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Etiqueta: bienes comunes

Costa Rica retrocede en gestión ambiental: Estado de la Nación 2025

Observatorio de Bienes Comunes

Desde el Observatorio compartimos nuestro análisis sobre la situación ambiental del país, basado en el capítulo 4 del Informe Estado de la Nación. Los hallazgos muestran retrocesos significativos en la gestión ambiental de Costa Rica y un debilitamiento de los bienes comunes que debería preocuparnos a todos.

Algunos puntos clave del análisis:

🔹 Reformas regresivas: cambios normativos que reducen la protección del agua potable, flexibilizan el registro de plaguicidas y aumentan la presión turística en áreas protegidas.

🔹 Debilitamiento del Sinac: recortes presupuestarios, pérdida de personal y mayor centralización del poder ambiental en el Minae.

🔹 Conflictos territoriales: casos como Gandoca-Manzanillo y el Pacífico Norte muestran privatización de facto del litoral, presiones del turismo e inequidad en el acceso al agua.

🔹 Tendencia crítica: el país transita de un enfoque ambiental público a uno orientado por intereses privados, afectando el acceso a la costa, al agua y a la biodiversidad.

Este análisis aporta claves importantes para comprender el rumbo socioambiental del país y la defensa de los bienes comunes. 🌎💧

👉 Lea la nota completa aquí:
https://bienescomunes.fcs.ucr.ac.cr/costa-rica-retrocede-en-gestion-ambiental-decisiones-gubernamentales-erosionan-los-bienes-comunes-estado-de-la-nacion-2025/

Defender la vida no es delito

En Costa Rica crece un peligro silencioso: la estigmatización de quienes cuidan la naturaleza.

El reciente ataque contra Randall Arauz y Walter Brenes no es un hecho aislado, sino parte de una tendencia que busca convertir la defensa ambiental en sospecha.

Esta nota del Observatorio de Bienes Comunes (UCR) analiza cómo se usan los discursos, la desinformación y el Poder Judicial para deslegitimar a quienes defienden los bienes comunes —el agua, los mares, la tierra, la vida misma—.

“Las personas defensoras son la última línea de contención frente a un modelo que convierte todo en mercancía, incluso la vida.”

Leé la reflexión completa aquí:
https://bienescomunes.fcs.ucr.ac.cr/defender-la-vida-no-es-delito-patrones-de-estigmatizacion-y-criminalizacion-contra-quienes-cuidan-la-naturaleza/

Organizaciones se pronuncian ante actos de intolerancia y violencia contra defensores ambientales en Puntarenas

El pasado 6 de noviembre, en distintos perfiles de noticias locales de Puntarenas, se difundió la imagen de una valla colocada en la Angostura, en la entrada del puerto, en la que se declara “non gratos” al biólogo Randall Arauz y al abogado Walter Brenes, ambos reconocidos por su labor en la defensa de la vida marina y el cumplimiento de la ley.

En dicha valla aparecen las fotografías de ambos profesionales con los rostros tachados, en un acto de evidente estigmatización y violencia simbólica promovido por sectores que se autodenominan “pesqueros”.

En respuesta a estos hechos, más de treinta cuatro organizaciones sociales, ambientales, académicas, feministas, indígenas y de derechos humanos se unieron en un pronunciamiento conjunto.

Estas acciones ocurren en un contexto en el que ambientalistas han sostenido, con base en la legislación vigente, que la decisión de declarar especies de tiburones amenazadas como especies comerciales (mayo de 2017) fue contraria a la normativa nacional y, por tanto, ilegal. La Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, mediante resolución del 21 de junio de 2023, ordenó al INCOPESCA y al MINAE cumplir con la Ley de Conservación de Vida Silvestre en la gestión de tiburones amenazados, así como detener toda captura y comercialización del tiburón martillo, incluso la incidental.

En los últimos años se ha intensificado la violencia contra personas defensoras ambientales, alimentada por discursos de odio e intolerancia, así como por el descrédito del Acuerdo de Escazú, promovido por cámaras empresariales, sectores políticos y el actual gobierno, que han contribuido a normalizar la persecución del disenso.

Costa Rica vive hoy una situación de creciente inseguridad y violencia, marcada por disputas entre grupos delictivos y un ambiente general de impunidad.

En el pasado se ha denunciado el vínculo del narcotráfico con sectores del palangre industrial, tanto en la Isla del Coco como en otras regiones del país. La utilización de mantas anónimas y amenazas públicas es una práctica característica de estructuras ilegales que buscan infundir miedo y silenciar la denuncia ciudadana.

En zonas como Talamanca, activistas y organizaciones que defienden la naturaleza han recibido amenazas de muerte, mientras en redes locales se difunde un discurso que califica cualquier forma de defensa ambiental como “ecoterrorismo”.

Recordamos que la Sala Constitucional ya reprendió a la Municipalidad de Talamanca por declarar personas “non gratas” a ambientalistas, dejando claro que esta práctica es inconstitucional y contraria a los derechos fundamentales.

Reconocemos que no todo el sector pesquero comparte estas acciones violentas. Históricamente, hemos mantenido relaciones de respeto y colaboración con sectores pesqueros artesanales y deportivos, e incluso con parte del sector industrial. A ellos les hacemos un llamado a pronunciarse públicamente en contra de estos actos de odio, para no quedar asociados a un pequeño grupo que promueve la intolerancia

Ante estos hechos de intolerancia y violencia, las organizaciones y personas firmantes manifestamos:

  • Rechazamos rotundamente la estigmatización, las amenazas y los actos de odio contra quienes defienden los bienes comunes y la legalidad ambiental.
  • A los medios informativos y páginas locales, les hacemos un llamado a ejercer mayor responsabilidad, discernimiento y comprensión sobre lo que publican y a quién le dan voz. Es importante evitar el sensacionalismo, ya que al reproducir este tipo de mensajes sin análisis ni cuestionamiento se contribuye a perpetuar formas de violencia y desinformación.
  • Solicitamos a la Defensoría de los Habitantes, al Sistema de Naciones Unidas y a las instituciones de derechos humanos nacionales e internacionales que intercedan ante el INCOPESCA, el MINAE y otros entes rectores, con el fin de prevenir nuevos hechos de violencia y proteger la integridad de quienes defienden los ecosistemas marinos.
  • Responsabilizamos a los sectores que han promovido esta campaña de odio por cualquier agresión o daño que puedan sufrir las personas mencionadas, así como por las consecuencias derivadas de estos actos.
  • El Estado de Costa Rica tiene la obligación de proteger la integridad de las personas ambientalistas y defensoras de derechos humanos, ya que su labor las expone con frecuencia a riesgos elevados de sufrir violencia. Esto implica tomar medidas activas para prevenir y sancionar la violencia y las amenazas, investigar a fondo cualquier agresión en su contra y garantizar sus derechos a la libertad de expresión.
  • Por lo tanto, es fundamental que el Estado actúe en coherencia con todos los acuerdos, convenios y jurisprudencia que lo obligan a asumir un rol activo en la prevención de la violencia, el fortalecimiento de la gobernanza ambiental y la promoción de una participación ciudadana libre de represalias. Proteger a las personas defensoras del ambiente es esencial para la democracia y el desarrollo sostenible del país.
  • Finalmente, llamamos a la opinión pública, a los medios de comunicación y a las instituciones del Estado a pronunciarse y solidarizarse con quienes defienden los bienes comunes y la legalidad ambiental.

En Costa Rica, lo único “non grato” debe ser la intolerancia, la violencia y la estigmatización hacia las personas que dedican su vida a proteger la naturaleza.

Firmantes:

  • Red de Mujeres Costeras y Rurales
  • Costa Rica por los Océanos
  • Bloque Verde
  • Covirenas Caribe Sur
  • Buen Vivir – Costa Rica
  • Programa Interdisciplinario Costero / UNA
  • Observatorio de Derechos Humanos
  • Comité Punta Pelencho
  • Asociación Civil Pro Natura
  • Defensores de la Casa Común
  • Asociación Ojo de Agua Legado Ancestral
  • Oilwatch
  • Fundación Promar
  • Universidad Bíblica Latinoamericana
  • Mar y Comercio
  • Asociación Proyecto Camino Verde
  • Cultura Kare
  • Red Biodiversida
  • Nido de Halcón
  • Fundación Green Heart
  • Fumicons
  • Organización Regenerativa Matzú Insigne
  • Universite Beesley Revol
  • Huertos Urbanos de Costa Rica
  • Observatorio de Medios de Comunicación y Género
  • Costa Rica por el Océano
  • Asociación CREMA
  • Hogar Ecológico Ingeniería
  • Rewilding Portugal
  • Fundación El Arca de Noé
  • Covirena Cabo Blanco Ario
  • Ubiquity University
  • APREFLOFAS
  • Antigentrificación CR

Algunas declaraciones adicionales de organizaciones firmantes:

  • Covirenas Caribe Sur: “Repudiamos estos actos de violencia, agresión y amenaza a la integridad física. ¡Basta ya de atacar a los defensores ambientales de Costa Rica!”.
  • Comité Punta Pelencho: “Expresamos nuestro absoluto repudio ante estos actos de intolerancia, hostigamiento y violencia hacia quienes defienden el ambiente y los bienes naturales comunes. La labor de las personas defensoras de nuestra casa común es esencial en un Estado de Derecho, y merece respeto, protección y reconocimiento.”
  • Asociación Civil Pro Natura: “Rechazamos categóricamente el rótulo colocado por un sector pesquero puntarenense que declara ‘non gratos’ a dos defensores ambientales. Este acto constituye una forma de hostigamiento y estigmatización hacia quienes ejercen su legítimo derecho a proteger el ambiente y exigir transparencia en la gestión de los recursos naturales.”
  • Fundación Promar: “Además de evidenciar una total falta de tolerancia y respeto hacia personas y organizaciones que buscan evitar la desaparición de especies marinas vitales para los ecosistemas y la seguridad alimentaria humana, es una barbaridad que unas cuantas personas se arroguen el derecho de hablar por toda una comunidad porteña.”
  • Universidad Bíblica Latinoamericana: “Nos unimos a este pronunciamiento en contra de la violencia y la intolerancia hacia quienes defienden y protegen los territorios y la naturaleza.”
  • Asociación Proyecto Camino Verde: “Condenamos cualquier práctica intimidatoria y contraria al Estado de Derecho que ampara a quienes defienden nuestro patrimonio natural y base del desarrollo sostenible.”
  • Cultura Kare: “Un Estado que calla ante las amenazas a quienes defienden la vida y los bienes comunes se convierte en cómplice del despojo y de la destrucción de la esperanza colectiva.”
  • APREFLOFAS / Nido de Halcón: “No se debe permitir la intimidación de ninguna forma hacia ambientalistas o ecologistas. Defendemos a quienes no tienen voz; los representamos, y somos muchas y muchos. ¡Alto a la agresión contra el medio ambiente y quienes luchamos por la Madre Tierra! Nuestra voz es un grito de batalla por nuestros compañeros y hermanas, porque quien defiende la naturaleza es hermano en cualquier parte del mundo. Ellos no están solos ni solas.”
  • Observatorio de Medios de Comunicación y Género: “Rechazamos la persecución y las campañas de odio contra personas ambientalistas y defensoras de derechos humanos.”
  • Hogar Ecológico Ingeniería: “Apoyamos siempre la protección de la biodiversidad, fuente de vida y subsistencia. No podemos comprometer los recursos naturales; respaldamos a quienes los defienden.”
  • Fundación El Arca de Noé: “A estas personas deberíamos apoyarlas y sostenerlas. La Tierra es nuestra única casa, y ellos la protegen. La codicia y el deseo de poder destruyen la belleza del planeta y condenan a las futuras generaciones. Nuestros verdaderos héroes son quienes defienden a la Pacha Mama. ¡Apoyémoslos!”

Apoya:
Proyecto ED-3526 “Geografía y Diálogos de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios comunitarios de Costa Rica”, Escuela de Geografía y Programa Kioscos Socioambientales, Vicerrectoría de Acción Social, Universidad de Costa Rica.

El legado de Armand Mattelart

Observatorio de Bienes Comunes

El reciente fallecimiento de Armand Mattelart, uno de los pensadores más influyentes en el análisis crítico de la comunicación, nos invita a volver sobre su legado.

Su obra nos recuerda que comunicar no es solo transmitir información, sino disputar el sentido, construir comunidad y defender la palabra como bien común.

Desde Geopolítica de la cultura, Mattelart advirtió cómo la globalización neoliberal transformó la cultura en mercancía y la comunicación en instrumento de poder. Pero también abrió caminos para imaginar una comunicación liberadora, democrática y comprometida con la vida digna.

En esta nota exploramos su pensamiento y compartimos su libro completo para seguir aprendiendo de una de las voces más lúcidas de la crítica cultural contemporánea.

Leé la nota y descargá Geopolítica de la cultura aquí

https://bienescomunes.fcs.ucr.ac.cr/homenaje-a-armand-mattelart-pionero-del-pensamiento-critico-en-comunicacion-su-legado-impulsa-una-vision-de-la-cultura-y-la-comunicacion-como-bienes-comunes-orientadas-a-la-emancipacion-y-la-justic

Compartí y sumate a la conversación sobre la comunicación como bien común social.

Elecciones 2026: Herramientas para la lectura crítica de propuestas socioambientales

El Observatorio de Bienes Comunes de la Universidad de Costa Rica presenta los boletines Demo-crítica, una serie de reflexiones colectivas nacidas en el curso-taller “Elecciones 2026: Herramientas para la lectura crítica de propuestas socioambientales”. Esta producción reúne diálogos, aprendizajes y herramientas construidas por comunidades, colectivos, organizaciones y personas comprometidas con la defensa de la democracia y la justicia socioambiental.

Más que conclusiones definitivas, los boletines son semillas de pensamiento crítico y acción comunitaria que buscan nutrir el debate público y fortalecer la organización social en el marco de las elecciones nacionales del 2026. El contexto es desafiante: discursos políticos maquillados de verde, criminalización de la protesta, proyectos extractivos y la necesidad urgente de construir alternativas desde los territorios.

Democracia en disputa

Uno de los ejes centrales del taller fue repensar la democracia más allá de las urnas. Se evidenció cómo la captura del poder por élites económicas y la mercantilización de la naturaleza muestran una erosión democrática. La democracia, señalan los aportes colectivos, debe vivirse día a día en la defensa del agua, los territorios indígenas, los bosques y en la organización comunitaria.

El “desarrollo” como trampa discursiva

Se identificó cómo términos como sostenibilidad, carbono neutralidad o economía verde funcionan muchas veces como ropajes discursivos que legitiman megaproyectos turísticos, hidroeléctricos y monocultivos que generan despojo y desigualdad.

Criminalización de la protesta

El curso también abordó la creciente criminalización de la protesta social en Costa Rica. Desde la Ley Antihuelgas hasta la falta de ratificación del Acuerdo de Escazú, se debilita la protección de defensoras y defensores ambientales. Recordar las muertes de Sergio Rojas y Jerhy Rivera refuerza la urgencia de visibilizar la protesta como un motor democrático, no como una amenaza.

Herramientas para el análisis electoral

Entre los principales aportes destacan:

  • Matrices de análisis para detectar trampas discursivas y beneficiarios reales de los proyectos.

  • Hoja de ruta socioambiental 2026, no solo como lista de reclamos, sino como horizonte de vigilancia y organización.

  • Estrategias de comunicación diversa, desde lo digital hasta el arte y el humor, para disputar sentidos frente al marketing político.

Más allá de las urnas

Los boletines concluyen que el poder real no se agota en el voto: la democracia y la justicia socioambiental se construyen cada día en los territorios, en la calle y en las comunidades. El proceso electoral es un escenario clave, pero no definitivo.

Boletines publicados

  • Boletín 1 (8 agosto 2025): Democracia y bienes comunes en disputa.

  • Boletín 2 (23 agosto 2025): Discursos verdes y desigualdades socioambientales.

  • Boletín 3 (29 agosto 2025): Criminalización de la protesta y organización social.

  • Boletín 4 (5 septiembre 2025): Hoja de ruta y comunicación política desde los territorios.

👉 Puede acceder al documento completo en el siguiente enlace:

https://bienescomunes.fcs.ucr.ac.cr/elecciones-2026-claves-socioambientales-para-una-lectura-critica-del-momento-electoral

¡Ni el Estado ni las empresas, a los ríos no les ponen más represas!

Declaratoria del encuentro Jäküii-Pacuare+10+20+siempre

Las y los participantes en el Encuentro Jäküii-Pacuare de territorios indígenas, comunidades y organizaciones ecologistas, reunidas del 28 al 31 de agosto 2025 en Bajo Pacuare y Nimarí Ñak, territorio Cabécar, manifestamos:

  1. Cada río vivo y libre garantiza la vida del planeta, mantiene y está asociado a todos los ecosistemas, nos provee alimentos, sirve para actividades económicas, cultura, espiritualidades, recreación y alegría. Los ríos son bienes colectivos de la naturaleza al servicio de la gente.

  2. Desde siempre la humanidad ha usado los ríos, pero hace mucho perdimos la capacidad para relacionarnos positivamente con ellos. Más de la mitad de los ríos del planeta que cubren casi la mitad de la superficie terrestre han sido explotados y destruidos para generar hidroelectricidad o para otros fines energéticos. Muchos ríos mueren antes de llegar al mar, a lagos u otros ríos mayores, y con ellos mueren todas las formas de vida, incluida la vida humana. Miles de pueblos han sido desplazados de manera forzada. De acuerdo con International Rivers, de los 177 ríos más largos del mundo, solo un tercio corren libres y sólo 21 ríos de más de 1000 km llegan al mar. Su explotación también genera disputas internacionales y amenazas de guerras.

  3. Debemos avanzar hacia una verdadera transición energética justa. La explotación de los ríos y ecosistemas del sur global sirven a modelos económicos y sociales que solo son buenos para las élites ultrarricas que viven en la opulencia y el derroche a costa de la destrucción y el hambre de cada vez más personas. Para la mayoría de la población lo “verde y sostenible” no es más que un discurso vacío. No estamos viviendo una transición energética justa preocupada por el bienestar de los pueblos, sino más bien el agravamiento del modelo de destrucción masiva de ecosistemas y vidas humanas en los países del sur del mundo. Las materias primas del sur están mojadas con sangre, y en el norte del mundo, gobiernos, corporaciones y buena parte de la institucionalidad supranacional vende la idea de que avanzamos hacia energético limpias. En América Latina, África y otras partes del mundo, se sigue replicando el modelo colonial de explotación ilimitada de la Tierra y de la gente y las élites del sur también caminan sobre la miseria de los pueblos y la muerte de la naturaleza.

  4. Ya es tiempo de demoler represas y de respetar la vida de los ríos. Los ríos ya no deben ser más objeto de explotación y lucro privado con generación de electricidad, minería no metálica en los cauces de dominio público, concesiones de agua para monocultivos de cualquier tipo, turismo irresponsable, comercio privado nacional o transnacional de agua, ni deben ser reducidos a bienes privados. Todos los Estados y las entidades públicas deben revisar, fiscalizar y ajustar los alcances y costos de las concesiones de todo tipo y contemplar sus impactos acumulativos. Además, que haya más ríos represados y más generación no significa que la gente más pobre tenga acceso a la electricidad. No existe manera científica de justificar las hidroeléctricas como energía “limpia” o “renovable”. Hablar de “caudales de compensación” o “ecológicos” del 10 o 20% del caudal de los ríos es un disparate de la multimillonaria “industria” de los estudios de impacto ambiental. Aunque ha sido muy difícil, ya hay lecciones que podemos seguir: sólo en 2023 en Europa fueron eliminadas 487 represas y en Estados Unidos, ríos que estuvieron represados por más de un siglo, como el Klamath, ya fueron liberados.

  5. Es urgente un nuevo modelo energético y eléctrico. Hasta ahora las decisiones sobre energía y modelos eléctricos en Costa Rica y el mundo han sido exclusivas y controladas por gobiernos, empresas privadas y técnicos de espalda a los pueblos. Demandamos que en adelante la definición de nuestro modelo energético y eléctrico sea un ejercicio democrático y consensuado que asegure la participación efectiva de las personas y los derechos de los ecosistemas y la electricidad como derecho humano. Además, implica que los ríos deben ser reconocidos y respetados como sujetos jurídicos con derechos. En esta línea una meta prioritaria es mantener el río Jäküii/Pacuare libre por siempre y declararlo sitio RAMSAR según la Convención de Ramsar de 1971. En Costa Rica sabemos que esta es una tarea compleja porque el Ministerio de ambiente fue secuestrado para favorecer negocios corruptos y privados usurpando y destruyendo los ecosistemas que debiera proteger.

  6. Una condición básica del nuevo modelo energético y eléctrico es que los pueblos sean efectiva y obligatoriamente incluidos en el proceso completo de cualquier tipo de proyecto y que los Pueblos originarios sean consultados según la Ley indígena 6172 del 20 de diciembre de 1977 y su Reglamento de 1978, y el «Convenio sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes» de la Organización Internacional del Trabajo/Convenio 169, OIT, (Ley Nº 7316/1992 de Costa Rica). Los territorios no son simples áreas de intervención y construcción, si no espacios de vida de la naturaleza y las personas, que deben ser respetados.

  7. Jamás aceptaremos la privatización eléctrica. Rechazamos y trabajaremos hasta desechar el proyecto 23.414 mal llamado de “armonización” del sistema eléctrico nacional, porque no mejora, no moderniza, no eleva la eficiencia del sector eléctrico, y mucho menos garantiza rebajar las tarifas. Este es un proyecto privatizador del servicio social de electricidad para que generadores y distribuidores privados mejoren sus negocios como lo han hecho desde la aprobación de la ley 7.200 en 1990. Este proyecto acaba al Instituto Costarricense de Electricidad, ICE, como director de la electricidad y aniquila los principios de planificación, distribución en todo el país, equidad, precios justos y subsidiados, tarifas bajas y reguladas y solidaridad del servicio público de electricidad. Defenderemos al ICE como nuestra entidad de servicio social público, pero le demandamos respeto por las comunidades, los ecosistemas y los ríos en particular, y desechar las prácticas verticales, inconsultas e impositivas. Información completa, diálogo y consenso con la sociedad son condiciones irrenunciables.

  8. Quienes ganan dinero con los ríos deben apoyar su defensa. Demandamos que las empresas de turismo que usan y explotan comercialmente los ríos, no multipliquen los discursos “verdes” publicitarios y más bien que se sumen a la acción directa por su defensa científica, técnica y política; tarea que hemos asumido los movimientos sociales ecologistas y las comunidades indígenas y campesinas, que sin titubear hemos enfrentado a gobiernos y a empresas y logrado salvar ríos como Jäküii, Duchíí, Savegre, Térraba, San Rafael, Coto Brus, Bonilla y muchos más, para las presentes y las futuras generaciones. Por ética, quienes ganan dinero con los ríos deben apoyar a quienes nos organizamos y luchamos para mantenelos libres.

  9. Rechazamos la sobreexplotación de los ríos y del agua de cualquier fuente, facilitada por gobiernos, municipalidades, Asadas, u otras entidades, en favor de la gentrificación que expulsa a la gente local y estimula el irrespeto a la Zona Marítimo Terrestre y muchos otros sitios. Rechazamos la indecente y criminal contaminación del agua con agroquímicos vergonzosamente facilitada por el Estado. Ante estos problemas debemos asumir responsabilidad directa reconectándonos con la naturaleza y recuperando los ecosistemas para la vida, la recreación, la cultura, la soberanía alimentaria y la agroecología.

  10. Sabemos que defendemos los derechos de la Tierra en un tiempo de brutal autoritarismo político y criminalización. Pero no tenemos miedo: seguiremos organizándonos para cuidar la vida del planeta, señalar los responsables directos de acelerar la crisis climática, denunciar la voracidad sostenida y la esclavitud con que operan las corporaciones, condenar genocidios como el del Estado de Israel -y todos sus cómplices- contra el pueblo de Palestina, aunque nos digan “terroristas”.

  11. Nos unimos y solidarizamos con los pueblos, organizaciones y personas de todo el planeta que trabajan para cuidar la vida, el agua, los suelos, los ríos, los territorios y todos los ecosistemas. Ésa es una tarea peligrosa que se realiza en medio de amenazas y muertes, pues tan solo en 2023 fueron asesinadas 196 personas defensoras de la tierra y el medioambiente en el mundo y el saldo de asesinatos entre 2012 y 2023 alcanzó 2.100, según Global Witness.

  12. Nos solidarizamos con los Pueblos originarios en el camino de recuperación de su Tierra, su cultura y organización propia y autónoma, y hacemos nuestras las palabras de las personas indígenas que participaron en el Encuentro Jäküii: “Nuestros ríos, bosques y territorios son bienes colectivos, no mercancías. No aceptamos que gobiernos ni empresas los vean sólo como “potencial energético” o fuente de riqueza. Vender la naturaleza es vendernos a nosotros y nosotras mismas; es entregar nuestra dignidad y nuestra casa común. Por eso decimos fuerte y claro: los ríos no se venden, los territorios no se negocian, la Madre Tierra no se explota. Desde nuestra Tierra y desde nuestra palabra colectiva, instamos a todas las personas a unirse en la defensa de los ríos, de la tierra-territorio y de nuestros derechos”.

Los ríos que están libres deben ser cuidados y ser usados sólo bajo estrictos límites y condiciones de salvaguarda, cuando se trate de atender necesidades humanas comprobadas como indispensables, justas y respetuosas; y nunca más para el lucro y la acumulación de riqueza.

¡Ni el Estado ni las empresas,

a los ríos no les ponen más represas!

Jäküii-Pacuare+10+20+siempre

Nimarí Ñak, 30 de agosto 2025.

Participantes de Santubal, Nimarí Tüo, Dorbata, Nimarí Ñak, Blory Ñak, Ñari Ñak, Jokbata, Paso Marcos, Sharabata, Jäkuy, Shara, Tneklari, Alto Pacuare, Tsirbä Klä, Tsisbata sector Shara/territorio cabécar, Nairi Awari/cabécar, Shule krats/Buenas Vista-Salitre/territorio Bribri, Yimba, (Curre), Térraba, Sixaola/territorio Ngäbe, San Pablo, Pacuar, Pajo Pacuare, San Joaquín de Tuis, Santa Rosa, San Martín, Turrialba centro, La Suiza y otros de Turrialba; Punta Morales, Chomes, Santa Rosa, San Antonio, Guacimal, Monteverde de Puntarenas; Volcán, Longo Mai de Buenos Aires, Cristo Rey de San Pedro, Rivas, Santa Elena de Pérez Zeledón. Organizaciones nacionales e internacionales.

Más información: Osvaldo Durán Castro y Mariana Porras Rozas jakuiipacuare@gmail.com

#jakuii2025

Ninguna victoria ecologista es permanente… Sobre nuestra lucha anti-petrolera en Costa Rica

Por: Fabián Pacheco R. – OILWATCH Costa Rica
Agosto 2025

En Costa Rica se ha mantenido una moratoria a la explotación de hidrocarburos (petróleo y gas natural) durante cinco gobiernos consecutivos. Sin embargo, siempre hemos señalado que ninguna victoria del movimiento ecologista es permanente; lo único permanente es la voracidad extractivista, que intenta instalarse una y otra vez sobre nuestros territorios.

Hoy Costa Rica sigue siendo un país libre de explotación petrolera y de gas natural (incluido el fracking), principalmente gracias a la participación y lucha de múltiples sectores de la sociedad civil. Haber sostenido esta moratoria frente a una actividad tan destructiva es, sin duda, una victoria que debemos defender. No debemos olvidar nuestra historia de lucha, especialmente ahora, cuando la campaña electoral rumbo a las elecciones del 2026 está plagada de políticos oportunistas, seducidos por la industria extractivista transnacional.

Podemos disfrutar de un mar Caribe sin derrames de petróleo gracias a la lucha de ecologistas, pueblos indígenas y afrodescendientes, pescadores, académicos y diversos sectores de la sociedad civil, que desde finales de los años noventa se organizaron en la coalición ADELA (Acción de Lucha Antipetrolera). El nombre honra a Adela Pita, una mujer indígena bribri que en los años ochenta enfrentó con valentía a la maquinaria de la petrolera PEMEX.

Nuestro trabajo ha alcanzado importantes victorias en los ámbitos legal, político y administrativo. No obstante, aún persisten quienes anteponen sus intereses privados, amparándose en la demagogia de “cálculos alegres”, para intentar instalar negocios extractivistas sobre la tranquilidad y la ecología de este pequeño país tropical.

La “mula vuelve al trigo”. El actual gobierno de Rodrigo Chaves ha mantenido desde sus inicios un discurso confrontativo hacia el movimiento ecologista, y el tema de hidrocarburos no ha sido la excepción. En la Conferencia de Naciones Unidas sobre los Océanos (Niza, Francia), el mandatario declaró a Radio Francia Internacional:

Yo lo que dije es: ‘midamos esos recursos y basemos el debate sobre si vale la pena o no’. Puede ser que no tengamos suficientes hidrocarburos en nuestro subsuelo. Puede ser que estemos sentados sobre una cantidad enorme de esos recursos. El valorarlos es el primer paso para tener un debate racional al respecto”.
(Fuente:
Semanario Universidad)

En octubre del año pasado, Chaves anunció haber solicitado al gobierno de Noruega apoyo para estudios sobre exploración y explotación de petróleo y gas, bajo el argumento de que ese país “es el campeón del mundo en aprovechar los recursos y conservar el ambiente”. La respuesta diplomática noruega fue una negativa clara, dejando a nuestro gobierno en ridículo. Era previsible: Noruega no arriesgaría su imagen internacional ayudando a un pequeño país megadiverso de Centroamérica a sacrificar su biodiversidad en nombre del petróleo.
(Fuente:
Semanario Universidad)

Además, el Poder Ejecutivo, junto con otras fuerzas políticas conservadoras y el poderoso lobby petrolero en nuestro país, han bloqueado sistemáticamente el proyecto de ley N.° 23.579, que busca declarar a Costa Rica como un territorio libre de exploración y explotación de petróleo y gas. Esto demuestra que el tema sigue muy presente en la agenda de los opacos intereses que defienden el extractivismo.

La moratoria: conquista en disputa. La exploración y explotación de hidrocarburos está prohibida en Costa Rica gracias a una moratoria vigente hasta el 2050, firmada y ratificada por los últimos gobiernos, menos el actual. Sin embargo, esta medida podría ser levantada en cualquier momento desde el Poder Ejecutivo.

La primera moratoria surgió a inicios de los 2000, gracias a la presión del movimiento ecologista en campaña electoral. En el 2002, durante su toma de posesión, el presidente Abel Pacheco declaró que la verdadera riqueza del país eran sus recursos naturales, no el oro ni el petróleo, comprometiéndose a no facilitar concesiones petroleras ni mineras. Más tarde, bajo el gobierno de Laura Chinchilla, la moratoria se formalizó por decreto, pasando de ser un gesto político a un compromiso escrito en blanco y negro.

Los logros no fueron solo políticos: también se obtuvieron victorias clave en el ámbito judicial y técnica-administrativa, principalmente ante SETENA. En el 2002 se demostró la inviabilidad ambiental de los proyectos de la petrolera Harken, cuyos estudios de impacto incumplían la normativa. Tras la anulación del contrato, la empresa reclamó indemnizaciones millonarias, llegando incluso a exigir en arbitraje internacional $57.000 millones, lo que fue denunciado como un intento de “extorsión”. Finalmente, Costa Rica ganó el litigio.

La mano peluda: corrupción y puertas giratorias. Uno de los impactos más graves del extractivismo en países tropicales es el intervencionismo político. Además de los daños ambientales, la industria hidrocarburífera ha manchado democracias con corrupción, prevaricato y conflictos de interés.

Ejemplo de ello es el caso del exministro de Ambiente Roberto Dobles, quien tras su gestión se vinculó a la UCCAEP proponiendo derogar la moratoria, y posteriormente firmó un contrato con una petrolera para recibir un porcentaje de las ganancias de la explotación. Su carrera como consultor energético ilustra las puertas giratorias entre negocios petroleros y cargos públicos.
(Fuentes:
Semanario Universidad, UCCAEP, SURCOS Digital)

Llamado al 2026. Desde el movimiento ecologista exhortamos a las y los candidatos presidenciales para las elecciones de 2026 a posicionarse de forma transparente ante el electorado: ¿de qué lado estarán?

Desde OILWATCH Costa Rica insistimos en que sostener la moratoria petrolera y evitar la explotación de gas natural no solo es estratégico para la protección de los bienes comunes, sino también fundamental para la defensa de una democracia sana y libre de los vicios del extractivismo.

Talamanca: Municipalidad cobra permisos mientras la naturaleza se derrumba

El Observatorio de Bienes Comunes de la UCR destaca: Las recientes actuaciones de la Municipalidad de Talamanca muestran un patrón preocupante: las clausuras y operativos en la zona costera no buscan frenar el daño ambiental, sino regularizar permisos y garantizar pagos. Esto confirma que la recaudación fiscal se ha convertido en el verdadero motor de la gestión municipal.

Casos como los ocurridos en Flor de China y Beach Break evidencian que, aun en terrenos públicos o con órdenes de demolición, basta con tener permisos al día para continuar construcciones que afectan playas, quebradas y humedales. En ninguno de los casos el enfoque estuvo en la conservación, sino en la formalidad del trámite.

El resultado es un modelo territorial que legitima construcciones ilegales y rellenos en ecosistemas frágiles, mientras se incrementa la presión inmobiliaria y turística. En la práctica, la naturaleza queda reducida a un requisito burocrático, relegada frente a los intereses económicos.

Puede leer la nota completa en el siguiente enlace: https://bienescomunes.fcs.ucr.ac.cr/municipalidad-cobra-permisos-mientras-la-naturaleza-se-derrumba/

Nosara defiende lo público

Observatorio de Bienes Comunes

Nosara recupera la voz: Sala IV exige proteger bienes comunales frente a apropiaciones privadas

La Sala Constitucional admitió un recurso de amparo contra el alcalde de Nicoya por no actuar en la defensa de 80 hectáreas de bienes comunales en el Proyecto Americano: calles, parques y zonas verdes que habían quedado en manos privadas.

El fallo ordena frenar cualquier obra que afecte esos espacios y avanzar en los trámites para devolverlos a la comunidad.

Este precedente no solo es importante para Nosara, sino para todo el país: reafirma que los bienes públicos son inalienables, imprescriptibles y pertenecen a todas las personas.

Lea más sobre el caso y sus implicaciones aquí: https://bienescomunes.fcs.ucr.ac.cr/nosara-recupera-la-voz-sala-iv-exige-proteger-bienes-comunales-frente-a-apropiaciones-privadas/

Escazú: El Plan Regulador y los mensajes en redes sociales y otros espacios

En Escazú circulan mensajes que buscan desinformar sobre el Plan Regulador y el papel de la ciudadanía en su construcción. El Observatorio de Bienes Comunes de la Universidad de Costa Rica, busca aclarar estas versiones y defender la importancia de una participación ciudadana informada y activa.

Algunos de estos mensajes intentan reducir la participación vecinal a un trámite sin relevancia y desestiman el papel de la Comisión de Plan Regulador. Sin embargo, el manual del INVU señala de forma expresa que esta comisión es un espacio esencial para articular las voces de comunidades, autoridades locales y profesionales técnicos en la toma de decisiones.

También se han difundido afirmaciones que califican la oposición vecinal como “manipulada políticamente”, lo cual busca restar legitimidad a la voz ciudadana. Esto desconoce que la participación es un derecho fundamental y que la democracia local se construye escuchando y tomando en cuenta a la población en los procesos de planificación urbana.

En este sentido, se reafirma que fortalecer la democracia en Escazú requiere promover procesos abiertos, transparentes y respetuosos, donde la comunidad pueda expresar preocupaciones, señalar riesgos y reconocer beneficios, siempre en un marco de voluntariedad y con garantía de confidencialidad.

Le invitamos a leer el análisis completo en el siguiente enlace: https://bienescomunes.fcs.ucr.ac.cr/cuando-un-post-intenta-silenciar-a-la-ciudadania-el-debate-por-el-plan-regulador-de-escazu/