El 08 de noviembre de 2012 cuerpos policiales reprendieron de forma violenta una protesta que se daba en defensa de la seguridad social. Las y los involucrados fueron sometidos a juicio este 5 de abril.
¡Los cinco compañeros, que están siendo criminalizados y sus abogados por protestar en defensa de la seguridad social, en juicio!
Enviado a SURCOS por Alejandro García Valerio.
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El 08 de noviembre del 2012 cuerpos policiales reprendieron de forma violenta una protesta que se daba en defensa de la seguridad social. Ahora los involucrados serán sometidos a juicio del 3 al 6 de abril del presente año.
Por este motivo, se estarán realizando reuniones todos los días en el Centro de Amigos para la Paz.
Para más informes, ingrese en la página de Facebook: Colectivo Derecho a la Protesta Social.
Por otra parte, la Asociación Costarricense de Derechos Humanos, ACODEHU, también se manifestó al respecto y emitió un comunicado donde expresa que: “La ACODEHU, condena la criminalización de la Protesta Social y denunciamos la tendencia del Ministerio Público y del Poder Judicial, ante el hecho de enjuiciar a luchadores sociales, que han venido participando en marchas pacíficas, que el movimiento social ha realizado en defensa de los Derechos Humanos y las conquistas sociales como la salud, la educación, el empleo público entre otras”.
Adjuntamos los comunicados enviados por ACODEHU para que quien así lo desee, los pueda circular entre sus contactos.
Enviado a SURCOS por Alejandro García Valerio.
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Entre lunes 3 y jueves 6 de abril se realizará la audiencia de juicio del proceso penal contra cinco personas que participaron en dicha manifestación: Luz Marita Arce Soto y Luis Diego Retana Solano; quienes eran estudiantes universitarios en el momento en el que ocurrieron los hechos; Adrián Jaén España, profesor universitario y miembro del Partico Revolucionario de las y los Trabajadores; Denis Solís Cruz, profesor de educación secundaria y miembro de la Asociación Nacional de Segunda Enseñanza (APSE) y Mario Alb. Villalobos Arias, profesor universitario, miembro del Sindicato de Empleados Universidad de Costa Rica (SINDEU), de la Asociación Costarricense de Derechos Humanos y del Centro de Amigos para la Paz.
El 08 de noviembre de 2012 cientos de personas de distintas comunidades de Guanacaste y de Occidente del Valle Central en Costa Rica, junto con diversas organizaciones y activistas costarricenses preocupadas y preocupados por el futuro de la seguridad social en este país, se movilizaron para exigir que se detuviera los recortes en los servicios de salud en sus comunidades.
La democracia contemporánea se ha mostrado incapaz de resolver las demandas de la sociedad civil y particularmente de los sectores más vulnerables debido a la primicia de los intereses de las grandes corporaciones sobre los bienes comunes y los derechos sociales. Ante ello, el derecho a cuestionar el derecho se vuelve ineludible. Cuando el Estado ejerce represión entre actores y movimientos sociales que cuestionan el derecho, acomete dos actos de violencia: por un lado desatiende las problemáticas denunciadas por la protesta social y por otro lado criminaliza, encarcela, desaparece y enjuicia a las voces más críticas de la sociedad.
Colectivo Derecho a la Protesta.
Enviado a SURCOS por Rafael López Alfaro.
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Comunicado de Prensa
Con el propósito de especializarse en una de las 57 disciplinas que ofrece el Programa de Posgrado en Especialidades Médicas de la Universidad de Costa Rica (UCR), 181 médicos generales comenzaron una nueva etapa de preparación académica que le permitirá al país incrementar la cantidad de especialistas necesarios para afrontar los desafíos presentes en la salud pública nacional.
En los últimos cinco años este Programa de Posgrado, que tiene más de cuatro décadas en la formación de expertos, ha graduado un total de 1 075 profesionales que se han integrado al sistema de salud. Esto ha dado la posibilidad de fortalecer las áreas clínicas de mayor demanda y reforzar la atención hospitalaria en el país.
Ahora los nuevos alumnos provenientes de la Escuela de Medicina de la UCR y de instituciones privadas, serán parte de una nueva etapa de formación donde aprenderán nuevos conocimientos, técnicas quirúrgicas y métodos actualizados de diagnóstico en diversas áreas médicas.
Para ingresar, los estudiantes debieron pasar por un riguroso proceso de selección que llevó dos pasos. La primera etapa consistió en un examen de selección de 150 preguntas, elaboradas con el objetivo de evaluar los conocimientos en medicina general.
Quienes lograron aprobar con éxito esa primera fase, posteriormente debieron efectuar una segunda etapa de exámenes orales y escritos de ingreso por cada especialidad, así como la presentación del curriculum donde se contemplaron sus méritos y publicaciones en el puntaje final.
Al día de hoy, el Posgrado de Especialidades Médicas de la UCR es el que cuenta con la mayor población estudiantil activa en este grado académico a nivel nacional, cercano a los 850 estudiantes, además de un cuerpo docente de 1.300 profesores entrenados dentro y fuera del país.
El 95% de los profesionales en especialidades médicas que posee Costa Rica ha sido formado por el trabajo conjunto entra la UCR y la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).
De acuerdo con Pastor, mediante el esfuerzo de ambas instituciones públicas se ha logrado un aporte promedio de 200 profesionales por año, destinados a atender las necesidades propias de la CCSS, así como de centros públicos y de medicina privada.
A raíz de esa colaboración mutua, el Posgrado realizó una segunda convocatoria para la segunda etapa, es decir, la de ingreso a la especialidad, además de un concurso extraordinario, a fin de llenar las plazas adicionales que necesita la CCSS para ampliar la atención a pacientes y agilizar las listas de espera en los sectores de mayor demanda.
Como parte de su compromiso con la calidad y la excelencia académica, las especialidades también iniciaron un proceso de mejora continua.
Esto le permitirá a los alumnos obtener nuevas herramientas técnicas y abordajes de estudio, orientadas a formar profesionales acordes a la realidad epidemiológica de Costa Rica.
Hasta el momento, el Posgrado de Ginecología y Obstetricia de la UCR ha sido el primero en alcanzar la acreditación internacional por parte del Colegio Americano de Ginecología y Obstetrica de los Estados Unidos (ACOG).
Se espera que pronto el resto de los posgrados también consigan respaldar su excelencia bajo estándares internacionales. Para lograrlo, seis especialidades ya comenzaron su proceso de certificación ante el Sistema Nacional de Acreditación (SINAES), con la colaboración de la Unidad de Evaluación del SEP.
Periodista Jenniffer Jiménez Córdoba
Oficina de Divulgación e Información de la Universidad de Costa Rica
Teléfono: 2511-1232 Celular: 8635-3583
Enviado a SURCOS por Lic Otto Salas Murillo, Periodista Oficina de Divulgación e Información, UCR.
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En un foro abierto al público que se realizó el pasado miércoles 25 de enero se analizaron los alcances del estudio actuarial sobre el régimen de pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) efectuado por la Universidad de Costa Rica (UCR).
La actividad tuvo lugar en el auditorio de la Facultad de Educación de la UCR, en San Pedro de Montes de Oca, y fue organizada por la Rectoría y la Escuela de Matemática de esta institución.
De acuerdo con la directora de la Escuela de Matemática, Orietta Protti, el objetivo del foro fue informar a la comunidad nacional acerca del contenido y los resultados del estudio sobre el régimen de pensiones de la Caja, un tema que ha despertado mucho interés en la opinión pública, la prensa, los círculos políticos y la ciudadanía en general.
En el foro participaron como expositores los investigadores Rodrigo Arias López, Luis Barboza Chinchilla y Alexander Ramírez González, actuarios de la Escuela de Matemática y responsables del estudio.
El foro estuvo abierto a todas las personas interesadas en conocer sobre el tema.
El estudio actuarial del IVM fue realizado por la UCR a raíz de un compromiso adquirido con la CCSS. En aras de la transparencia, esta universidad hizo del conocimiento público el informe final de este estudio, pero debido a su alta complejidad técnica puede inducir a errores de interpretación, por lo que es necesario hacer algunas puntualizaciones, afirmó el rector Henning Jensen.
Periodista Patricia Blanco
Imagen tomada de www.ucr.ac.cr
Enviado a SURCOS por Lic. Otto Salas Murillo, Periodista Oficina de Divulgación e Información, UCR.
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El ciudadano Luis Alberto Guzmán Leiva, propone mediante un correo enviado a SURCOS, obligar a la Junta Directiva de la C.C.S.S. a que autorice el pago por comisión a los Inspectores de la Caja.
“Les propongo que sea un 10% del dinero que ingresen a las arcas de la Institución, yo les aseguro que los Inspectores buscarán ingresar los mayores montos de los patronos morosos.
Ejemplo, si un patrón tiene una morosidad de quinientos millones de colones el Inspector que logre realizar dicho ingreso, recibirá cincuenta millones de colones de comisión.
Con el pago de comisiones el Inspector buscará elevar el monto de recaudación” manifestó Guzmán en el comunicado.
*Imagen con fines ilustrativos tomada de http://costarica3d.blogspot.com
Enviado a SURCOS por Luis Alberto Guzmán Leiva.
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La Asociación Deportiva Filial Club de Fútbol de la Universidad de Costa Rica es una entidad privada establecida en el marco de la ley No. 218 denominada Ley de Asociaciones y la ley 7800 llamada Ley de Creación del Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación.
En consecuencia el Club es un ente privado que como tal puede darse su propia organización y administrar sus recursos en forma autónoma e independiente, y es el responsable de su gestión administrativa, deportiva y financiera, incluido el pago de los salarios de sus jugadores.
La relación de la Universidad de Costa Rica con la Asociación Deportiva Filial Club de Fútbol se rige actualmente por un convenio de cooperación firmado el 27 de febrero de 2014, que en su cláusula segunda inciso b. indica que la Universidad hará un aporte presupuestario que será acordado y definido con base en un plan operativo anual.
El convenio, en su cláusula tercera, inciso g., define que el Club de Fútbol establecerá los controles y supervisión necesarios acorde con los principios administrativos, para que los fondos que gira la Universidad, se administren atendiendo las sanas normas de ejecución, lo cual incluye la contratación anual de una auditoría externa cuyos resultados deberán ser incluidos en los informes.
Los estados financieros auditados correspondientes al periodo del 1 de junio 2015 al 31 de mayo 2016, con fecha límite de presentación al 31 de agosto de 2016, fueron recibidos hasta el 8 de noviembre. Los resultados de los mismos señalan una serie de aspectos de gran debilidad y carencias en el registro, respaldo documental de comprobantes de gastos, y niveles insuficientes de control sobre la operación, evidenciando un inadecuado ambiente en materia de control interno. Asimismo evidencian, una situación de morosidad con la Caja Costarricense de Seguro Social.
No obstante que en oficio CFUCR-029-2017 el Club de Fútbol informó a la Rectoría que se habían emprendido algunas acciones para corregir las deficiencias señaladas por los informes de auditoría externa, persisten situaciones que impiden acoger su solicitud de girar el presupuesto definido el año anterior como aporte de la Universidad. Entre ellos se echa de menos el establecimiento de procedimientos para determinar los responsables de que la Asociación Deportiva Filial Club de Fútbol se encuentre en estado de quiebra técnica, sobre la pérdida de libros y de registros contables.
Por las razones antes descritas, y en acatamiento a lo dispuesto por el marco normativo nacional e institucional, la Universidad de Costa Rica se encuentra legalmente imposibilitada para autorizar el giro de recursos adicionales a la Asociación Deportiva Filial Club de Fútbol de la Universidad de Costa Rica.
Henning Jensen Pennington
Rector UCR
*Imagen con fines ilustrativos tomada de informativou.wordpress.com
Enviado a SURCOS por Lic. Otto Salas Murillo, Periodista Oficina de Comunicación e Información, UCR.
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Esta mañana, el Bloque Unitario Sindical y Social Costarricense (BUSSCO) presentó un recurso de reconsideración y nulidad del reciente acuerdo tomado por la Junta Directiva de la CCSS, sobre el aumento de un punto porcentual en la cuota obrera del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte.
Luis Chavarría representante del BUSSCO y Secretario General de UNDECA, exige a través de este recurso a la Presidencia Ejecutiva de la CCSS, que dicho acuerdo sea revocado o anulado, por carecer de legitimidad, debido a la omisión de consulta previa con representantes de los sectores afectados. Los representantes del BUSSCO consideran que el acuerdo lesiona gravemente a la clase trabajadora de este país.
“La Junta Directiva omitió la consulta pública, cuya omisión vicia de nulidad absoluta ese acto, porque carece de uno de sus elementos esenciales, de carácter procedimental, que además, afecta la validez y legitimidad de ese acuerdo. Resulta evidente que este órgano colegiado obedeció a los intereses de este sector empresarial y corporativo a cuyos intereses se plegó este acuerdo; por lo que resulta totalmente espurio y contrario al interés público”, dice en el documento presentando por el Bloque ante la Presidencia Ejecutiva de la CCSS.
El recurso hace hincapié en que el acuerdo tomado carece de razonabilidad y justificación técnica; ya que no existe ningún motivo válido, legítimo ni técnico que sustente que ese aumento se haya cargado únicamente a la clase trabajadora.
Es por esa razón que el BUSSCO condena y cataloga el acuerdo como un obstáculo para el diálogo y un acto viciado de nulidad absoluta; y por lo tanto, un acuerdo sin efecto jurídico.
Una vez más, el BUSSCO, en aras de defender los derechos de la clase trabajadora, manifiesta su total rechazo a este injusto acuerdo.
¡EXIGIMOS RESPETO A LA CLASE TRABAJADORA! ¡Movimiento Social y Sindical BUSSCO en defensa de los bolsillos de los trabajadores del sector público y la empresa privada!
*Imagen con fines ilustrativos.
Enviado a SURCOS por Carlos Manuel Vega, UNPROBANPO.
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La Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (UNDECA) solicitó a la Junta Directiva se anule el acuerdo tomado días atrás para incrementar en un 1% adicional el porcentaje de cotización de los trabajadores al régimen de pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).
En este sentido, UNDECA considera que este acuerdo se dio en medio del mayor secretismo, con total falta de transparencia, de forma sorpresiva, invisibilizando a los 1.5 millones de personas trabajadoras, se aumentando un 1% adicional, de forma que al completar la reforma del 2005 los trabajadores del país estarán pagando un 2% más al régimen de IVM.
Contrario al compromiso que manifestó la Presidencia Ejecutiva, incluso en forma escrita al BUSSCO, donde indicó que una vez que se concluyera el estudio realizado por los tres funcionarios de la UCR, se convocaría a diversos sectores sociales, para que en un proceso de diálogo nacional se discutiera el futuro del régimen.
“Desde nuestro punto de vista, este acuerdo no está sustentado en argumentos legítimos primero porque lo carga exclusivamente sobre las espaldas de la clase trabajadora y adicionalmente, es ilegítimo porque no se realizó una consulta previa. Asuntos de esta envergadura exigen la consulta, al menos, de los representantes de los sectores afectados en resguardo de los derechos legítimos de las y los trabajadores”, detalló Martha Rodríguez, secretaria general adjunta de UNDECA.
El incremento se cargó exclusivamente, como se dijo, a la clase trabajadora del país, lo que evidencia la complacencia a las exigencias del sector político empresarial y ocultando la continua injerencia política y la falta de transparencia de los altos mandos en el manejo de los fondos.
Por último, pareciera que el gobierno no tiene interés alguno en iniciar un proceso de diálogo en esta materia, sino que se obstaculiza con esta arbitraria y prematura medida, que debe dejarse sin efecto en forma inmediata, si se quiere evitar la confrontación y en aras del diálogo social.
En el recurso dirigido a la presidenta ejecutiva de la CCSS, se señala:
“Este acuerdo resulta sustancialmente disconforme con el ordenamiento jurídico por los siguientes motivos:
1.- Falta de transparencia de la Junta Directiva CCSS en contravención con las normas éticas de desempeño de la función pública…. La Caja Costarricense de Seguro Social tiene un Código de Ética, que los primeros obligados en cumplir son los integrantes de esa Junta Directiva, que en el presente asunto, el acto cuestionado deja tanto que desear, porque se faltó al deber de transparencia, un principio inherente al ejercicio de la función pública en cualquier ordenamiento democrático”.
El documento agrega las consideraciones siguientes:
“2.- Falta de legitimidad del acuerdo impugnado por omisión del trámite de consulta previa”.
3.- Manifiesta ilegalidad del acuerdo porque ese incremento de la contribución se cargó exclusivamente a la clase trabajadora del país
4.- Nulidad del acuerdo impugnado por un vicio esencial en la motivación de dicho acto. Un acuerdo de este tipo constituye un acto administrativo, de carácter reglamentario, que como cualquier acto administrativo tiene que tener un motivo suficiente, válido y legítimo, que corresponda o sea proporcional al contenido de dicho acto. El motivo, elemento material del acto administrativo, es el presupuesto jurídico, el hecho condicionante, que da génesis a dicho acto. La falta o defecto sustancial en el motivo, constituye un vicio del acto administrativo, que produce su nulidad absoluta (art. 132, 133 en relación con el art. 166 LGAP). En el acuerdo impugnado se echa de menos un “motivo” que se ajuste a las exigencias del ordenamiento jurídico. Este acuerdo, al tenor del cual se le cargó exclusivamente a la clase trabajadora el incremento de la contribución en el RIVM, carece de razonabilidad y justificación técnica.
5.- Falta de oportunidad y conveniencia publica de este acuerdo. Además de los graves vicios que contiene este acuerdo, no contribuye a que se desarrolle el proceso de diálogo que anunció esa Presidencia Ejecutiva…”.
Como pretensión del recurso, UNDECA señala: “Con fundamento en los motivos expuestos, UNDECA comparece a deplorar este desafortunado y pernicioso acuerdo, que tanto daño causa a la clase trabajadora, el cual solicitamos reconsiderar y dejar totalmente sin efecto”.
Enviado a SURCOS por Martín Rodríguez E., Unidad de Comunicación, UNDECA.
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PRIMERO: Consideramos que la Dirección Actuarial de la institución debe ser objeto de una cuidadosa transformación profesional.
SEGUNDO: La Junta Directiva de la CCSS debe tomar acuerdo en la dirección de que los fondos del régimen de IVM y los del SEM (Seguridad y Maternidad) deben separar su administración, tal y como resulta concluyente del estudio realizado por la Universidad de Costa Rica (UCR).
TERCERO: La sociedad costarricense, y particularmente los depositarios del fondo de jubilación de IVM, deben ser informados de previo a la discusión de cualquier medida respecto a las decisiones tomadas por parte de la alta cúpula gerencial sobre inversiones realizadas entre los años 2011-2012 pues, presuntamente, se utilizaron fondos del seguro de pensiones IVM para gastos y operaciones ordinarios del seguro de salud SEM, situación que incluso fue objeto de denuncia penal ante el Ministerio Público .
CUARTO: Iniciar el debate conociendo cuál ha sido el avance de lo acordado en el año 2005 en lo relativo a fortalecimiento del sistema de inspección de la institución para el control de la evasión morosidad y sub-declaración.
QUINTO: Revisión del carácter filosófico de la creación del Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP) (segundo pilar), concretamente tomando en cuenta que éste fue creado para salir en defensa del IVM (primer pilar) si se presentaban problemas financieros o de desfinanciamiento. En este particular, se debe conocer el informe de auditoría de la institución.
SEXTO: Revisión de la Ley de Protección al Trabajador (LPT) del año 2000, en su artículo 78, para auscultar la naturaleza de su incumplimiento y las necesarias medidas a tomar para que el mismo se siga dando.
SÉTIMO: Conocer la política actual y futura de inversiones que aplica la institución aseguradora con fondos de IVM y propuestas para traer recurso frescos al IVM.
Nuestra posición define claramente que antes de realizar cualquier variante paramétrica en edad, cuotas o cotización obrera, la discusión debe pasar por un riguroso análisis de los aspectos NO PARAMÉTRICOS como los apuntados, que deben emprenderse para garantizar la sostenibilidad futura del régimen de Invalidez Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).
San José, martes 3 de enero de 2017.
Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP
Giovanny Ramírez Guerrero, Directivo Nacional ANEP
ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPLEADOS PÚBLICOS Y PRIVADOS
ANEP
Fundada el 19 de agosto de 1958
COSTA RICA
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Colectivo Sindical PATRIA JUSTA
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Red global “Nuestro mundo no está en venta”
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*Imagen tomada de www.anep.or.cr
Enviado a SURCOS Digital por ANEP.
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