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Etiqueta: CCSS

Los “barrenadores” de la CCSS – Parte IV y final: Reformismo pasa factura a los trabajadores costarricenses

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Rafael A. Ugalde Q. Periodista, abogado y notario
Rodrigo Arias López. Actuario y matemático

Dedicado a todas las víctimas del reformismo costarricense, que nos enfermó generación tras generación, en especial a todos los asegurados, trabajadores/as y pensionados/as de nuestra Caja, que han sentido en carne propia como cercenaron sus derechos a salarios justos y jubilaciones dignas, por las políticas de la oligarquía criolla rapaz, con sus sartas de cuadrilleros convenciéndonos que todo se trata de pegar más parches.

Los veremos ahorita con cara de preocupados porque estamos perdiendo la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), herencia innegable de una institución revolucionaria para la época, visualizada entonces por los calderocomunistas y aquellas mentes humanistas que pusieron a la persona como eje central de la justicia social, pero son los mismos que callaron cuando descubrieron el millonario negocio de que es mejor “tratar” la enfermedad, en lugar de prevenirla. Identifíquelos: son los mismos que vieron “normal” obligar a los empleados y pensionados de la CCSS a “reajustar” sus ingresos con verdaderas garroteras internas que no daban abasto con los créditos urgentes. Ni dijeron nada cuando empezaron a tercerizar la producción de medicamentos y servicios de la entidad aseguradora, con el mismo cuento de ahora: es más barato.

En nuestras tres entregas anteriores desvelamos el plan capitalista de estos enterradores de ayer y hoy, de fortalecer a la CCSS en un negocio mercantil iniciado por el PLN en la década de 1970, continuado por el PUSC en 1990, el PAC en 2014 y el PPSD en 2022; en contraposición al derecho a la vida, la salud y a una vejez digna como seres humanos. Mostramos el nefasto impacto de esas políticas reaccionarias y reformistas sobre los servicios de salud de la CCSS, en particular en un aumento en las llamadas listas de la muerte, así como en el deterioro de las finanzas y reservas del régimen de pensiones (IVM). A este, presuntamente, cada año, le dan un “manazo” de ¢1 billón (nada que ver con Aldesa, La Trocha, Banco Nacional, Coopeservidores, el Cementazo, entre otros en etapa de investigación judicial, a vista y paciencia de Edmundo y todo el mundo). ¿Y ello cómo lo afecta a usted mujer trabajadora, trabajador estatal o de fábrica, estudiante o jubilado? Ahora bien: ¿Qué proponen estos reformistas frente a un inminente colapso? La gran solución propuesta es reducir aún más los beneficios ofrecidos por el IVM, aumentar sus contribuciones y las edades de retiro, frente a el envejecimiento de la población advertidos desde hace 40 años. No se deje engañar por los cuadrilleros de la oligarquía y sus voceros ahora “preocupadísimos”. Sus preocupaciones son falsas y productos de la politiquería de los partidos citados anteriormente. El plan es sencillísimo: Confundir a los asegurados y pensionados de la CCSS y enfrentarnos unos contra otros para que veamos oscuro el horizonte en relación con el futuro de la seguridad social y aceptemos las filas en los EBAIS, las listas de espera, la falta de especialistas etc., justificado todo con un datito por aquí, otro por allá, declaraciones oficiales, un parchecito aquí, esta promesa electoralista del candidato a diputado, haciendo que cambiemos derechos que nos corresponden desde hace décadas para revertir la situación y acabar con la enfermedad y el dolor ajeno como negocio de unos pocos; por lo tanto nada hay que agradecer por sus supuestos regalos (Ver Parte III). Nos corresponde realizar un inventario en nuestro barrio, en nuestro sindicato, asociación de mujeres, de estudiantes, etc., sobre qué niveles de articulación tenemos y empezar a darnos cuenta, que no solo está en crisis la Caja, sino todo el modelo reformista y que nos urge ampliar nuestra práctica democrática de abajo hacia arriba y no como nos quieren acostumbrar de arriba hacia abajo.

Lo anterior, si bien en nuestro país, la soberanía no radica en el pueblo, al tenor del artículo 2 de nuestra Constitución Política, cuando señala que “la soberanía reside exclusivamente en la Nación”, el 9 nos da asidero cuando nos dice en sus primeras líneas que todo gobierno de la República “es popular, representativo, participativo, alternativo y responsable”. Esas seis condiciones, una vez cumplidas, las “…Ejercen el pueblo y tres Poderes distintos e independientes entre sí. El Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial…” A nadie obligan a pensar como partido político, esta o aquella organización, ni prohíbe la búsqueda de la democracia participativa como forma de convivencia pacífica y democrática.

Por tanto, esta última entrega de los suscritos deja en sus manos, el daño ocasionado por años de reformismo a todos los trabajadores y trabajadoras, desempleados, pensionados, amas de casa, profesionales, campesinos, etc., sin ningún distingo religioso ni partidario que, aunque el camino no es fácil, el horizonte está clarito, siempre y cuando entendamos que el objetivo fundamental de estos cuatro esfuerzos nunca se apartó de un primer y segundo objetivo. Por un lado, entregar un camino para que construyamos, como sujetos activos en transformar sí lo queremos, sin farsas ni simuladas intermediaciones, para alcanzar un mejor futuro para nosotros, para nuestros hijos y para sus futuras generaciones, el segundo objetivo depende del primero: organizarse con articulación como obligación primigenia y perder el miedo por el debate de ideas, solo así distinguimos cuando estamos frente a nuevos o viejos lobos que se visten con piel de oveja.

El derecho a la vida y a la salud se materializan con la prevención de enfermedades y no esperar el tratamiento y el dolor como negocio, de tal manera que cuando haya necesidad de hospitalización o cirugías para quienes contribuyen y contribuyeron solidariamente con la Caja encuentren un internamiento inmediato, una operación quirúrgica oportuna y medicamentos de calidad. Mientras nuestra CCSS la tengan cabeza hacia abajo y sus pies apuntando a el cielo raso, el derecho humano a la vida es un eufemismo expresado en más de 4000 recursos de amparo tramitados por la Sala Constitucional. Habrá además salarios justos e ingresos suficientes -subsidios y pensiones- en caso de enfermedad, incapacidad temporal y permanente, vejez y muerte, como derechos fundamentales para toda la población, aún para aquellos sectores que defienden una especie de “secuestro” del Seguro Social desde sus posiciones privilegiadas, con las que procuran su eliminación, reduciendo sus capacidades, por afanes, como se ha dicho, meramente mercantiles.

La piedra en el zapato para lograr este objetivo está en el Estado, administrado en su totalidad bajo los gobiernos del PLN, el PUSC, el PAC y el PPND, porque como quedó demostrado desde hace décadas no giró a la CCSS los dineros ordenados por los artículos 2 de la Ley N° 5349 y el 9 de la Ley N° 7374, con la complicidad de las altas cúpulas de la Caja, incluyendo juntas directivas, gerentes y mandos medios.

Viene acotación a lo anterior porque por años y hasta nuestros días, nos hacen creer que hay un “socialismo democrático”, “sociedad inspirada” en las Encíclicas papales o las órdenes de los gerentes del Banco Mundial, capaz de desarrollar un “capitalismo bueno”, como resumió una vez un personaje de nuestra política, cuando prometió “un país de propietarios y no de proletarios”, sí empezábamos a vender hasta la forma de caminar a cambio de endeudarnos. Las oligarquías y sus burguesías no funcionan así.

Estas cúpulas dicen a todas las víctimas del reformismo que la opción es este o aquel parche y jamás replantearse la Caja con la inspiración de hace 83 años, produciendo sus medicamentos, promoviendo la prevención de la enfermedad, cada comunidad con su médico familiar, acceso a los mejores especialistas del continente que sientan devoción por la salud pública, tecnología de punta, etc., dado, según te argumentan, que no hay plata. Veamos los siguientes gráficos y no coma cuentos.

Gráfico N° 1. Gastos del gobierno central en millones de colones

En este Gráfico N° 1, observe que el gasto en transferencias, en donde están, entre otros, los aportes estatales a la CCSS, así como en “otros”, es prácticamente el mismo, desde el año 2019; en salarios el gasto es el mismo desde 2021, mientras que el gasto en pago de intereses crece como la espuma desde 2017. Fuente: Elaboración propia con datos del BCCR.

Gráfico N° 2. Gastos del gobierno central como porcentaje del PIB

En el Gráfico N° 2 vemos que desde 2013 se ha venido reduciendo el gasto en remuneraciones; a partir del año 2018 ya se atisba una baja en las transferencias. Todo esto en beneficio de los banqueros nacionales e internacionales, pasando el gasto en pago de intereses de un 2,5% sobre el PIB (Producto Interno Bruto) en 2013 a un 4,8% sobre el PIB en 2023. El gobierno de Chaves vino a ponerle la cereza al pastel, reduciendo el gasto social a un 6,1% sobre el PIB, promoviendo una política que nos regresará a los valores que teníamos en el año 2006.

Mientras tanto, el gasto en el pago de intereses ha crecido, en promedio, un 15,5% anual, desde el año 2013, el gasto en remuneraciones y transferencias ha aumentado solo un 4,8% anual. El PIB creció en promedio un 6,5% en el mismo período, véase el Gráfico N° 3. Fuente: Elaboración propia con datos del BCCR.

Gráfico N° 3. Tasas de variación del PIB y de gasto del gobierno central

En este gráfico tenemos que desde el 2006 a 2023 los gastos totales crecieron un 10,1% anual en promedio y el PIB creció un 8,7% anual en promedio, Fuente: Elaboración propia con datos del BCCR.

Gráfico N° 4. Ingresos del gobierno central en millones de colones

En este Gráfico N° 4 el lector observa como los ingresos, en cambio, han crecido en los últimos años, justo lo necesario para pagar a los banqueros, es decir a la oligarquía que nos gobierna desde hace décadas, gracias al IVA impuesto por sus diputados en la Asamblea Legislativa desde 2019. Igualmente, por el impuesto a los ingresos y utilidades que pagan los trabajadores y las empresas, aunque en última instancia, son los asalariados y los pensionados los sacrificados. Fuente: Elaboración propia con datos del BCCR.

Gráfico N° 5. Ingresos del gobierno central como porcentaje sobre el PIB

En este Gráfico N° 5 observemos como con el TLC de Oscar Arias Sánchez, Aduanas pasó de ser la principal fuente de ingresos en 2008, a convertirse en la tercera fuente en 2020 y 2023. En 2008 este rubro era el 4,9% del PIB y en 2023 fue 2,7% del PIB. La fuente principal de ingresos pasó a ser el impuesto a los ingresos y utilidades, que pasó de 4,3% sobre el PIB en 2008 a 5,3% en 2023, seguido del impuesto de ventas (IVA), que pasó de 2,7% a 3,0% del PIB en los mismos años, respectivamente. Fuente: Elaboración propia con datos del BCCR.

Gráfico N° 6. Tasas de variación de los ingresos del gobierno central

En el Gráfico N° 6 pueden verse las variaciones de los ingresos, en los cuales se evidencian los efectos del TLC (Tratado de Libre Comercio) y de la pandemia de Covid 19. Las altas variaciones de los “Otros” ingresos son el efecto de las transferencias a las que recurren los gobiernos para tratar de mitigar el faltante de recursos, evitando que la foto salga muy fea ante los organismos financieros internacionales. De 2006 a 2023 los ingresos crecieron en promedio un 9,6% anual. Fuente: Elaboración propia con datos del BCCR.

Gráfico N° 7. Déficit del Gobierno Central en millones de colones y % del PIB

El déficit del gobierno se financia básicamente con deuda, no porque vos y nosotros hayamos querido, como está resumido en la ilustración número 7. Allí, indicamos, que este faltante creció de ¢0,5 billones en 2009 (2,9% del PIB) a ¢2,9 billones en 2020 (8% del PIB), bajando a ¢1,1 billones en 2022 (2,5% del PIB), gracias al sacrificio a que nos han sometido, sin excepciones a la regla, quienes supuestamente nos han gobernado. Fuente: Elaboración propia con datos del BCCR.

Gráfico N° 8. Deuda del gobierno central como porcentaje del PIB

Hemos confeccionado este gráfico numerado como 8, con el fin que vos veas y analices, para que quienes hablen de “alianzas” electorales pegadas con saliva – porque hay ausencia de un proyecto de nuevo país, producto de soluciones al atolladero que nos dejaron-, convocatorias coyunturales, diálogos, etc., puedas confrontarlos con la deuda pública del gobierno central (no conocemos quienes son las familias los tenedores de sus bonos), que pasó de un 24% sobre el PIB en 2008, a un 61% sobre el PIB en 2023, acelerando su aumento en 2016, principalmente, con endeudamiento interno y, a partir de 2020, con deuda externa (Gráfico N° 8). Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Hacienda.

Gráfico N° 9. Gasto del gobierno central en intereses por la deuda, % del PIB

El proyecto de nuestra oligarquía y burguesías internas, robustecido en 2008 con el TLC del PLN, vitaminado por el PAC en 2014 y fortificado por el PPSD en 2022 -sin dejar de mencionar a los flamantes partidos de “oposición” caracterizados por una amplia gama también de reaccionarismo y reformismo, ya no saben cómo complacer la denominada Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). A todos consta como recientemente la OCDE comparó el gasto en pago de intereses de la deuda del gobierno central de Costa Rica, con el de la misma organización OCDE, así como con el de algunos países de América Latina. Por ejemplo, en 2022, indicó, que el gasto en pago de intereses de la deuda supera el 5% del PIB en Costa Rica, mientras que en otros países de América Latina es la mitad y en la OCDE un tercio de esa cifra (Analice, no lo vea solamente, el Gráfico N° 9 para evitar que nos den gato por liebre). Fuente: Resumen-Ejecutivo. Notas: CRI: Costa Rica; ALC: Chile, Colombia, México y Brasil.

Para la OCDE se debe reducir aún más el gasto y controlar la evasión fiscal. Señala que los “ingresos tributarios, que representan el 23% del PIB, se ven disminuidos por los altos niveles de evasión fiscal, bases impositivas estrechas y una multiplicidad de gastos fiscales. El sistema tributario apenas reduce la desigualdad de ingresos.” (Ver Resumen-Ejecutivo).

Para que no crean las promesas reformistas de que con el aumento de los impuestos iban a combatir la evasión fiscal, recordemos que en 2013 la evasión y elusión fiscal rondaba el 8,22% del PIB (Ver OCDE-2017) y para el año 2022 aumentó a un 10,2% sobre el PIB, según declaraciones de las autoridades de Hacienda (Ver SemanarioU). Por lo tanto, con solo un poco de aritmética, entonces la cifra de evasión y elusión anual rondaría los ¢5 billones en 2024. ¿Cuántas escuelas, hospitales del primer mundo, casas para trabajadores/as, colegios, centros de alta tecnología para aplicación de nuestros pequeños y medianos productores etc., podríamos construir con esa platilla?

Entonces, volviendo a lo inducido en nuestra CCSS, en el corto plazo, las clases populares dejan perder la institución o ya dejamos de comer cuentos, obligando de una vez por todas a recaudar parte de ese dinero evadido y eludido y con esos recursos frescos, sacar a la Caja de la politiquería barata, dotándole, por un lado, fondos directos, independientemente de a quienes pongan como presidente y diputados los dueños del capital. Esto tendría que incluir financiamiento para el gasto del seguro de salud de los asegurados por cuenta del Estado, según ordena el artículo 2 de la Ley N° 5349. Por otro lado, poco se logra con lo anterior, sí dejamos por fuera, el financiamiento del gasto o inversión en la atención primaria de la salud, a que obligaron asumir a la Caja con la imposición de los artículos 7 y 8 de la Ley N° 7374. Esto no solo dotará de financiamiento al llamado SEM, sino que le dará sostenibilidad al IVM, pues se dejarían de usar sus fondos para fines de dudosa autorización.

Mientras los asegurados actuales y futuros, así como los jubilados o pronto a pensionarse, no tengamos claro estas dos luchas a muy corto plazo, frente a toda fuente de los problemas de la CCSS, marginando estas dos cuestiones de fondo (son solo dos), todo llamamiento a manifestarnos, a qué defendamos la Caja, así en abstracto, diálogos por la seguridad social, solemnes comisiones en la Asamblea Legislativa, marcadas en el pasado por aires circenses de vez en cuando, etc., tememos que nuestros oligarcas y nuestra burguesía impondrán la medicina privada y la salud como negocio y nuestro seguro social será convertido en un cascarón desnaturalizado y vacío.

Recordemos que el 9 de octubre de 2024, representantes de la Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social (ACSS), se reunieron con funcionarios de la Defensoría de los Habitantes para solicitar apoyo del órgano defensor para la presentación de proyectos de leyes encaminados a ayudar a resolver lo que en el párrafo anterior denominamos problema a resolver en el corto plazo, así como pedirle su intervención para reducir las llamadas listas de la muerte, presionando a la CCSS para la contratación de al menos 2 mil médicos, la mitad en el primer nivel de atención y el resto en los otros dos niveles.

Tengamos presentes que toda recuperación de derechos no cae del cielo y es producto de niveles de conciencia alcanzados y expresados al unísono en determinados momentos históricos por los trabajadores, los estudiantes, los campesinos, los desempleados, etc.

Es cuando comprendemos que toda riqueza de unos pocos tiene el mismo origen de la pobreza en las mayorías. Los primeros vienen acumulando abundancia de poder desde hace más de 500 años, porque el imperialismo europeo basó su bienestar material porque saqueó inmisericordemente a América y África. Luego cede esta práctica a las trece colonias del Norte que no detiene el saqueo hasta nuestros días, siendo en ambos casos sus riquezas proporcionalmente a la pobreza en que dejan a los saqueados.

Mientras no tengamos claro este postulado a la hora de explicar la llamada acumulación originaria en nuestras naciones, cualquier “alianza” política luce pegada con saliva, es pasajera y hasta falsa, porque carece del cemento solido aportado por los trabajadores, trabajadoras, obreros, estudiantes, campesinos, etc., en plena unidad aglutinados conscientemente en qué solo son ellos quienes tienen capacidad plena para producir lo que nos comemos, sin el visto bueno del extranjero, son ellos, únicamente ellos, quienes deciden la convivencia y las relaciones con todos los pueblos del mundo, sin sumisión alguna ni exclusiones odiosas. Son estas mujeres y hombres costarricenses unidos, y no alianzas electoralistas, quienes tienen el poder de definir cómo vamos a crear biotecnología médica para aplicarla gratuitamente en nuestra CCSS, qué uso vamos a dar a la tecnología qué vamos a crear para beneficiar el pequeño y mediano productor, a nuestros estudiantes de toda la educación pública, a ese pequeño y mediano empresario, primer productor de empleo en nuestro país. ¿Cuántas viviendas vamos a crear este año? ¿Cuántas represas nos toca levantar para que dentro de cinco años todos tengamos electricidad y agua potable, gracias al talento de nuestros profesionales y obreros?

¿Tan inalcanzable es eso? La respuesta es suya; nosotros terminamos estas cuatro entregas, porque durante meses sentimos que el silencio equivale a complicidad y deshonestidad y, teníamos entonces, nos dictaba nuestra conciencia, la obligación ética y moral de entregar humildemente nuestro esfuerzo a quienes por décadas han quitado sus voz y avasallado su salario, su derecho a un empleo decoroso, a su jubilación, sus citas en el Seguro, su derecho a la prevención de la enfermedad, a vivienda digna, a producir lo que nos comemos, a qué no vengan a decirnos quiénes son nuestros amigos, etc.

La bola queda en su cancha.

UNDECA / BUSSCO: ¿Por qué las listas de muerte? La Salud Pública debe ser un derecho de todos

Escrito en . Publicado en Derechos, Salud, Trabajo.

Los dos afiches compartidos tratan sobre una protesta relacionada con la situación de la salud pública en Costa Rica y las deudas que el gobierno tiene con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). A continuación, se resume la información principal de ambos afiches:

El primer afiche señala que la salud pública debe ser un derecho de todos, enfatizando la demanda del pago de una deuda de 4 billones de colones. El mensaje central es «¡Exijamos!», haciendo un llamado a la acción para reclamar el pago de esta deuda. Se menciona una huelga programada para el jueves 31 de octubre, organizada en tres turnos y dirigida a los trabajadores para que se organicen en sus centros de trabajo. El afiche presenta los logos de UNDECA y BUSSCO, dos organizaciones involucradas en la movilización, reflejando la unidad sindical y social en la defensa de la salud pública.

El segundo afiche cuestiona la razón de las listas de espera en los servicios de salud, las cuales se califican como «listas de muerte». Se enumeran problemas como la falta de personal, medicamentos, equipo, infraestructura y camas. Estos problemas se atribuyen a la deuda que el gobierno mantiene con la CCSS, la cual supera los 4 billones de colones. La frase «Porque el gobierno no le quiere pagar a la CCSS» responsabiliza directamente al gobierno de la crisis. Se incluyen imágenes de personas esperando en los pasillos de centros de salud, destacando la gravedad de la situación. Al igual que en el primer afiche, se observan los logos de UNDECA, «Somos Gente de Salud» y BUSSCO, junto con un mensaje final: «¡No más corrupción y saqueo de la CCSS!».

Ambos afiches buscan movilizar a la población para exigir el pago de la deuda que el gobierno tiene con la CCSS, subrayando la crisis que esto ha generado en el sistema de salud pública, incluyendo la escasez de recursos básicos y el deterioro de la atención a los pacientes.

Campaña en defensa del Estado de Derecho de Costa Rica – para firmar

Escrito en . Publicado en Derechos.

Comunicado de grupo de personas de diversas creencias políticas y ocupaciones

Frente al montaje de hechos falsos, para intentar coaccionar al fiscal general de Costa Rica, Carlo Díaz Sánchez, firmamos este manifiesto.

Costa Rica es la democracia más antigua de América Latina y uno de sus pilares fundamentales ha sido el Estado de Derecho, construido a lo largo de muchas generaciones, que hoy día se ve acosado por los ataques y mentiras de un Poder Ejecutivo, con oscuros propósitos.

Como parte del ataque a nuestra democracia y a la división de poderes, el fiscal general está siendo objeto de amenazas y calumnias que buscan intimidarlo para que la fiscalía no proceda con la función encomendada por el Estado y la Constitución Política en el combate a la corrupción y los delitos contra la hacienda pública.

La fiscalía no ha actuado de oficio en este caso llamado “barrenador” (los EBAIS concedidos a algunas cooperativas y asociaciones privadas por la junta directiva de la CCSS), lo hace obligada por una denuncia de la auditoría interna de la CCSS, que la compromete, por ley a intervenir para esclarecer si hubo o no delito.

Conscientes de eso y también de la necesaria independencia, libre de presiones o amenazas en su actuar, es que damos nuestro indiscutible apoyo a las funciones que realiza la fiscalía, sobre todo en este caso que es objeto de chantaje para intentar obstruir su accionar por parte del Poder Ejecutivo.

La campaña ya cuenta con más de 1200 firmas, si desea agregar la suya siga este enlace.

Juzgado Penal de Hacienda dicta medida cautelar solicitada por UNDECA

Escrito en . Publicado en Derechos, Salud, Trabajo.

Comunicado

En el escandaloso Caso Barrenador, UNDECA se apersonó como denunciante y además solicitó la aplicación de las medidas cautelares contra los imputados. Incluso hace unas semanas, a raíz del nombramiento realizado por la presidenta ejecutiva, Marta Esquivel, de una de las imputadas como Gerente General, reiteramos la necesidad imperiosa de aplicar medidas cautelares.

Recibimos la noticia de que el Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública, definió la aplicación de seis meses de separación del cargo a la presidenta ejecutiva y a los directivos imputados en la adjudicación con sobreprecios de 10 Áreas de Salud, a 4 cooperativas y a ASEMECO.

El órgano jurisdiccional, no se dejó intimidar por las presiones reiteradas y constantes realizadas desde el Poder Ejecutivo, violentando el principio constitucional de separación de poderes

De esta manera, se viene a salvaguardar la integridad de la investigación y evitar cualquier acto de coacción y persecución de los testigos y del Ministerio Público.

En virtud de que nos sentimos satisfechos por el objetivo logrado, UNDECA suspendió la concentración convocada para el viernes 11 de octubre del año en curso, en la Plaza de la Justicia.

Manifestamos nuestro agradecimiento a todas las personas trabajadoras, organizaciones y ciudadanos que manifestaron su voluntad de participar en defensa de la CCSS.

Quienes vendieron la Caja por 30 monedas tienen que rendir cuentas ante la justicia.

¡La Caja no se vende y UNDECA la defiende!

¡Justicia pronta y cumplida para el pueblo!

San José, 10 de octubre de 2024.

Mañana: Concentración de organizaciones sociales para exigir medidas cautelares contra Marta Esquivel

Escrito en . Publicado en Derechos, Trabajo.

Mañana, viernes 11 de octubre de 2024, a las 8:00 a.m en la plaza de los Tribunales de Justicia en San José se dará una concentración de diversas organizaciones sindicales y sociales, la Unión Sindical de la CCSS, y la UNDECA, para exigir transparencia y probidad, con medidas cautelares contra marta Esquivel y otros.

Estas organizaciones se harán presentes frente a los Tribunales de Justicia, en la plaza, y se dará más información en el sitio con los diferentes actores a partir de la hora de inicio.

Lucha por la mejora en el monto de pensión e información del Régimen No Contributivo

Escrito en . Publicado en Derechos, Trabajo.

Contexto:
Este proceso responde a la solicitud realizada por la Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social en el oficio ACSS-007-2024, que planteó inquietudes sobre el reajuste de las pensiones ordinarias del Régimen No Contributivo (RNC), bajo la Ley N.º 5662 y Ley N.º 8769. Se presentaron varias preguntas y solicitudes relacionadas con el monto de la pensión, la falta de ajuste en el año 2024, y la entrega de información médica sobre las causas de invalidez para los beneficiarios.

Primera respuesta: Solicitud de reajuste de pensión
La Auditoría solicitó el reajuste del monto de las pensiones del Régimen No Contributivo, aumentando de ¢82.000 a ¢102.500. En respuesta, se indicó que, aunque la Ley N.º 5662 reformada por la Ley N.º 8783 establece la protección para las personas en situación de pobreza extrema que no califican para otros regímenes, el financiamiento del RNC depende principalmente del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF), administrado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Se aclaró que la disponibilidad presupuestaria constituye el límite máximo para la gestión de las pensiones. La Junta Directiva de la CCSS, en conjunto con los estudios técnicos correspondientes, tiene la facultad de decidir sobre la variación en el monto de la pensión, siempre que haya suficiente financiamiento y que se cumpla con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2023-2026 y las normativas de la Contraloría General de la República.

Por lo tanto, debido a la planificación presupuestaria, en 2024 no está previsto un incremento en el monto de las pensiones ordinarias y, por el momento, tampoco se ha considerado un aumento para el año 2025.

Segunda respuesta: Solicitud de ajuste de pensiones conforme a la Ley N.º 7125
La Auditoría también solicitó que se realizará el ajuste de las pensiones bajo la Ley N.º 7125 a partir del 1.º de enero de 2024. Se explicó que, debido a la situación financiera del Régimen y a los recursos aprobados, no fue posible hacer el ajuste en la fecha solicitada. Sin embargo, una vez que se recibieron recursos adicionales, se emitieron las instrucciones para realizar el ajuste correspondiente, el cual se aplicará en la planilla de septiembre de 2024, incluyendo el pago retroactivo.

Tercera respuesta: Solicitud de datos de invalidez del RNC/PCP
Se pidió el suministro de un archivo en formato Excel con información detallada sobre las pensiones del RNC por invalidez, incluyendo variables como número de caso, número de identificación, fecha de nacimiento, fecha de vigencia y la causa de invalidez. En respuesta, se proporcionó un archivo adjunto (Anexo 1), limitado por la privacidad de los datos de carácter médico.

Cuarta respuesta: Solicitud de lista de enfermedades equiparables a PCP, autismo y mielomeningocele
La Auditoría solicitó una lista de enfermedades o condiciones equiparables en severidad a la Parálisis Cerebral Profunda (PCP), autismo y mielomeningocele, de acuerdo con dictámenes emitidos por la Comisión Calificadora del Estado de Invalidez. El Dr. Henry Jiménez Naranjo, director de la Dirección de Calificación de la Invalidez, emitió una respuesta indicando que el sistema integrado de pensiones clasifica a los usuarios de la Ley N.º 8769 bajo la categoría de condiciones equiparables a PCP.

El Dr. Jiménez mencionó que las condiciones equiparables en severidad incluyen alteraciones genéticas, síndromes neurológicos con procesos degenerativos, retardo mental severo con trastorno conductual de difícil manejo, entre otras. Estas condiciones requieren de cuidados permanentes y suelen estar bajo el cuidado de familiares, lo que les impide realizar actividades laborales remuneradas. La evaluación médica de cada caso es realizada por el personal médico de la Dirección de Calificación de la Invalidez y la Comisión Calificadora.

Para complementar la respuesta, se adjuntó un documento titulado «Guías para la Evaluación de Invalidez y Discapacidad» (Anexo 2), aprobado por la Junta Directiva de la CCSS en sesión N.º 9031, el 9 de mayo de 2019, el cual detalla las patologías equiparables a la Parálisis Cerebral Profunda.

En conclusión la CCSS respondió a las consultas planteadas por la Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social en relación con el ajuste de las pensiones del Régimen No Contributivo y proporcionó la información solicitada, en la medida que fue posible, dadas las limitaciones de presupuesto y los aspectos médicos confidenciales. Se reiteró que no habrá aumentos en las pensiones ordinarias durante el año 2024, y que se aplicará el ajuste de la Ley N.º 7125 en septiembre de 2024.

En el PDF adjunto se puede ver el oficio de referencia.

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UNDECA y BUSSCO exigen medidas cautelares en el Caso «Barrenador» de la CCSS

Escrito en . Publicado en Derechos, Salud, Trabajo.

Este viernes 11 de octubre, a las 8:00 a.m., se llevará a cabo una concentración en la Plaza de la Justicia, frente a los Tribunales de San José, convocada por el sindicato UNDECA y BUSSCO y personal de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Los manifestantes exigen la pronta resolución de las medidas cautelares en el caso conocido como “Barrenador”, un polémico expediente judicial que involucra altos mandos de la institución en presuntos actos de corrupción.

Tras tres semanas de retraso en la definición de la situación jurídica de los imputados, la indignación crece entre los empleados de la CCSS y la población en general. Los organizadores de la protesta piden que el juez a cargo tome una decisión inmediata y actúe con la urgencia que amerita el caso.

Las demandas de la manifestación son claras: se exige la resolución de las medidas cautelares, la salida inmediata de Marta Esquivel de su cargo, y el fin de la corrupción que, según los manifestantes, ha comprometido gravemente el buen funcionamiento de la institución de salud pública. 

El lema central de la protesta es “¡Alcemos la voz y demandemos justicia!”, lo que refleja el creciente descontento de los trabajadores del sector salud, quienes también abogan por la transparencia y el adecuado manejo de los recursos de la CCSS. Esta manifestación se une a una serie de acciones que UNDECA ha impulsado en defensa de los derechos de los trabajadores y contra la corrupción dentro de la institución.

UNDECA: Urge renovación de fideicomiso de la CCSS con el Banco de Costa Rica

Escrito en . Publicado en Derechos, Salud.

Se alza una alerta por la urgencia de que la CCSS renueve el fideicomiso con el Banco de Costa Rica para poder construir y equipar las áreas de salud y sucursales que necesita el pueblo.

De este fideicomiso dependen 29 áreas de salud, cuyas sedes van a requerir construcción y equipamiento, desde Alajuela hasta Cartago. También, 25 áreas de salud, las cuales van desde la región Brunca hasta Chomes de Puntarenas requieren construcción y equipamiento, haciendo esta situación sumamente crítica, mostrando la falta de cuidado que tienen las áreas periféricas del país en cuanto a seguridad social y salud.

¡No más corrupción y saqueo de la CCSS!

Oro de y para los ticos

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Freddy Pacheco León

Las alternativas son claras

Como el yacimiento de oro en Crucitas, por muchas razones, es único, y muy bien conocido, desde hace años, la etapa de exploración (que el gobierno propone realizar) fue prácticamente ejecutada, por el concesionario canadiense que quería realizar su explotación. Lo que corresponde ahora, es proceder extraer el mineral, bajo el pleno cumplimiento de la legislación que nos rige.

Recordemos que, por aprobación unánime de la Asamblea Legislativa votada hace una década, en Costa Rica NO se pueden otorgar concesiones a corporaciones extranjeras, que, con o sin las extrañas «subastas», de que ahora se habla, eventualmente terminarían llevándose el oro, hacia el extranjero, con los mayores beneficios para ellos. Por tanto, los estimables señores diputados, aquellos dispuestos a escuchar, han de tener muy claro, que mientras esa prohibición legal no sea derogada, se garantiza que solo el Estado costarricense, que obviamente no tiene que “solicitarse” a sí mismo una concesión para explotarlo, tendría la potestad de aprovechar ese valioso recurso, para nuestro exclusivo beneficio.

Ante esas alternativas (oro para extranjeros o para nosotros) reafirmamos la urgencia de que, los US$2.300 millones, que, al menos, produciría su aprovechamiento por espacio de, al menos diez años, se orienten hacia la atención de la salud de los Ciudadanos de Oro atendidos por la CCSS.

Para ese razonable objetivo, reiteramos la divulgada propuesta del Hospital del Oro, consistente, en desarrollar un sistema hospitalario, de alcance nacional, que no debería esperar más.

Nuestros adultos mayores, que ocupan más del 65 % de los espacios en clínicas y hospitales, no merecen seguir recibiendo en clínicas y hospitales de la Caja, el inhumano maltrato, provocado por la escasez de recursos financieros, por muchos conocido y sufrido, donde las inaceptables listas de espera, y la falta de espacios hospitalarios, son reflejo parcial, de la acongojante situación, que, igualmente, enfrenta el personal hospitalario de la Caja, que clama por más recursos, financieros, materiales y humanos.

Si el gobierno tomara la decisión de explotar, tres toneladas de oro anualmente, se avanzaría por el camino correcto, por una inédita vía costarricense, de inmejorables beneficios, ¡sin tener que «abrir» el Código de Minería a oreros extranjeros! Además, instantáneamente, con el inicio de las labores, se resolverían los problemas ambientales y de delincuencia, que hoy reinan en la pequeña localidad fronteriza, donde hoy, por desdén y falta de visión administrativa, la riqueza mineral está siendo robada impunemente.

Se trata, en fin, de aprovechar solo 1 km² de los más de 51.000 km² del país, para el bienestar de las abuelitas y abuelitos, de hoy y del mañana, para los que el Estado, ante sus crecientes necesidades, no tiene soluciones. Gravísimos problemas de deficiente atención, que tanto sufrimiento genera, en ellos y sus familias.

(Freddy Pacheco León, 8.10.2024).

Los “barrenadores” de la CCSS (Parte III: La farsa. Pensiones de costarricenses en veremos. ¿Y mi pensión?)

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Rafael A. Ugalde Q. Periodista, abogado y notario

Rodrigo Arias López. Actuario y matemático

Dedicado a quienes hace 83 años lucharon por que las mujeres parieran dignamente y vieran crecer alegres a sus retoños, sin lepra, tuberculosis, tosferina y sarampión a la sombra de nuestra CCSS.

Otro déficit al menos de ¢74,6 billones en el Seguro de Invalidez y Muerte (IVM) se suma a los faltantes en las polémicas contabilidades de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), atentando contra el futuro y el bienestar de más de 3 millones de trabajadores registrados en IVM según datos publicados por la Superintendencia de Pensiones (Supen) y la CCSS.

Mencionamos en nuestra primera entrega el viejillo cascarrabias que decía cómo la historia ocurre dos veces, “la primera, como tragedia, y la segunda, como farsa”. La tragedia la abordamos en nuestra segunda entrega; pero la dejamos abierta para la meditación seria, cuando demostramos que la deuda estatal con la CCSS supera los ¢20 billones, sin mencionar cuánto más (Ver La-tragedia).

Conociendo con precisión la enfermedad del paciente y sus causas, se puede no solo emitir criterio sobre su cura, sino también descubrir y combatir la farsa elaborada por los mismos que han venido “barrenando” este paciente, a vista y paciencia, con pocas excepciones a la regla, desde los medios de comunicación, partidos políticos, politiqueros de oficio y otros especímenes. Cualquier costarricenses con alguna sensibilidad aún en la piel, con el más mínimo pellizquito, verá a muchos de ellos campantes en sus puestos, aplaudidos por los voceros autorizados por nuestra oligarquía, mientras otros no han dejado de rondar la institución en sus planes para la privatización de esta querida entidad nacional. ¿Cuál es, entonces, la farsa?

En nuestra segunda entrega se hizo un apretado recorrido por la administración Calderón Fournier, los cambios en la Ley 7374 y como hubo una segunda “barrenada” – la primera ocurrió desde la administración Monge-, pues nunca dieron a la CCSS los fondos ordenados por dicha normativa. Este tercer esfuerzo, sometido a la consideración de todos nuestros trabajadores y trabajadoras, estudiantes, campesinos, profesionales e intelectuales honestos, sin importar afiliación partidarista, edad o sexo, se centra sobre cómo las sociedades proclives a el “reformismo” facilitaron el asalto continental a los fondos de pensiones y el serio peligro en que está el IVM y su pensión digna.

En relación con nuestro IVM, Jaime Barrantes, gerente de pensiones de la Caja, explicó una vez “que la mezcla entre el rápido proceso de envejecimiento de la población, aunado a la reducción de la natalidad, tienen como efecto una baja en el incremento en la afiliación de cotizantes y su eventual desequilibrio futuro”, según La Nación del 16 de setiembre de 2024, periódico que de paso es importante recordar que desde sus inicios combatió la seguridad social con los tres pilares de financiamiento (patronos, trabajadores y Estado), aunque hoy, pareciera interesado en la defensa de la Caja.

Barrantes por la fuente citada consideró que “para revertir tal escenario, el estudio planteó la necesidad de elevar la cotización obrero-patronal y estatal del 11,16% al 13,66%, en el 2038. También que los jubilados asuman el pago del seguro de salud para recibir atención médica, pues actualmente lo subsidia el fondo”. Menciona que: “El estudio se tomará como el documento base para la nueva discusión y se llevará al Comité Inter participativo, creado por la Superintendencia de Pensiones (Supen), para fortalecer el Sistema Nacional de Pensiones.” (Destacados no son del original). Además “que el IVM tendría que dar como mínimo un 45%” en lugar del 60% que da hoy.

Es menester recordar a los trabajadores la táctica utilizada por nuestras oligarquías regionales para hacer cambios en los sistemas de pensiones en todos los países con el modelo “reformista”. Entre 1981 y 2008, 11 países latinoamericanos implementaron reformas estructurales de pensiones, cambiando total o parcialmente los sistemas de prestación definida, reparto y administración pública («sistema público») a contribución definida, capitalización individual y administración privada («sistema privado»).

Las reformas estructurales adoptaron tres modelos en los años de implementación que siguen: a) sustitutivo, que cerró el sistema público y lo reemplazó por completo por el privado (Chile, 1981; Bolivia y México, 1997; El Salvador, 1998; República Dominicana, 2003); b) mixto, que mantuvo el sistema público como un pilar y agregó un segundo pilar privado (Argentina, 1994; Uruguay, 1996; Costa Rica, 2001; Panamá, 2008); y c) paralelo, que mantuvo el sistema público y agregó el sistema privado, ambos compitiendo entre sí (Perú, 1993; Colombia, 1994). Los trabajadores y trabajadoras que quieran ahondar sobre el tema pueden consultar “La privatización de las pensiones en América Latina”, revista Nueva Sociedad 291 / Enero – Febrero 2021 (Reformas).

Afirmamos que los gobiernos de orientación “reformista” facilitaron este golpe del “capitalismo salvaje” a todos los sistemas de pensiones por una sencilla razón de índole política – filosófica: toda “reforma”, por grande o pequeña que sea, implicará siempre un cambio en el poder controlado por la clase dominante para que el sistema siga funcionando; mientras que toda revolución social “transforma” el poder.

Volviendo a nuestro país hemos de decir que el más reciente estudio actuarial del IVM indica que este seguro tiene un déficit en reservas de ¢74,6 billones usando una tasa de interés real de un 4%. Este estudio podría presentar algún presunto grado de “maquillaje”, tomando en cuenta ejemplares anteriores. En un documental denominado “La Caja de Pandora” y divulgado ampliamente en redes sociales (Pandora), el Máster Luis Guillermo López Vargas -revisor del estudio actuarial-, prometió entonces a los costarricense estar tranquilos porque el IVM era sostenible.

Una prueba de que existe una especie de “castigo” para nuestros viejitos pensionados, sin importar sí son varones o mujeres, luego de entregar toda su juventud para las generaciones venideras, es Wilson Brown, de 78 años, quien se crio en el Barrio El Carmen, Puntarenas y dejó su juventud en fábricas como operario, trabajó la mayor parte de su vida en fábricas como operario en textilerías. Recibía una pensión mínima del IVM de ₡153.192 ajustada recientemente a ₡156.000 mensuales.

Wilson Brown: Recibo 153 mil colones y hay que estirarlos hasta ver cuánto dura la vejez. Actualmente en IVM hay 174.000 personas pensionadas que reciben el monto de la pensión mínima o menos (F. Tomada de SemanarioU).

Contrasta lo anterior con la publicación de “Delfino” del 24 de setiembre de 2024, según la cual: “Supen pide tomar medidas ante inviabilidad que tendrá en un mediano plazo el IVM” y que “desde Supen recordaron que los recientes estudios actuariales “refuerzan la inviabilidad que tendrá en un mediano plazo”, alertando que eso se suma a que la población adulta mayor (PAM) se cuadruplicará entre el 2020 y el 2060, pasando de 476 mil a 1,7 millones de personas.

Si por la víspera sacamos el día, no es de extrañar que Supen trate de “pelear” para aumentar los aportes a el llamado Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROP), haciendo más “flaquito” el IVM, al estilo de Pinochet en Chile, donde para endulzar a la gente, quien fuera su ministro, Sebastián Piñera, prometió el 80% del salario promedio como beneficio jubilatorio. Los trabajadores creyeron una vez más, y hoy solo tienen seguro, como promedio general, menos del 30% (Ver Tasa-reemplazo y USS). “Engordar” el ROP también podría ser una propuesta para aumentar los recursos de Supen, ya que el artículo 174 de la Ley Reguladora del Mercado de Valores dice que el presupuesto de Supen “será financiado en un cincuenta por ciento (50%) mediante contribuciones obligatorias de los sujetos fiscalizados”. ¡En guerra avisada mueren pocos soldados!

Recordemos que Rocío Aguilar Montoya, actual superintendente de pensiones, estuvo como ministra de hacienda, cuando no trasladaron a la CCSS los fondos ordenados por el artículo 9 de la Ley 7374. Igual sucedió con anteriores y sucesivos ministros de hacienda.

Regresando a las causas de la enfermedad del IVM, mostraremos los daños del barrenador incluyendo, no solo los ocasionados a los fondos ordenados por la Ley N° 7374, sino también a los regulados por la Ley Universalización del Seguro de Enfermedad y Maternidad N° 5349 y la Ley de Protección al Trabajador N° 7982, entre otras. Para esto recurrimos a los datos que se enviaron en una denuncia interpuesta ante la Auditoría Interna de la CCSS en el año 2023. En el oficio N° RAL-005-2023 dirigido a Olger Sánchez Carrillo, auditor interno de la CCSS, se describe el método utilizado para coger fondos del IVM y usarlos para cancelar las obligaciones que, no le cobran a los gobiernos o estos no le pagan a la Caja. (Ver Oficio).

El oficio RAL-005-2023 tiene acuse de recibo N° AI-0118-2023 de fecha 10 de marzo de 2023 firmado por Ronny Villalobos Hidalgo, jefe de Subárea de Denuncias y Apoyo Legal de la Auditoría Interna de la CCSS. En el documento consta que del IVM sacaron, solo en el año 2022, aproximadamente ¢1 billón, equivalente –solo para que tengamos una noción de la cantidad de dinero- a un 8% de los salarios; lo cual presuntamente no es un problema solo del año 2022. En todo caso, correspondería a la fiscalía general, a cargo de Carlo Diaz, ceñido en el llamado caso barrenador, examinar si sacar dinero de un lado y depositarlo contablemente en otro, configura un hecho o indicio de conducta dolosa o culpable.

En ocasión de esta investigación para SURCOS y estimar el valor actual de estos dineros que el Estado debió trasladar a la CCSS para financiar gastos del seguro de salud, se solicitó a la Gerencia de Pensiones los datos de la cuenta individual, con corte al 30 de junio de 2024, la cual contiene los salarios anuales cotizados al IVM desde 1976. Aplicando a estos salarios la tasa de traslado de esos dineros hacia otra área y agregando los correspondientes intereses, tenemos que el monto dejado de percibir por la CCSS porque el Estado no lo aportó, está entre los ¢43 billones y los ¢53 billones al momento de cerrarse esta tercera entrega a los trabajadores. Con este monto se conseguiría casi equilibrar el IVM como régimen de capitalización colectiva, conforme lo ordena la Ley de creación de la Caja N° 17. Así que no coma cuento cuando escuche a los “salvadores” de la Caja hablar de aumentar las cuotas, la edad para pensionarse, emigrar a un sistema mixto, etc. Ya conoce las causas.

Fuente: Elaboración para la revista SURCOS por parte de los autores de esta entrega sobre la base de datos suministrados por la Gerencia de Pensiones de la CCSS, oficio arriba citado, entre otras fuentes.

Entonces, los ¢4 billones de deuda estatal que muestra el oficialismo de la CCSS, así como el lloriqueo del gobierno de turno, de politiqueros de oficio, diputados, apólogos, sabiondos de smoking y hasta de algunos medios de comunicación, ahora con ropajes a favor de la Caja, es la farsa que nos toca vivir a todos los trabajadores y trabajadoras, tras la tragedia impuesta por décadas.

Tragedias que generalmente vienen precedidas por la confusión de los pueblos a los que buscan primero borrar su historia, y luego despojándolos de su dignidad y decoro para que todo sea convertido en frivolidad e individualismo. Por eso un apóstol de mayorías dijo en algún momento de su vida: «Cuando hay muchos hombres sin decoro, hay siempre otros que tienen en sí el decoro de muchos hombres. Esos son los que se rebelan con fuerza terrible contra los que les roban a los pueblos su libertad, que es robarles a los hombres su decoro».

Por lo demás, es falsa la argumentación para debilitar el IVM que creció la expectativa de vida del costarricense o los jóvenes disminuyeron la tasa de natalidad (en un país inseguro y entre los más caros de la región, entre otros) o nuestros viejitos reventaron como abejones de mayo sin avisar; por lo tanto, lo poquito que hay de nuestra institucionalidad manda a repartir conforme alcance la cobija.

Hace 40 años La Revista Médica del Hospital Nacional de Niños publicó un estudio del Dr. Luis Rosero que daba cuenta de la reducción dramática de la fecundidad y natalidad, el aumento de la esperanza de vida y de la proporción de adultos mayores, con proyecciones hasta el año 2100. Sí, como lo está leyendo, hace cuatro décadas. (Ver Cuadro 3 de Rosero). El resumen del artículo dice lo siguiente: “Se describe la transición demográfica de Costa Rica, iniciada probablemente en la segunda mitad del siglo XIX. En la primera fase de la transición, el crecimiento de la población se hizo cada vez más rápido, merced a la disminución de la mortalidad. Alrededor de 1960, Costa Rica entró en la segunda fase de la transición, cuando se inició un gran descenso de la natalidad. Una de las consecuencias de los cambios demográficos, es el envejecimiento de la población. Se muestran las perspectivas reales e hipotéticas del envejecimiento demográfico de Costa Rica, y se concluye que éste es prácticamente inevitable en el futuro.”

Como parte de la ofensiva contra los fondos de los trabajadores latinoamericanos desde la década de los ochentas, miles de chilenos siguen defendiendo sus pensiones. Foto tomada de la revista Nueva Sociedad.

Estudios similares, antes y después de 1985, advertían del fenómeno que hoy aprovechan para golpear el IVM y no hacerlo aparecer como parte de un injusto modelo, cada vez más ceñido contra los más débiles y expuestos a más vulnerabilidad como castigo por ser viejos y no ser agente activo del consumo desmesurado. Para estas cúpulas, a la hora de reducir todo a individualismo y al costo-beneficio dentro del mercado, quienes alguna vez contribuyeron con la democracia, la libertad, la igualdad etc., resultan ahora una carga. Sin pretender agotar el tema, el actual modelo llamado “globalización”, nos dejó como regalo la sarta de “neoliberales” en la región, quienes tuvieron siempre como meta aprovechar el “Estado”, no destruyéndolo porque entonces se comerían entre ellos por su avaricia y salvajismo, sino dejándole algunas competencias que garanticen a todos ellos su pleno servicio.

A partir del análisis de su idea de hombre, sociedad, mercado, Estado, política y democracia, podemos concluir que el neoliberalismo es un gigantesco discurso de defensa de la propiedad privada y del sistema capitalista, que contiene profundas raíces autoritarias. Es la forma moderna en que se intenta legitimar las desigualdades sociales. Un llamado a la pasividad y a la sumisión, paradójicamente, a nombre de la libertad. Para una más rica discusión, a fin de cohesionar y articular el movimiento popular, de mujeres, estudiantiles y sindicales, puede analizarse y discutirse el ensayo “El neoliberalismo: Principios Generales”, escrito por Oscar Vargas del Carpio Ribert, Revista Temas Sociales, número 21, La Paz, 2000 (El-neoliberalismo).

Este autor concluía entonces en una sentencia poco halagüeña para quienes creen que los gusanos barrenadores abandonarán fácilmente la Caja, que la salvación del IVM es cuestión de votar por este o aquel candidato o quitar este parche por aquí y pegarlo allá en aquel lado. Son los trabajadores quienes transforman a los trabajadores. Por eso el ensayista nos decía: “La incidencia en temáticas no-económicas (el neoliberalismo) ha tenido la intención de desvirtuar algunas perspectivas que lo consideran simplemente como un modelo económico. A partir del análisis de su idea de hombre, sociedad, mercado, Estado, política y democracia, podemos concluir que el neoliberalismo es un gigantesco discurso de defensa de la propiedad privada y del sistema capitalista, que contiene profundas raíces autoritarias. Es la forma moderna en que se intenta legitimar las desigualdades sociales. Un llamado a la pasividad y a la sumisión, paradójicamente, a nombre de la libertad”.