Ir al contenido principal

Etiqueta: CCSS

Convocatoria-propuesta para un movimiento nacional por la defensa del Estado Social de Derecho costarricense y las instituciones públicas

Escrito en . Publicado en Comunidad, Derechos.

SURCOS, recibió la siguiente propuesta para los diferentes sectores de la ciudadanía costarricense para unirse por la defensa del Estado Social de Derecho de nuestro país, propiciando una articulación y alianzas entre grupos con iniciativas ya planteadas y con propuestas de soluciones integrales y conjuntas:

Convocatoria-propuesta para un movimiento nacional por la defensa del Estado Social de Derecho costarricense y las instituciones públicas

En esta hora difícil de la vida del país, proponemos respetuosamente a las asociaciones culturales, cooperativas, sindicatos y centrales sindicales, asociaciones de mujeres, universidades públicas, grupos comunales, grupos artísticos, asociaciones ambientalistas, grupos de científicos y a todos los sectores de la ciudadanía unirse por la defensa del Estado Social de Derecho costarricense, sus conquistas e instituciones, entre ellas, CCSS, INS, ICE, bancos del Estado, INA y las universidades públicas, de modo que se propicie una articulación, con una agenda común, en la búsqueda de las respuestas necesarias desde la ciudadanía, concernida por la Constitución Política de la República, artículo 9o. Para lograrlo, se procuren alianzas entre grupos con iniciativas ya planteadas y otros, en la tarea de proponer soluciones integrales y conjuntas, ante el momento actual y sus desafíos.

Esa unión de todos los sectores sociales es indispensable para la defensa de la institucionalidad democrática, frente a las acciones de las fuerzas políticas y económicas neoliberales, que impactan fuertemente en la conducción del Estado costarricense, mediante una alianza de partidos políticos, en la Asamblea Legislativa. Esos grupos, desde hace varias décadas, partiendo de los Programas de Ajuste Estructural (PAEs) pretenden cambiar, de manera regresiva, el modelo propio del Estado social costarricense. En la actualidad, ubicados en distintos espacios, están tomando medidas económicas que impactan muy seriamente a la clase media y a los grupos menos favorecidos del país, aprovechando el contexto del COVID-19, que inmoviliza al pueblo costarricense por la cuarentena. Aprobar, en estas circunstancias, leyes y medidas económicas sin fundamentos técnicos, que podrían ser violatorias de los derechos laborales adquiridos, e incluso, algunas de carácter retroactivo, sería un acto lesivo, recordado por generaciones.

En efecto, desde los poderes del Estado, luego de haber hecho recaer el peso de la crisis fiscal sobre el pueblo trabajador y los grupos de jubilados, cargándolos de impuestos, se eximen y perdonan las deudas a los grupos poderosos del capital financiero y empresarial, incluidos a los evasores de impuestos. Paralelamente, se han reducido las libertades de protesta y manifestación públicas, mediante, leyes insólitas, como la “Ley para brindar seguridad jurídica sobre la huelga y sus procedimientos”. Otras amenazas penden sobre nuestras cabezas, a saber, un pretendido rebajo del 15% de la jornada laboral y la sugerencia de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) de crear un impuesto sobre el salario escolar y el aguinaldo. La meta final de esos sectores parece ser borrar lo que sobrevive del Estado de bienestar costarricense, construido históricamente con el esfuerzo democrático y solidario de las generaciones que nos preceden.

Con ese nuevo estilo de gobierno, se diría que buscan imponer la forma del Estado propio de las sociedades neoliberales, sobre la base del fundamentalismo de mercado y la privatización. Al priorizar los objetivos económicos y una tecnología excluyente, sobre la dignidad de la vida humana, concentran la riqueza y exacerban la brecha social entre pobres y ricos. Se destruyen así las condiciones estructurales sobre las que se edifica la paz social, la dignidad humana, la justicia social, la equidad y la búsqueda del consenso, pilares del estilo de vida democrático costarricense. Con todo ello, se obedece también a los dictados de los organismos internacionales, cuyo propósito es enfatizar una globalización neoliberal en el país, cuando ya está cuestionada y en retroceso en varias partes del mundo. A pesar de haber encontrado resistencia social, estas políticas han logrado colocar a Costa Rica entre los diez países más desiguales del mundo, lo que significa que han producido una enfática polarización social en los últimos cuarenta años.Finalmente, por lo que se ha anunciado, se avecina una escalada mayor, pues la búsqueda de préstamos multimillonarios dejaría a Costa Rica más endeudada y a merced de los organismos internacionales y sus dictados. Es así que sectores del gran empresariado, como el grupo Horizonte Positivo, con el respaldo de la Unión Costarricense de Cámaras empresariales (UCCAEP), han pedido la venta de los activos más lucrativos del Estado, entre ellos, la FANAL y KÖLBI, mientras que, por otra parte, existe la negativa a financiar debidamente instituciones de bien común, tales como la CCSS y las universidades públicas, todo ello, sin que se ofrezca la fundamentación fidedigna.

Ante este escenario, consideramos indispensable la unión del pueblo costarricense y, en consecuencia, hacemos una vehemente excitativa para que se cree un Movimiento Nacional por la defensa del Estado Social de Derecho costarricense y sus instituciones, como alianza duradera de todos los sectores sociales frente a los objetivos económicos y las acciones políticas que profundizan las brechas económicas, tecnológicas, legales, culturales y sociales. Se debilita de ese modo a la clase media y se lanza a muchos sectores a una pobreza cada vez mayor.

Se trataría de un movimiento pacífico, en el marco del ordenamiento jurídico costarricense.

Sugerimos los siguientes objetivos, entre otros muchos:

  1. Defender, a partir de una agenda nacional compartida, las garantías constitucionales y sociales que le confieren identidad al Estado costarricense y a sus instituciones, a saber, CCSS, ICE, INS, RECOPE, bancos del Estado, las universidades y demás instituciones públicas, frente a la amenaza de eliminación o privatización, explícita o implícita, muy evidente en el momento actual de crisis sanitaria y social.
  2. Analizar e informar sobre los distintos proyectos de ley, decretos, programas y otros que pretendan direccionar el Estado costarricense hacia los objetivos neoliberales y otros que buscan la polarización económica y social, desoyendo las necesidades de las mayorías o actuando contra ellas.
  3. Informar y alertar a la población costarricense sobre proyectos y programas económicos y otras medidas, como préstamos y firma de tratados internacionales, así como sobre personas físicas y jurídicas que los promueven, atentando contra el Estado Social de Derecho, la democracia y sus instituciones.
  4. Llamar a la población costarricense a analizar y pronunciarse colectivamente sobre actos de corrupción, favorecimiento de las empresas privadas frente a las públicas, traslado o conversión indebida de bienes públicos en privados, deterioro de los servicios públicos, deudas acumuladas y no pagadas a las instituciones públicas y creación de impuestos no equitativos, entre otros.
  5. Denunciar y repudiar las acciones económicas y políticas lesivas contra las mayorías en tiempo de pandemia, o el aprovechamiento de las condiciones de aislamiento social, para impulsar leyes por la vía rápida y sin la discusión política debida, de cara al pueblo costarricense.
  6. Propiciar el diálogo, el análisis y la discusión de todos los temas de interés colectivo mayoritario, tales como proyectos, programas, leyes y decretos de primera importancia para la vida nacional; igualmente, el resguardo de la privacidad de los miembros de la ciudadanía, las estrategias sanitarias y alimentarias ante emergencias y otros similares, procurando el más amplio acceso, mediante plataformas de alcance masivo.

San José, 18 de agosto de 2020

CONVOCATORIA-PROPUESTA PARA UN MOVIMIENTO NACIONAL POR LA DEFENSA DEL ESTADO SOCIAL DE DERECHO COSTARRICENSE Y LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS

LISTADO DE FIRMANTES

Un total de cincuenta y cinco personas son firmantes de este documento:

  1. Alice Ramírez Ramírez. Educadora jubilada. Consultora independiente en temas relacionados con la educación superior y área curricular.
  2. Ana Lorena Ulate Rodríguez. Educadora comprometida con las luchas patrióticas costarricenses. Defensora de los derechos de las mujeres y promotora cultural.
  3. Anacristina Rossi. Escritora, traductora, especialista en estudios de la mujer, ambientalista y profesora universitaria, Universidad de Costa Rica.
  4. Aquiles Jiménez Arias. Escultor, dos veces Premio Nacional Aquileo Echeverría en escultura.
  5. Arnoldo Mora Rodríguez. Filósofo costarricense, académico distinguido de varias universidades, Premio Nacional Aquileo J. Echeverría y Premio Joaquín García Monge, Miembro de la Academia Costarricense de la Lengua.
  6. Carmen Camacho Rodríguez. Socióloga, docente universitaria, investigadora y consultora internacional.
  7. Carmen María Méndez Navas. Catedrática jubilada, UNA-UCR; doctora en Cultura Artística Centroamericana. Directora de la Fundación Academia ACUA. Exdirectora General de la Orquesta Sinfónica Nacional.
  8. Daniel Camacho Monge. Abogado, académico, Profesor Emérito de la UCR, sociólogo de muy destacada trayectoria nacional e internacional.
  9. Eduardo Madrigal Muñoz. Doctor en Historia, profesor catedrático de UCR e investigador (CIICLA-UCR)
  10. Federico Molina Campos. Pianista y educador de la Escuela de Artes Musicales, UCR. Pianista titular de la Compañía Lírica en dos oportunidades, cofundador de la Orquesta Sinfónica Municipal de Cartago.
  11. Flora Fernández Amón. Administradora de Empresas, empresaria. Fue parte de la Comisión Económica para América Latina.
  12. Gabriel Mejía Ramírez. Catedrático jubilado, Doctor en Educación, consultor internacional, autor de varios libros sobre educación para la salud y la tercera edad.
  13. Gerardo Meza Sandoval. Pianista con un doctorado interdisciplinario en Letras y Artes de la Universidad Nacional.
  14. Giselle Virginia Chang Vargas. Antropóloga, doctorado en Sociedad y Cultura. Premio UNESCO, Premio Tenerife, España, autora, editora, experta en patrimonio cultural.
  15. Grettel Balmaceda García. Maestría en Salud Pública. Exfuncionaria del Ministerio Salud. Docente de UCIMED y UNED.
  16. Guillermo Miranda Camacho. Sociólogo, especialista en Sociología de la Educación, Doctor en Educación. Catedrático jubilado, UNA-UCR.
  17. Hannia Franceschi Barraza. Especialista en trabajo social y desarrollo sostenible.
  18. Harry Castillo Valle. Ingeniero Químico. Investigador jubilado de la Escuela de Ingeniería Química de la UCR.
  19. Hazel Vargas Zeledón. Catedrática jubilada UNA y UCR. Ex decana Centro de Estudios Generales UNA, Ex Secretaria Adjunta del CSUCA.
  20. Henry G. Arce Arce. Fundador del Centro de Investigaciones Apícolas Tropicales (CINAT) de la UNA.
  21. Henry Orlando Vargas Benavides. Catedrático, Fundación InterArtes.
  22. Isabel Zúñiga Narváez. Educadora.
  23. Javier Solís Herrera. Periodista y teólogo. Diputado en el período 1986-1990.
  24. Jorge Eduardo Carmona Ruiz. Pianista, doctor en Cultura Musical Centroamericana, miembro Comisión CR-UNESCO, miembro FLADEM, Premio Nacional de Música. Catedrático jubilado, UCR.
  25. Jorge Hernández Cascante. Sociólogo. Estudios sobre campesinado.
  26. José Luis Vega Carballo. Sociólogo. Académico jubilado. Dedicado a investigar, escribir y promocionar causas de la lucha social.
  27. José Solano Alpízar. Historiador y pedagogo, doctor en Ciencias Humanas, con Mención en Análisis del Discurso y la Cultura.
  28. Julieta Dobles Yzaguirre. Poeta, Premio Magón, catedrática jubilada UCR, Miembro de la Academia Costarricense de la Lengua.
  29. Leiner Vargas Alfaro. Economista. Profesor e Investigador del CINPE-UNA. Profesor invitado en varias universidades de Europa.
  30. Lorena Flores Solano. Profesora jubilada, ex coordinadora de la Oficina de Pensiones de APSE.
  31. Luis Jorge Poveda Álvarez. Biólogo, taxónomo. Cofundador del Herbario Juvenal Valerio de la UNA. Profesor Emérito. Investigador de antioxidantes para beneficio de la salud, identificación de plantas medicinales contra el cáncer.
  32. Luis Paulino Vargas Solís. Economista, catedrático universitario, académico del CICDE-UNED. Ha publicado doce libros y diversos artículos científicos. Premio Nacional Aquileo Echeverría.
  33. Luis Sánchez Chaves. Catedrático, especialista en apicultura tropical. Coordinador de la Maestría en Apicultura del Centro de Investigaciones Apícolas Tropicales (CINAT)-UNA.
  34. Macarena Barahona Riera. Catedrática UCR. Investigadora en temas culturales, políticos y de las humanidades; poeta.
  35. Magda Zavala. Escritora, catedrática UNA, investigadora y gestora cultural. Fundadora, entre otros, de Asociación Costarricense de Escritoras y Revista ÍSTMICA.
  36. María Elena Salazar. Profesora. Dirigente magisterial y sindical, activista social, miembro del Consejo Consultivo de CONAPAM.
  37. María del Rosario Alfaro González. Catedrática Jubilada. Especialista en Ciencias Ambientales. Consultora Ambiental internacional. Impulsora del programa Calidad del aire (ProEco) para Centroamérica y Panamá.
  38. Mariano Rodríguez Pacheco. Profesor en la enseñanza del Francés, jubilado; Exsecretario General de APSE (2011-2013).
  39. Marino Protti Quesada. Geólogo. Catedrático del Ovsicori, UNA, Premio Nacional de Ciencia y Tecnología “Clodomiro Picado Twight”, Miembro de la Academia Nacional de Ciencias.
  40. Mario Alfagüell. Catedrático jubilado UCR, pianista y compositor. Premio Ones (España), Premio Nacional Aquileo J. Echeverría (3 veces), Premio Áncora (2 veces), Premio Jorge Volio y obra seleccionada en TRIMALCA.
  41. Mario Devandas Brenes. Doctor en Educación, Exdiputado (1978-1982), fundador de FENATRAP, cofundador del Frente Nacional por la Seguridad Social, Representante sindical en la Junta Directiva de la CCSS.
  42. Maynor Carranza Varela. Investigador del Herbario Juvenal Valerio de la UNA, colaborador en la recolección, identificación plantas como potenciales antioxidantes.
  43. Melvin Durán Carballo. Empresario.
  44. Leda Méndez. Abogada, activista social.
  45. Michael McCoy. Biólogo, cofundador del Programa de Maestría de Vida Silvestre, UNA. Diversas publicaciones sobre conservación y manejo de la Fauna Silvestre.
  46. Miguel Picado Gatjens. Teólogo, presbítero católico, investigador, catedrático, UNA; historiador.
  47. Osvaldo Durán Castro. Sociólogo y ecologista. Catedrático Instituto Tecnológico de Costa Rica.
  48. Pablo Sánchez Vindas. Botánico, cofundador del Herbario Juvenal Valerio, taxónomo e investigador de antioxidantes para beneficio de la salud. Autor de varios libros sobre plantas.
  49. Raziel Acevedo Álvarez. Musicólogo, investigador. Catedrático de la Sede de Guanacaste, amplia producción investigativa, UCR.
  50. Roberto Villalobos Ardón. Arquitecto, Rector ITCR 1983-1987, miembro de la Comisión Costarricense de Cooperación con la UNESCO, presidió el Colegio de Arquitectos de Costa Rica entre 1982-1984.
  51. Ronald Bonilla Carvajal. Escritor. Maestro de talleres literarios. Premio Nacional de Cultura Magón.
  52. Roxana Salazar Bonilla. Artista plástica. Profesora jubilada. Fungió como directora del Museo de San Ramón y directora de la Sede de Occidente, UCR, en San Ramón.
  53. Vera Ramírez Marín. Abogada.
  54. Virginia Vargas. Economista, empresaria, activista en derechos de las mujeres
  55. Walter Antillón Montealegre. Jurista y académico, Profesor Emérito de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica.

Nota final

Las organizaciones y personas interesadas en mayor información sobre esta iniciativa pueden comunicarse con el grupo proponente en el siguiente correo electrónico: redcientificocultural@gmail.com

FRENASS comparte propuesta de gerencia de Pensiones de la CCSS

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo, Coyuntura, Derechos.

Después de que el pasado 18 de agosto se realizara una reunión con el el gerente de Pensiones de la CCSS para que explique las propuestas que ha llevado a ese órgano director. Después de esa sesión, cada organización enviaría sus dudas y una vez respondidas se elaborarían propuestas para ser analizadas en otra sesión y llegar a un consenso entre las organizaciones del movimiento social.

Compartimos el informe final para el fortalecimiento de IVM.

2020-2-Presentación-Informe-de-Planes-de-Fortalecimiento-IVM_a-JD_con-propuesta-acuerdoDescarga
2020-Informe-Final-Planes-de-Fortalecimiento-IVM-firmadoDescarga

Políticas de austericidio

Escrito en . Publicado en Análisis, Derechos.

Óscar Madrigal

El Seguro de Enfermedad y Maternidad (SEM) de la CCSS recibió ¢52.000 millones MENOS en ingresos corrientes en este primer semestre comparado con el de 2019, según la Contraloría.

El Gobierno debía transferirle a la Caja 146.000 millones, pero solo le pasó 91.400, es decir, 54.600 millones de colones MENOS. Esto, aducen, se debe a la situación fiscal.

Como se observa, las políticas de austeridad no se detienen ni siquiera respecto a las instituciones que están enfrentando la emergencia sanitaria.

Por un lado, el Gobierno informa que trasferirá ¢28.000 para saldar la deuda de la CCSS, pero por otro le deja de pagar más de ¢54.000 millones.

Producto de las políticas de austeridad se está dejando sin el financiamiento debido a la Caja en momentos que más requiere del apoyo financiero. Por ello a estas políticas más que de austeridad les llaman de austericidio.

Movimientos sociales tendrán reunión con el gerente de Pensiones de la CCSS

Escrito en . Publicado en Coyuntura, Derechos.

El representante de las trabajadoras y los trabajadores en la junta directiva de la CCSS, Mario Devandas Brenes, está organizando una reunión con el gerente de Pensiones de la CCSS para que explique las propuestas que ha llevado a ese órgano director.

El objetivo es recibir la información y aclarar dudas; no es para debatir ni para plantear posiciones. Está actividad virtual será este martes 18 de agosto a las 5 de la tarde.

Después de esa sesión, “cada organización enviará sus dudas y una vez respondidas se podrá elaborar propuestas para ser analizadas en otra sesión para procurar consensuar” entre las organizaciones del movimiento social, explicó Mario Devandas. “Hecho este trabajo entre nosotros, coordinaremos otra sesión con el gerente de pensiones para entregar nuestras propuestas”, dijo.

Quienes tengan interés de participar de esta primera sesión informativa deben completar este formulario:

https://forms.gle/oCqouQVTj675Rs8m6

FRENASS logra que tema de IVM de la CCSS sea discutido de forma participativa

Escrito en . Publicado en Derechos, Equidad y derechos de la mujer.

El Frente Nacional por la Seguridad Social (FRENASS) promoverá un proceso participativo para discutir y proponer, desde los movimientos sociales y movimiento sindical, propuestas para atender la situación del sistema de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la CCSS. Esto, gracias a la petición de FRENASS y al impulso y trabajo del representante de las trabajadoras y los trabajadores, Mario Devandas Brenes, en la junta directiva de la institución.

SURCOS recibió este comunicado:

FRENTE NACIONAL POR LA SEGURIDAD SOCIAL

El 10 de agosto del 2020, la Junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social, dispuso mediante acuerdo unánime promover un proceso de diálogo con los diversos sectores sociales, en torno a de las reformas propuestas al régimen de invalidez vejez y muerte, según manifestó el director, Dr. Mario Devandas.

Saludamos con entusiasmo la disposición de las autoridades de la Caja, cuya génesis se encuentra en las acciones promovidas por FRENASS y apoyadas por las diversas organizaciones que se encuentran integradas a nuestro frente, así como por la ciudadanía en general, que ha exigido un diálogo nacional, dado que las reformas propuestas nos afectan a todos y todas.

Entendemos la delicada situación financiera que está enfrentando la Caja. No obstante, las reformas al Régimen del IVM, no pueden recaer exclusivamente en la población costarricense, empobreciéndola aún más, dado que las propuestas disminuyen la calidad de vida y el poder adquisitivo de los adultos mayores y deja a los sectores más vulnerables de la población en un abandono aún mayor que el que ya tienen.

Exigimos de este proceso, de conformidad con el Artículo 9 de nuestra Constitución Política, una verdadera vocación democrática, que garantice a la población la más activa y efectiva participación en la toma de decisiones, dado nuestro aporte en la sostenibilidad del régimen, el que recae en nuestras espaldas.

Se ha abierto un espacio democrático, las fuerzas populares, sindicatos, cooperativas, asociaciones, ciudadanía en general, estamos en la obligación de forjar un frente común en defensa de nuestros derechos y en defensa de la seguridad social.

Desde Frenass, hacemos un llamado a la Unidad en defensa de la Seguridad Social y de la Caja Costarricense del Seguro Social en particular.

San José, 12 de agosto del 2020.

FRENASS comparte la carta en la cual se comunica que su petición sería conocida en la junta directiva de la CCSS:

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

SJD-1349-2020
07 de agosto de 2020

Señores (a)
Licda. Antonieta Fernández Quirós
MSc. Rafael López Alfaro
Sr. Deivis Ovares Morales
FRENTE NACIONAL POR LA SEGURIDAD SOCIAL – FRENASS
Notificaciones: Correo electrónico: frenass14@gmail.com

Estimados señores:
Estimada señora:

Asunto: Comunicación de lo acordado por la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, en el artículo 12° de la sesión N° 9116, celebrada el 06 de agosto del año 2020.

Me permito hacer de su conocimiento lo resuelto por la Junta Directiva de la Caja en el artículo 12° de la sesión N° 9116, celebrada el 06 de agosto de 2020, que literalmente dice: “ARTICULO 12º: Por tanto, Se conoce oficio 366507-2020, con fecha 29 de Julio de 2020, suscrito por la Licda. Antonieta Fernández Quirós, MSc. Rafael López Alfaro y el Sr. Deivis Ovares Morales, FRENTE NACIONAL POR LA SEGURIDAD SOCIAL – FRENASS, dirigido a la Junta Directiva. Asunto: Solicitud de convocatoria amplia y participativa para abordar el Tema del IVM y de la problemática de Recursos que enfrenta la Caja Costarricense de Seguro Social.

El citado oficio se resume así: Los suscritos se refieren a la decisión de los miembros de Junta Directiva de la CCSS de discutir e incluso modificar unilateralmente el Régimen del IVM, sin tomar en cuenta la participación activa y efectiva de los sectores sociales, ni de la ciudadanía, que conforma múltiples y diferentes frentes para la Defensa, el Fortalecimiento y el Mejoramiento constantes de la Caja y fundamentados en el artículo No. 9 de la Constitución Política, que establece y garantiza la participación activa, amplia y democrática en la toma de decisiones políticas que vayan a afectar a la ciudadanía.

Por lo anterior, solicitan lo siguiente:

  1. Que la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social detenga de forma inmediata, cualquier tipo de discusión respecto al futuro del régimen del IVM, así como del modelo de atención en Salud que brinda la CCSS, hasta tanto y con sentido democrático, se garantice a la población la más activa y efectiva participación en la toma de decisiones.
  2. Que la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, en pleno uso de sus facultades y autonomía, se convierta en la impulsora y organizadora de estos espacios de participación democrática, y se convoque a todos los sectores que interesados en la defensa y el fortalecimiento de la Caja, para garantizar que todas las voces y las propuestas sean escuchadas y tomadas en cuenta en la toma de decisiones, consecuente con lo establecido en el artículo nueve de la Constitución Política.
  3. Que la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, garantice el respeto al precepto constitucional y democrático establecido en el artículo constitucional mencionado, dado que la Caja no está exenta de las obligaciones estipuladas en la Constitución Política, específicamente respecto de la rendición de cuentas, con la consecuente responsabilidad personal de los integrantes de su Junta Directiva.

Finalmente, solicitan respuesta pronta y oportuna, amparados en el derecho de petición y respuesta consagrado en el numeral 27 de la Carta Magna., la Junta Directiva

ACUERDA: ACUERDO PRIMERO: Comunicar a los señores Licda. Antonieta Fernández Quirós, MSc. Rafael López Alfaro y Sr. Deivis Ovares Morales, FRENTE NACIONAL POR LA SEGURIDAD SOCIAL – FRENASS, que su solicitud será considerada en la sesión del 10 de agosto del 2020 y se les informará oportunamente.

La indicación se hará extensiva a las notas que ingresen en la correspondencia para ser conocida el lunes 10 de agosto 2020.

ACUERDO FIRME”

Suscribe atentamente,
SECRETARÍA DE JUNTA DIRECTIVA
Ing. Carolina Arguedas Vargas, jefa

Imagen: Semanario Universidad.

Sindicato de Hacienda consulta a ministro si se indagó denuncia sobre deudas con la CCSS

Escrito en . Publicado en Derechos, Trabajo.

SITRAHSAN envió la siguiente nota al ministro de Hacienda:

Señor Ministro de Hacienda

La publicación siguiente, hace referencia a deuda de personas, en apariencia vinculadas a UCCAEP. Y la Ley de Contratación Administrativa, como la Ley Constitutiva de la CCSS, establecen estar al día en las obligaciones tributarias, tasas y contribuciones.

Le consultamos públicamente:

¿Qué ha hecho la Dirección de Bienes y Contratación Administrativa, a su cargo como jerarca, para investigar la veracidad de estos datos?

*Directivos de UCCAEP adeudan ₡284,4 millones a la CCSS y aun así quieren dictar directrices al Gobierno. *

Así lo denuncia Roberto Mora Salazar, conocido como el Cobrador de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Mora dirigió una carta pública al mandatario costarricense este domingo 2 de agosto.

«Estimado señor presidente, Carlos Alvarado Quesada.

Por este medio, reciba un cordial saludo.

El 31 de julio recién pasado, escuché su intervención en la televisión y, me llamó la atención lo siguiente:

“Presidente Alvarado a Uccaep:

Asustando a la población no van a conseguir nada”

Ello me llevó a reflexionar; ¡para que el presidente de la República lleve a cabo este comentario sobre la Uccaep, debe de haber algo por debajo de parte de este gremio!

Nos guste o no, el presidente de la República de Costa Rica es Carlos Alvarado Quesada y, por consiguiente, las órdenes son emanadas por la Casa Presidencial “y punto”.

El hecho que grupos de empresarios se crean los dueños de Costa Rica y, que son los llamados a dictar directrices, ya porque lo hicieron en anteriores administraciones, me parece muy acertada su intervención de “estate quieto” como dice nuestra población.

Con qué autoridad moral de parte de este grupo de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP) se presentan ante Usted para dar lineamientos de cualquier tipo, si importantes personajes de su junta directiva se encuentran atrasados con nuestra Caja Costarricense de Seguro Social por un monto de ₡284,449,075.00 por concepto de cuotas obrero patronales. Ello demuestra su gran interés por nuestra Seguridad Social de parte de sus asociados, ya que, para elegir a sus miembros de Junta Directiva, deberían de hacer una minuciosa investigación para ver si cumplen a cabalidad con su honorabilidad, moralidad y honestidad, como sí lo son algunos de ellos.

A la fecha, estos altos miembros de la Uccaep adeudan a la CCSS.

OSCAR ECHEVERRIA HEIGOLD
1-0643-0114
TESORERO UCCAEP
3-101-081460 BANANERA CHANGUINA, S.A. 210,297,068.00 APODERADO
3-101-029979 COMPAÑÍA RIO MINERALES, S.A. 3,107,057.00 PRESIDENTE

GONZALO FRANCISCO DELGADO RAMIREZ
1-0644-0138
EX PRESIDENTE UCCAEP
3-101-119969 FIBROTICO, S.A. 62,246,032.00 TESORERO

MARITZA EMILIA HERNANDEZ CASTAÑEDA
5-0195-0073
I VICE-PRESIDENTA UCCAEP
3-101-271205 PROYECTOS E INVERSIONES BOSI Y ASOC, S.A. 6,975,184.00 PRESIDENTA

MUNI FIGUERES FACIO
1-0678-0003
SECRETARIA UCCAEP
3-101-018287 RESTAURANTES ORFI, S.A. 1,682,032.00 VICE PRESID

MIGUEL EFRAIN SCHYFTER LEPAR
1-0399-1427
FISCAL UCCAEP
3-002-195650 ASOCIACION PROGRAMA CENTROAMERICANO PARA LA SOSTENIBILIDAD DEMOGRATICA 97,017.00 PRESIDENTE

ROBERTO FIATT SERAVALLI
1-0546-0782
SUB TESORERO
3-101-718475 PLAZA PARAISO, S.A. 44,685.00 TESORERO

TOTALES ₡284,449,075.00

Señor presidente, como costarricense le aconsejo, tener más cuidado con las personas que entran a Casa Presidencial a dar órdenes, cuando en realidad son lobos disfrazados de ovejas.

Atentamente;
Roberto Mora Salazar
Céd: 1-0396-0099

Información enviada a SURCOS por

FRENASS promueve participación amplia en tema IVM y recursos para la CCSS

Escrito en . Publicado en Derechos, Salud.

SURCOS recibió del Frente Nacional por la Seguridad Social (FRENASS) un comunicado mediante el cual invita a enviar solicitudes para una «convocatoria amplia y participativa para abordar el tema del IVM y de la problemática de recursos que enfrenta la Caja Costarricense de Seguro Social».

FRENASS solicita el envío de la solicitud con el modelo de carta que encontrará para descargar.

Las cartas deben ser enviadas a:
• Román Macaya Hayes
Presidente de la Junta Directiva
Correo electrónico: rmacaya@ccss.sa.cr, roman_macaya@yahoo.com
• María de los Ángeles Solís Umaña
Representante del Poder Ejecutivo
Correo electrónico: masolisu@ccss.sa.cr, msoliscr@yahoo.com
• Fabiola Abarca Jiménez
Representante del Poder Ejecutivo
Correo electrónico: fabarcajimenez@gmail.com
• Marielos Alfaro Murillo
Representante de los Patronos
Correo electrónico: maalfarom@ccss.sa.cr, marielos.alfaro@gmail.com
• Christian Steinvorth Steffen
Representante de los Patronos
Correo electrónico: csteinvo@ccss.sa.cr, steinlooholsteins@gmail.com
• Bernal Aragón Barquero
Representante de los Patronos
Correo electrónico: baragon@clinicabiblica.com
• Maritza Jiménez Aguilar
Representante de los Trabajadores
Correo electrónico: majimeneza@ccss.sa.cr, mjajob@gmail.com
• Mario Devandas Brenes
Representante de los Trabajadores
Correo electrónico: medevand@ccss.sa.cr, madebre01@gmail.com
• José Luis Loría Chaves
Representante de los Trabajadores
Correo electrónico: jlloria@ccss.sa.cr, loria.jose@gmail.com
Si tiene firma electrónica envié su carta a: coinccss@ccss.sa.cr
Con copia a:
• Presidente Carlos Alvarado Quesada, Presidencia de la República.
Correo electrónico: despachopresidente@presidencia.go.cr
Fax: 2253-9078.
• PhD. Catalina Crespo Sancho, Defensora de los Habitantes.
Correo electrónico: defensoria@dhr.go.cr, correspondencia@dhr.go.cr
Fax: 4000-8700.
Por favor copiar sus cartas a frenass14@gmail.com para dar seguimiento de las solicitudes a la Junta Directiva de la CCSS.

Modelo-Carta-para-EnviarDescarga

BUSSCO: Futuro de IVM de la CCSS debe revisarse con diálogo participativo

Escrito en . Publicado en Derechos, Trabajo.

El Bloque Sindical y Social Costarricense, BUSSCO, compartió con SURCOS una carta enviada a la junta directiva de la CCSS en la cual solicita: “1. En aras de la paz social y el ejercicio democrático, se suspenda el trámite de la reforma del Reglamento IVM. 2.Que se convoque a una Mesa de Diálogo con la participación de los sectores sociales (para que) se discuta el futuro de las personas adultas mayores en Costa Rica, la sostenibilidad del sistema de jubilaciones y que garantice calidad de vida a las personas trabajadoras”. La siguiente es la nota:

Señores y señoras
Román Macaya Hayes
María de los Ángeles Solís Umaña
Fabiola Abarca Jiménez
Marielos Alfaro Murillo
Christian Steinvorth Steffen
Bernal Aragón Barquero
José Luis Loría Chaves
Maritza Jiménez Aguilar
Mario Devandas Brenes
Junta Directiva
CCSS

Estimados (as) señores (as):

El Bloque Sindical y Social Costarricense, BUSSCO, que reúne a más de 60 organizaciones sindicales y sociales, ha sido informado por los medios de comunicación que la Junta Directiva pretende reformar el régimen de pensiones IVM, en forma unilateral, sin ningún proceso de análisis y debate público, como corresponde a una democracia y congruente con el mandato constitucional de un gobierno participativo.

Un asunto de esta trascendencia no se puede dirigir y resolver de esa manera, por lo que, de una vez manifestamos, que estamos solicitando que se suspenda cualquier intento de reforma, y en consecuencia, se disponga una mesa de diálogo social para el debate del tema, previa rendición de cuentas a los trabajadores de la gestión y la implementación de las sucesivas reformas.

Esa pretendida reforma, sin una validación de los estudios actuariales, se convierte en un “acto de fe”, desprovisto de rigurosidad técnica y legitimidad social, que no existe la menor duda que sería rechazado rotundamente por amplios sectores de la sociedad costarricense.

Esperamos que no se estén anteponiendo los intereses mezquinos de un reducido sector sobre los intereses de la gran mayoría de nuestro pueblo trabajador.

Justificada desconfianza en los Estudios Actuariales

En el año 2017, la Junta Directiva, como se hizo en el 2005, invitó a los sectores sociales a una Mesa de Diálogo, nombrándose representaciones del sector laboral, patronal y del gobierno, con la finalidad de buscar soluciones que garantizaran la sostenibilidad del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte.

En esa ocasión, ante serios cuestionamientos al estudio actuarial realizado por la Escuela de Matemáticas, contratado por la propia Caja, se solicitó a la Organización Internacional del Trabajo una visión de la reforma de pensiones en Costa Rica y un análisis del cuestionado estudio actuarial.

La OIT advirtió en la nota entregada y durante la presentación a la Mesa, graves deficiencias metodológicas de ese estudio, que desvirtuaron totalmente sus resultados, viciado de graves gazapos.

Entre las tantas inconsistencias advertidas, algunas elementales, destacan que no diferenció entre cotizantes activos y pasivos, sobreestimó el número de cotizantes, y en consecuencia, infló la cantidad de personas con derecho a pensión.

Además, se sobreestimó la formalización del empleo y se cuestionó la fórmula de cálculo para el monto de la pensión: “es como si los salarios de Costa Rica, fueran trasladados para financiar pensiones de Noruega.”

Posterior a la reforma del 2017, expertos muy calificados en especialidades matemáticas y actuariales, Juan José Víquez Rodríguez, Edgar Robles Cordero y Luis Rosero Bixby, realizaron una revisión técnica del Estudio de sostenibilidad del IVM, quienes señalaron falencias, omisiones y errores técnicos del Estudio del equipo de la Escuela de Matemáticas que realizó el estudio del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte, concluyendo que los resultados son inválidos, los cuales correspondían a un escenario pesimista sin ningún fundamento técnico.

Estas debilidades y falencias han causado una justificada falta de confianza en los estudios actuariales, ya sea realizados directamente o contratados por la Caja, por lo que lo más conveniente es una validación de un órgano con experiencia en seguridad social, que no tenemos ninguna que la OIT es un órgano con una gran experiencia y experticia en esta materia.

Reforma del 2017

En la mesa tripartita de diálogo, de 2017, que fue acompañada por diversos sectores e instituciones, se acordaron 33 recomendaciones, que fueron acogidas por la Junta Directiva, producto de un esfuerzo y el mayor consenso de trabajadores, patronos y Estado, para dar sostenibilidad por lo menos 20 años (2038) al régimen, con propuestas paramétricas y no paramétricas, entre ellos la aceleración de los escalones contributivos.

Las recomendaciones finales de la Mesa de Diálogo fueron de orden estratégico, metodológico, incluyendo recomendaciones de regulación normativa para evitar la evasión y la morosidad y una sana gestión administrativa.

También se acordó la presentación de informes anuales de gestión, que a la fecha no se ha cumplido, mucho menos los compromisos adquiridos por el Estado en la Mesa de Dialogo del RIVM.

Una precipitada e inconsulta propuesta de reforma fundamentada en un elemental informe

Preocupa y extraña sobremanera que la propuesta de reforma del reglamento IVM que se pretende acordar, a golpe de tambor, se fundamente en un elemental informe elaborado por un Grupo de Trabajo, conformado por 2 gerentes: Jaime Barrantes Espinoza, Gerente de Pensiones y Luis Diego Calderón Villalobos, Gerente Financiero, el Ing. Ubaldo Carrillo Cubillo, Director Administración de Pensiones, el M.Sc. Cristian Torres Jiménez, Jefe Área Actuarial, Dirección Actuarial, con el equipo asesor correspondiente.

Aunque la reforma anterior se aprobó a finales del año 2017, la Junta Directiva acuerda que la “Valuación Actuarial del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte, al 31 de diciembre de 2018”, sería un “insumo inicial básico de los grupos de análisis que se conformen con el propósito de plantear planes de fortalecimiento del Seguro de Pensiones de la CCSS.”

Sin embargo, en lugar de planes de fortalecimiento lo que se presentó a la Junta Directiva son exclusivamente reformas paramétricas, con graves consecuencias para trabajadores, patronos y Estado, a menos que como en otras ocasiones se quiera cargar la reforma solo en las personas trabajadoras.

Las reformas propuestas

Resulta tentador para los jerarcas proponer cambios en el perfil de beneficios, edades de retiro y contribuciones, con el criterio de esos parámetros “sí están en control de la CCSS” y descartando, a priori, la búsqueda de nuevas formas de financiamiento porque “es lento y engorroso”.

Nuestras observaciones preliminares a las propuestas:

Las propuestas para todos los trabajadores del país

Plan 1 – Elimina totalmente el retiro anticipado.
Plan 2 – Aumenta la edad para el retiro anticipado: hombres a los 64 años con 30 años cotizados y mujeres a los 62 años, con más de 37 años cotizados.
– Disminuye el monto de pensión: > Utiliza el promedio de toda la vida laboral para el salario de referencia > La pensión se calcula con el 40%, 45% y 50% del salario de referencia. > Aumenta en 5 años el requisito para reconocer mes adicional cotizado
– Aumento contribuciones: incremento en 5,5% tripartito. De 10,66 a 15,16%.
Plan 3 – Elimina y aumenta la edad para el retiro anticipado: lo elimina para los hombres. Las mujeres aumentan la edad a 62 años con más de 37 años cotizados.
– Disminuye el monto de pensión: > Utiliza el promedio de toda la vida laboral para el salario de referencia > La pensión se calcula con un 45% del salario de referencia. > Aumenta en 5 años el requisito para reconocer mes adicional cotizado
– Aumento contribuciones: incremento de 5,5% tripartito. De 10,66 a 15,16%.

 

1.- Nuevas condiciones para el retiro anticipado

Se elimina el incentivo a la larga cotización durante la vida laboral al eliminar el retiro anticipado, incrementar la edad o mantenerlo solo para las mujeres, no visibiliza que para lograr ese beneficio se debe cotizar por casi 40 años, desconoce que hay grupos ocupacionales con esas contribuciones que tienen una expectativa de vida menor y que ya existen personas trabajadoras que han cotizado por más de 20, 30 o más años y que han mantenido que ya han cotizado 30 o más años con la expectativa de lograr una pensión adelantada.

Finalmente, en el caso de las mujeres alarma que la administración de una institución de seguridad social, mantenga una visión patriarcal del trabajo, obviando el trabajo no remunerado de las mujeres trabajadoras, su papel como cuidadoras y el aporte a la sociedad, desconociendo los avances en acciones afirmativas a favor de las mujeres.

2.- Disminuir el monto de las pensiones

a.- Modifica la Fórmula de cálculo del salario de referencia

En el 2005 cuando se reformó la formula se tenía el objetivo de desincentivar que las personas contribuyeran mayoritariamente durante los últimos 5 años, para obtener mejores pensiones sin que se hubiera cotizado.

La regresiva propuesta disminuye considerablemente el salario de referencia, al utilizar la totalidad de los salarios cotizados, con el consiguiente decrecimiento del monto de la pensión.

b.- Reducción del monto en un rango entre 40-50% del salario de referencia.

El porcentaje de reemplazo del salario ha venido en caída libre desde los años 90, llegando en el 2005 a definir 8 estratos con respecto a los salarios mínimos, cuyos rangos oscilan entre un 43% y un 52,5%.

La agresiva propuesta establece rangos de 40%, 45% y 50% para el monto de pensión; una medida mucho más injusta para los sectores más vulnerables.

Por otra parte, no es cierto que los regímenes complementarios estén sustituyendo la reducción de los beneficios en el régimen básico, en este caso el RIVM.

3.- Aumento de las contribuciones

Como si lo anterior no fuera suficiente gravoso, la propuesta de aumentar en un 5,5% la contribución tripartita, mediante ajustes cada 3 años, desde el año 2020, pasando de un 10,66% a 15,16%, es un coste muy alto.

4.- Reducción de la cuantía adicional

El objetivo de esta modalidad es la permanencia en el sistema y pretender no calcularlo a partir de los 20 años, sino a los 25 años cotizados, no incentiva a la permanencia en el sistema, eliminando el 1% anual por cuantía adicional.

Con fundamento en lo expuesto se concluye que no se trata de una reforma de baja intensidad, sino de una reforma estructural, de implicaciones profundas, la cual no puede ser discutida en un consistorio secreto.

La reforma que se justifique debe implicar un proceso de diálogo social, amplio, transparente, que incluya la participación de los actores sociales.

Con fundamento en los motivos expuesto, solicitamos:

  1. En primer lugar, en aras de la paz social y el ejercicio democrático, se suspenda el trámite de la reforma del Reglamento IVM.
  2. En segundo lugar, que se convoque a una Mesa de Diálogo, que con la participación de los sectores sociales se discuta el futuro de las personas adultas mayores en Costa Rica, la sostenibilidad del sistema de jubilaciones y que garantice calidad de vida a las personas trabajadoras.

Solicitamos que esta petición se resuelva dentro del plazo de ley.

Sin otro particular, suscribe atentamente,

P/ Bloque Unitario Sindical y Social Costarricense, BUSSCO.

Martha Elena Rodríguez González.
Secretaria General Adjunta UNDECA.
Comisión Política, BUSSCO.

Copias:

Sr. Carlos Alvarado Quesada, Presidente República de Costa Rica.
Sra. Carmen Moreno González, Directora Oficina de la OIT en Costa Rica, OIT.
Sra. Giannina Dinarte Romero, Ministra; Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social.MTSS
Sra. Patricia Mora Castellanos, Ministra; Instituto Nacional de las Mujeres, INAMU
Sra. Catalina Crespo Sancho, Defensora; Defensoría de los Habitantes, CCSS.
Movimiento sindical y Social.
Trabajadores y trabajadoras.
Archivo.

Foto: Semanario Universidad.

La pretendida venta de FANAL: un verdadero despropósito

Escrito en . Publicado en Análisis, Coyuntura.

Luis Felipe Arauz, exministro de Agricultura y Ganadería

Está en el tapete la discusión sobre la posible venta de la Fábrica Nacional de Licores (FANAL). Esa intención parte de la premisa equivocada de que la FANAL deja pérdidas. Todo lo contrario, la FANAL no solo no deja pérdidas, sino que ayuda a programas de apoyo al sector agropecuario, a la seguridad social, y a otros programas estatales. Para entender las consecuencias de dicha venta, es necesario conocer el aporte concreto de FANAL y la naturaleza de sus deudas.

Relación del CNP con la Fábrica Nacional de Licores (FANAL). El CNP recibe la mayor parte de su financiamiento a partir de su propia actividad. Solo en casos excepcionales ha recibido ingresos a partir del presupuesto del Gobierno Central. Una de las fuentes de financiamiento es la transferencia de fondos de la FANAL al CNP, gracias a la cual se están desarrollando diversos programas de semillas, estudios de mercado y capacitación en temas de valor agregado en particular para el sector agroalimentario, y asesoría a las Ferias del Agricultor en temas de mercadeo y manipulación de alimentos entre otros. Estas transferencias de FANAL al CNP fueron del orden de ₡3.500 millones en 2019. Las proyecciones para este 2020 son todavía mayores, pues a la mitad del año ha trasladado ya ₡2.600 millones.

Si bien el principal papel de la FANAL es proveer de recursos al CNP, también hace un aporte muy importante a la salud del país, al proveer al costo el alcohol que utiliza la Caja Costarricense de Seguro Social. El papel estratégico de FANAL como proveedor de alcohol para fines sanitarios quedó patente en la presente pandemia.

Costo de la FANAL para el Estado costarricense. La FANAL no le cuesta nada al Estado costarricense. Por el contrario, la FANAL no solo cubre sus gastos operativos, sino que aporta al fisco en impuestos alrededor de 11 mil millones de colones por año, más de lo que le generaría la venta de sus activos, cuyo valor ha sido estimado en 10 mil millones según el anterior ministro de Hacienda. Claramente, la venta de FANAL no viene a resolver los problemas fiscales, pero, con una facturación anual de 45 millones de dólares, la FANAL resulta un negocio lucrativo y, por ende, codiciado por algunas empresas, las cuales no tendrían interés alguno en el beneficio social de la fábrica. Por eso, parece que más que una necesidad de vender la FANAL, lo que hay es un interés de algún grupo empresarial por comprarla, porque el negocio es sumamente lucrativo: alguna empresa hará negocio, pero no habrá beneficios ni en lo fiscal ni en lo social.

La deuda de FANAL y por qué no se resuelve con la venta. De acuerdo con informaciones que han circulado, la FANAL adeuda 21 mil millones de colones en impuestos, incluyendo lo adeudado a Hacienda, INDER e IFAM. Las deudas tributarias de FANAL no tienen origen en que la FANAL dejara de pagar impuestos (ya dijimos que aporta al fisco 11mil millones de colones al año), sino en diferencias de cálculo sobre las bases imponibles de los impuestos que ya hoy día paga la FANAL. Es por eso por lo que estas diferencias han sido judicializadas a efectos de que sea la jurisdicción contencioso-administrativa la que dilucide la controversia entre instituciones del Estado. Mientras el Ministerio de Hacienda recientemente ha dado la razón a FANAL en cuanto a la metodología del cálculo de los impuestos, el INDER y el IFAM insisten en llevar su cálculo a la vía judicial. Sin embargo, estas diferencias se han acumulado durante aproximadamente 20 años y más de 5 gobiernos que no han logrado poner fin a la controversia tributaria entre FANAL, el INDER y el IFAM. En todo caso, se trata de una deuda de una institución estatal con otras, y su resolución no aporta nada al Estado como un todo.

Por otra parte, quien compre la FANAL debe asumir las deudas, a menos que se pretenda que se venda libre de deudas, y que el Estado las asuma (lo cual sería una tontería, si no un acto de corrupción), o que se condonen, en cuyo caso sería mejor condonarlas a la FANAL actual para que siga cumpliendo con su aporte social y fiscal como lo hace ahora.

Quien compre FANAL dispondrá de mecanismos para eludir impuestos. Uno de los compradores que más se ha mencionado está en la lista de grandes contribuyentes que reportan cero ganancias; obviamente este comprador no aportaría nada al fisco. Otro mecanismo sería exportar los licores, ya que el impuesto se aplica a lo que se venda en el territorio nacional. Estas situaciones tendrían una consecuencia fiscal negativa inmediata, pero también resultaría en un tema sanitario. Recuérdese el problema que hubo el año pasado con aguardientes importados que estaban adulterados con metanol, lo cual resultó en varias intoxicaciones. Eso no ocurrió con los productos de FANAL, los cuales, en su franja comercial de licores corrientes (aguardientes), han sido reconocidos por su pureza y calidad. También la CCSS dejaría de recibir alcohol al costo para sus fines medicinales.

Es necesario fortalecer la FANAL. En resumen, la venta de FANAL solamente dejaría pérdidas al Estado costarricense en lo económico, lo social y lo sanitario. Para que siga generando los beneficios ya descritos, es necesario que FANAL siga siendo parte del Estado costarricense. Deben explorarse formas creativas de resolver sus problemas y mejorar su gestión ante los nuevos desafíos que enfrenta el sistema agroalimentario nacional. Por ejemplo, en el corto plazo podría pensarse en mejorar su gestión para que expanda su negocio manteniendo el mercado local de aguardientes, seguir en la rentable línea de mezclados (tipo Chile Guaro) e incursionar en mercados de exportación. En el mediano plazo, la FANAL debe volver a destilar para agregar valor a la melaza de los productores de caña de zonas aledañas (CoopeVictoria, por ejemplo) y luego a los subproductos de la destilación como las vinazas, bajo un enfoque de biorrefinería para generar energía y otros bioproductos de alto valor que contribuyan al desarrollo sostenible del país.

Terminamos diciendo que este no es un tema ideológico de defender a ultranza instituciones del Estado, como sí parece serlo el trasfondo de su pretendida venta. Es un tema práctico: poner en la balanza un excelente negocio que va en el mejor interés de Costa Rica versus un negocio privado que a casi nadie beneficia.