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Etiqueta: cambio climático

Tiempos de incertidumbre en el mundo: ¿qué significa esto para la gente de la Zona Sur o las zonas agrícolas?

José Rafael Quesada / pressenza

Durante décadas muchas personas creyeron que la llamada globalización traería estabilidad permanente, crecimiento económico continuo y una creciente integración entre los países. Sin embargo, los acontecimientos de los últimos años nos muestran una realidad diferente. Vivimos una época caracterizada por la incertidumbre, el miedo, la fragmentación, la violencia y cambios acelerados que afectan tanto a las grandes potencias como a las pequeñas comunidades rurales en todo el mundo, y en Costa Rica también.

Hasta el concepto globalización se debió cuestionar por muchos por tratarse de una sola forma de relaciones entre personas y países, tanto que desde hace tiempo se habla de Mundialización y no de globalización -financiera- en todo caso.

Las guerras en Europa y Medio Oriente, las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, la competencia por minerales estratégicos, la transformación tecnológica impulsada por la inteligencia artificial y el cambio climático son expresiones de un nuevo escenario mundial. Lo que antes parecía distante hoy influye directamente en la vida cotidiana de millones de personas.

Para muchos habitantes de la Zona Sur de Costa Rica, que es una zona agrícola en crecimiento como muchas en el mundo y en América Latina por supuesto, la geopolítica puede parecer un concepto alejado en el tiempo y en el espacio. Sin embargo, basta observar cómo las fluctuaciones internacionales afectan el precio de los combustibles, los fertilizantes, los alimentos y el transporte para comprender que los acontecimientos mundiales llegan rápidamente hasta las comunidades rurales.

Cuando aumenta el costo del petróleo, gasolinas y el diésel, aumenta el costo de movilizar productos agrícolas. Cuando se interrumpen cadenas de suministro internacionales, ciertos insumos se vuelven más escasos o más caros. Insumos de por sí encarecidos por los costos, las distancias y la economía usurera. Cuando los fenómenos climáticos como el del Niño, se intensifican, las cosechas, los caminos, los puentes y la infraestructura local sufre mayores impactos. Y esto complica la participación de los agricultores en el intercambio de productos y servicios.

La incertidumbre global no solo tiene efectos económicos. También tiene consecuencias humanas. En muchos países crece la ansiedad, el caos, la movilización en las calles, el miedo al futuro y la sensación de que los cambios ocurren demasiado rápido. Paradójicamente, vivimos en una época con más acceso a la información y a la tecnología que nunca antes, pero también con mayores niveles de preocupación social.

Desde una perspectiva humanista, el desafío central no es únicamente tecnológico o económico. La pregunta fundamental es qué ocurre con las personas sobre todo que viven las zonas agrícolas alejadas, en medio de transformaciones tan profundas. La tecnología puede ampliar nuestras capacidades, pero no sustituye la necesidad de construir sentido, fortalecer vínculos comunitarios y desarrollar proyectos colectivos.

La Zona Sur o región Brunca posee importantes fortalezas para enfrentar estos desafíos. Su tradición agrícola, la experiencia de las cooperativas, las asociaciones de desarrollo, las Asociaciones administradoras del agua y las múltiples formas de organización comunitaria constituyen una base sólida de resiliencia social. Allí donde existen redes de cooperación y solidaridad, las comunidades suelen responder mejor a las crisis y adaptarse con claridad y eficacia.

Esto de las inteligencias artificiales, ejemplo, puede convertirse en una herramienta valiosa para mejorar la agricultura, agregar el acceso a la educación, el cierre de la brecha digital, fortalecer la atención en salud y facilitar la comercialización de productos rurales. Y es que para que esto ocurra, la tecnología debe ponerse al servicio de las personas y no al revés. ¿De qué sirve tener empresas y tecnología si no sirve al ser humano?

Vivimos realmente tiempos difíciles y complejos. Nadie puede predecir ni jugar de mago para predecir con precisión cómo será el mundo dentro de veinte años. Lo que sí sabemos es que las comunidades rurales y urbanas que cultiven la solidaridad, la cooperación y la capacidad de adaptación tendrán mayores posibilidades de prosperar.

Y es aquí donde cabe proteger esa capacidad del ser humano que es la intencionalidad, todos los seres humanos de las ciudades y las ruralidades tenemos esa intención para mover la propia vida y para tomar decisiones entre condiciones que le afectan la libertad.

La incertidumbre de la gente en el ámbito mundial es real. Pero insistimos, también los son la creatividad y la innovación humanas, la organización comunitaria y la capacidad de construir los futuros imaginados.

En última instancia, la mejor respuesta que podemos colocar frente a la incertidumbre y el miedo sigue siendo actuar para fortalecer lo que nos hace verdaderamente humanos como son la cooperación, la esperanza, el compromiso con el bienestar común y la intención de Humanizar la Tierra, o sea humanizar todos los ámbitos que nos encontremos en la vida.

FAO y PMA alertan una posible crisis alimentaria por fenómeno El Niño

Pressenza / Prensa Latina

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA) solicitaron fondos para enfrentar el posible impacto del fenómeno meteorológico de El Niño, indica hoy una nota.

En un LLamamiento Conjunto de Acción Anticipatoria, la FAO y el PMA demandan un aporte de 202 millones de dólares, para proteger a casi nueve millones de personas en 22 países prioritarios de alto riesgo, ante los graves efectos en la agricultura y la alimentación de ese evento, que se prevé en el segundo semestre de este año.

Se trata de una de las variaciones climáticas naturales más poderosas del planeta relacionada con un sobrecalentamiento del océano Pacífico oriental ecuatorial que modifica los vientos, las lluvias y las temperaturas en distintas zonas del mundo durante meses, el cual se presenta en ciclos de tres u ocho años.

Ambas entidades solicitan financiación urgente y flexible ante los impactos climáticos previstos, que podrían amenazar la seguridad alimentaria, los medios de subsistencia y la producción agrícola en las regiones más vulnerables del mundo durante este año y el próximo, indica el llamado publicado por la oficina de prensa de la FAO.

Las intensas condiciones de El Niño en la segunda mitad de 2026, según subrayan, podrían aumentar la probabilidad de sequías, inundaciones y tormentas en partes de África, Asia, el Pacífico y América Latina y el Caribe, con graves afectaciones agrícolas, en un momento en que millones de personas ya enfrentan una grave inseguridad alimentaria.

La FAO y el PMA indicaron que ya cuentan con los recursos para brindar atención preventiva a 1,2 millones de posibles afectados por El Niño, pero se requiere de una inversión adicional de al menos 167 millones de dólares para ampliar el apoyo a otros 7,6 millones de personas en 22 países prioritarios.

Entre esas naciones se encuentran Camerún, Etiopía, Kenia, Madagascar, Malaui, Mozambique, Nigeria, Somalia, Sudán del Sur, Sudán, Uganda, Zimbabwe, Afganistán, Paquistán, Filipinas, Timor Oriental, Colombia, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras y Venezuela.

Beth Bechdol, subdirectora general de la FAO señaló al respecto que “la experiencia demuestra sistemáticamente que la acción temprana es más eficaz y menos costosa que responder una vez que la crisis se ha agravado”.

“Contamos con los datos, las herramientas y la evidencia para identificar los riesgos antes de que se conviertan en emergencias, y el reto consiste en garantizar que la financiación esté disponible con la suficiente antelación para actuar” apuntó Bechdol.

La financiación apoyará un conjunto de acciones preventivas, incluidas la asistencia monetaria, la distribución de semillas resistentes a la sequía, medidas de protección del ganado, sistemas de captación y el almacenamiento de agua,

También se destinarán a infraestructura de protección contra inundaciones, asesoramiento agrícola y difusión de información de alerta temprana, agrega la fuente.

Guía de CEJIL destaca acceso a la información como herramienta clave frente a la crisis climática

La publicación analiza los alcances de la Opinión Consultiva OC-32/25 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y subraya que la transparencia y el acceso a la información son condiciones indispensables para la justicia climática.

En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) puso a disposición la guía temática El acceso a la información climática y las obligaciones de derechos humanos, un documento que analiza los principales aportes de la Opinión Consultiva OC-32/25 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) sobre emergencia climática y derechos humanos.

La publicación forma parte de la serie El derecho internacional frente a la emergencia climática y busca acercar a personas, comunidades y organizaciones los estándares jurídicos desarrollados por la Corte IDH para enfrentar una crisis que ya afecta derechos fundamentales como la vida, la salud, el acceso al agua, la alimentación y la permanencia en los territorios.

CEJIL recuerda que la Opinión Consultiva reconoce que la emergencia climática es también una crisis de derechos humanos y establece obligaciones concretas para los Estados. Entre ellas destaca la necesidad de garantizar el acceso a información pública, clara, veraz y oportuna sobre las causas e impactos del cambio climático y sobre las medidas adoptadas para enfrentarlo.

La organización enfatiza que los incendios, las sequías y los eventos climáticos extremos continúan afectando a millones de personas en América Latina y el Caribe. Frente a estas amenazas, la información pública se convierte en una herramienta indispensable para la protección de los derechos humanos, la participación ciudadana y la exigencia de respuestas estatales eficaces.

Según destaca la guía, sin acceso a información adecuada las comunidades carecen de elementos para prepararse ante riesgos climáticos, participar en la toma de decisiones, exigir rendición de cuentas o acceder plenamente a la justicia. La información climática es presentada como una condición necesaria para la existencia de alertas tempranas, mecanismos efectivos de participación y procesos transparentes de formulación de políticas públicas.

El documento explica que el acceso a la información climática no constituye únicamente un derecho autónomo protegido por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, sino también una herramienta esencial para garantizar otros derechos fundamentales. Asimismo, señala que los Estados deben producir, recopilar, actualizar y divulgar información relevante utilizando la mejor evidencia científica disponible e incorporando los conocimientos tradicionales de pueblos indígenas y comunidades locales.

La guía desarrolla de manera detallada los principales estándares establecidos por la Corte IDH en materia de acceso a la información climática. Entre los temas abordados se encuentran las obligaciones estatales de transparencia activa, los mecanismos para responder solicitudes de información, la accesibilidad para distintos sectores de la población, el uso de nuevas tecnologías, los estudios de impacto ambiental y climático, los presupuestos destinados a la acción climática, la participación pública en asuntos ambientales y el acceso a la justicia.

También examina la protección de personas defensoras de derechos humanos, las obligaciones de los actores privados respecto a la generación y divulgación de información ambiental, las restricciones legítimas al acceso a la información y las medidas necesarias para enfrentar la desinformación climática.

La publicación sostiene que fortalecer los sistemas de acceso a la información climática es una condición indispensable para enfrentar la crisis climática desde una perspectiva de derechos humanos y para construir procesos democráticos más transparentes, participativos y responsables.

CEJIL señala que la guía busca facilitar la comprensión y aplicación de los estándares contenidos en la Opinión Consultiva OC-32/25, contribuyendo a que personas, comunidades y organizaciones dispongan de mayores herramientas para defender sus derechos y participar activamente en las decisiones relacionadas con la emergencia climática.

Descargue el documento completo desde SURCOS en el siguiente enlace:

https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2026/06/acceso-a-la-informacion-climatica-CEJIL.pdf

La crisis civilizatoria ¿en qué consiste y cómo afecta el cambio climático?

Alberto Salom Echeverría
albertolsalom@gmail.com

La llamada “crisis civilizatoria” se refiere a una crisis profunda del modelo de civilización dominante, es decir, de la forma en que la humanidad —particularmente el mundo industrial moderno— organiza la economía, la política, la producción, el consumo, la relación con la naturaleza y hasta los valores culturales. No se trata únicamente de una crisis económica o ambiental aislada, sino de una crisis integral del modo de vida contemporáneo.

La idea central es que el modelo civilizatorio basado en el crecimiento económico ilimitado, el consumo masivo, la explotación intensiva de recursos naturales y la lógica de acumulación permanente ha llegado a límites ecológicos, sociales y éticos que amenazan la estabilidad del planeta y de las propias sociedades humanas.

Diversos pensadores y movimientos críticos han desarrollado este concepto, entre ellos Edgar Morin, Enrique Leff, Leonardo Boff y Boaventura de Sousa Santos, quienes coinciden en que la crisis ambiental y climática no es un accidente pasajero, sino la consecuencia estructural de un determinado modelo de desarrollo.

La relación con el cambio climático es directa y profunda por varias razones:

1. El modelo económico depende de combustibles fósiles

La civilización industrial moderna se construyó sobre el uso masivo de carbón, petróleo y gas natural, así como también gas metano. Estos combustibles permitieron el crecimiento industrial, el transporte global y la expansión del consumo, pero también generaron enormes emisiones de gases de efecto invernadero.

El resultado es entonces el calentamiento global antropogénico, es decir, el cambio climático en esta ocasión ha sido provocado principalmente por las actividades humanas dedicadas a la producción de combustibles fósiles.

2. La lógica del crecimiento ilimitado choca con los límites del planeta

La economía dominante funciona bajo la idea de crecer constantemente: producir más, consumir más y extraer más recursos. Sin embargo, la Tierra posee límites ecológicos. Los bosques, océanos, suelos y la atmósfera no pueden absorber indefinidamente la presión humana.

Esta contradicción entre crecimiento ilimitado y planeta finito es uno de los núcleos de la crisis civilizatoria.

3. La naturaleza es tratada como mercancía

Dentro del paradigma dominante, la naturaleza suele ser concebida principalmente como “recurso económico”: bosques para explotar, ríos para represar, minerales para extraerlos y procesarlos, mares para industrializar.

Esa visión reduce el valor ecológico y cultural de los ecosistemas y favorece procesos como:

deforestación,

contaminación,

destrucción de biodiversidad,

expansión minera y petrolera,

agricultura industrial intensiva.

Todos estos factores agravan el cambio climático.

4. El consumismo incrementa la huella ecológica

La cultura contemporánea impulsa patrones de consumo masivo: producción rápida, obsolescencia programada, desperdicio y uso intensivo de energía.

El problema no es solamente cuántos seres humanos existen, sino el tipo de consumo predominante, especialmente en las sociedades más industrializadas.

Una minoría del planeta consume y contamina muchísimo más que la mayoría de la población mundial.

5. La desigualdad social dificulta soluciones globales

La crisis civilizatoria también implica enormes desigualdades económicas y políticas. Los países y grupos sociales que menos contribuyen al calentamiento global suelen ser los más vulnerables a sus efectos.

Esto genera tensiones internacionales y dificulta alcanzar acuerdos eficaces para enfrentar la crisis climática.

En regiones como Centroamérica, por ejemplo, los impactos climáticos —huracanes, sequías, inundaciones y pérdidas agrícolas— son severos, aunque la región emite relativamente poco carbono a escala global.

6. Existe una crisis ética y cultural

Muchos autores sostienen que el problema no es solo tecnológico o económico, sino también de naturaleza política, ética y cultural. La crisis civilizatoria expresa una ruptura en la relación entre humanidad y naturaleza.

Se cuestiona una visión basada en:

dominación sobre la naturaleza,

individualismo extremo,

competencia permanente,

acumulación material como medida del bienestar.

Por eso, las soluciones al cambio climático no consisten únicamente en nuevas tecnologías “verdes”, sino también en transformaciones culturales, políticas y sociales profundas.

En síntesis, la crisis civilizatoria influye en el cambio climático porque el calentamiento global no surge de manera aislada: es el resultado histórico de un modelo de civilización basado en la explotación intensiva de energía fósil, el crecimiento ilimitado y una relación desequilibrada con la naturaleza. Desde esta perspectiva, enfrentar seriamente el cambio climático implica también replantear el modelo de desarrollo, los patrones de consumo y la forma en que las sociedades humanas conciben el progreso y el bienestar.

Caribe Sur impulsa taller comunitario para conocer y monitorear arrecifes de coral

Iniciativa combinará formación virtual y trabajo práctico en el mar para fortalecer la ciencia ciudadana y la protección del arrecife El Chino y otros ecosistemas coralinos de Talamanca.

El Caribe Sur de Costa Rica será escenario de un nuevo proceso comunitario de formación y sensibilización en la protección de los arrecifes de coral. Se trata de un taller abierto a personas de todo el país que combinará sesiones virtuales con salidas prácticas al mar, priorizando la participación de comunidades locales de Talamanca.

Las actividades virtuales se desarrollarán durante el mes de mayo, mientras que las jornadas prácticas de monitoreo y trabajo en arrecifes se realizarán entre finales de mayo y durante junio en distintos puntos del Caribe Sur. Estas actividades incluirán recorridos y ejercicios de observación en ecosistemas coralinos de la zona.

Arrecife El Chino

Participación. Se han matriculado más de 150 personas de distintas regiones del país, pero en las sesiones prácticas tendrán prioridad las personas del Caribe Sur, buscando fortalecer una red comunitaria de observadores ambientales que pueda dar seguimiento permanente a la situación crítica de los arrecifes de la región.

El cupo inicialmente previsto para el taller ya fue ampliamente rebasado debido al alto interés generado desde distintas regiones del país. Sin embargo, la modalidad virtual ha permitido ampliar la participación e incorporar a más personas de las previstas originalmente. Además, las actividades no tienen ningún costo para las personas participantes.

Contenidos. La iniciativa busca fortalecer la ciencia ciudadana y brindar herramientas para que vecinos, organizaciones y personas interesadas puedan involucrarse activamente en el monitoreo y conservación de ecosistemas marinos amenazados por el cambio climático, el blanqueamiento coralino y distintos proyectos de infraestructura costera, entre otros factores.

El taller abordará temas como ecología de arrecifes, identificación de especies emblemáticas del Caribe Sur -entre ellas Acropora palmata, Montastraea y Porites spp.-, así como protocolos comunitarios para monitorear la salud coralina, registrar procesos de blanqueamiento y documentar amenazas ambientales.

Las personas participantes también conocerán herramientas prácticas de ciencia ciudadana para generar información útil en procesos locales de conservación y toma de decisiones ambientales.

Además del componente científico, el proceso busca reforzar la relación entre conservación marina, territorio y comunidades locales, reconociendo el enorme valor ecológico, cultural y económico que tienen estos ecosistemas para la región.

“El objetivo es que la protección de los arrecifes no quede solo en manos de especialistas o instituciones, sino que las propias comunidades puedan participar activamente en su monitoreo y defensa”, señalaron las personas organizadoras.

Arrecife Punta Uva

Organización. La actividad está siendo organizada por el colectivo Costa Rica por el Océano, junto con los proyectos de acción social Programa Voces y Política de la Escuela de Ciencias Políticas y Geografía y Diálogo de Saberes de la Escuela de Geografía, ambos vinculados al Programa Kioscos Socioambientales de la Universidad de Costa Rica.

Las organizaciones impulsoras también están valorando abrir una nueva promoción del proceso formativo, especialmente orientada a facilitar la participación de más personas de Talamanca interesadas en involucrarse en el monitoreo y protección de arrecifes coralinos

Ana María Arenas, instructora de buceo, integrante de Costa Rica por el Océano, cumple su cuarto año impartiendo talleres de monitoreo de corales y gestión comunitaria en ciencia ciudadana. Con experiencia en conservación marina, arqueología subacuática comunitaria y procesos de formación comunitaria, actualmente trabaja en proyectos como Reflejos del Mar, junto a Diego Miranda y Gloriana Turcios, enfocado en fotografía comunitaria subacuática, y Arrecife Sonoro, junto a Claudia Campos y Anja Ludewig, una iniciativa que explora el sonido de los arrecifes de coral y su importancia para los ecosistemas marinos.

Contexto. La actividad se inserta en una trayectoria más amplia de organización y defensa ambiental impulsada por comunidades y organizaciones del Caribe Sur en torno a la protección de los arrecifes coralinos y ecosistemas costeros.

En años recientes se han desarrollado diagnósticos comunitarios sobre blanqueamiento de corales, campañas de sensibilización y procesos de monitoreo participativo, entre ellos la defensa del arrecife. Uno de los antecedentes más relevantes fue la evaluación comunitaria de salud ambiental realizada junto al Programa Kioscos Socioambientales de la Universidad de Costa Rica, así como un pronunciamiento conjunto de organizaciones locales frente al proyecto de atracadero en Puerto Viejo, el cual generó preocupación por posibles impactos sobre el arrecife.

Fotos:
Arrecife El Chino -Ana-Arenas
Arrecife Punta Uva-Marco-Salazar

Costa Rica ante el cambio climático: entre la excepcionalidad y sus límites

Alberto Salom Echeverría
albertolsalom@gmail.com

Costa Rica ha sido durante décadas presentada —y celebrada— como una excepción en el contexto centroamericano: un país pequeño que, a contracorriente de las tendencias regionales, apostó a partir de la segunda mitad del siglo XX, por la conservación de la naturaleza, la institucionalidad ambiental y un modelo energético relativamente limpio. Esta imagen no es una simple construcción discursiva: descansa sobre decisiones históricas concretas, políticas públicas sostenidas y sustentables, con resultados verificables. Sin embargo, en el contexto contemporáneo de la crisis climática, y un desarrollo extractivo y neoliberal, esa excepcionalidad aparece cada vez más menguada, con lo que se ha producido un equilibrio inestable, atravesado por tensiones estructurales que cuestionan su alcance y su sostenibilidad.

I. La construcción de una excepcionalidad: políticas, instituciones y territorio

El origen de esta trayectoria singular puede situarse en la segunda mitad del siglo XX, cuando Costa Rica comenzó a institucionalizar la protección de sus recursos naturales. La aprobación de la Ley Forestal de 1969 y la creación del sistema de parques nacionales en los años setenta marcaron un punto de inflexión, impulsado por figuras como Mario Boza Loría y Álvaro Ugalde Víquez.

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo ha expresado que, Costa Rica es uno de los pocos países tropicales que ha logrado revertir la deforestación a gran escala mediante políticas públicas sostenidas.

Esta afirmación sintetiza uno de los pilares del modelo costarricense, al menos en la segunda mitad del siglo anterior. En efecto, la cobertura forestal, que había caído a cerca del 25% en los años ochenta, supera hoy el 50%, gracias a políticas como el Pago por Servicios Ambientales (Banco Mundial, 2008).

El entramado institucional se consolidó originalmente mediante el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), al cual se le asignó la tarea de administrar más de una cuarta parte del territorio nacional bajo diversas categorías de protección.

Ejemplos emblemáticos de este proceso son la Reserva Biológica Bosque Nuboso Monteverde, el Parque Nacional Braulio Carrillo y el Parque Nacional Corcovado, que han adquirido reconocimiento internacional tanto por su biodiversidad como por su papel en el desarrollo del ecoturismo. No obstante, en las dos décadas y media que llevamos del siglo XXI, la labor del SINAC se debilitó sustancialmente, dejando mucho que desear respecto de sus objetivos originales.

A este conjunto se suma un logro ampliamente documentado:

“Costa Rica genera casi toda su electricidad a partir de fuentes renovables, principalmente hidroeléctricas, geotérmicas y eólicas” (Agencia Internacional de Energía, 2023).

Este desempeño refuerza la percepción de una transición energética exitosa. Sin embargo, es aquí donde emerge la paradoja.

II. Una excepcionalidad sectorial: avances reales, límites estructurales

La fortaleza del modelo costarricense consistió en las últimas tres décadas del siglo pasado, en su capacidad para producir resultados concretos, pero concentrados en sectores específicos. No obstante, estos avances no se tradujeron automáticamente en una transformación integral del sistema económico.

Como lo advirtió el mismo Banco Mundial: el crecimiento económico de Costa Rica ha estado acompañado, por un lado, por el aumento en la demanda energética, pero por el otro, se sustentó en el uso de combustibles fósiles, especialmente en el transporte.

En efecto, el sector transporte se ha convertido en el principal emisor de gases de efecto invernadero del país. La expansión del parque vehicular y la falta de sistemas integrados de transporte público han limitado el impacto positivo de la matriz eléctrica limpia. A ello contribuyó decisivamente la eliminación del tren eléctrico, con el objeto de hacer una concesión a los transportistas durante la administración de José María Figueres (1994-1998).

Este fenómeno se vincula con el crecimiento urbano desordenado, particularmente en la Gran Área Metropolitana. Estudios del Programa Estado de la Nación han señalado que, la expansión urbana ha ocurrido sin una adecuada planificación territorial, generando presiones sobre los recursos naturales y aumentando la desigualdad espacial, principalmente rural-urbana.

Así, la excepcionalidad costarricense retrocedió, revelándose como parcial: fuerte en ciertos ámbitos, pero muy limitada en otros.

III. Presiones sobre la biodiversidad: entre la protección y la erosión

A pesar de la solidez que alcanzó en un inicio el sistema de áreas protegidas, hoy, la conservación enfrenta desafíos crecientes; persisten dinámicas de tala ilegal, una expansión agrícola desordenada, acompañada de la ocupación de zonas de amortiguamiento. Concretamente, esas ocupaciones pueden incluir, expansión de la agricultura o la ganadería, construcción de viviendas o urbanizaciones, apertura de caminos, tala y extracción de madera, actividades turísticas desordenadas o, invasiones de tierras donde se han establecido asentamientos humanos.

Con ello, se crea un grave desafío para los espacios naturales protegidos, porque en lugar de reducirse los impactos humanos desordenados, se ocupan intensivamente, por lo cual el parque o reserva termina sufriendo efectos tales como: pérdida de biodiversidad, fragmentación del bosque, contaminación de ríos, presión sobre la fauna silvestre, aumento de incendios y cacería y erosión y degradación de los suelos.

En las zonas costeras, la presión del turismo ha impactado ecosistemas clave como los manglares. La misma Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), ha afirmado que los ecosistemas costeros en Centroamérica, incluidos los manglares, están bajo creciente presión por el desarrollo turístico y urbano. Costa Rica es en este sentido un ejemplo muy connotado de como el turismo ha amenazado y diezmado el desarrollo sostenible del agro costarricense, espoleando la concentración de la riqueza y un crecimiento anárquico y desordenado.

La fauna silvestre también enfrenta amenazas. La fragmentación del hábitat y la infraestructura vial han incrementado la mortalidad por atropello de animales silvestres, especialmente en corredores biológicos. Casos como las rutas que atraviesan el Parque Nacional Braulio Carrillo evidencian la dificultad de armonizar desarrollo e integridad ecológica.

IV. Cambio climático y nuevas vulnerabilidades

El cambio climático introduce una dimensión crítica. Costa Rica, pese a sus avances, es altamente vulnerable a eventos extremos.

El Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) ha señalado que, Centroamérica es una de las regiones más vulnerables al cambio climático debido a su exposición a eventos extremos y su limitada capacidad adaptativa.

En Costa Rica, esto se traduce en sequías más intensas en el Pacífico norte —especialmente en Guanacaste— y lluvias más extremas en el Caribe y el sur.

Además, fenómenos como El Niño y La Niña amplifican estas variaciones. Según el IPCC, existe creciente evidencia de que el calentamiento global altera la variabilidad climática asociada al ENSO y amplifica algunos de sus impactos regionales. En efecto, la variabilidad climática asociada a ENSO (El Niño-Oscilación del Sur) se intensifica en un contexto de calentamiento global. Así, en Centroamérica estas “oscilaciones del sur” o ENSO (por sus siglas en inglés) aluden a las variaciones de presión atmosférica entre el Pacífico oriental y occidental, estudiadas originalmente por el meteorólogo Gilbert Walker. (Cfr. Climate Change 2021: the physical Science Basis. Grupo de trabajo I del Sexto Informe de Evaluación del IPCC, 2021)

En consecuencia, estas condiciones favorecen incendios forestales en zonas secas, muchas veces asociados a prácticas agrícolas y sequías prolongadas, así como procesos de degradación ambiental que, en regiones como Guanacaste, se aproximan a formas incipientes de desertificación.

V. ¿Un modelo post-extractivo? Tensiones contemporáneas

Aunque Costa Rica había proyectado una imagen de sostenibilidad, mantiene actividades intensivas en recursos naturales; de tal manera que, la agroindustria y el turismo continúan ejerciendo presión sobre los ecosistemas.

Más aún, el debate reciente sobre la posible exploración de hidrocarburos revela tensiones estructurales. Como advierte la OCDE (parafraseando):

Costa Rica enfrenta crecientes presiones económicas, urbanas y climáticas que desafían la sostenibilidad de sus logros ambientales. (Cfr. OCDE Environmental Performance Reviews: Costa Rica, 2023. Evaluaciones del Desempeño Ambiental, CR 2023). La OCDE misma recomienda que el país debe mejorar la articulación entre sostenibilidad ambiental, infraestructura y desarrollo económico.

Esto plantea una pregunta central: ¿ha superado realmente el país el modelo extractivista y neoliberal o simplemente le ha introducido un “maquillaje” superficial?

VI. Costa Rica en el contexto centroamericano: convergencias y divergencias

Comparada con Guatemala, Honduras o Nicaragua, Costa Rica presenta ventajas claras en cobertura forestal e institucionalidad ambiental.

Sin embargo, comparte con la región:

• alta vulnerabilidad climática

• presión sobre recursos naturales

• desigualdades territoriales

En este sentido, la CEPAL ha señalado que, los países centroamericanos enfrentan desafíos comunes en la gestión sostenible de sus recursos naturales en un contexto de cambio climático.

De modo que, Costa Rica aparece menos como una excepción absoluta y más como un caso avanzado dentro de una problemática regional compartida.

VII. Conclusión: una excepcionalidad en disputa

La imagen de Costa Rica como “país verde” tiene fundamentos reales, pero resulta insuficiente para describir su complejidad actual.

Sus logros son innegables. Pero también lo son sus contradicciones.

Podríamos sintetizar afirmando que, Costa Rica representó hasta cierto punto, una excepcionalidad histórica respecto de los países centroamericanos en conservación y energía limpia en la segunda mitad del siglo XX, pero, no logró una ruptura estructural con el modelo extractivista y neoliberal de crecimiento económico dominante. De modo que, su experiencia revela tanto las posibilidades, como fundamentalmente, los límites de una transición ecológica en el mundo contemporáneo.

Bibliografía breve

• Banco Mundial (2008). Payment for Environmental Services in Costa Rica (Stefano Pagiola).

• Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Informes sobre desarrollo humano y sostenibilidad.

• Agencia Internacional de Energía (2023). Costa Rica Energy Profile.

• Programa Estado de la Nación. Informes anuales.

• Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Informes ambientales regionales.

• Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (AR6).

• OCDE. Environmental Performance Reviews: Costa Rica.

Agua, bosques y desplazamientos: la crisis ecológica latinoamericana en acción

Alberto Salom Echeverría
albertolsalom@gmail.com

Durante los capítulos anteriores se ha insistido en que la crisis climática y ecológica no constituye solamente un problema ambiental. Se trata de una crisis civilizatoria que compromete la forma de producir, consumir, habitar y organizar nuestras sociedades. América Latina ofrece hoy un escenario particularmente revelador de esta crisis, porque en ella convergen la devastación de ecosistemas estratégicos, la escasez de agua y el desplazamiento creciente de poblaciones enteras.

Tres temas permiten observar con claridad esa dinámica: la Amazonía, la crisis hídrica y las migraciones. Los tres están íntimamente relacionados. La destrucción de bosques reduce las lluvias; la escasez de agua debilita la agricultura y las condiciones de vida; y, finalmente, millones de personas terminan abandonando sus territorios.

La Amazonía: un regulador climático continental

La Amazonía no es solamente el mayor bosque tropical del planeta ni un inmenso reservorio de biodiversidad. Su importancia radica también en que regula lluvias, temperaturas y humedad en buena parte de América del Sur.

Los árboles amazónicos absorben agua del suelo y la liberan nuevamente a la atmósfera mediante “evaporación-transpiración”. Esa humedad forma enormes corrientes aéreas conocidas como “ríos voladores”, que transportan vapor hacia el centro y sur del continente. Gracias a ello, regiones agrícolas y urbanas de Brasil, Bolivia, Paraguay, Uruguay y Argentina reciben lluvias indispensables para sus economías y para el abastecimiento humano.

Chile participa de manera más indirecta en estos procesos. Sus lluvias dependen mucho más de los sistemas atmosféricos del Pacífico y de los llamados ríos atmosféricos del mismo océano. Sin embargo, una Amazonía degradada podría alterar la circulación climática regional, afectar la nieve en la cordillera de los Andes, influir sobre glaciares y modificar parcialmente la disponibilidad de agua en ciertas zonas chilenas.

La amenaza principal es que la Amazonía podría aproximarse a un “punto de no retorno” en el proceso de deforestación y sequías. Diversos estudios advierten que entre 40% y 47% del bosque amazónico podría entrar, antes de 2050, en un proceso de degradación irreversible, dejando de comportarse como selva húmeda y convirtiéndose gradualmente en paisajes más secos, semejantes a sabanas.

Ese riesgo se refiere principalmente a la propia Amazonía. Las regiones más vulnerables son el sur, sureste y algunas áreas orientales del bosque, donde la deforestación, la expansión ganadera, los incendios y las sequías ya son intensos. El problema es que, si una parte importante de la selva pierde humedad y deja de producir lluvias, podría arrastrar progresivamente a otras regiones amazónicas, incluso a aquellas que hoy permanecen relativamente conservadas.

Las consecuencias serían enormes: menos lluvias para la agricultura, mayores sequías, menor capacidad hidroeléctrica, incendios más frecuentes, pérdida de biodiversidad y liberación masiva de carbono almacenado durante siglos. Por paradójico que parezca, la Amazonía dejaría de actuar como reguladora climática y comenzaría a transformarse en una fuente adicional de calentamiento global.

Detrás de la devastación amazónica existen intereses económicos muy concretos. La expansión de la ganadería, los monocultivos de soya, la minería, la explotación petrolera, la tala ilegal, las carreteras y los grandes proyectos hidroeléctricos convierten a la selva en un territorio permanentemente disputado. La Amazonía concentra madera, minerales, hidrocarburos, biodiversidad, agua dulce y vastas extensiones de tierra. Su enorme riqueza explica también la intensidad de las presiones sociales que se ejercen sobre ella.

La crisis hídrica: escasez en un continente abundante en agua.

América Latina posee cerca de un tercio de los recursos de agua dulce del planeta. Sin embargo, millones de personas viven hoy bajo condiciones de escasez, racionamiento o contaminación.

La crisis hídrica no se explica únicamente por una menor disponibilidad natural de agua. También es resultado de la deforestación, del cambio climático, la contaminación minera e industrial, el crecimiento urbano desordenado, la expansión de monocultivos y la sobreexplotación de acuíferos. En muchas regiones, las lluvias son más irregulares, los ríos se reducen y las ciudades crecen más rápido que la infraestructura necesaria para abastecerlas del líquido más imprescindible de la humanidad.

Los sectores más responsables suelen ser los que se dedican a la gran minería, ciertos agronegocios altamente consumidores de agua, las industrias contaminantes y las ciudades sin planificación suficiente. Mientras tanto, las comunidades indígenas, rurales y periurbanas suelen recibir agua insuficiente, costosa y en numerosas ocasiones contaminada.

La crisis hídrica muestra con claridad que no basta con disponer de recursos naturales: también importa quién controla el agua, cómo se distribuye y con qué criterios se protege. Muchos gobiernos han intentado responder mediante la construcción de represas, plantas de tratamiento, acueductos y programas de infraestructura. Sin embargo, en numerosos casos predominan la débil fiscalización de las autoridades correspondientes, la permisividad frente a intereses empresariales y la falta de coordinación regional.

Resolver esta situación probablemente exigiría una integración más sólida entre Estados latinoamericanos, aunque no necesariamente una unificación completa de mercados o una estructura supranacional. Lo central e ideal también sería coordinar políticas mínimas comunes sobre cuencas compartidas, glaciares, acuíferos, incendios, contaminación y bosques. Pero, lo anterior ha resultado las más de las veces improbable, dadas las enormes diferencias de intereses contrapuestos entre las élites que controlan cada uno de los estados nacionales en América Latina y los sectores sociales más desfavorecidos de la sociedad.

Brasil, Argentina y Chile, por ejemplo, pueden tener gobiernos de orientaciones ideológicas distintas; pero, con todo y estas contradicciones, no se puede obviar el hecho de que, igualmente necesitan cooperar porque comparten problemas que no respetan fronteras: sequías, incendios, glaciares andinos que se derriten, flujos migratorios y mercados energéticos en los que las políticas públicas no convergen. ¿Cómo lograrlo entonces conociendo estas graves diferencias políticas, sociales, económicas y culturales que subsisten?

La clave no sería eliminar diferencias políticas, puesto que esto con frecuencia no es viable, por lo que, no podemos sentarnos a esperar por ello. Pero, al menos se requeriría echar mano de un mínimo pragmatismo político indispensable, si se quieren crear mecanismos estables que sobrevivan a las enormes y reiteradas diferencias ideológicas que separan a minorías privilegiadas de los vastos sectores populares; también se interponen los mismos cambios de gobierno que con asiduidad dificultan la estabilidad de las políticas públicas. Esto constituye un verdadero desafío, ante las amenazas creadas por los embates del cambio climático y el calentamiento global, como son, las acciones violentas del mar, de los vientos huracanados, o de las mismas sequías. América Latina ya posee antecedentes de coordinación en esta dirección. Un ejemplo es la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica, la cual reúne a varios países de esta región para coordinar y monitorear el ambiente. Se requiere con urgencia un intercambio de datos y acuerdos multinacionales en torno a programas de gestión de cuencas. También existen y se deben incrementar las redes regionales de estaciones hidro meteorológicas, observatorios y otros acuerdos técnicos.

Por todo lo expresado, más que una integración total, lo realista sería avanzar mediante acuerdos concretos: sistemas regionales de alerta temprana, protocolos frente a la contaminación minera, fondos para adaptación climática y estándares mínimos de protección de bosques, glaciares, humedales, y de las mismas aguas oceánicas, si es que se quiere enfrentar con éxito la crisis climática.

Migraciones: cuando la crisis ecológica se convierte en crisis humana

Las migraciones latinoamericanas suelen explicarse por la pobreza, la violencia o la desigualdad. Pero cada vez es más evidente que el deterioro ambiental también desempeña un papel importante. Sequías prolongadas, incendios forestales, pérdida de cosechas, huracanes, inundaciones, desertificación y escasez de agua debilitan y constituyen amenazas constantes sobre las condiciones de vida de millones de personas. Esto resulta especialmente visible en el llamado “corredor seco centroamericano”, donde numerosas familias campesinas han visto disminuir drásticamente sus posibilidades de subsistencia. Hay otras regiones áridas o vulnerables en vastos territorios de Sudamérica y México, pero el ejemplo más drástico lo constituye el “corredor seco centroamericano”, al que se hizo mención.

Muchas personas migran porque ya no pueden vivir de la tierra, ya sea porque sus cultivos fracasan, porque el agua escasea, o también debido al hecho de que sus territorios se vuelven inhabitables. El cambio climático no es la única causa de estos desplazamientos, pero sí actúa como un poderoso multiplicador de vulnerabilidades previas.

La migración climática no pertenece a un futuro lejano. Es ya una realidad presente en América Latina y probablemente aumentará conforme se intensifiquen las sequías, los eventos extremos, la pobreza y la degradación ambiental.

Posibles soluciones

Las soluciones existen, aunque ninguna será sencilla ni automática. En el caso de la Amazonía, será indispensable frenar la deforestación, restaurar áreas degradadas, fortalecer territorios indígenas y promover una bioeconomía basada en el bosque vivo y no en su destrucción. Todo esto requiere enfrentar intereses espurios, valga decir, contrarios a los intereses de la mayoría, al bien común y a la ética.

Para enfrentar la crisis hídrica, será necesaria una gestión pública más rigurosa del agua, acompañada de controles efectivos sobre actividades extractivas, inversiones en infraestructura, protección de cuencas y coordinación entre estados, teniendo en cuenta nuestro compromiso ético de proteger los intereses de la generación actual y de las futuras también.

Y frente a las migraciones, la región necesitará políticas de adaptación climática, protección social, desarrollo rural y reconocimiento de los desplazamientos ambientales como un fenómeno estructural y no excepcional.

El desafío de América Latina consiste en comprender que agua, bosques y personas forman parte de una misma trama. La devastación de la Amazonía, la crisis hídrica y las migraciones no son problemas aislados. Son expresiones distintas de un mismo modelo económico que transforma la naturaleza en mercancía y subordina la vida a la lógica de la ganancia en una sociedad regida por un consumismo desenfrenado.

Finalmente, además de todas las inclemencias del tiempo que atormentan a la humanidad, en especial a las poblaciones vulnerables que se desatan de los gases efecto invernadero provocados en especial por los mismos gases provenientes de los hidrocarburos, intervienen para agravar los problemas, las contradicciones sociales entre mayorías populares, tales como personas desocupadas, subempleadas, las que viven de un salario insuficiente, o, las que perviven en la extrema pobreza, enfrentadas y con frecuencia manipuladas por élites minoritarias privilegiadas que concentran la riqueza producida por toda la sociedad que labora en los campos y ciudades. De nuevo, hablamos de la lucha por la subsistencia y la vida para la mayoría de la humanidad, contra la lógica de la ganancia de la que disfrutan selectas minorías.

La encrucijada civilizatoria: ganancia, poder y sobrevivencia ante el cambio climático de origen humano

Alberto Salom Echeverría
albertolsalom@gmail.com

La disputa entre un modelo de acumulación basado en combustibles fósiles frente a las fuerzas sociales que buscan una transición hacia un nuevo modelo de convivencia civilizatoria.

En este ensayo se examina la crisis contemporánea no solo como un problema ambiental, sino como una encrucijada civilizatoria en la que confluyen las lógicas de la ganancia, el poder y la sobrevivencia humana. A partir de una lectura crítica del cambio climático como fenómeno de origen humano, el texto plantea que los conflictos actuales expresan una disputa estructural entre un modelo de acumulación basado en combustibles fósiles y las fuerzas sociales que impulsan una transición hacia formas de convivencia sostenibles con la naturaleza, los ecosistemas y la vida. En este contexto, se subraya el papel de los pueblos —particularmente en América Latina— como actores clave en la construcción de una alternativa frente a una crisis que está limitando el horizonte histórico de la humanidad y de las demás especies vivientes.

Lo anterior se explica porque el modelo de industrialismo, sustentado mayoritariamente en la extracción y uso de fuentes de energía fósil —particularmente los hidrocarburos, o sea el carbón, el petróleo y el gas natural, además del gas metano—, constituye el factor determinante del cambio climático. Este proceso nos conduce hacia un calentamiento progresivamente más inhóspito a escala global, en la medida en que el efecto invernadero intensifica fenómenos extremos que amenazan con volver inviable la vida humana y la de otras especies en un plazo históricamente breve.

En el curso de la historia humana, la guerra ha sido con frecuencia la expresión extrema de tensiones acumuladas en torno al poder, los recursos y la organización de la vida social. Sin embargo, el tiempo presente nos sitúa ante una encrucijada distinta y más profunda: ya no se trata únicamente de quién domina o quién vence, sino de si las condiciones mismas que hacen posible la vida humana organizada podrán sostenerse en el futuro.

El cambio climático introduce un elemento radicalmente nuevo. A diferencia de las grandes conflagraciones del siglo XX, cuyos efectos —por devastadores que fueran— no alteraron los fundamentos biofísicos del planeta, la crisis actual amenaza con desestabilizar los sistemas que sostienen la vida: la atmósfera, los océanos, los ciclos del agua y la biodiversidad. Por primera vez, la humanidad enfrenta una crisis cuyos efectos tienden a universalizarse, diluyendo la distinción clásica entre vencedores y vencidos.

Sin embargo, reconocer la dimensión global del problema no debe conducir a una simplificación engañosa. No todos somos igualmente responsables. La acumulación histórica de emisiones, la dependencia estructural de los combustibles fósiles y la lógica de la ganancia que ha guiado el desarrollo industrial remiten a centros de poder económico altamente concentrados. En ellos convergen intereses corporativos, financieros y estatales que han sostenido —y continúan sosteniendo— un modelo de producción intensivo en carbono.

Aquí se encuentra el núcleo del problema: la contradicción entre una lógica de acumulación que exige crecimiento constante y un planeta cuyos límites son finitos. No se trata simplemente de una falla técnica corregible mediante innovaciones, sino de una tensión estructural entre economía y ecología, entre la expansión de la ganancia y la sostenibilidad de la vida.

Esta contradicción no es abstracta. Se manifiesta en múltiples planos: en la persistencia de matrices energéticas basadas en hidrocarburos, en la resistencia de sectores económicos a regulaciones ambientales, en la desigualdad global que obliga a muchos países a reproducir modelos extractivos y en patrones de consumo que refuerzan la dependencia del sistema vigente. La crisis climática, en este sentido, no es un fenómeno externo al orden económico, sino una de sus consecuencias más profundas.

Esto obliga a caracterizar con mayor claridad la naturaleza de los enfrentamientos sociales contemporáneos. De un lado, se encuentra un modelo productivo que ha conducido a una concentración inédita de poder en torno a grandes corporaciones vinculadas a los combustibles fósiles, respaldadas por élites políticas que coadyuvan a reproducir ese orden y, en muchos casos, privilegian soluciones unilaterales e incluso la guerra como forma de resolución de conflictos.

En contraposición, emergen organizaciones de la sociedad civil y sectores sociales que impulsan un nuevo horizonte civilizatorio, orientado a sustituir progresivamente la matriz energética basada en hidrocarburos por modelos sustentados en energías limpias y en una relación más equilibrada con la naturaleza.

La tensión entre estos dos proyectos no es superficial ni coyuntural: remite al núcleo mismo del poder contemporáneo y anticipa conflictos que difícilmente podrán resolverse sin una profunda reconfiguración de las estructuras económicas y políticas vigentes.

Frente a esta realidad, surge una pregunta decisiva: ¿es posible transformar este modelo sin atravesar por un enfrentamiento destructivo? La historia ofrece respuestas ambiguas. El siglo XX mostró que los sistemas pueden sobrevivir incluso a catástrofes extremas, pero también evidenció que los cambios más significativos no han sido resultado de la inercia, sino de procesos prolongados de conflicto social, político y cultural.

El presente, por tanto, no se configura como una disyuntiva simple entre colapso o transformación, sino como un campo de fuerzas en disputa. La confrontación ya está en curso, aunque no adopte siempre la forma de un choque frontal. Se expresa en tensiones entre sectores económicos, en disputas regulatorias, en litigios climáticos, en movilizaciones sociales y en debates políticos y culturales sobre nuevas formas de vivir, ejercer la democracia y comprender el sentido del desarrollo. Es una lucha difusa, prolongada y desigual, pero real.

En este contexto, adquiere especial relevancia el papel de los pueblos de América Latina. Históricamente situados en la periferia del sistema mundial, pero portadores de experiencias ricas en organización comunitaria, solidaridad y resistencia, estos pueblos pueden desempeñar un papel significativo en la búsqueda de alternativas. Las propuestas centradas en la defensa de los bienes comunes, la participación comunitaria y la construcción de formas de producción más equilibradas con la naturaleza abren un horizonte distinto al de la mera reproducción del modelo dominante.

No obstante, esta posibilidad no está garantizada. El destino no es ineluctable, ni predecible. La región se encuentra atravesada por una tensión persistente entre la continuidad de economías extractivas y la aspiración a modelos sostenibles de desarrollo. Resolver esa tensión exige no solo voluntad política, sino también claridad estratégica: comprender que las transformaciones profundas no se producen únicamente por confrontación directa, sino también por la capacidad de generar nuevas alianzas, reorientar intereses y construir formas alternativas de organización política, económica y social.

La cuestión de fondo es, entonces, civilizatoria. No se trata únicamente de reducir emisiones o mitigar impactos, sino de redefinir el sentido del desarrollo, el papel del Estado, la función de la economía y la relación entre humanidad y naturaleza. En última instancia, se trata de decidir si la lógica de la ganancia continuará organizando nuestras sociedades o si será subordinada a las condiciones que hacen posible la vida.

El optimismo, en este contexto, no puede ser ingenuo, pero tampoco debe ser abandonado. La historia humana es también la historia de la adaptación, la creación y la resistencia. La capacidad de supervivencia de nuestra especie es innegable. Sin embargo, en un horizonte más o menos cercano, lo que está en cuestión es la forma que esa supervivencia adoptará. Esta dependerá de la capacidad de la humanidad para limitar progresivamente —y, en última instancia, socavar— las bases estructurales del modelo extractivista y de la producción de energías fósiles que han sustentado el desarrollo industrial, especialmente desde mediados del siglo XX hasta el presente.

El siglo XXI no nos enfrenta únicamente a un riesgo, sino a una decisión histórica. La confrontación ya está en curso. Lo decisivo será su rumbo: si permanecerá fragmentada, tardía e insuficiente, o si logrará convertirse en un proyecto capaz de reorientar el destino de nuestras sociedades.

La pregunta final no admite evasivas:

¿seremos capaces de subordinar la lógica de la ganancia a las condiciones de la vida, o persistiremos en un camino que convierte el progreso en su propia negación?

Si la lógica de la ganancia no reconoce los límites de la vida, será la vida la que termine imponiendo sus límites a la historia humana.

Cambio climático y caficultura, una relación compleja

Autores*:
Wilson Picado Umaña
Gerardo Jiménez Porras
Rafael Díaz Porras
Antonio Delgado Ballesteros

Existe un gran debate sobre el peso del cambio climático en la distribución de la vida vegetal en el planeta. La pregunta que predomina es si el aumento de las temperaturas o el cambio en la estacionalidad de las lluvias llevarán al límite a las plantas y árboles, desplazándolos de sus agroecosistemas habituales.

En muchos lugares y, en muchos casos, la respuesta a esta pregunta está puesta ya sobre la mesa. El aumento de temperatura está provocando la desaparición de especies, mientras que en cuanto a las plantas y arbustos domesticados, con valor de mercado, las variaciones climáticas extremas causan trastornos en las cosechas y el cultivo en general.

El café es uno de los productos vegetales más importantes del mercado, sino el que más. Está cultivado en todo el mundo tropical de Occidente y Oriente, en diversos pisos altitudinales y bajo diferentes sistemas de producción, algunos orgánicos y campesinos, otros convencionales. Es una de las bebidas insignia de la cultura moderna, es casi una “estrella pop” del mundo en el que vivimos. La bebemos no solo a diario, en casa, sino que además es una experiencia social tanto como ir al mall o al cine.

Todo esto explica el enorme interés que existe por adentrarse en la relación entre este cultivo y el clima. Sin embargo, analizar el impacto del cambio climático en nuestras caficulturas es un desafío. Lo es, en primer lugar, porque es importante entender no únicamente la forma como el cambio climático afecta la producción, sino también la forma como este proceso afecta la vida de la gente que habita y trabaja en los territorios cafetaleros.

En este sentido, no solo la ecología o la economía importan, importan además lo social y lo cultural. Somos seres económicos en cuanto a lo que producimos, tanto como ecológicos en cuanto al contexto ambiental en el que desarrollamos dicha producción.

Y somos seres sociales y culturales en tanto somos capaces de crear vínculos de identidad, de trabajo y de intercambio alrededor de las plantaciones de café. El cambio climático puede modificar los flujos de trabajo temporal, ampliando los ciclos de cosecha o acortándolos. Puede cambiar la composición varietal de los cafetales y sus sistemas de sombra, intensificar el calendario anual de labores o favorecer la aparición de nuevas plagas y enfermedades, entre otros efectos. El cambio climático puede reconfigurar una cultura y un paisaje cafetalero.

En segundo lugar, el impacto del cambio climático se asemeja a un sistema complejo. Hay muchas variables de distinta naturaleza jugando al mismo tiempo: climáticas, agronómicas, productivas, sociales, ecológicas, tecnológicas e incluso hasta políticas. Y en cada uno de estos campos hay otras decenas o cientos de pequeñas variables, cada una de éstas con posibilidad de incidir sobre la evolución del sistema por completo. La cantidad posible de interrelaciones entre estas variables es casi inabordable.

Dicha complejidad nos aleja de cualquier posible explicación mono causal. O, al menos, nos lo advierte. Al estudiar este fenómeno en la caficultura nos vemos inmersos en dinámicas multifactoriales donde el factor de la lluvia, si es escasa o excesiva, es tan relevante para explicar el desplazamiento territorial del grano tanto como la decisión de una productora o de un productor en una coyuntura determinada. O la evolución del mercado de la tierra, o la disponibilidad de pastizales, o la introducción de nuevas variedades de cultivo, entre otros tantos factores.

El cambio climático en café interactúa en un sistema social y agroecológico preexistente, donde muchos de sus factores iniciales mantienen una enorme capacidad de incidencia y de transformación. No son factores pasivos ni predeterminados estrictamente por la variación climática. Un sistema, además, que no es producto del presente, sino de decisiones productivas, de políticas públicas y de transformaciones ecológicas ocurridas en el pasado, a lo largo de años y décadas.

Esto debería de alejarnos de cualquier “visión de túnel”. Es decir, de cualquier perspectiva que focalice sus explicaciones estrictamente alrededor de una variable o factor, o de un campo disciplinario.

Siempre se ha dicho que la investigación interdisciplinaria, con participación comunitaria y de largo plazo es el mejor antídoto para este tipo de visiones. De seguro que sí. Pero resulta que este es un sistema complejo tan difícil de poner en práctica en nuestras comunidades de investigación públicas y privadas casi tanto como lo es entender el sistema del cambio climático como tal.

(*) Investigadores del Proyecto “Cambio climático y relocalización del café en Los Santos, Costa Rica”, CINPE, Escuela de Historia y Escuela de Sociología, Universidad Nacional, Costa Rica.

Imagen de cabecera: Quemas en el cerro El Abejonal, León Cortés. Marzo de 2025.

En la imagen de la izquierda se puede ver nuevos sembradíos de café en el Cerro La Laguna, Tarrazú (mayo de 2024). En la de la derecha se aprecia la tala de bosque secundario en Cerro La Laguna, Tarrazú (mayo de 2024).

Sector agropecuario impulsa pacto con diputaciones electas

Organizaciones del sector agropecuario costarricense impulsan la firma de un Pacto por la Producción Agropecuaria, dirigido a diputaciones electas de partidos de oposición para el período legislativo 2026-2030, con el objetivo de incidir en la construcción de políticas públicas orientadas al fortalecimiento del agro.

La iniciativa es promovida por el Grupo Liderazgo del Sector Agropecuario, integrado por la Corporación Hortícola Nacional (CHN), la Unión Nacional de Productores Agropecuarios Costarricense (UNAG), la Unión de Pequeños Productores Agropecuarios Costarricenses (UPANACIONAL) y la Unión de Productores Independientes y Actividades Varias (UPIAV).

Estas organizaciones plantean la necesidad de una articulación nacional del sector, con el fin de consolidar una plataforma de incidencia desde las personas productoras para la definición de políticas públicas.

Propuesta de diez ejes prioritarios

El pacto presentado incluye diez propuestas consideradas prioritarias para el desarrollo del sector agropecuario:

  • defensa de la producción nacional,

  • innovación en los procesos productivos,

  • atención al cambio climático,

  • fortalecimiento de los impactos sociales y culturales del agro,

  • impulso al mercado nacional agropecuario,

  • garantía de la salud humana y la inocuidad alimentaria,

  • mejora del acceso al financiamiento,

  • creación de seguros agropecuarios accesibles,

  • promoción de una actividad agropecuaria en armonía con el ambiente,

  • desarrollo de una política territorial construida con participación local.

Espacio de diálogo con diputaciones electas

En este contexto, se realizó un conversatorio con diputaciones electas de la oposición, el miércoles 25 de marzo de 2026 en el Centro Agrícola Cantonal (CAC) de Escazú, donde se abordaron temas como la importancia del sector agropecuario, los efectos de la política económica y las implicaciones de la apertura comercial para el agro costarricense.

La agenda contempló la presentación de la propuesta de política pública, la lectura del pacto y su eventual firma por parte de las diputaciones electas, así como espacios de intervención y cierre con representantes del sector.

Antecedentes: demandas del sector agropecuario

Este planteamiento se inscribe en un contexto en el que el sector agropecuario ha venido señalando la necesidad de políticas públicas más robustas, orientadas a la protección de la producción nacional, el acceso a financiamiento, la sostenibilidad ambiental y el fortalecimiento de los mercados internos.

En notas previas se ha evidenciado la preocupación de organizaciones productoras por los efectos de la apertura comercial, las condiciones de competitividad y la falta de instrumentos adecuados para enfrentar desafíos como el cambio climático y la seguridad alimentaria.

El Pacto por la Producción Agropecuaria busca consolidar estas demandas en una agenda común que permita incidir en la acción legislativa y en la formulación de políticas públicas.