Rocío Alfaro Molina, electa como representante del sector sindical ante la junta directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), no ha sido juramentada por el Gobierno pese a su designación. Ante esta situación, ella y un grupo de representantes de la dirigencia sindical emitieron un comunicado en video en el que denuncian que ese bloqueo mantiene obstaculizado el funcionamiento normal de la junta directiva y anuncian que ya se han iniciado acciones legales al respecto. A continuación, la transcripción completa de su mensaje:
“Hoy queremos enviarle un mensaje a todas nuestras bases sociales y sindicales. Mientras miles de costarricenses esperan una cita, una cirugía o respuestas sobre sus pensiones, el Gobierno mantiene obstaculizado el funcionamiento de la Junta Directiva de la Caja. ¿Por qué? Porque se niega a juramentar a las y los representantes que fueron elegidos legítimamente por los sectores trabajador y patronal, conforme a la Constitución, las leyes y los reglamentos vigentes.
¿Y cuál es la consecuencia? Mientras estas representaciones no sean juramentadas, la Junta Directiva de la Caja no puede sesionar con normalidad. Eso significa retrasar decisiones fundamentales sobre la salud y las pensiones de toda la población. Además, el Gobierno ha puesto pretextos no solo al movimiento sindical, sino también al solidarista y hasta al empresarial.
Por eso, desde el movimiento sindical ya se tomaron acciones legales, porque esta es una lucha por Costa Rica: es una lucha por defender el derecho de toda la ciudadanía a una caja que funcione, que tome decisiones y que responda a las necesidades del país. Por eso hacemos un llamado claro: exigimos que se permita sesionar a la Junta Directiva legalmente electa, porque la caja es de todos y todas.
Le decimos al Gobierno: dejen de sabotear la caja. La caja no se vende, la caja se defiende”.
La Defensoría de los Habitantes emitió un informe con recomendaciones dirigidas al Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM) y a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), tras concluir una investigación de oficio que permitió identificar oportunidades de mejora en la respuesta institucional para la atención de personas adultas mayores en condición de vulnerabilidad.
Aunque la investigación determinó que, en el caso analizado, no fue posible acreditar la existencia de violencia psicológica o patrimonial contra una persona adulta mayor, la Defensoría identificó importantes vacíos institucionales relacionados con la prevención, detección y atención de la violencia, particularmente la violencia patrimonial, una de las manifestaciones más difíciles de identificar y denunciar.
Durante la investigación se constató que el CONAPAM aún no cuenta con protocolos institucionales específicos para la atención de todas las manifestaciones de violencia contra las personas adultas mayores y que enfrenta limitaciones significativas de recursos humanos, presupuestarios e infraestructura para atender esta población.
Asimismo, la Defensoría determinó que, si bien la CCSS dispone de diversos lineamientos para la atención de personas víctimas de violencia, estos se concentran principalmente en la violencia física y sexual, sin incorporar de manera expresa la violencia patrimonial como una forma de violencia que requiere mecanismos claros de detección, referencia y articulación interinstitucional.
Es por esta situación, que la Defensoría de los Habitantes le recomendó al CONAPAM dar continuidad al proceso de elaboración y oficialización de lineamientos institucionales para la atención de situaciones de violencia en todas sus manifestaciones, incluyendo expresamente la violencia patrimonial. Asimismo, informar sobre el estado de avance, la fecha estimada de entrada en vigencia y el modelo previsto para su capacitación y divulgación.
Además, alinear y oficializar los procedimientos internos para la atención de requerimientos judiciales derivados de la entrada en vigencia del Código Procesal de Familia de Costa Rica, de manera que se establezcan rutas claras de actuación y derivación de casos. Igualmente, remitir el cronograma de actividades para su implementación, así como el mecanismo definido para su capacitación y divulgación.
A la CCSS se le recomendó incorporar, en los lineamientos institucionales vigentes o en proceso de actualización, disposiciones específicas para el abordaje de la violencia patrimonial contra personas adultas mayores en cualquier atención médica, evidenciando un fortalecimiento en la articulación y coordinación formal entre la CCSS, el CONAPAM, el Poder Judicial y demás instancias competentes.
También deberá establecer un programa permanente de capacitación dirigido al personal institucional, orientado a la atención integral de las personas adultas mayores, que incluya el abordaje de la violencia en todas sus manifestaciones desde un enfoque de derechos humanos y envejecimiento digno, lo anterior en consonancia con los lineamientos institucionales implementados para tales efectos.
FRENASS condena la acción ilegal e ilegítima del Gobierno de Laura Fernández de rechazar los nombramientos de Rocío Alfaro y Martha Rodríguez como representantes sindicales ante la Junta Directiva de la CCSS
El Gobierno de Laura Fernández rechazó los nombramientos de Rocío Alfaro y Martha Rodríguez como representantes, titular y suplente, ante la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Este accionar contraviene la Ley N.º 17 Ley Constitutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social; en particular su artículo 6, según el cual el movimiento sindical debe hacer la designación de manera libre y autónoma, sin ningún tipo de injerencia del Gobierno o cualquier otro ente; una vez que se celebre la Asamblea democrática sindical. El nombramiento se debe realizar, tal y como señala la Ley, “…sin que el Poder Ejecutivo pueda impugnar tales designaciones”.
Rechazamos y reprobamos las acciones ilegales e ilegítimas de este Gobierno contra la Ley, la Constitución Política y los convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre la libertad sindical.
Llamamos a la población nacional e internacional a estar vigilantes sobre lo que acontece en la CCSS.
Y, en especial, llamamos a la población nacional, a las organizaciones sindicales y sociales a defender en las calles, en los centros educativos, en las redes sociales, en los hogares y en todos los espacios de nuestra vida cotidiana, la designación autónoma de las representantes electas.
¡Atentos y atentas a los próximos llamados a manifestaciones en defensa de autonomía de la CCSS y de los nombramientos del movimiento sindical!
La política costarricense ha mutado hacia un teatro de sombras donde la verdad es la primera víctima. El juego es antiguo, pero los actores han perfeccionado la técnica: mantener al pueblo en una guerra civil de redes sociales, etiquetando al crítico como “perico” o “zurdo”, mientras en las sombras se orquesta el desmantelamiento del Estado social.
Esta es la “crema de rosas para la chimazón”: un sedante discursivo para que usted no cuestione quién está realmente manejando los hilos.
La supuesta renovación política no es más que un cambio de vestuario para los mismos intereses de siempre. Nos venden una narrativa de “nuevas caras” mientras las agendas neoliberales —la venta del ICE disfrazada de “Armonización Eléctrica”, el BCR, el INS y la asfixia de la CCSS— permanecen intactas. El caso de Freddy González, nuevo secretario general de Pueblo Soberano, es ilustrativo: un pasado muy reciente como liberacionista de la facción de los aristas de toda una vida, que hoy impulsa el “Combo del ICE 2.0” con el texto redactado por la anterior fracción perica liderada por Rodrigo Arias, ahora redimido bajo la bandera turquesa. O el caso de Calixto Chaves, financista de esta estructura, cuyo historial se remonta al cierre del Banco Anglo y deudas que el país aún no olvida.
La estrategia es clara: si usted cambia de bandera, se convierte en “santo varón”. Y si es santo, tiene licencia para exigir que usted se pelee con sus amigos o su familia si osan recordar quién era ayer. Nos inventan etiquetas para atomizarnos. Mientras nosotros nos desangramos en discusiones bizantinas, ellos se reparten el botín.
No nos engañemos: la verdadera división no es ideológica. Somos dos bandos. Por un lado, la clase trabajadora, los emprendedores, los asalariados, los que pagamos cuentas y vivimos encerrados tras rejas mientras los delincuentes andan sueltos. Por el otro, la élite que se financia con nuestros impuestos, que vive en Monterán, que se paga escoltas millonarias mientras recorta presupuesto a la educación y salud pública para justificar sus políticas de “mano dura”. Su “Economía Jaguar” no es más que un espejismo que el FMI ya empezó a desmentir, y cuando el dinero no alcance para sus despilfarros, seremos nosotros, otra vez, quienes pagaremos la factura.
Nos quieren divididos porque saben que juntos somos un problema para sus negocios. La próxima vez que en una mesa familiar o en el trabajo intenten usar la “crema de rosas” del insulto para silenciar su crítica, no caiga en la trampa ni se enoje: exija datos. Defienda la casa. Pregúntele a su diputado, o al líder comunal Jaguar o de oposición por qué apoya la venta de nuestros activos o por qué recorta presupuesto a las escuelas de su comunidad. Involúcrese, vigile en qué gasta su municipalidad y no regale su voto a los mismos que ayer nos estafaron y hoy se cambian el nombre.
Ellos tienen la bandera que cambian a conveniencia, pero nosotros tenemos la realidad… nos toca a los verdaderos ticos con malicia de la buena, pellizcarnos y no volver a ser sus tontos útiles.
El Frente Nacional por la Seguridad Social (FRENASS) manifestó su rechazo a la actuación del Gobierno en relación con el nombramiento de la representación laboral-sindical ante la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), al considerar que constituye una injerencia política indebida e inconstitucional.
Mediante un pronunciamiento público, FRENASS sostiene que el Gobierno de Laura Fernández Delgado se extralimita en sus competencias al intervenir en un ámbito que corresponde a la autonomía de las organizaciones sindicales y al marco jurídico que regula la integración de la Junta Directiva de la institución.
La organización afirma que esa actuación violenta la Ley Constitutiva de la CCSS, así como los Convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), relacionados con la libertad sindical y el derecho de sindicación y negociación colectiva.
FRENASS enfatiza que la Caja Costarricense de Seguro Social es una institución autónoma por mandato constitucional y sostiene que esa condición debe ser respetada independientemente de la posición que asuma el Gobierno de turno.
En su comunicado, el Frente considera que la autonomía institucional y el respeto a la representación sindical constituyen elementos fundamentales para preservar el modelo de seguridad social costarricense y la institucionalidad democrática.
Finalmente, FRENASS hace un llamado a la ciudadanía a mantenerse vigilante en defensa de la CCSS y concluye su pronunciamiento con la consigna «¡La Caja no se vende, la Caja se defiende!»
La decisión del Consejo de Gobierno pone en riesgo el normal funcionamiento de la CCSS y el derecho a la salud de la población
El Movimiento Sindical de Costa Rica manifiesta su más enérgico rechazo al acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno, mediante el cual se rechazó el nombramiento de la señora Rocío Alfaro Molina como representante titular y de la señora Martha Elena Rodríguez González como representante suplente ante la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), poniendo en riesgo el funcionamiento de su Junta Directiva.
Esta decisión constituye un grave precedente para la democracia, la libertad sindical y la autonomía de las organizaciones de trabajadores, al desconocer la voluntad soberana expresada por el Movimiento Sindical mediante el procedimiento democrático previsto en el artículo 6 de la Ley Constitutiva de la CCSS.
El Consejo de Gobierno ha sustituido, mediante valoraciones subjetivas y discrecionales, la decisión adoptada por las organizaciones sindicales, arrogándose una facultad que la ley no le confiere. La potestad de verificar el cumplimiento de requisitos legales no autoriza a descalificar a la persona democráticamente electa mediante interpretaciones restrictivas ni a imponer requisitos que el legislador nunca estableció.
El Movimiento Sindical reafirma que la representación de las personas trabajadoras ante la Junta Directiva de la CCSS pertenece a las organizaciones sindicales y debe respetar la decisión adoptada democráticamente por estas, conforme al mandato de la Ley Constitutiva de la institución.
Por ello, anunciamos que agotaremos todas las vías de presión social, administrativas y judiciales nacionales e internacionales que el ordenamiento jurídico reconoce para la defensa de la autonomía sindical, la legalidad y el respeto al Estado Social de Derecho.
Finalmente, hacemos un llamado a todas las organizaciones sociales, sindicales y a la ciudadanía a mantenerse vigilantes en defensa de su derecho a la salud, a las pensiones, a la vida y de la institucionalidad democrática que garantiza la CCSS.
La defensa de la Caja Costarricense de Seguro Social también exige defender el respeto a la ley, la democracia y la representación legítima de las personas trabajadoras.
UNDECA- BUSSCO denuncian ante el pueblo costarricense la grave decisión del Consejo de Gobierno de rechazar el nombramiento de las compañeras Rocío Alfaro Molina y Martha Elena Rodríguez González como representantes del movimiento sindical ante la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), afectando al Estado de Derecho, la autonomía sindical, la representación democrática en la CCCSS y la continuidad del servicio público.
No estamos frente a una simple diferencia administrativa. Estamos frente a un precedente que amenaza el Estado de Derecho, la autonomía sindical, la representación democrática de los sectores sociales y el modelo de gobernanza que ha fortalecido la CCSS durante más de ocho décadas.
La Ley Constitutiva de la CCSS es absolutamente clara: los representantes del sector sindical son electos por sus organizaciones mediante procesos democráticos propios. Esa decisión pertenece al movimiento sindical y no al Poder Ejecutivo. Ningún gobierno tiene autoridad para sustituir la voluntad libremente expresada por las organizaciones de trabajadores.
Lo ocurrido constituye un precedente sumamente peligroso para la institucionalidad democrática del país. Si hoy se pretende desconocer la representación sindical mediante interpretaciones administrativas y reglamentarias que consideramos contrarias a la Ley Constitutiva, mañana podría ponerse en riesgo el modelo solidario de seguridad social para favorecer intereses que históricamente han promovido la privatización de la salud y las pensiones.
Preocupa profundamente que el Consejo de Gobierno haya asumido competencias que la Ley Constitutiva nunca le otorgó. Los reglamentos no pueden modificar la ley, crear nuevas facultades para el Poder Ejecutivo ni convertirse en instrumentos para restringir la representación democrática de los sectores sociales. En un Estado de Derecho, la ley prevalece sobre cualquier decreto ejecutivo.
Resulta igualmente alarmante que altas autoridades del Poder Ejecutivo hayan manifestado públicamente que buscan determinados «perfiles» para integrar la Junta Directiva de la CCSS y que incluso hayan cuestionado el modelo tripartito establecido por la ley. La Junta Directiva de la Caja se integra conforme a la Ley Constitutiva de la CCSS, no conforme a las preferencias políticas del Gobierno de turno.
Durante décadas, el movimiento sindical ha sido uno de los principales defensores de la CCSS. Ha denunciado actos de corrupción, decisiones contrarias al interés público, procesos de privatización, falta de transparencia, debilitamiento institucional y las millonarias deudas del Estado con la seguridad social. Muchas de esas denuncias, inicialmente descalificadas, fueron posteriormente confirmadas por auditorías, investigaciones legislativas y actuaciones de la Contraloría General de la República, la Defensoría de los Habitantes, el Ministerio Público y otros órganos de control.
La representación sindical en la Junta Directiva de la CCSS no existe para guardar silencio ni para convalidar decisiones. Existe para representar a las personas trabajadoras, ejercer control democrático, fiscalizar el manejo de los recursos públicos y señalar, con responsabilidad, aquellas actuaciones que puedan poner en riesgo el patrimonio de la seguridad social.
¡La representación sindical no se negocia, no se condiciona y no es objeto de veto político!
Se establece un pacto patriótico costarricense entre las legisladoras y los diputados del Partido Liberación Nacional, Frente Amplio y Coalición Agenda Ciudadana del Congreso de la República en la legislatura 2026-2030 y la Red Nacional de Sectores Sociales (RENASES), que integra al sindical, agroalimentario, ganadero, indígena, arrocero, ambiental, empresarial, estudiantil, movimientos populares, artístico, religioso, territoriales, académicos, pescadores y otros; representados por el Equipo Timón, en su condición de coordinadores, con la finalidad de establecer los acuerdos entre partes, dar seguimiento y ejecución a los compromisos adquiridos. Además, se desea promover los más altos valores patrios como son el Diálogo, la Democracia, la Paz Social, el Estado Social de Derecho, la participación ciudadana, la libertad de expresión, propiciar la movilidad social ascendente, la atención a los costarricenses empobrecidos y vulnerables, y la defensa de instituciones de bien común como la CCSS, el ICE, el INS, el CNP, el BCR, el A y A-Asadas, CEN-CINAI, PANI, Universidades Públicas y otros.
Por lo cual, para este pacto patriótico manifestamos compartir los siguientes valores y principios contenidos en el documento: “Soluciones legislativas conjuntas en favor de Costa Rica” del Bloque Democrático de la Asamblea Legislativa, y los propios de RENASES, que nos permite tener un marco de referencia:
1) Defensa del Estado Social de Derecho, la estabilidad democrática, el bienestar de la ciudadanía costarricense, la garantía de la institucionalidad democrática, el respeto a la Constitución Política, la separación e independencia de poderes, la vigencia plena de los derechos fundamentales y la atención a los principales desafíos del país;
2) Se prioriza el diálogo social y la capacidad de convergencia para el bien común y el bienestar de los costarricenses; promoviendo, desde la Red Nacional de Sectores Sociales proyectos de ley y solicitando a diputados y legisladoras pactantes y otros, ser voz de los sectores sociales en el control político que ejerzan en el Parlamento;
3) Fomento y fortalecimiento de la libertad de prensa, el derecho a la información, el derecho a la comunicación, el derecho a la libre reunión, a la manifestación pacífica y a la participación ciudadana como columnas de la democracia. Asimismo, suscitar la agenda de derechos humanos, muy especialmente los derechos de las mujeres, así como la lucha contra la violencia de género.
4) Apoyo al combate frontal contra el crimen organizado, la sanción a las organizaciones criminales y mayor presupuesto al OIJ, Seguridad Pública, Ministerio Público, Policías de Migración, Penitenciaria y Fuerza Pública. También, la reforma y transformación de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) en una unidad de inteligencia estratégica civil con controles democráticos y rendición de cuentas ante la Asamblea Legislativa; eliminando su carácter político.
5) Apoyo a la prevención del delito en las diferentes formas, mediante la promoción de una cultura de paz, el deporte, la expresión artística, el fortalecimiento del tejido social y comunitario, el mejoramiento y recuperación de espacios públicos y fortalecimiento de la educación, en aras del fomento de una Política Social integral.
6) Establecimiento de un plan de inversión gradual para avanzar hacia el mandato constitucional del 8% del PIB, para la inversión en educación (Primera Infancia, el INA, MEP y FEES). Asimismo, el fortalecimiento de la Política Educativa y Curricular. Finalmente, el aseguramiento de la estabilidad laboral docente, técnico-docente y administrativo.
7) Defensa y fortalecimiento de la CCSS, su sostenibilidad financiera, cobertura y calidad de sus sistemas de salud pública y de pensiones (SEM e IVM): a- Exigir que se cumpla con el pago de la deuda para lo cual deberá establecerse un plan de pago. b- Que se instaure un plan para reducir las listas de espera. c- Contribuir a resolver la emergencia por la escasez de especialistas mediante acciones como reformas graduales para cerrar la brecha entre salario global y salario compuesto, aumentar la oferta de especialistas, mejorar la proyección de demanda, entre otras. d- Abordaje de la salud mental en el sistema de salubridad pública y en el sistema educativo. e- Que se respete la autonomía de la CCSS.
8) Evaluación de la aplicación de la Regla Fiscal, considerada por algunos sectores como una medida perversa cuya aplicación no permite ni resguardar, ni aumentar la inversión social. Por el contrario, se debe impulsar el aumento gradual del presupuesto de FODESAF. Valga indicar que el problema fiscal costarricense no es exclusivamente de gasto. Es un problema de erosión de la base tributaria, privilegios fiscales concentrados, debilidades administrativas estructurales y un sistema que grava con mayor intensidad a quienes tienen menor capacidad económica. Así las cosas, la política fiscal debe ir orientada hacia la justicia, la progresividad, la equidad, la eficiencia y la sanción penal a la evasión y la elusión tributarias.
9) Fortalecimiento de los guardaparques bajo la rectoría del SINAC dotándoles de competencias de policía ambiental. Defensa de la soberanía nacional en Crucitas con el objetivo de beneficiar a las comunidades locales, de proteger el ambiente y el territorio nacional. Mantener la prohibición a la minería a cielo abierto. Impulsar legislación para la protección de los activistas y defensores de los derechos humanos. Fomento de iniciativas para el bienestar animal. Que se garantice el derecho humano al acceso al agua y el fortalecimiento de las ASADAS.
Promover soluciones de gestión integral, efectiva y sostenibles a la crisis de residuos con un enfoque de economía circular.
10) Compromiso con el Convenio 190 de la OIT, que ratifica el combate contra todas las formas de violencia contra las mujeres. Avanzar hacia un Sistema Nacional de Cuidados y de reconocimiento de la responsabilidad social de los cuidadores. Velar por el pleno disfrute de los derechos y la calidad de vida de la niñez, la juventud, las personas con discapacidad, la población adulta mayor, personas en condición de calle y otras poblaciones vulnerables. Resguardo de los derechos de la comunidad LGBTIQ+. Protección de los activistas y defensores de los derechos humanos.
Velar por el respeto y el reconocimiento de los Pueblos originarios y sus territorios. Garantizar todos los derechos de las poblaciones migrantes y solicitantes de refugio. Apoyo a las comunidades afrodescendientes.
11) Defensa e impulso a la producción nacional, fomento a la innovación y aportes culturales positivos ligados a la actividad agropecuaria como garantía de la seguridad alimentaria y nutricional: a- Fortalecer el mercado agropecuario. b- Garantizar la salud humana y la inocuidad alimentaria. c- Mejorar la accesibilidad del financiamiento para el sector agropecuario y crear una legislación de seguros agropecuarios accesibles. d- Promover una actividad agropecuaria en sinergia con el ambiente. e- Desarrollar una política y planificación territorial que se diseñe y evalúe con los territorios y las personas. f- Fortalecer el cumplimiento de los controles fitosanitarios y zoosanitarios; g- Aplicar los mecanismos de defensa comercial establecidos en la legislación nacional y la no aprobación de la adhesión a la Alianza Transpacífico. h- Impulsar con prioridad alternativas para garantizar la trazabilidad del ganado sin las afectaciones provocadas por el decreto de “areteo”.
12) Fortalecimiento y mejora de la legislación contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito. Impulsar la transparencia proactiva en la institucionalidad, el acceso a la información pública y la rendición de cuentas bajo los principios de un Estado Abierto incluyendo la apertura de datos públicos, estándares de interoperabilidad digital y transparencia algorítmica.
Así, resolvemos establecer un pacto patriótico entre el Bloque Democrático Legislativo y la Red Nacional de sectores sociales, bajo los siguientes términos:
Defender los valores y principios expuestos en el marco de referencia, compartido por la Red Nacional de Sectores Sociales (RENASES) con base en algunas “Soluciones legislativas conjuntas en favor de Costa Rica”.
Apoyar las iniciativas de leyes que construya el proyecto país compartido en el marco de referencia.
Establecer los mecanismos para el aporte de proyectos de leyes de RENASES y solicitudes para el control político, según las diversas fracciones del PLN, FA y CAC. Además, de la coordinación de acciones de la Red Nacional de Sectores Sociales solicitada por los diputados de dichas fraccionesmediante un primer nivel político entre Jefes de fracciones de los Partidos Políticos suscribientes y el Equipo Timón.
Integrar un equipo de asesores técnicos y políticos con personal de las fracciones mencionadas y RENASES.
Legitimar al Equipo Timón como el coordinador de la Red Nacional de Sectores Sociales, e interlocutor con las jefaturas de las fracciones del PLN, FA Y CAC que subscriben el presente pacto patriótico integrado por:
Dado a los 29 días de junio del 2026, en el Salón de Expresidentes en la Asamblea Legislativa de Costa Rica, a las 11:00 horas, y firman este pacto patriótico los siguientes jefes de fracciones:
Diputado Álvaro Ramírez Bogantes, (PLN) Diputado José María Villalta Florez-Estrada, (FA) Diputada Claudia Dobles Camargo, (CAC)
Gilda Montero Sánchez (ANDE) 401450893
Gilberth Díaz Vásquez (SEC) 50195021
Albino Vargas Barrantes (ANEP) 104570390
Martha Rodríguez González (UNDECA) 203430472
Lenín Hernández Navas (SINAE) 109670277
José María Oviedo Chaves
(UNAG) 105060146
Organizaciones, sectores, movimientos y otros que ratifican este Pacto Patriótico Costarricense.
El Consejo Universitario advierte que reformas sin base técnica causarían un ‘daño irreparable’ a la Caja Costarricense de Seguro Social.
La Universidad de Costa Rica (UCR) instó a las autoridades del Estado a analizar con detenimiento el contexto, las causas estructurales de la situación actual y los efectos que cualquier transformación pueda tener sobre los principios de universalidad, equidad y solidaridad que han caracterizado históricamente a la seguridad social costarricense.
La preocupación de esta Casa de estudios superiores surge luego de que trascendieran las intenciones del diputado Nogui Acosta Jaén, de impulsar «cambios profundos» en la gestión de la salud pública.
Para la UCR, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) constituye la columna vertebral de la institucionalidad democrática surgida tras la guerra civil de 1948, por lo que su fortalecimiento y preservación son fundamentales para reducir las desigualdades sociales.
En ese sentido, considera que la persistencia de la deuda estatal con dicha institución es motivo de preocupación permanente la, ya que supera los cuatro billones de colones, afecta la sostenibilidad financiera del sistema y genera tensiones sobre la capacidad para garantizar la universalidad de sus servicios.
A esto se suman los datos de la Auditoría de la CCSS, que advirtió que el presupuesto estatal previsto para el próximo año apenas cubriría el 1,9% de la deuda pendiente. Para el Consejo Universitario, esta situación evidencia una marcada brecha entre las necesidades financieras de la Caja y el respaldo que recibe por parte del Estado.
Para la UCR, toda reforma debe basarse en un análisis riguroso de las tensiones estructurales del sistema, así como en criterios técnicos, científicos y jurídicos, para evitar medidas que puedan profundizar los problemas existentes y agravar la situación del sistema de salud.
El miércoles pasado fui a una cita de la especialidad de otorrinolaringología al Hospital Calderón Guardia a las tres de la tarde. La cita me la habían dado hacía como dos años antes. El papelito que portaba ya amarillento por el tiempo donde apenas se leía presentarse 15 minutos antes y el lugar, Clínica Central, segundo piso.
Disciplinadamente me presenté en la ventanilla respectiva 20 minutos antes; la respuesta de la señora que la atendía fue que ya en esa Clínica no se atendían pacientes de Oto porque todos se habían trasladado al Hospital Calderón Guardia. Mi reclamo fue que por qué no me habían avisado, con la consabida respuesta: No lo sé, pero vaya al Hospital en el segundo piso, edificio histórico.
Hacia allá me dirigí, ilusionado que en ese lugar me atenderían. Después de buscar por varios lugares dónde se encontraba el sitio, me presenté ante otras dos señoras o señoritas a la cuales les trasmití que había sido enviado por la señora de la Clínica. Mostré mi papelito amarillento de más de dos años. La señora casi ni quiso tocarlo, probablemente lo vio como un documento ajado y destartalado porque el paciente lo había andado quien sabe por dónde, sin comprender que su estado se debía exclusivamente al paso del tiempo y fruto de que las letras también se van borrando. Inmediatamente me lo devolvió. No, me dice. Para atenderlo aquí usted necesita una referencia del Ebais. Ante lo cual, le respondo: pero por qué otra referencia, dado que si yo ya tengo una cita en la especialidad de Otorrinolaringología en la Clínica Central y de ahí transfirieron todos los pacientes al Hospital es porque ya habían sido referidos por el Ebais. Entonces, ¿ahora tengo que ir al Ebais pedir cita para que me den una nueva referencia y que ustedes me den cita, dos años después? ¿No le parece absurdo? ¿Las diferentes instancias -le dije- no se hablan entre sí, no hay un solo expediente? Yo solo soy una empleada, responde. La verdad es que sí, me digo para mis adentros; habría que mover toda la estructura inmensa, gigantesca de la Caja, para cambiar algo tan sencillo, pienso. ¿Pero quién podrá hacerlo? ¿Las personas individualmente no, los sindicatos, las juntas de salud, las autoridades de la Caja?
Bueno, le digo ya rendido. Si traigo otra referencia ¿me atiende? No, contesta. Tiene que llevarla a la oficina que recibe las referencias que queda100 metros después de pasar la línea del tren y me señala el oeste. Luego ellos la estudian y días después usted debe pasar a recogerla para venir a sacar la cita. De donde me encontraba tenía que caminar como 300 metros, cerca de la Cancillería, para llegar, después de haber peregrinado por todo el edificio histórico del Hospital.
— ¡Ah!, pero hay algo más. Que allí atienden hasta las 3 de la tarde.
¡Casi me desmayo!, entre el calor, la ofuscación, la cólera y la incomprensión de cómo una institución de salud se había convertido en una Institución tan poco “amigable con el usuario”, como dicen ahora. La verdad no me salió del alma ni un gracias, porque hubiera sido muy hipócrita.
Ya me retiraba del Hospital derrotado, cuando pensé.
Hombre, cómo me voy a ir así. Y se me ocurrió la gran idea de que en ese lugar debía existir una Contraloría de Servicios. Me voy para allá, al fin y al cabo, esta experiencia podría ser una oportunidad de mejora.
Pregunté a los guardas, dónde estaba la oficina, estos no sabían y consultaron por radio. Al rato me informaron que quedaba frente al Corazón de Jesús, siguiendo ese pasillo. Al fin logré ubicarla, pero no había nadie. Esperé y esperé. Al rato vi una puerta con un rótulo de Contraloría de Servicios y toqué. Pregunté si nadie atendía en la ventanilla; se asomó la muchacha y dijo que probablemente el señor andaba en el baño. Que esperara. Al buen rato, llegó el señor, arrastrando los pies, con un andado que mostraba que estaba cerca de su hora de salida y que no quería que ya nadie lo importunara o que lo jodiera con mierdas de reclamos. Volví con mi cuento, enseñé el papelillo amarillento con mi cita dada hace dos años que el señor vio como con asco y ni siquiera tocó. En síntesis, vengo a poner una queja puede ser que estas cosas se puedan corregir.
—Yo lo más que puedo hacer, me dice, es darle una nota dirigida al director de Oto para que usted la lleve y ver si él le resuelve algo.
La verdad es que ese fue el tiro de gracia. Había sido liquidado, totalmente derrotado y aniquilado por el entramado hospitalario. Ni siquiera recibió mi queja, que es su obligación y darle trámite a la misma.
— No gracias, le contesté, y me fui.
¿Por qué hacen al usuario pasar por este calvario?
No estamos ante el asunto de las listas de espera, de los especialistas, de la saturación de emergencias y de otros problemas mucho más complejos. Son cosas más pequeñas, elementales, que aliviarían el trajinar de los asegurados, que pueden resolverse si se dan a la tarea de organizar de mejor manera las cosas, al servicio de los asegurados y no al servicio de los trabajadores de la Caja.
En la época de la tecnología hay cosas que me pregunto si no pueden ser corregidas y mejoradas sustancialmente, agregando un ahorro financiero para la Institución.
¿Pueden las referencias que remiten los Ebais ser enviadas directamente a las oficinas respectivas por correo electrónico, con un solo clic, sin que sea el asegurado el que tenga que hacer el trámite?
Además, las oficinas que reciben referencias tienen horarios diferentes para recibirlas, creando una dificultad más al asegurado, una pérdida de horas trabajo a los trabajadores.
Siempre me he preguntado por qué el Hospital no concentra en un solo lugar todo lo referente al otorgamiento de citas. Los hospitales nacionales tienen kilómetros de pasillos que para el asegurado es difícil transitar y orientarse.
Las personas tienen que deambular, ir de un lugar a otro por todo el Hospital y sus alrededores para concretar una cita: si es rayos X, ir a ese lugar, si es laboratorio ir ahí, si es cardiología y todo el resto de las especialidades, ir a cada una de ellas. Un único centro de citas ahorraría tiempo y fuerzas al asegurado y habría menos personal en estas tareas.
En la época tecnológica es absurdo esa organización del trabajo. Tal vez con un poquito de buena voluntad y pensando primero en el asegurado, se podrían resolver muchos problemas, pequeños pero que fastidian la vida de las personas.
Por mi parte, tendré que iniciar todo el procedimiento para que dentro de 2 años me vea el especialista en Oto. Claro si no cambian nuevamente el lugar de atención.
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