorgar concesiones a corporaciones extranjeras, que, con o sin las ocurrentes «subastas» de que ahora se habla, eventualmente, si se eliminara tal prohibición, terminarían llevándose el oro hacia el extranjero, donde solo el 5 % del valor total del oro extraído quedaría en nuestro país, mientras el 95 % caería en destinos foráneos. O sea, por cada millón de dólares del oro explotado, novecientos cincuenta mil serían para la compañía minera «premiada» con el eventual contrato entreguista que las mantiene en espera paciente.

Por ello nos dirigimos a los estimables señores diputados dispuestos a escuchar, para que, por prudencia y patriotismo, consideren que lo aprobado en la llamada “subcomisión Alajuela”, no es equiparable a la donación de un lote municipal a una asociación comunal, sino que más bien, estamos ante ¡el mayor yacimiento de oro conocido y evaluado en territorio costarricense!, y como todos los recursos del subsuelo del país, pertenecen a todos los costarricenses y los gobernantes tienen el deber de velar por ellos.

Situación que obviamente, nos compete a todos los costarricenses, pues el proyecto de ley que estaría por votarse en la Asamblea Legislativa crea un dilema de gran trascendencia: ¿Se lo entregamos a millonarios extranjeros para su beneficio, o lo aprovechamos inteligentemente para bien común?

Ante tales alternativas reafirmamos la urgencia de que, los US$4.920 millones, que actualmente produciría su aprovechamiento, si, como planeaba Industrias Infinito en 50 hectáreas, se procesaran tres toneladas anualmente, resulta que en los primeros diez años de explotación esa sería la cifra acumulada. Y qué mejor destino que orientar hacia la atención de la salud de los Ciudadanos de Oro que hoy, muy especialmente, la Caja del Seguro no puede atender como lo merecen, por el desfinanciamiento conocido que impide avanzar a la misma tasa de crecimiento que exhibe la población de adultos mayores, en cuanto a nueva infraestructura, personal de salud, materiales y equipos.

Igualmente, es innegable que al conocer donde está ubicado ese rico yacimiento mineral, si los costarricenses no lo aprovechamos como Dios manda, como nos lo dicta la razón, sea con la vocación entreguista que permea el proyecto de ley, o con otros que vendrían, empujados por una municipalidad escasa de visión, que estaría feliz en recibir el 1,2 % del valor total, aunque su población de “Ciudadanos de Oro” (¡y la del resto del país!) sufra por falta de atención médica.

Y es que mientras seguimos viendo cómo delincuentes venidos desde Nicaragua, se roban un poco de ese oro con técnicas artesanales, gracias a la incapacidad policial que debería cumplir su deber, por años nuestros gobernantes han sido incapaces de tomar las decisiones ejecutivas que hubieran permitido estar ya trabajando en la extracción industrial del mineral, y por rebote, acabando con el robo tolerado y el daño ambiental extendido.

Se ha desdeñado, que ante lo innecesario de aprobar proyecto de ley alguno en que se modifique el Código de Minería, pues el Estado no tiene por qué solicitar “concesiones” reservadas para que entes privados puedan usufructuar de bienes y servicios demaniales, el Poder Ejecutivo podría tomar la decisión política de dar los primeros pasos, conducentes a explotar para los mejores hijos de esta querida Patria, esa riqueza localizada en menos de un kilómetro cuadro de los 51.100 kilómetros cuadrados del país, por lo cual no nos convierten en “nación minera” alguna, por lo que nuestro bien ganado prestigio ambiental se mantendría intacto, y cuidado si más bien el proyecto tal y como se concibe, no sería motivo de admiración internacional.

Con el aporte de profesionales costarricenses, entre ellos amigos geólogos con conocimiento en ese tipo de minería, y la colaboración posible de gobiernos de países con tradición minera, como Chile, Brasil, México, República Dominicana…, con los que se podrían gestionar apoyos puntuales, podríamos realizar esa tarea con una adecuada planificación hacia una explotación efectiva a una escala moderada.

En fin, reiteramos la divulgada propuesta del Hospital del Oro, consistente en desarrollar un sistema hospitalario, de alcance nacional, que no debería esperar más, pues caería como una bendición para nuestro prestigioso y solidario sistema nacional de salud, y por supuesto, para la creciente población de adultos mayores que hoy ocupan cerca del 70 % de los espacios en nuestras clínicas, EBAIS y hospitales, ya todos sobrepasados en sus capacidades. Si hace 60 años nos vimos en la necesidad de crear el bendito Hospital Nacional de Niños, pues la tasa de natalidad era una de las más altas del planeta, hoy nuestra tarea ineludible es volver la mirada hacia los ancianos que urgen del merecido buen trato que cada día se hace menos posible de cumplir en nuestro sistema hospitalario estatal.

Si el gobierno tomara la decisión de explotar esas tres toneladas de oro anualmente, se avanzaría por el camino correcto, por una inédita y ejemplar vía costarricense, de innegables beneficios, ¡sin tener que «abrir» el Código de Minería a oreros extranjeros solo interesados en el lucro!

Como consecuencia positiva inevitable, instantánea, al iniciar de las labores en el campo, se resolverían los problemas ambientales y de delincuencia, que hoy reinan en la pequeña localidad fronteriza.

En fin, el bienestar de las abuelitas y abuelitos, de hoy y del mañana, que urgen ser escuchados, ha de tenerse presente a la hora de actuar con generosidad cristiana.

23.2.2026

¿Qué está pasando hoy en los territorios de América Latina?: prender los conflictos socioambientales, las resistencias y la defensa de la vida

Once personas provenientes de nueve países de América Latina, entre académicas y académicos, ex autoridades públicas, activistas socioambientales con amplia trayectoria y representantes de pueblos originarios maya Q’eqchi’, cabécar, Ngäbe-Buglé y maya K’iche’, contribuirán a comprender el actual momento histórico que atraviesa la región, marcado por el avance de los extractivismos, la intensificación de los conflictos territoriales y la criminalización de quienes defienden la vida y los bienes comunes.

Comprender lo que está ocurriendo hoy en América Latina exige ir más allá de los titulares y abrir espacios de intercambio y reflexión colectiva. Escuchar a quienes investigan, enseñan, resisten y habitan los territorios permite construir una mirada crítica sobre las dinámicas extractivas, las disputas por el agua, la tierra y los bienes comunes, así como sobre las múltiples formas de organización y defensa de la vida que emergen desde abajo, en comunidades, pueblos originarios y movimientos socio territoriales.

La región atraviesa una coyuntura socioambiental decisiva y, mediante estas sesiones, se busca responder a interrogantes fundamentales como: ¿cuáles son hoy las principales luchas que se libran en los territorios?, ¿qué amenazas enfrentan las personas defensoras ambientales?, ¿qué significan los derechos de la naturaleza, la memoria ecológica y las respuestas de los pueblos y organizaciones frente a estas ofensivas?

En este contexto, el curso Derechos Ambientales, de la Maestría en Derechos Humanos y Educación para la Paz del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Nacional de Costa Rica, desarrollará un ciclo de siete sesiones abiertas y gratuitas dedicadas al análisis de la actualidad de las problemáticas socioambientales en América Latina. Se trata de conferencias, foros y espacios de diálogo que proponen construir una radiografía crítica de la región a partir de diversos ejes socioambientales.

El ciclo iniciará el 26 de febrero, de 5:00 p. m. a 7:00 p. m., con la sesión El aporte de la memoria en la construcción de una historia ecológica, a cargo de Ramón Vera-Herrera (México), editor, traductor y comunicador, cofundador del suplemento Ojarasca del diario La Jornada y editor de la revista Biodiversidad, Sustento y Culturas, referente clave del pensamiento crítico ambiental en la región.

El 5 de marzo, la sesión Del extractivismo colonial a los extractivismos contemporáneos estará a cargo de Emiliano Terán Mantovani (Venezuela), sociólogo, profesor universitario e investigador en ecología política, actualmente es el facilitador de la red Oilwatch Latinoamérica, instancia con 30 años de resistencia a la actividad petrolera en la región y el Sur global.

El 26 de marzo se desarrollará la sesión Experiencias desde la institucionalidad ambiental en el Gobierno de Colombia, con la participación de Tatiana Roa Avendaño (Colombia), exviceministra, académica e investigadora reconocida por su trabajo en justicia ambiental, conflictos territoriales y políticas públicas, desde una mirada crítica.

Posteriormente, el 23 de abril, se abordará la sesión Génesis, evolución y estado de los Derechos de la Naturaleza en Ecuador, con Esperanza Martínez Yánez (Ecuador), abogada y bióloga, fundadora de Acción Ecológica y una de las principales impulsoras del reconocimiento constitucional de los Derechos de la Naturaleza, con una larga trayectoria en la defensa de los territorios frente al extractivismo petrolero y minero.

El 14 de mayo, la sesión Criminalización de las personas defensoras ambientales en la región contará con la participación de Diana Murcia Riaño (Colombia), abogada y defensora de derechos humanos, con amplia experiencia en el acompañamiento jurídico y político a comunidades criminalizadas por la defensa del territorio en la región andina.

El 21 de mayo se realizará el foro Criminalización, exilio, cárcel y persecución de defensores ambientales en Mesoamérica, con la participación de Ana Laura Rojas (Guatemala), defensora de derechos humanos y comunicadora comunitaria; Bernardo Caal Xol (Guatemala), maestro y defensor del territorio del pueblo maya Q’eqchi’, criminalizado por su lucha en defensa de los ríos; y Adriana Ramírez (El Salvador), activista ecológica y parte del Movimiento Político Rebelión Verde (ReverdES), organización político-ambientalista que articula luchas contra el extractivismo, la criminalización de liderazgos comunitarios y la degradación socioambiental en su país.

Finalmente, el 4 de junio, en el marco del Día Mundial del Ambiente, se llevará a cabo el foro Mujeres de pueblos originarios en defensa de la vida, con la participación de Weny Bagama (Panamá), lideresa del pueblo Ngäbe-Buglé y delegada del Congreso General Ngäbe ; Doris Ríos Ríos (Costa Rica), lideresa del pueblo cabécar de China Kichá y defensora del territorio; y Sebastiana Par Álvarez (Guatemala), autoridad ancestral maya K’iche’, ajq’ij (guía espiritual maya) y defensora de los territorios indígenas y la vida comunitaria.

Las sesiones se transmitirán en vivo a través del canal de YouTube del Instituto de Estudios Latinoamericanos IDELA (https://www.youtube.com/@infolatinoidela262), los jueves señalados, en horario de 5:00 p. m. a 7:00 p. m., y estarán abiertas a todo público. Este espacio formativo y de diálogo ha sido posible gracias al apoyo de la Fundación Heinrich Böll – Oficina Guatemala, la Internacional de la Educación (IE) y el Programa Kioscos Socioambientales de la Universidad de Costa Rica.

Este esfuerzo busca llevar el análisis no solo a la población estudiantil universitaria, sino también al público en general, ampliando el acceso al debate informado sobre los conflictos y las resistencias que atraviesan nuestros territorios, desde las voces y experiencias de quienes los habitan, los defienden, los piensan y los construyen cotidianamente.

Parlamento Cívico Ambiental y múltiples organizaciones presentan Manifiesto Ambiental Ciudadano de cara a las elecciones del 1 de febrero

El Parlamento Cívico Ambiental con sus 37 organizaciones, junto a múltiples organizaciones ambientales, sociales, académicas y comunitarias, presentó hoy públicamente el Manifiesto Ambiental Ciudadano, un llamado urgente a la conciencia nacional ante las decisiones que el país tomará en las elecciones del próximo 1 de febrero de 2026.

El manifiesto advierte sobre el acelerado debilitamiento de la institucionalidad ambiental, la erosión regulatoria, la presión extractivista sobre territorios y bienes comunes, y el riesgo real de un retroceso histórico en materia de política ambiental. Al mismo tiempo, subraya que aún existe una oportunidad democrática para elegir un rumbo distinto, basado en evidencia, fortalecimiento institucional y protección efectiva del patrimonio natural.

El documento se sustenta en un estudio independiente elaborado por la Asociación ARTES-JUSTECO, presentado por el Parlamento Cívico Ambiental, que evaluó los programas de gobierno de los partidos políticos mediante 50 indicadores en 13 categorías temáticas, con base en el Capítulo 4 del Informe Estado de la Nación. Los resultados evidencian diferencias sustantivas entre las propuestas partidarias y permiten a la ciudadanía votar de manera informada.

“El país no está eligiendo únicamente un gobierno, está decidiendo el futuro de su biodiversidad, sus costas, sus bosques, su agua y la solidez de su democracia ambiental”, señala el manifiesto. “Sin ambiente no hay economía, sin agua no hay salud y sin instituciones fuertes no hay conservación”.

El Parlamento Cívico Ambiental y las organizaciones firmantes hacen un llamado directo:

  • A la ciudadanía, a informarse y votar con base en evidencia, no en discursos vacíos.
  • A los medios de comunicación, a exigir definiciones claras a las candidaturas sobre erosión regulatoria, apropiación de bienes comunes y financiamiento de la institucionalidad ambiental.
  • A los partidos políticos, a asumir que sus compromisos serán observados y evaluados después del proceso electoral.

El manifiesto permanece abierto a la adhesión de organizaciones y personas del sector ambiental, académico, social y productivo comprometido con la sostenibilidad, con el objetivo de que el ambiente ocupe un lugar central en la agenda electoral. Puede firmarse en: https://c.org/ch8L2SwGwR.

“El 1 de febrero no se vota solo por un período de gobierno. Se vota por el tipo de país que heredarán las próximas generaciones”, concluye el documento.

Organizaciones firmantes dentro y fuera del Parlamento Cívico Ambiental

ACEPESA
ACOS
ADI Magnolias
ARCAA
ARTES-JUSTECO
ASECOBI
Asociación Plataforma Organizaciones de la Sociedad Civil por los Objetivos de Desarrollo Sostenible
Asociación. Belén Sostenible
Asociación Costarricense de Movilidad Eléctrica (ASOMOVE)
Asociación de Movilidad Activa y Sostenible Pedal
Asociación Mujeres AMICREO
Cruzando Fronteras.
Cruzando Fronteras.
Defensoría del Pescador Artesanal
Escuela Socioambiental Caraigres
For the Oceans Foundation
FORTECH S.A.
Frente por la Vida
Frente Mario Biza por las Áreas Silvestres Protegidas
Fundación Arboles y Vida
Fundación Laberinto
Fundación OneSea
Fundación Sombrilla del Bosque
Fundación XTREM@S
La Ruta del Clima
Movimiento Ciudadano Pymes
Movimiento Laudato Si
Natural Packing
OCA Quebrada Barreal
OCA Río Cañas
Pastoral Ecológica La Soledad
Programa de Gestión Local – UNED
Asociación Promoción Claretiana para el Desarrollo
Colectivo RASA
Red Costarricense de Reservas Naturales
Red de Juventudes y Cambio Climático
Universidad de Costa Rica.
Universidad Nacional

Puede descargar el Manifiesto desde SURCOS:
https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2026/01/Manifiesto-Ambiental-Elecciones-2026-VR.pdf

Balance socio ambiental 2025

Por Mauricio Álvarez Mora
Docente UNA

Coordinador del Proyecto Geografía y Diálogos de Saberes de la Escuela de Geografía y el Programa Kioscos Socioambientales de la UCR.

Retrocesos, resistencias y nuevas articulaciones desde los territorios

El balance ambiental del año 2025 puede leerse desde tres dimensiones: los retrocesos y amenazas, los avances logrados pese a un contexto adverso, y los hechos más significativos que marcaron la agenda socioambiental. Este análisis parte del acompañamiento sostenido a comunidades, organizaciones sociales y territorios que hemos realizado en la acción social de la Universidad de Costa Rica desde el Proyecto Geografía y Diálogos de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios comunitarios de Costa Rica.

Un panorama negativo: retrocesos democráticos y violencia estructural. En términos generales, el balance ambiental del 2025 es sombrío y preocupante. Costa Rica atraviesa un grave retroceso en derechos humanos y sociales que tiene consecuencias directas sobre la agenda ambiental. El aumento sostenido de la violencia, junto con la expansión y arraigo del narcotráfico, se manifiesta con especial crudeza en territorios rurales, costeros y transfronterizos. Durante este año quedó expuesta, por ejemplo, una preocupante triangulación entre estructuras del narcotráfico y actores dentro de INCOPESCA, evidenciando la penetración del crimen organizado en instituciones públicas claves. Este tipo de relaciones es evidente en la actividad minera ilegal entre Crucitas y Abangares.

A este contexto se suma la emergencia de nuevas formas de movilización social que buscan romper la parálisis reforzada por un gobierno autoritario y negacionista. El tejido social aparece fragmentado y desmovilizado, atravesado por el miedo, el cansancio y la apatía, lo que limita la capacidad de respuesta colectiva.

La violencia se reproduce además gracias a la impunidad y a discursos profundamente polarizantes que legitiman la hostilidad frente a cualquier forma de disenso. Este clima se expresa en un discurso abiertamente ecocida, sostenido tanto por el presidente como por sectores empresariales. Ya en 2024 se había registrado un aumento en la criminalización y los ataques contra organizaciones socioambientales; en 2025 esta tendencia continuó, materializándose en demandas judiciales contra personas comunicadoras e influencers, así como en múltiples expresiones de violencia simbólica dirigidas contra defensoras y defensores ambientales.

Avances y resistencias: frenar el retroceso y construir alternativas. En medio de este escenario adverso, el año también dejó elementos positivos. Aunque persiste una parálisis en la movilización social masiva, a nivel legislativo la sociedad organizada, en articulación con partidos de oposición, sectores académicos y diversos movimientos sociales, logró frenar varias reformas regresivas. Entre ellas destacan los intentos de privatización del ICE, modificaciones orientadas a desproteger la Zona Marítimo-Terrestre y una serie de proyectos mineros que habrían significado un retroceso histórico para el país.

En el plano del debate público, se lograron avances importantes en la disputa de ideas. Se consolidó el rechazo social a la exploración petrolera y de gas, y se amplió la discusión crítica sobre los impactos de la gentrificación y la turistificación. En este contexto, se realizó el primer Encuentro Nacional y se conformó la Red de Mujeres Costeras y Rurales, una articulación inédita que conecta luchas locales en territorios como Guanacaste, Caribe, Talamanca y Puntarenas.

Esta red, de carácter horizontal y autónomo, está construyendo una agenda innovadora que articula organizaciones feministas, rurales, indígenas y populares, demostrando que, pese al desgaste social, siguen emergiendo nuevas formas de organización para la defensa de los bienes comunes.

Frente a los procesos de criminalización y violencia contra activistas, también se registraron avances significativos. La Universidad de Costa Rica aprobó el acuerdo CU-19-2024, que establece la realización anual, cada 7 de diciembre, de actividades institucionales en homenaje a las personas asesinadas por defender el derecho a un ambiente sano. En 2025, esta conmemoración reconoció a un amplio grupo de lideresas, líderes comunitarios, organizaciones y activistas que actualmente enfrentan amenazas, criminalización y persecución vinculadas a proyectos extractivos y políticas de despojo en territorios como Playa Pelada, la Fila Costeña, Punta Pelencho, Térraba, el Humedal de Coris, Cipreses de Oreamuno, Playa Cabuyal, Caribe Norte, Miramar y Belén.

Asimismo, el 22 de abril se llevó a cabo un acto de reconocimiento a personas y comunidades que defienden la vida frente a las amenazas contra la naturaleza, reforzando la dimensión simbólica y política de estas luchas.

Las alertas por la seguridad del defensor indígena Pablo Sibar, los pronunciamientos colectivos y diversas acciones de denuncia y visibilización evidencian una capacidad de reacción social rápida y articulada, con aprendizajes acumulados que resultan especialmente valiosos en un contexto de violencia estructural y creciente criminalización socioambiental.

Lo más destacado del año: agua, corrupción y disputas territoriales. El hecho más grave y determinante del año fue la reforma al Reglamento de Agua Potable, uno de los retrocesos más profundos en materia de salud ambiental de las últimas décadas. Esta modificación desmanteló el paradigma basado en el principio de precaución y lo sustituyó por un enfoque permisivo que favorece la contaminación y beneficia directamente a la industria de los plaguicidas. Todo ello ocurrió pese a una oposición amplia y sólida por parte de sectores académicos, regulatorios, científicos, especialistas, institucionales y socioambientales, que se pronunciaron de manera contundente y documentada.

Este retroceso se inserta en un clima de violencia política que facilita el avance de la corrupción, la parálisis institucional y la reducción presupuestaria de entidades clave como el SINAC y el MINAE. Durante el año, la Contraloría General de la República evidenció prácticas y omisiones graves en SETENA, particularmente en zonas costeras, que reflejan un relajamiento selectivo de sus funciones en límites que rozan la corrupción, precisamente en la institución encargada de garantizar el derecho constitucional a un ambiente sano.

Paralelamente, tomó fuerza una movilización social amplia y diversa en torno a la turistificación y la gentrificación. Más allá del debate público, estas tensiones se expresaron de forma concreta en los territorios: desalojos en Playa Pelada; críticas al modelo de “república independiente” en Papagayo; oposición al Plan Regulador de Talamanca; denuncias por la destrucción del Refugio Gandoca–Manzanillo, Playa Negra,  defensa de Punta Pelencho en Brasilito; y el fortalecimiento de las luchas en la Fila Costeña, entre muchas otras. Prácticamente todas las regiones costeras del país registraron acciones de articulación y resistencia comunitaria.

Finalmente, se consolidaron luchas temáticas a lo largo del territorio nacional: resistencia contra nuevos rellenos sanitarios, Ojochal, Rio San Juan, Abangares, Pacifico Central, ,Caribe Norte, defensa de espacios naturales como el Parque Ross y el Santuario del Agua en Belén; protección de ríos como el Ario, el Frío y el Guacimal frente al extractivismo; y defensa de arrecifes como El Chino en Puerto Viejo y Jícaro en Bahía Culebra.

El 2025 deja así un balance marcado por fuertes retrocesos institucionales, pero también por resistencias persistentes y nuevas articulaciones sociales que mantienen viva la defensa de los territorios, el agua y los bienes comunes en Costa Rica.

Programa Kioscos Socioambientales
Universidad de Costa Rica

Tinku del Maíz – Remix

Do Not, Fabián Pacheco y Marcelo Bergés

Una coproducción de ARBOLCLUB.COM y CANTOS DE BATALLA

  • Este viernes 12 de diciembre (tentativo) se ha publicado la canción y el videoclip del TINKU DEL MAÍZ (remix) en todas las plataformas digitales.

  • Una propuesta audiovisual desde la música electrónica que reivindica la relación de los pueblos originarios con el maíz y sus luchas por la defensa de sus bienes comunes, la tierra y la autonomía. Es una metáfora del poderoso efecto del trabajo en comunidad para crear bienestar e independencia.

El TINKU DEL MAÍZ (remix) nace del trabajo colaborativo de los músicos electrónicos y artistas y audiovisuales Do Not, Marcelo Bergés y Laura Garrigues, basados en la pieza original del ecologista y cantautor Fabián Pacheco (publicada en el disco Cantos de Batalla Vol. 2).

El Tinku del Maíz (remix) es una invitación para quienes quieran unirse en coro, cuerpo y lucha en la defensa de la sagrada ecología y sus pueblos ancestrales.

Sobre el videoclip de TINKU DEL MAÍZ (remix):

De la mano del reconocido dirigente Brörán Pablo Sibar, que aparece en el video con su familia, presentamos un audiovisual que reivindica la lucha indígena por recuperar sus territorios ancestrales en Costa Rica.

Este video simboliza la combinación de la música electrónica con una dirigencia indígena que sabe defender sus territorios, sus semillas, sus bienes comunes y sus tradiciones culturales.

Es una creación que entregamos para manifestar que las personas indígenas recuperadoras de territorio ancestral no están solas y que desde la música visibilizamos su presencia, lucha y resistencia reivindicando la milpa, las semillas y sobre todo la lucha indigenista y ecologista que históricamente han estado siempre juntas en Costa Rica defendiendo la vida.

El videoclip del Tinku del Maíz (remix) es el producto de coordinación y trabajo de campo para capturar la trascendencia de la cotidianidad de las comunidades indígenas costarricenses de Rey Curré y de la recuperación de tierras en el territorio indígena de Térraba.

Gracias a la cooperación y, sobre todo, complicidad de compañeras y compañeros indígenas de estos territorios se lleva a la pantalla una fotografía en movimiento que permite apreciar los bellos tejidos Brunca del territorio de Rey Curré -así como las máscaras de madera de la comunidad Brörán- entre maizales en crecimiento y la reforestación en la recuperación de tierras en San Andrés territorio indígena de Térraba.

La voz de Fabián Pacheco canta letras que enfatizan el compromiso ambiental, social y político del movimiento ecologista costarricense, en diálogo con las voces y memoria de innumerables líderes y lideresas de distintas comunidades que han estado al frente de importantes luchas en nuestros territorios.

Tinku del Maíz (remix) es una creación colectiva por:

Fabián Pacheco Rodríguez: composición y voz

Ernesto Bolaños y Marcelo Berges: producción musical

Laura Garrigues: Dirección de fotografía y edición del video

Con la participación especial de:

Ramón Vera Herrera, Voz en la introducción, Ramón es editor y narrador que ha sido colaborador de la organización internacional GRAIN y es editor de la Revista Ojarasca del Diario La Jornada desde su fundación. Edita la revista Biodiversidad, Sustento y Culturas desde hace 18 años y es un destacado integrante de la Red en Defensa del Maíz en México y de la Alianza Biodiversidad.

Y cuenta con elementos de la grabación original de los músicos:

Alexis Boris Vásquez Pasto: ronroco, charango, zampoñas y quena

Javier Alvarado Vargas: bajo eléctrico y coros

Anyul Arévalo Acosta: bombo leguero y semillas

Oscar Jiménez Fernández: charango

Mila Acuña Cartín: coros

Fernando Calvo Flores: coros

Gabs Jiménez: coros

Finalmente, la pieza fue mezclada por Hannes Bieger y masterizada por Brian Sanhaji en Calyx Berlín.

Especial Agradecimiento:

A compañeras y compañeros de comunidades de Térraba y Rey Curré: Pablo Sibar, Bianca Castro Leiva, Cecilia Leiva Rojas, Jorge Sibas, Pablo Sibas, Móhüa, Violeta Nájera Leiva, Pablú Dbondi Nájera Leiva y Paolo Nájera Rivera

Para más información:

cantosdebatalla@gmail.com

info@donot.tv

www.arbolclub.com

DISPONIBLE AQUÍ:

Hospital sin Paredes: una historia vigente de salud comunitaria

Observatorio de Bienes Comunes

El Hospital sin Paredes sigue siendo una de esas experiencias que nos recuerdan que la salud nace en la comunidad. Hoy compartimos una reedición histórica y dos entrevistas con Enid Cruz que nos ayudan a volver sobre esa memoria viva y necesaria.

¿Por qué leer y ver este material?

* Porque muestra cómo la salud se construyó caminando con la gente, no desde un escritorio.

* Porque recuerda la visión del Dr. Ortiz y su apuesta por un modelo cercano, humano y participativo.

* Porque ofrece aprendizajes para pensar hoy los bienes comunes sociales: participación, organización y soluciones colectivas.

* Porque esta historia sigue siendo una brújula para defender una salud pública que escuche y responda a las comunidades.

* Porque necesitamos volver a experiencias que demostraron que otro modelo de atención sí era —y es— posible.

Una memoria que sigue iluminando el presente.

Leé la nota y mirá los videos aquí:

https://bienescomunes.fcs.ucr.ac.cr/hospital-sin-paredes-una-historia-vigente-de-salud-comunitaria/

¿Qué país imaginan los planes de gobierno cuando hablan de ambiente?

Observatorio de Bienes Comunes

Después de revisar propuestas y planes de gobierno, descubrimos que caminar entre sus nociones de “naturaleza”, “recursos” o “desarrollo” fue casi como atravesar Mordor e Isengard: promesas verdes que se derriten, extractivismos disfrazados, silencios sobre comunidades y territorios que casi nadie menciona.

Preparamos un cuaderno de estudio para leer críticamente el debate ambiental electoral en Costa Rica:

– ¿Cómo se nombra la naturaleza?

– ¿Qué ideas se repiten en todos los colores políticos?

– ¿Qué megaproyectos avanzan sin discusión?

– ¿Dónde quedan los bienes comunes, las comunidades y la vida?

– ¿Qué tensiones muestra el país cuando se mira más allá del discurso?

No es para promover partidos, sino para pensar, contrastar e interpelar lo que se nos presenta como “desarrollo”.

Léalo aquí:
https://bienescomunes.fcs.ucr.ac.cr/entre-mordor-e-isengard-una-lectura-critica-de-los-planes-de-gobierno-desde-los-bienes-comunes-cuaderno-de-estudio/

La responsabilidad social de los medios y la urgencia de un criterio humano y social sobre las frecuencias de Radio y Televisión

Conferencia Episcopal de Costa Rica

Como obispos, no pretendemos intervenir en disputas técnicas ni económicas. Pero sí tenemos el deber pastoral de iluminar, desde la ética cristiana, aquellas decisiones públicas que pueden afectar el tejido social, la libertad de expresión y el acceso de los ciudadanos a una comunicación verdaderamente plural. La discusión actual sobre la subasta de las frecuencias de radio y televisión no es un asunto menor. No hablamos simplemente de un bien comercial, sino de un recurso público que sostiene la vida democrática del país.

La doctrina social de la Iglesia enseña que los bienes comunes deben administrarse de modo que beneficien al conjunto de la sociedad y no únicamente a quienes tienen mayor capacidad económica. Cuando un Estado decide asignar frecuencias solo bajo criterios de recaudación o competencia financiera, corre el riesgo de reducir la comunicación a un mercado, olvidando su dimensión social, cultural y espiritual. Un país no puede permitirse que las frecuencias queden determinadas exclusivamente por la lógica del capital.

Por eso creemos que es necesario repensar el criterio de subasta. No se trata de oponerse por principio a los mecanismos modernos de administración pública, sino de recordar que la comunicación tiene un valor que no cabe en una planilla contable. La asignación de frecuencias debería considerar también la trayectoria de servicio, la contribución al bien común, el impacto educativo, la promoción de valores, la representación de comunidades locales y minoritarias, y la preservación de espacios que no responden al lucro, sino a la misión.

La radio y la televisión católica —como otras comunitarias, culturales o de servicio público— no existe para competir con nadie. Existe para servir. Su aporte no se mide por ingresos, sino por la cantidad de conciencia que despierta, por el acompañamiento espiritual que brinda, por la palabra de consuelo que ofrece, por el alivio que llega a quienes viven solos, enfermos o en zonas rurales. ¿Debe extinguirse ese servicio simplemente porque otro actor puede pagar más por una frecuencia? Sería una victoria económica pero una derrota moral para el país.

Del mismo modo, reconocemos y valoramos el aporte de los medios no confesionales, sean nacionales, comunitarios, culturales, educativos o independientes. Ellos también cumplen una misión social insustituible: dar voz a quienes no la tienen, acompañar procesos locales, fortalecer la identidad cultural y abrir espacios de diálogo ciudadano. La pluralidad comunicativa se sostiene en la diversidad de proyectos que, desde distintas convicciones y perspectivas, enriquecen la vida democrática. Defender su existencia es defender la posibilidad de que Costa Rica escuche todas sus voces, no solo las que provienen del poder económico.

La libertad de expresión no se protege solo evitando la censura; también se protege garantizando condiciones para que existan voces diversas. Una sociedad donde sobreviven únicamente los medios con más recursos económicos es una sociedad que escucha menos, que aprende menos, que dialoga menos.

Por eso hacemos un llamado respetuoso y firme: no reduzcamos las frecuencias al mejor postor. Pensemos un modelo que reconozca la dimensión humana y social de la comunicación. El país ganará más asegurando pluralidad que maximizando ingresos.

Cuidar las frecuencias no es cuidar a una institución. Es cuidar el derecho de nuestro pueblo a una palabra libre, diversa, responsable y profundamente humana.

Javier Román Arias
Obispo de Limón
Presidente de la Conferencia Episcopal de Costa Rica

Costa Rica retrocede en gestión ambiental: Estado de la Nación 2025

Observatorio de Bienes Comunes

Desde el Observatorio compartimos nuestro análisis sobre la situación ambiental del país, basado en el capítulo 4 del Informe Estado de la Nación. Los hallazgos muestran retrocesos significativos en la gestión ambiental de Costa Rica y un debilitamiento de los bienes comunes que debería preocuparnos a todos.

Algunos puntos clave del análisis:

🔹 Reformas regresivas: cambios normativos que reducen la protección del agua potable, flexibilizan el registro de plaguicidas y aumentan la presión turística en áreas protegidas.

🔹 Debilitamiento del Sinac: recortes presupuestarios, pérdida de personal y mayor centralización del poder ambiental en el Minae.

🔹 Conflictos territoriales: casos como Gandoca-Manzanillo y el Pacífico Norte muestran privatización de facto del litoral, presiones del turismo e inequidad en el acceso al agua.

🔹 Tendencia crítica: el país transita de un enfoque ambiental público a uno orientado por intereses privados, afectando el acceso a la costa, al agua y a la biodiversidad.

Este análisis aporta claves importantes para comprender el rumbo socioambiental del país y la defensa de los bienes comunes. 🌎💧

👉 Lea la nota completa aquí:
https://bienescomunes.fcs.ucr.ac.cr/costa-rica-retrocede-en-gestion-ambiental-decisiones-gubernamentales-erosionan-los-bienes-comunes-estado-de-la-nacion-2025/

Defender la vida no es delito

En Costa Rica crece un peligro silencioso: la estigmatización de quienes cuidan la naturaleza.

El reciente ataque contra Randall Arauz y Walter Brenes no es un hecho aislado, sino parte de una tendencia que busca convertir la defensa ambiental en sospecha.

Esta nota del Observatorio de Bienes Comunes (UCR) analiza cómo se usan los discursos, la desinformación y el Poder Judicial para deslegitimar a quienes defienden los bienes comunes —el agua, los mares, la tierra, la vida misma—.

“Las personas defensoras son la última línea de contención frente a un modelo que convierte todo en mercancía, incluso la vida.”

Leé la reflexión completa aquí:
https://bienescomunes.fcs.ucr.ac.cr/defender-la-vida-no-es-delito-patrones-de-estigmatizacion-y-criminalizacion-contra-quienes-cuidan-la-naturaleza/