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Etiqueta: cauces

CONCEVERDE y otros movimientos protestan ante informe del SINAC/MINAE Heredia

El día jueves 6 de mayo del 2021, un representante de CONCEVERDE escribió a una representante del SINAC para presentar una nota en la cual le presentaron su inconformidad con respecto al informe No. SINAC-ACC-OH-1364-2020, el cual coadyuvó para que el Tribunal Ambiental Administrativo desestimara denuncia conocida bajo el Expediente No. 087-19-03-TAA.

Se recibió una respuesta de la señora María Elena Fournier Solano, de Yisky, ese mismo día, en la cual indicó que apoyan en todos sus alcances, la disconformidad sobre la situación descrita, y agregó que, con sólo echar un vistazo a las fotos y la denuncia interpuesta, parece de toda lógica que ha habido un daño socioambiental. También indica que parece muy obvio el daño, pero que no se quiere ver la dimensión de este acto al intervenir el cauce natural de un río y que puede significar un problema serio en ese mismo sitio.

María Elena resalto que como señala uno de los 10 principios de la defensa, protección y conservación del agua que propone la activista mundial Dra. Maude Barlow, que lideró el movimiento ante las Naciones Unidas, para que se declarara el acceso, calidad y cantidad del agua como un Derecho Humano (y que, desde la UNED, están promoviendo con el Proyecto “Ambiente y Arte” bajo su propia coordinación) y para el caso que se expone especialmente resaltó los principios No. 2, el No. 5 y en especial el No. 8 y el No. 9.

El día 10 de mayo el señor Rafael Gutiérrez indicó a su vez que este tema fue respondido por la Oficina de Heredia y se indica que las denuncias están presentadas en las instancias judiciales respectivas. José Francisco de CONCEVERDE respondió que él conocía que fue respondido por la Oficina de Heredia, pero recalcó que el objetivo de la protesta es en contra del Informe de Gira ACC-OH-1183-2020, el cual llevó a que el Tribunal Ambiental Administrativo desestimara una denuncia, en tanto ese informe se sustenta en una gira de inspección realizada un año y medio después de haberse denunciado los hechos ante el SINAC Heredia y el Tribunal Ambiental Administrativo, informe del SINAC que no señala e informa sobre todos los hechos, al señalarse que sólo se llevó a cabo una “recava”, y por tanto “ NO PROCEDE REALIZAR NINGUNA PROPUESTA DE VALORACIÓN ECONÓMICA DE DAÑO AMBIENTAL”.

En el informe se omiten hechos como dejar sin agua el río a causa de apresamientos, muros de gaviones, construcción de caminos dentro del río, movimientos de piedras etc.… José Francisco señala que la omisión de las personas que redactaron el informe o del SINAC, no hizo más que ayudar a que el responsable de cometer los hechos saliera librado ante la instancia administrativa (TAA). Añade que es preocupante para los que han denunciado los hechos realizados sobre el Río Tibás y su zona de protección, que sea con base en el INFORME DE GIRA ACC-OH-1183-2020 u otro igual de omiso y complaciente con el responsable de los hechos, que la Fiscalía valla a resolver.

Se propone una reunión con las personas interesadas, para explicar con una línea del tiempo y los insumos correspondientes ambos casos que se atendieron en el Río Tibás. José Francisco de CONCEVERDE agradece por la disposición de tener una reunión. E indica, que en su condición de quien presentó la queja y/o inconformidad con el informe de gira ACC-OH-1183-2020, que se le informe bien cuál sería el objetivo de la reunión y quienes participarían por parte del MINAE/SINAC.

Añade que como uno de los denunciantes ante la oficina de la denuncia por los hechos en el Río Tibás llevados a cabo en la finca de sociedad supuestamente representada por Fabio Rojas, solicitó en caso de existir otro u otros “informes de gira” que no sean el ACC-OH-1183-2020, que se le envíe copia de los mismos por el correo electrónico.

Luego de un tiempo de haber solicitado informe de gira sobre el caso del Río Tibás, derivado de inspección en la finca de en Emeral And Sons Projects S.R.L cuyo representante supuestamente es el señor Fabio Rojas, no recibió ningún informe. No obstante, indica que ha obtenido por otros medios el informe solicitado, el cual es el INFORME DE GIRA SINAC-ACC-OH-310 del 26 de marzo del 2019.

Del informe de marras, es claro que sólo investigaron movimientos de tierras dentro de la finca, por lo que indica que echaron de menos que no se fuera a investigar todos los hechos denunciados por el suscrito y otras personas, como fueron tala en área de protección del Río Tibás, actividades u obras dentro del mismo río, como apresamientos con tierra y piedras, construcción de caminos dentro del lecho, Consta en el informe (copia textual):

  • En el recorrido por la finca en el sector que colinda con el Río Tibás, se puede observar que hubo un movimiento de tierra dentro del área de protección de dicho río. Que de acuerdo con el propietario es por un asunto de protección por crecidas del río en épocas de lluvias fuertes

(…)

  • Además del movimiento de tierra, se puede apreciar una esquiva de árboles de especies variadas, los cuales fueron cortados mediante el certificado de origen N°31635, el cual consta en el expediente VC-VC05-CO-PF-070-2018 de esta oficina.
  • También se le solicito retirar los troncos de madera a otro sitio fuera de la zona de protección.”

Dentro de áreas de protección de los ríos no se puede llevar a cabo eliminación de árboles, aun con un certificado de origen, por lo que José Francisco indica que se imagina que al citar tal hecho, se quisieron referir a talas llevadas a cabo fuera de esa área; entonces surge la duda del por qué no se evidenció o sobre la tala en el área de protección, donde era evidente que se había vulnerado esa zona con talas, y que cuando fueron, todavía estaban los troncos dentro de dicha área; y también cuestiona, cuál fue la razón para solicitar al representante de la dueña de la finca, que retiraran los árboles dentro de la zona de protección. También surge la duda del por qué omitieron informar de manera contundente sobre las obras llevadas a cabo dentro del cauce del río, actividades que, por su tamaño, no pudo ser posible que no las vieran, además de estar en la zona que hicieron la inspección.

Adjunto se encuentran una serie de imágenes bajadas de Google Earth donde se aprecia el cambio que tuvo el área de protección del Río Tibás a partir de diciembre del 2018, fecha aproximada donde comenzaron a llevarse a cabo las obras de movimientos de tierra, talas en área de protección del Río Tibás y actividades dentro del lecho del mismo río.

 

Compartido con SURCOS por CONCEVERDE.

Quebradores en ríos podrían extraer piedra y arena por tiempo indefinido

  • Reforma al Código Minero desacatan criterio de Contraloría General de la República

 

FECON, 13 de agosto 2018. El expediente legislativo 20.540 propone la reforma al Artículo 36 al Código Minero, mismo que trata sobre las concesiones de minería en cauces de dominio público. Esta propuesta de modificación viene a hacer prorrogables de forma indefinida. El periodo de explotación de la concesión es actualmente es de 10 años, con posibilidad de ser prorrogado hasta 5 años más. Con esta reforma las personas diputadas estarían abriendo la posibilidad de que las concesiones de quebradores en ríos se prorroguen por periodos de 5 años cada vez que así lo deseen.

Con esta reforma la explotación de los cauces de los ríos seguirá estando sin ningún tipo de supervisión estatal y además hacen que las mismas empresas mineras sean juez y parte debido a que estas serán las encargadas de emitir los informes técnicos que sustentarán las prórrogas de las explotaciones de piedra y arena.

Esto significa una flexibilización aún mayor de los controles ambientales que rigen la extracción de minerales no metálicos de cauces de ríos. Actividad, que por sus características, la propia Contraloría General de la República solicita en su informe DFOE-AE-IF-09-2016. “Establecer criterios de priorización para el seguimiento de las concesiones de explotación minera no metálica, basados en los riesgos de la actividad según los ámbitos económico, social y ambiental; y con base en ello elaborar la programación de las inspecciones de campo a efectuar en los periodos 2017, 2018 y 2019”.(CGR, 2016)

En dicho informe de la CGR además se evidencia que la propia Dirección de Geología y Minas no realiza las inspecciones necesarias para fiscalizar las 73 concesiones otorgadas en el periodo comprendido entre los años 2002 a 2014. Destacan faltas graves como la presencia de expedientes incompletos. Con esta pretendida reforma del Código Minero.

En el país se extraen anualmente en promedio 12.000.000 metros cúbicos de arena y pierda que salen de cauces de ríos y quebradas (Geología y Minas, 2017). Al mismo tiempo Costa Rica es un país exportador de arena y piedras extraída de ríos. Estos materiales son enviados a países como Nicaragua, Panamá, Colombia, el Salvador y Honduras en un volumen promedio de 30.000 metros cúbicos por año (DGM, 2016).

Referencias:

Geología y Minas, MINAE, 2017: http://www.geologia.go.cr/mineria/MINERAL%20PRODUCTION%20%202013%20Y%202014.pdf

Exportaciones de minerales no metálicos en Costa Rica http://www.geologia.go.cr/mineria/exportaciones_emagazine.html

Informe de la Contraloría General de la República sobre el funcionamiento de la Dirección de Geología y Minas. https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/jaguar/Documentos/informes_rec/DFOE-AE-IF-09-2016.pdf

 

Imagen con fines ilustrativos.

Enviado por FECON.

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Gobiernos locales o comunidades: ¿quién defiende los ríos?

Por Jimmy Vargas Alvarado del Programa Kioscos Socioambientales

 

El pasado mes de abril la comisión de Asuntos Municipales y Desarrollo Local Participativo de la Asamblea Legislativa aprobó el proyecto de ley “Reformas en permisos y concesiones temporales para extracción de materiales de canteras y cauces del dominio público por parte de las municipalidades”, el cual se tramita bajo el expediente No. 20 635.

Actualmente, las municipalidades pueden solicitar ante el Minaet permisos temporales para extraer materiales de río durante un periodo máximo de 120 días. Sin embargo, este proyecto de ley busca modificar el Código de Minería y la Ley de Regulación de la Extracción de Materiales de Canteras y Cauces de Dominio Público por parte de las Municipalidades, a fin de que las concesiones para la explotación de materiales de río se extiendan por un periodo de hasta dos años. Además de permitir que la extracción de los cauces de río aumente hasta cinco veces más, este proyecto de ley eliminaría las pocas regulaciones necesarias para la explotación de materiales de río.

Este proyecto de ley no exige a los gobiernos locales utilizar los materiales extraídos para el desarrollo de la infraestructura vial de las comunidades afectadas por la explotación de sus ríos. Por ello, es válido pensar que los materiales extraídos se utilizarían prioritariamente en los megaproyectos viales desarrollados por concesionarios privados. Esto genera preocupación en el Pacífico Central, donde las Asadas del cantón central de Puntarenas consideran que la extracción de materiales requerida para la ampliación de la carretera Interamericana en el tramo Barranca-Cañas terminaría por agudizar la afectación de los ríos de la zona, los cuales sufren graves daños debido a la presencia de quebradores. De estos ríos dependen los pozos y tomas de agua potable que abastecen a las comunidades costeras, que han visto como año con año aumenta la contaminación y sobre explotación de las cuencas del pacífico.

Con este proyecto de ley, las pocas regulaciones ambientales para la explotación de los ríos se vuelven “prescindibles”, ya que la ampliación de los plazos de explotación en los cauces de río no requeriría de Estudios de Impacto Ambiental (EsIA). Para las Asadas y organizaciones comunales, la eliminación de los EsIA aumenta los riegos sociales por deslave en las cuencas de río. De igual forma, la falta de EsIA para estas concesiones de extracción ignora la alteración de la dinámica hidrológica en los ríos explotados. Para la Alianza de Comunidades por la Defensa del Agua en Puntarenas, la eliminación de los EsIA tiene el objetivo de sacar a todas las comunidades del país del proceso de gestión y protección de sus ríos. A pesar de que los EsIA no garantizan protección ante los riesgos socioambientales de las actividades extractivas, sí han representado un mecanismo mediante el cual las comunidades se enteran, actúan e influyen sobre proyectos de este tipo. Al eliminar los EsIA, los proyectos se enclaustrarían en las municipalidades, lo que haría a un lado a las personas que todos los días defienden sus ríos de la contaminación agroquímica, la tala de árboles, los quebradores informales y las tomas ilegales de agua.

No por su “localía” las municipalidades están dispuestas a defender los ríos; por el contrario, –como lo ha reflejado el caso puntarenense– los gobiernos locales tienden a ignorar las denuncias que las comunidades interponen por la contaminación y explotación de sus ríos. Tal y como lo ha declarado la Alianza de Comunidades por la Defensa del Agua de Puntarenas, proyectos de este tipo deberían garantizar la participación y fiscalización de las organizaciones comunales, así como una serie de beneficios directos para las comunidades que día con día defienden sus ríos y el acceso al agua.

Nota: Este artículo se produce gracias al trabajo de la Alianza de Comunidades por la Defensa del Agua-Puntarenas y el apoyo del TCU-590 del Programa Kioscos Socioambientales.

 

Enviado por Kioscos Ambientales.

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Comunidades nos oponemos a minería en cauces de ríos sin evaluación ambiental

  • Comunicado de la Alianza de comunidades por la Defensa del Agua de Puntarenas

 

Ocho comunidades de Puntarenas estamos cuestionando un cambio normativo propuesto para la entrega de concesiones mineras en cauces de ríos.

A través de la Alianza de Comunidades por la Defensa del Agua, varios líderes comunales hemos presentado ante la Asamblea Legislativa una serie de cuestionamientos al proyecto de ley 20 635, que ya afirmó la Comisión Legislativa de Asuntos Municipales y Desarrollo Local Participativo.

Expusimos nuestros criterios en el Encuentro de ASADAS de la Alianza de Comunidades que realizamos en Punta Morales y decidimos actuar, y oponernos cuestionando los alcances del proyecto. Los cuestionamientos que presentamos a los diputados y al Ministerio de Ambiente son los siguientes:

  1. ¿Cómo se controlará para que no haya uso corrupto de esa arena y esa piedra extraída?
  2. ¿Cómo le garantizará la Contraloría General de la República al país que el uso de esos recursos es el correcto?
  3. ¿Cuál es el beneficio efectivo para las comunidades con esta ley?
  4. ¿Cómo se evitará el daño que esas extracciones provocarían en los ecosistemas?
  5. ¿Cómo garantizan las municipalidades, la Comisión Nacional de Emergencias, el Ministerio de Salud y la presidencia de la República, que las comunidades aledañas o cercanas no se verán afectadas por la alteración de las dinámicas hidrológicas producida por las extracciones?

¿Por qué cuestionar el proyecto de ley?

Como parte fundamental de la vida del país, las organizaciones comunales tenemos derecho a participar activamente en las decisiones que pueden afectar nuestro ambiente y territorio.

¿Qué tipos de cambios queremos construir: negativos o positivos?

El proyecto básicamente es una reforma al artículo 39 del actual Código de Minería y sus conexiones. Cambia el periodo de explotación para concesiones temporales en cauces públicos y canteras. Estos tiempos se ampliarían súbitamente de 120 días a 24 meses duplicables, es decir, se pasa de 4 meses a 4 años. La propuesta de cambio es notoriamente exagerada, pero nos preguntamos también ¿es realmente necesario cambiar así la ley, cuando ya se permiten explotaciones temporales para obras públicas? ¿y en favor de quiénes realmente es que se impulsa este cambio?

Primero hay que pensar si en verdad cuatro meses no son ya suficientes para obtener materiales que ayuden a resolver urgencias en obras viales. Cuatro meses de aprovechamiento en situaciones excepcionales son aceptables, pero cuatro años NO, pues el volumen de explotación en un periodo así podría traer mayores afectaciones que beneficios públicos reales.

¿Un portillo más para la corrupción?

El proyecto flexibiliza los permisos para Ministerios, Municipalidades y el CONAVI, con el beneficio también para las empresas que subcontraten estas instituciones. Es decir, podría abrirse aquí un modelo de contratación público-privada muy rentable, para que empresas particulares exploten (y deterioren todavía más) los cauces de nuestros ríos.

Las administraciones municipales no han sido modelo para la gestión de proyectos. Todo lo contrario. La desconfianza sobre a quién llegarán los beneficios de estas explotaciones es la primera reacción que se puede tener. De acuerdo con las experiencias de varias comunidades puntarenenses participantes en la Alianza, la ampliación de las explotaciones no parece que vaya a traer gran beneficio comunal. Y el CONAVI tampoco es un ejemplo de buenas gestiones.

Si bien el mantenimiento de las vías de comunicación es necesario, cuestionamos que se le puedan abrir canales a más corrupción por haber menos fiscalización. Preferimos la buena planificación en la gestión pública. No apoyamos que se legalice el enriquecimiento privado con recursos públicos, como son los recursos geológicos, al costo de las afectaciones ambientales en nuestras comunidades.

Un retroceso en nuestros derechos ambientales

Nuestros ríos están claramente amenazados de convertirse en minas a cielo abierto por la ampliación próxima de la carretera Cañas-Barranca. El problema no es el aprovechamiento de los materiales, el problema es que se haga sin que los explotadores autorizados tengan que rendir cuentas ambientales, al eximirse de evaluación ambiental. Parece que se piensa ignorar o anular una vez más el principio preventivo.

Aprobar el cambio significaría un gran retroceso en los derechos ambientales de las comunidades costarricenses que valoran y utilizan sus ríos, que son parte del patrimonio público del país. Hemos visto por años el impacto negativo de las concesiones mineras en nuestros ríos, produciéndose efectos como la disminución marcada de los caudales, la sedimentación que altera los flujos y la calidad del agua, e incluso inundaciones por efecto del cambio desmedido de los cauces.

Varias de las comunidades que participan en la Alianza tienen sus pozos a la orilla de los ríos como el Lagarto y Guacimal. Con la eliminación de la evaluación ambiental, desaparece legalmente le posibilidad de oponerse de forma efectiva a las afectaciones que puede provocar la sobreexplotación de los cauces.

Para concluir, les contamos que:

Actualmente vemos claro en Puntarenas los cambios ambientales que van sucediendo por la alteración climática global, que se suma a un pasado de prácticas ambientales inconscientes que dañaron nuestro territorio.

 

Publicado por http://kioscosambientales.ucr.ac.cr

Alianza de comunidades por la Defensa del Agua de Puntarenas.

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Lanamme y RSN monitorean cauces y rutas de acceso al volcán Turrialba

Ante erupciones volcánicas

Utilizan dron para inspeccionar lechos de ríos y quebradas

 

Patricia Blanco Picado,

Periodista Oficina de Divulgación e Información

Lanamme y RSN monitorean cauces y rutas de acceso al volcán Turrialba
Los investigadores de la UCR utilizaron un vehículo aéreo no tripulado (dron) para inspeccionar el cauce de ríos y quebradas en los alrededores del volcán Turrialba (foto Pablo Ruiz Cubillo).

El monitoreo con tecnología de punta del estado de los cauces y rutas de acceso al volcán Turrialba a raíz de las erupciones de las últimas semanas es realizado de forma conjunta por el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme) y la Red Sismológica Nacional (RSN), ambos de la Universidad de Costa Rica (UCR).

Con ese objetivo, especialistas de ambos laboratorios efectuaron una visita el 20 de octubre pasado al sector oeste-noroeste cercano a la cima del volcán, con el propósito de realizar una inspección de la zona y valorar la cantidad de material acumulado producto de las erupciones iniciadas el 16 del presente mes.

Asimismo, se evaluó el estado de la ruta de acceso al sector de La Picada, en donde se encontró que el puente sobre la quebrada Paredes y varios trechos del camino están muy afectados por la erosión de las aguas que bajan.

Los investigadores Dr. Pablo Ruiz Cubillo y M.Sc. Paul Vega, del LanammeUCR, y Dr. Mauricio Mora Fernández, de la RSN, utilizaron como apoyo para la inspección un vehículo aéreo no tripulado, conocido como dron, con el que efectuaron sobrevuelos sobre el cauce de las quebradas.

Resultados

Los científicos determinaron que la quebrada Paredes representa el mayor peligro ante la generación de lahares;es decir, de flujos de rocas, cenizas y barro en los diferentes cursos de agua.

Lanamme y RSN monitorean cauces y rutas de acceso al volcán Turrialba2
Los troncos de los árboles muertos en el cauce de las quebradas que alimentan al río Toro Amarillo podrían ser arrastrados por la pendiente como consecuencia de lluvias intensas (foto Pablo Ruiz Cubillo).

Además, explicaron que la actividad volcánica reciente del Turrialba está generando la acumulación de ceniza y materiales, como troncos de gran tamaño y rocas, en la parte alta de los ríos y quebradas que alimentan al río Toro Amarillo, el cual cruza la ruta nacional No. 32 en la vertiente del Caribe.

El Dr. Mora dijo que la principal preocupación reside en que en ciertos puntos de los cauces la acumulación de materiales podría generar represamientos y luego ocasionar lahares como consecuencia de lluvias intensas.

Aunque los datos indican que las precipitaciones han sido bajas durante el presente año debido a los efectos de El Niño, se prevé que para el próximo las lluvias podrían aumentar y con ello la probabilidad de generación de lahares.

Los geólogos consideran que los potenciales flujos de mayor magnitud afectarían principalmente el acceso a La Picada, e incluso podrían alcanzar al río Toro Amarillo y al puente que lo cruza sobre la ruta 32 que conduce a la provincia de Limón.

“Hemos visto hasta el momento que el volcán Turrialba tiene muchas de las condiciones necesarias para que se generen este tipo de eventos”, aseguró el Dr. Ruiz.

Según los investigadores, en el pasado han ocurrido lahares en otros volcanes, como el Irazú y el Rincón de La Vieja.

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Los científicos determinaron que la quebrada Paredes representa el mayor peligro ante la generación de lahares; es decir, de flujos de rocas, cenizas y barro en los diferentes cursos de agua (foto Pablo Ruiz Cubillo).

En su informe, los expertos detallan que la vegetación del suelo de las laderas ha desaparecido casi completamente, lo que favorece la escorrentía y la erosión. Igualmente, que los troncos de los árboles muertos son arrastrados hacia el cauce por la pendiente.

Además, encontraron que las superficies planas están cubiertas por un espesor de ceniza de al menos dos centímetros y que los taludes del camino se encuentran igualmente tapizados por una capa delgada de ceniza.

El Dr. Mora destacó que el esfuerzo conjunto de ambos laboratorios de la UCR contribuye al monitoreo permanente de las condiciones del volcán Turrialba y de sus efectos sobre los cauces y las rutas de acceso.

El LanammeUCR ha venido trabajando desde noviembre del 2014 en el estudio de la posible generación de lahares en el Turrialba y determinando las rutas nacionales que se verían afectadas por la actividad. “Vamos a continuar esta labor junto con la RSN y en las próximas semanas esperamos presentar más resultados sobre este trabajo”, expresó Ruiz.

Con las fotografías aéreas que se tomaron con el drone se generó un modelo de elevación digital (MED) del sitio de quebrada Paredes, que se puede ver en los siguientes enlaces:https://sketchfab.com/models/db9b7355630248bfbcef18ddd48fe427 / https://sketchfab.com/models/873910bd60a44252bc797fa5d659573d

Si desea mejorar la visualización de los modelos se recomienda utilizar la opción sin sombras (shadeless).

 

Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/

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