Ir al contenido principal

Etiqueta: CCSS

ACSS informa sobre respuestas de Presidencia y de la CCSS a su solicitud de audiencia por crisis de pensiones y listas de espera

Comunicado de la ACSS

Esta es la segunda entrega de la serie iniciada con la publicación realizada por SURCOS Digital (https://wp.me/p6rfbZ-A2I), en la que se informó sobre la solicitud de audiencia presentada por la Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social (ACSS) a la presidenta de la República y a la presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social. El propósito de dicha audiencia era exponer propuestas para atender los problemas financieros de los seguros sociales y mejorar la oportunidad en la prestación de los servicios.

El 30 de junio de 2026, la ACSS recibió, mediante un correo electrónico enviado por el Despacho de la Presidencia de la República, la siguiente respuesta:

Reciba uncordial saludo. Brindamos acuse de recibo ydamosporconocidasugestión. Dado que la misma estádirigidaalentecompetente de atendersugestión, a quienes igualmente les remitimoscopia, para su debido seguimiento.

Gracias,

A partir de esta respuesta, la ACSS interpretó que la Presidencia de la República no consideró necesario escuchar directamente la exposición de los motivos por los cuales la CCSS enfrenta serios problemas de financiamiento y de oportunidad en la atención médica, ni conocer de primera mano las propuestas planteadas por la ACSS para contribuir a su solución.

La ACSS respeta plenamente las decisiones del Despacho Presidencial; sin embargo, lamenta profundamente que no se haya atendido la solicitud de audiencia para presentar los hallazgos y propuestas.

Quedaba aún por conocer la posición de las autoridades de la CCSS. No obstante, transcurrieron 30 días naturales sin que se recibiera respuesta alguna. Por esta razón, la ACSS remitió un recordatorio mediante el oficio ACSS-008-2026, de fecha 30 de julio de 2026. En atención a dicha gestión, se recibió el oficio N.° PE-3997-2026, del 18 de agosto de 2026, cuyo contenido señala textualmente lo siguiente:

PE-3997-2026

18 de agosto de 2026

Señores

AUDITORÍA CIUDADANA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ACSS)

acss.junio.2022@gmail.com

ASUNTO: Atención Oficios ACSS-007-2026 y ACSS-008-2026

Estimados señores:

Reciban un cordial saludo. En atención a los oficios ACSS-007-2026, del 23 de junio de 2026, y ACSS-008-2026, del 30 de julio de 2026, mediante los cuales solicitan un espacio de reunión para exponer diversos planteamientos y propuestas relacionados con la situación financiera de la Caja Costarricense de Seguro Social, el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte, las obligaciones del Estado, la disponibilidad de médicos especialistas y las listas de espera, entre otros asuntos.

Al respecto, se agradece el interés manifestado por esa organización en contribuir al análisis de temas relevantes para la seguridad social, así como su disposición al diálogo y a presentar sus planteamientos ante la Institución.

Debido a la naturaleza y amplitud de los asuntos expuestos, los cuales comprenden aspectos que requieren valoración y análisis técnico en materia financiera, actuarial, de pensiones y de prestación de servicios de salud, este Despacho considera oportuno que, como primera instancia, se propicie un acercamiento con las Gerencias y unidades correspondientes.

Por lo anterior, mediante oficio PE-3996-2026 del cual su organización recibió en copia, se han trasladado los documentos a la Gerencia Financiera, Gerencia de Pensiones, Gerencia Médica y Dirección Actuarial y Económica, con el propósito de que, en el marco de sus respectivas competencias, analicen los planteamientos formulados, valoren el espacio de reunión solicitado y realicen las coordinaciones correspondientes para su atención y respuesta.

Atentamente,

MSc. Laura Ávila Bolaños

Jefa de Despacho, Presidencia Ejecutiva

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL”

Así mismo, se recibió copia del oficio PE-3996-2026 indicado en el documento anterior, cuyo texto es el siguiente:

PE-3996-2026

18 de agosto de 2026

Máster

Carolina González Gaitán, Directora

DIRECCIÓN ACTUARIAL Y ECONÓMICA-1112

Licenciado

Gustavo Picado Chacón, Gerente

GERENCIA FINANCIERA-1103

Doctor

Marvin Palma Lostalo, Gerente

GERENCIA MÉDICA-2901

Licenciado

Jaime Barrantes Espinoza, Gerente

GERENCIA DE PENSIONES-9108

ASUNTO: Traslado Oficios ACSS-007-2026 Y ACSS-008-2026

Estimados (a) señores (a):

Reciban un cordial saludo. Para su conocimiento, valoración y atención, se trasladan los oficios ACSS-007-2026, del 23 de junio de 2026, y ACSS-008-2026, del 30 de julio de 2026, remitidos por la Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social (ACSS), mediante los cuales dicha organización solicita un espacio de reunión para exponer diversos planteamientos y propuestas relacionados con la situación financiera de la Caja Costarricense de Seguro Social, el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte, las obligaciones del Estado con la Institución, la disponibilidad de médicos especialistas y las listas de espera, entre otros asuntos.

Considerando que los temas planteados comprenden aspectos de naturaleza financiera, actuarial, de pensiones y de prestación de servicios de salud que requieren del respectivo análisis técnico, se estima oportuno propiciar, como primera instancia, un acercamiento con las Gerencias y unidades competentes.

Por lo anterior, les solicito que, en el marco de sus respectivas competencias, analicen los planteamientos formulados por la ACSS y valoren la realización de un espacio de reunión con sus representantes, efectuando para ello las coordinaciones que correspondan entre las unidades involucradas.

Asimismo, se solicita gestionar y brindar respuesta a la Asociación sobre lo planteado en los oficios de referencia, con copia a este Despacho.

Atentamente,

MSc. Laura Ávila Bolaños

Jefa de Despacho, Presidencia Ejecutiva

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

LAB/CGC

Anexo: ACSS-007-2026 y documento complementario

ACSS-008-2026”

La ACSS valora positivamente que la Presidencia Ejecutiva de la Caja haya trasladado la documentación a las Gerencias Financiera, Médica y de Pensiones, así como a la Dirección Actuarial, para su análisis y valoración. Asimismo, considera favorable que dicho traslado haya incluido tanto las propuestas planteadas por la ACSS como la solicitud de audiencia presentada, con el propósito de que las instancias competentes examinen su contenido y se pronuncien al respecto.

En una tercera entrega la ACSS se referirá a la respuesta recibida del Gerente de Pensiones, Lic. Jaime Barrantes Espinoza y otras acciones realizadas.

AUDITORÍA CIUDADANA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Ivania Ramírez Maykal

Rodrigo Arias López

Manifiesto patriótico: por la defensa de la democracia y la institucionalidad

Costa Rica se encuentra ante una encrucijada histórica. La indiferencia ya no es una opción, es lo que alimenta al autoritarismo. Si guardamos silencio, permitiremos el desmantelamiento de los pilares que sostienen la vida democrática y la libertad.

Convocamos a la acción unitaria del Bloque Democrático: comunidades, organizaciones sociales, universidades públicas, artistas e intelectuales, iglesias, ciudadanía.

Exigimos respeto a nuestra Constitución Política.

El Poder Judicial está bajo asedio y existe el peligro de un «cierre técnico»

La campaña de hostigamiento contra los tribunales y la fiscalía general ha cruzado límites peligrosos. Ya no se trata solo de descalificaciones verbales en conferencias y redes, sino de una estrategia de asfixia financiera planificada.

El fiscal general de la República, Carlo Díaz Sánchez, elevó una alarma gravísima ante la Corte Plena al denunciar que los millonarios recortes presupuestarios impuestos por el Poder Ejecutivo buscan provocar un «cierre técnico» del Poder Judicial.

El impacto real: esta reducción forzada de recursos desmantela las fiscalías y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en el peor momento para la seguridad del país, y con esto deja vía libre al crimen organizado. Como bien señaló la magistrada Patricia Solano en la misma sesión: “Pareciera que el enemigo no es el crimen organizado, sino el Poder Judicial”.

El objetivo de fondo es debilitar los expedientes de corrupción que comprometen directamente al oficialismo y promover la impunidad de las redes de influencia. Un Poder Judicial maniatado económicamente pierde la capacidad de actuar como contrapeso constitucional frente a los abusos del Ejecutivo.

La Caja de Seguro Social (CCSS): El desmantelamiento del bienestar social

A la par del ataque contra el Poder Judicial, la Caja Costarricense de Seguro Social sufre una intervención sistemática destinada a ahogarla y colonizar sus mandos técnicos.

El impacto real es la manipulación de las juntas directivas, la parálisis de infraestructura hospitalaria básica urgente y las políticas que promueven la fuga de especialistas de la salud para destruir la mayor conquista social de nuestro pueblo.

El objetivo de fondo es convertir la salud pública en un negocio y neutralizar cualquier foco de resistencia técnica o sindical interna.

Dejar caer a la CCSS es romper el pacto social de solidaridad que ha garantizado democracia social en Costa Rica por más de ochenta años.

La amenaza de la represión y la pérdida de garantías individuales

El debilitamiento institucional busca allanar el camino hacia un régimen autoritario. Nos preocupan profundamente las narrativas que coquetean con la suspensión de garantías individuales so pretexto de crisis, y el ingreso desmedido de fuerzas militares extranjeras aprovechando los recesos de la Asamblea Legislativa.

Un escenario sin controles constitucionales facultaría al oficialismo para ejecutar allanamientos políticos, intervenir la Fiscalía General y neutralizar a la Contraloría General y al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

No permitiremos una Costa Rica arrodillada, temerosa y militarizada.

¡Actuemos ya!

Hacemos un llamado urgente para unirnos a la Red Nacional de Comités Democráticos y Patrióticos en cada barrio del país. Nuestra resistencia es pacífica pero firme, fundamentada en las leyes y en la soberanía de la ciudadanía costarricense.

Luchamos porque:

1- El Poder Judicial mantenga su total independencia y el presupuesto constitucional.

2- La Caja Costarricense del Seguro Social sea rescatada de la intervención política y financiera de Zapote y del secuestro del Ministerio de Hacienda.

3- Costa Rica sea un país donde se respetan la vida y leyes republicanas, las libertades públicas y democráticas. Que se respeten las garantías individuales.

¡Viva Costa Rica!

Firmantes:

Edison Valverde Araya, Comunidad Buen Vivir

Lenin Chacón Vargas, Buen Vivir Comuna Cocles

Raúl Blanco Chavarría, abogado, secretario general de la JVC

Manuel Monestel, Premio Magón

Alfonso Chase Brenes, Premio Magón

Manuel Mora Salas, comandante Ramiro

Gonzalo Villalta Gewrtz

Gloria Valerín Rodríguez, exministra de La Mujer

Macarena Barahona Riera, escritora

Patricia Mora Castellanos, exministra, exdiputada

Olga Goldemberg Guevara, escritora

Marielos Castro Umaña

Ángel Lara, escultor

Ana Mercedes Rodríguez, profesora

Rafael Cuevas Molina, escritor

Oscar Madrigal Jiménez, abogado

Alcides José Murillo Campos

Leiner Vargas Alfaro

Enrique Sibaja Granados

Marvin Cordero Gómez

Gonzalo Gallegos Jiménez

Habib Succar Guzmán

Inés Gutiérrez Moya

Aurelia Trejos Paris, cantautora

Oscar Espinoza, cantautor

Gerardo Aguilar Sevilla, abogado

Ena Aguilar Ramírez

Manuel Romero Arroyo

Walter Arias Bermúdez

Claudio Monge Pereira, exdiputado

Mónica Peredo, filóloga

Victoria Montero Zeledón, actriz

Nieves Barahona Riera, actriz

Arnaldo Moya Gutiérrez, historiador

Dorelia Barahona Riera, escritora

Alex Cuadra Hernández

Ana Lorena Alfaro Fuentes, M.G.L.

Rosa María Mata Mena

Ronulfo Morera Vargas

Gerardo Contreras, catedrático universitario

Francisco Javier Hernández Quiros

Francisco Barahona Riera, doctor Ciencias Políticas

German Chacón Araya, sociólogo

Alberto Campos Barrantes

Li Sáenz Urgell

Israel Guillén González

José Rafael Flores Alvarado

Alejandro Antonio Fernández Madrigal

Zeyla Meza, abogada

Julissa De Los Ángeles Madrigal Madrigal

Leda Montoya, trabajadora social

Xiomara Eve

César Quirós Brenes

Franklin Monge Montero

Jorge Edwin Lao Largaespada

Diego Villalobos Quirós

Lyn Madrigal

Ligia María Madrigal Castillo

Freddy Jiménez Herrera

Ricardo Ascanio Sánchez, librero

María Eugenia González García

Alcides José Murillo Campos

Luis Hidalgo Canifrú

Mario Alfaro Rodríguez, profesor

Luis Fernando Monge Rojas

Annie Saborío Mora

Karla Matamoros Hernández

Juan Bautista Rojas Esquivel

Leonardo Rivera Pérez

Karen Vargas Gutiérrez

Jorge Vallejos Ortiz

Guillermo Garro Brenes

Alfredo Gerardo Chaverri Brenes

Luis Miranda Vega

Héctor Ferlini-Salazar

Sandra Flora Paniagua Paniagua, médica

Li Sáenz Urgell, profesora de arte

Beatriz Paniagua Valverde, ingeniera

Aquiles Jiménez Arias, escultor

Dorelia Barahona Riera, escritora y filósofa

Jaime Delgado Rojas, filósofo y politólogo

Óscar Alfredo Barboza Lizano, académico

Héctor Cerdas Zamora, pensionado I.V.M.

María Cecilia Crespo, abogada

Óscar Daniel Espinoza Ramos, músico

Sonia Espinoza Conejo, diseñadora en costura y poeta

Adriano Corrales Arias, escritor

Bernardo Jaén Hernández, productor agrícola

Grace Chaves Zamora, Jupema

Marco Vinicio Fournier Facio, Red Nacional por la Democracia

Habib Succar Guzmán, jubilado

Ana Lorena Davila Cubero, trabajadora social

Doris Peterd, empresaria

Alba Nidya Vargas Castro, educadora

Si comparte este manifiesto puede adherirse mediante el siguiente formulario:

https://forms.gle/qcPyauG7NhL6hd8P8

BUSSCO fortalece la unidad y plantea qué modelo de país queremos

Comunicado

Este martes 8 de septiembre, el Bloque Unitario Sindical y Social Costarricense (BUSSCO) realizó una Sesión de trabajo de sus organizaciones integrantes para analizar la coyuntura nacional e internacional, fortalecer la organización y avanzar en la definición de posiciones y acciones conjuntas.

La Sesión de BUSSCO contó con la participación de Jorge Coronado, quien expuso sobre la situación política internacional y las acciones imperialistas de Estados Unidos en Centroamérica, Suramérica y el Caribe. Analizó el respaldo de EEUU a fuerzas y gobiernos de ultraderecha con posiciones antidemocráticas y las presiones y bloqueos ilegales contra gobiernos que mantienen posiciones soberanas.

Coronado también analizó la situación fiscal y económica de Costa Rica, la desaceleración económica y la falta de una política estatal decidida para impulsar la producción nacional, generar empleo y fortalecer el mercado interno.

La evasión fiscal ocupó un lugar central en el análisis, por su impacto sobre las finanzas públicas y la capacidad del Estado para atender las necesidades del país. También se abordaron las propuestas gubernamentales en materia tributaria y de deuda, así como las implicaciones del Presupuesto Nacional 2027.

Para BUSSCO, la respuesta a los problemas fiscales no puede consistir en trasladar nuevos sacrificios a las personas trabajadoras y los sectores populares. El país debe enfrentar seriamente la evasión y la elusión fiscal y avanzar hacia una política tributaria justa y progresiva.

Pero la discusión va mucho más allá del presupuesto, el déficit o la deuda. BUSSCO considera necesario plantear una pregunta fundamental: ¿Qué modelo de país queremos?, ¿Qué Costa Rica y para quiénes?

Costa Rica debe decidir entre un modelo neoliberal que concentra la riqueza, debilita la institucionalidad pública y beneficia a unos cuantos, o un proyecto nacional orientado al bienestar de las grandes mayorías, la justicia social, la producción nacional, el empleo digno y una distribución más equitativa de la riqueza.

Por ello, no basta con responder aisladamente ante cada recorte o política regresiva. Es necesario construir una propuesta de país y fortalecer la unidad, organización y movilización del movimiento sindical y social.

La defensa de la CCSS, la educación y los servicios públicos, los salarios, las pensiones, el empleo digno, los derechos laborales y sindicales, la producción nacional, las libertades democráticas y el Estado Social de Derecho forma parte de esta agenda.

BUSSCO continuará impulsando la articulación con otros sectores sociales y populares y preparando acciones de información, denuncia, organización, presión política y movilización.

La pregunta está planteada: ¿Una Costa Rica para unos cuantos o una Costa Rica para todas y todos?

BUSSCO apuesta por una Costa Rica para todas y todos, construida desde la unidad, el diálogo, la organización, la propuesta de una Agenda Nacional y la movilización social.

ACSS solicita audiencia a la presidenta y a la CCSS por crisis financiera de pensiones y listas de espera

La Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social (ACSS) plantea siete medidas para resolver de forma permanente la crisis del IVM y de las listas de espera en salud.

LA ACSS solicitó formalmente una audiencia a la presidenta de la República, Laura Fernández Delgado, y a la presidenta ejecutiva de la CCSS, Mónica Taylor Hernández, con el fin de exponer un conjunto de medidas orientadas a resolver de manera permanente la crisis financiera y actuarial del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), sin recurrir a nuevas reducciones en el monto de las pensiones ni a un aumento en la edad de retiro, y para abordar el problema estructural de las listas y filas de espera en el Seguro de Salud.

Según el oficio ACSS-007-2026, del 23 de junio de 2026, la organización cuestiona que, en la sesión N.° 9604 de la Junta Directiva de la CCSS —en la que la Gerencia de Pensiones presentó una reforma al régimen IVM ya aprobada en primera instancia—, no se habrían expuesto las verdaderas causas del deterioro financiero del régimen. La ACSS sostiene que atribuir la crisis únicamente al aumento en la esperanza de vida de la población (que pasó de 47 años en 1947 a 80 años a partir de 2010) resulta insuficiente, y recuerda que una reforma previa al IVM, vigente desde enero de 2024 y que entrará en pleno vigor en enero de 2027, había sido presentada en su momento como garantía de sostenibilidad financiera hasta el año 2050.

Junto con su solicitud, la ACSS remitió el documento «El sistema de pensiones de Costa Rica, el seguro de salud y la corrupción de cuello blanco», en el que —según señalan— se identifican violaciones a los artículos 21, 33, 73 y 177 de la Constitución Política, a los artículos 1, 2 y 7 de la Ley N.° 5349, al artículo 9 de la Ley N.° 7374, al artículo 73 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional y a los artículos 32 y 43 de la Ley Constitutiva de la CCSS.

Las siete medidas propuestas por la ACSS son:

  1. Establecer al IVM (junto con el régimen del Poder Judicial y el RCC) como el único régimen de pensiones contributivo para las nuevas generaciones de trabajadores, con posibilidad de traslado voluntario y liquidación actuarial para los trabajadores más jóvenes actuales; y al Régimen No Contributivo de la CCSS como el único régimen no contributivo para las nuevas pensiones, incluyendo el régimen de los expresidentes de la República.

  2. Eliminar, para las nuevas generaciones de trabajadores, los fondos institucionales del segundo pilar de pensiones —dejando únicamente el ROP— y no permitir su retiro en un solo tracto, salvo casos calificados.

  3. Crear un Banco de Gestión de la Reserva del IVM, adscrito a la CCSS pero con autonomía suficiente, que asuma la función que hoy tienen la Gerencia Financiera y la Gerencia de Pensiones sobre el manejo de esos fondos.

  4. Dotar de financiamiento gradual y permanente a los seguros de salud y de pensiones en lo correspondiente a los aportes del Estado, utilizando recursos liberados de regímenes cerrados de pensiones, un mejor control de la evasión y elusión fiscal, y otras fuentes, de forma que todos los aportes estatales ingresen directamente a la CCSS.

  5. Evaluar la condonación de una parte de la deuda del Estado con el seguro de salud —incluyendo la no contabilizada y con sentencias favorables a la CCSS (expediente 13-006261-1027-CA)— y establecer un cronograma de pago del saldo restante.

  6. Reducir las filas y listas de espera mediante la creación de aproximadamente 1.000 plazas adicionales de médicos generales en los EBAIS existentes, y la formación y contratación de otros 1.000 médicos especialistas, en dos tractos de 500 residentes de posgrado cada uno.

  7. Realizar un estudio actuarial integral de todos los regímenes de salud y pensiones del país, junto con un análisis jurídico de la normativa vigente, como base para un proyecto de ley que aclare y regule las fuentes de financiamiento del Estado hacia la CCSS.

La ACSS solicitó una audiencia en un plazo de 30 días calendario, comprometiéndose a mantener la reserva del documento durante ese período. El oficio está firmado por Alfredo Ramírez Montero, Carlos Eduardo González Arroyo, Jorge García Araya y Rodrigo Arias López.

A continuación, se incluye el texto completo enviado por la Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social a las autoridades citadas y compartido con SURCOS:

La Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social (ACSS) solicitó audiencia a la presidenta de la República y a la presidenta ejecutiva de la CCSS para discutir importantes acciones que resolverían de manera permanente la crisis financiera del Seguro de Pensiones y de listas y filas de espera del Seguro de Salud
(Parte 1)

En el documento ACSS-007-2026 del 23 de junio de 2026, la Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social (ACSS) envió a la presidenta de la República Laura Fernández Delgado y a la presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) Mónica Taylor Hernández, una solicitud de audiencia para exponer y analizar importantes medidas para poner fin permanente a los problemas financieros y actuariales del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte sin tener que disminuir más los ya bajos montos de las pensiones, ni aumentar las edades de retiro, entre otras. Así mismo, para resolver el eterno problema que aqueja a los costarricenses al tener que esperar excesivo tiempo para cirugías y diversos exámenes médicos que son indispensables para cumplir con el derecho a la salud, incluyendo madrugar a las 4:00am para obtener una cita, en muchos casos sin obtenerla.

En adición, para solicitar apoyo para elaborar un proyecto de ley que dote de fuentes de financiamiento al Seguro de Salud y al Régimen No Contributivo de Pensiones, en particular para los aportes que corresponden al Estado como tal.

El texto íntegro enviado a las autoridades de la CCSS y de Gobierno, es el siguiente:

“Excelentísima Señora

Laura Fernández Delgado

Presidente de la República de Costa Rica

Su Despacho

Señora

Mónica Taylor Hernández

Presidente Ejecutiva

Caja Costarricense de Seguro Social

Su Despacho

Asunto: Solicitud de reunión para: exponer peligrosa situación financiera de la Caja; grave crisis por inopia de médicos especialistas, causa fundamental de las inconstitucionales listas de espera de la CCSS y petición de apoyo para elaborar un proyecto de ley para regular las obligaciones del Estado como tal con dicha institución.

Excelentísima Señora Presidente y distinguida Señora Presidente Ejecutiva:

Reciban un cordial y respetuoso saludo de la Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social (ACSS). Para los miembros de la ACSS es un gusto dirigirnos a ustedes con el fin de solicitarles una reunión para exponerles nuestros puntos de vista sobre la situación financiera de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y en relación con los problemas que aquejan a dicha institución y a sus asegurados por la falta de especialistas médicos y las preocupantes listas de espera a nivel hospitalario y de filas madrugueras para la obtención de cupos para citas médicas en el primer nivel a atención de clínicas y Ebais. Así mismo, para exponerles o plantearles nuestras recomendaciones y propuestas y pedirles apoyo para la realización de un estudio actuarial y legal que permita la elaboración de un proyecto de ley, cuya aprobación pueda solucionar de manera permanente la grave problemática que ha venido acarreando desde hace décadas la institución más emblemática y grandiosa con que cuenta nuestro país.

Hemos podido escuchar y analizar el audio de 3,5 horas de la sesión N° 9604 de la Junta Directiva de la CCSS (https://www.youtube.com/watch?v=JPDU-IlB9io), en la cual la Gerencia de Pensiones planteó una reforma al Régimen de Pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), aprobada en primera instancia por dicha Junta.

Concluimos que en esa sesión los mandos medios de la CCSS no le informaron a la Junta Directiva las verdaderas razones por las cuales el IVM se encuentra a las puertas de la bancarrota. En primer lugar, es conocido que las autoridades de la CCSS conocen desde hace varias décadas que la esperanza de vida al nacer aumentó de 47 años en 1947 a 63 años en 1960, a 73 años en 1980 y a 80 años a partir de 2010. Por eso atribuir la causa de la eventual quiebra del IVM al aumento de viejos y viejas se cae por su propio peso. En segundo lugar, tanto los mandos medios de la CCSS como los mandos más altos realizaron una reforma al IVM que recién inició en enero 2024; pero que entrará en pleno vigor a partir de enero de 2027. En esa ocasión altos jerarcas de la CCSS le prometieron descaradamente a los costarricenses que con esa reforma le daban sostenibilidad financiera al IVM hasta el año 2050. En tercer lugar, creemos que el nuevo parche propuesto para IVM será otro engaño, pues para recetar la cura primero hay que conocer la enfermedad que tiene el paciente, lo cual requiere la participación de amplios sectores sociales y políticos.

Con el fin de adelantar brevemente nuestras observaciones y sugerencias, nos complace enviarles el documento “EL SISTEMA DE PENSIONES DE COSTA RICA, EL SEGURO DE SALUD Y LA CORRUPCIÓN DE CUELLO BLANCO” elaborado por la ACSS, el cual contiene información de mucho interés y muestra la violación de los artículos 21, 33, 73 y 177 de la Constitución Política, los artículos 1, 2 y 7 de la Ley 5349, el artículo 9 de la Ley 7374, el artículo 73 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional y los artículos 32 y 43 de la Ley Constitutiva de la CCSS, entre otros. Además, plantea las siguientes siete medidas necesarias para conocer y curar la enfermedad que padece el IVM desde hace varias décadas, así como para reducir las listas de espera y las filas para pedir citas en la CCSS:

  1. Establecer a IVM como el único régimen de pensiones contributivo (IVM+PJ+RCC, artículo 65 de LCC y 73 de la Constitución Política) para las nuevas generaciones de trabajadores y traslado voluntario con liquidación actuarial para los actuales trabajadores más jóvenes. Así mismo, establecer al RNC de la CCSS como el único régimen de pensiones no contributivo (RNC-CCSS + RNC-DNP) para las nuevas pensiones que se otorguen, incluyendo el régimen de los expresidentes de la república.

  2. Eliminar para las nuevas generaciones de trabajadores los fondos institucionales del segundo pilar –dejar solo el ROP- y no permitir que el ROP se retire en un solo tracto, salvo en casos calificados.

  3. Crear el Banco de Gestión de la Reserva de IVM que a la vez pueda captar fondos de las empresas y las personas, pertenecería a los asegurados de IVM y estaría adscrito a la CCSS; pero con suficiente autonomía. Por lo tanto, se le quita dicha función a la Gerencia Financiera y a la Gerencia de Pensiones de la CCSS; esta última se dedicaría al trámite y control de pensiones.

  4. Dotar de financiamiento gradual y permanente a los seguros de salud y de pensiones (contributivo y no contributivo) en lo que corresponde a los aportes del Estado como tal (Leyes 5349, 7374 y otras) y demás fondos necesarios, utilizando recursos que se liberen de los regímenes cerrados de pensiones y de los institucionales que se cierren, con un mejor control de la evasión y elusión de impuestos, con los del Banco de Gestión de la reserva de IVM y con otras fuentes de ingresos. Esto permitirá devolver gradualmente al IVM el 8.25% sobre los salarios que le han venido quitando. Con el fin de evitar caer nuevamente en la situación actual, todos los aportes estatales deberán ingresar directamente a la CCSS.

  5. Las anteriores acciones no solo permitirán darle sostenibilidad financiera al seguro de salud y de pensiones contributivas y no contributivas, sino que también podrían hacer viable la condonación de una buena parte de la deuda del Estado como tal con el seguro de salud, incluyendo aquella que no está contabilizada y tiene sentencias a favor de la CCSS (expediente 13-006261-1027-CA) y establecer un cronograma de pago de su saldo.

  6. La Junta Directiva de la CCSS debe reducir las filas y listas de espera, para lo cual recomendamos construir una oficina en los Ebais que ya existen para que se le asigne a un nuevo médico general, en total creemos serían unos 1000 médicos más para el primer nivel de atención; así mismo, se requiere la formación y contratación de otros 1.000 médicos especialistas más en dos tractos de 500 residentes de posgrado cada uno, esenciales por su gran capacidad resolutiva de diagnóstico terapéutico, de acuerdo a la Ley General de Salud. La CCSS y el Ministerio de Salud deben dejar de escudarse diciendo que no disponen de estudios técnicos ni de planificación para conocer las necesidades de médicos y especialistas.

  7. Para todo lo anterior, excepto para la recomendación número 6, se requiere reunir la información necesaria para realizar un estudio actuarial de todos los regímenes de salud y de pensiones que existen en el país, hacer un análisis jurídico de las actuales leyes y reglamentos de la seguridad social y elaborar un proyecto de ley que incluya las modificaciones que se deben hacer a varias leyes y las fuentes de financiamiento del Estado como tal a la CCSS que actualmente no están claras o no están creadas.

Consideramos que el diálogo y la participación ciudadana son esenciales para mantener la paz social y para fortalecer a la CCSS. Debido a que el tiempo apremia, respetuosamente solicitamos audiencia lo antes posible, para lo que creemos con todo respeto, que un plazo de 30 días calendario es adecuado. Durante dicho tiempo mantendremos la reserva de este documento.

Les agradecemos anticipadamente el tiempo dedicado a la lectura de esta nota y el documento adjunto, así como la atención que brinden a nuestra solicitud. Confiamos en el compromiso que ustedes tienen con el bienestar de la ciudadanía pues son conscientes de las grandes bondades de la CCSS, por lo cual estamos seguros de que en esta ocasión no sucederá como con los gobiernos anteriores, con cuyas autoridades hemos realizado ingentes esfuerzos para plantear soluciones a estos problemas sin ser escuchados hasta esta fecha, a pesar de lo ordenado en los artículos 9 y 27 de la Constitución Política y en la Ley de Regulación del Derecho de Petición. Quedamos a entera disposición para ampliar la información y reunirnos con ustedes y con las personas que designen.

Sin otro particular, nos despedimos deseándoles muchos éxitos en sus funciones.

Notificaciones: Al correo acss.junio.2022@gmail.com

Atentamente,

AUDITORÍA CIUDADANA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Dr. Alfredo Ramírez Montero Lic. Carlos Eduardo González Arroyo

Lic. Jorge García Araya M.Sc. Rodrigo Arias López

En una segunda entrega la ACSS se referirá a las respuestas recibidas de la presidencia de la República y de la CCSS.

AUDITORÍA CIUDADANA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Alfredo Ramírez Montero

Rodrigo Arias López

Del 24 de abril 1970 a la faroleada del 14 de setiembre 2026

De los jóvenes del 70 a los jóvenes del 2026:

Venimos de ALCOA, de la solidaridad con luchas obreras y campesinas, de la solidaridad con Chile, del Combo del ICE, del NO al TLC, del no al paquete fiscal, del grito por la paz y por la democracia.

Y hoy gritamos:

¡No al régimen autoritario!

El 24 de abril de 1970 no fue solo una fecha marcada en el calendario, fue la manifestación de una decisión de lucha en defensa de la soberanía de la Patria. Aquella gesta contra el contrato-ley ALCOA-Estado de Costa Rica no perteneció a ningún grupo político, sino a una fuerza colectiva de 81 organizaciones en un gran Pacto Patriótico.

En este entendimos que la Patria no se entrega y se firmó un manifiesto de convocatoria y lucha. Fue una jornada unitaria en defensa de la bauxita, del agua, de la ecología y de los pueblos originarios que serían desplazados frente a un contrato que pretendía hipotecar nuestra Soberanía Nacional y arrasar todo el Valle del General.

Esa memoria hoy respira a través de los testimonios de quienes entonces tenían entre 13 y 25 años. Es conmovedor recordar a miles de jóvenes que, desde su colegio religioso en San José, tras discutir sobre el proyecto ALCOA, decidieron unirse a las manifestaciones, venían de todo el país, de la provincia de Heredia y Alajuela y de colegios públicos de San José. En sus recuerdos podemos presenciar aquel desfile de miles de estudiantes que rompieron esquemas para sumarse a las marchas, luciendo con orgullo sus uniformes colegiales aquel glorioso 24 de abril. Eran estudiantes de secundaria, jóvenes adolescentes valientes llenos de convicción y patriotismo. Eran Universitarios, eran trabajadores.

Algunos fueron expulsados de sus instituciones por su beligerancia patriótica y hubo jóvenes trabajadores que caminaron con decenas de muchachos desde diferentes puntos del Valle Central hasta la Asamblea Legislativa, para unirse al clamor nacional y así recorrieron barrios y unieron jóvenes. Tenemos en la memoria igualmente a los dirigentes golpeados y encarcelados aquel 24 de abril.

Sus voces y las de miles que hoy confirman con orgullo: «yo estuve ahí», son el cimiento de nuestra identidad civilista y de nuestras elevadas convicciones patrióticas.

Hoy esa memoria nos devuelve una imagen clara: si en 1970 el recurso por defender era el suelo, la bauxita y la soberanía, hoy nos toca defender las universidades y la educación pública. Nos toca defender la Caja Costarricense de Seguro Social y los ideales democráticos republicanos que un régimen autoritario pretende destruir, socavando con ello el Estado Social de Derecho.

El paralelismo es absoluto. El recorte presupuestario al Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), según el dictado de Rodrigo Chaves y Laura Fernández, representa una nueva forma de dominación y un quebranto a la cultura nacional que debilita nuestra soberanía intelectual, social y la autonomía universitaria. Desfinanciar la universidad pública resulta hoy tan dañino como lo hubiera sido aquel contrato transnacional: nos arrebata la riqueza del mañana para cubrir vacíos políticos del presente. Disminuir drásticamente el presupuesto del Poder Judicial, de la educación pública y de los programas sociales es una afrenta a Costa Rica, especialmente a las juventudes.

La historia nos enseña que el protagonismo de los estudiantes de secundaria y universitaria es vital. Aquellos jóvenes de 1970 luchamos por el país que heredarían; los estudiantes de hoy deben comprender que el FEES no es un privilegio de pocos, sino la garantía de que cualquier joven de zona rural o urbana tendrá una silla esperándolo en la educación superior.

La lucha por la educación pública, por la división de poderes y los ideales republicanos al igual que la lucha contra ALCOA, debe trascender ideologías. Es un punto de encuentro nacional, una defensa del ascenso social y un acto de profundo patriotismo.

Al igual que aquellos jóvenes de colegios católicos y públicos y las universidades que se unieron en un solo puño, la juventud actual tiene el deber ineludible de movilizarse. Cuestionar al poder cuando atenta contra los ideales republicanos no es un error de juventud, es, tal y como lo demostró la Generación del 70, la forma más alta de patriotismo.

A levantar los faroles y la TEA de Juan Santamaría.

San José, 7 de setiembre 2026

Lo suscribo, soy «Generación 70».

Édison Valverde Araya, Comunidad Buen Vivir.

Lenin Chacón Vargas,

Alfonso Chase Brenes,

Habib Succar Guzmán,

Oscar Madrigal Jiménez,

Ana Mercedes Rodríguez,

Gloria Valerin,

Arturo Furnier Facio,

Macarena Barahona Riera,

Mario Alfaro,

Vladimir de la Cruz de Lemos,

Manuel Monestel,

Francisco Barahona Riera,

Ines Virginia Gutiérrez Moya,

Alex García Cruz,

Nieves Barahona Riera,

Israel Guillen González,

German Chacón Araya,

MGL,

Héctor Ferlini-Salazar

Ataque soez a la Caja

Freddy Pacheco León

Freddy Pacheco León

Desde una perspectiva política y democrática, el desacato sistemático a la Sala IV por parte del Poder Ejecutivo, representado por el Consejo de Gobierno, constituye un peligroso quebrantamiento del Estado de Derecho y de la separación de poderes, que tiene como consecuencia una muy grave crisis institucional. Si esa crisis afecta a su vez el adecuado funcionamiento de la Caja, dicha desobediencia, ¡jamás antes visto en la historia costarricense!, agrede significativamente la atención a la salud y otros derechos de la seguridad social de los más pobres y vulnerables, principalmente, por medio de ese ataque corrosivo a nuestra invaluable democracia. Desconocer las resoluciones de la Corte Suprema de Justicia, mientras se lanza una campaña infame contra el Poder Judicial, es un evidente acto violatorio del orden constitucional, un gran paso hacia el establecimiento de una dictadura ultraderechista, que dolorosamente, algunos ticos engañados ven con buenos ojos, sin pensar en las consecuencias que tendría algo así para ellos y sus seres queridos.

Por ello, como sucediera antes por fuerza mayor y teniendo muy claro que el Poder Judicial como un todo, son la esperanza de un pueblo bueno y pacífico que mayoritariamente valora los logros que sustentan nuestra vilipendiada democracia, éste ha de actuar en defensa del bien común y de los Derechos Humanos.

Ante el caos institucional que el neofascismo chavista quiere seguir profundizando, como sucediera con la muy razonable conformación urgente, extraordinaria y temporal de la Sala Constitucional, para que la misma pudiera seguir vigente, las magistraturas tienen el deber supremo de hacer valer sus resoluciones patrióticas. Como alternativa a no hacer nada y permitir que esa violación directa al principio de legalidad y al orden democrático de Costa Rica, tenga consecuencias muy dolorosas contra un pueblo que ya sufre por la «enfermedad» que padece la jerarquía de la CCSS, la honorable Sala IV ha de actuar conforme a su conciencia, frente a las acciones destructivas que buscan paralizarla, con todo lo que ello significa.

Si Rodrigo Chaves ha ordenado a Laura Fernández y al resto de ministros del Consejo de Gobierno, tomar decisiones inconstitucionales, penalizables, irracionales también, para evitar que una representante de los trabajadores organizados ejerza sus derechos como parte de la junta directiva de la Caja, para cumplir además con la conformación del quórum estructural, la Sala IV debería actuar frente a tales acciones delictivas. Nadie más podría hacerlo pues la situación es inédita, sorpresiva, malintencionada, imprevista en la letra normativa, pero que obliga a reflexionar acerca de las responsabilidades de quienes ejercen la justicia. Está en juego el trámite de pensiones, el buen funcionamiento de las más de mil sedes sanitarias distribuidas por todo el país; el nombramiento de médicos, enfermeros, personal técnico y administrativo; la adquisición de bienes y servicios; la gestión operativa y presupuestaria; la atención de los miles de pacientes incluidos en las inhumanas listas de espera… ¡Eso y mucho más por culpa de un Poder Ejecutivo con ínfulas autoritarias!

Aunque me siento por lo menos incómodo al escribir esta respetuosa petición, pues siento que podría estar irrespetando a los que precisamente veo que están siendo vilipendiados, insto muy respetuosamente a los señores magistrados a fallar a favor de los millones de costarricenses que están viendo amenazado su erosionado bienestar, su relativa tranquilidad, su escurridiza paz.

Si el Poder Ejecutivo anuncia que no revisará siquiera su intolerable actitud rebelde, destructiva, la Sala IV podría sustentar una resolución en que, considerando los hechos conocidos, proceda a avalar el nombramiento de la representante Rocío Alfaro Molina, como miembro de la junta directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social, para evitar la amenaza de parálisis que se vislumbra a la vuelta de la esquina. Sería un homenaje al Dr. Calderón Guardia, a monseñor Sanabria y a don Manuel Mora, y a todos los que por 85 años han forjado esa insigne institución solidaria, ejemplo en el mundo.

7 de setiembre del 2026

UNDECA: Debilitar a la CCSS llevará al país a una catástrofe de salud pública

Comunicado

UNDECA condena enérgicamente la política presupuestaria que golpea nuevamente a la institucionalidad pública y los servicios esenciales que recibe el pueblo costarricense.

El proyecto de Presupuesto Nacional para 2027 plantea una reducción global de ¢393 mil millones, con recortes que alcanzan áreas sensibles como educación y seguridad, en medio de una guerra de pandillas ligadas al narcotráfico.

Resulta particularmente grave que, mientras se recortan recursos y se debilitan servicios públicos, el Estado continúe sin asumir plenamente sus obligaciones financieras con la Caja Costarricense de Seguro Social.

La CCSS enfrenta enormes necesidades de inversión, listas de espera y miles de personas que requieren atención oportuna. Cada colón que el Estado deja de pagarle a la Caja significa menos capacidad para fortalecer hospitales, contratar personal, adquirir medicamentos, reducir listas de espera y garantizar atención digna.

No basta con la multimillonaria deuda acumulada con la CCSS: tampoco se presupuestan adecuadamente las obligaciones que corresponden al gobierno de turno.

UNDECA denuncia que esta política da continuidad al ataque contra la Seguridad Social iniciado durante el gobierno de Rodrigo Chaves. Su influencia y línea política siguen presentes: recortar lo público, debilitar la institucionalidad y negar recursos a la CCSS. Las intenciones de debilitar y destruir a la Caja tendrán consecuencias gravísimas, de continuar por este camino, Costa Rica se encamina hacia una verdadera catástrofe de salud pública, con más deterioro de los servicios, mayores listas de espera y vidas humanas en riesgo.

Exigimos al Gobierno cumplir con sus obligaciones constitucionales y financieras.

¡La deuda con la Caja se paga!
¡La salud del pueblo no se recorta!
¡La CCSS se defiende!

UNDECA
72 años construyendo salud, dignidad y justicia social

Organizaciones exigen al gobierno acatar fallo de la Sala IV sobre representación sindical en la CCSS

Un comité promotor integrado por Mujeres por Costa Rica, La RED por Costa Rica y La Caja es Nuestra, junto con cientos de personas y organizaciones firmantes, presentó ante la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) un manifiesto y petición formal en defensa de la autonomía institucional y del respeto a la representación sindical legítimamente electa. El documento exige la juramentación inmediata de Rocío Alfaro Molina como representante propietaria del movimiento sindical ante la Junta Directiva —cuya designación fue anulada por el Consejo de Gobierno pese a haber sido ratificada por la Sala Constitucional mediante el voto n.° 2026-031380 del 13 de agosto de 2026— y el cese del nombramiento pro tempore de Roger Rivera Mora en ese mismo espacio.

SURCOS le invita a leer y compartir el documento que publicamos íntegro:

COMITÉ PROMOTOR DEL COMPROMISO POR LA DEFENSA Y FORTALECIMIENTO DE LA SALUD PÚBLICA Y LA CCSS

MANIFIESTO Y PETICIÓN FORMAL

Por el respeto a la autonomía de la CCSS y a la representación legítima del movimiento sindical

Señoras y señores

Junta Directiva

Caja Costarricense de Seguro Social

Presente

Asunto: Solicitud de respeto a la autonomía de la CCSS y a la representación sindical legítimamente elegida

Quien suscribe, Vera Victoria Sancho Mora, portadora de la cédula de identidad número 104111454, actuando como persona autorizada por el Comité Promotor del Compromiso por la Defensa y el Fortalecimiento de la Salud Pública y la Caja Costarricense de Seguro Social, conformado por Mujeres por Costa Rica, La RED por Costa Rica y La Caja es Nuestra, señala como medio para recibir notificaciones compromisoconlaccss@gmail.com y presenta formalmente ante esta Junta Directiva el siguiente manifiesto y petición, respaldados por las personas suscriptoras que se indican al final.

MANIFIESTO

Por el respeto a la autonomía de la CCSS y a la representación legítima del movimiento sindical

El Comité Promotor del Compromiso por la Defensa y el Fortalecimiento de la Salud Pública y la Caja Costarricense de Seguro Social, conformado por Mujeres por Costa Rica, La RED por Costa Rica y La Caja es Nuestra, con el apoyo de diversas organizaciones de la sociedad civil, manifiesta su profunda preocupación y su firme rechazo ante la actuación del Poder Ejecutivo respecto al nombramiento de la representación del movimiento sindical en la Junta Directiva de la CCSS.

La Caja Costarricense de Seguro Social es una institución autónoma, construida durante generaciones con el esfuerzo solidario de las y los costarricenses. Su Junta Directiva responde a un modelo de representación democrática en el que participan el Estado, el sector patronal y las personas trabajadoras. Esta integración no es una formalidad: constituye una garantía para que las decisiones sobre la seguridad social no queden concentradas en manos del gobierno de turno.

El 9 de junio de 2026, la Asamblea del Movimiento Sindical eligió a Rocío Alfaro Molina como representante propietaria y a Marta Rodríguez González como suplente, para el periodo 2026-2030. Sin embargo, el Consejo de Gobierno rechazó esa designación, a pesar de que el artículo 6 de la Ley Constitutiva de la CCSS establece que el Poder Ejecutivo no puede objetar los nombramientos efectuados por los sectores sindical y patronal.

La Sala Constitucional, mediante el voto n.° 2026-031380 del 13 de agosto de 2026, anuló por unanimidad el acuerdo del Consejo de Gobierno que rechazó el nombramiento de Rocío Alfaro. La resolución confirmó que el Poder Ejecutivo carecía de fundamento jurídico para desconocer la decisión adoptada por el movimiento sindical.

A pesar de ello, el gobierno nombró a Roger Rivera Mora como representante sindical pro tempore, y la Junta Directiva de la CCSS llegó a sesionar con su participación aun después de conocerse públicamente la resolución de la Sala Constitucional.

Lo ocurrido no puede considerarse un simple desacuerdo administrativo. Desconocer la elección realizada por el movimiento sindical, sustituirla por una persona nombrada temporalmente y prolongar esa situación después de una resolución constitucional constituye una grave injerencia en la representación legítima de las personas trabajadoras.

No corresponde al Poder Ejecutivo escoger cuál representación sindical le resulta conveniente. La persona que ocupa ese espacio debe ser elegida libremente por el sector al que representa.

La autonomía de la Caja se debilita cuando el gobierno pretende controlar o condicionar la integración de su máximo órgano de dirección. También se debilita cuando se desconocen las decisiones de los sectores representados y se retrasa el cumplimiento de las resoluciones de la Sala Constitucional.

PETICIONES

Por estas razones:

  1. Rechazamos cualquier intento del Poder Ejecutivo de intervenir en la elección de las representaciones sindicales ante la Junta Directiva de la CCSS.

  2. Exigimos el respeto a la decisión adoptada legítimamente por la Asamblea del Movimiento Sindical.

  3. Solicitamos la inmediata juramentación de Rocío Alfaro Molina como representante propietaria del movimiento sindical y el reconocimiento de Marta Rodríguez González como representante suplente para el periodo correspondiente.

  4. Demandamos que se deje sin efecto el nombramiento pro tempore realizado mientras exista una representación sindical legítimamente elegida.

  5. Exigimos el cumplimiento pleno y sin dilaciones de lo resuelto por la Sala Constitucional.

  6. Reafirmamos que la Ley Constitutiva, la autonomía y el modelo de representación democrática de la CCSS deben ser respetados por todo gobierno, independientemente de sus intereses o diferencias políticas.

Defender la autonomía de la Caja es defender la seguridad social, la democracia y el derecho de las personas trabajadoras a participar en las decisiones de una institución que pertenece a todo el pueblo costarricense.

La Junta Directiva de la CCSS toma decisiones que afectan la atención médica, las listas de espera, los medicamentos, las pensiones y la vida de millones de personas. Por eso, su integración no puede quedar sometida a la voluntad del Poder Ejecutivo.

Hacemos un llamado a las organizaciones sociales, sindicales, comunales, académicas y profesionales, así como a todas las personas comprometidas con la seguridad social, a pronunciarse ante estos hechos y a defender la autonomía de la Caja.

La Caja está en el corazón de Costa Rica. Su autonomía, su carácter público y su conducción democrática deben ser respetados y defendidos.

Por lo anterior, solicitamos a la Junta Directiva de la CCSS que tenga por presentado este manifiesto, lo incorpore al conocimiento del órgano colegiado y atienda las peticiones aquí formuladas.

San José, Costa Rica, martes 1 de setiembre del 2026.

____________________________________

Vera Victoria Sancho Mora

Cédula de identidad 104111454

Persona autorizada por el Comité Promotor

Medio para notificaciones: compromisoconlaccss@gmail.com

Las personas abajo firmantes suscribimos y respaldamos este manifiesto y hacemos un llamado a defender la autonomía de la CCSS, el respeto a su integración democrática y el derecho de cada sector a elegir libremente a sus representantes, sin injerencias indebidas del Poder Ejecutivo.

Nombre Organización

Virginia Ramírez Cascante

Mujeres por Costa Rica

Eugenia Solís Umaña

Mujeres Por Costa Rica

Ana Isabel Chacón Mora

Observatorio GEMA

Sady Morales Zapata

 

Guillermo Vargas Solís

 

Patricia Salgado

La Caja es Nuestra (LCEN)

Francisca Raventos Vorst

 

Lena Mora Ordóñez

 

Laura Gómez Vasquez

 

Julia Vargas

 

María Cecilia Romero Aguero

 

Flor de María Monge Arroyo

RECOMM

Asdrúbal Duarte Esquivel

AJA

Christian Barrantes Herrera

SINASSASS

Mirna Infante Céspedes

 

María Flor Abarca Alpízar

Red feminista contra la violencia hacia las mujeres en CR

Carmen Brenes Sáenz

Parlamento Cívico Ambuental

Ana María Botey Sobrado

Mujeres por Costa Rica

Guiomar del Rocío Martín Tedman

 

Paula Cordoba Zumbado

 

María Catarina Goldoni Ruíz

 

Lilliana Zeledon Cambronero

La Caja es Nuestra

Hannia Franceschi Barraza

 

Ana María Trejos Trejos

Red feminista contra la violencia hacia las mujeres

Sandra Isabel Jara Castro

 

Juan Carlos Cruz Barrientos

Independiente

Isabel Elizondo

 

Lucrecia Leiton Arias

La Caja es Nuestra

Abelardo Morales Gamboa

 

Yolanda Rojas Rodríguez

Colectivo Mujeres por Costa Rica

Eugenio Chinchilla Miranda

 

Margarita Villalobos

 

Ivonne Durán Orozco

 

Marco Vinicio Fournier Facio

Red Naciomal por la Democracia

Nora Montero Quirós

 

Alejandra Marín Herrera

 

Jorge VINDAS

AFUP

Ana Chacón Mora

Observatorio GEMA

Roxana Vaglio Rivas

 

Adina Castro García

Unión Nacional de Trabajadores

Diana Fuster Baraona

 

Isabel Ducca Duran

 

Lízbeth Solano Alpízar

UTN y ASOINAMU

Herbert Chaves Sánchez

 

Janet Carrillo

 

Gerardo Cruz Zuchini

 

Marlene Rojas Valverde

 

Marta María Hernández Mendoza

CIUDADANA COMPROMETIDA.

Sandra Chacón Jiménez

Sindicato de Administradores y afines CCSS

Mar Fernanda Schifani García

 

Lorena Mora Rodríguez

 

Damaris Rodríguez Lara

Asociación rescate de la Zona Marítima Terrestre.

Albert Espinoza Sánchez

 

Gustavo Araya Martínez

 

Silvia Vindas García

 

Luís Fernando Mayorga Acuña

 

Isabella López Campos

 

Lucia Chaves

 

María Elena López

La Caja es Nuestra

Saray Elena Loáiciga Brenes

Universidad Nacional

Anabelle Aguilar Brealey

 

Jessica Succar

 

María Enriqueta Guardia Yglesias

 

Andrea Montero Váysque

 

Elizabeth Garbanzo Huertas

 

Kathia Ortega Borloz

 

Ana Virginia Granados Rojas

 

Andrea Sagastuy

 

Elizabeth Barrantes Garita

 

Emilia Mora

 

Karol Segura Obando

UNDECA

Denis Angulo Alguera

Partido Acción Ciudadana

Neddy Zamora

 

Denis José Angulo Alguera

Partido Acción Ciudadana

Evelyn Silva

La Caja es Nuestra

Carmen Carro Barrantes

Junta de Salud Carmen/Montes de Oca

Amelia Castells Solis

 

Priscilla García

 

Cristian Brenes P

 

Rebeca Brenes Roldán

 

Ana Hernández

 

Paula Isabel Salas Salinas

La Caja es Nuestra

Sonia Montero Díaz

CFIA

Alberto Salas Salinas

Frente Amplio

Luis Guillermo Fernández Valverde

 

Norma Guzmán Torres

 

Marcela Eduarte Rodríguez

 

Camille Haylock Facetti

 

Aleida Devandas Aguilar

Frente Amplio

Ana Patricia Sánchez Calvo

 

Marta Arroyo

Frente de Lucha por Nuevo Hospital de Cartago

Johanna María Méndez Trejos

 

María Eugenia Quirós Gamboa

Oficina de la Mujer

Virginia Borloz Soto

 

Priscilla Gutiérrez Castillo

 

Michelle Midence Araya

 

Socorro Vargas Araya

 

Mario Villalobos Arias

Centro de Amigos para la Paz

Carmen Ma Chacón Mora

 

María Lorena Molina M

 

Mario Céspedes Avalos

La Caja es Nuestra

Ana Lorena Camacho De la O

Colectiva Acción Feminista

Pablo Zúñiga Morales

 

Sagrario Agüero Badilla

FRENASS

Nubia María Cabrera Chaves

ANDE- COLYPRO- SINAPRO.

Kattia Isabel Castro Flores

 

Emilia Molina Cruz

 

Alicia Avendaño

Junta de salud de Hospital Nacional de Gereatria

Marta Iris Muñoz Cascante

SITRAJUD

Leda Sánchez Vindas

 

María Angelina Pérez Gutiérrez

 

Dr. Santiago Chaves Aguilar

Universidad de Costa Rica

Isabel Avendaño

 

Eugenia Salazar

 

Kinndle Blanco Peña

 

Edgar Miranda Molina

 

Ivette Guier Serrano

 

Roxana Rojas Campos

Asociación Desarrollo Integral Las Magnolias, Goicoechea

Shirley Unfried Acevedo

 

Gloria Salas Hernández

 

Habib Succar Guzmán

 

Rosanna Velit Suárez

 

Isabel Sánchez Cordero

 

Henry Mora Jiménez

 

Álvaro González V

Frente Amplio

Ana Elena Badilla Gómez

 

Rodrigo Jiménez

 

Zaida Camacho Aguilar

 

Diana Mora

 

Edwin Mora

 

Rosario Sánchez Barquero.

 

Alicia Cascante Mora

 

Georgina Hidalgo Rojas

Junta de Salud

Amalia Vargas Rojas

ANDE

Randall Cabrera Garita

Unión Médica Nacional

Luz María Elizondo Fallas

 

Sara Núñez Mata

 

Mary Alice Mora Jiménez

 

Patricia Barboza

 

Rosa Ramírez González

 

Sebastián Pérez Carmona

 

Mauricio M. Méndez Vega

 

Rafael Rivas Ducca

Frente Amplio Goicoechea.

William Castillo Elizondo

 

Irene Ulloa Golcher

 

Sergio Ortíz Pérez

ACOTEL

María Mora Moya

 

Amari López Lackwood

 

Teodora Tsijli

 

Melania Monge Rodríguez

Mujeres por Costa Rica

Rafaela Varela

 

Cintya Romano Dorado

 

Rosa María Mata Mora

Junta de Salud

Indira Jara Piedra

 

Gerardo Arias Elizondo

 

María Antonieta López Gómez

 

David Zúñiga Rodríguez

Junta de salud Carmen Montes de Oca. Unión médica nacional

Sergio Reuben-Soto

Pensionados en Acción

Jorge Cordero Rodríguez

 

Teresita Ramellini Centella

 

Nora

Colegio de Trabajadores Sociales

Elizabeth Gutiérrez

 

Anargeri Solano Siles

 

Mercedes Solano Rivas

 

Olga Castro Vargas

Junta de Salud Zapote Catedral

José Manuel Cerdas Albertazzi

 

Rodolfo Acosta Campos

 

Grace Redondo Vargas

 

Trilce Altamirano

 

Raúl Sánchez Alfaro

 

Miriam Sandí Murcia

 

Mary Mora Jiménez

 

Ligia Arias Alegría

 

Ana Lorena Jiménez Rivera

 

Katty León Obando

Consejo del distrito de Birrisito concejal

Hilda Gamboa Haeberle

 

Marjorie Smith Venegas

 

Gustavo Chen Quesada

S de Trabajadores y Trabajadoras del Poder Judicial (SITRAJUD)

Roxana Madrigal

 

Yamileth Achong Ching

 

Alberto Gómez Vargas

 

Carolina Leitón Rodríguez

 

Baudilio Mora Mora

 

Mario Leon Barth

 

Efraín ARTAVIA LORIA

 

Nydia Amador Brenes

Colegio de Médicos y Cirujanos

Gloria Navas

Defensa de la Democracia!!

Patricia Allen Flores

 

Sonia Sandi Zuñiga

SITRAJUD

Elías Jaén López

SITRAJUD Sindicato de trabajadores Judiciales

Teresita Arrieta Araya

 

Aura Hernández Rojas

 

Edgar Vargas Alfaro

 

Miguel. Cespedes Araya

Asoc de Desarrollo Integral. Barrio el. Bosque. Oreamuno

María del Rocio Hernández Moya

 

Luana María González Ibarra

 

Emiliano Céspedes Villalobos

 

José Pablo Chacón Fernández

 

Kattia Barquero Rojas

COOPETRAVEN R. L

Jorge Chaves Villalobos

 

Giohana Ibarra Salas

 

Luis José López Miranda

 

Yolanda Chaves Chaves

 

Rosa Brenes Roldan

Aliaxis Latinoamérica

Marjorie Monge Muñoz

 

Ana Moreira

 

Carlos Jaime Gutiérrez Trejos

ADIMAPLA

Yanderel Méndez Carvajal

 

Iarara Cruz Santos

SEC

Luis Guillermo Vargas Solis

 

Darcy Araya Solano

 

Anastasia Solano Sáenz

 

Argery Sánchez Hdez

 

Diana Masís Porras

 

Giancarlo Mathieu Jiménez

 

Vera Laura Rodríguez Fernández

 

Albin Chaves Matamoros

La Red por CR

María Ureña Gutiérrez

SEC, ANDE

Silvia Matamoros

 

Isidro Boniche Quiros

 

Patricia Francesa Blanco

SOCIPROT IVM

Pilar Vargas Ramírez

 

Adriana Jiménez Castro

ANPE

Luis Felipe Arauz Cavallini

 

Erick Sojo Marín

Radio Zurquí

Lucia Rescia

 

Yanira Solís Montero

ANDE Sindicato

Yamileth Duarte Esquivel

Seguimiento del Compromiso

Astrid Noffal Tassara

 

Paolo Duarte Sancho

 

Harold Hidalgo Umaña

SITRAS

Franklin Quesada Campos

Sindicato Salud y Seguridad Social

Fanny Calderón Contreras

 

Evelyn Flores Aguilar

Sindicato de la Salud y la Seguridad Social SISSS

María Trejos Montero

MTC

Édison Valverde Araya

Comunidad Buen Vivir

Isabel Avendaño-Flores

Facultad de Ciencias Sociales UCR

Jeyner Aguilar Bermúdez

Grupo sol P. Z.

Roslyn Badilla Sánchez

 

Sandra Cartin Herrera

Colectivo Mujeres por Costa Rica

Ángelo Monge Montero

Fundación Nomada Costa Rica

Emmanuel Buitrago Páez

Frente Nacional de Pueblos Indígenas FRENAPI

Oscar Beita Quesada

Movimiento Ríos Vivos

ANDRÉS CASTILLO SABORÍO

 

Lilliana Sánchez Bolaños

RENASES

Félix López Zambrana

Asociación de Comunidades Unidas para la salud Guácimo

Maria Eugenia Villagra Jiménez

 

Patricia Carballo Villagra

 

Sergio Benach Carro

 

Edouardo Olmos Campos

 

Yadira Morales Chaves

 

Patricia Cordero Vargas

 

Ana Isabel Mora Vargas

 

Sary Montero

La Caja es nuestra

Alberto Salazar Rivera

 

Alejandra Cecilia López Siu

 

Alvaro Madrigal Arroyo

Movimiento Asambleas Populares

Carolina Somarribas Dormond

Asociación de Profesionales de la UNED (UNEDPRO)

José Ramírez Aguilar

Rompiendo Fronteras Costa Rica

Mercedes Arguedas Molina

 

Rafael Eduardo López Alfaro

Alianza por la defensa de la salud de Barva

Jerlyn Villegas Herrera

 

Gael Bejarano Villegas

 

Andrés Quiros Villegas

 

Luis Alberto Conejo Salas

 

Isabel Zúñiga Narváez

 

Liliana Chavarría Valerio

 

Anacristina Rossi

Frente Amplio

Mauricio Zeledón Leal

Sindicato Patriótico de la Educación 7 de Agosto

Andrea Álvarez Marín

PLN

Patricia González Ballar

 

David Ceciliano Chacón

 

Sharo Rosales Arce

Observatorio Medios de comunicación y género

Olman Bolaños Vargas

 

Ana María Méndez Villalobos

 

Ana María Arenas Romero

 

Leda Barquero

 

Yamileth González García

Colectivo Mujeres por Costa Rica

Jorge Manuel Moya Montero

Asociación Funcionarios Universitarios Pensionados

Neddy Zamora chacón

 

Luisa Yanory Moreira Jiménez

 

Ana Chacón

Observatorio de Género y Medios GEMA

Alexander Castillo Monge

Junta de Salud Área San Sebastián-Paso Ancho

Leda Patricia Montoya Calderón

 

Dulce Maria Guzman

La Caja es nuestra

Luis Carlos Bonilla Soto

 

Julia Henríquez

Julia Henríquez

María José Chaves Groh

CEFEMINA

José González Villalobos

ADIPA

Silvia Mora Quirós

Antes del ICE

Vínyela Devandas Brenes

FRENASS, La Caja es Nuestra

Ana Rosa Ruiz Faernández

 

María Treguear Lemo

 

Emma Zuñiga Valverde

 

Marcia Baraona

 

Adriana Laclé

 

Jesús Monge Chinchilla

 

Margarita Brenes Molina

Colectiva Autónoma por la resistencia social

Ana Luisa Cerdas Albertazzi

Junta de Salud de Santa Ana

Jiddu Rojas Jiménez

Encuentro Democrático

Ana Lucía Sanabria Jiménez

Sindicato de Trabajadores de la Salud SITRAS

Norma Hernández Ernst

 

Maria Elena Naranjo Leon

Sitras

Sonia Ulate Fallas

Partido Vanguardia Popular y Frente de lucha por el HMP

Luis Jonathan Fonseca Valerio

SIACCSS

Saúl Calderón Ramírez

 

Beatriz Castro Zúñiga

Agenda Cantonal de Mujeres Desamparadeñas

Karla Picado Granados

 

Andrés González Zamora

 

Nelson Espinoza Rodriguez

SITRAS

Ricardo Solano Madrigal

SINTAF

Simón Álvarez Viquez

SINTAF

Albertina Alfaro Chinchilla

REMISOD

Albino Aparicio Castro

SITRAS

Rebeca Vásquez Vargas

SINTAF

Ana Lucía Fonseca Ramírez

 

Amable Corrales Valverde

 

Adrián Quijano Centeno

Sintaf

Marta Arroyo Bonilla

Frente de Lucha proconstrucción Hospital Max Peralta.

Sonia Solís Umaña

 

Milagro Solis

Partido Pueblo Unido

Nidia Rivera González

 

Juan Carlos Bermúdez Barboza

Buen Vivir CR

Flory Isabel Meza Calvo

 

Magda Solis Alpízar

 

Ibux Sánchez Villalobos

 

Ana Lorena Marín González

ANDE

Ronulfo Morera Vargas

Buen Vivir-Costa Rica

Luis Paulino Vargas Solís

 

Roberto Cubillo Quesada

 

Ángel Ocampo Álvarez

Universidad de Costa Rica

Mayra Elena Rojas Alfaro

 

Ana Clemencia Araya Blanco

Junta de salud de Pital

Mayela Pérez Rodríguez

 

Marta Eugenia Picado Mesén

 

Fabio Enrique Delgado Hernández

Secretario director Colegio Abogad@s CR.

Marcos Chinchilla Montes

 

LILIANA MONGE SANCHEZ

UCR

MARTA CÉSPEDES SALAS

Junta de Salud

Julio Franceschi Castillo

 

Luis Roberto Zeledón Arias

ANEP

Elizabeth Murillo Ortega

 

Alejandra Franceschi Rojas

 

Seidy Salas Víquez

 

Rosa María Arce Madrigal

ANDE

Dania Fernández Sandí

ANDE PENSIONADOS

Ana Elena Arce Madrigal

 

Carolina Soto

Red de solidaridad con Palestina

Grettel Balmaceda García

 

Madeline Kiser

 

Elizabeth Del Río Rodríguez

SINTAF

María Mesén

 

José Gabriel Rivas Ducca

 

Manuel Jiménez Rodríguez

 

Zaida Camacho Aguilar

 

Lorena Marín Camacho

 

Luis A. Monge Arrieta

 

Pedro Salguero

 

Atisbos neofascistas en la institucionalidad costarricense

Marielos Aguilar Hernández
Historiadora

Marielos Aguilar Hernández

La suspensión del gerente financiero de la CCSS, don Gustavo Picado, debido a su honesta aclaración emitida, en el sentido de que esa institución no está económicamente “quebrada” como lo ha reiterado el presidente de facto Rodrigo Chaves, es un hecho muy grave.

Este fenómeno tiene múltiples causas, no obstante, también ha sido posible porque los dos últimos gobiernos chavistas encontraron bien instalado el andamiaje más reaccionario que podamos imaginar en nuestro país desde 1948.

Tengamos consciencia histórica, el andamiaje de estos abusos lo terminó de construir la administración de Carlos Alvarado: a) la reforma fiscal y el congelamiento de los salarios del sector público (2018) y, b) la declaración de ilegalidad de la huelga en el sector público (2019).

Hoy día, suspender, o despedir, a los empleados públicos incómodos para el gobierno de extrema derecha que nos rige, solo es un asunto de trámite. El «Código de Trabajo» costarricense, producto de centenarias luchas de reivindicación laboral y social, está quedando olvidado en los más recónditos anaqueles de nuestra rica historia de luchas sociales.

¡Pero ahí están aún las organizaciones sindicales de la Caja! Médicos, trabajadores de enfermería, empleados todos de nuestra insigne CCSS, saquen fuerzas por favor, ayúdennos a recuperar la autonomía institucional de esta benemérita institución.

Ese llamado se hace extensivo a todo el movimiento sindical nacional. Esta es una hora para escribir nuevas páginas de lucha y gloria para la democracia social costarricense.

Escribo estas líneas, convencida de haber sido testigo de excepción de los esfuerzos nacionales por convertir a Costa Rica en una sociedad justa, honesta, respetuosa y plural. Diversas fuentes políticas e ideológicas aportaron en la construcción de ese sendero de optimismo. Somo producto de esa diversidad.

El arribo de un movimiento de inspiración neofascista, cuya nefasta bandera hoy la levanta con gran desparpajo la presidenta Laura Fernández, no nos puede dejar indiferentes.

Como lo hicieron hace un siglo la mayoría de los sectores democráticos de diversos continentes frente al fascismo, encarnado en figuras tristemente célebres como Adolfo Hitler, alemán, Bennito Musolini, italiano, y Francisno Franco, español, la ciudadanía costarricense también debe de reivindicar con energía todos los derechos sociales, políticos y culturales que nos quieren arrebatar.

Tengamos clara otra cosa. El fascismo del siglo XXI se viste con nuevos ropajes, pero en esencia, conlleva el mismo odio por el modelo democrático, la diversidad de pensamiento, el desprecio por la división de poderes, el menosprecio por el sistema de pesos y contrapesos y la subestimación por la formación cívica en democracia para las nuevas generaciones.

Ese odio ya lo experimentan, día a día, las universidades públicas, encargadas de la formación de consciencias críticas, los colegios profesionales que anteponen el compromiso ético en el desempeño de los profesionales en medicina, derecho, ingeniería, educación, etc. Y, por supuesto, los medios de comunicación que no comulgan con las restricciones ideológicas que impone la línea autoritaria de gobierno.

¡Nubarrones muy negros opacan el futuro de las nuevas generaciones! Pero estamos a tiempo, la organización por sectores puede ser el primer paso para contener el avance autoritario: estudiantes, sindicatos, comunidades rurales y urbanas, y otros sectores de la sociedad civil puede ser la mejor respuesta. ¡Qué el miedo no nos paralice!

100 días de Laura Fernández: ¿Gestión Pública, Espejismo populista o Campaña Permanente?

Por: JoseSo | Entre Verdades y Opiniones | Para: SURCOS

En política, los primeros cien días de una administración funcionan como el escaparate que define la ruta y el tono del cuatrienio. El reciente balance presentado por la presidenta Laura Virginia Fernández Delgado desde Zapote prometía ser un corte de caja de gestión ejecutiva, pero terminó convirtiéndose en un guion continuista donde la confrontación institucional sigue siendo la verdadera protagonista de la agenda nacional.

El anuncio del nuevo paquete de proyectos de ley es, en el fondo, un déjà vu. Si bien incluye iniciativas de corte económico y social, el plato fuerte de la narrativa vuelve a ser el intento de limitar las competencias de la Contraloría General de la República. Insistir en reciclar el espíritu de la fallida “Ley Jaguar” —cuyas pretensiones de alterar el control preventivo ya fueron frenadas por la Sala Constitucional— plantea una interrogante ineludible: ¿estamos ante un esfuerzo técnico genuino por hacer más ágil el aparato estatal, o ante la construcción de una coartada política para que el Congreso rechace los textos y poder mantener vivo el discurso del bloqueo?

Sin embargo, el punto más crítico de este informe, analizado desde el rigor de la administración pública, es el anuncio de “100 obras concretas en 100 días”. Apropiarse de megaproyectos como el nuevo Hospital Max Peralta de Cartago, el Hospital Tony Facio de Limón o la Punta Sur de la carretera a San Carlos como logros de la actual administración —o de su predecesora chavista— es un espejismo comunicacional, para su base dura.

Estos son proyectos estructurales de instituciones como la CCSS y el MOPT, que llevan décadas de maduración, diseños y estudios técnicos heredados de gobiernos anteriores. En la gestión pública hay que ser precisos: mezclar intenciones con realidades es un error. Un proyecto en papel, que aún busca financiamiento o está entrampado en apelaciones de adjudicación, no es una obra terminada. Vender el avance de un trámite burocrático de transición como si ya se estuviera cortando la cinta inaugural es un artificio publicitario que subestima al ciudadano.

La cereza del pastel de este evento la puso el hoy ministro de la Presidencia, Rodrigo Chaves. En un intento por marcar una superioridad moral frente a la oposición, Chaves afirmó con vehemencia que en el oficialismo no piensan como “los de la acera del frente” que viven calculando las próximas elecciones, sino que ellos piensan en “las próximas generaciones”. Una frase profunda y de antología, si no fuera porque segundos después, en ese mismo micrófono y casi sin respirar, apeló al más puro cálculo electoral: le pidió al pueblo que notara la diferencia para que en los próximos comicios les den “31, 40 o 45 diputados”.

Esa monumental disonancia en el discurso confirma el diagnóstico que hoy hacen diversos sectores independientes: este Gobierno no ha logrado salir del modo de campaña permanente. Se sigue operando desde la lógica del choque y el titular, midiendo fuerzas para la próxima contienda en lugar de consolidar puentes para gobernar hoy, y anunciar que lograron encontrar tela anaranjada para uniformes penales o quitar tomacorrientes y los hornos de microondas en Cárceles no ayudan para nada.

El capital político de ¿la mandataria? Fernández sigue siendo considerable gracias a su contundente victoria en las urnas, pero la luna de miel de los cien días ya expiró. El reloj no perdona, y la paciencia ciudadana frente a urgencias como el embate del narcotráfico, el costo de vida y las listas de espera de la CCSS, tiene un límite. A partir de ahora, queda en el Ejecutivo demostrar si este mandato se traducirá en la ejecución real de políticas públicas, o si nos mantendremos atrapados en un círculo interminable de verdades a medias y opiniones polarizadas.