En un despliegue totalmente innecesario, los agentes de seguridad de Casa Presidencial recibieron la mañana de este 9 de mayo a la directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Martha Rodríguez con una revisión exhaustiva de su vehículo hasta con perros, luego de que se apersonara a una convocatoria para continuar con el procedimiento administrativo que se instauró en su contra.
Rodríguez, quien es representante de los trabajadores por el sector sindical en la junta directiva de la Caja, fue obligada a bajar del vehículo, los agentes le pidieron abrir todas las puertas del carro y subieron a los perros para revisar cada rincón.
Esta no es la primera vez que la directiva es expuesta a una situación de este tipo, pues en noviembre del 2023 también recibió un trato similar en Casa Presidencial, de esta forma, nuevamente se consolida un trato totalmente denigrante en su contra, que raya en violencia política y persecución.
Vale recordar que Rodríguez ha sido perseguida sistemáticamente, al abrírsele un procedimiento disciplinario, junto con otros integrantes de la junta directiva por parte del Consejo de Gobierno por aprobar un aumento salarial a los 63.000 empleados que estaba legítimamente justificado y que fuera suspendida en diciembre de 2022 como directiva, para ser restituida meses después por orden de la Sala Constitucional.
Desde entonces, este gobierno ha mantenido la investigación abierta contra la directiva Martha Rodríguez y ha intentado por todos los medios sacarla de la junta directiva, más al estilo de países autoritarios, que de la Costa Rica democrática que por décadas hemos estado acostumbrados.
Denunciamos y hacemos público nuestro rotundo repudio ante este acto que se califica como persecución en contra de una mujer, de una dirigente sindical y directiva de la Caja, quien ha demostrado su más sólido y congruente compromiso con defender a la seguridad social y salvaguardar la sostenibilidad de la Institución.
La organización Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social ha solicitado a la Contraloría General de la República y a la Auditoría Interna de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) una respuesta sobre los posibles actos de corrupción denunciados por medio del oficio ACSS-004-2022, el pasado 29 de junio de 2022. En su solicitud, la organización insta a las autoridades a identificar a las personas responsables de dichas irregularidades y presentar denuncias formales por incurrir en actos de corrupción, violación al deber de probidad y al principio de legalidad.
Entre los señalamientos, se indica que la CCSS estaría facturando al Estado solo el 80 % del costo por concepto de atención médica a personas en condición de pobreza que no cuenten con seguro. A pesar de que según la Ley N° 5349 “Universalización del Seguro de Enfermedad y Maternidad” establece la responsabilidad del Estado en asumir la totalidad de los gastos incurridos por la institución por dicha labor.
Un segundo presunto acto de corrupción expuesto por la organización está relacionado con la aprobación de la Ley N° 7374 “Aprobación de los contratos de préstamo suscritos con el Banco Interamericano de Desarrollo para el Programa de mejoramiento de los Servicios de Salud y Construcción Hospital Alajuela”. Este caso tiene relación con el traslado a la CCSS la responsabilidad de la Atención Primaria de la Salud, sin embargo, el Estado debe encargarse de los costos incurridos. A pesar de esto a abril del 2025 no se le han desembolsado a la institución dichos recursos.
Ante dichas preocupaciones, la organización advierte sobre el uso de fondos del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) para cubrir los faltantes de recursos financieros por parte de la CCSS. Esta práctica vulnera las disposiciones constitucionales y legales que prohíben destinar estos recursos a objetivos distintos a los de su creación.
La Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social a partir de los estados financieros del seguro de salud del año 2024 estima que las autoridades institucionales desviaron 1.2 billones de colones del IVM para solventar los recursos faltantes no girados por el Estado. Ante esta situación también se cuestiona la transparencia de los estados financieros de la CCSS. Alegando que debido a los movimientos realizados no estarían siendo considerados como parte de la deuda entre la CCSS y el Estado.
La solicitud se da por medio del oficio ACSS-001-2025 del 30 de abril de 2025. El documento está firmado por representantes de la Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social, quienes reiteran la importancia de una acción pronta y efectiva por parte de las entidades encargadas de la fiscalización de los fondos públicos.
Pasaron de 225 casos resueltos en 2021 a 452 en el 2023
En el sector público, los casos de hostigamiento sexual encienden las alertas, de acuerdo con los datos de la Defensoría de los Habitantes. En el 2021 se registraron 225 casos resueltos, en el 2022 hubo 321 y en el 2023 un total de 452.
Las cinco instituciones que registran más casos son el Ministerio de Educación Pública (MEP) con 260, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) con 42, el Poder Judicial con 39, el Ministerio de Seguridad Pública con 22, y el Instituto Nacional de Aprendizaje con 16. El informe elaborado por la Defensoría resalta que las principales víctimas de hostigamiento sexual son mujeres, representando un 92 % de los casos registrados.
Otra situación que genera preocupación de los datos del 2023 refiere a la persona denunciada, pues el 93% corresponde al sexo masculino y según la relación de la persona denunciante con la persona denunciada, el 47% tiene una posición de autoridad, un 20% tiene igual posición de puesto en el trabajo, un 13% presta algún tipo de servicio laboral, un 9% tiene un cargo jerárquico, un 4% tiene el mismo nivel de relación en la docencia (estudiante-estudiante), un 3% es una persona usuaria o voluntaria y otro 3% no indica la relación.
Sobre las manifestaciones presentadas en los casos, predomina el hostigamiento sexual verbal, tocamientos, miradas lascivas, acercamientos mensajes, y rumores.
De acuerdo con los datos del 2023, de los 452 casos resueltos un total de 211 quedó demostrado que la persona denunciada fue responsable, 198 casos fueron absueltos, 33 casos archivados y los 10 restantes hubo desistimiento, la gestión de despido rechazada o fue declarado proceso prescrito.
Con respecto a las sanciones, de esos 211 casos resueltos con sanción, la mayoría de las personas responsables fueron suspendidas laboralmente entre uno y 31 días, seguido por el despido, recibieron una suspensión estudiantil o una amonestación por escrito.
Cabe destacar que, en cumplimiento de la Ley N°7476 contra el Hostigamiento Sexual en el Empleo y la Docencia, el sector público debe informar a esta Defensoría sobre las denuncias recibidas y las resoluciones adoptadas.
Para la Defensoría el abordaje de este problema es fundamental, por lo que mediante talleres relacionados con hostigamiento sexual se ha brindado asesorías puntuales a diferentes órganos disciplinarios. En el 2024, se realizaron 17 talleres de capacitación al personal de la Dirección General de Tránsito del MOPT, del Ministerio de Salud, de la Escuela Judicial, del Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (ICODER), del Ministerio de Hacienda, de la Procuraduría General de la República, del Ministerio de Trabajo, del Instituto de Acueductos y Alcantarillados, del Instituto Tecnológico de Costa Rica, del Registro Nacional, de RECOPE, de la Comisión Institucional de Hostigamiento Sexual de la Universidad Nacional y de la Caja Costarricense de Seguro Social.
Especialistas alertan sobre el envejecimiento acelerado y las crecientes listas de espera que amenazan la calidad de vida de la población
Imagine que a usted se le diagnostica una enfermedad cardiaca que requiere de una operación. Cuando llega a la seguridad social, a fin de solicitar la cita para su intervención quirúrgica, le indican que deberá esperar cerca de 640 días; es decir, casi dos años.
Si considera esa cifra un poco exagerada, lamentablemente, no lo es. El sitio web de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) expone que ese es el tiempo aproximado que las y los pacientes deben esperar en el Hospital México para recibir una cirugía cardiovascular.
Si tan solo ese escenario ya marca un verdadero desafío, añada el hecho de que la población adulta mayor está aumentando.
Dentro de 25 años, el grupo mayor a los 65 años podría alcanzar las 1 262 311 costarricenses, lo que equivaldría al 20,7 % de seres humanos que vivan en el país, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC).
En otras palabras, para mediados de siglo, una de cada cinco personas en el territorio nacional será adulta mayor, más del doble porcentual y numérico actual que enfrenta Costa Rica.
Ahora, imagine el escenario completo: más personas adultas mayores y un sistema de salud con altas dificultades para atender, incluso, la demanda actual. ¿Qué se puede esperar de esto? Cuatro especialistas afirman que, de no tomarse medidas, podríamos esperar un posible colapso.
“No hay duda que nuestro sistema de salud es un gran orgullo nacional y nos da prestigio universal. Pero, si eso no se cuida, se puede acabar”, advirtió el Dr. Fernando Morales Martínez, decano de la Facultad de Medicina de la UCR.
En la charla participaron la Dra. Daisy Corrales Díaz, exministra de Salud; el Dr. Alvaro Salas Chaves, expresidente ejecutivo de la CCSS; el Dr. Roberto Cervantes Barrantes, exgerente general de la CCSS y la Dra. Olga Arguedas Arguedas, exdirectora del Hospital Nacional de Niños, bajo la moderación del Dr. Morales.
Durante la conversación, las y los expertos hablaron de los desafíos que enfrenta la Caja en medio de un escenario de envejecimiento poblacional acelerado, retos financieros y transformaciones epidemiológicas profundas.
Para ellas y ellos, de no efectuarse reformas estructurales urgentes, nuestro pilar del bienestar nacional —que se ha posicionado como uno de los mejores del mundo— podría desmoronarse ante una realidad demográfica que ya no admite espera.
Más personas adultas mayores
La mesa redonda comenzó con un tema de gran preocupación: el rápido envejecimiento poblacional de Costa Rica.
Para las y los expertos, el país está envejeciendo y más rápido de lo esperado. La tradicional pirámide poblacional, que durante décadas mostraba una base ancha compuesta por población joven, y una cúspide estrecha de adultos mayores, se está invirtiendo.
Este cambio demográfico no es simplemente un fenómeno estadístico: es una transformación estructural que impacta de lleno en el sistema de salud, las pensiones, la economía y la planificación pública.
En palabras de la Dra. Olga Arguedas, exdirectora del Hospital Nacional de Niños, “el país está enfrentando un agotamiento del bono demográfico”. En otros términos, se está acabando la cantidad de personas que están más activas laboralmente, lo cual es vital para sostener la seguridad social.
“Ni siquiera llegamos a la tasa de reemplazo, o sea, no logramos sustituir al óvulo y al espermatozoide”, expuso la Dra. Arguedas. En efecto.
El Dr. Fernando Morales profundizó que la tasa global de fecundidad ha caído a niveles históricos: apenas 1.3 hijos por mujer, muy por debajo del nivel de reemplazo poblacional.
Al mismo tiempo, dijo el Dr. Morales, la esperanza de vida es una de las más altas de América Latina, con una edad promedio de 81 años y una baja tasa de mortalidad de seis personas por cada 1 000 habitantes.
Si bien ese es un logro que refleja décadas de inversión en salud pública y calidad de vida, también representa un reto mayúsculo: las personas viven más, pero los últimos años de vida suelen transcurrir con enfermedades crónicas, dependencia funcional y alta demanda de cuidados médicos especializados, comentó el geriatra.
“Nos tenemos que sentir muy orgullosos del aumento de la expectativa de vida, porque eso muestra la solidez de nuestro sistema, pero yo soy especialista en preocuparme por cosas y, entonces, a mí lo que me preocupa es cómo nos va a tocar vivir esa última década de la vida antes de irnos al cielo”, aseveró la Dra. Arguedas.
La pediatra comentó que la Unidad de Estadística y Dirección Actuarial de la CCSS hizo un estudio que mostraba que, aunque la esperanza de vida ronda los 80 años, la vida saludable se reduce a unos 70.
En pocas palabras, hay una década entera en la que muchas personas vivirán con condiciones que requieren atención médica constante, medicamentos costosos, terapias de rehabilitación o cuidados paliativos. Esto supone una carga financiera y logística que el sistema aún no está preparado para asumir.
“Estamos viviendo más, pero no necesariamente mejor”, alertó la Dra. Arguedas. Y si la Caja no se prepara con anticipación para esta ola gris, el resultado será un sistema de salud desbordado, amplias listas de espera y una atención cada vez más fragmentada.
Espera y renuncia
Para las y los expertos, uno de los síntomas más visibles del deterioro de la salud pública en Costa Rica es el crecimiento constante de las listas de espera.
A esa realidad se suma la renuncia de médicos especialistas, lo que amenaza con desestabilizar, aún más, un sistema que ya opera bajo presión.
Durante la mesa redonda, la Dra. Arguedas —exdirectora del Hospital Nacional de Niños— fue enfática al indicar que el sistema tiene dificultades que no son nuevas, vienen desde hace décadas.
Algunas son las barreras de acceso a los servicios de salud, las extensas listas de espera y, ahora, la popularización de la renuncia de especialistas. Este último, afirmó la pediatra, ha agregado un nuevo nivel de complejidad.
Las razones, expresó la Dra. Arguedas, se deben a que esas renuncias no se limitan solo al tema salarial, también influyen las condiciones laborales, la rigidez institucional, el exceso de burocracia, la sobrecarga emocional y la falta de proyección profesional que hacen que las y los especialistas decidan migrar al sector privado.
Como si eso no fuera suficiente, el problema no se detiene ahí. Mientras los hospitales enfrentan una fuga constante de talento, las listas de espera crecen, en especial para las cirugías, las citas con especialistas y los procedimientos diagnósticos.
Ante esto, la Dra. Arguedas propuso que la Caja debe evolucionar cuanto antes para, como dice Darwin, “no extinguirse”.
“Las causas de las listas de espera son diferentes en todos los hospitales. Las razones de las listas de espera en el Hospital Nacional de Niños son muy distintas a las listas de espera que se pueden tener en el Hospital de Golfito o el Hospital México. Entonces, los instrumentos generales para manejar listas de espera perdonen, no sirven, tienen que ser customizados a las necesidades de cada centro”, especificó la exdirectora del Hospital Nacional de Niños.
El Dr. Roberto Cervantes, exgerente general de la CCSS, no se quedó atrás. Él expresó que los cuadros técnicos no han estado a la altura y, tampoco, los esfuerzos adicionales de preparación académica.
“Recuerdo que la Junta Directiva en la que estuvo el Dr. Ramos aprobaron 244 becas para [que los médicos] se fueran a especializar al exterior y resulta que no se pudo. No se pudo por un requisito de que, cuando vinieran, estaba la deuda que adquirió la Caja y no se podían colegiar”, increpó el Dr. Cervantes.
Otros obstáculos son el poco acceso a los servicios, la poca modernización del acceso a la red, la falta de flexibilización horaria y la poca calidad de atención hospitalaria.
Desde la mirada de la Dra. Daisy Corrales, exministra de Salud, lo que se necesita es que el país, si aspira salir a flote, tenga un modelo que combine cuatro elementos primordiales: una mayor accesibilidad, una mayor eficiencia operativa, una mejor retención del talento profesional y la modernización del sistema de salud, todos trabajando de manera conjunta.
¿Falta de oxígeno?
A pesar de las múltiples crisis que la rodean, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) sigue en pie, no ha colapsado, no está quebrada, pero respira con dificultad, afirmó la exministra de Salud.
Para la Dra. Corrales, la resistencia de la CCSS no es producto de la improvisación, sino del arraigo histórico que tiene en la mente del costarricense, de su gente trabajadora y del sentido de pertenencia que aún despierta entre quienes la han construido con décadas de servicio.
Durante la mesa redonda la Dra. Corrales fue clara: “la Caja no está quebrada, la Caja es sostenible y la tenemos que defender así, con esos términos”.
“En los últimos siete años, por cada colón que se gasta en la Caja, los ingresos son de 1.24. Esos 24 centavos han permitido que se mantengan las reservas de invalidez, vejez y muerte —en la parte de salud y enfermedad— y en prestaciones sociales. Otra buena noticia es que hay un superávit del último año billonario”, aseguró la Dra. Corrales.
No obstante, al igual que las y los otros expositores, la buena noticia de la Dra. Corrales vino acompañada de una advertencia: la sostenibilidad está en riesgo si no se corrigen algunas distorsiones estructurales. Una es la disminución de las cotizaciones, declaró.
Otro elemento a mejorar de manera urgente, según la Dra. Corrales, es la deuda del Estado con la institución, “que ronda los 4.2 billones de colones”, especificó. A esto se suma una morosidad patronal que alcanza los 470 mil millones de colones y una morosidad de trabajadores independientes cercana a los 515 mil millones de colones, añadió la exministra.
Estos datos reflejan un sistema de recaudación que, para la Dra. Corrales, necesita modernizarse con la misma rigurosidad con la que opera el Ministerio de Hacienda. “La Caja debe tener una gestión de cobro más eficaz, más inteligente y más firme”, insistió.
“Si nosotros, además de todo esto que pasa, lográramos hacer efectivo el cobro al Estado, el cobro a los patronos y a los independientes, estaríamos en otra condición”, reflexionó la exministra.
Así, para la Dra. Corrales, hay que trabajar la recaudación de ingresos, la gestión y administración de fondos, la prestación de servicios y beneficios, así como la evaluación y reformas para la sostenibilidad.
Por supuesto, los números no lo son todo. Lo que más preocupa es el estancamiento en la estructura contributiva.
Una cirugía mayor
Menos nacimientos, más adultos mayores y una alta tasa de informalidad laboral amenazan el equilibrio financiero de la institución a largo plazo.
Así, si no se amplía la base de cotizantes, ni se fortalecen mecanismos de ingreso alternativo, es probable que la presión sobre el régimen de salud y el de pensiones crezcan de forma insostenible, comentaron las personas panelistas.
“Los problemas son muy serios, son muy grandes, difíciles y van a requerir de mucho coraje, de mucho esfuerzo y de mucha voluntad para poder resolverlos. El sector salud ha sido declarado de emergencia nacional y les quiero recordar esa declaratoria, porque ha llegado el momento de tomar decisiones”, expuso el Dr. Álvaro Salas.
Por el momento, aún hay motivos para sostener la esperanza. En el 2022, según recordó el Dr. Roberto Cervantes, exgerente general de la CCSS, la institución vivía uno de sus momentos más sólidos.
“Al entregarle la Caja al nuevo presidente ejecutivo, don Álvaro Ramos, le dije: ‘señor presidente ejecutivo, le entrego una institución con una reserva de 1.6 billones de colones, con el portafolio de inversiones más grande y más ambicioso que haya tenido esta institución o cualquier otra del país, con un proyecto de manejo de brecha de primer nivel al 2030, implementando alrededor de 340 ebáis a lo largo y ancho de todo el país, y con proyectos innovadores que poco a poco usted va a conocer”, expuso el Dr. Cervantes.
Hoy, la Caja aún funciona y sus hospitales atienden. Sus dispositivos electrónicos, como el Expediente Digital Único en Salud (EDUS), recopilan información de alto valor. Los programas de vacunación y atención primaria siguen siendo ejemplo regional, pero se necesita algo más que buena voluntad: requiere dirección estratégica, respaldo político y compromiso ciudadano.
Los antídotos
Las alternativas son varias. El Dr. Salas propone un plan a cinco años para robustecer la salud pública nacional y, entre ellas, un necesario rescate del médico general.
“No hay ninguna solución posible si no rescatamos al médico general y lo convertimos en especialista en Medicina de Familia y Comunidad”, sostuvo.
El Dr. Salas plantea un plan estructural para formar a estos profesionales en todo el territorio nacional, lo que permitiría descongestionar los servicios hospitalarios, acercar la atención primaria a las comunidades y responder a los retos de una población cada vez más envejecida; es decir “revolucionar la salud como lo hicimos hace 20 y 40 años”, dijo.
Su propuesta es clara: motivar al médico general, actualizar los procesos de formación, establecer programas de residencia en todo el país y crear condiciones laborales más atractivas y dignas para este perfil profesional.
“Formemos a nuestros médicos generales y démosle una perspectiva futura. No hay manera de corregir las listas de espera de 500 días y 600 días, si no es con recurso humano preparado”, puntualizó el Dr. Salas.
La Dra. Corrales agregó algunas sugerencias adicionales como fortalecer el uso de la inteligencia artificial y los sistemas automatizados, que podrían contribuir a agilizar diagnósticos en telemedicina y optimizar los procesos administrativos. Esto reduciría los tiempos de espera.
Asimismo, mencionó la Dra. Corrales, es vital fortalecer la alfabetización digital, especialmente entre adultos mayores, para garantizar que todos los sectores de la población puedan beneficiarse de estos avances como acceder con mayor facilidad a consultas virtuales y a su expediente electrónico.
Desde la perspectiva de la Dra. Arguedas, también se debe transformar el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) e, incluso, valorar un aumento de la edad de pensión y flexibilizar las modalidades de empleo de la tercera edad.
Asimismo, indicó que es vital fortalecer la rehabilitación para que las personas puedan reincorporarse, cuanto antes, al mercado laboral y, de esta manera, seguir contribuyendo al sistema y mejorar el abordaje de los errores en salud, en el cual se vea el error como aprendizaje y no una condena.
“La realidad es que nunca le hemos dado la oportunidad a la Caja de hacer las cosas como se debe, porque nunca le dimos los recursos mínimos necesarios. Nunca las poblaciones estuvieron así, siempre hubo rezago. Entonces, démosle esa oportunidad a la Caja, démosle los recursos que la Caja necesita y les cuento que las cosas van a ser diferentes”, dijo el exgerente de la Caja.
Por el momento, el sistema público, que es la columna vertebral del derecho a la salud en Costa Rica, se enfrenta a un círculo vicioso: menos personal, más pacientes en espera y mayor desgaste institucional.
Mientras tanto, cientos de costarricenses siguen esperando por una cita, por una operación y por una respuesta.
Este mes de abril en nuestra campaña “Armemos Juntos la CCSS”, continuamos dando a conocer cuatro iniciativas de Ley para fortalecer la Institución, que buscan reforzar su autonomía que fue violentada por la Ley Marco de Empleo Público en materia de la gobernanza de sus recursos humanos.
Esto ha provocado inequidades, injusticias y desigualdades salariales, desestimulando a las personas servidoras de mayor experiencia.
La Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (UNDECA), junto con trabajadores del Hospital Monseñor Sanabria, ha presentado este martes 22 de abril una solicitud formal ante la Junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), en la que se exige la certificación oficial de la fecha en que serán entregadas las cuatrocientas treinta y una (431) plazas aún pendientes, previamente autorizadas para la apertura y el funcionamiento pleno del nuevo Hospital Monseñor Sanabria.
La petición fue suscrita por el señor Carlos Báez Sossa, secretario de Conflictos de UNDECA, y respaldada por personal del nosocomio, quienes expresan su profunda preocupación ante la sobrecarga laboral que enfrentan los equipos de trabajo debido al incumplimiento en la asignación total de las plazas requeridas. Esta situación, señalan, está repercutiendo gravemente en la calidad y calidez de la atención brindada a la población usuaria.
Los firmantes de la solicitud apelamos al artículo 27 de la Constitución Política de Costa Rica, que garantiza el derecho de petición, así como a lo dispuesto por la Ley 9097, solicitando un pronunciamiento urgente, claro y oficial por parte del órgano colegiado de la CCSS.
UNDECA y los trabajadores hacen un llamado a la transparencia institucional y a la responsabilidad administrativa, recordando que estas plazas son indispensables para garantizar una atención digna, oportuna y segura a la ciudadanía puntarenense.
Luego que la Defensoría de los Habitantes realizara una inspección en el Hospital Nacional de Niños y pudiera comprobar las necesidades en infraestructura, elevó a la Gerencia de Infraestructura y Tecnología, de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) un pliego de consultas para dar seguimiento al futuro de la construcción de la Torre de la Esperanza.
De acuerdo con el director de este centro médico, Dr. Carlos Jiménez Herrera, es necesario disponer de unidades, con el espacio adecuado para tratar a las personas menores de edad, especialmente las que requieren atención y hospitalización prolongada y cuyas patologías y tratamientos, requieren de instalaciones óptimas. Igualmente, para aquellas personas menores de edad que ingresan a Emergencias.
La Defensoría de los Habitantes, haciendo eco de la Convención de los Derechos del Niño, el Código de la Niñez y la Adolescencia y demás normativas relacionadas con el derecho a la salud que tienen los niños y niñas, solicitó a las autoridades de la Caja indicar el nivel de prioridad respecto a la construcción de la Torre de Cuidados Críticos (conocida como Torre de la Esperanza).
Además, si dicho Portafolio de Inversiones tiene actualmente la información actualizada del Hospital Nacional de Niños y si existe otro fideicomiso, además del Fideicomiso con el Banco de Costa Rica, para la construcción de dicha torre. También si existe algún portafolio de inversiones adicional para el Hospital Nacional de Niños y, si la Red Oncológica Nacional, está financiando algún proyecto para dicho centro médico u cualquier otro proyecto a implementar próximamente.
Defensoría consolida encuentro con autoridades de salud, municipalidades, juntas de salud y líderes comunales.
A partir de una investigación sobre las condiciones de recurso humano, infraestructura, equipamiento, primer nivel de atención, listas de espera y otras situaciones que se viven en los cinco centros hospitalarios de la Región Brunca, la Defensoría de los Habitantes agrupó a autoridades y representantes de diversos sectores del campo de la salud, municipalidades y líderes comunales en aras de impulsar propuestas de mejora en la prestación de los servicios de salud para toda la Zona Sur del país.
La intención es que, una vez consolidadas las iniciativas sean remitidas a la entidad que corresponda (CCSS, Ministerio de Salud, Gobiernos Locales, Juntas de Salud) para que puedan ser ejecutadas con la urgencia que requieren.
El hospital Fernando Escalante Pradilla es el centro de salud con mayor cantidad de denuncias ante la Defensoría sobre listas de espera en los últimos años; para abril del 2024 ocupaba el primer lugar con un 75 % del total de quejas, seguido por el Hospital Tony Facio, de Limón, con un 12%, el Hospital San Juan de Dios con 8% y el Hospital Rafael Ángel Calderón Guardia con 5%. En cuanto a la distribución de las especialidades denunciadas se ubica Oftalmología, Radiología e Imágenes Medicas, Neurocirugía, Cirugía General y Ortopedia.
De los cinco hospitales de la Región Brunca (Escalante Pradilla, Ciudad Neily, Juana Pirola, Manuel Mora y Tomás Casas), solo uno dispone de un equipo para realizar mamografías y se encuentra en el Hospital Escalante Pradilla en Pérez Zeledón por lo que implica largos desplazamientos para las pacientes, dificultando el acceso a pruebas preventivas, lo que no resulta de recibo para esta Defensoría, ya que esta distribución de equipos no responde a criterios de equidad y amplían las brechas en el derecho a la salud. Actualmente se está a la espera de un nuevo mamógrafo en el Hospital Tomás Casas, con el aporte del gobierno local. El Hospital de Ciudad Neily enfrenta desafíos que requieren atención inmediata y la asignación de recursos a nivel de personal especializado, infraestructura y equipamiento médico. Otro servicio que requiere fortalecimiento urgente es enfermería, siendo la mayor carencia la especialidad de obstetricia, así como en Consulta Externa, cardiología, oftalmología, urología y optometría.
Debido a la alta incidencia de cáncer gástrico y males respiratorios en San Vito, el Hospital Juana Pirola (HJP), requiere con urgencia la incorporación de personal médico especialista en gastroenterología y terapia respiratoria, para atender las necesidades de salud de esta población. El Hospital Manuel Mora Valverde, de Golfito es el responsable de atender a 45.000 habitantes de los cantones de Golfito, Puerto Jiménez y Osa, pero enfrenta desafíos significativos para brindar una atención médica adecuada debido a que solo tiene 57 camas y otras limitaciones en recursos humanos, infraestructura y equipamiento.
El Hospital Tomás Casas de Osa presenta un conjunto de retos significativos en materia de especialidades médicas, infraestructura y equipamiento. La gran mayoría de las instalaciones hospitalarias de la zona Brunca enfrenta un problema en los cielos rasos, producto de shock térmico que se da en la región por las altas temperaturas; se requiere de climatización de las mismas.
A finales de 2024, la Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (UNDECA) presentó una queja formal ante el Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo (CLS/OIT) contra el señor Rodrigo Chaves Robles, Presidente de la República, y la señora Marta Eugenia Esquivel Rodríguez, entonces presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y que actualmente está separada de su cargo por orden judicial cautelar.
La queja se fundamenta en los infames y difamatorios discursos de odio y reiteradas prácticas antisindicales cometidas por ambos jerarcas, quienes públicamente afirmaron, entre otras expresiones ofensivas, que los sindicatos tienen secuestrada a la Caja, tildándolos además como “los peores enemigos de la institución y de las comunidades”.
En el contexto de la denuncia interpuesta por UNDECA ante el Ministerio Público, por la polémica adjudicación de 10 áreas de salud a cooperativas, la señora Marta Esquivel amenazó públicamente a los sindicatos, intimidación que fue amplificada por el propio Presidente de la República, quien sin fundamento alguno atribuyó a los sindicatos la responsabilidad por las listas de espera en los servicios de salud, alimentando un clima de hostilidad y desinformación.
“UNDECA advirtió que estas acciones políticas constituyen prácticas sistemáticas de discriminación y hostilidad antisindical, violatorias de los principios fundamentales de libertad sindical consagrados en la Declaración de Filadelfia (1944) y en los Convenios Internacionales de la OIT, ratificados por Costa Rica”, indicó Luis Chavarría, secretario general del sindicato.
Por lo tanto, UNDECA solicitó al organismo internacional de Naciones Unidas que declare a ambos jerarcas autores responsables por violaciones a la libertad sindical; condenar al Gobierno de la República por el ejercicio de prácticas políticas incompatibles con el Estado de Derecho y los estándares internacionales; y ordene a las autoridades costarricenses que se abstengan de incurrir en nuevas conductas de violencia o persecución antisindical.
Emplazado para responder la reclamación
En un reciente comunicado que remitió el Comité de Libertad Sindical de la OIT, nos notificó que admitió formalmente la queja que interpusimos, y está emplazando al Gobierno de la República para que responda la reclamación.
🔴 UNDECA reitera su compromiso con la defensa de los derechos de las personas trabajadoras, la libertad sindical y los derechos humanos, en el plano nacional e internacional.
El 31 de marzo se produjo el primero de los debates del PLN. Vendrán otros, pero no tuve el tiempo de comentarlos como para haber hecho un balance de todos para el día de hoy viernes 4 de abril. Les ruego, por lo tanto, tener eso en cuenta; puede que en los otros eventos algo cambie. Mi análisis es solo acerca del primero, el de Repretel y Radio Monumental.
Lo primero que señalo es sobre el formato planteado por Randall Rivera Vargas y Febe Cruz Brenes. Me gustó a medias. El debate comenzó con una indagatoria que, los precandidatos debían responder de una manera muy sintética, y luego con monosílabos: un sí o un no. Solo en un segundo momento justificaban su respuesta. Nunca me ha satisfecho esa brevedad, menos cuando como en este caso, las personas que están en la palestra no son conocidas para la inmensa mayoría de la ciudadanía. Se requiere de un formato más distendido, como el que vino después junto a una confrontación uno contra uno. Esto permitió analizar mejor las diferencias entre ellos.
Los temas más debatidos
Fueron cuatro los precandidatos que se inscribieron para disputar la candidatura a la presidencia por el PLN (por orden alfabético): Carolina Delgado (única mujer), Gilbert Jiménez, Álvaro Ramos y Marvin Taylor.
Entre los temas más recurrentes en el debate fueron seguridad ciudadana y economía, vivienda y salud pública, en particular la Caja Costarricense del Seguro Social y la gran deuda del Estado con la Caja. Por lo general, los cuatro precandidatos se ilusionan con hacer cuantiosas inversiones, sin decir de dónde se va a tomar la plata. Viejo estilo que no deja tranquila a la ciudadanía que está ahíta de promesas y, ansiosa de soluciones a sus múltiples problemas. Todos fueron coincidentes en la necesidad de aumentar los cuerpos policiales y destinar recursos contra el crimen y el narcotráfico, sin señalar de dónde van a salir los recursos. Cada uno sacó del sombrero propuestas particulares, Carolina Delgado habló de más inversión en seguridad, Gilbert Jiménez propuso la ley de Extinción de Dominio, Álvaro Ramos, terció sugiriendo un abordaje de la seguridad por dos flancos, invertir en lo social para subsanar la pobreza y el desempleo por una parte y, por otro lado, fortalecer la fuerza pública estableciendo una coordinación entre todos los cuerpos policiales, incluyendo la policía privada que -dijo- son más de 40.000 efectivos. Marvin Taylor rebatió la idea de involucrar a la policía privada, ya que está creada para vigilar a quiénes pagan su servicio. Esto, por un lado. Taylor enfatizó en la necesidad de emplear la video vigilancia y los sistemas de inteligencia. Pregunto de nuevo ¿y el dinero? Ahí se verá luego, supongo.
En general, eso sí los cuatro precandidatos se pronunciaron por disminuir el costo de la vida, de nuevo sin decir cómo, para disminuir el desempleo y bajar la pobreza. Delgado propuso que Costa Rica fortaleciera condiciones para destacarse como un país atractivo para la inversión y el turismo. Jiménez habló de una banca para el progreso, destinada a apuntalar las pequeñas y medianas empresas. Ramos abordó de una manera general el tema de la educación, sin detallar su plan al respecto. Taylor aseguró que impulsará un plan masivo de inversión en vivienda e infraestructura, buscando así además de solventar el gran déficit de vivienda, dar más oportunidades de empleo. Todo dicho por los cuatro de una manera muy general. Hay que decir que, en el tema de sanear los recursos de la Caja, el precandidato Álvaro Ramos, hizo gala de su conocimiento del tema, señalando que la institución no está quebrada y que el Estado debe pagar la gran deuda que tiene con La Caja Costarricense del Seguro Social, de nuevo sin detallar cómo. No obstante, en otras oportunidades se le ha escuchado disertar al respecto con mucho conocimiento de la materia.
Los grandes vacíos que dejaron los precandidatos
Es curioso, los cuatro precandidatos del PLN no son caras que hayan formado parte de las cúpulas de forma continuada. Pero ninguno de los cuatro logró exponer con claridad cuando se tocó el tema, por qué razón el partido político que fuera dominante durante la segunda mitad del pasado siglo XX y el inicio del siglo XXI, lleva ya tres elecciones seguidas viendo la derrota electoral, aunque conserve una mayoría relativa de diputados en la Asamblea Legislativa. Algo dijeron, pero ninguno acertó.
Aunque las causas son variadas, postulo que Liberación Nacional perdió ascendiente en las capas medias de la población que, fueron su sostén principal, pues mediante su política económica reformista ayudó a crearlas y con ello desarrollar el país. Mas luego, ha perdido influencia en ellas, y en sectores de trabajadores públicos y privados que también le apoyaron por décadas, tras apartarse bruscamente del reformismo progresista, y convertirse en el partido político que, de manera más rotunda implementó las políticas de ajuste estructural y achicamiento del estado interventor y benefactor; políticas estas que abrieron con mucho, las puertas del neoliberalismo en Costa Rica, del que todavía no logramos desembarazarnos.
Esta explicación a mi manera de ver es clave para dar cuenta de la caída del partido más grande e influyente del país. Existen otras causas como la corrupción que, de una manera concomitante permeó a una gran parte de las cúpulas de Liberación Nacional; así como también se debilitaron las políticas públicas mediante las cuales se había logrado combatir la pobreza. En sus últimas administraciones se ensanchó la desigualdad social y se concentró más la riqueza. Es decir, el PLN se convirtió, de la noche a la mañana en otro partido político que rompió la continuidad con aquel conglomerado que nació en 1951 y mantuvo una política de corte reformista-nacionalista y progresista, casi sin excepción durante las primeras tres décadas de le segunda mitad del siglo XX, si bien con algunas grietas que abrieron el paso al cuasi derrumbe de ese partido político.
Me quedo corto si no expreso que, por añadidura pero igualmente relevante, Liberación Nacional fue el partido que abrió las puertas para la participación política de la mujer, de los afrodescendientes, nacionalizó el crédito bancario en una época en que era crucial hacerlo, pasó la electricidad a manos del Estado, llevándola hasta los más recónditos lugares de nuestro pequeño gran país e impulsó, en un inicio, una importante redistribución de la riqueza, especialmente hacia las capas medias de la población mediante el crédito bancario y una política de salarios crecientes, como dije, en buena parte de la segunda mitad del siglo XX. Todo esto entre muchas otras reformas.
Con todo respeto lo expreso, en ninguna de las intervenciones de los cuatro precandidatos, ni por asomo se advierte algún recuento que permita entrever que se hacen eco de la historia más progresista del PLN, insisto, en ninguno. Lo que hubo fue un vacío total, ya que no permite que el pueblo recobre la esperanza en obtener una visión que frene la entrega de nuestros recursos, que levante las banderas de la ecología para un futuro sostenible y sustentable, donde alcancemos la carbono neutralidad. Tampoco hubo nadie que se arropara con lo mejor de la esperanza de la mujer costarricense en un gobierno que se enfrente con valor y sin vacilaciones a la violencia contra ellas llevada a cabo por los “machos” de mentalidad patriarcal. No hubo ni media palabra sobre ello, de parte de nadie, insisto de nadie.
No se esbozó tampoco un propósito por favorecer a la población costarricense más pobre con alguna discapacidad, que carece de recursos para pagar por su propia cuenta los tratamientos o aditamentos que se requieren para tener una vida digna, en este caso ni siquiera de parte de Álvaro Ramos, de quien sabemos que, con valor ha surgido en nuestra sociedad convirtiéndose en alguien respetable, por su dignidad e inteligencia demostrada. De igual manera, ni media palabra se le escuchó decir a alguno de los cuatro, que diera esperanza a las minorías discriminadas, los afrodescendientes, los pueblos nativos, los homosexuales y otras minorías que sufren. ¿Entonces, qué se puede esperar?
Algunas orientaciones que muchas personas esperamos de precandidatos valientes.
Les propongo con respeto, tanto a los precandidatos del PLN como a todos los que presenten su nombre a la presidencia de la República, los siguientes 13 principios:
1-Hay que democratizar la democracia. Cero tolerancia a quienes delinquen desde los poderes públicos, comenzando por el presidente de la República. Hay que endurecer las leyes para una justicia pronta y cumplida contra los delincuentes que lleguen a ocupar cargos públicos. Respeto irrestricto al principio de la división de poderes. Sugiero que avancemos a un sistema semi parlamentario, donde los cargos a diputados se distribuyan por circunscripciones territoriales y sean votados individualmente, para que la representación sea verdadera y las personas elegidas puedan ser destituidas, cuando violen la Constitución o se les demuestren delitos. Podrán ser sustituidos por un suplente que hubiera sido electo junto al propietario.
2- Los candidatos presidenciales o a las vicepresidencias deben asumir un compromiso con el planeta y comprometerse a luchar contra el cambio climático y la carbono neutralidad.
3-Compromiso con una reforma educativa, que permitan volver a elevar el nivel de la educación pública en escuelas y colegios. Prohibir mediante leyes el uso de los teléfonos celulares en el tiempo lectivo, como lo viene proponiendo el psiquiatra Dr. Luis Diego Herrera Amighetti. Respeto irrestricto a la educación superior pública conforme a la Constitución de la República.
4- Compromiso con la seguridad social para toda la población, lo que implica comenzar a cancelar la deuda billonaria del Estado con la Caja. Poco a poco pero ininterrumpidamente. El Poder Ejecutivo deberá presentar un plan al respecto en el plan nacional de desarrollo.
5- Compromiso del Estado con todas las comunidades del país para resguardarlas de la inseguridad que se padece a manos de la delincuencia y el narcotráfico. Se debe prestar particular atención a aquellas comunidades en donde los indicadores muestren más violencia y haya sobre todo población juvenil desocupada o subempleada.
6- Compromiso con Costa Rica para bajar los índices de pobreza, pobreza extrema y, cerrar las brechas de desigualdad social. Igualmente, las metas del cuatrienio deberán contemplarse en el plan nacional de desarrollo.
7- Compromiso con un desarrollo donde haya distribución de la riqueza, siguiendo los principios de sostenibilidad y sustentabilidad. Compromiso para destinar un porcentaje fijo de los recursos que se obtengan de los evasores de impuestos, al plan de desarrollo para combatir la pobreza y la desigualdad.
8- Compromiso con la infraestructura. Se debe asegurar una inversión sostenida para cumplir con un plan de desarrollo de la infraestructura, de parte del poder ejecutivo, que se apruebe en la Asamblea Legislativa, prestando atención prioritaria a las zonas rurales menos favorecidas. Asumir un Compromiso con el desarrollo del plan ya existente para el tren eléctrico.
9- Compromiso con la Cultura, se debe asegurar una inversión de no menos del 2% del PIB para un desarrollo cultural que llegue a las zonas más rezagadas del país. En el primer plan del presupuesto nacional el poder ejecutivo deberá señalar la fuente de dónde se tomarán los recursos para ello. Se deberá presentar un proyecto de ley que lo garantice.
10- El poder ejecutivo deberá elaborar en el primer plan de desarrollo un verdadero proyecto para una tecnología al servicio de la sociedad y no la sociedad al servicio de la tecnología y de la Inteligencia Artificial (IA).
11- Compromiso con las mujeres. Por una igualdad real de las mujeres en la sociedad, asegurado mediante el plan nacional de desarrollo, el cual deberá contemplar indicadores rigurosos al respecto. Compromiso por erradicar la violencia contra las mujeres, cero tolerancias contra los que infrinjan el principio de no violencia a las mujeres. Educación temprana en el sistema escolarizado, público y privado en una conducta de no violencia contra las mujeres y los niños.
12- Compromiso prevalente para apoyar al agricultor costarricense y reactivar la agroindustria nacional. Debe contemplarse en el plan nacional de desarrollo.
13- Compromiso con una política exterior apegada al principio de resolución pacífica de los conflictos internacionales y la erradicación progresiva del armamento nuclear. En adición, debe haber un compromiso con una política exterior que cierre filas con todos los países dispuestos a luchar contra el cambio climático.
Dejo estas propuestas prioritarias a sabiendas que debe haber más. Pero reitero que muy poco o nada de lo aquí señalado fue abordado en el primer debate de los precandidatos del PLN. Espero correcciones y lo mismo a los que presenten sus nombres en otras tiendas políticas.
