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Etiqueta: CCSS

CCSS: Grandes logros en medicina pública pero con un futuro financiero incierto

Luis Fernando Astorga Gatjens

Cuando un reputado investigador y especialista, como el Dr. Atul Gawande elogia los logros de Costa Rica en el campo de la salud pública, algo hemos hecho muy bien a lo largo de varios decenios. Pero tenemos que seguir haciéndolo para evitar que los avances que son motivo de orgullo, se conviertan en sombríos retrocesos.

El Dr. Gawande, profesor en la Facultad de Medicina y de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard, escribió un artículo en el que destaca que Costa Rica ha priorizado la salud pública, con lo que ha alcanzado una expectativa de vida dos años superior a la de Estados Unidos (casi 81 versus 79), con un ingreso per cápita seis veces menor que el estadounidense. «Y no solo superó la esperanza de vida de Estados Unidos, sino que consiguió la más alta en América del Sur y América del Norte, con excepción de Canadá», subrayó el Profesor Gawande en su análisis.

Esto lo consignó recientemente, BBC Mundo a través de un amplio reportaje en el que se resalta que el especialista estadounidense realizó una laboriosa investigación de seis meses sobre nuestro sistema de salud pública y a partir de un “viaje profundo”, que realizó al país en abril anterior. El investigador valora en forma significativa lo que ha hecho el país, a tal punto que estima que es un modelo referencial y aplicable en otros países, incluido Estados Unidos.

No obstante los logros que exalta el investigador estadounidense en un sistema en que se ha priorizado la medicina pública frente a la atención privada y donde antes que la atención de las personas en hospitales y clínicas, se desarrollan estrategias de promoción de la salud y prevención, las amenazas se han venido acumulando. En estas circunstancias, el sabor agridulce es inevitable.

Los logros que destaca el Profesor Gawande se empezaron a esculpir hace ochenta años cuando el Gobierno del Dr. Rafael Calderón Guardia impulsó la creación de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), dando un paso decisivo en el desarrollo del Estado Social de Derecho, que ha singularizado la forja de la nación costarricense.

Todos quienes habitamos Costa Rica le debemos mucho a la Caja, por los múltiples servicios prestados en el desarrollo general del país y no sólo en el campo de la salud y la seguridad social. Sin embargo, los que han acogido la doctrina neo-liberal como su credo, ahí donde la salud emerge como un derecho fundamental, ellos lo que han visto es un jugoso negocio. Con la consigna avasalladora “más mercado- menos Estado”, estos adalides del individualismo a ultranza, han querido privatizar muchos de los servicios que presta la CCSS y han avanzado en sus despropósitos y anhelos.

Algunos desde adentro (como topos) han venido afectando el desarrollo de la institución. Son aquellos que han debilitado las finanzas de la Caja, creando una cara y frondosa élite burocrática mientras la oferta de especialistas en distintas áreas es limitada y, con ello, se alargan las esperas de atención así como de algunas cirugías. No pocas familias con limitados recursos han sido empujados a utilizar los servicios de la medicina privada, desesperados ante tan prolongadas (y evitables) lista de espera. Este tópico ha sido motivo de tensión social y de cuestionamientos a la eficiencia y eficacia de la ochentera entidad.

Los detractores del Estado Social de Derecho y de la medicina pública han movido distintos hilos para convertir al robusto árbol de la CCCS en un debilitado bonsai. Si su desmedido afán privatizador hubiese ganado completamente la partida, en el 2020 y en el presente 2021, el país hubiera estado mal preparado para atender la desafiante pandemia de la Covid-19. Porque una pandemia de este demoledor alcance para afrontarla exitosamente, ha requerido del esfuerzo solidario de la medicina social. Todo indica que el mundo y el país, desde luego, habrá de afrontar en el futuro otras pandemias. Por ello, la apuesta certera e inevitable para el país debe ser el fortalecimiento de la Caja.

Como lo expresa el Informe de la Comisión Legislativa que investigó las –preocupantes—finanzas de la Caja: “No cabe duda de que las acciones llevadas a cabo por la CCSS … para universalizar la protección (cobertura horizontal) como para mejorar la cantidad y calidad de las prestaciones (cobertura vertical), explican en buena medida el éxito alcanzado por nuestro sistema público de salud. Empero, de cara al futuro, su sostenibilidad financiera se encuentra seriamente amenazada.”

De acuerdo con las proyecciones actuariales –que se fijen en el citado informe—, el Seguro de Salud será solvente hasta el año 2026 o a lo sumo hasta el 2031. Mientras tanto el Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte, tendrá solvencia hasta el año 2037 con lo que, “a partir de 2038, este seguro no podrá hacer frente al pago de las pensiones en sus diferentes acepciones.” Esta sombría situación financiera se ve significativamente agravada como consecuencia de la exorbitante deuda acumulada por el Estado, que supera ya los 5,9 billones de colones.

Es dentro de un contexto de grave incertidumbre y preocupación que corresponde colocar el manejo y administración de las finanzas institucionales, realizado por 18 exjerarcas de la CCSS (algunos integrantes del Consejo Financiero y de Control Presupuestario) que fueron acusados en marzo de 2019, por tres presuntos delitos de fraude financiero, a saber: i) Influencia contra la Hacienda Pública, ii) Administración Fraudulenta y iii) Fraude de Ley; tal y como consigna el citado informe legislativo. De acuerdo a la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción del Primer Circuito Judicial de San José, estas transgresiones habrían acontecido en el lapso 2006 y 2014, “cuando por medio de aparentes documentos falsos, se aprobaron cuantiosos incrementos en el beneficio de cesantía, salarios y plazas; mismos que al resultar impagables para el Régimen de Salud, habrían sido financiados parcialmente mediante subsidios ilegales del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte”, así expresado también por el informe legislativo.

El valioso estudio del Profesor Gawande retrata la historia de éxito de la Caja y del modelo de salud pública costarricense. El que se nos valore con admiración desde fuera (bien cada vez más escaso), debe ser motivo de orgullo nacional. Pero algo de mayor valor, en el presente, es convertir este elogio de lo que ha sido la Caja en acicate para su defensa y el fortalecimiento de sus finanzas de cara al futuro. Bien vale la pena esta justa y necesaria causa.

Atacar con mentiras a la Caja

Por Luis Paulino Vargas Solís

Y ahora le tocó el turno a la Caja. La entrevista a Elián Villegas, ministro de Hacienda, publicada hoy en La Nación, es una declaratoria de guerra que lanza el gobierno de Carlos Alvarado contra la Caja. Es obvio que el machete está listo para cortar también sus presupuestos.

Afirma Villegas que la Caja es muy gastona, y amenaza los sagrados «equilibrios» fiscales que este gobierno idolatra. Es el mismo ministro que guarda silencio sobre el caudaloso fraude tributario que, por años y años, ha subvertido la sostenibilidad de las finanzas públicas. El mismo que elude afanosamente hacer contribuir a los más ricos, mientras lanza la carga tributaria sobre los pobres y los grupos medios.

Cuánto cinismo y desparpajo. Porque, además, es fácilmente demostrable que, comparativamente hablando, nuestro sistema de salud funciona con costos bajísimos.

Después de leer esa nota infame, hice un ejercicio de búsqueda de información para contar con evidencia que me permitieran confirmarlo. En media hora, recopilé datos de 10 países. Les compartiré aquí solo dos ejemplos ilustrativos:

– En 2019, nuestra esperanza de vida al nacer era de 80,8 años, mucho mejor que los 78,5 años de Estados Unidos. Y, sin embargo, la inversión en salud por habitante en Estados Unidos multiplica por 8,2 veces la nuestra.

– Nuestra esperanza de vida es algo inferior a la de Dinamarca (81,3 años), solo que la inversión en salud por habitante de este país, es 4,84 veces la nuestra.

(Con base en datos del PIB según “paridad del poder adquisitivo”, o sea, corrigiendo las diferencias en los niveles de precios).

La Nación, Villegas y Carlos Alvarado mienten: nuestro sistema de salud es ejemplar, por sus logros y por el bajo costo al que esos logros se alcanzan.

Respeto a pago bisemanal: logro de trabajadoras y trabajadores de la Caja Costarricense del Seguro Social

UNDECA: La lucha de los y las trabajadoras de la CCSS logró consolidar que se mantenga el pago bisemanal de su salario. 

Además, según su representante «los actos de las y los trabajadores que logren afectar a la Ley de Fortalecimiento a las Finanzas Públicas (Ley 9635) son correctas». Según su perspectiva, a través de movilizaciones y lucha se ganan las cosas.

Asimismo, consideran que las y los diputados de PLN, PAC, cristianos y evangélicos han afectado al sector en los últimos 8 años, por lo que establecen que no tienen la confianza y lo que se merecen es que voten contra esos partidos tradicionales. 

Añaden que la Ley 9635 tiene que seguir desintegrándose y se debe mantener la lucha para descarrilar el proyecto de Ley de Empelo Público para que no se apruebe.

Se logró mantener el pago bisemanal de las personas funcionarias de la CCSS

SURCOS comparte la siguiente información:

Juan Carlos Duran Castro celebra el logro obtenido por la sociedad costarricense y el movimiento sindical con respecto a mantener el pago bisemanal para las personas trabajadoras de la Caja Costarricense de Seguro Social. Infiere en que, a pesar de las dificultades del proceso, fracciones de partidos tradicionales apoyaron y colaboraron en buscar soluciones para que se pudiera mantener esta modalidad.

Sin embargo, Durán hace un llamado a la ciudadanía a hacer un uso responsable de su voto, informado y consciente para las elecciones electorales que se avecinan en este 2022. Destaca la labor del Frente Amplio y en específico José María Villalta, pues fue el promotor de todo el movimiento en contra de la medida que el Ministerio de Hacienda pretendía ejercer sobre la dinámica económica y salarial de la CCSS.

Adjuntamos video: 

Resguardo del pago bisemanal en la CCSS

El próximo miércoles 24 de noviembre del 2021 a las 2:00 p.m. el SINAE Afines convoca a todos/as los/ trabajadores/as de la CCSS a manifestarse frente al edificio de la Asamblea Legislativa, con el objetivo de luchar por el resguardo del pago bisemanal en la CCSS. Asimismo, se informa que las propuestas para defender el pago bisemanal fueron entregadas en apoyo al proyecto.

Compartido con SURCOS por Lenin Hernández.

Pago bisemanal en la CCSS -avance de la lucha

Desde el SINAE afines se ha desarrollado un proceso de defensa para mantener el pago bisemanal en las instituciones, esto vendría a beneficiar a todos/as los/as trabajadores/as de la CCSS. 

Con rigor técnico se han generado propuestas que han ayudado a concientizar y sensibilizar a las y los diputados/as en necesidad de la generación de un proyecto de ley que dispensa a la CCSS del pago mensual con adelantos quincenales, parte del trabajo y los logros alcanzados es que en este momento el proyecto de le 22667 se está dispensando de todo trámite legislativo, es decir, se le está aplicando la vía rápida por, por eso hacen un llamado a incidir para que en las próximas semanas ese proyecto sea aprobado.

BUSSCO: La nueva edición del Frankenstein, no excluye al PJ, TSE, universidades, CCSS y munis, de la rectoría de MIDEPLAN

SURCOS comparte la siguiente información:

¡Ojo, que no le engañen!: Esta noticia, es otra de las tantas mentiras a las que ese diario, cuyas páginas destilan cicuta, nos quiere acostumbrar y enajenar.

La nueva edición del Frankenstein, en su impresentable cuarta versión, no excluye al PJ, TSE, universidades, CCSS y munis, de la rectoría de MIDEPLAN.

¡Eso es absolutamente falso de toda falsedad!

Solo ciertos colectivos de funcionarios quedaron excluidos. Los demás colectivos quedan sometidos a la gobernanza del nuevo Leviatan.

De esta manera, se asegura la intervención política del Ejecutivo en esos órganos constitucionales e instituciones públicas.

Además, que nadie eche campanas al vuelo, porque más allá de esa diferenciación, todas las y los funcionarios de esos órganos e instituciones, se van a salario global, y como si lo anterior fuera poco, el congelamiento de los salarios es parejo para todos, sin distingos o consideraciones de ninguna especie.

También, las prohibiciones a la negociación de los salarios y las restricciones a la negociación colectiva también se aplican por igual a todas, incluso a las empresas públicas en competencia.

El proyecto, así como quedó, después de la última cirugía reconstructiva, a manos de expertos carniceros que martirizan la Constitución, quiebra nuestra institucionalidad democrática.

Adjuntamos imagen publicada en la página de Facebook de BUSSCO

 

Enviado a SURCOS por Manuel Hernández.

El debate pendiente de las elecciones de 2022

Luis Fernando Astorga Gatjens

Es ya un lugar común decir que estas próximas elecciones serán las más atípicas de la historia, debido a una serie de causas y factores combinados. Observémoslos:

  • Se dan en medio de una pandemia que se ha convertido en un factor agravante de una crisis multidimensional, que el país ha venido acumulando a lo largo de varios lustros.
  • Se realizarán convocando a un electorado numerosamente apático que no ve un futuro claro y que ha acumulado la frustración de las promesas incumplidas por los gobernantes, ya sea desde Zapote o Cuesta de Moras.
  • Se desarrollarán con la mayor oferta de candidaturas a la presidencia y a diputados que registra la historia; lo que obliga al TSE a imprimir papeletas tan nutridas en nombres de partidos y colores de banderas, que muchos electores terminarán confundidos y empachados.
  • La atipicidad se muestra asimismo a que al llegar el 15 de noviembre (fecha en que escribo este artículo), la frialdad es lo que domina a sus anchas el escenario electoral. Pareciera que no estuvieran en el calendario nacional las que quizás deberían ser las más importantes elecciones en varias décadas.

Mientras tanto, el debate general que se expresa a través de los diversos escarceos e intercambios entre candidatos presidenciales, ya desarrollados o los que se avizoran para las próximas semanas, no tocan los temas que deben ser los más relevantes y claves de cara a las elecciones del año 2022: La gravedad y alcance de la crisis multi-dimensional, el deterioro del Estado Social de Derecho, sus causas reales y las propuestas de solución.

Emergen como grandes temas tópicos que, aun siendo importantes o de valor político, no pueden ser los que marquen el debate electoral. Muchos de ellos giran alrededor de las pifias y torpezas del gobierno de Carlos Alvarado; como por ejemplo la imposición vertical del código QR o la inclusión de preguntas impertinentes en las pruebas FARO.

Que se discuta alrededor de las acciones y omisiones de un gobierno desprestigiado y con la brújula hace tiempo extraviada, evidencia que el debate electoral sigue siendo tangencial; le hace falta profundidad y calado.

Un primer acercamiento a la causa de tal desenfoque se podría explicar por el hecho de que la profusa oferta de candidatos esté marcada por ambiciones personalistas con poco que ofrecer en propuestas programáticas. Cuando el país está urgido de estadistas lo que domina la escena son candidatos sin hondura de pensamiento y con trayectorias políticas y currículos que apenas les alcanzan para dirigir pequeñas instituciones públicas y algunos, ni para eso.

Sin embargo, tal perspectiva –aunque válida– no toca las causas más profundas de la superficialidad y aridez del debate político de cara a las elecciones de 2022. La crisis económica y social, previa a la pandemia, es la crisis de un modelo que fracasó, el modelo neoliberal que empezó a expresarse en la década de los ochenta del sigo anterior y que siguió con una zigzagueante agenda de declinación hasta el presente.

Lo que debía estar en el centro del debate es, ni más ni menos, el fracaso del modelo neoliberal que sustituyó los logros alcanzados por el Estado Social de Derecho, que Costa Rica construyó a partir de los años cuarenta del siglo XX, por números que muestran los alcances de una crisis multi-dimensional, que fija un horizonte sombrío al país si no se da el urgente cambio de rumbo requerido.

Tenemos por delante una grave situación de recaudación fiscal, con perdón de deudas a grandes “contribuyentes”, con cifras enormes en evasión y elusión fiscal, con grandes fortunas escondidas en paraísos fiscales como lo muestran los papeles de Panamá y de Pandora.

Enfrentamos sucesivos escándalos de corrupción que asocian delictivamente a empresarios privados y funcionarios públicos, que privan a las finanzas públicas de cuantiosas cifras. La “cochinilla” y el más reciente que involucra a varios alcaldes (“caso diamante”), son tan solo la punta del iceberg de casos de corrupción que, con certeza, todavía permanecen ocultos.

La crisis que amenaza a las finanzas de la CCSS –como lo demostró la comisión legislativa en su investigación–, no asegura el mejor porvenir al sistema de salud pública, que es un componente fundamental del erosionado Estado Social de Derecho y que ha sido positivamente determinante en el combate a la Covid-19.

Una educación pública en grave crisis, que lo que hace la pandemia es mostrarla en una dimensión que raya en el desastre y en la severa incompetencia de las autoridades educativas.

Un desempleo superior al 15 %, una de las tasas de desempleo juvenil más elevado de América Latina y una informalidad creciente, que esconde el enorme subempleo que enfrenta el país, son causas coadyuvantes de una pobreza que afecta a más de la cuarta parte de la población nacional.

Unas cifras de desigualdad social que involucionaron desde finales del siglo anterior hasta convertir a Costa Rica en el octavo país más desigual del mundo.

Este panorama desolador –económico y social—muestra al mismo tiempo la aguda crisis que enfrenta el país y nuestra sociedad, que ha sido agravada por la pandemia (nunca causada) y el fracaso de la propuesta neoliberal, a la que han echado mano sucesivos gobiernos del PLN, PUSC y PAC, y diputados de esos partidos y de otras facciones legislativas.

En otros países de la región se ha venido cuestionando el neoliberalismo como un sistema fracasado que ha servido para concentrar la riqueza, incrementar la desigualdad social y depredar el ambiente, pero aquí este cuestionamiento es casi inexistente. Incluso, para no ir más lejos, los rectores de las universidades públicas cuando visualizan a la Costa Rica del año 2050, no lo señalan como causa sustancial de los problemas que enfrenta el país. El cálculo político deriva en timidez conceptual.

Así las cosas, el debate político en Costa Rica sigue encapsulado en una pecera. Y eso se debe –en gran medida– a que los causantes y cómplices del fracaso neoliberal y, la subsecuente, erosión del Estado Social de Derecho, no van a ser autocríticos en sus errores y menos aún, cuando son directos beneficiarios de tales políticas. Tampoco la plutocracia va ser la propiciadora de ese imprescindible debate. Nunca ha sido patriótica y menos lo va a ser ahora. Sus medios informativos (impresos, televisivos, radiales y digitales) que han venido adormeciendo y distrayendo a la ciudadanía de mil maneras, no lo van a generar. Seguirán con los mismos juegos de distracción.

El debate político que debe darse no vendrá desde arriba. Tendrá que venir desde abajo, desde la indignación ciudadana que llegará el momento en que dejará de comer cuento y se movilizará exigiendo el cambio hacia un impostergable Estado Social y Ecológico de Derecho.

(15 de noviembre, 2021)

Consulta Pública del Foro Mario Devandas Brenes sobre la reforma al Reglamento del Seguro del IVM

El Foro Mario Devandas Brenes coordinado por la Arquidiócesis de San José y organizaciones sociales y sindicales, organizaciones de defensa de la Seguridad Social, personalidades políticas y legislativas, presentan la Consulta Pública sobre la Reforma a los artículos 5, 23 y 24, y Derogatoria de los transitorios XII, XIII, XIV y XV del Reglamento del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja de Seguro Social.

Desde el foro se reiteran los cuestionamientos a la forma en que se ha venido abordando este debate tanto por la Gerencia de Pensiones de la CCSS como por su Junta Directiva, desde una mirada tecnocrática, en espacios y círculos cerrados de toma de decisiones.

Respecto al artículos 5 el Foro: 

  1. a) Reitera su oposición: a la eliminación de la posibilidad de “pensión por vejez adelantada” para el caso de los hombres si cumplen con las cuotas establecidas 
  2. b) Pensión por vejez anticipada para mujeres: Se oponen en todos sus extremos a la tabla de requisitos y condiciones que se incorpora en el artículo. La Reforma tal y como está planteada en el Artículo #5 implica un retroceso en materia de equidad de género. 

Sobre la Reforma al Artículo #23 :

  1. a) En el primer párrafo de dicho artículo se señala que la actualización por inflación de los salarios que permiten hacer el cálculo de la pensión de cada persona trabajadora se realizará tomando como base el índice mensual de precios al consumidor. No queda claro en la redacción la instancia técnica encargada definir dicho índice a la que la CCSS tomaría de referencia para el cálculo, se puede inferir o interpretar que sería una instancia nacional, pero también podría ser que sea un organismo internacional. 

Algunas de las propuestas del Foro son: 

  1. Que se evalúe redireccionar un porcentaje de los recursos de las cuotas obreras, patronales y del Estado que se destinan al financiamiento de FODESAF a fin de fortalecer financieramente el IVM. 
  2. Evaluar el redireccionar el destino de los recursos por la recaudación del impuesto único a los combustibles, el cuál es de un 33.6%. Establecer por medio de Ley un porcentaje entre un 1% y 3% del total de dicho impuesto para el fortalecimiento financiero del IVM. 
  3. Establecer un impuesto específico de un 1% a un 2% a las utilidades de las grandes empresas concesionarias de obra pública para el fortalecimiento del IVM. 
  4. Establecer un impuesto a las grandes fortunas, desagregado de la siguiente forma:
  • Impuesto adicional del 3% sobre utilidades a: Grandes contribuyentes nacionales (personas jurídicas) y grandes empresas territoriales. 
  • Impuesto adicional del 3% sobre utilidades al 1% superior de personas físicas con actividad lucrativa. 
  • Impuesto de un 1% al patrimonio sobre empresas del sistema financiero nacional 

Para conocer más sobre las propuestas puede acceder a los archivos adjuntos.

IVM adeudaría cerca de 30 mil millones de colones a pensionados por no aplicar ajuste por costo de vida

Por ANEP

Ajuste debió aplicarse durante los años 2019, 2020 y 2021

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) y su seccional Pensionados IVM solicitan a la gerencia de pensiones del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), explicaciones sobre el por qué no ha realizado los respectivos ajustes por costo de vida o pérdida de valor adquisitivo en las pensiones, ya que el último fue aplicado en el 2019.

Así se desprende del propio sitio web de la CCSS, donde se indica que el último ajuste por costo de vida a las pensiones del régimen IVM entró a regir a partir del 1º de mayo de 2019 y correspondió a un 2.01%. (https://www.ccss.sa.cr/noticias/pensiones_noticia?pensionados-de-ivm-recibiran-mas-junta-directiva-de-la-ccss-aprobo-incremento-del-monto-mensual)

Para el actuario matemático y asesor de la ANEP en materia IVM, Rodrigo Arias López, desde hace 2 años y 6 meses los pensionados están recibiendo el mismo monto mensual por concepto de pensión, pero devaluado en casi un 3% por efecto del aumento en los precios de productos y servicios, según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que calcula el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC).

Como puede observarse y analizarse en el cuadro elaborado por el Asesor de ANEP en IVM, el 31 de diciembre de 2019 se debió realizar un reajuste de un 0,97% por pérdida de valor adquisitivo, pero no se realizó; lo que significa hasta 21 meses de deuda retroactiva. El 31 de diciembre de 2020 debieron realizar un reajuste adicional de un 0,89% por costo de vida, lo cual tampoco cumplió la Gerencia de Pensiones; con estos dos ajustes no realizados la deuda retroactiva acumulada con la población pensionada es de 15 meses. Al 30 de junio de 2021 debieron realizar otro reajuste de 0,76% por pérdida de valor adquisitivo; nuevamente dicho ajustes no se hizo. Todo lo anterior significa que hay una deuda con los 310 mil pensionados de IVM de aproximadamente un 3%, lo que representa unos 30 mil millones de colones, desde mayo de 2019 a la fecha.

Solicitan explicaciones

Ante este escenario, la ANEP y su seccional de Pensionados IVM solicitan a la Gerencia de Pensiones de la CCSS se informe cuándo van a cancelar a los 310 mil pensionados de IVM esa deuda acumulada por costo de vida.

Además, considerando que el artículo 28 del Reglamento de IVM establece que: “La Junta Directiva dispondrá periódicamente la revaluación o reajuste de las pensiones en curso de pago, previo estudio actuarial realizado por la Dirección Actuarial y de Planificación Económica, tomando en consideración las condiciones financieras de este Seguro. El monto del reajuste debe guardar relación, en la medida de lo posible, con los cambios en los niveles de salarios y de costo de vida observados.” solicitan una copia de cada uno de los estudios actuariales realizados por la Dirección Actuarial de la CCSS a partir del segundo semestre del 2019 hasta el primer semestre del 2021.

En el caso de que no se haya realizado alguno de esos estudios actuariales, la ANEP solicita el nombre completo, número de cédula y nombre del puesto de la persona que tomó la decisión de no hacerlo, para tomar las acciones pertinentes

Por último, solicitan a esa Gerencia requerir a la Dirección Actuarial de la CCSS, la elaboración de un estudio sobre la pérdida de valor que han tenido los montos de las pensiones de IVM, según año de vigencia y riesgo (invalidez, vejez y muerte).

Adjunto se encuentra la solicitud de información realizada por el ANEP