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Etiqueta: CCSS

OIT admite queja de UNDECA contra presidente Chaves y Marta Esquivel por discursos de odio y prácticas antisindicales

Comunicado de prensa

A finales de 2024, la Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (UNDECA) presentó una queja formal ante el Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo (CLS/OIT) contra el señor Rodrigo Chaves Robles, Presidente de la República, y la señora Marta Eugenia Esquivel Rodríguez, entonces presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y que actualmente está separada de su cargo por orden judicial cautelar.

La queja se fundamenta en los infames y difamatorios discursos de odio y reiteradas prácticas antisindicales cometidas por ambos jerarcas, quienes públicamente afirmaron, entre otras expresiones ofensivas, que los sindicatos tienen secuestrada a la Caja, tildándolos además como “los peores enemigos de la institución y de las comunidades”.

En el contexto de la denuncia interpuesta por UNDECA ante el Ministerio Público, por la polémica adjudicación de 10 áreas de salud a cooperativas, la señora Marta Esquivel amenazó públicamente a los sindicatos, intimidación que fue amplificada por el propio Presidente de la República, quien sin fundamento alguno atribuyó a los sindicatos la responsabilidad por las listas de espera en los servicios de salud, alimentando un clima de hostilidad y desinformación.

UNDECA advirtió que estas acciones políticas constituyen prácticas sistemáticas de discriminación y hostilidad antisindical, violatorias de los principios fundamentales de libertad sindical consagrados en la Declaración de Filadelfia (1944) y en los Convenios Internacionales de la OIT, ratificados por Costa Rica”, indicó Luis Chavarría, secretario general del sindicato.

Por lo tanto, UNDECA solicitó al organismo internacional de Naciones Unidas que declare a ambos jerarcas autores responsables por violaciones a la libertad sindical; condenar al Gobierno de la República por el ejercicio de prácticas políticas incompatibles con el Estado de Derecho y los estándares internacionales; y ordene a las autoridades costarricenses que se abstengan de incurrir en nuevas conductas de violencia o persecución antisindical.

Emplazado para responder la reclamación

En un reciente comunicado que remitió el Comité de Libertad Sindical de la OIT, nos notificó que admitió formalmente la queja que interpusimos, y está emplazando al Gobierno de la República para que responda la reclamación.

🔴 UNDECA reitera su compromiso con la defensa de los derechos de las personas trabajadoras, la libertad sindical y los derechos humanos, en el plano nacional e internacional.

¡La libertad sindical no se negocia, se defiende!

El primer debate de los precandidatos del PLN

Alberto Salom Echeverría

El formato del primer debate

El 31 de marzo se produjo el primero de los debates del PLN. Vendrán otros, pero no tuve el tiempo de comentarlos como para haber hecho un balance de todos para el día de hoy viernes 4 de abril. Les ruego, por lo tanto, tener eso en cuenta; puede que en los otros eventos algo cambie. Mi análisis es solo acerca del primero, el de Repretel y Radio Monumental.

Lo primero que señalo es sobre el formato planteado por Randall Rivera Vargas y Febe Cruz Brenes. Me gustó a medias. El debate comenzó con una indagatoria que, los precandidatos debían responder de una manera muy sintética, y luego con monosílabos: un sí o un no. Solo en un segundo momento justificaban su respuesta. Nunca me ha satisfecho esa brevedad, menos cuando como en este caso, las personas que están en la palestra no son conocidas para la inmensa mayoría de la ciudadanía. Se requiere de un formato más distendido, como el que vino después junto a una confrontación uno contra uno. Esto permitió analizar mejor las diferencias entre ellos.

Los temas más debatidos

Fueron cuatro los precandidatos que se inscribieron para disputar la candidatura a la presidencia por el PLN (por orden alfabético): Carolina Delgado (única mujer), Gilbert Jiménez, Álvaro Ramos y Marvin Taylor.

Entre los temas más recurrentes en el debate fueron seguridad ciudadana y economía, vivienda y salud pública, en particular la Caja Costarricense del Seguro Social y la gran deuda del Estado con la Caja. Por lo general, los cuatro precandidatos se ilusionan con hacer cuantiosas inversiones, sin decir de dónde se va a tomar la plata. Viejo estilo que no deja tranquila a la ciudadanía que está ahíta de promesas y, ansiosa de soluciones a sus múltiples problemas. Todos fueron coincidentes en la necesidad de aumentar los cuerpos policiales y destinar recursos contra el crimen y el narcotráfico, sin señalar de dónde van a salir los recursos. Cada uno sacó del sombrero propuestas particulares, Carolina Delgado habló de más inversión en seguridad, Gilbert Jiménez propuso la ley de Extinción de Dominio, Álvaro Ramos, terció sugiriendo un abordaje de la seguridad por dos flancos, invertir en lo social para subsanar la pobreza y el desempleo por una parte y, por otro lado, fortalecer la fuerza pública estableciendo una coordinación entre todos los cuerpos policiales, incluyendo la policía privada que -dijo- son más de 40.000 efectivos. Marvin Taylor rebatió la idea de involucrar a la policía privada, ya que está creada para vigilar a quiénes pagan su servicio. Esto, por un lado. Taylor enfatizó en la necesidad de emplear la video vigilancia y los sistemas de inteligencia. Pregunto de nuevo ¿y el dinero? Ahí se verá luego, supongo.

En general, eso sí los cuatro precandidatos se pronunciaron por disminuir el costo de la vida, de nuevo sin decir cómo, para disminuir el desempleo y bajar la pobreza. Delgado propuso que Costa Rica fortaleciera condiciones para destacarse como un país atractivo para la inversión y el turismo. Jiménez habló de una banca para el progreso, destinada a apuntalar las pequeñas y medianas empresas. Ramos abordó de una manera general el tema de la educación, sin detallar su plan al respecto. Taylor aseguró que impulsará un plan masivo de inversión en vivienda e infraestructura, buscando así además de solventar el gran déficit de vivienda, dar más oportunidades de empleo. Todo dicho por los cuatro de una manera muy general. Hay que decir que, en el tema de sanear los recursos de la Caja, el precandidato Álvaro Ramos, hizo gala de su conocimiento del tema, señalando que la institución no está quebrada y que el Estado debe pagar la gran deuda que tiene con La Caja Costarricense del Seguro Social, de nuevo sin detallar cómo. No obstante, en otras oportunidades se le ha escuchado disertar al respecto con mucho conocimiento de la materia.

Los grandes vacíos que dejaron los precandidatos

Es curioso, los cuatro precandidatos del PLN no son caras que hayan formado parte de las cúpulas de forma continuada. Pero ninguno de los cuatro logró exponer con claridad cuando se tocó el tema, por qué razón el partido político que fuera dominante durante la segunda mitad del pasado siglo XX y el inicio del siglo XXI, lleva ya tres elecciones seguidas viendo la derrota electoral, aunque conserve una mayoría relativa de diputados en la Asamblea Legislativa. Algo dijeron, pero ninguno acertó.

Aunque las causas son variadas, postulo que Liberación Nacional perdió ascendiente en las capas medias de la población que, fueron su sostén principal, pues mediante su política económica reformista ayudó a crearlas y con ello desarrollar el país. Mas luego, ha perdido influencia en ellas, y en sectores de trabajadores públicos y privados que también le apoyaron por décadas, tras apartarse bruscamente del reformismo progresista, y convertirse en el partido político que, de manera más rotunda implementó las políticas de ajuste estructural y achicamiento del estado interventor y benefactor; políticas estas que abrieron con mucho, las puertas del neoliberalismo en Costa Rica, del que todavía no logramos desembarazarnos.

Esta explicación a mi manera de ver es clave para dar cuenta de la caída del partido más grande e influyente del país. Existen otras causas como la corrupción que, de una manera concomitante permeó a una gran parte de las cúpulas de Liberación Nacional; así como también se debilitaron las políticas públicas mediante las cuales se había logrado combatir la pobreza. En sus últimas administraciones se ensanchó la desigualdad social y se concentró más la riqueza. Es decir, el PLN se convirtió, de la noche a la mañana en otro partido político que rompió la continuidad con aquel conglomerado que nació en 1951 y mantuvo una política de corte reformista-nacionalista y progresista, casi sin excepción durante las primeras tres décadas de le segunda mitad del siglo XX, si bien con algunas grietas que abrieron el paso al cuasi derrumbe de ese partido político.

Me quedo corto si no expreso que, por añadidura pero igualmente relevante, Liberación Nacional fue el partido que abrió las puertas para la participación política de la mujer, de los afrodescendientes, nacionalizó el crédito bancario en una época en que era crucial hacerlo, pasó la electricidad a manos del Estado, llevándola hasta los más recónditos lugares de nuestro pequeño gran país e impulsó, en un inicio, una importante redistribución de la riqueza, especialmente hacia las capas medias de la población mediante el crédito bancario y una política de salarios crecientes, como dije, en buena parte de la segunda mitad del siglo XX. Todo esto entre muchas otras reformas.

Con todo respeto lo expreso, en ninguna de las intervenciones de los cuatro precandidatos, ni por asomo se advierte algún recuento que permita entrever que se hacen eco de la historia más progresista del PLN, insisto, en ninguno. Lo que hubo fue un vacío total, ya que no permite que el pueblo recobre la esperanza en obtener una visión que frene la entrega de nuestros recursos, que levante las banderas de la ecología para un futuro sostenible y sustentable, donde alcancemos la carbono neutralidad. Tampoco hubo nadie que se arropara con lo mejor de la esperanza de la mujer costarricense en un gobierno que se enfrente con valor y sin vacilaciones a la violencia contra ellas llevada a cabo por los “machos” de mentalidad patriarcal. No hubo ni media palabra sobre ello, de parte de nadie, insisto de nadie.

No se esbozó tampoco un propósito por favorecer a la población costarricense más pobre con alguna discapacidad, que carece de recursos para pagar por su propia cuenta los tratamientos o aditamentos que se requieren para tener una vida digna, en este caso ni siquiera de parte de Álvaro Ramos, de quien sabemos que, con valor ha surgido en nuestra sociedad convirtiéndose en alguien respetable, por su dignidad e inteligencia demostrada. De igual manera, ni media palabra se le escuchó decir a alguno de los cuatro, que diera esperanza a las minorías discriminadas, los afrodescendientes, los pueblos nativos, los homosexuales y otras minorías que sufren. ¿Entonces, qué se puede esperar?

Algunas orientaciones que muchas personas esperamos de precandidatos valientes.

Les propongo con respeto, tanto a los precandidatos del PLN como a todos los que presenten su nombre a la presidencia de la República, los siguientes 13 principios:

1-Hay que democratizar la democracia. Cero tolerancia a quienes delinquen desde los poderes públicos, comenzando por el presidente de la República. Hay que endurecer las leyes para una justicia pronta y cumplida contra los delincuentes que lleguen a ocupar cargos públicos. Respeto irrestricto al principio de la división de poderes. Sugiero que avancemos a un sistema semi parlamentario, donde los cargos a diputados se distribuyan por circunscripciones territoriales y sean votados individualmente, para que la representación sea verdadera y las personas elegidas puedan ser destituidas, cuando violen la Constitución o se les demuestren delitos. Podrán ser sustituidos por un suplente que hubiera sido electo junto al propietario.

2- Los candidatos presidenciales o a las vicepresidencias deben asumir un compromiso con el planeta y comprometerse a luchar contra el cambio climático y la carbono neutralidad.

3-Compromiso con una reforma educativa, que permitan volver a elevar el nivel de la educación pública en escuelas y colegios. Prohibir mediante leyes el uso de los teléfonos celulares en el tiempo lectivo, como lo viene proponiendo el psiquiatra Dr. Luis Diego Herrera Amighetti. Respeto irrestricto a la educación superior pública conforme a la Constitución de la República.

4- Compromiso con la seguridad social para toda la población, lo que implica comenzar a cancelar la deuda billonaria del Estado con la Caja. Poco a poco pero ininterrumpidamente. El Poder Ejecutivo deberá presentar un plan al respecto en el plan nacional de desarrollo.

5- Compromiso del Estado con todas las comunidades del país para resguardarlas de la inseguridad que se padece a manos de la delincuencia y el narcotráfico. Se debe prestar particular atención a aquellas comunidades en donde los indicadores muestren más violencia y haya sobre todo población juvenil desocupada o subempleada.

6- Compromiso con Costa Rica para bajar los índices de pobreza, pobreza extrema y, cerrar las brechas de desigualdad social. Igualmente, las metas del cuatrienio deberán contemplarse en el plan nacional de desarrollo.

7- Compromiso con un desarrollo donde haya distribución de la riqueza, siguiendo los principios de sostenibilidad y sustentabilidad. Compromiso para destinar un porcentaje fijo de los recursos que se obtengan de los evasores de impuestos, al plan de desarrollo para combatir la pobreza y la desigualdad.

8- Compromiso con la infraestructura. Se debe asegurar una inversión sostenida para cumplir con un plan de desarrollo de la infraestructura, de parte del poder ejecutivo, que se apruebe en la Asamblea Legislativa, prestando atención prioritaria a las zonas rurales menos favorecidas. Asumir un Compromiso con el desarrollo del plan ya existente para el tren eléctrico.

9- Compromiso con la Cultura, se debe asegurar una inversión de no menos del 2% del PIB para un desarrollo cultural que llegue a las zonas más rezagadas del país. En el primer plan del presupuesto nacional el poder ejecutivo deberá señalar la fuente de dónde se tomarán los recursos para ello. Se deberá presentar un proyecto de ley que lo garantice.

10- El poder ejecutivo deberá elaborar en el primer plan de desarrollo un verdadero proyecto para una tecnología al servicio de la sociedad y no la sociedad al servicio de la tecnología y de la Inteligencia Artificial (IA).

11- Compromiso con las mujeres. Por una igualdad real de las mujeres en la sociedad, asegurado mediante el plan nacional de desarrollo, el cual deberá contemplar indicadores rigurosos al respecto. Compromiso por erradicar la violencia contra las mujeres, cero tolerancias contra los que infrinjan el principio de no violencia a las mujeres. Educación temprana en el sistema escolarizado, público y privado en una conducta de no violencia contra las mujeres y los niños.

12- Compromiso prevalente para apoyar al agricultor costarricense y reactivar la agroindustria nacional. Debe contemplarse en el plan nacional de desarrollo.

13- Compromiso con una política exterior apegada al principio de resolución pacífica de los conflictos internacionales y la erradicación progresiva del armamento nuclear. En adición, debe haber un compromiso con una política exterior que cierre filas con todos los países dispuestos a luchar contra el cambio climático.

Dejo estas propuestas prioritarias a sabiendas que debe haber más. Pero reitero que muy poco o nada de lo aquí señalado fue abordado en el primer debate de los precandidatos del PLN. Espero correcciones y lo mismo a los que presenten sus nombres en otras tiendas políticas.

A 100 años de la Ley de Accidentes de Trabajo, con jornadas de 8 horas, en la encrucijada de las nuevas condiciones de trabajo, ante las jornadas de 12 horas diarias

Vladimir de la Cruz

Las clases trabajadoras costarricenses empezaron a distinguirse con conciencia de clase a finales del siglo XIX. Iniciaron sus organizaciones con las sociedades mutualistas, las sociedades de socorros mutuos y las sociedades de mutuo auxilio, que eran organizaciones policlasistas, donde podían agruparse trabajadores, artesanos, obreros, estudiantes, patronos, hombres y mujeres en general. Mi abuelita materna Ofelia Rodríguez Rodríguez, perteneció a una de ellas en el siglo pasado, hasta su muerte.

Hacia 1870, por el impulso del padre Francisco Calvo, también fundador de la Masonería costarricense, surgen las sociedades de artesanos, las sociedades de obreros y las sociedades de trabajadores, que eran organizaciones clasistas, a las cuales solo podían afiliarse artesanos, obreros y trabajadores. Con éstas, la sociedad costarricense empezó a perfilarse y conocerse como una sociedad dividida en clases sociales.

A finales del siglo XIX, el Lic. Félix Arcadio Montero, el último Rector y Presidente de la Universidad de Santo Tomás, que se opuso a su cierre, destacó como un gran líder liberal en Costa Rica y en Centroamérica. Fundó el partido de Obreros y Artesanos, a finales de la década de 1880 y a principios de la década de 1890 fundó el Partido Independiente Demócrata, que afirmó esa conciencia clasista de los trabajadores, artesanos y obreros, cuando su partido llamaba a aglutinarse a los chaquetas, a los descalzos y descamisados contra el Olimpo y los Levitas, enfatizando en quienes estaban en el poder, y en las alturas políticas, y por la forma de sus vestimentas.

La lucha política de Félix Arcadio Montero, fue intensa. Obligó a que los partidos oligárquicos de ese momento, la mayoría liberales, impulsaran en su interior los llamados Clubes de Artesanos, Clubes de Obreros y Clubes de Trabajadores, como hace poco tiempo lo hacían los partidos Liberación Nacional, la Unidad Social Cristiana y los partidos de izquierda, que tenían sus frentes, secciones y sindicatos de trabajadores.

Las luchas políticas de finales del siglo XIX hicieron que el partido Independiente Demócrata eligiera dos diputados, a Félix Arcadio Montero Monge y a Faustino Montes de Oca, y que uno de los partidos liberales eligiera diputado a su dirigente trabajador Víctor Golcher.

Las luchas políticas intensas llevaron a planear un atentado contra el presidente Rafael Iglesias Castro, cuya culpa se le echaron a Félix Arcadio Montero, motivo por el cual fue injustamente detenido y expulsado del país. A su regreso al país, en 1897, fue asesinado, envenenado, en el barco en que venía. Exaltado por el movimiento liberal centroamericano se le honró en su muerte. Casado con Rosa Segura Fonseca, sus hijos siguieron sus pasos liberales y vinculados al movimiento obrero y sus luchas, especialmente Bolívar, Arístides y Alejandro. Sus nietos, los Montero Vega, Álvaro y Arturo, también, militando en el Partido Comunista y su movimiento sindical, desde la gloriosa década de 1940-1948 hasta sus muertes, y uno de sus bisnietos, también ha sido dirigente sindical.

A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, entre 1901-1903, las sociedades mutualistas y las de trabajadores dieron paso a las Ligas Obreras y a los Sindicatos, tal y como existen hoy.

La sociedad costarricense había cambiado. Se construían los barrios Aranjuez y Amón, entre 1890 y 1912, la electricidad era un factor de progreso. El capitalismo agrario se había desarrollado. Había fábricas de gaseosas, de cervezas, imprentas, telares e hilanderías, se construían grandes edificios, se vendía electricidad al servicio privado desde 1896 en Alajuela, Heredia, Cartago y San José.

Las luchas obreras internacionales se conocían en el país. Las luchas de los trabajadores europeos y estadounidenses por la jornada de 8 horas, en 1886, 1888 y 1890 fueron seguidas en la prensa diaria, que ya existía desde 1886.

Una de las primeras demandas e inquietudes de los trabajadores nacionales fue la jornada de trabajo de 8 horas, que desde 1913, empezó a presionarse y celebrarse con el desfile del Primero de Mayo, como día Internacional de los Trabajadores.

Los sindicatos que surgieron a principios del siglo XX avanzaron en luchas y en huelgas, defendiendo salarios y condiciones de trabajo. En 1905 se constituyó la primera Federación de Trabajadores, en San José. Siguieron las de provincias, que a inicios de la década de 1910 ya existían algunas.

En 1909, el Centro de Estudios Sociales Germinal, que impulsaron Joaquín García Monge, Omar Dengo, Carmen Lyra, José María Zeledón Brenes, los científicos Jiménez Rojas, con cursos de capacitación a los trabajadores, los motivaron y condujeron para fundar la primera Confederación General de Trabajadores, única en todo el país desde 1913 hasta 1923, que se disolvió para unirse al recién fundado Partido Reformista, del sacerdote y General Jorge Volio Jiménez.

La década de 1910 -1920 golpeó fuertemente al país, por la crisis provocada por la Primera Guerra Mundial y sus repercusiones, que crearon el ambiente para la llegada de Alfredo González Flores al gobierno, el impulso de sus reformas y el golpe de Estado que le dieron en 1917, entre otras cosas, por ese motivo.

De la crisis de la guerra mundial surgió la Revolución Rusa y su repercusión inmediata en Costa Rica, con el Dr. Aniceto Montero, que impulsó el Centro Socialista de Costa Rica, a modo de un partido identificado con las ideas comunistas, marxistas y especialmente leninistas. Cuando murió Lenin, en 1924, organizó desfiles de duelo con los trabajadores nacionales. También se dieron las condiciones para impulsar la Liga de las Naciones y la Organización Internacional del Trabajo, OIT,

La década de 1920 inició con el retorno a la democracia bajo el gobierno de Julio Acosta García, 1920-1924. En su gobierno fueron electos como diputados, que se identificaban con los trabajadores y sus luchas, José María Zeledón Brenes, Bolívar Montero Segura, el dirigente obrero Gerardo Matamoros, Jorge Volio Jiménez y Julio Padilla Romero.

A las luchas sociales de salarios, condiciones de vida y de jornadas de trabajo, a principios del siglo XX, desde 1908 hasta 1925, se dieron luchas y demandas para exigir una Ley de Accidentes de Trabajo, que protegiera especialmente a los trabajadores agrícolas que eran la mayoría nacional. Varias veces se intentó en el Congreso Nacional discutir y aprobar esta ley, sin éxito, pero luchando por ella cotidianamente.

Con el partido Reformista, enfrentando a los socialistas de Aniceto Montero, Jorge Volio había izado la bandera de la Ley de Accidentes de Trabajo, que era una demanda que venía en lucha desde 1908.

Se acababa de fundar la Organización Internacional del Trabajo, OIT, del 1 de febrero al 11 de abril de 1919, organismo hoy parte de las Naciones Unidas para fomentar legislación laboral y social, trabajando conjuntamente empleadores, trabajadores y gobiernos. En 1917 había triunfado la Revolución Comunista en Rusia y en 1922 se había constituido la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que tuvieron mucha resonancia en Europa en esos años, exaltando el arribo de la clase trabajadora al poder.

Aún antes de la OIT, en Costa Rica ya se habían aprobado disposiciones ejecutivas y leyes que regulaban la relación trabajo-capital. Los trabajadores por su parte luchaban, demandaban y pedían regulaciones y leyes sobre sus condiciones de trabajo. Una de esas luchas se inició en 1908 demandando la Ley de Accidentes de Trabajo, adquiriendo fuerza esta lucha en 1925.

La ley aprobada no afectó a los terratenientes, a los cafetaleros ni a los bananeros dejando desprotegidos, en ese sentido a los trabajadores del campo, que pedían también atender las enfermedades endémicas y mordeduras de víboras entre otros accidentes de trabajo, y tener dispensarios médicos en los centros de trabajos agrícolas. Antecedente de esta Ley fue la Ley de Accidentes de Trabajo de México, de 1904, y lo establecido en la Constitución mexicana de 1917. Aunque no protegió a la inmensa mayoría de los trabajadores fue un avance muy importante.

En la constitución de la OIT se impulsó lograr mayor justicia social. Su trabajo se orientó a formular Convenios sobre distintas temáticas laborales y sociales.

El primero de sus Convenios internacionales del Trabajo, RATIFICADO por Costa Rica, es el del reconocimiento de la jornada de 8 horas diarias de trabajo y, luego, el de la semana laboral de 40 horas. Después siguieron los Convenios sobre salarios, sobre Higiene y seguridad del trabajo, el trabajo de las mujeres y los niños, el empleo, el paro y las migraciones, los seguros sociales y pensiones, riesgos profesionales, trabajos especiales, entre ellos el trabajo agrícola, el trabajo intelectual, el trabajo indígena, sobre los derechos de asociación de los trabajadores y sobre sus condiciones de vida.

El Convenio No. 12, aprobado en 1921 es sobre la reparación de accidentes de trabajo en la agricultura, que se amplió en el Convenio No. 17, de 1925, a la reparación de accidentes de trabajo y, por los Convenios números 18 y 19, de 1925, regularon la reparación de las enfermedades profesionales y la igualdad de trato en los accidentes de trabajo.

De inmediato a su fundación la OIT se preocupó en regular a los accidentes de trabajo, documentos que en la lucha de los trabajadores costarricenses por lograr la Ley de Accidentes de Trabajo no se conocían en ese momento. Sin embargo, la lucha iniciada desde 1908 para lograr la Ley de Accidentes de Trabajo era una necesidad en el país.

Las luchas políticas contra la dictadura de Tinoco y del inicio de la década de 1920, se habían fortalecido con las luchas huelguísticas y organizativas, desde 1918 hasta 1920, para lograr la jornada de 8 horas diarias, con la Ley No. 100 del 9 de diciembre de 1920.

La lucha por esta Ley de Accidentes de Trabajo era más de los sectores agrarios o campesinos que de los trabajadores urbanos. Al aprobarse esta Ley, la No. 53 del 31 de enero de 1925, sobre “Reparación por Accidentes de Trabajo” y sus reformas posteriores, se favoreció más la protección de los trabajadores urbanos, pero ya era una conquista social.

Desde aquellos años, hace 100 años o más, la preocupación por los accidentes de trabajo se agitaba como problema fundamental de los trabajadores, especialmente agrícolas. Durante años esa ley no se aplicó adecuadamente en su protección. Se mantuvieron las demandas por su cumplimiento y se reformó levemente sin detener los accidentes de trabajo, que siguen siendo una pesadilla para los trabajadores, sus familias, la seguridad social y el presupuesto nacional que tiene que atender estas situaciones. El Estado sigue indolente ante esta situación.

Los accidentes de trabajo son constantes y cotidianos. Hoy afectan tanto a trabajadores del campo como de las ciudades, y se regulan como todo aquello “que le suceda al trabajador como causa de la labor que ejecuta o como consecuencia de ésta, durante el tiempo que permanece bajo la dirección y dependencia del patrono o sus representantes, y que puede producirle la muerte o pérdida o reducción, temporal o permanente, de la capacidad para el trabajo”; es cualquier percance que le ocurra a un trabajador durante su jornada laboral, o es consecuencia del percance del trabajo que realiza el trabajador.

Desde 1925 se han venido regulando los accidentes de trabajo, los riesgos laborales y profesionales y las enfermedades ocasionadas por los trabajos. Hoy se atiende por la Caja Costarricense del Seguro Social y especialmente por el Instituto Nacional de Seguros y su excelente Hospital del Trauma, a la población ocupada formal e informalmente, de los sectores Primario, Secundario y Terciario de la economía nacional, que sufren estas situaciones laborales.

En los últimos cinco años, con jornadas de trabajo nacionales de 8 horas diarias, los accidentes de trabajo no bajan de 110.000 al año, y alcanzan hasta 130.000 al año, afectándose los hombres en un 75% y las mujeres en un 25%.

Con el sistema de jornadas diarias de 12 horas de trabajo que se quiere imponer, al estilo de las jornadas esclavistas del siglo XIX, los accidentes de trabajo aumentarán, por las mismas condiciones que existen, y se mantendrán con esas jornadas de 12 horas, por lo menos en un 40% más de las que ya se producen. Es decir, podrán alcanzar de los 160.000 a 170.000 trabajadores accidentados por año, aumentando igual el número de los trabajadores fallecidos por accidentes laborales.

Los accidentes de trabajo actualmente se concentran principalmente en la agricultura, la ganadería, la silvicultura y pesca, en la construcción, en la industria, en la administración pública, defensa y planes de seguridad social, en la construcción, en el comercio por mayor y por menor, así como en la reparación vehículos y motocicletas, en las Industrias manufactureras, las actividades de servicios administrativos y de apoyo y en las actividades de alojamiento y venta de comidas.

En la administración pública se produce el mayor número de accidentados, siguiéndole los sectores de la agricultura, la construcción y la industria. A nivel provincial Puntarenas, Limón y Guanacaste son las que reportan más siniestralidades laborales. Más del 90% de los accidentes de trabajo se producen en el mismo puesto de trabajo habitual, dentro o fuera del centro de trabajo. Por rango de edad la mayor cantidad de accidentes de trabajo se produce en trabajadores jóvenes, un 44%, entre 15 y 34 años, un 37%, entre los de 36 y 49 años, y un 18%. entre 50 y 65 años. En las mujeres trabajadoras a medida que aumenta la edad aumentan los accidentes.

De todos los accidentados un 78% resulta incapacitado entre uno y dos días, y el promedio de fallecidos por los accidentes de trabajo se mueve entre el 6% y el 10% de los trabajadores siniestrados. Los accidentes de trabajo se producen en las empresas que tienen menos de 9 trabajadores hasta las que tienen más de 50 trabajadores.

En el país hay más de 80.000 empresas sujetas a velar por la calidad de su trabajo y de sus condiciones de trabajo, de su seguridad e higiene ocupacional.

De acuerdo con el Convenio número 81 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), los inspectores del trabajo están facultados para investigar estas condiciones y a la vez están facultados para impulsar o recomendar medidas a fin de que se subsanen los defectos que ellos adviertan en la instalación, el montaje, en los métodos de trabajo que constituyan razonables peligros para la salud o seguridad de los trabajadores. Sin embargo, el Ministerio de Trabajo no tiene la cantidad de inspectores en capacidad de realizar estas tareas de inspección laboral. De esas 80.000 empresas no se visitan 3000 al año para precisar problemas en el incumplimiento de las condiciones de salud y de seguridad laboral que se debe tener.

Celebramos el centenario de la Ley No. 53 del 31 de enero de 1925, sobre “Reparación por Accidentes de Trabajo”. Pero no podemos dejar de decir que la legislación actual y el sistema de seguridad social que atiende esta situación sigue siendo deficiente.

Los sindicatos deben poner más atención a este problema. En la campaña electoral que ya está encima, los partidos políticos deberían comprometerse en atender con mayores recursos la inspección laboral y de la seguridad social y de mejorar, hasta donde sea posible, las instituciones de salud pública que atienden a los accidentados.

Compartido con SURCOS por el autor.

Anulan adjudicación de áreas de salud a cooperativas

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) anuló este jueves la adjudicación de las áreas de salud que estaban destinadas a ser administradas por cooperativas, que son parte del Caso Barrenador.

La directora representante de la clase trabajadora en la junta directiva, Martha Rodríguez González participó en la sesión a pesar de que se pretendió impedir su presencia. Ella expuso argumentos sobre por qué los servicios de salud deben ser brindados por la CCSS y no privatizarse.

La tabla de adjudicaciones muestra los montos que se pretendía entregar a diferentes cooperativas:

Partida

Área de Salud

Cooperativa/empresa

Monto

1

Escazú

Coopesana

₡50.268.964.251,6

2

Santa Ana

Coopesana

₡49.013.234.400

3

Carpio-León XIII

Asociación de Servicios Médicos Costarricense

₡45.739.430.078,4

4

San Sebastián-Paso Ancho

Asociación de Servicios Médicos Costarricense

₡39.236.479.400,4

5

Pavas

Coopesalud

₡78.289.877.640

6

Desamparados 2

Coopesalud

₡65.628.700.080

7

Tibás

Coopesain

₡39.557.765.040

8

San Pablo

Coopesiba

₡28.801.761.998,399

9

Barva

Coopesiba

₡43.709.771.972,399

La organización sindical UNDECA enfatiza que la tercerización equivale a privatización de los servicios de salud.

FRENASS: Participación construye “Armemos Juntos la CCSS”

Con una nutrida participación de dirigentes sindicales, de juntas de salud y diversos sectores sociales que defienden la CCSS, se realizó la actividad denominada Foro Popular-Taller Armemos Juntos la CCSS.

Una iniciativa para dar a conocer los proyectos de Ley #23.974, #24.025, #24.805 y # 24.859.

En un enriquecedor intercambio se informó, se asumieron compromisos y se construyeron estrategias e iniciativas para que todas y todos “Armemos Juntos la CCSS”.

«Armemos Juntos la Caja»: Una Campaña para Defender la Seguridad Social en Costa Rica

Observatorio de Bienes Comunes, UCR

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) es una de las instituciones más valiosas del país, garante del derecho a la salud y un pilar de la seguridad social. Sin embargo, enfrenta serios desafíos que amenazan su estabilidad y el acceso equitativo a los servicios de salud.

Ante esta situación, el Frente Nacional por la Seguridad Social (FRENASS) ha lanzado la campaña «Armemos Juntos la Caja», una iniciativa para informar, movilizar y defender la CCSS de intentos de debilitamiento y privatización.

Esta nota se realizó a partir de la entrevista del programa «Sentires y Saberes» al dirigente de FRENASS, Deivis Ovares, quien explicó los principales desafíos que enfrenta la seguridad social en Costa Rica y las propuestas en curso. Al final de esta publicación, dejamos el audio completo para quienes deseen escucharlo.

Desafíos de la Seguridad Social en Costa Rica

En los últimos años, la CCSS ha sido blanco de múltiples amenazas, entre ellas:

  • Impago de la deuda estatal: El Gobierno ha acumulado una deuda millonaria con la CCSS, afectando la sostenibilidad financiera del sistema de salud.
  • Injerencia política: La toma de decisiones dentro de la institución ha estado sujeta a presiones políticas que afectan su autonomía.
  • Impacto de la Ley Marco de Empleo Público: Esta legislación ha generado inequidades salariales y desmotivación en el personal de salud.
  • Listas de espera en aumento: La falta de recursos y el debilitamiento institucional han provocado una crisis en la prestación de servicios médicos.

Cuatro Proyectos de Ley para Fortalecer la CCSS

Como parte de esta campaña, FRENASS promueve cuatro proyectos de ley que buscan garantizar la estabilidad y autonomía de la Caja:

Restitución de la autonomía de la CCSS

Propone la eliminación de la figura de la Presidencia Ejecutiva para reducir la injerencia política en la institución.

Garantía del pago de la deuda estatal

Mediante una reforma constitucional, se busca obligar al Gobierno a cumplir con sus obligaciones financieras con la CCSS.

Elevación de los principios fundacionales de la CCSS a rango constitucional

Se pretende consolidar la seguridad social como un derecho protegido a nivel constitucional, asegurando su permanencia en el tiempo.

Exclusión de la CCSS de la Ley Marco de Empleo Público

Para evitar distorsiones salariales y garantizar condiciones laborales justas para su personal.

Un Llamado a la Acción

La defensa de la CCSS es una responsabilidad de toda la ciudadanía. Es fundamental que las y los costarricenses se informen sobre estos proyectos, participen en la discusión pública y apoyen las iniciativas que buscan fortalecer la seguridad social en el país.

¡Sumémonos a la campaña «Armemos Juntos la Caja» y asegurémonos de que esta institución, construida con el esfuerzo de generaciones, siga garantizando el derecho a la salud para todas y todos!

Escucha la entrevista completa con Deivis Ovares aquí.

¿Qué dicen los cuatro proyectos de Ley?

1. Proyecto de Ley para Restituir la Autonomía de la CCSS

Objetivo: Eliminar la figura de la Presidencia Ejecutiva dentro de la CCSS.

Razón: Actualmente, esta figura permite una fuerte injerencia política en la administración de la Caja, lo que afecta su autonomía y la toma de decisiones técnicas.

Impacto esperado: Con esta reforma, la CCSS volvería a ser administrada de manera independiente, priorizando los intereses de la seguridad social y no los de los gobiernos de turno.

2. Proyecto de Reforma Constitucional para Garantizar el Pago de la Deuda del Estado a la CCSS

Objetivo: Obligar al Estado a pagar su deuda con la CCSS, eliminando la discrecionalidad del Ministro de Hacienda.

Razón: El Gobierno al incumplir su responsabilidad constitucional de aporte a los fondos de los seguros sociales ha acumulado una deuda millonaria con la Caja, afectando sus fondos y la calidad de los servicios de salud. Actualmente, el pago depende de la voluntad política y la disponibilidad presupuestaria del Ejecutivo.

Impacto esperado: Con esta reforma, el pago a la CCSS se convertiría en una obligación constitucional ineludible, asegurando el financiamiento sostenible del sistema de salud.

3. Proyecto para Elevar los Principios Fundacionales de la CCSS a Rango Constitucional

Objetivo: Incluir en la Constitución los principios que rigen la CCSS, para validar y dar solidez constitucional al Derecho Fundamental a la Salud asegurando su protección ante futuras reformas que intenten debilitarla.

Razón: Los valores de universalidad, solidaridad y obligatoriedad han permitido que la seguridad social de Costa Rica sea un modelo ejemplar a nivel mundial. Sin embargo, sin un blindaje constitucional, estos principios pueden ser modificados con facilidad.

Impacto esperado: La CCSS y su misión quedarían protegidas como un derecho fundamental dentro de la Constitución, dificultando cualquier intento de privatización o debilitamiento del sistema público de salud.

4. Proyecto de Ley para Excluir a la CCSS de la Ley Marco de Empleo Público

Objetivo: Garantizar que la CCSS pueda administrar su personal sin interferencias externas.

Razón: La Ley Marco de Empleo Público ha generado distorsiones salariales, desmotivación entre los trabajadores y problemas administrativos en la institución. Actualmente, la Caja está sujeta a reglas que limitan su capacidad de gestión.

Impacto esperado: La exclusión de la CCSS de esta ley permitiría recuperar un esquema laboral justo y eficiente, asegurando mejores condiciones para el personal de salud y, por ende, una mejor atención para la ciudadanía.

Para más información pueden seguir las redes sociales de FRENASS .

Crédito de las imágenes FRENASS

Injerencia, privatización y deuda: las amenazas que acechan a la CCSS

Observatorio de Bienes Comunes, UCR

El foro «Iniciativas Políticas para la Defensa y Fortalecimiento de la Seguridad Social y la CCSS» se llevó a cabo el 14 de marzo de 2025, organizado por el Frente Nacional por la Seguridad Social. El evento abordó el contexto legislativo de los proyectos en corriente legislativa relacionados con la defensa y fortalecimiento de la seguridad social.

Participaron las diputadas Gloria Navas Montero, Paulina María Ramírez Portuguez y Rocío Alfaro Molina, junto a una importante representación de organizaciones sociales. Durante el foro, se discutieron los desafíos actuales de la CCSS, incluyendo el crecimiento de la deuda estatal, la crisis en la atención médica y la injerencia del Poder Ejecutivo en su administración.

Además, se presentaron iniciativas legislativas para fortalecer la seguridad social y se hizo un llamado a la movilización ciudadana en defensa del sistema público de salud.

La Seguridad Social en Riesgo: Un Llamado a la Acción

La Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) es el pilar de nuestro sistema de salud, garante del acceso universal y equitativo a la atención médica. Sin embargo, enfrenta una crisis sin precedentes que amenaza su sostenibilidad y su papel como institución pública.

En este foro, se identificaron graves riesgos que afectan a la CCSS: una creciente deuda estatal que supera los 4,2 billones de colones, intromisión del Poder Ejecutivo en su administración, fuga de especialistas por condiciones laborales precarias y una falta de planificación que debilita su funcionamiento. Además, la sombra de la privatización se cierne sobre la institución, poniendo en peligro el acceso a la salud para miles de costarricenses.

Ante este panorama, la ciudadanía tiene un papel clave. La defensa de la seguridad social requiere que nos informemos, nos organicemos y alcemos la voz para exigir soluciones reales. La salud es un derecho, no un negocio. Si permitimos el debilitamiento de la CCSS, abrimos la puerta a un modelo excluyente donde solo quienes puedan pagar accederán a servicios médicos de calidad.

¿Qué se entendió por Seguridad Social?

Según la discusión en el foro, la seguridad social se entiende como un derecho fundamental que garantiza el acceso público, universal y equitativo a la salud, la protección laboral y las pensiones. Se enfatiza su papel en la estabilidad y el bienestar de la población, asegurando servicios de salud accesibles para todos, independientemente de su condición económica.

También se destaca que la seguridad social no es solo un sistema de atención médica, sino un pilar del Estado social de derecho, que protege a los ciudadanos frente a riesgos como enfermedades, desempleo y vejez. En este contexto, se subraya la necesidad de defender la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) como una institución clave para garantizar este derecho.

¿Qué pasa con la presidencia ejecutiva?

En el foro se abordó el impacto negativo de la Presidencia Ejecutiva de la CCSS en la institución y la necesidad de su eliminación. Se argumentó que:

  • Eliminación de la Presidencia Ejecutiva: Se propone un proyecto de ley para suprimir esta figura y restablecer el modelo original de gobernanza tripartita, en el que la representación incluía al Estado, los trabajadores y los empleadores.

  • Consecuencias de la injerencia política: Se señala que la Presidencia Ejecutiva ha facilitado la intervención del Poder Ejecutivo en la toma de decisiones, priorizando intereses políticos sobre criterios técnicos.

  • Apoyo legislativo a la eliminación: Se menciona que el proyecto ha sido dictaminado en la Comisión de Asuntos Sociales y ha recibido respaldo de la mayoría de las fracciones legislativas.

  • Impacto en la autonomía institucional: Se critica que la existencia de esta figura ha debilitado la autonomía de la CCSS, favoreciendo decisiones que no responden a las necesidades reales de la seguridad social.

En términos generales, la discusión en el foro destacó que la Presidencia Ejecutiva es percibida como un mecanismo de control político que ha afectado la gobernanza de la CCSS, y que su eliminación permitiría recuperar la independencia y estabilidad de la institución

Las amenazas que enfrenta la CCSS

En un foro reciente sobre seguridad social, se identificaron graves riesgos que afectan el futuro de la CCSS:

🔴 Crecimiento de la deuda estatal: El Estado debe más de 4,2 billones de colones a la CCSS, comprometiendo su operatividad.
🔴 Intromisión del Poder Ejecutivo: Se ha denunciado una interferencia política en la Junta Directiva, debilitando la toma de decisiones técnicas.
🔴 Fuga de especialistas y crisis laboral: Condiciones laborales precarias y sueldos no competitivos están provocando la salida de profesionales de la salud.
🔴 Privatización encubierta: Se teme que el debilitamiento de la CCSS busque favorecer a la medicina privada, afectando el acceso universal a la salud.
🔴 Deficiencias en la planificación: Falta una estrategia clara para fortalecer el sistema de salud y garantizar su sostenibilidad.
🔴 Desinformación y manipulación: Existen campañas mediáticas que buscan desacreditar la CCSS para justificar su debilitamiento

El papel de la ciudadanía en la defensa de la CCSS

Frente a estas amenazas, la ciudadanía tiene un papel fundamental en la defensa de la seguridad social:

✔ Informarse y generar conciencia sobre la situación de la CCSS.
✔ Organizarse y movilizarse en sindicatos, juntas de salud y movimientos sociales.
✔ Denunciar intentos de privatización y exigir soluciones reales.
✔ Fiscalizar a las autoridades para evitar decisiones que perjudiquen a la CCSS.

Desafíos para una agenda común para abordar la situación de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS):

  • Planificación y fortalecimiento del primer nivel de atención: Se resalta la necesidad de una planificación adecuada para atraer, formar y retener a los mejores profesionales de la salud en todos los niveles de la institución.

  • Dignificación del trabajo y salarios justos: Se subraya la importancia de garantizar condiciones laborales dignas y salarios adecuados para el personal de salud.

  • Universalización de las pensiones: Se plantea la necesidad de ampliar las modalidades de aseguramiento para jóvenes sin un empleador formal, dado que el esquema actual para trabajadores independientes resulta inequitativo.

  • Reforma a la gobernanza de la CCSS: Se propone eliminar la figura de la presidencia ejecutiva y restablecer el modelo tripartito original, asegurando una mayor representatividad de la clase trabajadora.

  • Blindaje constitucional de la CCSS: Se sugiere elevar los principios rectores de la institución a rango constitucional, con el objetivo de protegerla ante posibles intentos de desmantelamiento o privatización.

  • Pago de la deuda del Estado con la CCSS: La necesidad de contar con un plan de pago gradual que contemple un porcentaje del PIB anual durante 20 años para saldar la deuda estatal con la institución.

  • Mayor participación ciudadana y movilización social: Se enfatizó la importancia de que la ciudadanía se organice y ejerza presión para la aprobación de estas reformas y la defensa de la seguridad social.

La salud es un derecho, no un negocio. No podemos permitir que destruyan la CCSS en beneficio de unos pocos. Unámonos para proteger el futuro de la seguridad social en Costa Rica.

Les compartimos el video completo del foro para que puedas profundizar en las discusiones y reflexiones.

Para más información pueden visitar el facebook de FRENASS

*Foto de la actividad tomada del Facebook de FRENASS

LA CAJA Y YO. (Cronología de una confesión)

José Manuel Arroyo Gutiérrez
Ex Magistrado
Catedrático UCR

En la morgue del Hospital San Juan de Dios, delante del cuerpo inerte de papá, tuve el impulso de interrogarlo: ¿a dónde te has ido?, ¿a dónde fue a parar tu alma noble, tu amoroso espíritu de hombre bueno?, ¿a dónde quedan tus días de gloria y alegría, y los que te trajeron tragedias y derrotas? Sólo me respondió el frío matinal de aquél salón apenas alumbrado por la primera luz del día.

A pesar del dolor que me embargaba, encontré consuelo pensando que papá había partido de este mundo con toda dignidad. Atendido en condiciones inmejorables, por médicos competentes y enfermeras abnegadas que hicieron lo humanamente posible por rescatarlo, aunque al final perdieran aquella batalla. Una batalla entre cientos de todos los días; una pérdida entre miles de victorias.

Años después, en la Unidad de Cuidados Intensivos del mismo Hospital, rodeada de toda la tecnología imaginable, vi cómo mamá se extinguía minuto a minuto, imperceptiblemente. De nuevo afloró el dolor de mi agnosticismo impenitente: ¿Cómo podía apagarse, sin más, aquella poderosa llama, maga de la cocina que limpió, atendió y curó a chiquillos y animales hasta el agotamiento? Los misterios de la vida y de la muerte, me golpeaban de nuevo, hermanados, indivisibles e incapaces de generar respuestas convincentes o definitivas.

Y de nuevo el consuelo de la dignidad. El privilegio de ver a tus seres más queridos transitar por la vejez, la enfermedad y la última despedida albergados en las mejores manos, recibiendo medicinas, tratamientos, asistencias en condiciones apropiadas. Todo financiado por el aporte y la solidaridad de muchos, los nuestros incluidos.

No faltó la veta jurídica que también se manifestara. Aquellas experiencias de vida me llevaron a entender en la práctica lo que significa el derecho a la salud como uno de los fundamentos para construir la dignidad humana en una convivencia democrática. El alcance de este derecho que no sólo cubría los quebrantos de la vida sino también el final, la muerte digna. Bendije desde entonces a los líderes de este rincón del mundo que hicieron posible semejante prodigio. Una idea genial que puso a patronos, trabajadores y Estado, en un pacto social fundacional, a contribuir solidariamente para que todos los hijos e hijas de esta tierra pudieran incapacitarse sin tener que pasar hambre, ser atendidos por enfermedades y ser auxiliados en su invalidez y su muerte.

Desde entonces digo, cada vez que puedo, que a la Caja hay que defenderla; es la columna vertebral sobre la que descansan los afanes de justicia y paz de este país. Ha sido el antídoto eficaz contra las violencias y las guerras que han azotado a nuestra región y al mundo entero. Hay que defenderla en las calles y desde todas las trincheras. Y hay que defenderla de todas las maneras posibles frente a todos los enemigos de antes y de ahora. Sobre todo hay que defender la Caja de quienes ven en la salud sólo una mercancía más, un negocio para enriquecerse.

Otras experiencias de vida me han llevado después a afianzar estas convicciones. Hace algunos meses tuvimos que enfrentar, como familia, una emergencia médica. No hubo alternativa: o acudíamos a un hospital privado, o los riesgos eran enormes. Nos pudimos dar el lujo de enfrentar gastos extraordinarios para superar el momento crítico. Pero tuvimos claro que sólo una minoría, muy reducida, puede tomar esa opción.

Se trató de un itinerario estrictamente mercantil: ustedes nos atienden y nosotros ponemos dinero. Todo comienza con la presentación de una tarjeta de crédito abierta, y la advertencia de que los presupuestos iniciales pueden aumentar, como en efecto aumentan sin medida. Las facturas finales son una oda a la minucia y el exceso. No queda mota de algodón, miligramo de alcohol o vaso de agua que no se cobre. Con todo, llegó la ansiada hora de abandonar aquel lugar. Sólo faltaba, para que nos dejaran salir, el cobro de uno de los médicos. Me dirigí de inmediato a hacer la fila correspondiente. Tres mujeres esperaban por delante. Apareció una joven asistente y preguntó si alguno iba a cancelar honorarios profesionales de médico. Le indiqué que yo y, de seguido, me ordenó que pasara al primer lugar de la fila. Le respondí que yo no podía hacer eso, que había personas esperando antes. Me explicó, como la cosa más natural del mundo, que tenía instrucciones de dar prioridad a quienes cancelaran servicios de los médicos y procedió ella misma a atenderme en otra ventanilla. Estuve a punto de preguntarle, pero me contuve, si el doctor en cuestión no tenía para pagar el “casado” del mediodía.

Entrado en confesiones, como ciudadano siempre abominé de la deuda acumulada en perjuicio de la Caja, durante décadas, por parte del Estado, o mejor dicho, por parte de los gobiernos de turno. Nunca he comprendido el impulso, casi lascivo, que tienen los tecnócratas de la economía ortodoxa por burlar obligaciones, y caerle con saña a salarios y fondos de pensiones. Como juez abominé de los patronos que no aseguraban a sus trabajadores, o peor aún, patronos que deducían las cuotas a sus empleados y no las transferían a la seguridad social. Y por supuesto abominé de la peor de las traiciones cuando, usufructuando herencias políticas, se sacaron comisiones de empréstitos o licitaciones públicas.

Está claro que el sistema no ha sido perfecto. También es evidente el deterioro que ha sufrido la CCSS y las muchas experiencias fatídicas de gente que no encuentra una atención oportuna o satisfactoria. Es cierto asimismo que se han dado múltiples abusos, corruptelas y malas prácticas. Pero pensar que la solución está en tercerizar servicios o privatizarlos, es un engaño que se pagará muy caro. La ruta debe ser corregir lo que ha andado mal para salvar un servicio público que, aún y con todos sus defectos, sigue siendo ejemplar en el mundo.

Avances en la corriente legislativa

Manuel Hernández

Sin que tampoco caiga uno en ilusionismos, no se puede dejar de reconocer que la Asamblea Legislativa, en los últimos días, dio algunas muestras, tal vez simbólicas, de algún atisbo, por lo menos, de recuperación parcial de la derrumbada institucionalidad pública.

Primero, fue el dictamen de mayoría de la Comisión de Asuntos Jurídicos, que aprobó la exclusión de la CCSS de la cobertura de la Ley Frankenstein, oficialmente denominada Ley Marco de (des)empleo público.

Luego, el martes de esta semana, la Comisión Especial de Educación, por mayoría rechazó el proyecto empresarial que pretende desguazar y privatizar el INA.

Y este miércoles 12, la Comisión de Asuntos Sociales, también por mayoría, aprobó la reforma del artículo 6 de la Ley Constitutiva CCSS, que pretende eliminar la insidiosa figura de la Presidencia Ejecutiva, por resultar absolutamente incompatible con la autonomía política de esa institución.

Ciertamente, sustanciales avances, en tiempos tan aciagos, de dura agenda neoliberal y antidemocrática, que no se pueden subestimar.

Ciertamente, cualquiera podrá replicar que aún les falta bastante trámite legislativo a esos proyectos tan importantes.

Así es y mucho menos se pueden lanzar las campanas al aire.

Ahora, sin duda, se vendrá la esperable y fuerte reacción de los conservadores y empresarios, que harán todo lo que esté a su alcance para abortar esas iniciativas legislativas.

Y, además, las advertencias de la OCDE y las imprecaciones del FMI.

Por esto es necesario e imprescindible que en este nuevo escenario los sindicatos y sectores sociales comprendan la trascendencia de los proyectos y se apresten a defender y consolidar los avances, hasta ahora, alcanzados.

La CCSS y el INA son instituciones fundacionales del Estado Social y Democrático.

Ahora el pueblo, el Soberano, tiene que responder.

“El movimiento se demuestra andando” afirmó Diógenes