UNDECA denuncia que la obligación de reutilizar equipo descartable (cubre bocas y otros) hasta por 5 veces, es contrario a la lógica y al ordenamiento jurídico. La decisión de autoridades de la CCSS ponen en serio peligro a trabajadores y pueblo costarricense.
Imagen ilustrativa.
SINAE AFINES inicia la campaña De Corazón Damos Todo, que incluye 10 entrevistas a funcionarios de la CCSS con el fin de sensibilizar a la opinión pública sobre el trabajo que realiza el personal de salud.
Compartimos la primera entrega.
En SINAE AFINES existe preocupación porque en el CEACO se registran hasta tres muertes por turno y lo que se avecina es un colapso en los servicios de salud.
M.Sc. Rodrigo Arias López
Lic. Rafael Ángel Ugalde Quirós
El Tribunal Contencioso, Administrativo y Hacienda de Goicoechea encontró que la Caja no acreditó con prueba idónea las gestiones de cobro ante el Ministerio de Hacienda, ni que en éstas se desglosaran los montos debidos respaldados con la documentación pertinente. Ante recurso de casación del Estado, la Sala Primera de la Corte consideró como desvío de fondos aquellos dineros que por norma están destinados a un fin especifico y se utilizan para otro.
En la parte II de esta serie (https://surcosdigital.com/hablemos-de-ivm-megas-huecos-presupuestarios-contra-la-ccss-parte-ii/) planteamos a los costarricenses preguntarse: ¿Por qué los burócratas de la Caja Costarricenses del Seguro Social (CCSS), en la sentencia contra Hacienda por deudas acumuladas a la seguridad social, la Fiscalía General de la República (FGR), no hicieron nada para responsabilizar civil, penal o administrativamente a aquellos funcionarios que pasaron maquillando números y jugaron con la misma existencia de la Caja?¿Cuántos de estos políticos y burócratas son examinados por la FGR en relación con el cumplimiento de sus deberes?
Algunos pensarán que ya los políticos de la CCSS merecen ser los héroes de la seguridad social y que ahora sí tienen puesta la camiseta de defensores de la institución y sus asegurados. Pero no olvidemos que hay un maquillaje de ₡413.384,79 millones, con corte a 2014, presentado desde 2015, según consta ante el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda del II circuito Judicial Goicoechea, donde se tramita la Ejecución de la sentencia contra Hacienda (Expediente N° 13-006261-1027-CA). Se presentó una liquidación de sentencia semejante a un conejo gigantesco por casi ₡6 Billones. Si los jueces conceden solamente el gatillo pulgoso (₡413.384,79 millones), pero gato al fin y al cabo, aún, permitiéndole que llene el bolso con los recursos faltantes de 2015 a 2019, entonces, adivinen cuál será la excusa de los burócratas colocados por los partidos políticos en el corazón de la Caja: no nos permitieron recobrar todos los dineros que le fueron escamoteados a la CCSS, palabras menos, palabras más, ustedes escucharán. No sería raro que, así como pasaron maquillando números hayan olvidado que los jueces se rigen por los principios de “ultra petita” y “extra petita” (las partes marcan la cancha a los jueces conforme a los extremos petitorios). Máxime que en la sentencia el Tribunal tuvo como hechos no probados, que: “No se acreditó con prueba idónea las gestiones de cobro que realizó La Caja Costarricense de Seguro Social, ante el Ministerio de Hacienda, ni que en éstas se desglosaran los montos debidos respaldados con la documentación pertinente.” Las negrillas no son del original; tiene como fin resaltar la diligencia respecto a la Seguridad Social.
Los partidos políticos que tienen su gente dentro de la CCSS y el Ministerio de Hacienda sabían que, de conformidad con la sentencia del Tribunal, ambas partes tenían que presentar una metodología “consensuada” para determinar el monto que se debía trasladar mensualmente a la Caja; sin embargo, lo que se presentó fue el conejo gigantesco y vitaminado que los burócratas de la CCSS tenían escondido, quién sabe en que madriguera, sin que el animalote lo reconocieran los representantes del Ministerio de Hacienda, porque ya estaban encariñados con el gatillo pulgoso y artrítico.
De esta manera los políticos de la CCSS se percataron que, ante la declaración de sus propios funcionarios, en el sentido de que en ausencia de los ingresos del artículo 9 de la Ley 7374 a cargo del Estado, “Los recursos se ha tomado del esquema contributivo de los aportes de las primas, esto financia los tres niveles de atención.”. Esto facilitó el argumento de los representantes del Estado para decir que entonces la CCSS no se había visto afectada, porque siguió operando y los recursos invertidos por ella en atención primaria “provienen del mismo seguro de enfermedad” (Negrillas suplidas).
Pero el tiro les salió por la culata, porque ni el Tribunal ni la Sala de Casación se tragaron la carnada, argumentando lo siguiente:
“Así, en resumen, los preceptos referidos transfirieron los programas de atención preventiva de salud y el personal a cargo de ellos, del Ministerio de Salud a la CCSS, y dispusieron, con claridad meridiana, fuera de cualquier atisbo de duda, que el Estado debería trasladar, mensualmente y sin límite de tiempo (pues no hubo disposición en tal sentido) los recursos financieros para cubrir su continuidad, a efecto de lo cual el Ministerio de Hacienda debía tomar las previsiones presupuestarias. La tesis de que el servicio debía ser absorbido, a nivel de costos, por el seguro de enfermedad y maternidad, contraviene de manera abierta disposiciones del constituyente. Cabe recordar que conforme a lo señalado por el canon 73 de la Constitución Política, los seguros sociales, dentro de los que se encuentran, entre otros, los de enfermedad y maternidad, “No podrán ser transferidos ni empleados en finalidades distintas a las que motivaron su creación, (…).” (El destacado es suplido), de modo que incorporarle un programa que no se consideró, en un origen, como parte del seguro de enfermedad y maternidad, carece de asidero constitucional y legal. Todo este análisis lleva a colegir que, contrario a la tesis del Estado, de las normas examinadas se extrae, de manera absolutamente diáfana, su deber legal de reservar y trasladar los fondos necesarios para la continuidad del programa. En suma, su reparo al respecto debe denegarse.” (Lo destacado es del original, lo aclaramos para destacar lo que no vio la Fiscalía Anticorrupción).
Continuó diciendo la Sala Primera: “Por otra parte, si la CCSS hizo uso de los recursos del seguro de enfermedad y maternidad para cubrir los costos de los programas trasladados, ello no implica una inversión legítima, tal y como sugiere, sino un desvío de recursos de un fondo con destino específico constitucional, que expresamente lo prohíbe (artículo 73 de la Constitución Política). Dicho de otro modo, su tesis de que los gastos del programa debían ser absorbidos por el fondo de maternidad y enfermedad, carece de cualquier asidero constitucional o legal y, por el contrario, contraviene el numeral referido de la carta magna.” (Subrayado y negrilla es nuestro y tiene como fin destacar que la inversión fue ilegítima y que los fondos tienen fuerza constitucional y no legal).
Es decir, los políticos de la CCSS estarían notando que su propio pellejo podría estar en riesgo ante confesión de parte de desvío de fondos. Más aún, cuando existen abundantes documentos oficiales de la CCSS que así lo indican, como el oficio DAPE-479 del 29/10/2004, dirigido al Presidente Ejecutivo de la CCSS Dr. Alberto Sáenz Pacheco y al Gerente de la División de Pensiones Lic. José Alberto Acuña Ulate (https://1drv.ms/b/s!AneRZsXF3kHMiFbLlIrW_vwDvld1), con el cual el Director de la Dirección Actuarial Lic. Roger Aguilar Gutiérrez, les informó lo siguiente:
“a) Los ingresos para financiar los regímenes de protección que incluyen a las personas aseguradas mediante convenios, cuenta propia y régimen no contributivo a cargo del Estado son insuficientes. (El subrayado es nuestro)
b) EL 50% de la prima establecida para financiar la cobertura de los trabajadores asalariados, es suficiente para financiar las prestaciones y beneficios de este grupo y sus dependientes. El restante 50% se utiliza para financiar el déficit indicado en el punto anterior.” (Subrayado es nuestro).
O como en el estudio actuarial del seguro de salud realizado por la CCSS con corte al 31/12/2013, en el cual se proyectan para el año 2018 faltantes de cientos de millones de colones (Cuadro N° 17), no facturados por la CCSS o facturados parcialmente al Estado, por lo cual los jerarcas de la Caja presuntamente estarían desviando aportes de los trabajadores asalariados para cubrir esos megas huecos presupuestarios. Habría que oír la defensa de estos fondos hecha por la representación laboral en la Junta Directiva de la Caja.
Todo lo anterior fue advertido a la CCSS desde muchos años atrás, reiterado ante su Presidencia Ejecutiva en el año 2018 (https://1drv.ms/b/s!AneRZsXF3kHMiGC9CeqNwcuwcyP1), recurrido ante su Junta Directiva en diciembre de 2019 (https://1drv.ms/b/s!AneRZsXF3kHMiGriPdm1JQuowjyv). No se sabe del resultado de la atención al acuerdo que tomó esa Junta el 19/12/2019 (https://1drv.ms/b/s!AneRZsXF3kHMiGsQFSmUJgfBvS_4), o si estará en la madriguera del conejo.
Nota: Montos en millones de colones.
Fuente: https://1drv.ms/b/s!AneRZsXF3kHMiHXHX_c1ZiGt3p2d
Por otro lado, la jerarquía política de la CCSS y del Gobierno se sienten fortalecidas y estimuladas con el apoyo contundente de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción del Ministerio Público, en la causa penal N° 18-000119-1218-PE. Ni la fiscala general Emilia Navas Aparicio y mucho menos las fiscalas designadas Diana Hernández Gamboa y Johanna Carpio, encontraron algo que les resultara raro en todo ese juego de números. Más bien, acogieron como válido el dictamen jurídico de los abogados de la CCSS, que interpreta que esos regímenes de asalariados, independientes, voluntarios, pensionados, asegurados por el Estado, son solo la forma en que la CCSS ha logrado “conceptualizar a los que son beneficiarios de las protecciones y servicios que brinda ya sea el régimen de salud o el de Invalidez, Vejez y Muerte”. Es decir, como cualquier abogado de garaje, ahora en Costa Rica no es la Constitución, ni las leyes 17, 7374, 5905, 5349, 7983, entre otras, las que crearon esos regímenes y/o le prohíben a la CCSS realizar desvío de fondos -como lo advirtió la Sala Primera- sino que es un mero arreglo interno que hace la CCSS. Así de jodido estamos en cuanto a cultura jurídica. La fiscalía anticorrupción solicitó al juez “se proceda a DESESTIMAR la presente denuncia”, lo que efectivamente fue acogido “POR ATÍPICO y FALTA DE PRUEBA” (https://1drv.ms/b/s!AneRZsXF3kHMiQq-sE-BmCTkD_8b ). Incluso, ante la apelación realizada por el denunciante con la férrea oposición ejercida por la Fiscalía Anticorrupción, el Tribunal Penal del II Circuito Judicial de San José resolvió archivar el caso, argumentando: “(…) De la referencia que ha hecho el Ministerio Público se observa que el señor Arias López no ostenta esta condición de víctima en el presente proceso, sino que figura como denunciante ante un delito de acción pública… (…) el señor Arias López no ostenta la condición de víctima se observa que no pasa este filtro de admisibilidad por que el señor Arias López no cuenta con esa autorización legal establecida en el C.P.P para presentar el recurso de Apelación.” (https://1drv.ms/b/s!AneRZsXF3kHMiQvXcG-UM-uACtGe) (Negrillas suplidas). Ni usted sería víctima, aunque al final sea perjudicado como contribuyente y le quiebren el IVM.
Interesante resulta la encuesta realizada por la Contraloría General de la República (https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docsweb/enpc/prevencion.html), que en los últimos meses tiene ojos de Halcón, en cuanto al fenómeno de la corrupción detectó, entre otras cosas: “El 75% de las personas no conoce alguna acción llevada a cabo por el sector público para evitar que se dé la corrupción. El 28% de las personas consultadas admiten que ellos o un conocido han sido testigos de algún acto de corrupción en el sector público. De las personas que admiten que ellos o un conocido fue testigo de un acto de corrupción en el sector público, el 79% de las personas no realizaron la denuncia. La principal razón por no denunciar un acto de corrupción se debe al miedo a represalias (28%), el no ver algún cambio (22%), y por desconocimiento del trámite de denuncia (16%).” (Negrilla suplida).
En este sentido el fiscal adjunto de la Fiscalía Anticorrupción. Sr. Carlos Meléndez declaró recientemente: “El fenómeno de la corrupción constantemente muta y evoluciona constantemente. Por ejemplo, históricamente, donde se ha invertido más recursos en una fiscalía anticorrupción fue abordar el fenómeno de la corrupción pública; básicamente cometidos por funcionarios públicos abusando de sus funciones.” (Negrilla no es del original) (https://www.crhoy.com/nacionales/fiscalia-de-probidad-la-corrupcion-ya-no-es-un-fenomeno-solo-de-funcionarios-publicos/).
El tema resulta sumamente interesante a juzgar por la sentencia que condenó al Ministerio de Hacienda a pagar a la Caja, pues si existe una norma, en este tipo de orden constitucional, cambiar de destino los fondos establecidos significa un “desvío” que no encuentra asidero en la costumbre administrativa, pero para la Fiscalía Anticorrupción estas conductas censuradas por el Tribunal Administrativo, que podrían poner en peligro el IVM y SEM, no encuentra sustento en la normativa penal.
Por el momento esperemos si es cierta la percepción delfiscal adjunto Carlos Meléndez, en cuanto, según dice, hay evolución y mutaciones en la corrupción.
Lea también la parte uno: Hablemos de IVM – Parte I y la parte dos: Hablemos de IVM. Mega huecos presupuestarios contra la CCSS – Parte II
No pocos analistas en el ámbito mundial tipifican la situación actual como un estado de guerra, no declarada pero real en sus dramáticas consecuencias, ya que posee todas las características de tal; las constituciones política de inspiración ideológicas liberales se han visto superadas por las circunstancias excepcionales que genera esta pandemia planetaria; vivimos en un estado de excepción; en tales circunstancias, Santo Tomás de Aquino afirmaba que la normalidad ética se rompe en aras de mantener el valor fundamental que sustenta la ley natural, cual es el de preservar la vida como valor absoluto. En ese sentido y en forma general, las medidas adoptadas por el gobierno actual a través del Ministerio de Salud y de las autoridades de la Caja Costarricense del Seguro Social, están haciendo lo correcto; su liderazgo ha sido con razón y justicia reconocido por la opinión pública nacional e internacional; los funcionarios de esos organismos estatales, lo mismo los de la Comisión Nacional de Emergencias, se han comportado heroicamente; la historia les reservará un lugar de honor. De igual manera, merece destacarse la labor pionera, en el campo de la investigación, emprendida por los(as) científicos(as) de las universidades públicas. El apoyo a la investigación científica de primera línea y al servicio de los mejores valores de la sociedad, constituye el único camino de que dispone la humanidad para lograr sobrevivir; no podemos pensar siquiera en la sobrevivencia de la especie humana, que superar actualmente los 7 mil millones, si no damos prioridad en las políticas y recursos presupuestarios a la investigación científica del más alto nivel; en nuestro caso, la calidad intelectual y ética del personal de nuestras universidades está demostrando con creces que los recursos invertidos en ese campo no son un gasto sino una inversión; aún más, deben verse como un derecho fundamental de nuestro pueblo, porque en ello está en juego la sobrevivencia de las generaciones actuales y futuras.
En donde el actual gobierno parece desbarrar es en sus políticas económicas con directa incidencia en las políticas sociales. Desde sus inicios, el presidente Carlos Alvarado se ha mostrado carente de liderazgo; su retórica suena vacía, por no decir demagógica, proclive a los sectores oligárquicos, los que han impuesto su línea política en defensa de sus intereses de clase; para lo cual, cosa inaudita en nuestra historia política, tienen su vocero oficial en el seno mismo del consejo de gobierno: André Garnier es el poder detrás del trono. Todo lo cual no es más que la férrea aplicación del compromiso adquirido por el entonces candidato Carlos Alvarado ante Edna Camacho, quien lo amenazó con hacerlo perder las elecciones en segunda vuelta si no aceptaba, como punto de partida de su gobierno, lograr que el Congreso aprobara el paquete de impuestos antipopulares del IVA. Durante la campaña, Carlos Alvarado le ocultó al pueblo la verdad, pues habló de impuestos, pero demagógicamente no detalló de cuáles, consciente de que, si el pueblo se hubiese enterado de lo que se trataba, lo hubiesen rechazado masivamente. En ese contexto, a la mayoría de los ciudadanos no les quedó otra alternativa que escoger entre un candidato malo y otro peor.
La clase política costarricense está totalmente desprestigiada, como lo prueba el poco o nulo valor en que la gente tiene a los diputados. Vivimos en un régimen que dejó de ser centralizado y presidencialista para convertirse en uno semiparlamentario; de ahí el creciente protagonismo que los gobiernos locales están logrando; de hecho, un grupo significativo de alcaldes ha protagonizado una especie de huelga en contra del gobierno…¡y la han ganado ampliamente!; las elecciones de medio período, es decir, la separación entre la elección del gobierno central y el local, constituye un avance democrático, pero no suficiente; por lo que considero que la única manera de darle viabilidad a nuestro inestimable régimen democrático es que, desde las organizaciones de base en las comunidades, surjan aquellos liderazgos que hayan mostrado ser honestos y eficientes. Es necesario ir construyendo una democracia directa y participativa, de modo que la voz del pueblo sea escuchada. De esta manera, la crisis actual será vista por la historia como el salto hacia nuestra plena madurez como pueblo soberano.
SURCOS recibió a siguiente petición enviada al Ministro de Hacienda para hacer cumplir la ley que protege a las y los pensionados.
Compartimos la carta:
11 de septiembre de 2020
PETICIÓN
Señor: Elian Villegas Valverde
Ministro de Hacienda
Estimado Señor:
Me dirijo a usted en razón de que observo y concluyo que usted es un ser humano honrado y con transparencia, respetuoso de la normativa legal de Costa Rica y por ello al igual que usted hizo respetarla Ley de Usura, le solicito respetuosamente hacer cumplir la ley que protege los pensionados, tema que la Tesorería Nacional conoce, pero se niega a honrar.
Las leyes a que me refiero son las siguientes:
Código Civil Ley No.63:
“ARTÍCULO 984.- No pueden perseguirse, por ningún acreedor, y en consecuencia no podrán ser embargados ni secuestrados en forma alguna:
1) Los sueldos, en la parte que el Código de Trabajo los declare inembargables.
2) Las jubilaciones, pensiones y beneficios sociales del deudor y las pensiones alimenticias…”
Dado que la pensión es producto de los aportes del trabajador a lo largo de su vida laboral, podemos y debemos aplicar el Código de Trabajo para interpretar o aplicar dicho derecho, así como los Principios del Derecho Laboral, sobre todo el In dubio pro operario.
Código de Trabajo Ley N° 2
ARTICULO 11.– Serán absolutamente nulas, y se tendrán por no puestas, las renuncias que hagan los trabajadores de las disposiciones de este Código y de sus leyes conexas que los favorezcan.
Además, en el ordenamiento jurídico costarricense existen otras leyes que refuerzan el espíritu y compromiso social de los legisladores costarricenses para garantizar a los pensionados una vida digna, por ello existen otras normas que sirven como leyes complementarias para reforzar esa tesitura de los legisladores, estas son:
Ley Orgánica del Poder Judicial Nº 8 (1937)
Artículo 231- Excepto por pensión alimentaria, no son susceptibles de embargo, ni de venta, cesión o cualquier otra forma de traspaso, las jubilaciones y las pensiones, ni el Fondo establecido para cubrirlas.
Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social CCSS:
Artículo 59.- Las prestaciones en dinero acordadas a los asegurados no podrán cederse, compensarse ni gravarse, no son susceptibles de embargo, salvo en la mitad por concepto de pensiones alimenticias.
Sabedor de su respeto por la Leyes de Costa Rica, le agradezco de antemano su decisión de hacer respetar dichas leyes.
Atte.:
Luis Diego Seas Oses
Cédula: 1-0623-0133
Teléfono: 8882-2688
Correo electrónico: ldseas@gmail.com (primera letra L minúscula)
UNDECA – BUSSCO le invita a participar en la Caravana Regional vehicular de San José y en el acto conmemorativo este próximo 15 de setiembre.
Los objetivos de esta Caravana son:
Enviado a SURCOS por Luis Chavarría.
La Administración Alvarado ha presentado los resultados del desarrollo en las regiones Chorotega y Huetar Atlántica, los primeros el 25 de julio como parte de la celebración del 196 aniversario de la Anexión de Guanacaste y los segundos el 31 de agosto durante la celebración del día de la Cultura Afrocostarricense.
En ambas actividades los coordinadores de los programas regionales, la primera Dama Claudia Dobles del programa para la región Chorotega y en la segunda el Primer Vicepresidente Marvin Rodríguez del programa Mesa Caribe, presentaron un recuento de los resultados obtenidos en las diferentes áreas de la acción gubernamental.
Entre los resultados en la región Chorotega, se mencionaron los siguientes:
– la inversión de 26.693 millones de colones en el mejoramiento del acceso al agua potable en Guanacaste para 90 mil personas, gracias al impulso de 8 proyectos en los cantones de Liberia, Bagaces, Nicoya, Cañas, Abangares, Santa Cruz y La Cruz. Estos proyectos son parte del Plan de Infraestructura y Gestión Integrada del agua de la región Pacífico Norte 20-30, que contempla la inversión de $ 1.130 millones en 71 proyectos, entre los que se encuentre el PAACUME sobre el embalse del río Piedras.
– se realizó el asfaltado de las rutas Garza-Nosara, Hojancha-Nandayure y Quebrada Honda-Carrillo, se mantienen trabajos en diversas rutas de Nicoya, Tilarán, Cañas y Abangares y se ha recuperado el avance en la obra Cañas-Limonal.
– el INDER invirtió mil millones de colones en proyectos de riego y continúan en ejecución por 250millones de colones del proyecto Agrolajas II en Abangares.
– INDER y SENARA construyen el proyecto de riego de Sardinal de Carrillo con una inversión de 360millones de colones para beneficiar a 24 familias que podrán ampliar y diversificar su producción agrícola.
-el INDER también destinó 7.400 millones en obras de infraestructura, producción y seguridad alimentaria
– el INDER entregó una donación de 241 millones de collones para comprar equipos de secado del café producido por 380 familias ligadas a la Cooperativa CoopelDos, en los cantones de Tilarán, Abangares y Monteverde.
– un grupo de 310 pescadores de la Cámara de Pescadores de Guanacaste ubicados en Nicoya, Paquera, Santa Cruz y San Juanillo, reciben equipo de enfriamiento, pesaje y acopio, con una inversión del INDER por 19.2 millones de colones.
-proyectos como Santa Luisa, Las Palmas, Villas Marcel, La Joya, Malinche y la Esmeralda, dan cuenta de la fuerte inversión en vivienda en Guanacaste en cantones como Hojancha, Liberia y Abangares.
– obras como la escuela Recaredo Briceño y san Francisco en Nicoya, Dionisio Leal en Santa Cruz, los Colegios técnico-profesionales en barrio Irving La Cruz y el de Corralillo de Nicoya, apuntan a que miles de estudiantes encuentren mejores condiciones cuando regresen a las aulas.
– puestos de salud como el puesto de visitación periódica y el EBAIS de Santa Elena en La Cruz ya están disponibles para los habitantes de esas comunidades. Están en ejecución proyectos como el área de salud de Santa Cruz y la unidad de terapia renal de Liberia. La inversión total de la Caja del Seguro Social en Guanacaste supera los 22.500 millones de collones
– para enfrentar las consecuencias de la emergencia sanitaria se entregaron cerca de 30 mil diarios en toda la provincia y cerca de 94 mil personas se beneficiaron con el bono Proteger y el IMAS y el área regional de desarrollo social Chorotega dieron protección social a más de 18 mil familias en pobreza y en pobreza extrema (ElPaís.com, 25-7-2020)
Por su parte, en la presentación de los resultados de la Mesa Caribe, se mencionaron los siguientes:
– en infraestructura vial, el CONAVI ha invertido cerca de ₡5.900 millones en el mantenimiento y rehabilitación de carreteras en los 6 cantones de la provincia de Limón, además de la construcción del Puente Binacional sobre el río Sixaola entre Costa Rica y Panamá que presenta un avance de un 90%.
– en infraestructura educativa, de setiembre de 2019 a la fecha, la Dirección de Infraestructura Educativa (DIE) ha entregado siete proyectos educativos, once se encuentran en ejecución y cuatro en proceso de contratación, ubicados en los seis cantones de la provincia. En total, la inversión de agosto de 2019 a la fecha asciende a ₡19.060 millones y beneficia a 9.310 estudiantes.
– el Senara ha ejecutado proyectos con una inversión total de ₡14.000 millones en beneficio de 23.600 familias de la Región Huetar Caribe.
– la inversión de Acueductos y Alcantarillados a lo largo de la provincia de Limón es de ₡37.4 mil millones en 11 proyectos de agua potable y saneamiento de los cuales 3 se han concluido este 2020 y 5 más se encuentran en ejecución, Entre ellos, destaca la construcción del alcantarillado sanitario en Puerto Viejo.
– en las áreas de Salud de Cariari, Guápiles, Guácimo, Valle de la Estrella y Talamanca, la Caja Costarricense del Seguro Social ha destinado una inversión total ₡1.100 millones para llevar bienestar a cerca de 86.000 habitantes.
– el Ministerio de Trabajo por medio del Programa Nacional de Empleo, ha logrado desarrollar las competencias necesarias para el empleo en 18.400 personas, lo que ha representado una inversión social superior a los ₡3.896 millones.
– el INA ha destinado más de ₡3.327 millones invertidos para la formación y capacitación para el empleo de 7.785 personas. A esto se suma la construcción de 48 mil metros cuadrados del Centro Polivalente del INA, con una inversión que supera los ₡6.479 millones, que permitirá la capacitación de hasta 3.500 estudiantes al año.
– el Inder ha realizado una inversión social de más de ₡7.538 millones en los 6 cantones del país, entre los que destacan la ruta turística Guácimo y el mejoramiento de los caminos de La Lidia, Maravilla, San Jorge, el Millón, Aguas Frías, la Fortuna y Maná.
– Dinadeco ha logrado plasmar siete proyectos y se ejecuta otros cinco que benefician a 5 mil personas. Inversión para el desarrollo comunal de Limón supera de más de ₡194 millones.
– el proyecto de ventanilla única municipal de la Región Caribe se encuentra a un 35% de avance por parte del IFAM, representando un aporte de $230.000 no reembolsable de la institución, impactará en municipalidades más eficientes y efectivas.
– el Ministerio de Vivienda y el BANVHI han invertido alrededor de ₡14.200 en el desarrollo del Bono Comunal Limón 2000 -impactará en la calidad de vida de 3.000 habitantes de la comunidad- y otros proyectos de Vivienda en los cantones de Pococí, Guácimo, Matina, Talamanca y Limón Centro, donde se han otorgado 681 bonos de vivienda.
– mediante sus diferentes programas, el IMAS ha atendido a más de 79.800 personas, con una inversión social superior a los ₡28.000 millones para la Región, mientras el Conapam, y Pani han invertido más de ₡1.900 millones aproximadamente para el beneficio de más de 3.000 personas de la población adulta mayor, niñez y adolescencia.
– el MEP mediante sus diferentes programas ha dirigido alrededor de ₡23.100 millones, apoyando a más de 133.000 estudiantes; mientras que la Junta de Protección Social ha invertido ₡1.400 millones para beneficio de 600 personas beneficiarias.
– en la atención de la emergencia Covid-19, la Comisión Nacional de Emergencias y los Comités Municipales se han entregado de 22.542 paquetes de alimentos para 111.000 personas; el MEP, ha realizado la entrega a estudiantes de 553.800 paquetes de alimentación con una inversión de ₡8.380 millones y a través del Ministerio de Trabajo y el IMAS se han destinado ₡23 mil millones en Bonos Proteger logrando llevar alivio a 61.400 personas. (ElPaís.com,31-8-2020).
Los resultados de la acción institucional en las regiones muestran un esfuerzo de coordinación institucional, una fuerte inversión de recursos en algunas áreas del desarrollo regional y un impacto en grupos específicos de la población.
No obstante, en las presentaciones de los resultados, se evidencia la ausencia de un enfoque de desarrollo territorial, que defina las dinámicas territoriales que se pretende generar en cada región y cómo éstas están en función de que los espacios regionales se conviertan en escenarios de crecimiento económico, inclusión social y sustentabilidad ambiental. (Berdegué, J. et al, Rimisp,2015).
En ellas se puede observar también la falta de análisis y de vinculación de las acciones regionales, con los factores que determinan la estructura social, económica y política de los territorios, tales como las tendencias del entorno, las estructuras sociales y valores arraigados en la práctica de los actores sociales. la dotación, el acceso y el uso de los recursos naturales, el desarrollo de la actividad económica y el surgimiento nuevas alternativas productivas, la importancia de la inversión pública en las dinámicas territoriales y la relación de los pueblos y comunidades con las ciudades intermedias.
Los resultados de la acción institucional en las regiones son una sumatoria de acciones centradas fundamentalmente en el factor de la inversión pública en infraestructura vial y social especialmente efectuada con recursos del INDER y en las transferencias estatales de las instituciones de asistencia social, y con poca referencia a la intervención en áreas estratégicas del desarrollo territorial, como el Plan de gestión integrada del agua 2020-30 de la región Chorotega.
No es posible propiciar transformaciones importantes en los territorios, si no se logra comprender las tendencias económicas, políticas, culturales y ambientales generales, intensificadas por la globalización, pues el cambio progresivo nunca proviene sólo desde dentro del territorio y los procesos del entorno nacional y externo inciden fuertemente y reducen la autonomía de los territorios.
La historia de los territorios tiene un peso fundamental en la formación del desarrollo regional, la cual se manifiesta en una cierta cultura y en prácticas sociales que determinan las sociedades territoriales y la distribución del poder y los recursos en cada región.
La dotación, el acceso y el uso de los recursos naturales, es clave en el potencial de las dinámicas territoriales, en su utilización productiva, en la generación de riqueza, en las posibilidades de crecimiento económico y la sustentabilidad ambiental de los territorios.
El desarrollo de las actividades económicas y el impulso de estrategias productivas regionales de conexión con mercados dinámicos, el acceso a inversión pública y privada y los enlaces y encadenamientos productivos, deben estar dirigidos a crear estructuras económicas más diversificadas y equitativas y a generar oportunidades de crecimiento económico más inclusivas y más sustentables.
El papel de la inversión pública es clave en catalizar cambios significativos en las dinámicas territoriales mediante la creación de bienes y activos públicos o privados, aunque por ser mediados por instituciones formales e informales, deben incorporar la participación de los actores en la toma de decisiones, así como en su implementación, para garantizar una dirección distributiva hacia los más pobres y la solución de las necesidades de la población.
La relación de los pueblos y comunidades con las ciudades intermedias en los territorios es esencial, ya que éstos ya no se conforman principalmente de pueblos dispersos y aislados, con poco acceso a servicios y dependiente de la agricultura. El centro urbano y el interior rural ahora constituyen un territorio funcional en el que cada sector depende del otro y los vínculos que los unen son diversos.
Los territorios en las regiones son rurales-urbanos, y esta condición les brinda un conjunto de ventajas que facilitan el crecimiento económico y un crecimiento más socialmente inclusivo o, más propicio para una más rápida reducción de la pobreza, a través de un mejor acceso al mercado para los productores rurales, acceso a servicios especializados y una mayor demanda de empleos no agrícolas (Berdegué, J. et al,2015).
Los programas de desarrollo en las regiones Chorotega y Huetar Atlántica, debieran incluir objetivos estratégicos y metas de desarrollo territorial, que permitan analizar impactos en el acceso y uso equitativo de los recursos naturales, en un desarrollo productivo más diversificado, inclusivo y sustentable, en una inversión pública y privada bien direccionada con participación de los actores, en la generación de capacidades y capital social en la población local y en la reducción de la pobreza y la desigualdad en los territorios.
*Imagen ilustrativa, CONARE, desarrollo regional.
M.Sc. Rodrigo Arias López
Lic. Rafael Ángel Ugalde Quirós
Los mega huecos ocasionados a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS o Caja) por políticos y empresarios, ampliamente difundidos últimamente por medios de prensa, desde el PLN, el PAC, PUSC y sus Gobiernos, se hacen cotidianamente, con el único fin de debilitarla. Van saliendo poco a poco a la luz pública, a pesar del esfuerzo para taparlos incluso, desde la misma institución y el Ministerio de Hacienda (MH). Y eso que la Fiscalía General de la República (FGR) ha prometido combatir a fondo estas cosas.
Es increíble como “jinetean” el dinero de los trabajadores quienes terminan engañados como pensionados después de pagar primas duplicadas a la CCSS recibiendo jubilaciones de hambre, ofreciéndoles la institución, listas de espera, falta de equipo, medicamentos y un llamado a “socializar” una reforma al Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) que fue conducido a la quiebra. Algo parecido ha pasado en otros países latinoamericanos; en Colombia, por ejemplo, las mafias del poder se robaron el Seguro Social (Así se robaron…https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-11420683).
Durante años los gobiernos del PLN, PUSC y PAC simularon preocupación por el futuro de la Caja; sin embargo, el ejemplo más reciente de la farsa fue publicado en estos días por diversos medios. “Caja inicia ejecución de sentencia para recuperar casi ₡6 billones que le adeuda el Estado” aparece en titulares del Semanario Universidad (https://semanariouniversidad.com/ultima-hora/caja-inicia-ejecucion-de-sentencia-para-recuperar-casi-%E2%82%A16-billones-que-le-adeuda-el-estado/), que informa:
“La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) presentó formalmente la ejecución de sentencia por la deuda de casi ₡6 billones que tiene el Estado con la institución debido al traslado del primer nivel de atención en salud.
Esa decisión fue comunicada por el presidente ejecutivo de la Caja, Román Macaya al diputado del Frente Amplio, José María Villalta.”
El diputado del Frente Amplio José María Villalta, valientemente demandó al Estado en el año 2013 por el incumplimiento del giro a la CCSS de los fondos ordenados por el artículo 9 de la Ley N° 7374. ¿Pero, cómo fue que los políticos de alta alcurnia desde los distintos gobiernos durante años engañaron a los trabajadores presentándose como defensores de la CCSS?, se preguntarán los lectores. Una respuesta resumida es recurriendo a una serie de mecanismos muy parecidos a una especie de lavado, fraude de ley, tráfico de influencias, maquillajes de estados financieros, corrupción e impunidad. Trataremos de explicarlo en esta nota y en las próximas.
Cuando se aprobó la universalización del seguro de salud (SEM) con la Ley N° 5349 del 24/09/1973 (http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=32335&nValor3=34110&strTipM=TC ), se trasladó a la CCSS una buena parte del personal del Ministerio de Salud (MS), 22 hospitales nacionales y se le obliga a atender la salud, prácticamente, a toda la población. Solo los programas de atención preventiva de la salud quedaron a cargo de la cartera de salud, según el artículo 6 de dicha ley. Por tal motivo, el MS continuó a cargo de los Programas de Atención Primaria, Ampliado de Inmunizaciones, Cáncer, Tuberculosis, Lepra, Odontología Sanitaria y Control de Enfermedades de Transmisión Sexual, para lo cual el ministerio del ramo continuó con la infraestructura de una parte del personal, 494 puestos de salud y 90 centros de salud, entre otros.
En el año 1993, con la reforma del sector salud impuesta por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y aceptada de rodillas por los políticos criollos, se promulgó la Ley N° 7374 del 03/12/1993 (http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=22571&nValor3=23930&strTipM=TC ), la cual ordenó al Gobierno en su artículo 5, pagar en efectivo todas las obligaciones pendientes (hasta 1993) con la CCSS en un plazo de cuatro años y seguir pagándole en efectivo las obligaciones futuras a partir de 1997. Se cumplió aquello que dice: El papel aguanta lo que le pongan cuando la corrupción es la que gobierna, porque eso fue el disimulo para iniciar uno de los huecos más grandes contra la CCSS y sus cotizantes. Una vez puesta la primera piedra de la obra se impone el artículo 7 para el traslado a la CCSS de los programas antes citados que estaban a cargo del MS y los centros y puestos de salud, motivo por el cual, no solo se derogó el artículo 6 de la Ley N° 5349, sino que en el artículo 8 se autorizó el traslado a la CCSS del personal del MS que estaba a cargo de esos programas. Simulando el derecho a la salud de todos los habitantes, se ordenó a la CCSS “continuar con el proceso de universalización” y “lograr su fortalecimiento, su administración y la prestación integral de ellos”, lo cual significaba para la Caja aumento de inversiones y gastos en adición al costo de la planilla de trabajadores que se trasladó.
La Ley N° 5349, dispone, por otra parte, en su artículo 1 que “La Caja Costarricense de Seguro Social no podrá aceptar ningún traspaso mientras no se le fijen las rentas suficientes para atender el servicio médico a los no asegurados”. Por tal motivo la Ley N° 7374 dispuso en su artículo 9 lo siguiente:
“ARTICULO 9.- El Ministerio de Hacienda, a efecto de cumplir con lo establecido en los artículos 7 y 8 de la presente Ley, tomará las previsiones presupuestarias, para trasladar mensualmente a la Caja Costarricense de Seguro Social los recursos financieros necesarios, a fin de cubrir las nuevas obligaciones asumidas por el traspaso del programa de atención a las personas.”
Sin embargo, nuevamente la corrupción y el tráfico de influencias entraron en acción, ya que durante muchos años de vigencia de la Ley N° 7374, los burócratas y políticos de la CCSS facturaron anualmente a sus camaradas del MH solamente una pequeña fracción del nuevo costo asumido por la Caja; pero sus camaradas no aceptaron la dadivosa bicoca porque ellos pretendían una fracción más pequeña, logrando que transcurrieran más de 25 años sin pagar y sin tomar las “previsiones presupuestarias” que ordena el artículo 9 citado, atenidos, al fin y al cabo, a que la maraña de leyes nunca serian entendida por el pueblo y que la prima duplicada del 15% o más que pagan los trabajadores asalariados al SEM desde el año 1982, alcanzaría para cubrir ese nuevo costo, e incluso, sobraría para acceder a otros mega engaños que se abordarán en otro próximo artículo.
La Asamblea Legislativa, donde por años se aparentó un supuesto debate de ideas (prácticamente inexistente hoy con el “gobierno de unidad nacional” del PAC, PLN, PUSC y un pequeño séquito) tiene responsabilidad, porque para aceptar imposiciones extranjeras simplemente ordenó a Hacienda, sin definir la fuente permanente de los recursos; urgía someterse cuanto antes al FMI, aunque a decir verdad, esto tampoco hubiese sido garantía, pues los dineros ordenados por el artículo 7 de la Ley N° 5349 tampoco llegaron a la Caja. ¿Qué se hicieron esas rentas e ingresos? ¿Dónde están las rentas específicas creadas a favor de la CCSS por el Estado ahí ordenadas? ¿Dónde están esos estudios conjuntos de la Caja y el Ministerio de Salud ahí también ordenados? ¡Sí usted conoce esos estudios, hágale un favor al país, díganos dónde ubicarlos!
Todo lo tenían fríamente calculado para que a la CCSS no le llegaran nuevos recursos. En la página numerada como 53 de la “Memoria del MS 1994” (http://www.asamblea.go.cr/sd/memoriasgobierno/forms/allitems.aspx ) los políticos establecieron que uno de los objetivos de la reforma del sector salud era el “Fortalecimiento Institucional de la CCSS”, con la condición de que la Caja debía “velar por que los servicios que se suministren se ajusten a los recursos disponibles, provenientes de las obligaciones que el Estado, patronos y trabajadores destinen a cada seguro” (página 55). Más claro no canta un gallo.
En los gráficos siguientes se muestra la cantidad de trabajadores y los gastos del MS y la CCSS, usando como fuente las memorias del MS y la página web de la CCSS, entre otras. Los costos del MS corresponden a los asociados con el presupuesto vinculado.
Por ejemplo, en los años 1994, 2000 y 2017, las cantidades de empelados del MS fueron 6.465; 3.864 y 4.914; con reducciones de 2.581 y 1.551 en 2000 y 2017, respecto del dato de 1994. El gasto sobre el PIB pasó de 0,51% a 0,31% en 2000 y a 0,24% en 2017. En la CCSS la cantidad de empleados fueron 27.305; 31.381 y 55.878 en esos años; es decir, en 2017 la cantidad duplicó la que había en 1994. En el caso de los costos sobre el PIB los valores fueron 4,48%; 4,63% y 5,86% en esos años, respectivamente.
Los “maquillistas de oficio”- nadie los conoce pero que de lejos se nota son inexpertos en guarismo –al determinar el monto de las nuevas obligaciones asumidas por la Caja, pretendieron meter gato por liebre a los asegurados (https://neumoexpertos.org/2018/12/03/que-no-te-den-gato-por-liebre-a-proposito-de-una-tribuna/), pues lo estimaron como el 80% del costo de la planilla de 1.515 funcionarios del MS trasladados a la CCSS, más un 30,58% de cargas sociales. “Nadie sabe” los motivos para incluir solo el 80%. Ese “modelo” era tan bueno para el Gobierno que mantenía las 1.515 plazas fijas hasta el fin de los tiempos, con la posibilidad de que, si nadie escudriñaba, a medida que los trabajadores trasladados ya no estuvieran en alguna de esas plazas, entonces se cobraría por los que hubiera. Como este mundo es tan pequeño, se logró escudriñar que ya en el año 2008 solo se cobraba por 1.200 plazas. La perfección del disfraz era tal, que tampoco consideraba costos por servicios no personales, compra de medicamentos, inversiones en ebais, etc. Ni se incluían costos del período 1994-1997. Era un traje a la medida.
En el proceso de la demanda del diputado Villalta, la CCSS y Hacienda trataron de maquillar un poco más al gato con pimienta y comino para que su carne tuviera sabor a liebre, agregando unos recargos por servicios no personales; pero dejando fija la cantidad de plazas en 1.515 y, excluyendo grandes costos de inversión que tuvo la CCSS, así como medicamentos, equipos, etc.; es decir, en el fondo siempre el asegurado comería gato por liebre y Hacienda “caviar marinado”. Para ello elaboraron un “Prospecto de Programas Trasladados del Ministerio de Salud a la CCSS y Propuesta de metodología de estimación de costos complementarios al recurso humano trasladado”. Aunque el MH quería más, decía que cuando todos los trabajadores trasladados fallecieran, se pensionaran o renunciaran, el costo sería nulo. Incluso, era de la tesis que la CCSS solo podía cobrar los costos de 1994 a 1997, para lo cual también tenían un proyecto de interpretación auténtica que sería enviado a la Asamblea Legislativa.
Según los datos de la CCSS, en el año 2014 el gato disfrazado de conejo era equivalente a ₡413.384,79 millones, desglosados como la suma de ₡193.822,48 de las 1.200 plazas hasta 2008; ₡37.553,93 millones de las restantes 350 plazas “olvidadas” hasta 2008 y ₡182.008,38 millones para que el gato tuviera mejor sabor. Ver certificación en:
https://drive.google.com/file/d/1o8wTjWHpRf3mWd83hCz9ThTdBqw-2cG_/view?usp=sharing
Al 30 de junio de 2020 la CCSS tenía una cuenta contabilizada por cobrar al Estado por un monto total de ₡1,9 Billones, de los cuales ₡0,3 Billones eran del IVM y ₡1,6 Billones del SEM. Dentro de estos ₡1,6 Billones aparece el gato disfrazado por un monto de ₡484,3 mil millones, como se muestra en el anexo del oficio GF-DFC-1828-2020 del 31/7/2020; los restantes ₡1,12 Billones son por otros conceptos.
Ver: https://drive.google.com/file/d/1PQA8UOlkOJqH5wZTxO-QsSGE5slH_bwF/view?usp=sharing
La sentencia del 04/12/2015 del Tribunal Contencioso Administrativo (expediente 13-006261-1027-CA) no estableció el monto de la deuda del Estado del artículo 9 de la Ley N° 7374, solamente resolvió
“(…) En consecuencia se acoge parcialmente la demanda establecida por el actor José María Villalta Flores-Estrada contra el Estado, y se condena al Ministerio de Hacienda a cesar en la conducta omisiva y cumplir con la obligación establecida en la Ley N° 7374. A efecto de hacer posible el traslado de los fondos debidos a partir de la firmeza de ese fallo, se dimensiona esta sentencia para que en etapa de ejecución de sentencia y en un plazo máximo de cinco meses el Ministerio de Hacienda y la Caja Costarricense de Seguro Social, de forma consensuada adopten una metodología que les permita determinar el monto que se deberá trasladar de forma mensual a la Caja Costarricense de Seguro Social. Se condena al Estado al pago de los daños y perjuicios ocasionados al Seguro de Enfermedad y Maternidad, originados en la omisión, los cuales serán fijados también en etapa de ejecución de sentencia. Se resuelve sin especial condenatoria en costas. NOTIFIQUESE.”
Sin embargo, en la etapa deliberativa, la CCSS presentó al gato disfrazado de conejo, como puede verse en los ítems 29 al 34 del “RESULTANDO” de la sentencia, páginas 28 a la 34. Ver:
https://drive.google.com/file/d/1x5JEFF5uKny9PB0anoHhD-FGVMjaztyG/view?usp=sharing
El representante del Estado no estuvo de acuerdo con el Tribunal- recordemos los objetivos en la “Memoria del MS 1994”– por lo que presentó apelación. La Sala Primera dispuso en la resolución Nº 00197-2018: “Se declara sin lugar el recurso promovido por el representante de Estado, quien deberá sufragar sus propias costas.” Ver:
https://drive.google.com/file/d/1qXxy9WjUSOh5TvGahuWAS_8FkT88sfwt/view?usp=sharing
Ahora la gente puesta por los partidos políticos dentro de la CCSS presenta para liquidación de sentencia al posible conejo real, ya viejo y con cataratas en los ojos de tantos años de espera, con un bolso gigante para recoger ₡5,93 Billones, en lugar del gatillo flaco maquillado que estaba asentado en los estados financieros con que quisieron engañar a los trabajadores. Esta liebre, es solamente por la deuda del artículo 9 de la Ley N° 7374, un auténtico dinosauro; es decir, no incluye la deuda de ₡1,12 Billones del SEM de otros conceptos, ni la de ₡0,3 Billones del IVM, por lo que, si los jueces no le dan “chiquitolina” al dinosaurio, el monto de la deuda estatal no negociada subiría a ₡7,35 Billones (5,93 + 1,12 + 0,3). Caso contrario, hasta nos podrían recetar de nuevo el gato, incluso más empapelado y con más pulgas que carne.
Llama la atención que dentro de los ₡5,9 Billones de pretensión, se incluyen solamente ₡1,8 Billones de intereses – 46% del principal – usando “la tasa básica pasiva promedio anual” y posiblemente el interés simple. Considerando que la Caja normalmente obtiene en sus inversiones rendimientos reales superiores a un 4%, lo anterior nos conduce a que el mega hueco podría ser superior al monto pretendido. La niña “Pochita” dando su clase de matemática explica que si al principal de ₡3,9 Billones reclamado judicialmente se le incluyera un rendimiento real de interés de 4%, el dinosaurio de ₡5.93 Billones se elevaría con creces al tamaño de una ballena de más de ₡8,5 Billones; ya que como el principal, sigue explicando la “Pochita”, es una deuda de largo plazo, lo esperado es que los rendimientos superen el monto del principal, tomando en cuenta que la tasa de inflación anual promedio de 1994 a 2019 fue 8,7%; pero en el período 1994-2008 rondó el 12,8%. Niños, fíjense, les explicaba la maestra, por ejemplo, ₡1 de diciembre de 1993 vale hoy ₡8,5, tomando en cuenta solo el efecto inflacionario; pero al agregarle el 4% real el valor ahora sería ₡23,5.
La parte positiva; pero dolorosa de este apestoso mega hueco presupuestario urdido por la clase política, es que deja en evidencia el doble discurso y la doble moral con que una vez y otras también, actuó para llevar a la quiebra al IVM, al mejor estilo de Chile de Pinochet y Piñera o del de México de Carlos Salinas de Gortari, Felipe Calderón, Vicente Fox o Peña Nieto, una verdadera escuela de disimuladores del “progreso” y “modernización” de sus países.
¿Por qué para la ejecución de sentencia los políticos de la Caja presentaron la liebre gigante en lugar del gato con artritis? ¿Por qué la FGR no ha hecho nada para responsabilizar penal o administrativamente a quienes maquillaron y jugaron con las finanzas de la Caja? ¿Cuántos de estos políticos y burócratas son examinados por la Fiscala General en relación con el cumplimiento de sus deberes?
Nos referiremos en próximas entregas, esperando que el gato siga vivo.
Comunicado:
SURCOS recibió este comunicado de SINDEU, SITUN, AFITEC, AFUP y ANEJUD:
Los y las jubiladas del Magisterio Nacional denunciamos ante la sociedad costarricense el atropello cometido por las fracciones de los partidos políticos en la Asamblea Legislativa al aprobar, en forma unánime, la Ley 9796 contra un sector de la población, constituido en su gran mayoría por adultos mayores (97.61 %), Ley que destruye y fracciona el Sistema de Pensiones del Magisterio Nacional.
Esta Ley fue concebida para aumentar el monto del impuesto ya existente, y que pagaban las personas pensionadas de acuerdo con el Régimen del Magisterio Nacional y del Poder Judicial, como “contribución especial” para enfrentar el problema de las finanzas públicas. El impuesto entró a regir en el mes de julio, 2020 en plena pandemia del COVID-19.
Las dramáticas consecuencias de esta Ley han afectado a 3181 personas jubiladas del Magisterio. De esta población el 46 % son mujeres. Además, el 68,08 % de las personas afectadas tiene edades entre 65 y 105 años. El aumento del impuesto ha dejado a la mayoría de las personas jubiladas con una pensión líquida muy baja, incluso con montos de ¢20 000 o ¢30 000 colones al mes, razón por la cual no pueden sufragar ni sus gastos mínimos de alimentación.
Las pensiones del Magisterio Nacional ya estaban gravadas por la Ley 7531 desde 1995, con un impuesto que se paga sobre el monto bruto y oscila entre el 10 y el 16 %. Además, esa misma Ley establece, en el artículo 71, que a las pensiones mayores de cuatro millones de colones se les impone, por tractos, el pago de tasas que oscilan entre el 25 % y el 75 %, según la suma que supere esa base impositiva. A estos impuestos hay que agregar las deducciones correspondientes al impuesto sobre la renta (ISR), el seguro del enfermedad y maternidad de la CCSS, la póliza mutual de vida y el porcentaje del Régimen de Administración de JUPEMA de 5/1000.
La Ley 9796 grava las pensiones a partir del monto bruto de ¢2 296 000,00, lo que provoca un fuerte incremento en la carga impositiva. Esta ocurrencia, porque ni siquiera se fundamentó en un estudio actuarial como lo exige el sistema jurídico costarricense, fue obra de la diputada Xiomara Rodríguez del Partido Restauración Nacional (RN), que gozó de la complicidad, tanto de la Dirección Nacional de Pensiones (DNP) del Ministerio de Trabajo en la figura de Luis Paulino Mora Lizano, como de la Casa Presidencial y todas las fracciones legislativas PLN/PUSC/PAC/FA/PRSC/RN que la votaron a favor en forma unánime.
Lo expuesto demuestra que estamos ante una acción abiertamente “confiscatoria” contra las pensiones de miles de trabajadores de la educación costarricense (primaria, secundaria y universitaria) que pone en riesgo, incluso, la sobrevivencia de miles de adultos y adultas mayores, que han cotizado honesta y regularmente a lo largo de toda su vida laboral y lo siguen haciendo aún pensionados, con el fin de disfrutar de una vejez digna. Esta población se ha visto obligada a adquirir compromisos crediticios para satisfacer, fundamentalmente, sus necesidades de salud y la compra de medicamentos e implementos médicos.
La situación provocada por la Ley 9796 despoja a las personas adultas mayores de una gran parte de sus ingresos por pensión, hecho que contraría los compromisos que ha adquirido el Estado costarricense al firmar la Convención Interamericana Sobre la Protección de los Derechos Humanos de las personas mayores, convertida en Ley 9394 y firmada el 8 de setiembre del 2016.
La campaña desarrollada por parte del Gobierno y de la fracción legislativa del PAC, en asocio con el PLN/PUSC y los partidos neopentecostales (RN/NR), contra la clase trabajadora activa y pensionada, no cesa; hay en la corriente legislativa otro proyecto, el 21 345 presentado por el diputado Víctor Morales Mora del PAC, que pretende trasladar, entre otros, los regímenes del Magisterio Nacional y del Poder Judicial al Régimen de Pensiones de la CCSS (IVM). Es la nueva estrategia para golpear más los bolsillos de las personas jubiladas y próximas a hacerlo. Exigimos que cese el ataque contra la clase trabajadora y pensionada.
No pueden el Gobierno, sus aliados políticos y el sector empresarial seguir descargando los costos económicos de la pandemia del COVID-19 y de la crisis fiscal del país sobre los hombros de las y los trabajadores, y mucho menos sobre los de las personas pensionadas.
Demandamos que se garantice, como lo ha firmado el Estado costarricense, lo establecido en la Ley 9394 derivada de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, fundamentalmente en lo que corresponde a: Los Estados Parte adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar a la persona mayor el goce efectivo del derecho a la vida y el derecho a vivir con dignidad en la vejez hasta el fin de sus días, en igualdad de condiciones con otros sectores de la población (artículo 6).
Exigimos el retiro inmediato de la corriente legislativa del proyecto 21 345 denominado Ley de reforma para la equidad, eficiencia y sostenibilidad de los regímenes de pensiones del diputado Víctor Morales Mora y de la fracción del PAC por las nefastas consecuencias que traería sobre la población jubilada y la que lo hará en el futuro. Pedimos, también, el retiro de todos aquellos otros proyectos legislativos que atenten contra la población jubilada y su calidad de vida.
Denunciamos ante el Magisterio Nacional y la ciudadanía el empeño evidente de Rocío Aguilar Montoya, de la Superintendencia de Pensiones y de Luis Paulino Mora Lizano, exdirector de la Dirección Nacional de Pensiones, la realización de diversas acciones tendientes a debilitar los regímenes de pensiones existentes, pues en diversas instancias y de modo reiterado proponen y promueven eliminar los diferentes regímenes de pensiones para unificarlos en uno solo.
Convocamos a las organizaciones del Magisterio Nacional y de las universidades estatales a construir un amplio frente, en conjunto con el movimiento laboral del país, a fin de defender el legítimo derecho a tener una pensión digna e impedir la utilización irresponsable de los recursos de nuestros fondos de pensiones por parte de los poderes Ejecutivo y Legislativo.
Imagen ilustrativa.
Los políticos de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) están llamando a los sectores sociales para “socializar” una reforma al Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM). Ver https://semanariouniversidad.com/pais/ccss-iniciara-dialogo-sobre-ivm-con-sectores-sociales/.
Mi tesis es que tanto los políticos de la Junta Directiva de la Caja como los políticos que nos han gobernado -PLN, PAC, PUSC- son los responsables directos de la quiebra de IVM. Digo quiebra o bancarrota del IVM aunque el término no le agrade al representante de los trabajadores ante la Junta Directiva de la CCSS (https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10217202301706407&id=1136685301). Ello a pesar de que el mismo informe actuarial de la CCSS señala: “El análisis del Balance Actuarial al 31/12/2018 con Grupo Abierto señaló un déficit actuarial de aproximadamente 100 billones de colones, obteniéndose una Razón de Solvencia del 48.3 % (o sea, al 31 de diciembre de 2018, hay un déficit que no permitiría al Fondo financiar al 51.7% de las promesas en el período de 100 años bajo estudio)”. Ver https://www.supen.fi.cr/PortalSUPEN-TemaPrincipal-theme/visor/web/viewer.html?file=/documents/10179/20292/RIVM-CCSS+con+corte+al+31+de+diciembre+2018.
¿Y si no fuese que IVM está en vísperas de la bancarrota, por qué llamar de urgencia a reformar el IVM? Don Mario Devandas -al igual que la Sra. Martha Elena Rodríguez González del Sindicato UNDECA de la CCSS– parece no querer aceptar la idea de que los políticos de este país llevaron al IVM a la quiebra, al igual que lo hicieron con el régimen de pensiones de los maestros. Doña María Elena desea que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) les presente otra vez un estudio actuarial que les diga que el IVM está como quinceañero con plata, como aquel maquillaje que hizo esa organización en el año 2009. Pero la realidad es otra, es dura y hay que aceptarla; lo cual no significa liberar de responsabilidad a quienes quebraron al IVM, ni tampoco que por eso sus administradores tengan luz verde para que hagan lo que sea para equilibrarlo.
Entre las reformas más importantes que plantean los políticos de la CCSS están aumentar las edades de retiro, utilizar todos los salarios cotizados para calcular la base de referencia, reducir el porcentaje de beneficio básico, no reponer el 100% de la pérdida de valor adquisitivo de los montos de las pensiones y aumentar las tasas de cotización. Casi todas esas medidas producirían menores beneficios, ya sea porque el monto de la pensión será menor o porque se tendrá que disfrutar durante un menor tiempo; pero, en cualquier caso, a un costo mayor al de hoy. Por eso uno de los principales aspectos que debe ser abordado, es el análisis de los beneficios que hoy se ofrecen. Al respecto el último informe actuarial realizado por la CCSS es sumamente deficiente, lo único que muestra es la cantidad de pensiones según riesgo y el monto de la pensión promedio (Ver Cuadros N° 7 y N° 8 de la página 30 del informe actuarial arriba indicado). Por tal motivo considero que es necesario que la CCSS entregue a los sectores sociales las bases de datos necesarias para realizar mediciones independientes sobre este y otros asuntos.
En aras de mostrar la importancia de que las tasas de reemplazo y en general la suficiencia de los montos de las pensiones se analicen profundamente, presento a continuación la planilla de pensionados de la CCSS al 31 de diciembre de 2015, ajustando los montos de las pensiones por costo de vida de diciembre de 2015 a julio de 2020 y por aumento en salarios, entre otros, con ayuda de los datos del Cuadro I-7 disponible en https://www.ccss.sa.cr/arc/estadisticas/actuarial/69/2019/I-07_2019.zip. En el caso de muerte lo que muestro corresponde al monto de la pensión que resulta sumando todos los montos de pensión de los beneficiarios del fallecido. En diciembre de 2015 el IVM tenía 216.790 pensiones en curso de pago con un monto global de pensión promedio de 250.235 colones; la estimada para el colectivo actual rondaría los 281.000 colones. Las distribuciones según monto de pensión se presentan en el gráfico adjunto, el cual incluye la tabla con la distribución relativa acumulada para cada riesgo (invalidez, vejez, muerte y total). Los montos de las pensiones de IVM son, en mi opinión, sumamente bajas ¿O usted cree que no y que aún se deben reducir más, como pretenden los políticos y administradores de IVM en la CCSS?
En mi apreciación con base en esta estimación, en muchos casos los montos de pensión de IVM no satisfacen las necesidades básicas de quienes las reciben. Por ejemplo, en el caso de invalidez el 63% de las pensiones tienen montos menores o iguales a 150.000 colones; un 39% en caso de vejez; un 72% en muerte y un 53,4% en el total de pensiones. Cerca de un 90% de este 53,4% -que podrían ser unas 130 mil pensiones en la actualidad- estaría recibiendo una pensión mínima de 137.000 colones. Si tomamos como referencia el monto de 300 mil colones, que es próximo al salario mínimo actual, tendríamos que el 87,5% de los montos de las pensiones de invalidez son menores o iguales a dicho monto; 65% de las pensiones en caso de vejez; 90,1% en caso de muerte (causantes) y 77% del total. Obviamente que para medir la suficiencia o insuficiencia de los beneficios no basta con ver solo estos valores; sino que es necesario analizar también los gastos y otros ingresos que tienen los beneficiarios de IVM, entre otras variables, lo cual no abordo aquí; pero sin duda considero que formará parte del proceso que se avecina, de tal forma que se elimine cualquier subjetividad de mi parte en esta nota.
Conforme a lo mostrado con este ejercicio, considero que es obvio que para cualquier negociación que se pretenda, resulta imprescindible contar con los datos más recientes del año 2020, tomando en cuenta que en la actualidad el IVM tiene cerca de 280.000 pensionados causantes o 300.000 beneficiarios y es necesario conocer la distribución real de los montos de las pensiones de IVM en la actualidad. Por supuesto que también es necesaria mucha otra información no indicada en esta nota.
Creo que la definición de la quiebra de IVM no la podemos reducir al momento en que ya no se pueda pagar el 100% de los beneficios. También debemos tomar en cuenta si los beneficios que hoy se ofrecen satisfacen adecuadamente las necesidades de sus pensionados y si el nivel de la reserva actual es el que previeron los actuarios y los legisladores cuando crearon el IVM en la Ley Constitutiva de la CCSS. Porque esa ley creó un régimen de capitalización colectiva, no un régimen de reparto como el que decidieron crear los políticos de la CCSS sin reformar dicha ley, camuflando la quiebra del IVM con el llamado modelo de primas escalonadas, que de tal queda casi nada, pues cada tres años cambiarán la prima y la reserva es básicamente de contingencias, pues no es ni 2,5 veces el gasto anual de las pensiones en curso de pago; mientras que la esperanza de vida promedio de los pensionados ronda los 18 años. Y para los 1,5 millones de asegurados activos cotizantes de IVM los políticos de la CCSS no tienen en reserva ni un centavo.
Veámoslo así. En el informe actuarial de IVM arriba citado dice que se requiere una prima de 24,5% sobre los salarios a partir de enero de 2019 para que IVM esté equilibrado actuarialmente. También se ha informado que la CCSS pretende subir los aportes sobre los salarios hasta un 15% (https://www.estrategiaynegocios.net/inicio/1033905-330/costa-rica-estudian-fuerte-aumento-de-cuotas-de-ccss). Si ese aumento hubiese sido a partir de enero de 2019, entonces el déficit de reserva que le produjeron al IVM es equivalente a 24,5% – 15% = 9,5% sobre los salarios, lo cual equivale a 75 billones de colones en valor presente. Transcurrieron 60 años y los políticos no variaron la prima de 7,5% sobre los salarios de IVM, a pesar de que la esperanza de vida al nacer aumentó de 55 años a 80 años desde hace más de 40 años. Ahora pretenden pasarle la factura a los trabajadores y pensionados aduciendo que todo es responsabilidad del cambio demográfico; pero, repito, no hicieron nada con la prima durante 60 años cuando ya conocían las proyecciones demográficas; desde 1970 sabían que la esperanza de vida había aumentado y que las tasas de natalidad y fecundidad se estaban reduciendo, como lo corroboraron en décadas posteriores, sin que movieran la tarifa de 7,5% para evitar la quiebra de IVM. Y lo más irracional es pretender ahora una reforma sin transitorios superiores al mínimo de 18 meses que ordena la Sala Constitucional. En mi criterio, tanta irresponsabilidad en la gestión de IVM no la deberían asumir los asegurados de IVM. ¿Usted qué opina?