El pasado 14 de marzo se realizó una jornada de limpieza en el Río Tacares, en Grecia, en el marco del Día Internacional de Acción por los Ríos. La actividad reunió a organizaciones comunitarias, instituciones, estudiantes y personas voluntarias comprometidas con el cuidado del agua y de los territorios.
En esta nota compartimos algunos aprendizajes y reflexiones que dejó la jornada:
* La importancia de la articulación entre comunidades, organizaciones e instituciones para cuidar los ríos.
* La problemática de los basureros informales, que terminan contaminando quebradas y cuencas.
* El valor de estas jornadas no solo para limpiar, sino también para generar conciencia y encuentro comunitario.
* La necesidad de fortalecer la corresponsabilidad en la gestión de residuos y el cuidado del agua como bien común.
* La invitación a continuar participando en nuevas jornadas de acción por los ríos en la región de Occidente.
La actividad busca generar un espacio de memoria y reflexión sobre el legado de la defensora lenca y las luchas actuales por la defensa de los territorios y los bienes comunes.
Al cumplirse diez años del asesinato de la lideresa indígena lenca Berta Cáceres, diversas organizaciones invitan a un espacio de memoria, encuentro y conversación colectiva que incluirá la proyección del documental Las semillas de Berta Cáceres. La actividad busca reflexionar sobre la vigencia de su lucha y el impacto que su legado continúa teniendo en las resistencias comunitarias frente al extractivismo y el colonialismo en América Latina.
El encuentro se realizará el miércoles 25 de marzo a las 5:30 p.m. en el Departamento Ecuménico de Investigaciones (DEI), en Sabanilla de Montes de Oca, del supermercado Max X Menos 50 metros oeste y 75 metros norte. La actividad está abierta al público y busca propiciar un espacio de memoria colectiva y conversación sobre lo que la lucha de Berta sigue sembrando hoy en los territorios: aprendizajes, inspiraciones y desafíos para continuar defendiendo la vida, la justicia ambiental, los territorios y los bienes comunes.
El documental “Las semillas de Berta Cáceres” relata la historia de Berta Cáceres, ambientalista, feminista y defensora de derechos humanos que participó en la fundación del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, organización que ha acompañado durante décadas la defensa de los derechos del pueblo lenca en Honduras. Por su liderazgo en la defensa del río Gualcarque y la oposición a proyectos hidroeléctricos en territorios indígenas, Cáceres recibió en 2015 el Goldman Environmental Prize, considerado el máximo reconocimiento mundial para activistas ambientales.
El documental es resultado de un trabajo conjunto entre Contrast Journalist Group, Entrepueblos y el COPINH, realizado gracias a la beca europea DEV REPORTER, que promueve la colaboración entre periodistas, comunicadoras populares y organizaciones de cooperación solidaria.
Berta Cáceres fue asesinada el 2 de marzo de 2016 en su casa en La Esperanza, Honduras, después de años de recibir amenazas por su oposición al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca. Su asesinato generó una amplia condena internacional y puso en evidencia una compleja red de intereses empresariales y financieros vinculados al proyecto, que incluía empresas privadas y entidades financieras de América Latina y Europa.
En los movimientos sociales de la región, su asesinato es recordado como “la siembra de Berta”, una forma de expresar que su legado continúa inspirando luchas por la defensa de los territorios, los ríos y los derechos de los pueblos indígenas.
La actividad es organizada por el Departamento Ecuménico de Investigaciones con el apoyo de Código Sur, La Colectiva por el Derecho a Decidir, Bloqueverde, El Programa Kioscos Socioambientales de la UCR y el Proyecto Geografía y Diálogos de Saberes (ED-3526) de la Escuela de Geografía de la UCR.
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Con apoyo de proyecto ED-3526 Geografía y Diálogos de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios comunitarios de Costa Rica de la Escuela de Geografía y el Programa Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social Universidad de Costa Rica.
• Pronunciamiento advierte que el proyecto de ley (Expediente N.º 22.553) debilita la protección ambiental, favorece la privatización de playas y podría acelerar el despojo de comunidades costeras. • Organizaciones alertan que el trámite se acelera en la Asamblea Legislativa y solicitan una reunión con el presidente y las jefaturas de fracción.
Un total de 70 organizaciones sociales y más de 170 personas firmantes manifestaron públicamente su rechazo al proyecto de reforma integral a la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre (Expediente N.º 22.553), que actualmente se tramita en la Asamblea Legislativa, al considerar que representa un grave retroceso en la protección de las costas, los ecosistemas y los derechos de las comunidades.
Las organizaciones firmantes, vinculadas a la defensa ambiental, comunidades costeras, organizaciones sociales y la academia, advierten que el proyecto abre la puerta a mayores procesos de privatización del litoral y al debilitamiento de los controles públicos sobre este bien demanial.
“En un contexto en el que las zonas costeras se han convertido en un gran atractivo para la inversión inmobiliaria y turística, es urgente fortalecer la legislación para asegurar playas para todas y todos y un desarrollo costero justo y sostenible, que no repita la historia del enclave bananero: explotación de la naturaleza y de las personas a cambio de migajas”, señala el pronunciamiento.
Las organizaciones recordaron que anteriormente más de 70 organizaciones y la Universidad de Costa Rica ya habían advertido sobre los riesgos de iniciativas similares, como el expediente 23.148, por sus implicaciones sociales, ambientales y jurídicas.
El pronunciamiento sostiene que, aunque la propuesta habla de “ordenamiento”, en realidad plantea una regulación orientada principalmente a facilitar el desarrollo turístico e inmobiliario.
Según las organizaciones firmantes, la reforma flexibiliza los requisitos de las concesiones en la Zona Marítimo Terrestre e incluso autoriza usos privativos dentro de la zona pública, como la ocupación de playas con mobiliario o infraestructura para fines comerciales.
“Esta reforma pretende legalizar muchas prácticas irregulares que se han venido dando en las costas del país. Bajo el discurso del ordenamiento, en realidad se promueve una flexibilización que favorece intereses turísticos e inmobiliarios sobre el carácter público de las playas”, advierten.
El documento también alerta sobre el debilitamiento de las regulaciones ambientales, particularmente en ecosistemas estratégicos como los manglares.
“Los manglares cumplen funciones vitales como barreras naturales frente a la erosión costera y el aumento del nivel del mar. Debilitar su protección en un contexto de crisis climática sería un grave retroceso ambiental”, señalan.
Diversos estudios, incluyendo informes del Estado de la Nación, han documentado que los manglares son uno de los ecosistemas que mayor pérdida de cobertura han sufrido en las últimas décadas, principalmente debido a desarrollos turísticos y actividades agropecuarias.
Centralización y debilitamiento del control público
Las organizaciones también cuestionan que el proyecto otorgue un papel central al Instituto Costarricense de Turismo (ICT) en la rectoría del ordenamiento costero.
“Esta reforma subordina las competencias municipales al ICT, una institución que históricamente ha priorizado los intereses del sector turístico empresarial y que no tiene mandato ni capacidades para gestionar los conflictos socioambientales en las zonas costeras”, indica el comunicado.
Otro de los principales cuestionamientos al proyecto es que podría acelerar procesos de gentrificación y desplazamiento de comunidades locales que históricamente han habitado estos territorios.
“Las comunidades afrodescendientes, indígenas y de pescadores artesanales han desarrollado sus formas de vida en relación con la costa mucho antes del auge del turismo. Sin mecanismos de protección diferenciados, esta reforma puede profundizar su desplazamiento”, advierten.
Ante estos riesgos, las organizaciones firmantes solicitan el archivo inmediato del expediente N.º 22.553 y la apertura de un proceso amplio de discusión sobre el futuro del régimen de la Zona Marítimo Terrestre.
“Costa Rica no necesita más zonas de sacrificio costero, sino un marco jurídico que garantice justicia ambiental y territorial. La zona marítimo terrestre es un bien común de todas las personas, no un negocio para unos pocos”, concluye el pronunciamiento.
Posterior a las elecciones, diversas organizaciones alertan que se ha intentado acelerar el trámite del proyecto para agotar las mociones pendientes y forzar su aprobación. Ante esta situación, han solicitado una reunión con la Presidencia de la Asamblea Legislativa y las jefaturas de fracción, con el fin de que se escuche a las comunidades costeras y se abra un espacio de diálogo sobre los impactos que esta reforma podría tener en los territorios y ecosistemas del litoral.
Con apoyo de proyecto ED-3526 Geografía y Diálogos de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios comunitarios de Costa Rica de la Escuela de Geografía y el Programa Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social Universidad de Costa Rica.
Diversas organizaciones sociales, ambientales y comunitarias lanzaron una alerta urgente ante lo que califican como un intento de acelerar el trámite legislativo del proyecto de ley expediente N.º 22.553, que propone una reforma integral a la Ley N.° 6043 sobre la Zona Marítimo Terrestre (ZMT).
Según las organizaciones firmantes de un pronunciamiento público, el proyecto —que actualmente se discute en la Asamblea Legislativa— podría legalizar usos privativos en espacios públicos costeros, debilitar la protección de ecosistemas sensibles como los manglares y favorecer procesos de despojo y desplazamiento de comunidades costeras.
Las agrupaciones advierten que el proyecto se estaría impulsando mediante un procedimiento acelerado para agotar mociones y forzar su aprobación, lo que limitaría el debate público sobre una reforma que consideran de alto impacto ambiental, social y territorial.
Riesgos para ecosistemas costeros y bienes públicos
El pronunciamiento sostiene que la reforma planteada permitiría flexibilizar el régimen de concesiones y habilitar usos comerciales en zonas que actualmente son públicas, incluyendo permisos para instalar infraestructura o servicios turísticos en espacios que forman parte del patrimonio natural del Estado.
Uno de los aspectos que más preocupa a las organizaciones es el debilitamiento de las regulaciones que protegen ecosistemas estratégicos como los manglares, considerados barreras naturales frente a fenómenos asociados al cambio climático, como la erosión costera o el aumento del nivel del mar.
Diversos estudios citados por las organizaciones señalan que los manglares han sufrido una importante pérdida de cobertura en las últimas décadas, especialmente debido a desarrollos turísticos, agropecuarios y expansión inmobiliaria.
Centralización institucional y debilitamiento del control público
Otro de los cuestionamientos al proyecto se refiere al rol ampliado que asumiría el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) en la rectoría del ordenamiento de la zona marítimo terrestre.
Según las organizaciones, esta centralización podría debilitar la autonomía municipal y reducir los controles democráticos sobre el manejo del litoral, al concentrar decisiones en una institución cuya función principal ha estado vinculada al desarrollo turístico.
Asimismo, advierten que el proyecto reduce controles legislativos sobre áreas marítimas y territorios insulares, e incluso elimina referencias explícitas al dominio estatal sobre territorios como la Isla del Coco.
Impactos sociales en comunidades costeras
El pronunciamiento también alerta sobre los posibles efectos sociales de la reforma, particularmente en comunidades afrodescendientes, indígenas y de pescadores artesanales que históricamente han habitado las zonas costeras.
Según las organizaciones firmantes, el proyecto podría profundizar procesos de turistificación, gentrificación y concentración del acceso a la tierra en manos de intereses inmobiliarios o turísticos, sin establecer mecanismos claros de protección para las comunidades locales.
En ese sentido, señalan que la iniciativa no incorpora mecanismos de participación ciudadana en el ordenamiento territorial costero, ni establece medidas diferenciadas que protejan los derechos colectivos de las comunidades que dependen de estos territorios.
Llamado a archivar el proyecto y abrir un proceso participativo
Ante este escenario, las organizaciones firmantes solicitan el archivo inmediato del expediente legislativo N.º 22.553 y plantean la necesidad de abrir un proceso amplio, participativo y técnicamente sustentado para discutir cualquier reforma al régimen jurídico de la zona marítimo terrestre.
Entre las organizaciones que respaldan el pronunciamiento se encuentran colectivos comunitarios, agrupaciones ambientales, redes de mujeres, organizaciones afrodescendientes, observatorios de derechos humanos y asociaciones vinculadas con la defensa del litoral y los bienes comunes.
Las agrupaciones reiteran que la zona marítimo terrestre constituye un bien público de todas las personas, por lo que cualquier modificación legal debe garantizar la protección ambiental, el acceso público y la justicia territorial.
Invitan a organizaciones sociales, colectivos y ciudadanía interesada a sumarse al pronunciamiento y firmar el documento.
Y de los adultos mayores de su familia. Está enterrado, todo el mundo sabe dónde, es imposible guardarlo y es un sinsentido regalarlo.
El yacimiento de oro en Crucitas, por muchas razones, es único, fue como encontrar una aguja en un pajar, muy bien conocido desde hace unos 20 años, en que se ubicó al explorar la zona, por el frustrado concesionario canadiense Infinito Gold. Por tanto, los posibles concesionarios que participarían en una anunciada exploración por invitación, sabrían que el trabajo mayor ya fue ejecutado y que seguramente tendrían acceso a una información que, literalmente, “vale oro”.
Importante recordar que, por aprobación unánime de la Asamblea Legislativa votada en diciembre del 2010, en Costa Rica no se pueden otorgar concesiones a corporaciones extranjeras, que, con o sin las ocurrentes «subastas» de que ahora se habla, eventualmente, si se eliminara tal prohibición, terminarían llevándose el oro hacia el extranjero, donde solo el 5 % del valor total del oro extraído quedaría en nuestro país, mientras el 95 % caería en destinos foráneos. O sea, por cada millón de dólares del oro explotado, novecientos cincuenta mil serían para la compañía minera «premiada» con el eventual contrato entreguista que las mantiene en espera paciente.
Por ello nos dirigimos a los estimables señores diputados dispuestos a escuchar, para que, por prudencia y patriotismo, consideren que lo aprobado en la llamada “subcomisión Alajuela”, no es equiparable a la donación de un lote municipal a una asociación comunal, sino que más bien, estamos ante ¡el mayor yacimiento de oro conocido y evaluado en territorio costarricense!, y como todos los recursos del subsuelo del país, pertenecen a todos los costarricenses y los gobernantes tienen el deber de velar por ellos.
Situación que obviamente, nos compete a todos los costarricenses, pues el proyecto de ley que estaría por votarse en la Asamblea Legislativa crea un dilema de gran trascendencia: ¿Se lo entregamos a millonarios extranjeros para su beneficio, o lo aprovechamos inteligentemente para bien común?
Ante tales alternativas reafirmamos la urgencia de que, los US$4.920 millones, que actualmente produciría su aprovechamiento, si, como planeaba Industrias Infinito en 50 hectáreas, se procesaran tres toneladas anualmente, resulta que en los primeros diez años de explotación esa sería la cifra acumulada. Y qué mejor destino que orientar hacia la atención de la salud de los Ciudadanos de Oro que hoy, muy especialmente, la Caja del Seguro no puede atender como lo merecen, por el desfinanciamiento conocido que impide avanzar a la misma tasa de crecimiento que exhibe la población de adultos mayores, en cuanto a nueva infraestructura, personal de salud, materiales y equipos.
Igualmente, es innegable que al conocer donde está ubicado ese rico yacimiento mineral, si los costarricenses no lo aprovechamos como Dios manda, como nos lo dicta la razón, sea con la vocación entreguista que permea el proyecto de ley, o con otros que vendrían, empujados por una municipalidad escasa de visión, que estaría feliz en recibir el 1,2 % del valor total, aunque su población de “Ciudadanos de Oro” (¡y la del resto del país!) sufra por falta de atención médica.
Y es que mientras seguimos viendo cómo delincuentes venidos desde Nicaragua, se roban un poco de ese oro con técnicas artesanales, gracias a la incapacidad policial que debería cumplir su deber, por años nuestros gobernantes han sido incapaces de tomar las decisiones ejecutivas que hubieran permitido estar ya trabajando en la extracción industrial del mineral, y por rebote, acabando con el robo tolerado y el daño ambiental extendido.
Se ha desdeñado, que ante lo innecesario de aprobar proyecto de ley alguno en que se modifique el Código de Minería, pues el Estado no tiene por qué solicitar “concesiones” reservadas para que entes privados puedan usufructuar de bienes y servicios demaniales, el Poder Ejecutivo podría tomar la decisión política de dar los primeros pasos, conducentes a explotar para los mejores hijos de esta querida Patria, esa riqueza localizada en menos de un kilómetro cuadro de los 51.100 kilómetros cuadrados del país, por lo cual no nos convierten en “nación minera” alguna, por lo que nuestro bien ganado prestigio ambiental se mantendría intacto, y cuidado si más bien el proyecto tal y como se concibe, no sería motivo de admiración internacional.
Con el aporte de profesionales costarricenses, entre ellos amigos geólogos con conocimiento en ese tipo de minería, y la colaboración posible de gobiernos de países con tradición minera, como Chile, Brasil, México, República Dominicana…, con los que se podrían gestionar apoyos puntuales, podríamos realizar esa tarea con una adecuada planificación hacia una explotación efectiva a una escala moderada.
En fin, reiteramos la divulgada propuesta del Hospital del Oro, consistente en desarrollar un sistema hospitalario, de alcance nacional, que no debería esperar más, pues caería como una bendición para nuestro prestigioso y solidario sistema nacional de salud, y por supuesto, para la creciente población de adultos mayores que hoy ocupan cerca del 70 % de los espacios en nuestras clínicas, EBAIS y hospitales, ya todos sobrepasados en sus capacidades. Si hace 60 años nos vimos en la necesidad de crear el bendito Hospital Nacional de Niños, pues la tasa de natalidad era una de las más altas del planeta, hoy nuestra tarea ineludible es volver la mirada hacia los ancianos que urgen del merecido buen trato que cada día se hace menos posible de cumplir en nuestro sistema hospitalario estatal.
Si el gobierno tomara la decisión de explotar esas tres toneladas de oro anualmente, se avanzaría por el camino correcto, por una inédita y ejemplar vía costarricense, de innegables beneficios, ¡sin tener que «abrir» el Código de Minería a oreros extranjeros solo interesados en el lucro!
Como consecuencia positiva inevitable, instantánea, al iniciar de las labores en el campo, se resolverían los problemas ambientales y de delincuencia, que hoy reinan en la pequeña localidad fronteriza.
En fin, el bienestar de las abuelitas y abuelitos, de hoy y del mañana, que urgen ser escuchados, ha de tenerse presente a la hora de actuar con generosidad cristiana.
Once personas provenientes de nueve países de América Latina, entre académicas y académicos, ex autoridades públicas, activistas socioambientales con amplia trayectoria y representantes de pueblos originarios maya Q’eqchi’, cabécar, Ngäbe-Buglé y maya K’iche’, contribuirán a comprender el actual momento histórico que atraviesa la región, marcado por el avance de los extractivismos, la intensificación de los conflictos territoriales y la criminalización de quienes defienden la vida y los bienes comunes.
Comprender lo que está ocurriendo hoy en América Latina exige ir más allá de los titulares y abrir espacios de intercambio y reflexión colectiva. Escuchar a quienes investigan, enseñan, resisten y habitan los territorios permite construir una mirada crítica sobre las dinámicas extractivas, las disputas por el agua, la tierra y los bienes comunes, así como sobre las múltiples formas de organización y defensa de la vida que emergen desde abajo, en comunidades, pueblos originarios y movimientos socio territoriales.
La región atraviesa una coyuntura socioambiental decisiva y, mediante estas sesiones, se busca responder a interrogantes fundamentales como: ¿cuáles son hoy las principales luchas que se libran en los territorios?, ¿qué amenazas enfrentan las personas defensoras ambientales?, ¿qué significan los derechos de la naturaleza, la memoria ecológica y las respuestas de los pueblos y organizaciones frente a estas ofensivas?
En este contexto, el curso Derechos Ambientales, de la Maestría en Derechos Humanos y Educación para la Paz del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Nacional de Costa Rica, desarrollará un ciclo de siete sesiones abiertas y gratuitas dedicadas al análisis de la actualidad de las problemáticas socioambientales en América Latina. Se trata de conferencias, foros y espacios de diálogo que proponen construir una radiografía crítica de la región a partir de diversos ejes socioambientales.
El ciclo iniciará el 26 de febrero, de 5:00 p. m. a 7:00 p. m., con la sesión El aporte de la memoria en la construcción de una historia ecológica, a cargo de Ramón Vera-Herrera (México), editor, traductor y comunicador, cofundador del suplemento Ojarasca del diario La Jornada y editor de la revista Biodiversidad, Sustento y Culturas, referente clave del pensamiento crítico ambiental en la región.
El 5 de marzo, la sesión Del extractivismo colonial a los extractivismos contemporáneos estará a cargo de Emiliano Terán Mantovani (Venezuela), sociólogo, profesor universitario e investigador en ecología política, actualmente es el facilitador de la red Oilwatch Latinoamérica, instancia con 30 años de resistencia a la actividad petrolera en la región y el Sur global.
El 26 de marzo se desarrollará la sesión Experiencias desde la institucionalidad ambiental en el Gobierno de Colombia, con la participación de Tatiana Roa Avendaño (Colombia), exviceministra, académica e investigadora reconocida por su trabajo en justicia ambiental, conflictos territoriales y políticas públicas, desde una mirada crítica.
Posteriormente, el 23 de abril, se abordará la sesión Génesis, evolución y estado de los Derechos de la Naturaleza en Ecuador, con Esperanza Martínez Yánez (Ecuador), abogada y bióloga, fundadora de Acción Ecológica y una de las principales impulsoras del reconocimiento constitucional de los Derechos de la Naturaleza, con una larga trayectoria en la defensa de los territorios frente al extractivismo petrolero y minero.
El 14 de mayo, la sesión Criminalización de las personas defensoras ambientales en la región contará con la participación de Diana Murcia Riaño (Colombia), abogada y defensora de derechos humanos, con amplia experiencia en el acompañamiento jurídico y político a comunidades criminalizadas por la defensa del territorio en la región andina.
El 21 de mayo se realizará el foro Criminalización, exilio, cárcel y persecución de defensores ambientales en Mesoamérica, con la participación de Ana Laura Rojas (Guatemala), defensora de derechos humanos y comunicadora comunitaria; Bernardo Caal Xol (Guatemala), maestro y defensor del territorio del pueblo maya Q’eqchi’, criminalizado por su lucha en defensa de los ríos; y Adriana Ramírez (El Salvador), activista ecológica y parte del Movimiento Político Rebelión Verde (ReverdES), organización político-ambientalista que articula luchas contra el extractivismo, la criminalización de liderazgos comunitarios y la degradación socioambiental en su país.
Finalmente, el 4 de junio, en el marco del Día Mundial del Ambiente, se llevará a cabo el foro Mujeres de pueblos originarios en defensa de la vida, con la participación de Weny Bagama (Panamá), lideresa del pueblo Ngäbe-Buglé y delegada del Congreso General Ngäbe ; Doris Ríos Ríos (Costa Rica), lideresa del pueblo cabécar de China Kichá y defensora del territorio; y Sebastiana Par Álvarez (Guatemala), autoridad ancestral maya K’iche’, ajq’ij (guía espiritual maya) y defensora de los territorios indígenas y la vida comunitaria.
Las sesiones se transmitirán en vivo a través del canal de YouTube del Instituto de Estudios Latinoamericanos IDELA (https://www.youtube.com/@infolatinoidela262), los jueves señalados, en horario de 5:00 p. m. a 7:00 p. m., y estarán abiertas a todo público. Este espacio formativo y de diálogo ha sido posible gracias al apoyo de la Fundación Heinrich Böll – Oficina Guatemala, la Internacional de la Educación (IE) y el Programa Kioscos Socioambientales de la Universidad de Costa Rica.
Este esfuerzo busca llevar el análisis no solo a la población estudiantil universitaria, sino también al público en general, ampliando el acceso al debate informado sobre los conflictos y las resistencias que atraviesan nuestros territorios, desde las voces y experiencias de quienes los habitan, los defienden, los piensan y los construyen cotidianamente.
ElParlamento Cívico Ambiental con sus 37 organizaciones, junto amúltiples organizaciones ambientales, sociales, académicas y comunitarias, presentó hoy públicamente elManifiesto Ambiental Ciudadano, un llamado urgente a la conciencia nacional ante las decisiones que el país tomará en las elecciones del próximo1 de febrero de 2026.
El manifiesto advierte sobre el acelerado debilitamiento de la institucionalidad ambiental, la erosión regulatoria, la presión extractivista sobre territorios y bienes comunes, y el riesgo real de un retroceso histórico en materia de política ambiental. Al mismo tiempo, subraya que aún existe una oportunidad democrática para elegir un rumbo distinto, basado en evidencia, fortalecimiento institucional y protección efectiva del patrimonio natural.
El documento se sustenta en unestudio independiente elaborado por la Asociación ARTES-JUSTECO, presentado por el Parlamento Cívico Ambiental, que evaluó los programas de gobierno de los partidos políticos mediante50 indicadores en 13 categorías temáticas, con base en elCapítulo 4 del Informe Estado de la Nación. Los resultados evidencian diferencias sustantivas entre las propuestas partidarias y permiten a la ciudadanía votar de manera informada.
“El país no está eligiendo únicamente un gobierno, está decidiendo el futuro de su biodiversidad, sus costas, sus bosques, su agua y la solidez de su democracia ambiental”, señala el manifiesto. “Sin ambiente no hay economía, sin agua no hay salud y sin instituciones fuertes no hay conservación”.
El Parlamento Cívico Ambiental y las organizaciones firmantes hacen un llamado directo:
A la ciudadanía, a informarse y votar con base en evidencia, no en discursos vacíos.
A los medios de comunicación, a exigir definiciones claras a las candidaturas sobre erosión regulatoria, apropiación de bienes comunes y financiamiento de la institucionalidad ambiental.
A los partidos políticos, a asumir que sus compromisos serán observados y evaluados después del proceso electoral.
El manifiesto permaneceabierto a la adhesión de organizaciones y personasdel sector ambiental, académico, social y productivo comprometido con la sostenibilidad, con el objetivo de que el ambiente ocupe un lugar central en la agenda electoral. Puede firmarse en: https://c.org/ch8L2SwGwR.
“El 1 de febrero no se vota solo por un período de gobierno. Se vota por el tipo de país que heredarán las próximas generaciones”, concluye el documento.
Organizaciones firmantes dentro y fuera del Parlamento Cívico Ambiental
ACEPESA
ACOS
ADI Magnolias
ARCAA
ARTES-JUSTECO
ASECOBI
Asociación Plataforma Organizaciones de la Sociedad Civil por los Objetivos de Desarrollo Sostenible
Asociación. Belén Sostenible
Asociación Costarricense de Movilidad Eléctrica (ASOMOVE)
Asociación de Movilidad Activa y Sostenible Pedal
Asociación Mujeres AMICREO
Cruzando Fronteras.
Cruzando Fronteras.
Defensoría del Pescador Artesanal Escuela Socioambiental Caraigres
For the Oceans Foundation FORTECH S.A.
Frente por la Vida
Frente Mario Biza por las Áreas Silvestres Protegidas
Fundación Arboles y Vida
Fundación Laberinto
Fundación OneSea
Fundación Sombrilla del Bosque
Fundación XTREM@S
La Ruta del Clima
Movimiento Ciudadano Pymes
Movimiento Laudato Si
Natural Packing
OCA Quebrada Barreal
OCA Río Cañas
Pastoral Ecológica La Soledad
Programa de Gestión Local – UNED
Asociación Promoción Claretiana para el Desarrollo
Colectivo RASA
Red Costarricense de Reservas Naturales
Red de Juventudes y Cambio Climático
Universidad de Costa Rica.
Universidad Nacional
Por Mauricio Álvarez Mora Docente UNA Coordinador del Proyecto Geografía y Diálogos de Saberes de la Escuela de Geografía y el Programa Kioscos Socioambientales de la UCR.
Retrocesos, resistencias y nuevas articulaciones desde los territorios
El balance ambiental del año 2025 puede leerse desde tres dimensiones: los retrocesos y amenazas, los avances logrados pese a un contexto adverso, y los hechos más significativos que marcaron la agenda socioambiental. Este análisis parte del acompañamiento sostenido a comunidades, organizaciones sociales y territorios que hemos realizado en la acción social de la Universidad de Costa Rica desde el Proyecto Geografía y Diálogos de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios comunitarios de CostaRica.
Un panorama negativo: retrocesos democráticos y violencia estructural. En términos generales, el balance ambiental del 2025 es sombrío y preocupante. Costa Rica atraviesa un grave retroceso en derechos humanos y sociales que tiene consecuencias directas sobre la agenda ambiental. El aumento sostenido de la violencia, junto con la expansión y arraigo del narcotráfico, se manifiesta con especial crudeza en territorios rurales, costeros y transfronterizos. Durante este año quedó expuesta, por ejemplo, una preocupante triangulación entre estructuras del narcotráfico y actores dentro de INCOPESCA, evidenciando la penetración del crimen organizado en instituciones públicas claves. Este tipo de relaciones es evidente en la actividad minera ilegal entre Crucitas y Abangares.
A este contexto se suma la emergencia de nuevas formas de movilización social que buscan romper la parálisis reforzada por un gobierno autoritario y negacionista. El tejido social aparece fragmentado y desmovilizado, atravesado por el miedo, el cansancio y la apatía, lo que limita la capacidad de respuesta colectiva.
Avances y resistencias: frenar el retroceso y construir alternativas. En medio de este escenario adverso, el año también dejó elementos positivos. Aunque persiste una parálisis en la movilización social masiva, a nivel legislativo la sociedad organizada, en articulación con partidos de oposición, sectores académicos y diversos movimientos sociales, logró frenar varias reformas regresivas. Entre ellas destacan los intentos de privatización del ICE, modificaciones orientadas a desproteger la Zona Marítimo-Terrestre y una serie de proyectos mineros que habrían significado un retroceso histórico para el país.
Esta red, de carácter horizontal y autónomo, está construyendo una agenda innovadora que articula organizaciones feministas, rurales, indígenas y populares, demostrando que, pese al desgaste social, siguen emergiendo nuevas formas de organización para la defensa de los bienes comunes.
Asimismo, el 22 de abril se llevó a cabo un acto de reconocimiento a personas y comunidades que defienden la vida frente a las amenazas contra la naturaleza, reforzando la dimensión simbólica y política de estas luchas.
Las alertas por la seguridad del defensor indígena Pablo Sibar, los pronunciamientos colectivos y diversas acciones de denuncia y visibilización evidencian una capacidad de reacción social rápida y articulada, con aprendizajes acumulados que resultan especialmente valiosos en un contexto de violencia estructural y creciente criminalización socioambiental.
Lo más destacado del año: agua, corrupción y disputas territoriales. El hecho más grave y determinante del año fue la reforma al Reglamento de Agua Potable, uno de los retrocesos más profundos en materia de salud ambiental de las últimas décadas. Esta modificación desmanteló el paradigma basado en el principio de precaución y lo sustituyó por un enfoque permisivo que favorece la contaminación y beneficia directamente a la industria de los plaguicidas. Todo ello ocurrió pese a una oposición amplia y sólida por parte de sectores académicos,regulatorios, científicos, especialistas, institucionales y socioambientales, que se pronunciaron de manera contundente y documentada.
Este retroceso se inserta en un clima de violencia política que facilita el avance de la corrupción, la parálisis institucional y la reducción presupuestaria de entidades clave como el SINAC y el MINAE. Durante el año, la Contraloría General de la República evidenció prácticas y omisiones graves en SETENA, particularmente en zonas costeras, que reflejan un relajamiento selectivo de sus funciones en límites que rozan la corrupción, precisamente en la institución encargada de garantizar el derecho constitucional a un ambiente sano.
El 2025 deja así un balance marcado por fuertes retrocesos institucionales, pero también por resistencias persistentes y nuevas articulaciones sociales que mantienen viva la defensa de los territorios, el agua y los bienes comunes en Costa Rica.
Programa Kioscos Socioambientales Universidad de Costa Rica
Una coproducción de ARBOLCLUB.COM y CANTOS DE BATALLA
Este viernes 12 de diciembre (tentativo) se ha publicado la canción y el videoclip del TINKU DEL MAÍZ (remix) en todas las plataformas digitales.
Una propuesta audiovisual desde la música electrónica que reivindica la relación de los pueblos originarios con el maíz y sus luchas por la defensa de sus bienes comunes, la tierra y la autonomía. Es una metáfora del poderoso efecto del trabajo en comunidad para crear bienestar e independencia.
El TINKU DEL MAÍZ (remix) nace del trabajo colaborativo de los músicos electrónicos y artistas y audiovisuales Do Not, Marcelo Bergés y Laura Garrigues, basados en la pieza original del ecologista y cantautor Fabián Pacheco (publicada en el disco Cantos de Batalla Vol. 2).
El Tinku del Maíz (remix) es una invitación para quienes quieran unirse en coro, cuerpo y lucha en la defensa de la sagrada ecología y sus pueblos ancestrales.
Sobre el videoclip de TINKU DEL MAÍZ (remix):
De la mano del reconocido dirigente Brörán Pablo Sibar, que aparece en el video con su familia, presentamos un audiovisual que reivindica la lucha indígena por recuperar sus territorios ancestrales en Costa Rica.
Este video simboliza la combinación de la música electrónica con una dirigencia indígena que sabe defender sus territorios, sus semillas, sus bienes comunes y sus tradiciones culturales.
Es una creación que entregamos para manifestar que las personas indígenas recuperadoras de territorio ancestral no están solas y que desde la música visibilizamos su presencia, lucha y resistencia reivindicando la milpa, las semillas y sobre todo la lucha indigenista y ecologista que históricamente han estado siempre juntas en Costa Rica defendiendo la vida.
El videoclip del Tinku del Maíz (remix) es el producto de coordinación y trabajo de campo para capturar la trascendencia de la cotidianidad de las comunidades indígenas costarricenses de Rey Curré y de la recuperación de tierras en el territorio indígena de Térraba.
Gracias a la cooperación y, sobre todo, complicidad de compañeras y compañeros indígenas de estos territorios se lleva a la pantalla una fotografía en movimiento que permite apreciar los bellos tejidos Brunca del territorio de Rey Curré -así como las máscaras de madera de la comunidad Brörán- entre maizales en crecimiento y la reforestación en la recuperación de tierras en San Andrés territorio indígena de Térraba.
La voz de Fabián Pacheco canta letras que enfatizan el compromiso ambiental, social y político del movimiento ecologista costarricense, en diálogo con las voces y memoria de innumerables líderes y lideresas de distintas comunidades que han estado al frente de importantes luchas en nuestros territorios.
Tinku del Maíz (remix) es una creación colectiva por:
Fabián Pacheco Rodríguez: composición y voz
Ernesto Bolaños y Marcelo Berges: producción musical
Laura Garrigues: Dirección de fotografía y edición del video
Con la participación especial de:
Ramón Vera Herrera, Voz en la introducción, Ramón es editor y narrador que ha sido colaborador de la organización internacional GRAIN y es editor de la Revista Ojarasca del Diario La Jornada desde su fundación. Edita la revista Biodiversidad, Sustento y Culturas desde hace 18 años y es un destacado integrante de la Red en Defensa del Maíz en México y de la Alianza Biodiversidad.
Y cuenta con elementos de la grabación original de los músicos:
Alexis Boris Vásquez Pasto: ronroco, charango, zampoñas y quena
Javier Alvarado Vargas: bajo eléctrico y coros
Anyul Arévalo Acosta: bombo leguero y semillas
Oscar Jiménez Fernández: charango
Mila Acuña Cartín: coros
Fernando Calvo Flores: coros
Gabs Jiménez: coros
Finalmente, la pieza fue mezclada por Hannes Bieger y masterizada por Brian Sanhaji en Calyx Berlín.
Especial Agradecimiento:
A compañeras y compañeros de comunidades de Térraba y Rey Curré: Pablo Sibar, Bianca Castro Leiva, Cecilia Leiva Rojas, Jorge Sibas, Pablo Sibas, Móhüa, Violeta Nájera Leiva, Pablú Dbondi Nájera Leiva y Paolo Nájera Rivera
El Hospital sin Paredes sigue siendo una de esas experiencias que nos recuerdan que la salud nace en la comunidad. Hoy compartimos una reedición histórica y dos entrevistas con Enid Cruz que nos ayudan a volver sobre esa memoria viva y necesaria.
¿Por qué leer y ver este material?
* Porque muestra cómo la salud se construyó caminando con la gente, no desde un escritorio.
* Porque recuerda la visión del Dr. Ortiz y su apuesta por un modelo cercano, humano y participativo.
* Porque ofrece aprendizajes para pensar hoy los bienes comunes sociales: participación, organización y soluciones colectivas.
* Porque esta historia sigue siendo una brújula para defender una salud pública que escuche y responda a las comunidades.
* Porque necesitamos volver a experiencias que demostraron que otro modelo de atención sí era —y es— posible.
