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Etiqueta: canasta básica tributaria

Cinpe-UNA: aumento del IVA al 13% afectaría más a familias de menos ingresos

UNA Comunica. Pasar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) sobre la Canasta Básica Tributaria (CBT) del 1% actual al 13%, tendría una afectación mayor en los grupos de población de menores ingresos, frente a los más adinerados.

El estudio IVA a la canasta básica del 1% al 13% elaborado por Leiner Vargas, investigador del Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible (Cinpe) de la Universidad Nacional (UNA), le da un contexto económico y social al impacto de una medida fiscal que el Gobierno tiene en valoración, como respuesta a la situación fiscal que atraviesa el país.

Aun y cuando se ha mencionado la formulación de un “IVA personalizado” para devolver eventualmente a los de menores ingresos el impuesto que se pagaría de más, el análisis contempla los riesgos de que una medida así cumpla con efectividad los fines propuestos.

¿Quién paga más?

Lo cierto del caso es que un aumento en el IVA sobre la canasta básica tendría un resultado preponderante en cuanto a la recaudación tributaria. Bajo un escenario de un incremento del 1% al 13% el monto recolectado pasaría de 42.065 millones de colones a 546.841 millones de colones. Esto representaría un 1% del producto interno bruto (PIB).

Sin embargo, la factura social que se pagaría a cambio de ello golpearía de manera regresiva a los hogares.

Para el primer quintil (el más pobre), que percibe un ingreso promedio mensual de 321.351 colones, el cambio implicaría un 6.7% de los ingresos percibidos. Para el segundo quintil (el segundo más pobre y con un ingreso promedio de 604.749 colones en promedio), el efecto se rondaría entre un 4% y un 5%.

Si se considera que el primer quintil emplea un 44.1% de sus ingresos al mes en sufragar gastos por bienes de la canasta básica y el segundo quintil utiliza un 28.8%, el efecto toma otra dimensión. “Para un hogar del primer quintil, la magnitud equivale a perder cerca de un mes de capacidad de compra alimentaria al año. Para el segundo quintil, que está compuesto por hogares vulnerables no pobres, el riesgo es relevante en el descenso bajo la línea de pobreza”, indica el estudio.

Los tres restantes quintiles (tres, cuatro y cinco) percibirían efectos menores de aplicarse el ajuste en el IVA.

Para el tercer quintil la carga sobre sus ingresos sería entre un 2.5% y un 3.5%. Bajaría a un rango entre un 1.5% y un 2% en el cuarto quintil, y se ubicaría entre un 0.6% y un 1% en el quinto quintil.

A diferencia del primer quintil, que utiliza casi la mitad de sus ingresos para la compra de bienes de la canasta básica, el quinto quintil (el más adinerado), que percibe un ingreso promedio mensual de 2.675.743 colones, utiliza solo un 9.9% de ese monto a la adquisición de estos productos.

Eliminar la exoneración sobre la canasta básica fue una de las recomendaciones planteadas en mayo anterior por el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el marco de la Consulta del Artículo IV del acuerdo del Crédito Flexible con Costa Rica, como una forma de asegurar la sostenilidad fiscal del país a mediano plazo. Desde entonces, el tema ha estado en el debate público, aunque el gobierno aún no ha presentado una propuesta formal en esa línea.

Efectos adversos

Aunque la recaudación de subir el IVA al 13% tiene un impacto en la recaudación del 1% del PIB, el análisis del investigador Leiner Vargas establece que, de entrada, habría un aumento directo del 11.9% en el precio final que paga el consumidor en bienes esenciales como arroz, frijoles, huevos, lácteos, panes y harinas y proteínas (pollo, res, cerdo, atún y sardinas).

Este incremento tendría una carga relativa sobre el primer decil de ingresos que corresponde hasta 12 veces más que la del decil más rico. Incluso, el estudio indica que, al aplicar una serie de indicadores que miden la desigualdad económica, la progresividad del impuesto y los efectos redistributivos, en todos los escenarios, el resultado sería pernicioso.

Mientras que la idea de aplicar un IVA personalizado, con un mecanismo de devolución del impuesto hacia los sectores más vulnerables, puede chocar de frente con la realidad. “Dadas las brechas de cobertura de los registros sociales y la experiencia regional con estos esquemas, la probabilidad de errores de exclusión en el primer quintil es suficientemente alta como para desaconsejar la medida en su formulación actual”, apunta el informe.

Entre esos riesgos, destacan por ejemplo el hecho de que pueda existir una población vulnerable sin estar registrada en los sistemas de focalización como Sinirube, la alta informalidad del mercado laboral en el país que afecta hasta 800 mil personas, la migración irregular y la población adulta mayor que no recibe ni siquiera una pensión no contributiva.

“La evidencia regional no es alentadora: los esquema de focalización de transferencias en América Latina, incluida la experiencia uruguaya con el IVA personalizado, registran errores de exclusión de entre el 20% y el 40% en el primer quintil y las brechas de cobertura de Sinirube, particularmente en la población informal, rural y migrante, sugieren que el país no está exento de ese patrón”, destaca el informe.

La conclusión es contundente: la homologación de la tarifa de la canasta básica al 13% debe rechazarse.

Al respecto, Vargas explora cinco medidas que deberían implementarse en caso de avanzar sobre esa ruta. La primera es verificar con una auditoría independiente los registros del primer y segundo quintil, seguida de la definición de un mecanismo de devolución automático, mensual y no condicionado.

En tercer lugar establecer una gradualidad de tarifas que puedan revertirse de acuerdo con indicadores de pobreza y seguridad alimentaria. La cuarta medida sería el análisis de medidas alternativas como por ejemplo una tarifa general menor con una base más amplia de la canasta básica. Finalmente, que se realice una evaluación independiente de los impacto percibidos con el compromiso de divulgación de resultados.

Leiner Vargas Alfaro amplía sobre el tema: https://www.youtube.com/watch?v=24k6mlG_je8

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

Mucho ojo con el aumento en el porcentaje del impuesto del IVA que pagaría la Canasta Básica

Rodolfo Ulloa Bonilla
Sociólogo pensionado

El ministro de Hacienda quiere cobrar el 13% del IVA a todos los productos de la canasta básica. Además, dice que le apoyan 31 diputaciones del gobierno.

Les invito a revisar la lista de productos que integran la canasta básica y ustedes y sus familias consumen mensualmente. Hagan cuentas, sumen lo que le significaría pagar un 12% más de IVA al mes en el total de esos productos.

Háganlo sobre todo si ustedes no son ricos, pero tampoco están en condición de pobreza, que es a los que supuestamente les devolverían el IVA por el Sinirube. Es decir, si usted no tiene cuentas en Panamá o piscina en su casa, pero tampoco está en la indigencia en las listas del IMAS, le van a cobrar el 13% y no se lo van a devolver.

Después de este ejercicio podrán saber si el cobro del 13% del IVA a los productos de la canasta básica desfavorece a las mayorías de personas que como ustedes viven de un salario, una pensión, un ingreso informal o un emprendimiento pequeño o mediano.

La canasta básica oficial en Costa Rica es la “Canasta Básica Tributaria por el Bienestar Integral de las Familias (CBTBIF)”, regulada principalmente por el Decreto Ejecutivo N° 43790-H-MEIC-S (y sus reformas) del 9 de noviembre de 2022.

Esta lista se define con base en el consumo primordial del 30% de hogares de menores ingresos (según establece el INEC), criterios nutricionales y grupos alimenticios. Incluye alimentos de todos los grupos, más productos de limpieza, higiene y escolares. Todos los bienes enlistados en esta canasta tributan a la tarifa reducida del 1% de IVA (Impuesto al Valor Agregado).

Productos que integran la CBTBIF (al 1% de IVA)

La lista es extensa (alrededor de 200-230 ítems según actualizaciones). Aquí un resumen por categorías principales, basado en el decreto y fuentes oficiales.

I. Panes, tortillas, repostería y galletas (ejemplos): Barra de pan/melcochón (simple, con queso/ajonjolí), bizcochos/rosquillas/mantecados/palitos salados, bollo/bonete de pan dulce, galletas dulces/saladas simples sin relleno, pan integral/cuadrado/pita/árabe/sin gluten, tortilla de harina/maíz (no tostadas condimentadas), etc.

II. Cereales, arroces, harinas y pastas (no incluye arroz con procesos agregados ni ingredientes adicionales): Avena (simple/integral), afrecho/salvado, almidón de yuca/maicena, arroz grano entero/blanco/integral/precocido, harinas (maíz, trigo, yuca/pejibaye), maíz y derivados (para alimentos animales), pastas alimenticias (varias formas, sin relleno/preparadas), trigo, etc.

III. Leche y derivados: Leche (líquida/en polvo: agria, entera, semidescremada, descremada, fortificada, deslactosada), cuajada, natilla (no light), queso fresco/no madurado/rallado (no mozzarella/parmesano), fórmulas/suplementos lácteos, leche de cabra, etc.

IV. Huevos y carne de pollo (frescos/congelados, no sazonados/preparados): Huevos de gallina; pollo (entero, alas, muslos, pechuga con hueso, menudos/vísceras, trocitos, etc.).

V-VI. Carnes de res y cerdo (frescas/congeladas, no sazonadas/empanizadas/cortes finos como lomito/lomo/T-bone): Bistec, molida, costilla, hígado, posta, jarrete, vísceras, etc. (res); bistec, chuleta, costilla, tocino, etc. (cerdo).

Embutidos (limitados): Chorizo (no ahumado), mortadela, salchicha, salchichón (de res/cerdo/ave).

Pescados y similares (frescos/congelados/enteros/filetes, con excepciones/transitorios): Atún en lata, ciertas especies enteras o filete (no salmón, pargo, etc. en algunos casos; hay reformas específicas).

Aceites y grasas: Aceite (girasol, maíz, palma, soya), manteca vegetal, margarina.

Frutas (frescas, sin preparación): Aguacate, banano, carambola, cas, coco, guaba, guanábana, jocote, limón, mango, manzana de agua, maracuyá, melón, mora, naranja, papaya, piña, sandía, tamarindo, etc.

Vegetales, leguminosas, tubérculos y hortalizas (frescos/refrigerados/congelados, sin preparación/combinaciones): Ajo, ayote, camote, cebolla, chayote, chile, coliflor, frijoles (negros, rojos, etc.), garbanzos, lechuga, papa, tomate, yuca, zanahoria, etc.

Azúcar y similares: Azúcar (blanco/refinado), miel de abeja, tapa de dulce.

Jaleas/gelatinas, condimentos, aderezos y salsas: Gelatina en polvo, jalea/mermelada de frutas, achiote, bicarbonato, canela, sal, etc.

Productos para preparar bebidas: Café (grano/molido, no soluble/descafeinado), etc.

Otros: Semillas (chan, linaza, maní simple), etc.

Productos no alimentarios (incluidos en la CBTBIF): Artículos de limpieza e higiene personal, higiene menstrual (tampones, etc.), bienes para cuidado del hogar y artículos escolares.

¿Qué le dirían ustedes al ministro de Hacienda? ¿Verdad que es una idea descabellada cobrar el 13% del IVA a la canasta básica? ¿Verdad que perjudica a los sectores medios, personas trabajadoras, pensionadas, que reciben ingresos informales o tienen pequeños negocios?

Se les agradecería reproducir esta información en sus redes sociales, entre sus amistades y vecindades, a ver si logramos que esta ocurrencia no llegue a ser una real pesadilla para miles de familias costarricenses.

Imagen: https://costarica.org/es/comida/

El trago amargo del FMI, la canasta básica y el pulso fiscal de 2026

Por: JoseSo (José Solano-Saborío) / Entre Verdades y Opiniones

La reciente alerta emitida por el Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre las finanzas públicas de Costa Rica nos coloca, una vez más, frente al espejo de nuestras contradicciones estructurales. A pesar de exhibir un crecimiento impulsado por las zonas francas y una inflación controlada, el país enfrenta una erosión silenciosa pero agresiva en su recaudación fiscal. El Ministerio de Hacienda estima una brecha para este 2026 cercana a los 300.000 millones de colones.

Desde el punto de vista macroeconómico, este hueco no es producto del azar. Es, en buena medida, el efecto secundario de la apreciación sostenida del colón frente al dólar, lo cual ha comprimido las utilidades del sector exportador, turístico y financiero que transa en moneda extranjera, reduciendo drásticamente su aporte en el impuesto sobre la renta. A esto se suma una deuda pública que coquetea nuevamente con superar el 62% del PIB, un umbral crítico que restringe aún más el margen de maniobra bajo las normativas de la regla fiscal.

La receta que el FMI propone para sanear este faltante es conocida y profundamente ortodoxa: aumentar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de la Canasta Básica Tributaria (CBT) del 1% actual a la tarifa general del 13%, gravar el salario escolar y eliminar exenciones históricas. Desde la teoría, ampliar la base impositiva aumenta el flujo de caja estatal; pero desde la economía política y social, gravar bienes de demanda inelástica como la alimentación básica es la medida más regresiva posible, pues castiga desproporcionadamente a los deciles de menores ingresos.

La contradicción en Zapote

La reacción del Poder Ejecutivo ante este escenario fue un ejercicio de equilibrismo político. En la reciente conferencia de prensa en Casa Presidencial, vimos a Rodrigo Chaves —ahora operando desde el Ministerio de Hacienda bajo la administración de Laura Fernández— enfrentarse al choque entre la realidad contable y la promesa electoral. El Ejecutivo debe presentar un «plan fiscal», pero intenta desligarse del costo político que implica acatar al FMI.

Decir, como sugirió el viceministerio, que la brecha se cubrirá a corto plazo mediante sistemas tecnológicos para combatir la evasión es, en el mejor de los casos, un optimismo desmedido y, en el peor, una cortina de humo. La tecnología aduanera y tributaria tiene rezagos de implementación y sus rendimientos no son inmediatos; mientras tanto, el déficit estructural exige liquidez hoy.

El debate en la oposición: Tres visiones, un mismo rechazo

El espectro político y técnico de oposición ha reaccionado con un justificado nivel de alarma, aunque partiendo de diagnósticos muy distintos:

  1. La visión progresista y estructural: Economistas como Leiner Vargas, Luis Paulino Vargas y la diputada Sofía Guillén coinciden en que la propuesta del FMI es un asalto a la equidad. Gravar con un 13% el arroz, los frijoles y el pan pulveriza el poder adquisitivo de hogares que ya destinan la mayor parte de su presupuesto a la subsistencia. Este sector señala que Costa Rica gasta cerca de un 5% de su PIB solo en el pago de intereses de la deuda. La salida, afirman, no está en exprimir a la base trabajadora, sino en una reforma tributaria progresiva (renta global, control de grandes capitales) y una renegociación agresiva de las condiciones de la deuda interna.
  2. El pragmatismo financiero: Analistas como Gerardo Corrales advierten que la caída en la recaudación es un síntoma de un modelo que está ahogando su propio aparato productivo mediante un tipo de cambio artificialmente apreciado. Para esta visión, imponer un 13% de IVA a la canasta básica en un entorno donde el sector productivo local pierde competitividad terminaría por deprimir el consumo interno, generando un efecto bumerán que estancaría la economía y, paradójicamente, reduciría aún más la recaudación a mediano plazo.
  3. La ortodoxia liberal: Figuras como Eliécer Feinzaig y Pedro Muñoz rechazan categóricamente nuevos impuestos, argumentando que el problema central de Costa Rica no es la falta de ingresos, sino la mala calidad y la ineficiencia del gasto público. Su propuesta es condicionar cualquier debate fiscal a una reducción severa del aparato estatal, la eliminación de monopolios y el recorte presupuestario de las instituciones públicas.

El veredicto: Competencia ineludible del Gobierno Central

A la luz de estas posturas, es fundamental trazar una línea de responsabilidad política. Yo, en lo personal, pienso que la oposición tiene razón en una cosa, sin importar si analizamos esto desde el liberalismo económico, el conservadurismo o el progresismo democrático de izquierda: NO SE DEBE CARGAR A LA CLASE MEDIA Y BAJA, como se ha hecho siempre, la ineficiencia del Poder Ejecutivo en este periodo y el anterior.

Porque, aunque tratarán de culpar a los otros poderes de la República —como acostumbran a hacer en sus discursos Rodrigo Chaves y ahora la presidenta Laura Fernández—, la formulación de la política fiscal y el manejo de las finanzas son competencia directa, exclusiva e ineludible del Gobierno Central chavista. Trasladar la factura de la impericia gubernamental al plato de comida de las y los costarricenses no es «responsabilidad fiscal», es una abdicación de la justicia social.

El país requiere soluciones estructurales, sí, pero estas deben surgir de gravar la riqueza y dinamizar la producción, no de encarecer el costo de sobrevivir en uno de los países más caros de la región.