Ir al contenido principal

Etiqueta: bienes comunes

Elecciones 2026: Herramientas para la lectura crítica de propuestas socioambientales

El Observatorio de Bienes Comunes de la Universidad de Costa Rica presenta los boletines Demo-crítica, una serie de reflexiones colectivas nacidas en el curso-taller “Elecciones 2026: Herramientas para la lectura crítica de propuestas socioambientales”. Esta producción reúne diálogos, aprendizajes y herramientas construidas por comunidades, colectivos, organizaciones y personas comprometidas con la defensa de la democracia y la justicia socioambiental.

Más que conclusiones definitivas, los boletines son semillas de pensamiento crítico y acción comunitaria que buscan nutrir el debate público y fortalecer la organización social en el marco de las elecciones nacionales del 2026. El contexto es desafiante: discursos políticos maquillados de verde, criminalización de la protesta, proyectos extractivos y la necesidad urgente de construir alternativas desde los territorios.

Democracia en disputa

Uno de los ejes centrales del taller fue repensar la democracia más allá de las urnas. Se evidenció cómo la captura del poder por élites económicas y la mercantilización de la naturaleza muestran una erosión democrática. La democracia, señalan los aportes colectivos, debe vivirse día a día en la defensa del agua, los territorios indígenas, los bosques y en la organización comunitaria.

El “desarrollo” como trampa discursiva

Se identificó cómo términos como sostenibilidad, carbono neutralidad o economía verde funcionan muchas veces como ropajes discursivos que legitiman megaproyectos turísticos, hidroeléctricos y monocultivos que generan despojo y desigualdad.

Criminalización de la protesta

El curso también abordó la creciente criminalización de la protesta social en Costa Rica. Desde la Ley Antihuelgas hasta la falta de ratificación del Acuerdo de Escazú, se debilita la protección de defensoras y defensores ambientales. Recordar las muertes de Sergio Rojas y Jerhy Rivera refuerza la urgencia de visibilizar la protesta como un motor democrático, no como una amenaza.

Herramientas para el análisis electoral

Entre los principales aportes destacan:

  • Matrices de análisis para detectar trampas discursivas y beneficiarios reales de los proyectos.

  • Hoja de ruta socioambiental 2026, no solo como lista de reclamos, sino como horizonte de vigilancia y organización.

  • Estrategias de comunicación diversa, desde lo digital hasta el arte y el humor, para disputar sentidos frente al marketing político.

Más allá de las urnas

Los boletines concluyen que el poder real no se agota en el voto: la democracia y la justicia socioambiental se construyen cada día en los territorios, en la calle y en las comunidades. El proceso electoral es un escenario clave, pero no definitivo.

Boletines publicados

  • Boletín 1 (8 agosto 2025): Democracia y bienes comunes en disputa.

  • Boletín 2 (23 agosto 2025): Discursos verdes y desigualdades socioambientales.

  • Boletín 3 (29 agosto 2025): Criminalización de la protesta y organización social.

  • Boletín 4 (5 septiembre 2025): Hoja de ruta y comunicación política desde los territorios.

👉 Puede acceder al documento completo en el siguiente enlace:

https://bienescomunes.fcs.ucr.ac.cr/elecciones-2026-claves-socioambientales-para-una-lectura-critica-del-momento-electoral

¡Ni el Estado ni las empresas, a los ríos no les ponen más represas!

Declaratoria del encuentro Jäküii-Pacuare+10+20+siempre

Las y los participantes en el Encuentro Jäküii-Pacuare de territorios indígenas, comunidades y organizaciones ecologistas, reunidas del 28 al 31 de agosto 2025 en Bajo Pacuare y Nimarí Ñak, territorio Cabécar, manifestamos:

  1. Cada río vivo y libre garantiza la vida del planeta, mantiene y está asociado a todos los ecosistemas, nos provee alimentos, sirve para actividades económicas, cultura, espiritualidades, recreación y alegría. Los ríos son bienes colectivos de la naturaleza al servicio de la gente.

  2. Desde siempre la humanidad ha usado los ríos, pero hace mucho perdimos la capacidad para relacionarnos positivamente con ellos. Más de la mitad de los ríos del planeta que cubren casi la mitad de la superficie terrestre han sido explotados y destruidos para generar hidroelectricidad o para otros fines energéticos. Muchos ríos mueren antes de llegar al mar, a lagos u otros ríos mayores, y con ellos mueren todas las formas de vida, incluida la vida humana. Miles de pueblos han sido desplazados de manera forzada. De acuerdo con International Rivers, de los 177 ríos más largos del mundo, solo un tercio corren libres y sólo 21 ríos de más de 1000 km llegan al mar. Su explotación también genera disputas internacionales y amenazas de guerras.

  3. Debemos avanzar hacia una verdadera transición energética justa. La explotación de los ríos y ecosistemas del sur global sirven a modelos económicos y sociales que solo son buenos para las élites ultrarricas que viven en la opulencia y el derroche a costa de la destrucción y el hambre de cada vez más personas. Para la mayoría de la población lo “verde y sostenible” no es más que un discurso vacío. No estamos viviendo una transición energética justa preocupada por el bienestar de los pueblos, sino más bien el agravamiento del modelo de destrucción masiva de ecosistemas y vidas humanas en los países del sur del mundo. Las materias primas del sur están mojadas con sangre, y en el norte del mundo, gobiernos, corporaciones y buena parte de la institucionalidad supranacional vende la idea de que avanzamos hacia energético limpias. En América Latina, África y otras partes del mundo, se sigue replicando el modelo colonial de explotación ilimitada de la Tierra y de la gente y las élites del sur también caminan sobre la miseria de los pueblos y la muerte de la naturaleza.

  4. Ya es tiempo de demoler represas y de respetar la vida de los ríos. Los ríos ya no deben ser más objeto de explotación y lucro privado con generación de electricidad, minería no metálica en los cauces de dominio público, concesiones de agua para monocultivos de cualquier tipo, turismo irresponsable, comercio privado nacional o transnacional de agua, ni deben ser reducidos a bienes privados. Todos los Estados y las entidades públicas deben revisar, fiscalizar y ajustar los alcances y costos de las concesiones de todo tipo y contemplar sus impactos acumulativos. Además, que haya más ríos represados y más generación no significa que la gente más pobre tenga acceso a la electricidad. No existe manera científica de justificar las hidroeléctricas como energía “limpia” o “renovable”. Hablar de “caudales de compensación” o “ecológicos” del 10 o 20% del caudal de los ríos es un disparate de la multimillonaria “industria” de los estudios de impacto ambiental. Aunque ha sido muy difícil, ya hay lecciones que podemos seguir: sólo en 2023 en Europa fueron eliminadas 487 represas y en Estados Unidos, ríos que estuvieron represados por más de un siglo, como el Klamath, ya fueron liberados.

  5. Es urgente un nuevo modelo energético y eléctrico. Hasta ahora las decisiones sobre energía y modelos eléctricos en Costa Rica y el mundo han sido exclusivas y controladas por gobiernos, empresas privadas y técnicos de espalda a los pueblos. Demandamos que en adelante la definición de nuestro modelo energético y eléctrico sea un ejercicio democrático y consensuado que asegure la participación efectiva de las personas y los derechos de los ecosistemas y la electricidad como derecho humano. Además, implica que los ríos deben ser reconocidos y respetados como sujetos jurídicos con derechos. En esta línea una meta prioritaria es mantener el río Jäküii/Pacuare libre por siempre y declararlo sitio RAMSAR según la Convención de Ramsar de 1971. En Costa Rica sabemos que esta es una tarea compleja porque el Ministerio de ambiente fue secuestrado para favorecer negocios corruptos y privados usurpando y destruyendo los ecosistemas que debiera proteger.

  6. Una condición básica del nuevo modelo energético y eléctrico es que los pueblos sean efectiva y obligatoriamente incluidos en el proceso completo de cualquier tipo de proyecto y que los Pueblos originarios sean consultados según la Ley indígena 6172 del 20 de diciembre de 1977 y su Reglamento de 1978, y el «Convenio sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes» de la Organización Internacional del Trabajo/Convenio 169, OIT, (Ley Nº 7316/1992 de Costa Rica). Los territorios no son simples áreas de intervención y construcción, si no espacios de vida de la naturaleza y las personas, que deben ser respetados.

  7. Jamás aceptaremos la privatización eléctrica. Rechazamos y trabajaremos hasta desechar el proyecto 23.414 mal llamado de “armonización” del sistema eléctrico nacional, porque no mejora, no moderniza, no eleva la eficiencia del sector eléctrico, y mucho menos garantiza rebajar las tarifas. Este es un proyecto privatizador del servicio social de electricidad para que generadores y distribuidores privados mejoren sus negocios como lo han hecho desde la aprobación de la ley 7.200 en 1990. Este proyecto acaba al Instituto Costarricense de Electricidad, ICE, como director de la electricidad y aniquila los principios de planificación, distribución en todo el país, equidad, precios justos y subsidiados, tarifas bajas y reguladas y solidaridad del servicio público de electricidad. Defenderemos al ICE como nuestra entidad de servicio social público, pero le demandamos respeto por las comunidades, los ecosistemas y los ríos en particular, y desechar las prácticas verticales, inconsultas e impositivas. Información completa, diálogo y consenso con la sociedad son condiciones irrenunciables.

  8. Quienes ganan dinero con los ríos deben apoyar su defensa. Demandamos que las empresas de turismo que usan y explotan comercialmente los ríos, no multipliquen los discursos “verdes” publicitarios y más bien que se sumen a la acción directa por su defensa científica, técnica y política; tarea que hemos asumido los movimientos sociales ecologistas y las comunidades indígenas y campesinas, que sin titubear hemos enfrentado a gobiernos y a empresas y logrado salvar ríos como Jäküii, Duchíí, Savegre, Térraba, San Rafael, Coto Brus, Bonilla y muchos más, para las presentes y las futuras generaciones. Por ética, quienes ganan dinero con los ríos deben apoyar a quienes nos organizamos y luchamos para mantenelos libres.

  9. Rechazamos la sobreexplotación de los ríos y del agua de cualquier fuente, facilitada por gobiernos, municipalidades, Asadas, u otras entidades, en favor de la gentrificación que expulsa a la gente local y estimula el irrespeto a la Zona Marítimo Terrestre y muchos otros sitios. Rechazamos la indecente y criminal contaminación del agua con agroquímicos vergonzosamente facilitada por el Estado. Ante estos problemas debemos asumir responsabilidad directa reconectándonos con la naturaleza y recuperando los ecosistemas para la vida, la recreación, la cultura, la soberanía alimentaria y la agroecología.

  10. Sabemos que defendemos los derechos de la Tierra en un tiempo de brutal autoritarismo político y criminalización. Pero no tenemos miedo: seguiremos organizándonos para cuidar la vida del planeta, señalar los responsables directos de acelerar la crisis climática, denunciar la voracidad sostenida y la esclavitud con que operan las corporaciones, condenar genocidios como el del Estado de Israel -y todos sus cómplices- contra el pueblo de Palestina, aunque nos digan “terroristas”.

  11. Nos unimos y solidarizamos con los pueblos, organizaciones y personas de todo el planeta que trabajan para cuidar la vida, el agua, los suelos, los ríos, los territorios y todos los ecosistemas. Ésa es una tarea peligrosa que se realiza en medio de amenazas y muertes, pues tan solo en 2023 fueron asesinadas 196 personas defensoras de la tierra y el medioambiente en el mundo y el saldo de asesinatos entre 2012 y 2023 alcanzó 2.100, según Global Witness.

  12. Nos solidarizamos con los Pueblos originarios en el camino de recuperación de su Tierra, su cultura y organización propia y autónoma, y hacemos nuestras las palabras de las personas indígenas que participaron en el Encuentro Jäküii: “Nuestros ríos, bosques y territorios son bienes colectivos, no mercancías. No aceptamos que gobiernos ni empresas los vean sólo como “potencial energético” o fuente de riqueza. Vender la naturaleza es vendernos a nosotros y nosotras mismas; es entregar nuestra dignidad y nuestra casa común. Por eso decimos fuerte y claro: los ríos no se venden, los territorios no se negocian, la Madre Tierra no se explota. Desde nuestra Tierra y desde nuestra palabra colectiva, instamos a todas las personas a unirse en la defensa de los ríos, de la tierra-territorio y de nuestros derechos”.

Los ríos que están libres deben ser cuidados y ser usados sólo bajo estrictos límites y condiciones de salvaguarda, cuando se trate de atender necesidades humanas comprobadas como indispensables, justas y respetuosas; y nunca más para el lucro y la acumulación de riqueza.

¡Ni el Estado ni las empresas,

a los ríos no les ponen más represas!

Jäküii-Pacuare+10+20+siempre

Nimarí Ñak, 30 de agosto 2025.

Participantes de Santubal, Nimarí Tüo, Dorbata, Nimarí Ñak, Blory Ñak, Ñari Ñak, Jokbata, Paso Marcos, Sharabata, Jäkuy, Shara, Tneklari, Alto Pacuare, Tsirbä Klä, Tsisbata sector Shara/territorio cabécar, Nairi Awari/cabécar, Shule krats/Buenas Vista-Salitre/territorio Bribri, Yimba, (Curre), Térraba, Sixaola/territorio Ngäbe, San Pablo, Pacuar, Pajo Pacuare, San Joaquín de Tuis, Santa Rosa, San Martín, Turrialba centro, La Suiza y otros de Turrialba; Punta Morales, Chomes, Santa Rosa, San Antonio, Guacimal, Monteverde de Puntarenas; Volcán, Longo Mai de Buenos Aires, Cristo Rey de San Pedro, Rivas, Santa Elena de Pérez Zeledón. Organizaciones nacionales e internacionales.

Más información: Osvaldo Durán Castro y Mariana Porras Rozas jakuiipacuare@gmail.com

#jakuii2025

Ninguna victoria ecologista es permanente… Sobre nuestra lucha anti-petrolera en Costa Rica

Por: Fabián Pacheco R. – OILWATCH Costa Rica
Agosto 2025

En Costa Rica se ha mantenido una moratoria a la explotación de hidrocarburos (petróleo y gas natural) durante cinco gobiernos consecutivos. Sin embargo, siempre hemos señalado que ninguna victoria del movimiento ecologista es permanente; lo único permanente es la voracidad extractivista, que intenta instalarse una y otra vez sobre nuestros territorios.

Hoy Costa Rica sigue siendo un país libre de explotación petrolera y de gas natural (incluido el fracking), principalmente gracias a la participación y lucha de múltiples sectores de la sociedad civil. Haber sostenido esta moratoria frente a una actividad tan destructiva es, sin duda, una victoria que debemos defender. No debemos olvidar nuestra historia de lucha, especialmente ahora, cuando la campaña electoral rumbo a las elecciones del 2026 está plagada de políticos oportunistas, seducidos por la industria extractivista transnacional.

Podemos disfrutar de un mar Caribe sin derrames de petróleo gracias a la lucha de ecologistas, pueblos indígenas y afrodescendientes, pescadores, académicos y diversos sectores de la sociedad civil, que desde finales de los años noventa se organizaron en la coalición ADELA (Acción de Lucha Antipetrolera). El nombre honra a Adela Pita, una mujer indígena bribri que en los años ochenta enfrentó con valentía a la maquinaria de la petrolera PEMEX.

Nuestro trabajo ha alcanzado importantes victorias en los ámbitos legal, político y administrativo. No obstante, aún persisten quienes anteponen sus intereses privados, amparándose en la demagogia de “cálculos alegres”, para intentar instalar negocios extractivistas sobre la tranquilidad y la ecología de este pequeño país tropical.

La “mula vuelve al trigo”. El actual gobierno de Rodrigo Chaves ha mantenido desde sus inicios un discurso confrontativo hacia el movimiento ecologista, y el tema de hidrocarburos no ha sido la excepción. En la Conferencia de Naciones Unidas sobre los Océanos (Niza, Francia), el mandatario declaró a Radio Francia Internacional:

Yo lo que dije es: ‘midamos esos recursos y basemos el debate sobre si vale la pena o no’. Puede ser que no tengamos suficientes hidrocarburos en nuestro subsuelo. Puede ser que estemos sentados sobre una cantidad enorme de esos recursos. El valorarlos es el primer paso para tener un debate racional al respecto”.
(Fuente:
Semanario Universidad)

En octubre del año pasado, Chaves anunció haber solicitado al gobierno de Noruega apoyo para estudios sobre exploración y explotación de petróleo y gas, bajo el argumento de que ese país “es el campeón del mundo en aprovechar los recursos y conservar el ambiente”. La respuesta diplomática noruega fue una negativa clara, dejando a nuestro gobierno en ridículo. Era previsible: Noruega no arriesgaría su imagen internacional ayudando a un pequeño país megadiverso de Centroamérica a sacrificar su biodiversidad en nombre del petróleo.
(Fuente:
Semanario Universidad)

Además, el Poder Ejecutivo, junto con otras fuerzas políticas conservadoras y el poderoso lobby petrolero en nuestro país, han bloqueado sistemáticamente el proyecto de ley N.° 23.579, que busca declarar a Costa Rica como un territorio libre de exploración y explotación de petróleo y gas. Esto demuestra que el tema sigue muy presente en la agenda de los opacos intereses que defienden el extractivismo.

La moratoria: conquista en disputa. La exploración y explotación de hidrocarburos está prohibida en Costa Rica gracias a una moratoria vigente hasta el 2050, firmada y ratificada por los últimos gobiernos, menos el actual. Sin embargo, esta medida podría ser levantada en cualquier momento desde el Poder Ejecutivo.

La primera moratoria surgió a inicios de los 2000, gracias a la presión del movimiento ecologista en campaña electoral. En el 2002, durante su toma de posesión, el presidente Abel Pacheco declaró que la verdadera riqueza del país eran sus recursos naturales, no el oro ni el petróleo, comprometiéndose a no facilitar concesiones petroleras ni mineras. Más tarde, bajo el gobierno de Laura Chinchilla, la moratoria se formalizó por decreto, pasando de ser un gesto político a un compromiso escrito en blanco y negro.

Los logros no fueron solo políticos: también se obtuvieron victorias clave en el ámbito judicial y técnica-administrativa, principalmente ante SETENA. En el 2002 se demostró la inviabilidad ambiental de los proyectos de la petrolera Harken, cuyos estudios de impacto incumplían la normativa. Tras la anulación del contrato, la empresa reclamó indemnizaciones millonarias, llegando incluso a exigir en arbitraje internacional $57.000 millones, lo que fue denunciado como un intento de “extorsión”. Finalmente, Costa Rica ganó el litigio.

La mano peluda: corrupción y puertas giratorias. Uno de los impactos más graves del extractivismo en países tropicales es el intervencionismo político. Además de los daños ambientales, la industria hidrocarburífera ha manchado democracias con corrupción, prevaricato y conflictos de interés.

Ejemplo de ello es el caso del exministro de Ambiente Roberto Dobles, quien tras su gestión se vinculó a la UCCAEP proponiendo derogar la moratoria, y posteriormente firmó un contrato con una petrolera para recibir un porcentaje de las ganancias de la explotación. Su carrera como consultor energético ilustra las puertas giratorias entre negocios petroleros y cargos públicos.
(Fuentes:
Semanario Universidad, UCCAEP, SURCOS Digital)

Llamado al 2026. Desde el movimiento ecologista exhortamos a las y los candidatos presidenciales para las elecciones de 2026 a posicionarse de forma transparente ante el electorado: ¿de qué lado estarán?

Desde OILWATCH Costa Rica insistimos en que sostener la moratoria petrolera y evitar la explotación de gas natural no solo es estratégico para la protección de los bienes comunes, sino también fundamental para la defensa de una democracia sana y libre de los vicios del extractivismo.

Talamanca: Municipalidad cobra permisos mientras la naturaleza se derrumba

El Observatorio de Bienes Comunes de la UCR destaca: Las recientes actuaciones de la Municipalidad de Talamanca muestran un patrón preocupante: las clausuras y operativos en la zona costera no buscan frenar el daño ambiental, sino regularizar permisos y garantizar pagos. Esto confirma que la recaudación fiscal se ha convertido en el verdadero motor de la gestión municipal.

Casos como los ocurridos en Flor de China y Beach Break evidencian que, aun en terrenos públicos o con órdenes de demolición, basta con tener permisos al día para continuar construcciones que afectan playas, quebradas y humedales. En ninguno de los casos el enfoque estuvo en la conservación, sino en la formalidad del trámite.

El resultado es un modelo territorial que legitima construcciones ilegales y rellenos en ecosistemas frágiles, mientras se incrementa la presión inmobiliaria y turística. En la práctica, la naturaleza queda reducida a un requisito burocrático, relegada frente a los intereses económicos.

Puede leer la nota completa en el siguiente enlace: https://bienescomunes.fcs.ucr.ac.cr/municipalidad-cobra-permisos-mientras-la-naturaleza-se-derrumba/

Nosara defiende lo público

Observatorio de Bienes Comunes

Nosara recupera la voz: Sala IV exige proteger bienes comunales frente a apropiaciones privadas

La Sala Constitucional admitió un recurso de amparo contra el alcalde de Nicoya por no actuar en la defensa de 80 hectáreas de bienes comunales en el Proyecto Americano: calles, parques y zonas verdes que habían quedado en manos privadas.

El fallo ordena frenar cualquier obra que afecte esos espacios y avanzar en los trámites para devolverlos a la comunidad.

Este precedente no solo es importante para Nosara, sino para todo el país: reafirma que los bienes públicos son inalienables, imprescriptibles y pertenecen a todas las personas.

Lea más sobre el caso y sus implicaciones aquí: https://bienescomunes.fcs.ucr.ac.cr/nosara-recupera-la-voz-sala-iv-exige-proteger-bienes-comunales-frente-a-apropiaciones-privadas/

Escazú: El Plan Regulador y los mensajes en redes sociales y otros espacios

En Escazú circulan mensajes que buscan desinformar sobre el Plan Regulador y el papel de la ciudadanía en su construcción. El Observatorio de Bienes Comunes de la Universidad de Costa Rica, busca aclarar estas versiones y defender la importancia de una participación ciudadana informada y activa.

Algunos de estos mensajes intentan reducir la participación vecinal a un trámite sin relevancia y desestiman el papel de la Comisión de Plan Regulador. Sin embargo, el manual del INVU señala de forma expresa que esta comisión es un espacio esencial para articular las voces de comunidades, autoridades locales y profesionales técnicos en la toma de decisiones.

También se han difundido afirmaciones que califican la oposición vecinal como “manipulada políticamente”, lo cual busca restar legitimidad a la voz ciudadana. Esto desconoce que la participación es un derecho fundamental y que la democracia local se construye escuchando y tomando en cuenta a la población en los procesos de planificación urbana.

En este sentido, se reafirma que fortalecer la democracia en Escazú requiere promover procesos abiertos, transparentes y respetuosos, donde la comunidad pueda expresar preocupaciones, señalar riesgos y reconocer beneficios, siempre en un marco de voluntariedad y con garantía de confidencialidad.

Le invitamos a leer el análisis completo en el siguiente enlace: https://bienescomunes.fcs.ucr.ac.cr/cuando-un-post-intenta-silenciar-a-la-ciudadania-el-debate-por-el-plan-regulador-de-escazu/

Pueblos originarios denuncian apropiación de sus memorias sagradas

Esta nota es una producción del Observatorio de Bienes Comunes de la UCR y del Colectivo Antonio Saldaña, quienes alzan la voz desde los territorios para denunciar cómo los sitios sagrados de los pueblos originarios se han convertido en escenarios de disputa, apropiación y mercantilización. Más que recuerdos estáticos del pasado, estas memorias son bienes comunes vivos que sostienen identidades, vínculos espirituales y formas comunitarias de habitar el mundo.

Según lo planteado en el artículo Sitios de memoria en disputa: cuando el recuerdo se convierte en “botín”, existe una creciente preocupación por la forma en que símbolos, territorios y saberes ancestrales son absorbidos por lógicas de consumo o por proyectos turísticos y estatales que ignoran —e incluso excluyen— a quienes los han custodiado históricamente. Las denuncias no solo se centran en la apropiación material de estos lugares, sino también en la manera en que sus sentidos originales son desplazados o trivializados.

Este testimonio colectivo constituye un llamado a reconocer las memorias indígenas como parte de un tejido vivo, que no puede ser reducido a adorno ni convertido en mercancía. La defensa de estos espacios no es solo una causa simbólica, sino una forma concreta de resistir al despojo, de afirmar la dignidad de los pueblos y de reclamar el derecho a nombrar, recordar y habitar el territorio desde sus propias cosmovisiones.

Desde el Observatorio de Bienes Comunes y el Colectivo Antonio Saldaña se invita a reflexionar y sumarse a la defensa de las memorias como parte de los bienes comunes culturales y espirituales de los pueblos.

¡Las memorias no se venden, se defienden!

Lee la nota completa aquí: https://bienescomunes.fcs.ucr.ac.cr/sitios-de-memoria-en-disputa-cuando-el-recuerdo-se-convierte-en-botin/

Solicitan la nulidad de la Ley 9223 por favorecer intereses inmobiliarios y degradar el sitio Ramsar Gandoca‑Manzanillo

Una producción del Observatorio de Bienes Comunes UCR expone una denuncia que exige la nulidad de la Ley 9223 por favorecer intereses inmobiliarios y amenazar el equilibrio ecológico del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo.

El pasado 11 de julio de 2025, la Asociación para el Desarrollo de la Ecología presentó una solicitud formal ante la Contraloría General de la República, la Procuraduría General y la Defensoría de los Habitantes para que se anule por completo la Ley 9223, conocida como “Ley de Reconocimiento de los Derechos de los Habitantes del Caribe Sur”. La organización argumenta que esta norma fue aprobada con vicios legales, sin sustento técnico, y que su verdadero efecto ha sido abrir paso a la urbanización de un sitio Ramsar de importancia internacional.

De acuerdo con Marco Levy Virgo, presidente de la Asociación, la ley permitió la desafectación de más de 400 hectáreas de bosque y humedal, así como la emisión de más de 200 permisos de uso sin controles ambientales adecuados. Esta situación ha generado impactos graves sobre el ecosistema y ha sido objeto de múltiples advertencias por parte de entidades técnicas y jurídicas.

Entre los documentos que respaldan la solicitud destacan un informe del Tribunal Ambiental Administrativo de 2011, que documenta tala, drenaje y fraccionamiento en 9.1 hectáreas de bosque húmedo tropical; un análisis jurídico del SINAC de 2019, que advierte la falta de expediente técnico para sustentar la ley; y el oficio TAA 0-361-2023, que confirma impactos persistentes en la finca Puket, uno de los casos más emblemáticos de irregularidades.

Aunque la Ley 9223 fue promovida como una forma de reconocer los derechos históricos de pobladores afrodescendientes en la zona, la denuncia sostiene que en la práctica ha facilitado una expansión inmobiliaria que amenaza la biodiversidad y viola principios internacionales de conservación.

La producción del Observatorio de Bienes Comunes subraya también la ausencia de acciones concretas por parte de las instituciones responsables y hace un llamado a fortalecer la vigilancia comunitaria como herramienta para la defensa del patrimonio natural.

Puede leer la nota completa en: https://bienescomunes.fcs.ucr.ac.cr/piden-nulidad-de-la-ley-9223-por-favorecer-intereses-inmobiliarios-y-degradar-el-sitio-ramsar-gandoca-manzanillo/

Le invitamos a visitar la página del Observatorio y compartir esta información para seguir visibilizando las amenazas sobre los bienes comunes de Costa Rica.

Patrimonio invisible en riesgo por el futuro aeropuerto del sur

El Observatorio de Bienes Comunes de la Universidad de Costa Rica (OBC-UCR) alerta sobre las repercusiones culturales y arqueológicas que tendría el megaproyecto aeroportuario previsto para la zona sur del país. La investigación —que analiza el caso desde la perspectiva de los bienes comunes culturales— advierte que el énfasis en la “monumentalidad” como criterio de valor patrimonial deja fuera paisajes, toponimias, senderos y microcontextos arqueológicos capaces de narrar la historia ancestral del territorio.

Entre los principales hallazgos se señala que:

  • El área donde se proyecta la terminal concentra rastros “silenciosos” —fragmentos cerámicos, fogones, terrazas agrícolas, rutas antiguas— cuya ausencia de estructuras imponentes no disminuye su relevancia histórica.

  • Argumentar que “ya no existe el pueblo” para legitimar la intervención desconoce que la memoria permanece en la tierra, en los nombres y en los usos del espacio.

  • Diversos marcos jurídicos internacionales (Convenio 169 de la OIT, Declaración ONU sobre Pueblos Indígenas, Convención del Patrimonio Mundial) obligan a proteger la memoria colectiva más allá de lo visible.

  • Especialistas proponen diez criterios para reconocer territorios como bienes comunes culturales: vínculo espiritual con el paisaje, persistencia de toponimias, rastros arqueológicos no monumentales, relaciones eco-históricas, rutas ancestrales, memoria colectiva, potencial científico, representación de procesos silenciados, participación local y principio precautorio.

La investigación concluye que construir un aeropuerto sobre un territorio sin monumentos aparentes, pero cargado de significados, equivale a “borrar parte de la historia en silencio” y recrudece la tensión entre lógica de mercado y responsabilidad ética con la memoria colectiva.

Para profundizar en el análisis y revisar la propuesta completa del OBC-UCR, visite:
https://bienescomunes.fcs.ucr.ac.cr/el-aeropuerto-que-pretende-enterrar-la-memoria/

Tejiendo comunidad desde los bienes comunes de Grecia

Desde el Observatorio de Bienes Comunes de la Universidad de Costa Rica (UCR) nos comparten una valiosa producción fruto de un proceso colectivo que tuvo lugar entre marzo y mayo de este año en el cantón de Grecia. Se trata de un trabajo colaborativo con el Observatorio Ciudadano del Agua del Río Agualote, que dio como resultado una serie de materiales que documentan una experiencia de diagnóstico participativo desde los vínculos comunitarios y el cuidado de los bienes comunes.

Más que una investigación convencional, este proceso fue una construcción profundamente arraigada en el territorio y en sus múltiples voces. A través de recorridos, encuentros y acciones conjuntas, se tejió una mirada compartida sobre la riqueza social, cultural y ambiental que habita en Grecia. Desde el Puente de Piedra hasta la ASADA de San Roque, pasando por ferias, talleres, limpiezas de río y espacios de reflexión, se pusieron en diálogo las memorias, los afectos y las formas de vida que sostienen el cotidiano de la comunidad.

El resultado es una colección de boletines, podcast y materiales audiovisuales que no solo documentan este proceso, sino que también se ofrecen como herramientas vivas para quienes sueñan y actúan por territorios más justos, participativos y sostenibles.

Esta propuesta destaca cómo los bienes comunes no son solo recursos, sino también relaciones, saberes, cuidados y resistencias que se cultivan desde abajo, desde la vida cotidiana de las comunidades.

Te invitamos a conocer y descargar los materiales completos en el siguiente enlace:
https://bienescomunes.fcs.ucr.ac.cr/tejiendo-comunidad-desde-los-bienes-comunes-de-grecia/