El Sindicato Nacional de Enfermería (SINAE) le envía mensaje al actual presidente de la República, Rodrigo Chaves, en relación a la polémica labor que ha realizado la actual presidenta de la Caja Costarricense de Seguro Social, Marta Eugenia Esquivel.
De parte del SINAE, se solicita con urgencia que la actual presidenta de la Caja Costarricense de Seguro Social sea destituida.
En un mensaje, Albino Vargas, ha revelado información crucial para todos aquellos trabajadores que, tras cumplir con todos los requisitos, se encontraron con cambios sorpresivos en las reglas del juego por parte de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), viéndose privados de su derecho a la pensión.
La indignación radica en la modificación inesperada del proceso de pensiones del régimen IVM-CCSS, afectando a numerosos trabajadores. Albino Vargas, destaca que la CCSS cambió las reglas del juego de manera abrupta, arrebatando el derecho a la pensión a personas que pensaban que cumplían con todos los requisitos.
La ANEP ha decidido abrir un litigio internacional en respuesta a lo que considera una violación de los derechos humanos de estas personas afectadas por la decisión de la CCSS. Es importante destacar que estos dos grupos mencionados en el video, conformados por 613 y 123 personas respectivamente, aceptaron ser parte activa del litigio, representando a muchos más que se vieron afectados por esta situación.
El líder sindical expresa la preocupación y la indignación de aquellos que, habiendo seguido todos los procedimientos establecidos, se vieron privados de un derecho fundamental de manera arbitraria. La ANEP, en su papel de defensora de los intereses de sus afiliados, busca justicia y reparación a través de instancias internacionales.
El litigio actualmente se encuentra en la comisión de derechos humanos de las Naciones Unidas, con sede en Ginebra, Suiza.
En el video adjunto se puede visualizar lo acontecido.
En medio de acusaciones que señalan posibles manipulaciones financieras y decisiones polémicas, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) se encuentra bajo escrutinio. La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) ha presentado denuncias ante diversas autoridades, incluyendo la Contraloría General de la República y la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción.
Las acusaciones apuntan directamente a altos funcionarios de la CCSS, incluyendo a la presidenta ejecutiva, Marta Eugenia Esquivel Rodríguez, y al vicepresidente de la Junta Directiva, Roberto Quirós Coronado. Se alega que, según información pública, estos funcionarios podrían haber tomado decisiones en aparente detrimento de los criterios técnicos y financieros, lo que habría generado una presunta crisis financiera.
La ANEP ha señalado posibles alteraciones en informes presentados a la Junta Directiva, lo que condujo a la suspensión de importantes proyectos de infraestructura y tecnología. Se destaca la presunta falta de congruencia entre las decisiones adoptadas y las advertencias emitidas por áreas técnicas respecto a la viabilidad financiera de los proyectos.
La Contraloría General de la República, en un documento oficial, menciona posibles incumplimientos y situaciones contrarias a las buenas prácticas en las valuaciones actuariales, así como presuntas inconsistencias en los informes presentados.
Ante estas acusaciones, se espera una investigación exhaustiva por parte de las autoridades competentes para aclarar estos señalamientos. La transparencia y la integridad en el manejo de una institución tan vital como la CCSS son fundamentales para garantizar la confianza de la ciudadanía.
La estabilidad financiera y la correcta gestión de la Caja Costarricense de Seguro Social son de suma importancia para el bienestar de la población. Ante estas acusaciones, se espera una pronta y minuciosa investigación que permita esclarecer los hechos y tomar las medidas necesarias para salvaguardar los intereses y la confianza de los costarricenses en esta institución.
En la petitoria del día 29 de diciembre de 2023 se señala, en relación con la Junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), los siguientes puntos como antecedentes:
Primero. Esa Junta Directiva aprobó, en la sesión extraordinaria del viernes 27 de octubre de 2023, una revalorización de las pensiones del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) para el periodo comprendido entre enero de 2022 y setiembre de 2023.
Segundo. Lo anterior muestra que esa Junta Directiva dejó de realizar tres revaluaciones semestrales a los montos de las pensiones.
Tercero. Por lo tanto, esa Junta Directiva dejó pasar 15 meses -desde el 31/12/2021 hasta el 30/09/2023- sin revaluar los montos de las pensiones, afectando no solo a los beneficiarios de IVM, sino extendiendo el plazo de exposición a eventos no solo inflacionarios, sino también deflacionarios.
Cuarto. En la página 6 del “Estudio REVALUACIÓN DE LOS MONTOS DE LAS PENSIONES EN CURSO DE PAGO DEL SEGURO DE INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE EST-0085-2023, octubre 2023”, elaborado por la Dirección Actuarial y Económica de la CCSS, que sirvió de base técnica para el acuerdo de reajuste tomado por esa Junta Directiva, se indica lo siguiente: “La pérdida de valor en el tiempo de los montos de las pensiones en curso de pago se produce como consecuencia del aumento en el costo de bienes y servicios de la canasta básica o costo de vida”.
Quinto. No obstante, lo anterior, lo cierto es que, la metodología acogida y empleada por esa Junta Directiva para acordar el reajuste de marras, descrita en el Anexo 2 del informe antes citado, combinada con los períodos deflacionarios que se muestran en el Gráfico N° 1, concedió a un grupo de 34.099 pensionados beneficiarios, un beneficio adicional al de la pérdida de valor debido a la inflación de los precios.
Sexto. Esa Junta Directiva confunde dos conceptos que tienen un fundamento jurídico diferente y por eso están regulados en dos artículos distintos del Reglamento de IVM, el 28 y el 29, el primero sobre los reajustes por inflación y el segundo por el principio de suficiencia de la pensión mínima. Lo que está haciendo esa Junta Directiva sería como decir que cuando a un empleado se le pagan anualidades por experiencia, no se le hacen los reajustes por inflación, lo cual no tiene fundamento legal y a todas luces viola el artículo 11 de la Constitución.
En relación con lo anterior, la petitoria presentada señala los siguientes puntos:
Primero. El suministro del criterio jurídico legal que tuvo esa Junta Directiva para aprobar dicho reajuste en la forma que lo hizo, dejando por fuera a quienes estaban recibiendo el monto de la pensión mínima y beneficiando menos a quienes se pensionaron antes de enero/2022 en comparación con quienes se pensionaron después del diciembre/2021. Si no existiera dicho criterio jurídico solicitamos que así se haga constar.
Segundo. Que esa Junta Directiva corrija los defectos jurídicos que contiene el acuerdo de revaluación.
Tercero. Que esa Junta Directiva integre una comisión con participación ciudadana para la redacción de un proyecto de ley con una propuesta para incluir en la Ley Constitutiva de la Caja el mecanismo de revaluación de los montos de las pensiones de IVM.
Firman el M.Sc. Rodrigo Arias López, el Lic. Carlos Eduardo González Arroyo, el Lic. Jorge Manuel García Araya y el MBA. Juan Carlos Aguilar Zamora.
Le invitamos a consultar y leer el documento completo, con los cuadros referentes a los puntos de principal importancia, en este enlace. O bien:
Este mes -diciembre de 2023- la CCSS pagó o pagará un reajuste de 5,99% a todos los pensionados de IVM que reciben un monto de pensión superior al monto de la pensión mínima de ¢153.192 y se pensionaron antes del 1 de enero de 2022. Quienes se pensionaron a partir de esa fecha con pensión superior a la mínima, tendrán un reajuste proporcional a la antigüedad de la pensión.
Ver el primer cuadro, en el cual el “Índice de precios” es el dato que publica el Banco Central.
Luego, cada línea destacada a color de dicho cuadro la explico a continuación según su etiqueta:
(A): El 2,52% es la inflación acumulada desde el 30/06/2021 hasta el 31/12/2021. La CCSS acordó hacer un reajuste igual a ese 2,52% a partir del 1/1/2022; aunque lo pagó tardíamente hasta en junio de 2022 (pagó seis meses retroactivos de reajuste). Con ese reajuste, al 31/12/2021 los montos de las pensiones quedaron actualizados con la inflación de los precios ocurrida en el segundo semestre de 2021.
(B): El 7,35% es la inflación ocurrida desde el 1/1/2022 al 30/6/2022 (Primer semestre de 2022). En este caso la CCSS no hizo ese reajuste a los montos de las pensiones; es decir, de julio de 2022 a diciembre de 2022 la CCSS dejó de pagar un reajuste de 7,35% (seis meses).
(C): El 7,88% es la inflación ocurrida desde el 1/1/2022 hasta el 31/12/2022 (todo el año 2022). La CCSS -sus jerarcas- pudo acordar ese reajuste a partir de enero de 2023; pero tampoco lo hizo; con lo cual dejó de pagar un reajuste de 7,88% desde enero de 2023 hasta junio de 2023 (Otros seis meses, acumulando 12 meses sin pagar reajuste).
(D): El 6,24% es la inflación ocurrida desde el 1/1/2022 hasta el 30/6/2023 (1 año y medio). En este caso la Junta Directiva de la CCSS pudo acordar reajustar los montos de las pensiones en un 6,24% a partir del 1/7/2023; pero tampoco lo hizo, con lo cual dejó de reconocer tres meses su pago (de julio de 2023 a setiembre de 2023, acumulando 15 meses sin pagar el reajuste).
(E): El 5,99% es la inflación ocurrida desde el 1/1/2022 hasta el 30/9/2023 (un año y 9 meses). En este caso la CCSS acordó pagar ese reajuste completo a partir del 1/10/2023 y pagarlo en diciembre de 2023 (tres meses retroactivos de pago); eso sí, solo a unas 200 mil pensiones superiores al monto de la pensión mínima..
En conclusión, a partir de octubre de 2023 los montos de las pensiones recuperaron la pérdida de valor que tuvieron desde el 1/1/2022 hasta el 30/9/2023; pero los pensionados y pensionadas dejaron de recibir el reajuste durante 15 meses.
Les dejo en el segundo cuadro un estado de las pensiones en curso de pago de IVM de octubre de 2023, antes y después de aplicar dicho reajuste.
La práctica de dejar de hacer semestralmente el reajuste a los montos de las pensiones de IVM, como se hizo durante 30 años, nació en 2019 con el difunto PAC y está siendo continuada por el gobierno actual.
Es pertinente aclarar que de acuerdo con el artículo 32 y siguientes de la Ley Constitutiva de la CCSS, el IVM es un régimen de capitalización colectiva, el cual, por definición, acumula cuando el trabajador está activo y des acumula cuando el trabajador se pensiona; sin embargo, la CCSS y los gobiernos de turno violan esta ley y el artículo 73 de la Constitución, desviando sus fondos y reservas para otros fines no autorizados, con lo cual desde hace varios años el IVM no tiene suficientes reservas para pagar las pensiones en curso de pago, sino que tiene que usar los aportes de quienes están activos. En la actualidad al IVM le desvían ₡1 billón anualmente. Sus administradores mienten mucho, reciben jugosos salarios y están en contubernio permanente con los gobiernos de turno, la CGR y hasta con el Ministerio Público, cuyos jerarcas también viven de los impuestos que pagamos los consumidores.
En un proceso reflexivo liderado por la ANEP, se ha delineado un conjunto fundamental de estrategias destinadas a salvaguardar y fortalecer la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) durante el próximo año. Estas estrategias, compartidas con SURCOS por Juan Carlos Durán Castro, no revelan nombres aún, sino que se centran en los aspectos vitales que demandan atención inmediata.
La intención principal de este análisis es trazar una hoja de ruta para la defensa de la CCSS, resaltando los temas críticos que deben encararse con determinación y compromiso.
Entre los puntos clave delineados se encuentran:
1. Gestión de Listas de Espera: Resolver este desafío y proponer soluciones concretas para garantizar tiempos de espera óptimos y acceso rápido a los servicios médicos.
2. Retención de Especialistas: Enfrentar la pérdida de profesionales de la salud y sus consecuencias, mediante políticas atractivas y la finalización de proyectos como el ERP para mejorar la eficiencia.
3. Deuda Gubernamental: Abordar la deuda pendiente del Gobierno con la CCSS para asegurar su estabilidad financiera.
4. Infraestructura Hospitalaria: Encarar los desafíos actuales y futuros en la infraestructura hospitalaria, completando proyectos pendientes y abordando la sostenibilidad financiera.
Estos aspectos críticos, entre otros, conforman una propuesta integral que busca reforzar la CCSS como columna vertebral del sistema de salud costarricense. Se resalta la necesidad de acciones concretas a corto, mediano y largo plazo:
1. Pago de obligaciones gubernamentales: Asegurar el cumplimiento de las obligaciones del gobierno con la CCSS.
2. Fortalecimiento de recursos humanos e infraestructura: Mejorar el personal, la infraestructura y los sistemas digitales para optimizar los servicios.
3. Fomento a la innovación: Impulsar la innovación en sistemas digitales y procesos internos para una gestión más eficiente.
Este llamado a la acción “representa un modesto aporte, una guía que busca promover la colaboración entre diferentes sectores sociales y políticos hacia el año 2024”, dijo Juan Carlos Durán Castro a SURCOS. “Es un llamado a construir puentes y establecer una dirección común para garantizar un futuro más equitativo y próspero”, concluyó.
La Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (UNDECA) junto con el diputado Jonathan Acuña Soto han solicitado a través de diversos oficios, entre ellos el PE-5124-2023 y el AL-FPFA-43-OFI-176-2023, detalles y claridad en torno a un acuerdo millonario entre la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y el Banco Mundial.
Según el Oficio PE-5124-2023, se hace mención de una «Carta de Entendimiento», firmada por la Ministra de Hacienda a.i. y la CCSS, con el objetivo de mejorar los procesos de calidad y cruce de datos financieros, sin haber recibido aún recursos asociados a este acuerdo ni haber concretado proceso alguno de contratación.
Por su parte, el diputado Acuña Soto, en el oficio AL-FPFA-43-OFI-176-2023, solicita copias certificadas de acuerdos de la Junta Directiva de la CCSS para el pago al Banco Mundial, así como toda la documentación del proceso de suscripción de un acuerdo técnico reembolsable para la mejora de los procesos financieros.
La respuesta emitida a través del Oficio PE-5003-2023 señala que, según la ley constitutiva de la CCSS, se deben realizar revisiones actuariales cada cierto tiempo, sin embargo, resalta que esta sería la primera vez que se recurre a una evaluación actuarial externa. Además, se menciona un acuerdo de la Junta Directiva donde se detallan una serie de objetivos prioritarios a alcanzar con el Banco Mundial.
Por último, el Oficio SJD-2521-2023 indica que la Junta Directiva tiene pendiente analizar las acciones solicitadas en relación con este acuerdo para brindar una respuesta detallada próximamente.
Este llamado de atención de UNDECA y el diputado Acuña Soto busca aclarar los detalles y garantizar la transparencia en un acuerdo millonario que involucra a la CCSS y al Banco Mundial, asegurando el debido proceso y el uso adecuado de los recursos públicos.
Información compartida con SURCOS por la doctora Natalia Solís Rojas.
UNDECA solicita transitorio para incorporación definitiva
Las listas de espera en la Caja Costarricense de Seguro Social, es el principal problema de salud pública en nuestro país. Desde el año 2015, UNDECA, denunció la muerte de personas esperando procedimientos médico-quirúrgicos.
El faltante de especialistas es un factor crítico, sin embargo; existe más de un centenar de médicos especialistas que no los dejan trabajar, graduados en universidades prestigiosas, incluida la Universidad de Harvard El Colegio de Médicos y Cirujanos extiende “permisos provisionales”, a especialistas que han trabajado por años en la CCSS, con excelentes notas de desempeño, superando por mucho el periodo de prueba, que establece el código de trabajo costarricense, demostrada idoneidad comprobada.
Los especialistas, anestesistas, radiólogos, neurocirujanos, entre muchas otras especialidades, han sido sometidos a un calvario, con un “examen de incorporación”, que tiene un costo de Ë600.000,00 (seiscientos mil colones), cada vez que lo realizan y lo ejecutan especialistas ya incorporados, con un evidente, insalvable y manifiesto conflicto de intereses, que se materializa en un obstáculo insuperable.
UNDECA, solicita al Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica, ante la emergencia nacional por inopia de especialistas, la urgente e impostergable necesidad de recurso humano médico especializado, se aplique de inmediato un transitorio humanitario, para la incorporación definitiva de los especialistas mencionados para que la Caja cuente con recurso humano inmediato, y brindar una solución a los miles personas que esperan una atención oportuna y de calidad. Es un esfuerzo que todos debemos hacer a favor de la Seguridad Social de nuestro país.
La denuncia fue realizada por la ANEP en donde se señala el conflicto de intereses que tiene Adrián Torrealba Navas, ya que es directivo de la CCSS y al tiempo mantiene una deuda por 156 millones de colones con la misma institución. El Poder Ejecutivo inició una investigación para determinar si es removido o no.
Ministra de Salud amenaza con no habilitar Hospital de Cartago
UNDECA
Denunciamos un nuevo obstáculo para el Hospital Maximiliano Peralta. Una vez que la Junta Directiva, en virtud de una moción presentada por la representante sindical, por decisión unánime pone como fecha para la toma de una decisión, el próximo 21 de diciembre, aparece la Ministra de Salud, Mary Munive, amenazando que si se construye el hospital, no otorgará la habilitación necesaria para que el centro pueda operar, porque no se siguieron los lineamientos de hospital seguro.
La Gerencia de Infraestructura y Tecnologías, la Auditoría Interna de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) e innumerables estudios técnicos confirman que el terreno adquirido en El Guarco cumple con los criterios técnicos para que el tan anhelado centro médico se construya en ese lugar.
La Auditoría, en el informe AS- AOPER-0095-2023, del pasado 17 de octubre, indicó que se habían tomado en cuenta estudios geotécnicos, estudios de mecánica de suelos, geotectónicos, de impacto vial, hidrológicos, ambientales, manejo de riesgos tecnológicos y naturales, señalando que ”De conformidad con los elementos de hecho y derecho analizados en el presente documento, se determinó que la institución en atención a la política institucional del hospital seguro aprobada por la Junta Directiva, implementó para la ejecución de los proyectos, tanto en la etapa de obtención de los inmuebles como para la edificación de obra pública, lo establecido en la herramienta I-ABI-01 “Guía de Análisis Técnico y Avalúos” la cual contempla los parámetros, estudios y normativa que se debe aplicar en cada uno de los procesos de ejecución de los proyectos…”
“Hay que aclarar que el Ministerio de Salud no es el ente rector de la Caja, porque la CCSS es una institución autónoma, a la cual le compete el gobierno y la administración de los Seguros Sociales. Esto no es más que otra de las maniobras de este gobierno para impedir la construcción del Hospital de Cartago”, dijo Luis Chavarría, Secretario General de UNDECA.
Es inadmisible que dadas las condiciones en que se encuentra el hospital actual puede ocurrir un evento que pondría en peligro a la población y el personal, por eso deploramos que se utilice la institucionalidad pública para obstaculizar, con amenazas y sin argumentos válidos, la construcción de una obra sanitaria urgente.
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