Juan Carlos Durán Castro advierte sobre seis frentes que, a su juicio, empujan hacia la privatización de la CCSS
Juan Carlos Durán Castro, defensor de derechos humanos y dirigente sindical en el Hospital San Juan de Dios por más de cuarenta años, hizo un llamado urgente a las dirigencias sociales y sindicales para analizar a fondo los riesgos que, según su lectura, enfrenta la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). «Como nunca en la historia de la Caja […] hemos visto cómo avanzan algunas tesis realmente privatizadoras, tanto para el seguro de salud como para el régimen de IVM», afirma.
Las listas de espera como punto neurálgico
Durán Castro sostiene que los mecanismos institucionales para atender las listas de espera nunca han atacado sus causas estructurales. En su análisis menciona los cuellos de botella, el peso de grupos de poder dentro del gremio médico y el abandono de los mecanismos de control.
Cuestiona en particular las modalidades de pago desarrolladas durante años para reducir esas listas, como el primer reglamento de compra de servicios médicos a terceros de los años noventa, las jornadas de producción, el Modelo Único de Pago y los modelos tarifarios. A su juicio, esas modalidades han generado incentivos perversos y costos crecientes, sin resolver el problema. Las califica como una forma de «privatización endógena» y considera que nunca han sido examinadas a fondo por la Contraloría o la Procuraduría.
Seis frentes de riesgo
El dirigente resume en seis puntos lo que considera el panorama actual de riesgos:
- Proyectos de ley. El expediente 25.700, para crear en la CCSS una sección especializada en el reconocimiento de gastos médicos, que según Durán Castro abriría la puerta al copago y que, hasta donde entiende, habría sido retirado para modificarlo. Y el expediente 25.850, que propone crear dos juntas directivas de cinco integrantes, una para el seguro de salud y otra para el IVM.
- El reglamento de listas de espera del Ministerio de Salud, publicado el 26 de agosto de 2026, que entrará en vigencia en febrero de 2027 y que, según advierte, permitiría la privatización abierta del manejo de las listas de espera.
- El proyecto del Colegio de Médicos y Cirujanos para las listas de espera, que, según Durán Castro, se vincula con intereses de un sector del gremio médico.
- La reforma al reglamento de nombramiento de las representaciones en la Junta Directiva de la CCSS, que a su juicio podría derivar en un control total del gobierno sobre la institución. Esto coincide con el diálogo sobre el IVM que se iniciaría en una Mesa Técnica Nacional, aunque las reformas al régimen corresponden a la Junta Directiva. El dirigente teme que se opte por las cuentas nocionales promovidas por el Banco Mundial, que considera una fase previa a las cuentas individuales.
- La plataforma PRIS, anunciada por el Ministerio de Salud el 10 de noviembre, que permitirá que el Expediente Digital Único en Salud (EDUS) tenga trazabilidad en el sector privado, con el consentimiento informado de la persona paciente.
- El ofrecimiento público de actores de la Cámara Nacional de la Salud para poner a disposición salas de operaciones para atender las listas de espera de la Caja.
Un llamado a las dirigencias
Durán Castro afirma que, por su conocimiento del sector, se ve obligado a advertir sobre «altos riesgos de corto plazo» y sobre una «baja o nula lectura de la dirigencia al respecto». Señala además que, según ha sabido, especialistas de la Universidad de Costa Rica analizan el portafolio de inversiones de la CCSS, su política salarial y de recursos humanos, las listas de espera, la gobernanza institucional y el sistema informático de compras ERP-SAP.
«Instamos respetuosamente a todas las dirigencias sectoriales, sin excepción, a que realmente se sienten a hacer un balance de fondo del desarrollo actual de los acontecimientos en torno a la Caja; caso contrario, muy pronto los discursos de defensa de esta institución perderán a nuestro juicio gran parte de su sentido», concluye.
