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Etiqueta: CCSS

Aprender del Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Vladimir de la Cruz

Cuando el Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia asumió la Presidencia de la República, en su discurso del 8 de mayo de 1940, manifestó que seguiría los lineamientos, que habían contribuido en su formación personal, desde el hogar y de sus estudios en Europa, en Bélgica, cuando se formaba como médico, de la doctrina social cristiana, en ese momento, 1940, la Encíclica Rerum Novarum, el Código Social de Malinas y la Encíclica Cuadragésimo Anno. En ese momento no mencionó Garantías Sociales ni Código de Trabajo.

Su formación en la Europa de la post guerra, de la I Guerra Mundial, y de sus estudios y lecturas, le profundizaron su sensibilidad social, junto a la que la formación de médico le daba.

Al regresar a Costa Rica, a finales de la década de 1920, vio con dramatismo, que lo marcó para los años siguientes, los males sociales que se vivían en el país, en esos años, el desamparo social, los “desheredados”, como él los llamó, la injusticia social, las malas viviendas carentes de aire y de luz, las enfermedades que agobiaban a la población nacional, la indigencia, el hambre, la alta mortalidad en partos, los malos salarios, la falta de protección social, el negarle a los trabajadores el derecho que lo que les produce su trabajo les genera.

Observó la caridad y la beneficencia de la época como una práctica “humillante”. Señaló contundentemente que con desnutrición en la niñez y en la población “las medicinas sobran” y, enfatizó que a los niños pobres se le negaba el derecho a la vida.

Claramente sentía que nadie podía sentirse orgulloso al observar ese panorama de la Costa Rica de finales de la década de 1920, que no parece muy alejado al de la Costa Rica actual.

Consideraba el Dr. Calderón Guardia que las causas de estos males eran las condiciones económico-sociales que se vivían, que se están volviendo a repetir, de manera agudizada y evidente, en este momento de la Pandemia, y que por ello él no podía perder la noción de la Justicia.

Para él su paso por la Universidad europea fue la que le abrió los ojos para ver mejor esta realidad, y para no ser indiferente ante ella, especialmente ante los problemas sociales, como él mismo señalaba, y no ser indiferente ante el dominio del poderoso sobre el débil y ante la esclavitud económica de las grandes mayorías sociales.

Su paso por la Municipalidad de San José, 1930-1934 y por el Congreso de la República, 1934-1939, le dieron la visión política, que le permitió, al asumir la Presidencia en 1940, tener claro su propósito de Gobernante.

Apoyado e impulsado a la candidatura presidencial por fuerzas conservadoras, y ganando con un gran apoyo popular, 88% de la votación presidencial, entendió que él tenía una gran responsabilidad personal y política frente a quienes le habían confiado el destino del país, en un momento crucial de la vida internacional, sin dimensionar aún, en 1940, el peso que tendría la II Guerra Mundial iniciada en setiembre de 1939, en la economía nacional y en la vida social del país.

Al asumir la Presidencia esbozó su camino en la dirección de que Costa Rica seguiría una senda de bienestar y progreso.

Hasta el 1 de mayo de 1941 informó que enviaría al Congreso su Proyecto de las Garantías Sociales. Ya había impulsado la apertura de la Universidad de Costa Rica el 26 de agosto de 1940, y en marzo de 1941, la Universidad iniciaba sus primeros pasos. Al señalar los Seguros Sociales manifestó que eran un instrumento de paz social y que respondían al deber del Estado de prevenir que la sociedad se debilitara. Eran los seguros de enfermedad, invalidez, vejez y muerte los que iniciaban.

Un año más tarde, el 1 de mayo de 1942, con contundencia anuncia el inicio de la Caja Costarricense del Seguro Social. De nuevo señala que esta institución es en beneficio de la clase trabajadora, que es una institución imprescindible de Costa Rica, que es un Derecho inalienable del pueblo, que asegura las bases de la paz.

En esta misma dirección se pronunció ese día a favor del salario mínimo, de la jornada máxima de 8 horas de trabajo, del derecho de sindicalización de trabajadores y patronos, de la protección del anciano, la madre y el niño y, anunció el Proyecto de Garantías Sociales y la Reforma al Artículo 29 de la Constitución Política, el equivalente al actual Art. 45 de la Constitución Política, para darle un uso social a la propiedad cuando fuere necesario, al mismo tiempo que inicia la redacción del Código de Trabajo.

En diciembre de 1941 tomó la decisión de declarar la Guerra a Japón, Italia y Alemania, como resultado de los ataques a las bases norteamericanas de Pearl Harbor, en solidaridad con los Estados Unidos. Esto provocó que los sectores políticos que hasta ese momento le habían apoyado le zafaran su apoyo, y hasta intentaran sin éxito un Golpe de Estado, advirtiendo en setiembre de 1942, que había sectores y “amigos” que le decían que estaba “acabando su carrera política” y que “estaba quemando las naves”.

Esto lo llevó, inevitablemente, a separarse y a enfrentarse a esos sectores, y al mismo tiempo a buscar otros aliados sociales y políticos, lo que se materializó en los sucesos políticos de junio de 1943, cuando públicamente se unieron, alrededor de las políticas sociales y de la Reforma Social impulsada, el Partido Comunista de Costa Rica, dirigido por Manuel Mora Valverde, el gobierno del Dr. Calderón Guardia y la Iglesia Católica dirigida por Monseñor Víctor Manuel Sanabria Martínez, uno de los pactos de mayor trascendencia política que ha tenido el país, que se materializó, también, en el pacto electoral de la Coalición el Bloque de la Victoria, que impulsó la candidatura de Teodoro Picado, que lo llevó a la Presidencia de la República, en 1944, para asegurar la continuidad de la Reforma Social que había nacido a la vida jurídica y constitucional en 1943.

Cuando el Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia asumió esta responsabilidad manifestó públicamente, en setiembre de 1942, que esa era su responsabilidad como Gobernante, y como Hombre, ante el Problema Social que vivía el país.

Enfatizó que el Gobernante debe actuar en conciencia de sus Deberes, Ideas y Motivaciones, con pensamiento abierto con los Deberes históricos. Decía que respondía a la conciencia colectiva de la opinión pública y se colocaba en juicio ante la posteridad. Su decisión era un acto de rendir cuentas y de responder por la acción social del Gobierno, que estaba impulsando.

Para el Doctor Calderón Guardia el Gobernante no podía darle la espalda al pueblo en su misión social, porque en su sitio presidencial se debatía entre gobernar a favor de los intereses creados o en gobernar para el pueblo. Para él, el problema más difícil que tenía el gobierno era la miseria, situación similar a la que está desarrollándose en el país hoy.

Por eso, él asumió, en sus propias palabras, el esfuerzo a favor del “proletariado nacional”, por elevar la condición económica, social, moral y cultural del pueblo. Por ello impulsó políticas contundentes de Asistencia Pública en salud, el Consejo Nacional de Nutrición, el saneamiento de poblaciones, el suministro de agua potable, el desarrollar y fortalecer la educación, la política de calzar campesinos, trabajadores agrícolas, “peones”, y niños, atacar el costo de la vida golpeando hasta donde pudiera el agiotismo y el acaparamiento de víveres, estableciendo la Ley de Inquilinato para regular y congelar alquileres, impulsó la Junta de Habitación y la Cooperativa de las Casas Baratas o de la “Familia”, revisar salarios, no para bajarlos, sino para asegurarlos como base del futuro bienestar de los trabajadores. Así también desarrolló el Derecho “Obrero”, el Derecho Laboral. Para el Dr. Calderón Guardia Trabajo y Salarios tenían que garantizar una vida digna y un régimen de trabajo “realmente Humano”.

Ante la situación que vive el país hoy, el embate que se produce contra las clases trabajadoras en general, contra las clases medias y el empobrecimiento de los profesionales, el ataque contra los salarios y las pensiones, contra los micro, pequeños y medianos productores, empresarios y comerciantes, de la guillotina que se ha dejado caer contra los beneficios sociales históricamente logrados, con el aumento de la pobreza y de la pobreza extrema, del desempleo de hombres, de mujeres y especialmente de mujeres cabeza de familia, el desempleo de jóvenes, hace falta un Presidente, y líderes políticos, que como el Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, con su estatura moral, hable libremente con sinceridad, muestre sus verdaderas intenciones y motivaciones, que se inspire en el amor al pueblo, en el bien de la Patria, sacrificando conveniencias personales, y actuando de acuerdo a la necesidad de Justicia, porque quien niega sus convicciones se niega a sí mismo.

Los herederos del Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, su Partido Unidad Social Cristiana, el Partido Republicano Social Cristiano, principalmente, con sus líderes y diputados más destacados hoy pareciera que no tienen ni idea de quien fue el Dr. Calderón Guardia, desconocen su pensamiento y obra, reniegan cotidianamente desde la Asamblea Legislativa de su herencia político social, y le escupen a la cara constantemente con sus políticas antipopulares y anti clases trabajadoras.

De los otros partidos políticos, representados en la Asamblea Legislativa y en el espectro político electoral nacional, menos le son fieles a esa herencia social, y en su conjunto carecen de una visión histórica de cuáles son las fuentes y raíces que han construido la Costa Rica actual, de cómo se edificaron las bases y las estructuras de edificio político de la democracia social, que ellos mismos están cavando.

Ni qué decir de la ausencia de un Presidente de la República que ante este recuerdo del Dr. Calderón Guardia, parece caminando solo en un desierto, sin orientación política de hacia dónde dirigirse y, lo peor, sin alma ni sensibilidad social.

Vaguedades e incoherencias insolidarias

Escrito en . Publicado en Análisis, Coyuntura.

Acerca de la nota enviada a autoridades del Poder Ejecutivo y Legislativo por un grupo de empresarios e intelectuales

Grupo Economía Pluralista[i]

Hay varios aspectos que destacamos en la nota mencionada: las inconsistencias internas del planteamiento; la vaguedad de la mayoría de sus propuestas; su énfasis en medidas que debilitarían la institucionalidad pública y agravarían la crisis; y, en contraste con lo anterior, la evidente omisión de cualquier compromiso solidario por parte de las personas firmantes.

  1. Un planteamiento inconsistente y contradictorio

Las distinguidas personas firmantes de la nota, reconocen la existencia de “un legado histórico de brechas y dualismos estructurales”. Elogian la existencia de empresas modernas de alta productividad, en contraste con “un sector muy amplio de micro y pequeñas empresas de baja productividad y empleos de más baja calidad, cuando no precarios”. Incluso reconocen los graves problemas de desigualdad, existentes desde antes de la crisis asociada a la pandemia del Covid-19.

Aun cuando la anterior es una radiografía muy incompleta, sí deja suficientemente claro que existe una realidad de graves desbalances, fracturas y asimetrías, tanto en lo económico como en lo social. La conclusión obligatoria a que ello debería conducir, es al reconocimiento de que al país le urge replantearse a profundidad la estrategia o modelo de desarrollo. Y, sin embargo, claramente se elude reconocer tal cosa, cuando a lo sumo se propone un curso de políticas que, en lo esencial, implica perpetuar el statu quo, con apenas pequeños retoques y ajustes.

Así, por ejemplo, se reclama “un fortalecimiento del sector privado formal, que es el que genera los empleos de calidad” (énfasis agregado) ¿y el millón y resto de personas que permanecen en la informalidad? ¿Han de seguir en el olvido y la posposición, tal cual por muchos años se ha hecho? O bien se agrega que se requiere “el fortalecimiento de las cadenas de valor en aquello que hemos demostrado ser competitivos” (énfasis agregados). Lo cual obliga a preguntarse ¿en qué “hemos demostrado” tal competitividad? ¿Las zonas francas con su generoso ramillete de privilegios tributarios? ¿Las explotaciones piñeras con su atropello a los derechos laborales y todo el daño ambiental que provocan? Del contexto se desprende que ello no incluye a la mayor parte de las micro y pequeñas empresas y, definitivamente, no a los millones de personas en la informalidad laboral, en cuyo caso no habría interés en “fortalecer” a estos sectores que, claramente, han sido perdedores dentro de este modelo o estrategia de desarrollo.

Por otra parte, es interesante el enfoque que se asume, el cual se formula a partir de una mirada hacia el pasado y en retrospectiva: interesa aquello en que “hemos demostrado ser competitivos” (sea lo que fuere que eso signifique). No se mira al futuro, en búsqueda de nuevas opciones productivas, no solo más competitivas, sino, y sobre todo, inclusivas, equilibradas, equitativas, respetuosas de los derechos laborales y del ambiente.

2. La vaguedad como propuesta… excepto en lo que atañe al sector público

El planteamiento general del documento es sumamente vago. Hablan de cinco crisis distintas para, enseguida, apelar a la figura retórica de la “tormenta perfecta”, sin diferenciar apropiadamente entre los ritmos, tiempos, urgencia, naturaleza y causas que cualifican y especifican cada una de esas crisis.

Ello lleva a un planteamiento sumamente confuso, donde, después de reconocer “que no se puede hacer todo a la vez”, pasan a proponer “un enfoque holístico estableciendo prioridades”. Váyase a saber qué significa tal cosa. Lo único que enseguida queda claro, es la total oscuridad de su propuesta, cuando señalan que “la prioridad inmediata debe ser atacar, por todos los medios posibles, las cinco crisis mencionadas arriba”.

No podría haber una forma más dramáticamente desafortunada de definir prioridades.

Uno de los pocos aspectos donde sí se ofrece una formulación precisa y directa es en lo atinente al sector público, según una tónica claramente restrictiva y austeritaria, basada –como se ha vuelto costumbre– en el ataque y estigmatización de empleados y empleadas del sector público, precisamente en momentos cuando este es el que aporta la primera línea de defensa contra la pandemia, y cuando ese sector público, en pleno, hace un esfuerzo mayúsculo de reinvención para enfrentar la crisis.

Aparte de lo cual quedan dos preguntas fundamentales, que las personas firmantes de la nota omiten considerar:

  • Primero, acerca de las implicaciones negativas, para una economía sumida en una profunda recesión, que derivarían de los recortes propuestos. En las últimas semanas se han hecho públicas las preocupaciones de municipalidades, asociaciones comunales, juntas de educación e incluso empresariado vinculado al sector construcción, acerca de las consecuencias que esos recortes traerían. Son ejemplos concretos, que ilustran que esos recortes agravarían la crisis tanto en sus manifestaciones económicas como sociales y humanas.
  • Segundo, acerca del debilitamiento de la institucionalidad pública en momentos en que la crisis provoca una multiplicación de demandas y necesidades que esa institucionalidad debe atender y tratar de resolver. Por ejemplo: hace pocos días, un comunicado de Casa Presidencial informaba acerca del incremento de solicitudes de auxilio que el IMAS debió atender durante estos meses de crisis: cerca de 1,5 millones, con un incremento de alrededor del 350%.

Por lo tanto, las propuestas recortistas que estas personas promueven, claramente son una apuesta por el agravamiento de la crisis.

Hay algunos otros planteamientos específicos que podríamos compartir. La propuesta para la creación de un fondo de avales y garantías, la hemos reiterado en numerosas ocasiones. La posible creación de una Comisión Consultiva de Reactivación Económica, podría ser apropiada, a condición de que sea un foro realmente inclusivo y participativo, abierto en igualdad de condiciones a todos los sectores de la sociedad costarricense, y absolutamente transparente en su funcionamiento. La consabida simplificación de trámites es necesaria, siempre que ello no signifique descuidar la vigilancia y protección de los derechos laborales y del ambiente.

3. ¿Qué aporta cada quien ante la crisis?

Está claro que para las personas firmantes de la nota, los empleados y empleadas del sector público deben asumir una cuota importante, mediante una reducción de jornadas, cuya implicación más irracional y absurda tiene que ver con el debilitamiento de la capacidad de respuesta de las instituciones públicas, justo cuando éstas enfrentan demandas incrementadas ante la multiplicación de necesidades que la crisis provoca.

Notoriamente no se ofrece ninguna propuesta que pudiera implicar aporte por parte de los sectores que más riqueza poseen en Costa Rica. Esta omisión es particularmente notable, puesto que quienes firman la nota son, en general, personas solventes, incluyendo a algunas de las personas más ricas de Costa Rica. 

Es sintomático que las palabras “solidaridad”, “solidario”, “solidaria”, no aparezcan citadas ni una sola vez en esta carta. Lo cual hace necesario recordar que los valores de la solidaridad, compasión y equidad, son indispensables para construir una convivencia civilizada y pacífica. Tampoco debe olvidarse que sin una vida digna para todas y todos, difícilmente habrá paz social, y que sin paz social ni la sociedad prospera, ni tampoco lo harán los negocios privados.

4. Medidas urgentes

En los diversos pronunciamientos que nuestro grupo ha emitido, así como en los foros y entrevistas que en forma individual hemos participado, hemos planteado una amplia variedad de medidas, de corto, mediano y largo plazo, para aliviar la recesión, auxiliar a las personas y familias más afectadas, preservar la estabilidad de la economía y preparar el camino para su recuperación. No entraremos aquí en detalles al respecto, aunque sí enfatizamos la centralidad de los valores de solidaridad, justicia y equidad que nos inspiran, de donde se deriva la obligación de que cada quien aporte según sus posibilidades, lo cual incluye a personas integrantes de este grupo.

En esta nota, en particular, queremos retomar dos propuestas de política que, en el contexto actual, estimamos que es urgente tener en cuenta.

Primero, en relación con las políticas sanitarias. Por un lado, la urgencia de fortalecer la institucionalidad a cargo de la atención de las enfermedades, que permite recuperar la salud de las personas y salvar vidas, lo cual atañe fundamentalmente a la Caja Costarricense del Seguro Social. Pero también es importante ponerle atención y reforzar la red pública de bienestar: bonos, subsidios, servicios básicos (electricidad, agua, telecomunicaciones), educación, vivienda, entre otros.  Todo lo cual es fundamental, ya no solo para atender la enfermedad, sino, sobre todo, para la prevención y el cuido de  la salud, una responsabilidad que hoy es asumida principalmente en los hogares y sobre todo por parte de las mujeres, siendo que las situaciones de privación y carencia impiden a menudo que esa tarea pueda ser satisfecha apropiadamente. De ahí que, en contra de las usuales y muy dañinas tesis de austeridad fiscal, sea de la mayor importancia que se fortalezca la institucionalidad pública-estatal a cargo de apoyar esa labor de cuido y prevención.

Segundo, una propuesta de política que es urgente se ponga en marcha, a fin de preservar el normal funcionamiento del sector público, aliviar el déficit fiscal y fortalecer financieramente a la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), todo lo cual es indispensable para mantener la estabilidad de la economía y la paz social.

Lo resumimos en lo siguiente: en el contexto deflacionario que vivimos, con una profunda recesión en curso y agravamiento extremo de los problemas del empleo y de la pobreza, el Banco Central de Costa Rica (BCCR) debe asumir una posición mucho más proactiva, no sólo proveyendo liquidez al mercado financiero en general, sino también apalancando las necesidades de financiamiento del Gobierno Central y reduciendo la presión de la carga financiera de la deuda, mediante los mecanismos que hoy la ley le provee, y a través de los cuales pueden promover una baja considerable de las tasas de interés sobre la deuda.

Con este fin, el Banco Central en conjunto con el Ministerio de Hacienda, y a través de un equipo técnico conformado para tal fin, deben analizar las necesidades de financiamiento a corto y mediano plazo del Gobierno Central, incluyendo aspectos importantes como la deuda del Gobierno con la CCSS, necesidades de flujo de caja del Gobierno Central, riesgos monetarios, así como el costo actual de los intereses pagados por la deuda interna, entre otros.  El resultado de dicho análisis deberá derivar en una propuesta de apoyo financiero de parte del BCCR al Gobierno Central.

Dicha propuesta derivaría en la definición de un monto adecuado de dinero que el Ejecutivo podrá financiar vía emisión de deuda pública, en una o varias emisiones, según los plazos de vencimiento que el equipo técnico antes mencionado considere prudentes y con tasas de interés lo más bajas posibles.

Esta deuda será emitida en el mercado primario para ser adquirida, previo acuerdo, por un banco público.  Posterior a esta compra el BCCR intervendrá en el mercado secundario adquiriendo estas emisiones de deuda.

5. A modo de conclusión

Comprendemos y respetamos que el gobierno escuche y tome en cuenta lo que plantean organizaciones que representan a sectores de gran poder económico, como la UCCAEP y Horizonte Positivo. Pero resaltamos que, igualmente, es su deber ineludible escuchar y tomar en cuenta los planteamientos de otros grupos y sectores. En democracia, todas las voces ciudadanas están investidas de la misma legitimidad y todas por igual tienen derecho a ser escuchadas. No respetar este principio fundamental, conlleva falsear la democracia.

[i] El Grupo Economía Pluralista reivindica y busca visibilizar la diversidad de enfoques teóricos y epistémicos que enriquecen el bagaje científico de la economía, como asimismo enfatiza que la economía, desprovista de un compromiso ético y moral, deviene un ejercicio intelectual estéril y deshumanizado. Somos más de 25 profesionales en economía, y nos movemos en ámbitos diversos: la academia, el sector público y privado y las comunidades.

Foto: CCSS

Planteamiento público al Presidente Carlos Alvarado Quesada

Escrito en . Publicado en Análisis, Derechos.

COORDINADORA PATRIOTICA ALAJUELENSE
JUAN SANTAMARIA

23 de julio del 2020

Carta Pública

Sr. Carlos Alvarado Quesada
Presidente de la República de Costa Rica

Miles de costarricenses integrantes de organizaciones sociales, cívicas, sindicales y ambientales coincidimos en que llegó la hora de hacer ejercicio de nuestros derechos y deberes ciudadanos, ante la crítica situación fiscal, económica y social, y nos vemos en la obligación de hacerle públicamente el siguiente planteamiento.

Para nosotros y para miles de costarricenses es evidente que en esta situación de pandemia, las libertades que tanto apreciamos están bajo la amenaza de grupos privilegiados que utilizan la crisis para mantener, reforzar y ampliar su control del poder político y así obtener mayores beneficios económicos, consolidando una preocupante e inaceptable plutocracia.

Además, somos conscientes de que nuestros antepasados instauraron la democracia como sistema para proteger los derechos de todos los ciudadanos, especialmente los de minorías y grupos vulnerables.

También tenemos claro, que quienes ahora intentan reforzar su control del poder, son los que en las últimas décadas han minado y debilitado sistemáticamente esos derechos logrados durante décadas de trabajo colectivo para lograr la democratización. Ese ha sido también un trabajo de búsqueda de igualdad y de oportunidades.

Sabemos que en este momento la democracia es más importante que nunca y estamos dispuestos a defenderla en cualquier momento y en cualquier terreno, incluyendo la calle.

La democracia real, no la del papel, permite a la sociedad civil movilizarse, enfrentar las desigualdades, debatir abiertamente los asuntos políticos, distribuir información confiable y pedir la rendición de cuentas. En estos momentos de crisis necesitamos y vamos a defender esa democracia, en los medios y en las calles.

Aún más, nuestra democracia y nuestra Constitución Política establecen que el gobierno de la república ha de ser popular, representativo, PARTICIPATIVO, alternativo y responsable, Lo ejercen el PUEBLO y tres Poderes distintos e independientes entre sí.

El respaldo constitucional de los artículos 9 y 11 nos convoca como PUEBLO hoy y aquí a hacer los siguientes planteamientos que usted por deber constitucional no puede obviar.

Los políticos en los últimos 25 años han saqueado las arcas del Estado a través de actos de corrupción (INS reaseguro 1.220.100.000 de colones (PUSC), Pacto La Nación- Hacienda 2.100.000.000 de colones, Canal 7 obligado a pagar 3.724.419.539 de colones, platina (PLN) 7.000.000.000 de colones, cemento chino (PAC) 18.592.000.000 de colones, Caja Fischel (PUSC) 18.600.000.000 de colones, Yamber (PAC) 21.500.000.000 de colones, Préstamo Español (PLN) 23.240.000.000 de colones, trocha (PLN) 50.000.000.000 de colones, pensiones de lujo (PAC-PLN-PUSC) 663.002.340.000 de colones ) que sumados alcanzan la muy importante suma de 804.039.285519 millones de colones, cerca del 2.7% del PIB.

Además el Estado, por maniobras cuestionables de esos mismos políticos han llevado la deuda del Estado con la CCSS a la inimaginable suma de al menos 1.8 billones de colones al 2020.

Esto lo han hecho los negligentes e irresponsables del PLUSC_PAC, coludidos con empresarios que han actuado directamente en contra de esa institución a través de tácticas dilatorias y hasta evasión y elusión crónicas, que han hecho sucumbir la seguridad social, pero también al margen de sagrados principios, valores y deberes constitucionales.

Más recientemente como parte del proyecto de Plan Fiscal (PAC, PUSC, PLN, RN, NR, PIN) se otorgó una amnistía tributaria al sector privado de 194.000.000.000 de colones (0.7% del PIB). Por otro lado el Gobierno de Costa Rica informó este miércoles 1 de Julio que el déficit fiscal del 2019 cerró en el 6,96 % del Producto Interno Bruto (PIB), la cifra más alta de los últimos años y que superó en un punto porcentual a la del 2018. Los efectos de la pandemia podrían estar llevando el déficit fiscal alrededor del 10% del PIB. La deuda externa de nuestro país alcanzaría para fin de año los 43 mil millones de dólares.

Apenas la última semana de Junio, como acciones para cargar una vez más el déficit fiscal y los efectos de la corrupción de los políticos de las últimas décadas sobre las espaldas del pueblo, se anuncia la posible venta, probablemente a precios de remate para negocio de políticos nacionales, de parte importante del patrimonio común de los costarricenses. Vale decir el BICSA, el BCR, FANAL, RECOPE y KOLBI de ICE), en unos 532.000.000.000 de colones, cerca del 1.4% del PIB. Todo eso como parte de las negociaciones, por cierto muy opacas, entre uno de los poderes de la república (sin participación del pueblo y en violación del artículo 9 de la Constitución) con el FMI, a quien su administración le ha solicitado financiamiento para que el pueblo pague las sumas considerables de dinero que los políticos y empresarios corruptos se han robado en los últimas dos décadas.

Ciertamente como pueblo consciente de este saqueo, no vamos a permitir que nos vendan las joyas de la abuela. Esa es una acción más de los poderosos que nos quieren robar la democracia endeudándonos y empobreciéndonos aún más, comprometiendo injusta e irresponsablemente a las futuras generaciones.

También tuvimos la oportunidad de escuchar una entrevista a su exministro de Hacienda en el medio digital EL Faro el 28 de Junio de 2020, en la que se mencionan datos escandalosos pero muy clarificadores de los asuntos internos de la hacienda pública.

Estos datos dejan claro que la solución de los problemas fiscales no está en las cosas que hasta ahora se han hecho o se proponen, sino casualmente en lo que no se ha hecho, como es el control de la evasión y la elusión, entre otras cosas, y en lo que los políticos de turno y los burócratas tecnócratas no están dispuestos a trabajar como es su obligación ética y legal en cumplimiento de la ley 8292 (Ley general de control interno).

Los datos que se dan a conocer por parte del exministro Chaves no pueden ser ignorados, ni puede el Poder Ejecutivo decir que no son reales porque vienen casualmente de su exministro de Hacienda.

De acuerdo con el exministro la evasión fiscal en Costa Rica está entre los $3.800 millones y los $5000 millones (entre 2,2 y 2.9 millones de millones de colones), entre el 6% y el 8% del PIB. Una suma a todas luces escandalosa que hace palidecer lo recaudado por el mismo plan fiscal impulsado por su gobierno y la Asamblea Legislativa, además de que nos deja muy claro que en Costa Rica no existe un déficit fiscal, lo que existe es una enorme evasión fiscal.

La recaudación de los montos de dinero que son del gobierno de la república, y que algunos no pagaron y se dejaron esas exorbitantes sumas de dinero terminaría con el problema fiscal de manera eficaz, eficiente y expedita mediante un decreto suyo.

Con voluntad política y con manejo efectivo de la autoridad que les otorga el puesto, al presidente, al ministro de hacienda y a los burócratas de mandos medios y ejecutivos, en cuestión de 3 o 4 años se recaudaría esa suma que se roban los evasores. Esos montos no solo pagarían el déficit fiscal en casi su totalidad, sino que serían montos mucho más altos que los montos que el mismo FMI nos podría prestar. Tampoco tendríamos que vender ninguno de los preciados e invaluables bienes patrimoniales de los costarricenses.

Evidentemente no tiene explicación alguna el querer endeudarnos cuando no necesitamos hacerlo, excepto que existan intermediarios percibiendo jugosos ingresos por asesorar en el trámite de préstamos y/o el de “venta de activos” del Estado. Lo que necesitamos es recuperar el dinero que algunos se vienen robando de la hacienda pública y esto es lo que exige el Soberano a usted (y a su gobierno), electo en el marco de una elección popular y de la Constitución Política, la cual usted juró cumplir y la cual nosotros tenemos el derecho y el deber de vigilar y garantizar que se haga valer y prevalecer, por encima de presiones, privilegios e intereses corporativos o individuales, nacionales o extranjeros.

Según lo dicho en esa entrevista solo se requiere de una inversión de entre $150 y $250 millones en la compra y puesta en práctica de los instrumentos tecnológicos requeridos para iniciar la recuperación de esos dineros. Por supuesto, además sería imprescindible la voluntad política para hacer lo que a todas luces hay que hacer y que es precisamente lo que el pueblo exige hacer.

No es posible que tengamos a mano la solución a mediano plazo de la situación fiscal y no se tenga la voluntad política de un gobierno que se llama democrático para ejecutarla. No podemos permitir que se esté comprometiendo el futuro de varias generaciones por la inacción, colusión o complicidad del gobierno en una situación como la que tenemos entre manos y que ya no se puede seguir ocultando.

Este saqueo sistemático y paulatino de la hacienda pública, que ya es sistémico y se ha consolidado a lo largo de los años, está acompañado de un proceso de empobrecimiento de la población, de un incremento de la desigualdad, la discriminación y la exclusión, las cuales vienen a traernos como resultado un país más pobre y de muy pocas oportunidades para las mayorías. Costa Rica se encuentra entre los más desiguales de América Latina, y para no solo combatir esa desigualdad, sino también para poder desarrollarnos como sociedad con base en planes operacionales y a 25 años plazo, es necesario cerrarles los portillos a los defraudadores del fisco.

Este país ocupa el tercer lugar en desigualdad en América Latina. Sabemos que la desigualdad es el resultado de las políticas de un país. En nuestro caso ese grado de desigualdad se da como resultado de las acciones y presiones que sobre el Estado han ejercido tradicionalmente los grupos poderosos, para su propio beneficio. De esta manera, la distribución de la riqueza simplemente dejó de darse y pasó a unas pocas manos. Son las mismas manos que ahora nos tienen en esta encrucijada fiscal.

Ante todo esto, el pueblo, representado en las más diversas organizaciones sociales exige que:

1-su gabinete le explique al país porqué insiste en tomar medidas económicas en contra del pueblo y en buscar endeudamientos muy negativos para nuestro futuro, mientras existen opciones viables para solventar los problemas, siempre y cuando se tenga el coraje, la entereza moral y la voluntad política para hacerlo. Es imperante en esta hora de la historia que usted dé soluciones de cara al pueblo de Costa Rica, es decir ante el cuarto poder que también debe constitucionalmente ejercer el poder en este país a la par del Poder Ejecutivo, el Judicial y el Legislativo.

2- escuche al pueblo que por derecho y mandato constitucional también ejerce el poder

3- no se vendan empresas del estado (banca estatal, ICE, FANAl, RECOPE y otras)

4-no se vendan activos importantes del país

5-el gobierno se abstenga de aprobar más deuda externa e interna

6-se inicie de inmediato el proceso de instrumentalización de la Hacienda Pública para el cobro urgente a los evasores.

7- rinda cuentas al pueblo explicando las razones que le impiden, como presidente, tomar este camino constitucional de solución expedita, contundente, eficaz, eficiente , legal y ética a los problemas financieros del Estado y que es, además, un camino mucho más beneficioso y menos agobiante para la mayoría de la población, sabiendo que en materia de control de la evasión y la elusión fiscal, tendría usted garantizado el respaldo total del 99% de los costarricenses .

8-rebaje los salarios a los más altos funcionarios de Hacienda por su ineficiencia y por haber permitido esa escandalosa evasión.

9-aplique la equidad en la carga que debemos pagar todos los costarricenses ante esta crisis fiscal, económica, social y de salud asociada con el Covid-19, de manera que se cumpla con el artículo 33 de la Constitución Política que dice:

Artículo 33.- Toda persona es igual ante la ley y no podrá practicarse discriminación alguna contraria a la dignidad humana. Reforma dada por ley No.7880 y Publicada en la Gaceta 118 del 18 de junio de 1999.

10-aplique justicia tributaria, de manera que paguen más los que más tienen.

11-proceda a eliminar las odiosas e inconstitucionales exoneraciones tributarias que por su naturaleza discriminatoria maltratan otros sectores del país.

12-cesen de amnistías para sectores económicamente poderosos

13- se detenga la desigualdad por medio de la aplicación de un sistema tributario que en efecto controle la evasión y la elusión.

14- explore otras fuentes limpias de ingreso económico para el Estado (complementarias a los Impuestos).

15- realice un inventario de gastos innecesarios, para eliminarlos o reducirlos: pago de asesorías superfluas, pago a organismos internacionales como OCDE y otros.

16- efectúe un inventario de gastos en pensiones de lujo y pensiones a difunto, con miras a reducir o eliminar, según corresponda.

17-Lidere un verdadero, nuevo e histórico Pacto Social de cara al bicentenario en el que participen todos los sectores que democráticamente deben de participar.

Para todo esto tenemos los instrumentos y las condiciones. Lo único que nos falta en este proceso es la voluntad política para hacerlo y esa es nuestra mayor exigencia en este momento.

Los ciudadanos que dieron su voto para elegirle presidente, igualmente le exigen en este momento esa acción determinante para un futuro menos doloroso, de mayor esperanza y más digno para Costa Rica.

COORDINADORA PATRIOTICA ALAJUELENSE JUAN SANTAMARIA
Por la consolidación de instancias regionales de unidad en la diversidad de los movimientos sociales
POR LA ARTICULACION PROPOSITIVA Y UNITARIA DEL PUEBLO COSTARRICENSE

UCR: Un total de 77 nuevos médicos inician su especialidad y también su lucha contra la pandemia

Escrito en . Publicado en Derechos, Educación, Salud.

En medio de la ola pandémica más fuerte de Costa Rica, los médicos generales comenzarán su preparación mientras ayudan a enfrentar el COVID-19

Setenta y siete médicos generales ya están listos para iniciar su especialización, pero, esta vez, tienen un reto adicional: luchar contra una pandemia.

Con este nuevo grupo, la Universidad de Costa Rica (UCR) contabiliza cerca de 963 residentes médicos que encabezan la primera línea de batalla en la lucha contra el COVID-19 en los hospitales y centros de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), al mismo tiempo que efectúan su aprendizaje mediante clases virtuales.

La actividad de recibimiento se realizó por vía Zoom, el viernes 17 de julio. La Dra. Flory Morera, directora del Posgrado en Especialidades Médicas de la UCR, fue clara al indicar que estos son momentos muy difíciles para todos, en especial para el personal médico y sanitario.

Sin embargo, motivó a los estudiantes a llenarse de orgullo, porque, en medio de un contexto tan retador, lograron con éxito ser parte de dos instituciones que hoy lo dan todo para proteger a la población costarricense: la CCSS y la UCR.

“Valoren la residencia y siéntanse a partir de hoy muy orgullosos de pertenecer a dos instituciones de gran importancia para este país, como son la UCR y la CCSS, las cuales han sido fundamentales ante esta pandemia. Ahora, ustedes formarán parte de estos dos entes y de ese grupo de guerreros de primera línea”, manifestó la Dra. Morera.

En esta ocasión, el grupo de 77 residentes está distribuido en 20 especialidades distintas. Las que cuentan con un mayor número son medicina física y rehabilitación, anestesiología y recuperación, cirugía general, cardiología y urología.

“Nos está tocando vivir un tiempo de cambio. Pero, ¿qué digo? Si lo único constante es el cambio. Hoy, les toca a ustedes escribir de nuevo los libros y poner a trabajar su coeficiente intelectual, pero, aún más, su coeficiente emocional. Siempre hemos sabido que la medicina es una profesión de servicio, pero eso se resalta aún más ahora. Es su turno de construir nuevos caminos, que para eso son científicos y servidores”, relató la Dra. Angie Mora Calderón, ginecóloga oncológica del Hospital México y quien participó en el recibimiento de los jóvenes.

Tiempos de cambio

A diferencia de años anteriores, el ritmo de las rotaciones se modificará según sea necesario para cubrir los sitios de alto impacto durante la pandemia.

Por ejemplo, si un estudiante tiene programada una rotación en un hospital, pero otro centro presenta una situación difícil por el COVID-19, la CCSS puede tomar la decisión de enviar al médico residente al centro hospitalario más crítico para ayudar a la atención.

En cuanto a los cursos, la UCR ya consolidó una aplicación para dispositivos móviles que le permitirá saber al estudiante su lugar de rotación. También se logró fortalecer las plataformas virtuales con el propósito de que los residentes puedan continuar con su aprendizaje.

“Estamos enfrentando nuevos retos. Esta nueva normalidad no va a ser como antes, como en aquellas épocas de estudio en donde nos juntábamos. Hoy en día (y a futuro), la tecnología será una herramienta cada vez más necesaria para avanzar y ser mejores. Desde la UCR, los vamos a apoyar para que podamos aportar aún más en lo que la sociedad costarricense nos pide”, dijo el Dr. Olman Quirós Madrigal, decano del Sistema de Estudios de Posgrado (SEP) de la UCR.

Nueva esperanza

El Dr. Juan Carlos Esquivel, director del Centro de Desarrollo Estratégico e Información en Salud y Seguridad Social (Cendeisss) de la CCSS, fue enfático al indicar que, a pesar de las circunstancias, el recibimiento de los médicos se da con mucha felicidad.

“Si bien es cierto, van a tener una doble función como estudiantes de un sistema de posgrado de la UCR, serán también funcionarios de la CCSS y nuestros futuros médicos especialistas para cubrir la atención que desde ya demanda la Constitución Política. Esta dualidad conlleva para ustedes una doble responsabilidad, pero son una verdadera esperanza para muchos pacientes de la CCSS”, destacó el Dr. Esquivel.

El convenio CCSS-UCR ha existido por más de 45 años. Para el Dr. Quirós, es esa unión la que ha permitido trazar y construir el camino del cual hoy goza el país en materia de salud pública.

“Es hora de demostrar que podemos ser fuertes en estos momentos de incertidumbre. Los invito a preguntarse no qué está pasando, sino cómo podemos resolver los problemas que estamos enfrentando. La sociedad nos está pidiendo eso”, comentó el decano.

Para ingresar, los médicos residentes tuvieron que enfrentar un riguroso proceso de selección. Dichas etapas consistieron en superar un examen de 150 preguntas enfocadas en evaluar los conocimientos en medicina general, pruebas orales, así como escritas para cada especialidad.

Un primer grupo de médicos iniciará su residencia el 1.° de agosto de este 2020 y el otro grupo el 1.° de febrero del 2021. Su distribución será en los distintos hospitales públicos del país que así decida la CCSS.

 

Jenniffer Jiménez Córdoba
Periodista, Oficina de Divulgación e Información

La participación involucra y moviliza, la participulación desmoviliza las comunidades en la lucha contra la pandemia

Escrito en . Publicado en Análisis, Comunidad.

Miguel Sobrado

En un artículo anterior señalé que la pandemia se propagaría si no se involucra a las comunidades en su control y mencioné la experiencia del Hospital sin Paredes de San Ramón en los 70s. Algunas personas me han pedido que de mayores detalles sobre el método utilizado para descentralizar la actividad institucional involucrando e incorporando a las comunidades activamente en la lucha contra la pandemia en su dimensión más amplia incluyendo la generación de ingresos.

En primer lugar mi propuesta no pretende transformar de la noche a la mañana el sistema de Ebais, sino recuperar en una primera instancia la experiencia ramonense en forma de proyecto piloto que pueda ser extendido en las organizaciones comunales que lo demanden.

El problema de las palabras gastadas

Casi todas las políticas sociales mencionan la importancia de la participación de las comunidades y beneficiarios para el logro de sus metas. Pero, aunque mencionamos la misma palabra, ¿estamos hablando de lo mismo? Pues no y la diferencia es sustancial en cuanto a los resultados.

Las diferencias de enfoque en la aplicación de la salud comunitaria en la Costa Rica de los 80s las destacó la antropóloga norteamericana Lynn Morgan en su libro “La política de atención primaria en Costa Rica” traducido y publicado por CENDEIS en 1997. Señala la Dra. Morgan que el sector primigenio inspirado en el Hospital sin Paredes, procuraba involucrar a las comunidades desde el diagnóstico de la situación de la salud, en la elaboración de los planes de acción y su ejecución.

El grupo que le sucedió en el poder, aunque aceptaba nominalmente el concepto de participación comunal lo ubicaba en un papel pasivo dependiente, esto es de apoyo y colaboración a las acciones definidas por los técnicos y autoridades.

Esta diferencia generó prácticas diametralmente opuestas en el involucramiento y resultados de la acción de la comunidad. Mientras que en la experiencia del Hospital sin Paredes se fusionaba y enriquecía el conocimiento sobre la salud y se obtenían resultados extraordinarios que integraban a la comunidad con el Hospital, en otros casos la “participación” comunal se limitaba a prestar servicios de limpieza. Lamentablemente este concepto de participación fue el que prevaleció en el montaje de los Ebais por parte de CCSS.

Aunque en la Ley de reforma del sector salud de inicios de los 90s del siglo pasado exigía la participación comunal en los Ebais, el concepto de participación como ayuda pasiva no pegó en las comunidades. Las evaluaciones realizadas por la CCSS, señalan esta de manera reiterativa, pero esto no ha sido suficiente para revisar su aplicación. Ahora, con la pandemia la realidad se impone y el manejo centralizado de la pandemia están poniendo en evidencia la necesidad de descentralizar y de incorporar aunque sea poco a poco a las comunidades.

Procedimiento que le permitió conseguir la participación de las comunidades, previniendo, curando y generando ingresos en las comunidades

  1. Visita a las comunidades donde se les informaba de las limitaciones de personal del Hospital y se les invitaba a organizarse en Comités de Salud locales, para poder brindar una mejor atención sanitaria.
  2. Las comunidades que aceptaban y se organizaban, debían: a) nombrar una “enfermerita” de la comunidad que trabajara con el Comité de Salud y b) destinar una habitación en una casa o local comunal para ser utilizada para las reuniones del Comité y la atención a los pacientes, cuando llegaran los médicos.
  3. La enfermerita debería prepararse en un curso que impartía el Hospital para reconocer los síntomas más frecuentes y llena una boleta de cada familia, casa por casa.
  4. La información recogida por la enfermerita era analizada por el equipo médico y el Comité de Salud local. Sobre la base de este diagnóstico se fijaban las prioridades de trabajo de salud, tanto de las tareas que tocaban al equipo médico como a la comunidad.
  5. El equipo médico le entregaba a cada Comité un plano de las viviendas de su comunidad que se fijaba en una pared. El comité colocaba en cada vivienda “banderas” de colores de acuerdo con la sintomatología.
  6. En el Hospital la información, de los cinco cantones que cubría el Hospital, era procesada manualmente, ya que no existían computadores, por un médico especialista en estadísticas, de tal forma que manejaba un censo actualizado de salud.
  7. El análisis de la salud que realizaba la comunidad no se limitaba a lo preventivo y curativo, sino que también incluía el concepto de bienestar e ingresos.
  8. En este sentido la participación de la comunidad, no se limitaba a actuar sobre las causas inmediatas de las enfermedades gastro intestinales, tales como la carencia de agua potable o letrinas, sino que incluía el problema de caminos, el mercadeo de los productos o la tenencia de la tierra.
  9. Producto de la gestión de los 161 comités de salud creados por el Hospital sin paredes se crearon múltiples cooperativas de servicios múltiples, comités de vecinos para resolver el problema del transporte e incluso gestiones ante las municipalidades locales para expropiar y repartir tierras ahí donde los terratenientes no pagaban salarios mínimos y los hijos de los peones sufrieran desnutrición.
  10. Se trata de una experiencia impulsada desde el Hospital, que le permitía al equipo médico tener una visión y conocimiento sobre la realidad que no tenían en sus oficinas, pero que al mismo tiempo operaba con gran iniciativa local basada en la autonomía plena de las comunidades. Un contexto de cogestión en que no cabía la participulación institucional.

Santa María de Dota 21 de julio de 2020

Imagen: Actividad participativa con la comunidad para evaluar las condiciones de salud. Documental de Víctor Ramírez sobre el Hospital sin Paredes.

Frente Nacional por la Seguridad Social llama a participar de marcha vehicular

Escrito en . Publicado en Derechos, Salud.

FRENASS – Comunicado

De la crisis que genera la pandemia por el COVID 19, solo saldremos juntos y juntas como sociedad. No podemos dejar a nadie atrás. En este contexto de crisis pandémica, queda claro que la salud pública y, principalmente, la Caja Costarricense de Seguro Social siempre ha estado en la primera línea de contención de la enfermedad. Por eso, exigimos al gobierno del presidente Carlos Alvarado Quesada honrar la deuda que el Estado Costarricense tiene con la seguridad social. Demandamos del presidente una sana solución financiera para la Caja, a corto, mediano y largo plazo, dado que sus ingresos se han visto disminuidos con la rebaja -promovida por su Gobierno-de la base mínima contributiva desde el mes de marzo a la fecha, con un promedio de 180.000.000 (ciento ochenta mil millones de colones por mes), lo que podría alcanzar al cierre del 2020, más de un billón de colones. Lo que impedirá a la Caja hacerle frente en forma eficaz a la atención por la demanda del servicio de salud y a la emergencia por la pandemia.

La Caja es patrimonio del pueblo de Costa Rica, por eso, solicitamos vehementemente a la Junta Directiva de la Caja, promover una DISCUSIÓN NACIONAL amplia y participativa acerca del futuro de nuestra C.C.S.S., más allá de una atención coyuntural de la pandemia. Exigimos al gobierno de Alvarado y a la Asamblea Legislativa aprobar los recursos necesarios para garantizar a las familias desempleadas, víctimas de contratos laborales suspendidos, o jornada laborales disminuidas, el sustento diario a través del Bono Proteger y destinar para ello, parte de las reservas en dólares del Banco Central y establecer una política de impuestos progresivos sobre la renta y sobre la riqueza que contribuya a reducir la desigualdad social de nuestro país que se ha hecho evidente con la pandemia. Rechazamos la propuesta de tercerizarlos servicios de salud que brinda la Caja promovida por la UCCAEP y el sector empresarial, porque corresponde a una estrategia neoliberal que busca privatizar la Caja poco a poco.

NO ES CIERTO que los servicios que brindan las empresas privadas o terceros resulten más baratos para la Caja y para quienes contribuimos solidariamente con su sostenimiento. Denunciamos ante la ciudadanía la campaña generalizada contra el sector laboral público, al que se le ha querido responsabilizar por los desequilibrios económicos de la mala administración del gobierno y de las políticas económicas abusivas aprobadas por la Asamblea Legislativa. Exigimos a los que más tienen y más riquezas han acumulado pagar la cuota de responsabilidad que les corresponde para sobrellevar la crisis actual y mantener el estado social de derecho costarricense.

POR ESO, INVITAMOS TODAS Y TODOS, DENTRO Y CON NUESTRAS BURBUJAS SOCIALES, IR EN CARAVANA DEL PARQUE DE LA MERCED A LA CASA PRESIDENCIAL, MAÑANA JUEVES 23 DE JULIO. 9:00 A.M.

HOY MÁS QUE NUNCA, LA CAJA NECESITA QUE LA DEFENDAMOS.

¡LA CAJA NO SE VENDE, LA CAJA SE DEFIENDE!

Consideraciones para el Consejo de Rectoría Ampliado de la Universidad de Costa Rica

Escrito en . Publicado en Derechos, Trabajo.

Juan Armando Navarro Martínez
Abogado – SINDEU

Hay tres consideraciones que no se les ha prestado atención, sobre lo que establece el Proyecto de Ley de Reducción de Jornadas en el Sector Público, Expediente Número 22.081 de la Asamblea Legislativa.

La primera puede ser blindarse en las acciones que la Universidad está realizando como: los respiradores no invasivos; el suero contra el COVID-19; los protectores faciales; repartir medicamentos de la CCSS a pacientes; participar en los operativos de tránsito; mantener el respaldo al sector productivo agropecuario en un momento donde la soberanía alimentaria importa más que antes; la participación indiscutible de profesores y estudiantes que están día a día en primera línea, trabajando en las instituciones que el artículo 2 del proyecto de ley tiene como excepciones;  mantener la continuidad de los estudios de toda la población estudiantil en todo el país; redistribuir presupuestos internos y aportar de sus finanzas para la atención de la crisis; entre muchas otras acciones que se están realizando en la Universidad de Costa Rica para enfrentar la pandemia; estas, ya son razones suficientes para exigir que la Universidad de Costa Rica (y a las Universidades Públicas) integre la lista de excepciones de instituciones que están combatiendo la pandemia.

Esto tiene fundamento en los principios de realidad, equilibrio, razonabilidad, sana crítica, equidad, igualdad y no discriminación, entre otros; así como, la diferencia que se daría entre la aplicación de los artículos 128-139 de la Ley General de Administración Pública sobre la eficacia del acto administrativo y, por otro lado, lo que establece el artículo 6 de la misma ley, sobre la jerarquía de las normas. Lo cual quiere decir que, pese a la eventual existencia de un acto administrativo que contemple todos los contenidos de los artículos 128-139 citados, este acto nunca podrá irrespetar la jerarquía de las normas que, por considerable importancia, está en la parte general de ley.

Pese a lo expuesto, la segunda consideración debe generar una discusión mayor que lo antes mencionado, está en la aplicación que estable el artículo 1 del proyecto de ley. Este se refiere a que se aplica a las instituciones públicas comprendidas en el artículo 26 de la Ley de Salarios de la Administración Pública, Ley número 2166, que con la aprobación del Plan Fiscal quedó, así redactado en el inciso 2): La Administración descentralizada: autónomas y semiautónomas, empresas públicas del Estado y municipalidades. (Así adicionado por el artículo 3° del título III de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, N° 9635 del 3 de diciembre de 2018).

Por varias razones, eso excluye a la Universidad de Costa Rica de la aplicación. Lo primero es que el artículo 26 de la Ley citada, es parte del capítulo III ORDENAMIENTO DEL SISTEMA REMUNERATIVO Y DEL AUXILIO DE CESANTÍA PARA EL SECTOR PÚBLICO, únicamente; esto ya está siendo aplicado por el Rector mediante resolución R-73-2019.

El artículo 1 de la misma ley, refiere a la aplicación general de la ley: La presente ley se dicta para garantizar la eficiencia de la Administración Pública y constituirá el sistema oficial de retribución para todas las clases de puestos clasificados en el Manual Descriptivo de Puestos, conforme lo dispone el Capítulo X del Estatuto de Servicio Civil. Evidentemente, la Universidad de Costa Rica no tiene ninguna relación o responsabilidad administrativa con el Manual Descriptivo de Puestos ahí mencionado.

Además, es claro que existe en proceso Contencioso Administrativo que pretender dirimir la diferencia absurda entre incluir a las Universidades Públicas en un reglamento, cuando no se incluyó en la ley. Existe jurisprudencia de la Sala Constitucional que se cita en los votos 495-92 y 1313-93, en la cual se establece que, la autonomía de las Universidades Públicas es superior y diferente a la que se dispone en los artículos 188 y 190 de la misma Constitución, la cual es la que hace referencia a las Instituciones Autónomas. De manera que, en caso que una ley o jurisprudencia indique que se aplica a las instituciones autónomas, debe entenderse que no incluye a las Universidades Públicas, salvo que la norma lo haga bajo texto expreso.

Está de más decir que, esto es materia fundamental del primer mes en la carrera de derecho y en varios cursos del derecho, principalmente en el curso de Introducción al Derecho, cuando se ve la pirámide de Kelsen sobre la jerarquía normativa (del texto Teoría Pura del Derecho), en este sentido, no tengo duda que si se le pregunta a un estudiante de la Facultad de Derecho de esta Universidad, emitirá contundente respuesta diciendo que el reglamento tiene un rango inferior a la ley y no la puede equiparar o sustituir.

Entonces ¿por qué el Rector resuelve el pago de la cesantía como indica el título III del Plan Fiscal desde el 15 de marzo de 2019 y ahora dice La Nación del 10 de julio de 2020, sin que exista resolución institucional, que la Universidad pagará la anualidad del título III del Plan Fiscal y no lo que indica la Convención Colectiva de Trabajo? ¿Por qué aplicar el título III del Plan Fiscal en momentos diferentes?

La tercera consideración es la captura del jerarca. Es de suponer que, con la amenaza de miedo y control, el Gobierno está utilizando la pandemia como forma de infundir temor y control para que la clase trabajadora no se movilice, todo lo contrario, que se paralice, sea obediente y haga únicamente, lo que dice el Gobierno sobre como “enfrentar la pandemia”.

En el caso del Rector, debe estar amenazado por la PGR y la CGR que, si decide no aplicar el título III del Plan Fiscal de manera ilegítima, como le indican, que harán el informe correspondiente para enterar al Ministerio Público de la supuesta irregularidad del jerarca, situación que le podría significar eventualmente repercusiones penales por emitir resoluciones contrarias a la ley (prevaricato).

Pese a que los contenidos del Proyecto de Ley 22.081 son de todas formas ilegales, es posible que en el caso que exista algún intento de consolidar la aplicación del contenido del proyecto, en el momento en que sea ley, si es que ocurre, sea la claudicación del jerarca frente a las presiones, temor y control del Gobierno.

Sólo una observación de lo expuesto. La clase trabajadora no se ha dejado intimidar, sigue organizando la lucha, ha exigido respeto, se ha movilizado y continuará haciéndolo. El Consejo de Rectoría Ampliado debe ver en toda la Comunidad Universitaria la articulación de la lucha y la defensa de la Universidad de Costa Rica. Las personas trabajadoras están dispuestas a articular esa lucha frente a los ataques del Gobierno y demás, Poderes de la República. Lo mínimo esperable del Consejo de Rectoría Ampliado es determinar el rechazo al Proyecto de Ley 22.081 y resolver de inmediato la movilización de toda la Comunidad Universitaria para la defensa de la Educación Superior Pública y de Calidad.

No permitamos más robos al empleo público, de cualquier manera, que propongan las estructuras de poder, la eliminación de derechos laborales en razón de la pandemia, es un manifiesto ilegal, inconstitucional e inmoral.

UNIDOS SOMOS MÁS Y MÁS FUERTES

No todo es por el COVID-19

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

CRISIS SISTÉMICA DEL CAPITALISMO

La situación en Costa Rica es producto de un orden económico caníbal que puede derivar en un régimen totalitario

Ricardo Segura Ballar*

El capitalismo caníbal no es consecuencia del Covid-19, es producto de cuarenta años de imposición de un modelo neoliberal que ha colocado a Costa Rica entre los países más desiguales del mundo, con porcentajes de pobreza, antes del Covid-19, del 21% y desempleo del 13%, que no han podido ser resueltos y que por el contrario venían aumentando, golpeando con mayor fuerza las regiones Brunca (sur) y Pacífico Central en cuanto a la pobreza.

Todo esto es producto de la sumisión de los gobiernos en ese lapso, desde la administración Monge Álvarez cuando se aprobó el primer Programa de Ajuste Estructural (PAE I), pasando por la administración Arias Sánchez, en la cual se aprobó el segundo Programa de Ajuste Estructural (PAE II), siguiendo con la administración Figueres Olsen, cuando se aprobó el tercer Programa de Ajuste Estructural (PAE III). En la segunda administración Arias Sánchez se aprobó el cuarto Programa de Ajuste Estructural (PAE IV): el Tratado de Libre Comercio (TLC).

Todas esas políticas económicas, presionadas por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial fueron aprobadas en administraciones liberacionistas (PLN) y por supuesto apoyadas por otras fuerzas políticas como el socialcristianismo (PUSC) y las turecas de siempre. Estas políticas neoliberales han implicado lo que ya sabemos: reducción del papel del Estado y entregar las instituciones estatales rentables al mercado, abrir la economía a la globalización y el libre comercio, dejando a las élites financieras actuando por la libre. Todas esas políticas condujeron a la destrucción de los agricultores y de otros sectores económicos y productivos, generando otro frente, el trabajo informal que representaba, hacía unos meses, un 46% de la población económicamente activa. Eso fue lo que se sembró a lo largo de cuarenta años. No escapa a esta situación la administración Alvarado Quesada, que, con un falso discurso de “unidad nacional”, terminó entregando la conducción económica del país a personas que, fueron por mucho, responsables del desastre y a los empresarios que orbitan alrededor de la UCCAEP, lo que se puede interpretar como una completa claudicación. Y como dice el refrán popular, el que siembra vientos cosecha tempestades.

Como se mira, no tenemos que responsabilizar de todo lo que ocurre al fenómeno Covid-19. Ya venían ocurriendo situaciones muy complejas, delicadas, en el plano político-económico, todas orientadas a reducir el papel del Estado en materia social así como un ataque permanente a los trabajadores públicos. La aprobación del “combo fiscal” fue uno de esos ataques arteros, aprobado en la Asamblea Legislativa por los diputados del PLN, PAC, PUSC y PRSC.

Algunos, ingenuamente creyeron que la crisis provocada por el fenómeno Covid-2019 abriría espacios para llevar adelante políticas de “unidad nacional” para establecer una tregua y un nuevo pacto social basado en una negoción honesta entre sectores para enfrentar la crisis (Igual lo creyeron cuando la lucha contra el combo fiscal). Resulta que no fue así; se ha seguido con lo mismo, peor aún, se ha intensificado el ataque a toda la clase trabajadora, especialmente a los trabajadores estatales. Un ejemplo es la intención de eliminar la jornada laboral de ocho horas, bajo el eufemismo de “flexibilidad laboral”, lo que significa un retroceso de cien años en materia laboral, todo por complacer al empresariado nacional mucho del cual, como se dijo, orbita en torno a la UCCAEP.

Lo innegable de la crisis intensificada por el fenómeno Covid-19 es que ha dejado en cueros al “país más feliz del mundo”. Desigualdad rampante, pobreza, trabajo esclavo (zona norte), miseria y humillación (cuarterías), explotación, hambre, políticas antilaborales, xenofobia.

Es por lo anterior, que las declaraciones dadas por el exministro de Hacienda Rodrigo Chávez en el espacio El Faro (Héctor Solano) se vuelven políticamente importantes. En esa entrevista el exministro afirmó lo siguiente: 1) que Costa Rica es un país muy desigual; 2) que la evasión-elusión fiscal, en el estimado más bajo llega al 4.5, 5% del PIB y el más alto al 8% del PIB y que aplicando el promedio (6%) eso significa $3800 millones de dólares y que el lavado de dinero alcanza los $4000 mil millones de dólares; 3) que hubo fuertes presiones del empresariado para oponerse a la apertura del secreto bancario; 4) que si no existe un plan consecuente con las necesidades del país (líneas rojas) en la negociación con el Fondo Monetario Internacional, el mismo FMI tomaría el timón de los destinos del país; 5) que Costa Rica, en las actuales circunstancias necesita una cirugía de campo de batalla lo cual es ruidoso y sangriento; 6) que la deuda hay que pagarla como sea; 7) que hay que hacer lo que sea posible para que el Estado de Derecho y el tejido social no se destruya, que hay una alta probabilidad de que eso ocurra.

Sobre lo dicho por el exministro podemos concluir lo siguiente: que Costa Rica es un país asaltado con fusil en ristre por el gran empresariado y que, por el alcance del lavado de dinero, el país en la práctica es un narcoestado y quizá sea esto lo que haya generado la presión para que se mantenga el secreto bancario. En el caso de la negociación con el FMI, ya tenemos el resultado de 40 años de entreguismo y sumisión (PAEs y TLC). No dudamos que a la administración Alvarado Quesada le quebrarán las costillas y que, si se le permite, terminará sacrificando aún más a la clase trabajadora y que terminará, si se le permite, entregando el ICE, la CCSS y lo que haya que entregar. A eso se refiere el exministro cuando habla de cirugía de campo de batalla, hay que pagar la deuda como sea.

Pero lo que resulta políticamente muy revelador es su apreciación sobre la muy probable ocurrencia de la destrucción del tejido social y del Estado de Derecho. Por supuesto que estas declaraciones del exministro no pueden pasar inadvertidas, máxime por quien las afirma. Tampoco eso se dice por decirlo, con mucha probabilidad este ha sido un tema de análisis y discusión en los círculos cerrados de la administración Alvarado Quesada. Y es que efectivamente, tal cual se manifestó, el fenómeno Covid-19 puso al descubierto “las venas abiertas” de Costa Rica y que por lo descrito anteriormente, la presión sobre la clase trabajadora será mayor e inaguantable. Vastos sectores pasaron y pasarán a engrosar el desempleo, la pobreza y la informalidad, allí se acumulan la desesperanza, el hambre y la rabia. Eso se convertirá ineluctablemente en una situación socialmente explosiva que sin duda derivará en acciones y movilizaciones sociales que como dice el exministro, con mucha probabilidad rompan el tejido social y fracturen el Estado de Derecho.

Es claro que el escenario descrito por el exministro es muy real. Los sectores dominantes, los sectores empresariales que han estado viviendo en una fiesta de evasión y elusión no van a soltar nada de buena gana, allí todo es para adentro. Los partidos políticos representados en la Asamblea Legislativa en su mayoría no tienen expresión propia, el PLN, el PUSC, el mismo PAC son en la práctica marionetas de los sectores dominantes y de las agencias económicas internacionales. Es decir, están contribuyendo en mucha medida a que ese escenario de ruptura avance de manera inexorable.

Es por todo esto que los movimientos sociales así como todas las fuerzas de la resistencia con carácter de clase interioricen que, efectivamente, las cosas se pueden salir de control. Salirse de control no significa que esa ruptura social favorezca los intereses de la clase trabajadora. Todo lo contrario, un escenario como ese puede ser perfectamente explotado por los sectores dominantes para imponer un régimen totalitario. Es por eso que el movimiento social clasista, en esta ocasión me refiero al Bloque Unitario, tiene que analizar con seriedad dos hojas de ruta, una de ellas ya discutida y aprobada en el seno del Bloque Unitario, la conformación del Frente Nacional de Lucha y Resistencia que pueda de manera consecuente y con firmeza conducir las masas en un escenario de ruptura del tejido social y del Estado de Derecho, pero con la claridad, en cuanto a que, de producirse ese escenario, la ruptura tiene que ir dirigida a desmontar ese modelo económico caníbal. La otra muy necesaria por cierto, es la conformación o el fortalecimiento de un partido político centralizado en la lucha de clases con opciones electorales que sirva a los intereses de la clase trabajadora, de los agricultores y del pequeño y mediano empresariado consecuentes con los intereses de la Patria. Un partido político clasista que permita acercar diferentes sectores para que se sumen a la lucha con miras a la toma del poder.

Entramos en una faceta crítica de la historia costarricense. Porque si los sectores dominantes, en colusión con los sectores políticos del PLN, PUSC y PAC y demás turecas deciden escoger la hoja de ruta que ha planteado el exministro Rodrigo Chávez, es decir, “cirugía de campo de batalla”, entonces que se preparen porque esos sectores igual tendrán que entrar a ese “campo de batalla” y como manifestó el exministro, será “ruidoso y sangriento”, para ellos también.

* Comisión Nacional de Enlace
San José, Costa Rica
16 de julio 2020

Mujeres en Acción: carta abierta al presidente de la República

Escrito en . Publicado en Derechos.

San José, 14 de julio de 2020

Señor
Carlos Alvarado Quesada
Presidente de la República
Su Despacho

Estimado señor presidente:

A finales de abril su gobierno firmó con el Fondo Monetario Internacional un Instrumento de Financiamiento Rápido por $504 millones, correspondientes a la cuota de Costa Rica para la atención de emergencia del Covid-19. En cadena nacional del domingo 12 de julio, usted anunció que, aprobado este préstamo por parte de la Asamblea Legislativa, su gobierno negociará un convenio stand-by con el FMI, y señaló que este acuerdo es indispensable para garantizar la estabilidad económica. Sin embargo, desde hace semanas, distintas personas con vasto conocimiento en la materia, en cuenta el viceministro de ingresos de la administración Solís Rivera: Fernando Rodríguez, han señalado que no es necesario acudir al FMI, dado que existe la opción de financiarnos a través de las reservas del Banco Central. Como consecuencia, queremos saber ¿Por qué considera indispensable negociar con el Fondo, sin abordar públicamente las consideraciones sobre la opción de recurrir a las reservas del Banco Central?

En su discurso del domingo 12 de julio, usted también señaló que el país logrará la estabilidad económica durante 2020 con la refinanciación de la deuda y recortes por 355 mil millones de colones en el gasto público; sin mencionar el impacto de las significativas reducciones a los ingresos fiscales, tales como las autorizaciones a las y los contribuyentes para postergar responsabilidades tributarias hasta fin de año o la reducción generalizada de hasta el 75% en las cuotas obrero-patronales a la CCSS, aprobadas al inicio de la pandemia. Así, hemos de concluir que el núcleo de la política de su gobierno para lograr la estabilidad económica en 2020 recaerá en una fuerte reducción del Estado. Nos preocupa sobremanera, que esta política de recortes vaya a destruir de forma irreparable la institucionalidad pública precisamente ahora, en que ha quedado claro en todo el mundo, más allá de cualquier duda razonable, que los Estados son la principal fuente de resiliencia de los países frente a crisis corno la actual pandemia. A este respecto, en concreto querernos saber: ¿Cómo propone su gobierno refinanciar a las instituciones públicas y a los programas sociales, incluyendo y especialmente, a la CCSS durante y después de la pandemia?

En relación con la presentación de una propuesta al FMI, el domingo 12 de julio usted señaló que será negociada con los principales actores políticos, y se refirió concretamente a las jefaturas de fracción. Dado el interés público de esa negociación, cuyas consecuencias nos alcanzan a todas las personas que vivimos en este país, demandamos que haga pública la propuesta que su gobierno hará a las fracciones legislativas, y que la discusión se dé de cara a la ciudadanía. Le hacemos una respetuosa, pero enérgica instancia, para que usted y las demás personas que integran el Consejo de Gobierno y Consejo Económico, compartan esa propuesta e informen continuamente, de forma abierta, sobre el desarrollo del proceso de negociación con la Asamblea Legislativa y luego con el FMI.

En esta misma línea, distintas voces, a las que nos sumamos, han manifestado su preocupación de que el Gobierno podría estar considerando la venta de activos públicos, como una de las alternativas para enfrentar la actual crisis y como medio de negociación con el FMI, lo cual nos parece peligroso para el futuro del país. Señor presidente, respetuosamente le preguntamos: ¿Está usted y su gobierno valorando la venta de activos en el corto o mediano plazo? En caso afirmativo: ¿Cuáles activos y por qué?

Finalmente, aprovechamos la ocasión para manifestarle nuestro asombro, de que su equipo de gobierno no se haya referido aún a las propuestas para enfrentar la actual crisis que hemos hecho distintos sectores, incluidas dos propuestas legislativas, para recurrir a contribuciones fiscales del gran capital, y así evitar que Costa Rica salga de la crisis, aún más desigual de lo que es hoy.

Se suscriben de usted,

COLECTIVO MUJERES EN ACCIÓN
CC.

Señora Pilar Garrido, Ministra de Planificación
Señor Elián Villegas, Ministro de Hacienda
Señor Rodrigo Cubero, Presidente Ejecutivo del Banco Central de Costa Rica
Señora Silvia Lara Povedano, viceministra de la Presidencia
Prensa

SINAE: Debe valorarse uso de mascarilla de tela

Escrito en . Publicado en Derechos, Salud, Trabajo.

Mascarillas descartables deberán devolverse al Almacén Central

Temor y desconfianza por “error material” de la CCSS

El Sindicato Nacional de Enfermería y Afines (SINAE AFINES) alerta sobre un posible desabastecimiento de mascarillas quirúrgicas lo cual provoca el temor y desconfianza del personal de salud ante el “error material” reconocido por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) en la adquisición de un lote de mascarillas quirúrgicas descartables cuya rotulación indica “no médica”.

“Comprendemos las limitaciones, y la lucha que se da, en los mercados internacionales por los insumos médicos. Creemos que la institución debe tener un plan b, ante un posible desabastecimiento de mascarillas quirúrgicas descartables, y echar mano, a la industria y tecnología costarricense para reemplazarlas por la mascarilla de tela, eso sí, que cuente con triple capa; de algodón, de impermeable y de polipropileno, que tendría una capacidad de filtro mayor que una quirúrgica, subrayó Lenin Hernández Navas, Secretario General de SINAE AFINES.

Según Hernandez Navas el país cuenta con laboratorios especializados que pueden dar un tratamiento a las telas para aumentarles la capacidad de filtro.

Nos precopa que con el retiro de este lote de mascarillas no se tenga detallada la fecha en que podrán ser sustituidas en los centros de salud para que atiendan las demandas diarias del insumo.

El 10 de julio pasado se instruyó mediante la nota AGM-SIEI-0723-2019 a los directores médicos de hospitales nacionales, así como a los directores regionales, Directores Periféricos, de Clínicas y Áreas de Salud, así como a los Jefes de Proveeduría, devolver con carácter de

urgencia las mascarillas quirúrgicas descartables correspondiente al lote 20200428–001.

Lo anterior según Hernández Navas, representante de SINAE AFINES provocará sin duda un desabastecimiento del insumo tan importante para evitar la propagación del virus dentro del personal de salud.

“Esto está generando una gran expectativa y un gran temor en todos los funcionarios de la Caja. Estamos hablando del personal que da la atención directa al usuario quienes son los que están las 24 horas del día” afirmo el representante de los trabajadores.

Le hemos hecho saber al a Caja que debe manejar la información de manera trasparente, es decir, nos diga con total honestidad con cuánto recurso contamos, porque es triste, y genera temor la falta de información sobre las existencias de los insumos de protección.

El líder sindical agregó que, porque por un lado el Presidente Ejecutivo de la CCSS, Roman Macaya sale diciendo que el país tiene una bodega con insumos, del tamaño de cinco estadios, pero es otra la realidad que viven los trabajadores en los centros de salud.

El faltante de mascarillas ha sido denunciado por SINAE AFINES en diversas oportunidades y sobre la rotulación no médica de un lote se consultó la semana pasada, sobre cuáles son las implicaciones que tenía esa advertencia, pero no se nos respondió; esa misma advertencia la tienen las mascarillas NK-95, sin embargo, se siguen usando como equipo de protección personal.

Prensa
SINAE/AFINES
14-2020

 

*Imagen ilustrativa.