Ir al contenido principal

Etiqueta: cambio climático

Sala Constitucional ordena a SETENA establecer mecanismos de evaluación ambiental para las quemas agrícolas

Resolución reconoce la necesidad de valorar los impactos ambientales de las quemas agrícolas, una práctica asociada a la producción de caña de azúcar, entre otros cultivos.

La Sala Constitucional acogió los argumentos de una acción de inconstitucionalidad presentada por el abogado ambientalista Álvaro Sagot Rodríguez, Carlos Wong Bonilla y Dany Alberto Villalobos Villalobos, en representación de la Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (FECON), relacionada con la ausencia absoluta de una evaluación de los impactos ambientales de las quemas agrícolas en Costa Rica.

Según explicó Sagot, la resolución establece que la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) debe desarrollar un protocolo que permita determinar cómo se valorarán los efectos ambientales de estas quemas y cuáles instrumentos se utilizarán para identificar sus impactos negativos.

“Era necesario que toda quema agrícola debiese tener una valoración ambiental, del tipo que fuera, desde lo más riguroso hasta lo menos riguroso, pero que tuviera que pasar por ese tamiz para mesurar los efectos”, señaló el abogado.

La acción planteó la necesidad de considerar los impactos de las quemas sobre los suelos, la biodiversidad y la atmósfera, incluida la pérdida de mamíferos, aves y reptiles, así como la emisión de gases de efecto invernadero y sus implicaciones frente al cambio climático.

Afectaciones a las comunidades y al ambiente

Uno de los aspectos señalados por Sagot es el impacto de las quemas agrícolas sobre las comunidades cercanas a las zonas de cultivo. En el caso de la caña de azúcar, esta práctica puede generar grandes columnas de humo que afectan a las personas, incluidas niñas y niños en edad escolar, y comprometen las condiciones ambientales de los territorios.

El abogado mencionó zonas de Guanacaste y del Valle Central, entre ellas San Ramón y Grecia, así como Pérez Zeledón, donde se realizan quemas vinculadas con la corta de caña.

La resolución, explicó Sagot, reconoce que la regulación de las quemas agrícolas debe interpretarse de manera compatible con las normas nacionales de protección ambiental, entre ellas la Ley Orgánica del Ambiente y la Ley de Biodiversidad, así como con los convenios internacionales ratificados por Costa Rica.

Un cambio obligatorio en la regulación de las quemas agrícolas

Sagot recordó que, antes de esta resolución, el Ministerio de Ambiente y Energía, el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y el Ministerio de Salud habían sostenido que no era necesaria la evaluación ambiental planteada en la acción.

Con este pronunciamiento, la SETENA deberá establecer los mecanismos correspondientes para valorar los impactos ambientales de las quemas agrícolas, lo que abre un nuevo escenario para su regulación y control en el país.

El abogado también señaló que la resolución no se pronunció sobre la Opinión Consultiva OC-32/25 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la emergencia climática, un aspecto que, a su criterio, quedó pendiente.

Sagot señaló que la decisión representa un avance de acuerdo con el principio de progresividad.

Puede descargar la resolución desde SURCOS:
https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2026/10/voto-quemas-agricolas-2026-se-acoge-lo-pretendido-sobre-EIA.pdf

Le invitamos a escuchar la explicación del abogado Álvaro Sagot:

La seguridad energética no se negocia: eficiencia, solidaridad y sostenibilidad

Dr. Bernardo Aguilar González
Doctor en Ciencias Naturales para el Desarrollo,
Economista ecológico y abogado ambientalista,
Vicepresidente de la Asociación ARTES-JUSTECO

Costa Rica enfrenta una decisión de fondo sobre su futuro eléctrico. El debate suele presentarse como una elección entre más mercado o más Estado, entre inversión y regulación, entre rapidez y protección ambiental. Esa disyuntiva empobrece la discusión. El criterio decisivo debe ser otro: ¿qué modelo garantiza electricidad confiable, a un costo razonable, accesible para toda la población y compatible con los límites ecológicos del país? La respuesta exige cuatro principios inseparables: seguridad energética, eficiencia, solidaridad y sostenibilidad. No son aspiraciones decorativas; deben convertirse en criterios para planificar, invertir, regular y evaluar resultados.

Seguridad energética: prever antes que improvisar

La seguridad energética no se limita a producir suficientes megavatios. Exige que la electricidad esté disponible donde y cuando se necesita, incluso ante sequías, fenómenos extremos, fallas de infraestructura o variaciones imprevistas de la demanda. Una planta nueva sirve de poco si la red no puede transportar su producción, o si no existe capacidad de respaldo cuando disminuye el aporte de una fuente. La generación, la transmisión, la distribución, el almacenamiento y la gestión de la demanda forman un solo sistema: planificarlos por separado genera vulnerabilidades y costos evitables.

Nuestra matriz eléctrica, de fuerte componente renovable, y la experiencia acumulada por la institucionalidad pública constituyen fortalezas estratégicas. Defenderlas no implica inmovilismo. El cambio climático altera la disponibilidad hídrica y los patrones de consumo; la electrificación del transporte y de procesos productivos presenta nuevas exigencias. Por eso necesitamos escenarios públicos de riesgo, mantenimiento oportuno, inversión en redes, diversificación técnicamente justificada y reservas operativas suficientes. La seguridad energética debe medirse por continuidad, resiliencia y capacidad de respuesta, no por anuncios de capacidad instalada. Es una obligación del Estado que trasciende cualquier administración.

Eficiencia: medir el costo total, no solo el precio

Ser eficientes tampoco significa escoger siempre la oferta aparentemente más barata. La verdadera eficiencia consiste en obtener el mayor valor social de cada inversión, considerando construcción, operación, mantenimiento, redes, respaldo, riesgos climáticos y daños ambientales. Una reducción puntual del precio de compra puede convertirse en una carga mayor para el sistema si obliga a financiar infraestructura adicional o traslada obligaciones a otros usuarios. Es indispensable que las decisiones relevantes se apoyen en estudios transparentes, comparables y sometidos a revisión técnica independiente.

Hay mejoras menos llamativas que inaugurar obras, pero igualmente importantes: reducir pérdidas eléctricas, modernizar equipos, fortalecer la gestión de demanda, estimular el consumo eficiente y coordinar las decisiones de inversión. La electricidad que se ahorra de manera inteligente reduce necesidades futuras de generación y presión sobre las cuencas. La eficiencia exige asimismo instituciones con objetivos claros, rendición de cuentas y controles sobre conflictos de interés. Ni el origen público ni el privado de un actor lo eximen de demostrar resultados. La pregunta correcta es cuánto bienestar colectivo produce cada colón comprometido.

Solidaridad: una obligación visible en la factura

El desarrollo eléctrico costarricense contiene una conquista social que no debe perderse: llevar el servicio a territorios y familias que, por su ubicación o capacidad de pago, podrían quedar excluidos de una lógica estrictamente comercial. La solidaridad debe expresarse en acceso universal, protección de usuarios vulnerables y tarifas construidas con criterios verificables. Hogares, pequeñas empresas y comunidades rurales no deberían absorber costos desproporcionados para conceder ventajas particulares a consumidores con mayor capacidad de negociación.

La generación distribuida y las nuevas tecnologías pueden democratizar oportunidades, siempre que se diseñen mecanismos equitativos. Si únicamente quienes disponen de capital para instalar sistemas propios reciben beneficios, mientras el resto sostiene los costos comunes de la red, se profundiza la desigualdad. Lo mismo ocurre cuando se privatizan beneficios y se socializan riesgos. Antes de introducir cambios estructurales deben publicarse sus efectos tarifarios por tipo de usuario y por territorio. Una política solidaria protege la sostenibilidad financiera del servicio precisamente para que continúe siendo asequible, confiable y universal.

Sostenibilidad: la naturaleza es parte de la infraestructura

La sostenibilidad exige comprender que los ecosistemas no son un elemento externo al sector eléctrico. Las cuencas, los bosques y la estabilidad de los suelos contribuyen a regular el agua y sostener las actividades productivas. Una fuente renovable no es automáticamente inocua: proyectos mal ubicados pueden afectar ríos, biodiversidad y comunidades, o acumular impactos que ningún estudio aislado revela. Las evaluaciones ambientales rigurosas, la prevención de daños y la participación territorial deben influir realmente en la planificación, no incorporarse al final como simples trámites.

La transición energética también debe reducir la dependencia de combustibles fósiles y prepararse para condiciones climáticas más inciertas. Eficiencia, almacenamiento, redes resilientes y fuentes renovables complementarias deben analizarse conjuntamente según su viabilidad y sus efectos. La protección del agua para consumo humano y el derecho a un ambiente sano, recogidos en nuestro ordenamiento constitucional, no pueden subordinarse sin más a la rentabilidad inmediata. Desconocer esos límites termina generando costos sociales, conflictos y riesgos de abastecimiento que una buena política habría podido evitar.

Un pacto nacional con controles democráticos

Costa Rica necesita instituciones públicas competentes, una regulación técnicamente independiente y espacios de participación para cooperativas, empresas municipales, comunidades y sector privado cuando su contribución beneficie al conjunto de la sociedad. La planificación debe ser pública, estable y suficientemente flexible para incorporar nueva evidencia. Las decisiones sobre tarifas, inversiones y condiciones ambientales requieren información accesible y mecanismos efectivos de fiscalización ciudadana. Ningún interés empresarial, burocrático o político puede sustituir el interés general.

Antes de respaldar cualquier transformación conviene formular preguntas sencillas, pero exigentes: ¿aumenta la continuidad del suministro? ¿Disminuye el costo integral del servicio? ¿Evita trasladar cargas injustas? ¿Protege el agua y los ecosistemas? ¿Mejora la capacidad de adaptación climática? ¿Ofrece beneficios comprobables a todos los territorios? Si las respuestas no pueden documentarse, la propuesta necesita revisión, por atractiva que resulte su presentación.

El desafío no es escoger entre desarrollo económico, justicia social y protección ambiental, sino reconocer que se necesitan mutuamente. Un sistema que excluye pierde legitimidad; uno que desperdicia recursos pierde competitividad; uno que deteriora sus ecosistemas compromete su futuro; y uno incapaz de garantizar el suministro frena el bienestar y la producción. El modelo energético que Costa Rica merece debe ser una garantía efectiva de seguridad energética, eficiente en el uso de los recursos, solidario en sus beneficios y sostenible en el tiempo. Las reformas, los contratos y las tecnologías son instrumentos: ese es el fin al que deben servir.

La Tierra que nos fue confiada. Una reflexión bíblica sobre el cuidado, la responsabilidad y las consecuencias ambientales

MBA Lic. Bach. Luis G Martínez Sandoval
MBA Administrador de Empresas énfasis Mercados Globales y

Negocios Internacionales. Académico Universitario.
Especialista en Relaciones Económicas y Políticas Internacionales
Exfuncionario Banco Mundial IFC (Ecuador- y, América Latina)
📧 luis.martinez.sandoval@gmail.com
📱 Cel. 62764133

Vivimos en un momento en que la humanidad observa cambios profundos en el clima, pérdida de biodiversidad, contaminación de los océanos, deforestación, sequías, incendios y deterioro de los ecosistemas. Frente a esta realidad surge una pregunta que no es solamente científica o económica: ¿Cuál es nuestra responsabilidad ante la creación que habitamos?

La Biblia no utiliza el concepto moderno de calentamiento global ni ofrece una explicación científica del cambio climático. Sin embargo, contiene una profunda reflexión sobre la relación entre el ser humano, la Tierra y Dios. En sus páginas – desde el Génesis al Apocalipsis- encontramos tres ideas que adquieren especial significado en nuestro tiempo: cuidado, responsabilidad y consecuencias.

  1. La Tierra no nos pertenece absolutamente

El Salmo 24 comienza con una afirmación fundamental:

“De Jehová es la tierra y su plenitud; el mundo, y los que en él habitan”. — Salmo 24:1

Desde esta perspectiva, el ser humano no es dueño absoluto de la creación; es parte de ella y tiene una administración delegada sobre ella. Esta idea cambia nuestra manera de entender los recursos naturales. El agua, los bosques, los animales, los mares y la tierra no deberían ser considerados únicamente como mercancías disponibles para ser explotadas al extremo.

La pregunta deja de ser solamente “¿cuánto podemos obtener de la Tierra?” y comienza a ser: “¿Qué estamos dejando para quienes vienen después de nosotros?”

  1. El mandato de cuidar

Uno de los textos fundacionales aparece en el Génesis:

“Tomó, pues, Jehová Dios al hombre, y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase”. — Génesis 2:15

Aquí coexisten dos acciones fundamentales: labrar y guardar. Labrar significa utilizar, transformar y producir. Guardar significa proteger, conservar y custodiar. La Biblia, por tanto, no presenta al ser humano como un agente alienado que deba abandonar la naturaleza, sino como su administrador.

El problema contemporáneo aparece cuando la capacidad de transformar se separa de la responsabilidad de conservar. La humanidad ha desarrollado una extraordinaria capacidad tecnológica: podemos modificar ríos, extraer minerales, talar bosques y producir energía a gran escala. Pero una pregunta crucial permanece: ¿Tenemos la misma capacidad para reparar aquello que destruimos?

  1. Autoridad no significa destrucción

Génesis 1:28 expresa un mandato históricamente malentendido:

“Fructificad y multiplicaos; llenad la tierra, y sojuzgadla…” — Génesis 1:28

Una interpretación irresponsable ha convertido el «dominio» sobre la Tierra en una autorización para la explotación ilimitada. Sin embargo, este pasaje debe leerse en estricta correlación con Génesis 2:15. Si el ser humano recibe autoridad, también recibe una rendición de cuentas. Dominar no es sinónimo de destruir; una autoridad legítima y responsable administra pensando no solamente en la ganancia presente, sino en la viabilidad del futuro.

  1. La Tierra puede enfermar

Uno de los textos más sorprendentes y vigentes para una reflexión ambiental se encuentra en el libro de Isaías:

“Se destruyó, cayó la tierra; enfermó, cayó el mundo… La tierra se contaminó bajo sus moradores”. — Isaías 24:4-5

Sin pretender convertir este texto en una predicción científica anticipada, la imagen analógica resulta profundamente actual. Una sociedad puede enfermar sus ríos, sus mares, sus suelos y sus bosques hasta alterar ecosistemas enteros. Al final, la humanidad termina afectándose a sí misma, pues no vivimos fuera de la naturaleza: somos parte indisociable de ella.

  1. Las consecuencias de destruir

El libro de Apocalipsis plantea una advertencia ética severa:

“…y de destruir a los que destruyen la tierra”. — Apocalipsis 11:18

Más allá de interpretaciones escatológicas literales, el texto plantea una seria cuestión moral: ¿Qué ocurre cuando la humanidad utiliza su poder para sabotear los sistemas que sostienen su propia existencia? La contaminación, la deforestación y la explotación irresponsable tienen consecuencias sistémicas observables. La reflexión bíblica añade una dimensión ética insoslayable: no todo lo que tecnológicamente podemos hacer significa que debamos hacerlo.

  1. La creación también sufre

El apóstol Pablo escribe en el Nuevo Testamento:

“Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora”. — Romanos 8:22

Es una metáfora profundamente conmovedora: la creación “gime”. Al trasladar esta profundidad espiritual a indicadores actuales, cabe preguntarnos:

  • ¿Puede llamarse progreso a un modelo económico que consume más de lo que la biosfera puede regenerar?
  • ¿Puede llamarse desarrollo a una dinámica que deja una estela irreversible de contaminación detrás de sí?

La verdadera prosperidad debe incluir, obligatoriamente, la capacidad de preservar la vida.

  1. La Tierra también tiene un límite

En el Levítico se establece otra premisa de propiedad absoluta:

“La tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es…” — Levítico 25:23

En el antiguo Israel existían normas estrictas sobre el descanso de la tierra (el año sabático agrícola). Nuestra época necesita recuperar urgentemente una palabra que el mercado global tiende a olvidar: límite. El planeta tiene límites físicos, los recursos son finitos, los ecosistemas tienen un umbral de absorción de contaminantes y la capacidad humana para reparar daños severos también es limitada.

  1. Una teología de la restauración

La visión bíblica no es una narrativa de desolación fatalista; concluye en la restauración.

“Plantaré en el desierto cedro, acacia, arrayán y olivo…” — Isaías 41:19

Donde había aridez y destrucción, el texto proyecta vida y recuperación forestal. Esto nos convoca a una ecología proactiva. La lucha ambiental no debe limitarse a la denuncia legal o económica; debe reparar. Reforestar, recuperar cuencas hidrográficas, reducir drásticamente los residuos y transformar los patrones de consumo son imperativos de una responsabilidad que no solo evita dañar, sino que se ocupa activamente de reconstruir.

  1. Sanación integral

Isaías ofrece una imagen extraordinaria de restauración cósmica:

“Y la luz de la luna será como la luz del sol, y la luz del sol siete veces mayor… el día que vendare Jehová la herida de su pueblo, y curare la llaga…” — Isaías 30:26

La creación participa activamente de los ciclos de sufrimiento y sanación en la narrativa bíblica. La herida del entorno es también nuestra herida. Si como civilización hemos sido capaces de vulnerar nuestro planeta, debemos asumir la corresponsabilidad histórica de sanarlo.

  1. El valor intrínseco de la biodiversidad

En los Evangelios, Jesús diluye el antropocentrismo radical al señalar:

“Mirad las aves del cielo… ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre”. — Mateo 6:26, 10:29

En estas líneas, la vida no humana posee un valor inherente ante los ojos del Creador, independiente de su utilidad económica para el ser humano. Cuando destruimos hábitats y provocamos la pérdida de biodiversidad, no estamos perdiendo un mero «recurso básico», sino una expresión irrepetible de la vida silvestre.

  1. Un dilema ético antes que climático

El cambio climático se mide con precisión en grados Celsius, partes por millón de CO₂ o elevación del nivel del mar. Pero detrás de la métrica subyace una encrucijada estrictamente humana: ¿Qué clase de civilización queremos construir?

Una economía cimentada de forma exclusiva en el hiperconsumo y en la cultura del descarte enfrentará inevitablemente las consecuencias físicas de sus premisas operativas. La crisis ambiental no es solo un desafío de ingeniería o de sustitución tecnológica; es un asunto ético, político, cultural y, para miles de millones de personas, profundamente espiritual.

  1. Hacia un desarrollo responsable

Nuestra generación tiene el imperativo de actualizar el principio de «labrar y guardar».

  • Producir, pero conservar.
  • Construir, pero proteger.
  • Consumir, pero moderar.

No se trata de renunciar a la tecnología ni de detener el bienestar económico, sino de redefinir qué significa un progreso real. El éxito del desarrollo futuro no debería medirse por los volúmenes de extracción y desecho, sino por nuestra eficiencia para sostener y conservar los sistemas vivos.

Conclusión: La Tierra como legado y fideicomiso

La Biblia no nos legó un manual de ciencias climáticas, sino algo mucho más exigente: una responsabilidad moral. Nos recuerda que la Tierra es un préstamo, un fideicomiso sagrado puesto en nuestras manos.

“Los cielos son los cielos de Jehová; y ha dado la tierra a los hijos de los hombres”. —

Salmo 115:16

Tener algo bajo nuestro cuidado no nos otorga el derecho de desmantelarlo; nos impone la obligación de entregarlo en condiciones dignas. La pregunta final que definirá nuestra época no es “¿cuánto más podemos extraer de la Tierra?”, sino: “¿En qué condiciones vamos a heredar la casa común de la vida a las próximas generaciones?”

La presencia del sector agropecuario en el Plan Nacional de Desarrollo 2027-2030: metas e inversión limitada frente a un sector en crisis

German Masís

El martes reciente el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, presentó el Plan nacional de Desarrollo e Inversión pública 2027-2030, denominado Braulio Carrillo, que según el documento “se erige como la hoja de ruta estratégica mediante la cual el mandato democrático otorgado a la Administración Fernández Delgado se traduce en 8 Metas Nacionales, 50 Metas Sectoriales y más de 240 metas de Intervenciones Públicas” (Plan Nacional de Desarrollo, 2026, p.16)

Una revisión del apartado del Plan Nacional dedicado al Sector Agropecuario y una valoración de los alcances de los objetivos y metas en términos del desarrollo de este sector, permite determinar lo siguiente:

En el Plan se han incluido 3 Metas sectoriales, es decir el 6% de las metas sectoriales totales, 15 Metas de inversión pública, que representan también un 6 % de las metas de inversión totales y no hay metas sectoriales desagregadas regionalmente.

La Inversión total en la ejecución de las metas y objetivos en el sector agropecuario asciende a ₡ 670 786 043 734,91, alrededor de un 11,5% de la inversión total en el plan de Desarrollo.

Las metas sectoriales son:

Incrementar la oferta productiva agropecuaria dirigida hacia los mercados internacionales para la exportación agrícola, pecuaria y la industria agroalimentaria.

La meta es aumentar el Monto de exportaciones agropecuarias en dólares en 597,198,548 entre el 2027 y el 2030.

Incrementar la productividad del Sector Agropecuario y la generación del empleo, mediante el apoyo institucional a través de la innovación y desarrollo de capacidades.

La meta es aumentar la Productividad laboral anual en colones en 2,088,742 en el período

Promover la adaptación al cambio climático y la mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero en las fincas agropecuarias aplicando el modelo NAMA para mejorar el desempeño productivo y ambiental del sector agropecuario.

La meta es captar y mitigar 9,976 Toneladas más de CO2 entre 2027 y 2030.

Por su parte las metas de inversión pública en el sector están ligadas a varios ejes y programas tales como:

En Abastecimiento Institucional, cuyo objetivo es:

Fortalecer las capacidades productivas, comerciales y de gestión de los Productores Primarios Base (PPB) del Programa de Abastecimiento Institucional (PAI), a fin de incrementar su nivel de impacto y participación en los encadenamientos de abastecimiento institucional.

Indicador

La Inversión en este eje será de: 402,933.000.000 financiado con Recursos ordinarios del CNP.

En Investigación y Transferencia de Tecnología Agropecuaria, el objetivo es:

Generar conocimiento científico y tecnológico para contribuir a la competitividad, funcionalidad y sostenibilidad de los sistemas productivos agropecuarios.

La Inversión será de ₡710 494 699,00 financiado con Recursos ordinarios del MAG-INTA

En Producción Sostenible el objetivo es:

Desarrollar modelos de producción sostenibles en fincas ganaderas y agrícolas mediante la implementación de prácticas y tecnologías adaptadas a cada sistema productivo con el fin de mejorar la eficiencia productiva, reducir el impacto ambiental y resiliencia frente al cambio climático

La Inversión es: ₡233 600 000,00, financiada con Recursos ordinarios MAG-Extensión agropecuaria.

En el Programa Nacional de Control de Calidad de Semillas, el objetivo es:

Fortalecer la producción de semilla para asegurar la disponibilidad de semilla de calidad, mediante el incremento de variedades y del volumen producido.

La inversión será de 1,167,944,787 financiada con Recursos ordinarios MAG y la Oficina nac de Semillas.

En el Programas de Buenas Prácticas Agrícolas, el objetivo es:

Verificar los residuos de plaguicidas en vegetales frescos de producción nacional y productos de importación y exportación para proteger el ambiente y la salud humana con alimentos inocuos.

La inversión es de ₡2 381 438 320,00 000 financiada con recursos ordinarios MAG-Sistema Fitosanitario del Estado.

En el Impulso a la Estrategia de agricultura de precisión en los territorios rurales, el objetivo es:

Impulsar la ejecución de proyectos de agricultura de precisión para la reducción de uso de químicos, plaguicidas y aumento de la producción con uso de tecnología control del recurso hídrico y fertilizantes.

La inversión es de: ₡767 000 000,00, financiada con Recursos del INDER.

En el Sistema de Abastecimiento de Agua para la Cuenca Media del río Tempisque y Comunidades Costeras, el objetivo es:

Impulsar el desarrollo socioeconómico en la región Chorotega a través del incremento en la disponibilidad hídrica en la margen derecha del río Tempisque,

La inversión en este eje es ₡260 641 547 940,00, financiada con Recursos del SENARA préstamo BCIE

En Servicios eficaces y eficientes asociados a la sanidad vegetal y salud animal, es:

Ampliar la cobertura del sistema nacional de vigilancia de resistencia antimicrobiana en sistemas productivos agropecuarios autorizados, para la protección de la salud pública, la sanidad animal y la inocuidad alimentaria.

La Inversión en este eje es: ₡98 157 484,00 financiada con Recursos ordinarios MAG-SENASA

En el Desarrollo de la Maricultura sostenible en Costa Rica, el objetivo es:

Impulsar el desarrollo sostenible de la maricultura en Costa Rica, fomentando la producción de recursos marinos.

La Inversión es: ₡127 000 000,00, financiada con Recursos INCOPESCA-Cooperación Española

En el Programa de inserción de grupos de mujeres y jóvenes de la zona rural, al sector agro productivo, el objetivo es:

Generar emprendimientos productivos para mujeres y jóvenes de la zona rural agrupadas en clubes 4S, con el propósito de lograr su inserción efectiva en el sector agroproductivo o en actividades alternativas.

La Inversión es: ₡320 000 000,00, financiada con Recursos ordinarios MAG CONAC 4-s

Como se puede observar se trata de un conjunto de metas, que se centra sobre todo en el tema de Productividad y Sostenibilidad, con componentes de producción sostenible, de semillas de calidad, de buenas prácticas agrícolas, el manejo agroquímicos, la sanidad animal y un componente nuevo de agricultura de precisión, que es tal vez el único componente de modernización agrícola.

Se introducen componentes adicionales como el de acceso al agua en Guanacaste, que es retomado del proyecto del agua que había sido financiado hace varios años y que ha avanzado poco en su ejecución, el del programa de Abastecimiento institucional en el área de comercialización y el componente de apoyo a la incorporación de jóvenes y mujeres en la agricultura, un tema novedoso a futuro. Sobre el financiamiento de las acciones y metas incluidas en el Plan es claro que provienen en su mayoría de los fondos ordinarios del MAG, algo del INDER y del CNP y no hay ninguna asignación adicional de recursos ni financieros, ni tampoco técnicos.

La revisión efectuada permite, detectar la ausencia de metas en temas claves para la recuperación y fortalecimiento del sector, como el tema del desarrollo agroindustrial y agregación de valor, el de alternativas de comercialización, el del financiamiento agropecuario, el de los seguros agrícolas, el de capacitación técnica y el de la seguridad alimentaria, demasiadas carencias frente a un sector con serios problemas estructurales y abandonado por la institucionalidad pública desde hace varias décadas

Pese a lo mencionado las metas y objetivos incorporados, pretenden enfrentar los desafíos que el mismo plan señala y cuyas dimensiones son el resultado del rezago del sector agropecuario durante de varias décadas. Ellos son:

Fortalecimiento de la productividad, competitividad y generación de valor agregado

Reducción de la vulnerabilidad del Sector Agropecuario frente al cambio climático

Disminución de las disparidades territoriales y sociales, mediante la generación de empleo de calidad, la inclusión productiva

Fortalecimiento de las oportunidades para mujeres y personas jóvenes en el medio rural.

Enormes desafíos, para los limitados alcances de las metas y recursos del Plan.

El Plan a su vez, aporta un diagnóstico sectorial, que menciona algunas las debilidades tanto a nivel macro como micro del sector, resultado de una transformación que sitúa al agro, como una actividad secundaria que ha visto reducirse dramáticamente su papel en la economía, en la generación de empleo y en la producción de alimentos.

Señala “en términos macroeconómicos, que la participación relativa del sector en el PIB nacional se redujo de 4,0% a 3,6%, aunque el sector mantiene una balanza comercial superavitaria y una participación relevante en la generación de divisas.

A nivel microeconómico, indica que la población ocupada disminuyó en 8,2%, pasando de 217 104 a 199 248 personas (INEC), lo que refleja procesos de ajuste productivo, migración hacia otros sectores y cambios en la composición de la fuerza laboral.

En el ámbito socioeconómico, si bien los indicadores de pobreza han mejorado a nivel nacional, existen diferencias entre zonas urbanas y rurales. En 2025, la pobreza rural (19,3%) y la pobreza extrema (5,5%) superan las registradas en zonas urbanas (13,6% y3,1%, respectivamente), lo que evidencia condiciones de mayor vulnerabilidad en los territorios rurales.

Además, afirma que persisten situaciones estructurales que requieren atención estratégica como la participación de las mujeres en el empleo agropecuario continúa siendo limitada (alrededor del 13,6%) y se mantienen diferencias en los niveles de ingreso por sexo. Asimismo, se evidencia una disminución en la participación de población joven, lo que plantea desafíos importantes en términos de relevo generacional y sostenibilidad futura del sector.

Asimismo, el sector enfrenta una alta vulnerabilidad frente al cambio climático, lo que incide en la estabilidad de la producción y en los ingresos de las personas productoras. En este contexto, resulta necesario avanzar hacia sistemas productivos más resilientes, sostenibles y eficientes en el uso de recursos”. (Plan Nacional de Desarrollo, 2026, p.104)

No obstante, pese a las debilidades y vulnerabilidades apuntadas, el diagnóstico pretende brindar un panorama optimista al mencionar que, “el sector evidencia una evolución positiva en un contexto desafiante y que el agro mantiene una base productiva sólida, que enfrenta el reto de acelerar su crecimiento relativo mediante mayor valor agregado, innovación y diversificación productiva”.

Así mismo, el diagnóstico presenta como válidos argumentos alejados de la realidad de la mayoría de los productores de diferentes actividades productivas, como la afirmación de que “las condiciones de costos de producción muestran una mejora significativa, por la disminución entre 2022 y 2025, en los precios de insumos como fertilizantes, agroquímicos y alimentos concentrados, destacando la caída del 57,5% en el precio de la urea, disminución que contribuye a mejorar la rentabilidad de las unidades productivas, aunque el sector continúa expuesto a la volatilidad de los mercados”, argumento a la postre erróneo y desactualizado, y que marca una condición diametralmente opuesta en la actualidad.

Tampoco acierta el diagnóstico, con respecto a la evolución del agro como actividad económica, al establecer que entre 2022 y 2025, el Producto Interno Bruto Agropecuario creció aproximadamente 4,5%, lo que confirma una recuperación sostenida de la actividad productiva. Este crecimiento se acompaña de un incremento del 13,6% en el Índice Mensual de Actividad Agropecuaria (IMAGRO), reflejando una expansión general de la producción, particularmente, en actividades pecuarias y de apoyo” (Idem, PND,pag103), crecimiento que en los últimos dos años ha sido negativo del -2%, mientras que el IMAGRO ha fluctuado constantemente con crecimientos negativos en varios meses, que ha hecho pensar en una recesión del sector.

Por el contrario, la realidad de la producción agroalimentaria nacional, es mucho más compleja y angustiante para muchos agricultores, como han reconocido productores y autoridades en diferentes regiones, el sector agrícola de Costa Rica enfrenta una de las crisis más graves de la última década, factores climáticos extremos, el avance de plagas y enfermedades, así como el aumento de los costos de producción(y de las importaciones), han puesto en riesgo la estabilidad de familias dedicadas a la agricultura y la ganadería, a lo que se suma que el fenómeno del Niño ha impactado de forma desigual diferentes zonas productivas(Infobae,14-6-2026.)

Frente a esa realidad del sector, el Plan Nacional de Desarrollo ofrece una propuesta limitada e insuficiente en sus metas, acciones y recursos y poco comprometida con el mejoramiento de las condiciones productivas, tecnológicas, comerciales, financieras y de los medios de vida que requieren los agricultores, sus familias y el medio rural.

Secretaría de REDD+ visitó Cabagra para supervisar proyectos realizados en este territorio

Por Uriel Rojas

Este lunes 17 de agosto, la Secretaría REDD+ Costa Rica, visitó el territorio indígena de Cabagra para conocer los proyectos que hasta el momento se han ejecutado con los fondos derivados del CREF.

Esta gira, permitió realizar la georreferenciación de proyectos, identificar desafíos y buenas prácticas, así como conocer de primera mano, los resultados del proceso de implementación de los PAFTs en Cabagra.

La representación de esta instancia técnica fue acompañada por la Asociación de Desarrollo Indígena de Cabagra y las comisiones de implementación del PAFT, quienes visitaron 8 proyectos realizados en las comunidades de San Rafael, Tsané Diköl, San Juan, Las Delicias, Brazo de Oro y Las Palmas.

REDD+ es una iniciativa global que busca la mitigación del cambio climático incentivando a los países a reducir las emisiones de carbono por deforestación y degradación de los bosques.

¿Conoce los arrecifes de coral su importancia y amenazas?

Un nuevo taller invita a aprender a observarlos y monitorear su salud

Una iniciativa de ciencia ciudadana abre un nuevo proceso de formación para que jóvenes, comunidades, organizaciones y personas interesadas puedan adquirir herramientas para monitorear el blanqueamiento de los corales y participar activamente en el cuidado de los ecosistemas marinos.

Quizás usted ha visto alguna vez un arrecife de coral. Tal vez ha nadado cerca de ellos, ha practicado buceo o simplemente ha escuchado hablar de estos ecosistemas. Pero, ¿se ha detenido alguna vez a observarlos realmente? ¿A reconocer cuándo un coral está sano y cuándo está enfrentando una situación de estrés? ¿Podría identificar un proceso de blanqueamiento y registrar lo que está ocurriendo para que esa información pueda ser utilizada en la protección del ecosistema?

Estas son algunas de las preguntas que motivan el nuevo taller “Monitoreo del blanqueamiento de corales desde la ciencia ciudadana”, una iniciativa que busca acercar el conocimiento sobre los arrecifes a jóvenes, comunidades, organizaciones y personas que viven cerca del mar o que simplemente quieren dar el paso para involucrarse más activamente en la protección de los ecosistemas marinos.

El taller se desarrollará de manera virtual durante tres sesiones, los viernes 14, 21 y 28 de agosto, de 7:00 p. m. a 8:40 p. m., y tendrá posteriormente un componente práctico de monitoreo en el mar, previsto para octubre en el Caribe.

La propuesta no requiere experiencia previa. Su objetivo es brindar herramientas básicas y prácticas para comprender la salud de los arrecifes, reconocer las causas y características del blanqueamiento coralino, registrar observaciones y utilizar herramientas digitales para recopilar y reportar información.

La idea es sencilla pero importante: conocer nuestros arrecifes también es una forma de involucrarnos en su protección.

Del conocimiento a la participación ciudadana

Los arrecifes de coral son ecosistemas pequeños en extensión, pero extraordinariamente importantes por la diversidad de formas de vida que albergan. Proporcionan refugio y alimento a numerosas especies marinas, contribuyen a la seguridad alimentaria y a las economías de comunidades costeras y ayudan a proteger las costas frente al impacto del oleaje.

Sin embargo, estos ecosistemas enfrentan cada vez mayores presiones. El aumento de la temperatura del océano puede provocar episodios de blanqueamiento coralino, un fenómeno en el que los corales expulsan las algas microscópicas que viven en sus tejidos y que les proporcionan buena parte de su energía y coloración.

Un coral blanqueado no necesariamente está muerto. Se encuentra bajo una situación de estrés y queda más vulnerable a enfermedades y otros impactos, aunque en determinadas condiciones puede recuperarse.

Por eso, observar lo que está ocurriendo es fundamental. Y observar no significa necesariamente ser especialista. Precisamente uno de los objetivos de la ciencia ciudadana es que las personas puedan adquirir herramientas para generar información útil sobre los cambios que ocurren en sus propios territorios.

“Creemos que conocer nuestros arrecifes es también una forma de involucrarnos en su protección. La participación ciudadana es fundamental para generar conocimiento, dar seguimiento a los cambios que enfrentan los arrecifes y fortalecer las acciones para su cuidado y conservación”, señalan las personas organizadoras.

Este nuevo taller da continuidad al proceso desarrollado durante el primer semestre de 2026, cuando se realizó el taller “ taller comunitario para conocer y monitorear arrecifes de coral del Caribe Sur ”, que combinó formación virtual con actividades prácticas en el mar.

Ahora, el nuevo taller vuelve a abrir este espacio de formación, pero con un énfasis particular en el monitoreo del blanqueamiento de los corales y en las herramientas que pueden utilizar las personas participantes para registrar y reportar lo que observan.

La respuesta nuevamente ha sido significativa. Más de 130 personas de distintas regiones del país ya se han matriculado, superando ampliamente el cupo inicialmente previsto.

La modalidad virtual ha permitido ampliar la participación y recibir personas interesadas desde diferentes zonas del país. Las sesiones virtuales son gratuitas y la matrícula permanecerá abierta hasta el 13 de agosto.

La participación en las actividades prácticas de monitoreo en el mar implicará que cada persona participante asuma los costos asociados a su traslado y actividad en el sitio.

Aprender a mirar el mar

El taller busca que las personas participantes no solamente reciban información, sino que puedan desarrollar capacidades para observar y documentar lo que sucede en los ecosistemas marinos cercanos a sus comunidades.

Durante las sesiones se abordarán conceptos relacionados con la salud de los arrecifes y las causas del blanqueamiento coralino. También se conocerán métodos prácticos para registrar y reportar observaciones y herramientas digitales para recopilar información mediante formularios y plataformas de participación.

El enfoque estará orientado a que estos conocimientos puedan ser aplicados posteriormente en localidades tanto del Pacífico como del Caribe.

De esta manera, una persona que vive cerca del mar, una organización comunitaria, una ONG, una persona joven interesada en los ecosistemas marinos o alguien que simplemente quiere aprender más podrá contar con herramientas para pasar de la preocupación a la observación y de la observación a la participación.

Porque frente a la transformación de los océanos, contar con más personas capaces de mirar, reconocer cambios, documentarlos y compartir información puede convertirse también en una forma de ejercer una ciudadanía marina más activa.

El taller será impartido por Ana María Arenas, tallerista en ciencia ciudadana para el monitoreo de arrecifes de coral e instructora de buceo, quien compartirá herramientas y conocimientos para comprender y participar activamente en el monitoreo del blanqueamiento de los corales.

La actividad es organizada por el colectivo Costa Rica por el Océano, junto con los proyectos de acción social Voces y Política, de la Escuela de Ciencias Políticas, y Geografía y Diálogo de Saberes, de la Escuela de Geografía, ambos vinculados al Programa Kioscos Socioambientales de la Universidad de Costa Rica.

Este nuevo proceso parte de una convicción: para cuidar un ecosistema primero necesitamos acercarnos a él, conocerlo y aprender a reconocer los cambios que está experimentando.

Y quizás ese sea el primer paso para muchas personas que nunca han tenido la oportunidad de hacerlo: entrar al mar con una mirada distinta, aprender a reconocer un arrecife y descubrir que también podemos participar en su cuidado.

Información e inscripción

  • Taller: Monitoreo del blanqueamiento de corales desde la ciencia ciudadana

  • Sesiones virtuales: viernes 14, 21 y 28 de agosto

  • Horario: 7:00 p. m. a 8:40 p. m.

  • Actividad práctica: monitoreo en el Caribe durante octubre

  • Modalidad: virtual, con componente práctico presencial

  • Costo: sesiones virtuales gratuitas

  • Matrícula abierta hasta: 13 de agosto

Inscripción: https://forms.gle/NUuwDamhHqDSxut17

La Contraloría General de la República advierte que la infraestructura pública vital de Costa Rica se gestiona con un modelo reactivo, no preventivo, frente a desastres

El informe «Seguimiento a la Gestión Pública sobre la inclusión del enfoque de resiliencia en la infraestructura pública vital para la prestación de los servicios públicos de movilidad, electricidad e hidrocarburos» (DFOE-SOS-SGP-00001-2026) evaluó a 21 instituciones responsables de estos servicios entre 2021 y 2025.

La Contraloría General de la República (CGR) presentó un informe de seguimiento a la gestión pública sobre la incorporación del enfoque de resiliencia en la infraestructura vital del país para los servicios de movilidad, suministro eléctrico e hidrocarburos, así como en los proyectos de reconstrucción ejecutados tras emergencias declaradas. El análisis abarcó el período comprendido entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2025.

Según el estudio, esta infraestructura es altamente vulnerable frente al cambio climático y a eventos hidrometeorológicos extremos, lo que ha generado pérdidas económicas superiores a los ¢859 mil millones entre 2011 y 2025, 57 personas fallecidas por desastres entre 2016 y 2024, y más de 2.300 personas afectadas solo en 2024.

El índice de madurez institucional global se ubicó en un nivel intermedio (56,02%), con el sector movilidad como el de menor desarrollo (55,47%), especialmente en los proyectos financiados por el Fondo Nacional de Emergencias (51,96%). La Contraloría atribuye estos resultados a la persistencia de un modelo de gestión reactivo, orientado a la reparación y reconstrucción, en lugar de la prevención.

El informe identificó cuatro hallazgos principales:

  1. Reproducción de vulnerabilidades en la infraestructura pública, al no evaluarse sistemáticamente los riesgos de múltiple amenaza (naturales, humanos y de cambio climático) a lo largo del ciclo de vida de los proyectos. La evaluación de riesgos (EDR) obtuvo la calificación más baja del índice, con un nivel básico (42,42%); solo 2 de las 21 instituciones evaluadas (CNFL y ESPH) cuentan con un inventario de infraestructura crítica.

  2. Asimetrías en la gobernanza, con dificultades técnicas para recopilar, compartir y garantizar el libre acceso a los datos, y un componente de gobernanza que apenas alcanzó nivel básico (47,24%).

  3. Vinculación parcial entre resiliencia y gestión de proyectos: de 69 proyectos en operación entre 2021 y 2025, 16 no cuentan con un plan de operación y mantenimiento ni con los recursos para ejecutarlo, y en 49 el mantenimiento es parcial o nulo.

  4. Deuda institucional con la resiliencia comunitaria, ya que 14 de las 21 instituciones evaluadas omiten la evaluación de efectos e impactos de sus proyectos sobre las poblaciones; el sector hidrocarburos (Recope) presenta el mayor rezago en esta área (57,78%), pues 11 de sus 12 proyectos no contemplan el fortalecimiento de la resiliencia de las comunidades.

El estudio también documentó marcadas disparidades entre instituciones de un mismo sector: mientras el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) alcanzó un nivel alto de madurez (80,66%), la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) se ubicó en un nivel intermedio bajo (53,15%). Entre los gobiernos locales que ejecutan proyectos de reconstrucción por emergencias, municipalidades como Pérez Zeledón (87,83%) mostraron un desempeño alto, mientras que Coto Brus (30,30%) y Limón (21,90%, nivel inicial) presentaron los resultados más bajos.

Las instituciones evaluadas fueron el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), en movilidad; el ICE, la ESPH, la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) y la Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago (Jasec), en electricidad; la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), en hidrocarburos; y en proyectos de reconstrucción, la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE) junto con las municipalidades de Aserrí, Buenos Aires, Corredores, Coto Brus, Desamparados, Dota, Guatuso, León Cortés, Limón, Osa, Pérez Zeledón, San Carlos y Sarapiquí.

Entre las recomendaciones, la CGR planteó integrar de forma transversal la evaluación de riesgos en todo el ciclo de vida de las obras públicas, estandarizar los modelos de gobernanza de proyectos y de datos, vincular la evaluación financiera y social al ciclo de vida de la infraestructura —asegurando recursos formales para operación y mantenimiento— y consolidar la consulta a las partes interesadas y la evaluación de impactos en los procesos de resiliencia comunitaria.

El seguimiento fue realizado por un equipo multidisciplinario del Área de Fiscalización de Desarrollo Sostenible de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la CGR, dirigida por Lía Barrantes León.

Presentan el primer gemelo digital 3D de un distrito costarricense

Nosara tiene desde esta semana una réplica digital navegable de todo su territorio, con más de cuatrocientas capas de información, cartografía que arranca en 1944 y proyecciones climáticas hasta 2100. La herramienta se presentó este 5 de agosto ante universidades, instituciones y organizaciones comunales, y su punto de partida es un problema poco discutido: cuánto cuesta ir a observar, medir y gobernar un territorio lejano.

Emmanuel Gutiérrez Pizarro, director investigador de la Alianza para el Desarrollo Comunitario presentó el Gemelo Digital 3D del distrito de Nosara, en el cantón de Nicoya: una réplica tridimensional del territorio real, construida sobre relieve medido, imagen satelital de alta resolución, con base en investigación estadística y datos de fuentes públicas, que se puede recorrer, consultar y usar para simular escenarios.

En la sesión, realizada de forma virtual, participaron representantes de las universidades públicas del país, centros de investigación y organizaciones comunales y medios de comunicación.

El problema que lo origina

La presentación arrancó con la tecnología utilizada y con el costo de observar. Según el reglamento de gastos de viaje 2026 para funcionarios públicos de la Contraloría General de la República, un funcionario dispone de dieciséis mil cien colones para hospedarse una noche en Nosara, pero en un radio de cincuenta kilómetros no hay alojamientos a ese precio.

“Una gira cuesta un montón de dinero, y no siempre hay fondos. Cuando logramos entrar, recolectamos un poco de información, salimos casi a la carrera, y con eso tomamos las decisiones. Eso no nos pasa solo a nosotros: le pasa a una municipalidad, al poder judicial, al gobierno central y a las universidades.”

Emmanuel Gutiérrez, investigador territorial a cargo del proyecto

El resultado, señaló, es una observación que suele ignorar las realidades comunitarias. Se recorre lo que está sobre la ruta asfaltada y no lo que queda a media hora de lastre. Se visita en verano y no cuando los caminos están cortados. Se conversa con quien estaba disponible ese día. Y casi nunca se vuelve, de modo que no hay serie de tiempo con la cual medir tendencias.

A ese costo se suma la frecuencia con que se levanta la información oficial. Entre el censo nacional 2011 y el siguiente pueden pasar veinte años, mientras el territorio cambia mucho más rápido.

Qué se presentó

El gemelo integra más de cuatrocientas capas de información sobre un mismo mapa: relieve, más de ocho mil edificios detectados, vías, ríos, las cincuenta y seis localidades del distrito, datos del censo distrital de 2024, concesiones de agua, acuíferos, catastro, zona marítimo terrestre y proyecciones climáticas construidas con veintiocho modelos científicos.

Dos características lo distinguen de una maqueta tridimensional. La primera es el tiempo: la herramienta carga la hoja cartográfica levantada en 1944 a partir de fotografías aéreas, los mapas de cartografía censal dibujados a mano en 1973 y 1988, y la imagen satelital actual, y permite compararlos sobre el mismo terreno. La segunda es que sus datos se actualizan solos, conectados a servicios públicos de información sobre clima, sismos, sequía e incendios, sin que nadie los cargue a mano.

Sobre esa base, el sistema permite ensayar escenarios: subir el nivel del agua para ver qué casas quedan dentro de una zona inundable, ubicar un EBAIS o una escuela en un punto y calcular a cuánta población alcanza, o cruzar el valor fiscal declarado con el valor de mercado para identificar dónde se concentra la fuga fiscal de un municipio.

El territorio también se puede recorrer a pie, en vehículo o sobrevolándolo, y sobre él se construyó un videojuego, El Tesoro de Nosara, que ancla leyendas guanacastecas a lugares reales del distrito y es de acceso libre, así como aulas virtuales para estudiantes que desean reforzar bilingüismo y aprender inglés gratis (aulavirtualcr.org/nosara).

¿Por qué en Nosara?

El distrito reúne condiciones que lo vuelven un caso difícil de analizar con herramientas convencionales. Ubicado a 60 km de Nicoya, con rutas en mal estado, precios altos que limitan la presencia del Estado y de la investigación universitaria, y presencia de indicadores sociales comparables a las zonas de menor desarrollo del país, según evidenció el Censo de Población y Vivienda 2024 publicado el año pasado.

Sin financiamiento y con datos públicos

El proyecto no recibió fondos de cooperación, no fue contratado por ninguna institución y no se desarrolló en el marco de un convenio. Se construyó con datos abiertos de instituciones nacionales e internacionales, entre ellas el INEC, el MINAE, SENARA, el Sistema Nacional de Información Territorial, el ICT, el INVU, la Comisión Nacional de Emergencias, el SINAC y el Banco Mundial, además de plataformas colaborativas como OpenStreetMap.

La herramienta podrá incorporar sensores propios en el territorio y tiene la capacidad de servir un plan regulador actualizado anualmente. Su uso y publicación están sujetos a convenios con instituciones, universidades y centros de investigación interesados.

Qué sigue

Según la revisión de literatura y de casos publicados realizada por el proyecto, existen cerca de quinientos gemelos urbanos desplegados en el mundo, casi todos correspondientes a ciudades grandes con equipos y presupuestos institucionales. En territorios rurales los casos documentados son escasos. Este es el primero a escala distrital que el equipo ha podido encontrar en Costa Rica y Centroamérica.

El investigador a cargo del proyecto abrió la posibilidad de replicar el ejercicio en otros territorios a quienes lo soliciten, en escalas que van desde un barrio o una urbanización hasta un cantón, una línea costera completa o el país.

“Piensen en el barrio, en la calle, en la urbanización donde viven. Imaginen que la gente pueda ver eso y participar en las decisiones que le afectan, ver los riesgos que tienen e incluso que los jóvenes puedan desarrollar con tecnología e inteligencia artificial soluciones para su entorno: desde agricultura hasta turismo digital.”

Emmanuel Gutiérrez

Datos clave

Dato

Valor

Territorio

Distrito de Nosara, cantón de Nicoya, Guanacaste

Población

8.716 habitantes (censo distrital 2024) www.censonosara.com

Capas de información

Más de 400

Edificaciones en 3D

8.052

Resolución satelital

1,18 metros por píxel

Localidades cartografiadas

56

Rango temporal

De 1944 a 2100

Modelos climáticos integrados

28

Financiamiento

Ninguno

Uso de tecnología

Software libre, inteligencia artificial, investigación georreferenciada

Investigación de la UCR demuestra que el impacto del clima y la contaminación sobre la salud respiratoria puede aparecer semanas después

Mag Olga Marta Ramírez Hernández
Comunicadora
Sistema de Estudios de Posgrado (SEP) 

  • Estudio examinó datos entre 2000 y 2019 para identificar riesgos y apoyar la prevención en salud pública.

  • Investigación determinó que enfermedades no siempre son inmediatas como reacción al clima y a la contaminación.

Un estudio desarrollado en el Sistema de Estudios de Posgrado (SEP) de la Universidad de Costa Rica (UCR) revela que la relación entre el clima, la contaminación del aire y las enfermedades respiratorias en el país es compleja y no inmediata, con efectos que pueden manifestarse semanas después y variar según la región, lo que aporta evidencia clave para anticipar riesgos y fortalecer la planificación en salud pública.

El estudio, titulado Modelo de la influencia de los factores climáticos y la contaminación del aire en la incidencia de enfermedades respiratorias en las regiones y subregiones climáticas de Costa Rica, fue realizado por el estudiante de maestría Emanuelle Parra Rodríguez, como parte de su trabajo final de investigación.

“El objetivo fue entender cómo interactúan el clima y la contaminación con la salud respiratoria. Se logró determinar que los efectos no siempre son inmediatos y pueden manifestarse semanas después, dependiendo de la región”, explicó Parra.

Uno de los principales hallazgos del estudio es que los factores climáticos y ambientales influyen de manera no lineal y con efectos rezagados en los egresos hospitalarios por enfermedades respiratorias. Esto significa que ciertos niveles de contaminación o combinaciones específicas de variables climáticas pueden aumentar o reducir el riesgo de hospitalización tiempo después de ocurrir estos factores.

La investigación abarcó el período comprendido entre los años 2000 y 2019 e integró información satelital con registros oficiales de salud. Se analizaron variables como temperatura, precipitación y humedad relativa, junto con un indicador de contaminación del aire basado en la profundidad óptica de aerosoles.

Estos datos se examinaron en siete regiones climáticas y 27 subregiones del país, lo que permitió capturar la variabilidad territorial y temporal del fenómeno, así como las diferencias entre zonas con condiciones ambientales distintas.

Además, la investigación permitió identificar umbrales de riesgo a nivel subregional, información que puede utilizarse para anticipar brotes estacionales y apoyar una mejor planificación de los recursos en el sistema de salud.

“Este trabajo refleja la calidad en la investigación que se desarrolla desde el SEP de la UCR y su aporte al análisis de problemas complejos con impacto directo en la salud pública y la toma de decisiones”, señaló el Dr. Eldon Cadwell Marín, decano del SEP.

El estudio también destaca por su aporte metodológico, al combinar modelos estadísticos avanzados con datos satelitales internacionales y registros nacionales de salud, lo que abre la posibilidad de replicar el análisis en otras regiones del país o aplicarlo a distintos problemas ambientales y sanitarios.

Les compartimos la investigación: https://ucr.cr/r/kRKfJ

En el video siguiente el investigador da detalles importantes:

La IA redefine las prácticas del ordenamiento territorial

El crecimiento urbano, la presión sobre los recursos naturales, los efectos del cambio climático y la necesidad de contar con información confiable para la toma de decisiones colocan el ordenamiento territorial entre los principales desafíos de Costa Rica. La Universidad Nacional (UNA) organiza el VIII Congreso Internacional de Ordenamiento Territorial y Tecnologías de Información Geográfica (CIOTTIG 2026), un encuentro que reunirá a personas especialistas, investigadoras, estudiantes y profesionales de distintos países.

Promover el intercambio académico y técnico sobre los aportes de la inteligencia artificial y las tecnologías geoespaciales en la planificación, gestión y sostenibilidad del territorio, impulsando la cooperación internacional y la innovación interdisciplinaria.

La actividad adquiere relevancia en un momento en que la región enfrenta complejos fenómenos como inundaciones, deslizamientos, expansión urbana, conflictos por el uso del suelo y la necesidad de fortalecer la planificación frente a los efectos del cambio climático. En este escenario, el análisis territorial y las tecnologías de información geográfica aportan información para comprender mejor estos procesos y acompañar la toma de decisiones.

Como parte de la convocatoria, el comité organizador mantiene abierto el período para la presentación de ponencias hasta el 07 de agosto. La invitación está dirigida a personas investigadoras, profesionales, estudiantes y representantes de instituciones que desarrollen trabajos relacionados con el ordenamiento territorial y las tecnologías de información geográfica

El VIII CIOTTIG forma parte de una red internacional que desde 2010 promueve el intercambio académico sobre planificación territorial y geotecnologías en distintos países de América Latina, y en esta edición tendrá como sede la Universidad Nacional. El Programa para la Promoción de la Gestión y el Ordenamiento del Territorio, y el Programa en Ciencias de la Información Geográfica Aplicada, ambos de la Escuela de Ciencias Geográficas, son los principales organizadores.

Las personas interesadas en conocer los ejes temáticos, los requisitos para presentar ponencias y el cronograma del congreso pueden consultar el sitio web oficial del evento.

Más información: VIII Congreso Internacional de Ordenamiento Territorial y Tecnologías de Información Geográfica (CIOTTIG 2026)

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica