El Frente Nacional por la Seguridad Social (Frenass) manifestó su rechazo a una iniciativa legislativa que busca modificar el régimen de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), al considerar que esta propuesta representa un retroceso histórico y un atentado contra la autonomía constitucional que ha protegido a la institución por más de ochenta años.
La organización calificó la propuesta como “vergonzosa” y denunció que responde a “intenciones perversas y mezquinas de los mercaderes de la salud en los diferentes gobiernos del turno”. En su pronunciamiento, Frenass llamó la atención sobre la gravedad de que se intente debilitar una institución que, desde su creación, ha sido pilar fundamental en la construcción de las garantías sociales y del Estado social de derecho en Costa Rica.
“La Caja es autónoma y tiene que seguir siendo autónoma por todo lo que esta institución le ha dado a este país. La Caja no se vende, la Caja se defiende” concluyó la organización.
Ante la propuesta de ley N.° 25181, “Reforma al artículo 73 de la Constitución Política”, que busca modificar la Carta Magna para arrebatarle la autonomía a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), organizaciones sociales y sindicales anunciaron una declaratoria de non grata contra la diputada Daniela Rojas Salas, promotora de la iniciativa.
En la carta pública, los movimientos convocantes señalan que la CCSS ha sido una de las instituciones más emblemáticas en la construcción de derechos sociales y en la garantía del acceso a la salud en Costa Rica. Resaltan que la propuesta de reforma constitucional representa un grave retroceso y una amenaza directa al principio de seguridad social, reconocido en el país como un derecho humano fundamental.
Las organizaciones denuncian que este proyecto responde a intereses privatizadores y atenta contra la institucionalidad costarricense. Subrayan que la defensa de la autonomía de la CCSS es una causa histórica y un compromiso ciudadano que no puede cederse a presiones políticas coyunturales.
En ese marco, expresan:
“Ante la propuesta de ley N.° 25181 Reforma al artículo 73 de la Constitución Política, que implica una reforma constitucional para arrebatarle la autonomía a la CCSS, impulsada por diputada Daniela Rojas Salas, diferentes movimientos sociales y sindicales decidimos impulsar una declaratoria de non grata contra esta diputada, les invitamos a leer la carta y darnos el apoyo en este rotundo señalamiento: formulario de adhesión.”
Las firmas de respaldo, así como los logos de las organizaciones que impulsan esta gestión, pueden consultarse descargando el documento completo en formato PDF desde este enlace: Declaratoria non grata PUSC
Una sociedad democrática requiere de un sistema de protección y seguridad social sobre una base universal, equitativa y solidaria. Entre otros ámbitos, en el centro de esa aspiración se encuentra la salud y, en nuestro país, la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), institución cuyo fortalecimiento demanda reflexión crítica y acciones efectivas que aseguren su sostenibilidad.
El seguro de salud de origen contributivo evolucionó hacia la universalidad con la ampliación progresiva de asegurados cubiertos por este régimen, y con el incremento también gradual de prestaciones en los diferentes niveles de atención. Además, se creó un régimen subsidiado de carácter no contributivo, con prestaciones similares a las del régimen contributivo, pero financiado enteramente por el Estado con recursos fiscales.
No obstante, se ha dado un reiterado incumplimiento del financiamiento a la CCSS por parte del Estado a lo largo del tiempo, lo cual ha generado una importante deuda acumulada. Ello compromete seriamente la sostenibilidad de la universalidad de las prestaciones y amenaza el acceso equitativo a la salud.
La actual administración, además, ha debilitado los principios de solidaridad y universalidad al promover la provisión de servicios en el mercado privado, pero sin regulación de precios por parte de la CCSS e ignorandoregulaciones existentes, con el riesgo de generar exclusión. También se ha debilitado la gobernabilidad de la institución, y se suspendieron temporalmente inversiones estratégicas.
Si bien se han acumulado reservas financieras del seguro de salud, e impulsado importantes inversiones en infraestructura y personal, persiste la necesidad urgente de fortalecer políticas de prevención, así como mejorar la calidad y oportunidad de las prestaciones.Es necesario lograr un acuerdo nacional sobre el cumplimiento de las obligaciones económicas por parte del Estado que coadyuve a la viabilidad global del seguro de salud, así como analizar estratégicamente el modelo financiero de la CCSS para asegurar su sostenibilidad. Paralelamente, es fundamental garantizar el uso eficiente de los recursos de la institución.
Está en curso un envejecimiento en el país, en el cual los grupos en edad laboral van a disminuir, en tanto que el grupo de personas mayores de 65 años va a aumentar. Este patrón demográfico contribuirá a causar un desbalance estructural entre ingresos y gastos en la CCSS. Se requiere un debate plural y técnicamente riguroso sobre opciones que permitan enfrentar este problema, tales como el pago de la deuda estatal, una política tributaria progresiva, impuestos a productos nocivos para la salud, reducción de la informalidad, promoción de mayor y mejor inserción de las mujeres en el mercado laboral de la mano de políticas de cuido y aumento de la edad de retiro, entre otras alternativas.
La transición epidemiológica hacia enfermedades crónicas no transmisibles impone nuevas exigencias al sistema de salud, que hacen necesario fortalecer el primer nivel de atención, reducir inequidades territoriales y mejorar el acceso para poblaciones vulnerables. La investigación científica y tecnológica debe jugar un rol central para comprender y atender estos desafíos, mediante alianzas interinstitucionales nacionales e internacionales.
La gestión en la CCSS enfrenta serios problemas, tales como crisis de liderazgo, ruptura de la gobernanza institucional en cuanto a su autonomía conforme a la ley y turbulencias en la composición de la junta directiva de la institución, lo cual complica la toma de decisiones, nombramientos inestables de la máxima autoridad de la institución y de las gerencias, politización, debilitamiento de la rendición de cuentas y desmotivación del personal. Mejorar la gestión es una condición necesaria para que cualquier reforma tenga éxito. De lo contrario, la CCSS no podrá hacer frente a los enormes retos que tiene por delante.
El déficit de especialistas, agravado por la fuga de talentos y la sobrecarga laboral, exige nuevas estrategias de formación, incentivos adecuados y el uso de tecnologías como la telemedicina y la inteligencia artificial. Por otra parte, la crisis de las listas de espera, que refleja deficiencias en la planificación, podría reducirse significativamente con una mejor gestión. Es crucial reformar el sistema de contratación extraordinaria para enfocarlo en la eficiencia y así evitar incentivos distorsionados.
Costa Rica debe avanzar hacia un modelo que supere el enfoque reactivo que prioriza la atención de las enfermedades y evolucionar hacia un modelo centrado en la producción social de la salud y la promoción de la salud. En última instancia la salud es un producto social y la consolidación de nuestra seguridad social debe fortalecerse con una amplia participación ciudadana e institucional.
Nuestro país debe renovar los pactos sociales que permitan consolidar la seguridad social en salud y en otros ámbitos de la vida nacional. Es esencial fortalecer los valores de universalidad, equidad y solidaridad que han sido el fundamento de nuestra salud pública.
*Este pronunciamiento fue elaborado por José María Gutiérrez Gutiérrez, Rolando Herrero Acosta, Edgardo Moreno Robles, Henriette Raventós Vorst y Catharina Wesseling, integrantes de la Comisión de Salud Global de la Academia Nacional de Ciencias. El texto tiene como base los análisis presentados en el foro organizado por esta comisión titulado “Seguridad social y la CCSS: situación actual y desafíos futuros”, celebrado el 19 de junio del 2025 con la participación como panelistas de María Luisa Ávila Agüero, Luis Rosero Bixby, Ana Sojo Martínez y Carlos Zamora Zamora.
El video de este foro se puede ver en el siguiente enlace:
El próximo 3 de septiembre habrá elecciones de juntas de salud en todo el país. Los asegurados pueden acercarse a los centros de salud de su comunidad (EBAIS, clínicas, etc.) con su cédula para elegir a sus representantes ante la Junta.
Las Juntas de Salud pueden promover el mejoramiento de las relaciones de los EBAIS con la comunidad, fortalecer los servicios, impulsar la educación y la salud preventiva, así como defender a la CCSS.
Se alerta que los EBAIS, como los de Paso Ancho–San Sebastián, que ahora son administrados por la CCSS, podrían volver a manos privadas dentro de dos años y medio, con la experiencia de un pésimo servicio brindado anteriormente por la Clínica Bíblica, cooperativas, entre otros. Para evitar que esto suceda, los servicios deben mejorar, la comunidad debe participar activamente, los resultados deben ser exitosos y, además, en el Gobierno y la Asamblea Legislativa deben representarnos personas que defiendan la seguridad social, no políticos que le deban a la CCSS o que busquen debilitarla privatizando o desmejorando sus servicios.
El mensaje es claro: es muy importante saber por quién votar, la salud no es un juego. Sería un suicidio votar por los enemigos de la CCSS.
Grupo de Apoyo Salud PASS Fotos EBAIS Paso Ancho San Sebastián, 25 de agosto 2025.
–ANEP apelará el fallo ante las instancias correspondientes
La reciente sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo que rechazó la medida cautelar solicitada por la Asociación Nacional de Empleados Públicos Y privados (ANEP) contra la adjudicación de 138 EBAIS a cooperativas y una asociación privada es jurídicamente débil y socialmente peligrosa.
El propio Tribunal reconoce que existen indicios serios de irregularidades y sobreprecios millonarios en la contratación, pero inexplicablemente se refugia en formalismos para permitir la ejecución de un contrato que compromete más de ¢170.000 millones.
Con esta decisión, se ignora el carácter preventivo de la justicia cautelar, se debilita la protección del derecho fundamental a la salud y se prioriza la continuidad de contratos cuestionados sobre el interés público. El fallo, en lugar de resguardar la hacienda pública y la confianza ciudadana en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), abre la puerta a la consolidación de un modelo de tercerización opaco y gravoso.
La ciudadanía merece instituciones que actúen con firmeza para proteger sus derechos y los recursos de la seguridad social, no resoluciones que los dejen en riesgo. Por lo que la ANEP apelará el fallo ante las instancias correspondientes.
Esta sentencia que rechaza la medida cautelar interpuesta por la ANEP evidencia falencias graves en la aplicación de los principios de justicia cautelar.
1.Contradicción central: el Tribunal admite la existencia de apariencia de buen derecho, es decir, que la demanda no es temeraria y existen indicios razonables de nulidad y sobreprecios. Sin embargo, niega la medida por falta de “peligro en la demora”. Esta lógica vacía de contenido el requisito del fumus boni iuris y convierte la eventual sentencia de nulidad en letra muerta, pues los efectos del contrato ya estarán consumados.
2.Formalismo excesivo: exigir a la ANEP pruebas actuariales o estadísticas completas en esta etapa cautelar desnaturaliza la función preventiva de la medida, que opera bajo un estándar de verosimilitud, no de certeza.
3.Omisión del principio pro homine: el fallo pasa por alto que el derecho a la salud y a la seguridad social obligan a la judicatura a adoptar medidas protectoras en caso de duda. El riesgo de afectar la atención médica de miles de usuarios no puede relativizarse en nombre de la continuidad administrativa.
4.Ponderación sesgada: el Tribunal da por hecho que suspender la adjudicación causaría más daño que mantenerla, sin demostrarlo ni valorar alternativas. Se sacrifica la transparencia y el control de legalidad bajo el pretexto de proteger la continuidad de un servicio que, en todo caso, la CCSS tiene el deber constitucional de garantizar.
En suma, la resolución evidencia un sesgo de complacencia hacia la contratación cuestionada, protege la inercia contractual sobre los derechos fundamentales y erosiona la confianza ciudadana en la tutela judicial efectiva. La justicia cautelar debía actuar para prevenir daños irreparables a la salud y a la hacienda pública; el Tribunal, lamentablemente, optó, por lo contrario.
¡Basta de persecución a dirigentes sindicales y sociales!
El movimiento sindical costarricense denuncia de manera enérgica la persecución política contra dirigentes sindicales, comunidades indígenas, ambientalistas y demás sectores sociales que defienden derechos fundamentales en nuestro país. Estas acciones constituyen una violación grave a la dignidad humana y al marco jurídico nacional e internacional que garantiza la autonomía institucional, la libertad sindical y los derechos humanos.
El propósito de esta conferencia es reafirmar nuestro compromiso con la defensa integral de la clase trabajadora y de la institucionalidad democrática costarricense, en especial la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y la autonomía sindical, pilares del Estado social de derecho.
Reiteramos nuestro respaldo a la compañera Martha Elena Rodríguez González, víctima de una persecución sin precedentes. Su destitución, mediante un proceso viciado y espurio, dirigido por la Secretaría del Consejo de Gobierno -hoy convertida en candidata a diputada- evidencia la pretensión de conformar una Junta Directiva sumisa al presidente de la República, en abierta violación de la autonomía y Ley Constitutiva de la CCSS.
La libertad sindical y el derecho de organización se encuentran tutelados por instrumentos internacionales ratificados por Costa Rica, como los Convenios 87 y 98 de la OIT, el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Acuerdo de Escazú, además de la propia Constitución Política. Estos compromisos imponen al Estado la obligación de proteger a dirigentes sociales, la autonomía de la CCSS y garantiza el derecho de trabajadoras y trabajadores a organizarse libremente, sin temor a represalias.
Exigimos el pleno respeto a la autonomía de la CCSS y a la libertad sindical, como garantías indispensables frente a injerencias indebidas y persecuciones políticas del gobierno de Rodrigo Chaves Robles.
Hacemos un llamado urgente a la unidad amplia, inclusiva y solidaria de todos los sectores sindicales y sociales. La defensa de la autonomía institucional, de la libertad sindical y de los derechos humanos es una lucha del pueblo costarricense.
¡Ni persecución ni retrocesos! ¡Unidad, autonomía y libertad sindical!
Movimiento Sindical Costarricense San José, 25 de agosto, 2025
La Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social (ACSS) envió el pasado 12 de agosto un oficio dirigido a Marta Acosta Zúñiga, contralora general de la República, y a Olger Sánchez Carrillo, auditor interno de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), en el que amplía y reitera solicitudes sobre denuncias relacionadas con presuntos hechos de corrupción en la institución.
En la carta, la ACSS señala que la Contraloría General informó haber remitido al Ministerio Público un expediente por supuestas irregularidades en las proyecciones y resultados actuariales de la CCSS. Sin embargo, advierte que sus denuncias abarcan aspectos más amplios que el tema actuarial, como el presunto incumplimiento de leyes que regulan el financiamiento del Seguro Social y la utilización indebida de fondos destinados a salud y pensiones.
La organización solicita aclarar si en la denuncia presentada por la Contraloría ante la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) se incluyeron los señalamientos específicos planteados desde el 2022, entre ellos que la CCSS no estaría cobrando al Estado el 100% de los costos que le corresponden y que habría desvíos anuales de recursos del Seguro de Pensiones al Seguro de Salud.
Además, la ACSS pide acceso al expediente abierto en la FAPTA y copia del documento de la Contraloría remitido a ese órgano, en aras de garantizar el principio de transparencia. También solicita que se incorporen sus oficios como prueba en el proceso y ofrece a cinco de sus integrantes como testigos expertos.
El oficio ACSS-002-2025 está firmado por Alfredo Ramírez Montero, Juan Carlos Aguilar Zamora, Rodrigo Arias López, Jorge García Araya y Carlos Eduardo González Arroyo, miembros de la Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social.
La Contraloría General de la República emitió un informe al Ministerio de Salud y la Caja Costarricense de Seguro Social respecto de la planificación de necesidades de personal médico especialista y su distribución en los hospitales del segundo y tercer nivel de atención. Resulta relevante dado que el país ha enfrentado crisis recurrentes por déficit de especialistas, que han generado desigualdades en el acceso y sobrecarga hospitalaria. Es fundamental garantizar el acceso equitativo, oportuno y de calidad a los servicios de salud especializados.
La planificación y distribución de personal médico especialista no cumple aspectos significativos del marco normativo y técnico aplicable, al no garantizar razonablemente un enfoque integral, informado y equitativo. Esta situación afecta directamente la disponibilidad y acceso de la población a la atención médica especializada en todo el país.
Los hospitales regionales y periféricos no superan el 74 % de cobertura de atención especializada, de acuerdo con su nivel de complejidad, lo que refleja brechas en la atención. El 56% del personal médico especialista de los hospitales de la CCSS está concentrado en el Gran Área Metropolitana. Hay 505 médicos especialistas laborando con jornada reducida, limitando la disponibilidad efectiva de atención en los centros de salud.
El Ministerio de Salud carece de una base técnica para estimar las necesidades país, de médicos especialistas. La CCSS no dispone de una planificación técnica y trazable para proyectar las necesidades de personal médico especialista y su asignación. La distribución de estos médicos no considera criterios epidemiológicos y de equidad que prioricen la atención de las necesidades reales de la población.
Conozca el informe completo en el siguiente enlace:
El Movimiento Sindical Costarricense convocó a sus organizaciones integrantes a una reunión de coordinación para este martes 19 de agosto, con el objetivo de establecer una posición unitaria ante la convocatoria emitida por la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
La cita se realizará a las 10:00 a.m. en la Universidad de Costa Rica, específicamente en la Sala 1 contigua a la Biblioteca Carlos Monge Alfaro. Según la convocatoria firmada por Martha Elena Rodríguez González, representante del movimiento sindical, el encuentro busca «analizar y discutir de manera conjunta» la situación planteada por la CCSS.
La reunión tiene como propósito definir «una estrategia de acción en defensa de los intereses de las personas trabajadoras y de la seguridad social del país», según indica el documento de convocatoria.
Por limitaciones de espacio, se solicitó la participación de máximo tres personas por organización sindical. La representante del movimiento destacó que la presencia de los dirigentes sindicales será «fundamental para fortalecer la voz y la unidad del movimiento sindical en este momento clave».
Aunque la convocatoria no especifica los detalles de la propuesta de la Junta Directiva de la CCSS que motivó esta reunión de coordinación, el llamado evidencia la preocupación del sector sindical por posibles medidas que puedan afectar tanto a los trabajadores como al sistema de seguridad social costarricense.
La respuesta organizada del movimiento sindical refleja la importancia que le otorgan a mantener una posición unificada frente a decisiones que consideren estratégicas para la defensa de los derechos laborales y la institucionalidad de la seguridad social en el país.
Por Alan Calderón Castro Colaborador del Movimiento Asambleas Populares
La CCSS atraviesa por la peor crisis desde su creación. Por décadas la institución, piedra angular de nuestro estado social, ha sido sometida a un desmantelamiento solapado. La institución insigne de nuestro estado benefactor evidentemente es absolutamente incompatible con el Consenso de Washington, implementado durante décadas mediante políticas neoliberales por parte de la gran mayoría de los gobiernos de turno. Esto ha significado una erosión continua de la autonomía de La Caja, incremento continuo de la deuda estatal, desvío de fondos a usos prohibidos en La Constitución, asignación de nuevas funciones sin el financiamiento requerido, corruptelas por la intromisión de intereses privados (desde el caso Caja-Fischel, hasta el caso Barrenador) y un largo etcétera imposible de detallar en este breve artículo. Nuestras élites político-económicas, serviles a los intereses del capitalismo financiero internacional han visto una gran oportunidad de negocio con la privatización de los servicios de salud públicos, aun cuando esto sacrifique el bienestar de amplios sectores populares, poniendo en peligro nuestra estabilidad y paz social. A pesar de este proceso de larga data, sin embargo, argumentaremos aquí que la administración del presidente Chaves ha logrado articular un sabotaje salvaje contra La Caja que pretende ser terminal. Y ante este intento de doblegar a nuestra Caja, creemos ineludible y urgente llamar a la unidad activa de las organizaciones sociales en su defensa, así como al posicionamiento claro de los partidos políticos ante el sabotaje a La Caja, en la antesala de las elecciones generales 2026.
A continuación, la crónica de un cierre anunciado.
Apenas 4 meses y medio después de asumir la presidencia, el 18 de setiembre de 2022, Cháves afirma públicamente que La Caja está quebrada (ver aquí) para argumentar que era inadmisible la aprobación de un aumento salarial exiguo para todos los funcionarios de la institución, un aumento decidido por la Junta Directiva después de varios semestres de congelamiento de los salarios en el sector público. Paradójicamente Chaves se niega a transferir los fondos presupuestados por la anterior legislatura para abonar a la deuda estatal (ver aquí). Poco después, desde de diferentes instancias se demostró que eran falsas las declaraciones de Chaves en relación con la bancarrota de La Caja. La discusión sobre el tema continua por meses y el 7 de enero de 2024 en su comparecencia ante la Asamblea Legislativa, la Contralora General Marta Acosta afirma categóricamente que es falso que La Caja esté quebrada (ver aquí).
Siete de noviembre de 2023, la administración Chaves anuncia la Ruta de la Salud para disminuir las listas de espera en colaboración con empresas privadas del sector salud (ver aquí). Se propone la figura del copago según la cual los asegurados asumirían un porcentaje del costo por los servicios de salud requeridos, mientras La Caja pagaría el resto. De esta forma se pretendía privatizar parcialmente los servicios de salud, se hubiera socavado el derecho constitucional a la salud y el modelo solidario al depender el acceso a los servicios de salud de cierta capacidad individual de pago. Poco después de haberlo posicionado en medios como un mega proyecto, la Ruta de la Salud resultaría ser un mega fracaso aun cuando se trasladaron cuantiosos fondos públicos a empresas privadas del sector salud para intentar resolver el problema de las listas de espera (ver aquí).
Octubre de 2024, con la suspensión de su cargo a Marta Esquivel por orden de un juez Penal de Hacienda y Función Pública, atestiguamos el “destape” del caso Barrenador, una de las más vergonzosas corruptelas que ha involucrado a cooperativas del sector salud en contubernio con la presidente de la Junta Directiva de la CCSS Marta Esquivel (ver aquí). Cualquier dejavu con el famoso caso Caja-Fischel, aseguramos que NO es mera coincidencia. Este escándalo se venía cocinando desde meses atrás y aporta otra evidencia del sabotaje financiero contra La Caja perpetrado por la administración Chaves para darle fatal cumplimiento a su profecía sobre la bancarrota de La Caja.
Dos de junio de 2025, a pesar de varios pronunciamientos oficiales de instancias técnicas internas de la CCSS, y aún de la recomendación explícita de la empresa consultora contratada por la institución para darle seguimiento a este complejo proyecto, contra todas esas advertencias que recomendaban posponer hasta cumplir todos los requisitos técnicos, se pone en funcionamiento el nuevo sistema ERP SAP que viniera desarrollándose por años y que ha significado una cuantiosa inversión de fondos públicos. El resultado inmediato ha sido un descalabro de funciones operativas críticas de la institución, pago de facturas, control de inventarios, pago de incapacidades entre otras, que mantiene a hospitales y clínicas sin todos los insumos y equipamiento necesarios para cumplir a cabalidad con todos los servicios (ver aquí). Se han debido postergar decenas de cirugías y procedimientos por la falta de equipo o insumos, hay preocupación expresada públicamente por diferentes autoridades hospitalarias por la vida de personas hospitalizadas ante la crisis de desabastecimiento de insumos críticos (ver aquí y aquí). Visto en retrospectiva ¿acaso no cabe cuestionarse seriamente si en verdad ha sido falta de competencia técnica la causa fundamental para poner en operación un sistema informático que evidentemente no estaba listo? ¿No resultara acaso muy cómodo presentar el colapso probable de algunos servicios como consecuencia de involuntarios problemas técnicos? Nos parece entonces irrefutable: el lanzamiento adelantado del ERP SAP es parte del sabotaje.
Si bien hay otros indicios claros del sabotaje contra La Caja perpetrado por la administración Chaves en un intento por culminar décadas de desmantelamiento relativamente solapado, como han sido las reiteradas acciones de autoridades institucionales nombradas por el gobierno para la obstaculizar la construcción del Hospital de Cartago, ante las cuales la concreción final del proyecto demuestra la fuerza de la organización de las personas aseguradas cuando se unen y persisten en la defensa de su derecho a la salud, basta la crónica reseñada para concluir contundentemente que un objetivo de la agenda oculta de la administración Chaves ha sido finiquitar el cierre de La Caja, para satisfacción de intereses empresariales locales que ven ahí una enorme oportunidad de negocio con la salud del pueblo costarricense, y para honrar en última instancia los mandatos del capitalismo financiero internacional en su continua búsqueda de zonas de extracción donde colocar sus excedentes acumulados.
Ante este panorama, hacemos un llamado a todas las organizaciones sociales, a las Juntas de Salud, y a la ciudadanía en general, para construir una estrategia efectiva que evite el cierre anunciado de nuestra Caja. En la antesala de la campaña electoral que culmina en el primer semestre de 2026, es imperioso posicionar el tema del sabotaje contra nuestra Caja. Si hemos de sostener nuestra relativamente disfuncional democracia representativa, los partidos políticos no deberían poder evadir la exigencia que hagamos de medidas concretas para frenar el sabotaje y detener el desmantelamiento de la CCSS, porque en una auténtica democracia deben prevalecer los intereses de nacionales y los de los sectores populares que representamos la amplia mayoría de los costarricenses. Instamos a toda la ciudadanía a participar en las elecciones del 3 de setiembre de Juntas de Salud para escoger a aquellas personas comprometidas con la defensa de La Caja y dispuestas a involucrar a las comunidades en esta lucha.
